En Caso Atenco se impone la razón de Estado: CCIODH

Caso Mujeres de Atenco
   Como el de Acteal y el de Lydia Cacho
En Caso Atenco se impone la razón de Estado: CCIODH
Por: Redaccion
CIMAC | México, DF.- 16/02/2009

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que se reconocen y documentan ampliamente las graves violaciones a los derechos humanos en el caso Atenco, y se exonera a funcionarios públicos de toda responsabilidad, cierra toda posibilidad de impartir justicia en el país y deja como única vía para los denunciantes a la justicia internacional.

En un comunicado emitido ayer en Barcelona, España, la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) agrega que la Corte ha pasado de puntillas sobre un nuevo caso flagrante que ilustra una vez más la total impunidad del ejercicio del poder en México.

La CCIODH recuerda a los largo de diez años de investigación, los hechos han demostrado que la impunidad impera en el país y recuerda el crimen de Estado ocurrido en Acteal, la denuncia de la periodista Lydia Cacho en torno a la red de pederastas y la complicidad del gobernador de Puebla, Mario Marín, y ahora las violaciones en el caso Atenco, en el que se responsabiliza a funcionarios de bajo nivel, de las violaciones y atropellos en contra de la población.

El organismo civil internacional, agrega que el comportamiento de los agentes en los hechos ocurridos en Atenco, durante los días 3 y 4 de mayo de 2006, visto en conjunto, no puede entenderse si no existían instrucciones previas de cómo debía desarrollarse el operativo.

La manera en cómo se desarrollaron las detenciones y los traslados a los centros de detención en momentos y lugares distintos a lo largo de dos días, responden a un patrón tan parecido que, en caso contrario, no sería racionalmente comprensible.






La Corte no ha tenido en cuenta algo que queda constatado en su propia investigación: en el desarrollo del operativo de Atenco las autoridades responsables permitieron la existencia de tiempos y espacios fuera de derecho y todo tipo de prácticas colectivas violentas, advierte la CCIOH.

Asimismo, la CCIODH pregunta ¿Cómo pueden atribuir a comportamientos individuales y espontáneos, el hecho de que el 85 por ciento de los detenidos y detenidas presentaran lesiones no atribuibles a la detención o el elevadísimo porcentaje de mujeres que han denunciado abusos sexuales como lo constata la misma investigación de la Corte?

En este sentido, añade, la Corte tampoco tiene en cuenta, la resistencia tenaz de las autoridades municipales, estatales y federales a realizar la menor investigación sobre los delitos cometidos por los agentes participantes en el operativo: las autoridades públicas han encubierto las agresiones, las han negado reiteradamente, han dificultado las denuncias y la investigación y han manifestado de diversas maneras su intención de proteger a las responsables directos.

La CCIODH también destaca que a dos años y medio después de los desmanes ocurridos en Atenco, no existe ni un solo agente procesado pese a la gravedad de las denuncias, que la misma Corte, al parecer, reconocerá en su dictamen final, lo que contrasta con las duras penas de prisión --algunas prácticamente de por vida-- dictadas contra 13 miembros del movimiento social.

Ante la disyuntiva de elegir entre procurar establecer mecanismos de justicia o consagrar la impunidad, la mayoría de la Suprema Corte ha decidido dar carpetazo al asunto.

El mensaje es claro: los poderes políticos de México pueden volver a planear otro operativo como el de Atenco, pero ahora sabiendo de antemano que el máximo órgano judicial de la República les exonerará por falta de pruebas.
09/LAG/GG