SCJN

NACIONAL
VIOLENCIA
   Determinó la SCJN
Declaración de víctimas de hostigamiento sexual sí tiene valor probatorio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/03/2017

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció cinco criterios para que los jueces valoren los testimonios de víctimas de hostigamiento sexual, delito que no necesariamente incluye  contacto físico entre la víctima y que pocas veces deja pruebas para acreditarlo.
 
En estos casos, el testimonio de la víctima tiene valor probatorio y el derecho de protección judicial tiene implicaciones especiales, concluyeron la ministra Norma Lucía Piña Hernández y los ministros José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
 
Los ministros llegaron a esta conclusión al resolver este miércoles el amparo directo en revisión 3186/2016 donde confirmaron la sentencia de un quejoso que fue declarado penalmente responsable de hostigamiento sexual, delito previsto y sancionado en el Artículo 259 bis, primer párrafo del Código Penal Federal.
 
Este caso es el de una servidora pública víctima del constante acoso sexual de su superior jerárquico, quien hizo constantes insinuaciones y comentarios sobre su apariencia e invitaciones. La mujer denunció y el agresor fue destituido de su cargo, se le suspendieron sus derechos políticos, recibió una amonestación y se le condenó a la reparación del daño.
 
La Primera Sala determinó que este tipo de actos de hostigamiento atentan de manera especial contra la libertad, dignidad e integridad física y psicológica de las mujeres y constituyen una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre las mujeres, al denigrarlas y concebirlas como objetos.
 
Con base en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Primera Sala determinó que las mujeres víctimas de violencia, en especial de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan acceder a la justicia, incluyendo algunas relacionadas con la acreditación del delito y la responsabilidad penal del imputado.
 
Es por ello que la y los ministros decidieron establecer reglas para que los jueces valoren, con perspectiva de género, los testimonios de las víctimas de delitos que involucren actos de violencia sexual contra las mujeres.
 
Este modelo se basó principalmente en las dos sentencias que en 2010 emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en los casos de violación sexual de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas en 2002 por militares en el estado de Guerrero.
 
Las reglas propuestas incluyen los siguientes elementos:
 
a) Considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que en general se produce en ausencia de otras personas, por lo que se requieren medios de prueba distintos a los tradicionales  --como pruebas gráficas y documentales- por lo que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Y tomar en cuenta que usualmente, por la naturaleza de esos delitos, la víctima no suele denunciarlos por el estigma que implica.
 
b) Dada la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual, puede ser usual que el recuento de los hechos presente algunas inconsistencias o variaciones cuando se hace, lo que no debe restar valor probatorio a la declaración de la víctima.
 
c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros.
 
d) Se debe analizar la declaración de la víctima, que es la prueba fundamental, en conjunto con otros medios de convicción como dictámenes médicos, testimonios, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones.
 
e) Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones se utilizarán siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes con los hechos.
 
Este modelo probatorio permitiría el respeto al derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia.
 
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Crímenes demuestran falta de compromiso del Estado mexicano
Asesinan a 47 personas defensoras de Derechos Humanos
Archivo CIMACFoto
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/01/2017

En 2016 se registró el asesinato de 47 personas defensoras de Derechos Humanos, entre ellas seis mujeres, según el recuento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
 
Para la Red, que agrupa a 802 organizaciones de 21 estados de la República mexicana, estos crímenes reflejaron la gravedad del riesgo cotidiano que enfrentaron las personas defensoras en entidades como Oaxaca, donde fueron asesinadas 19 activistas, y Veracruz donde hubo 12 asesinados de personas defensoras.
 
En un pronunciamiento la Red TDT declaró que estos episodios de violencia demuestran lo endeble del compromiso del Estado mexicano para garantizar la seguridad en el ejercicio y reivindicación de los derechos consagrados en las leyes mexicanas.
 
“Esta situación se revela aún más grave cuando hacemos un recuento de las descalificaciones públicas en contra de personas defensoras, especialmente del entorno de uno de los casos más ominosos de la impunidad contemporánea: Ayotzinapa”, expuso la Red.
 
De acuerdo con las organizaciones civiles, a lo largo de 2016 hubo filtraciones y estrategias dirigidas a minar la credibilidad pública de reconocidas personas defensoras, en particular de quienes acompañan a las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en 2014 en Guerrero.
 
Estas estrategias buscaron dañar tanto a las organizaciones de la Red TDT como a los expertos internacionales que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este último caso la descalificación tuvo claros componentes de violencia de género.
 
Otro caso de criminalización fue contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que en 2016 protestaron contra las políticas educativas en el país y quienes el pasado 19 de junio fueron agredidos por fuerzas policiacas estatales y federales en la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, operativo que dejó el asesinato de ocho personas defensoras.
 
Además, en el año que concluyó se observó el proceso de despojo que viven algunas comunidades en torno a los megaproyectos que violan derechos de las personas habitantes de distintas comunidades; como resultado, a nivel nacional hubo ocho asesinatos de defensores de tierra y territorio.
 
En este contexto la Red TDT manifestó su preocupación por la situación de represión que existe en el Estado de México (Edomex). Si bien el caso más conocido es el de la reactivación del proyecto para desarrollar el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también se documentó el hostigamiento contra las comunidades de Coyotepec, San Salvador Atenco, Xochicuautla y Tecámac.
 
La respuesta del gobierno del Edomex a este conflicto social fue la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida como “Ley Eruviel”, misma que fue ampliamente criticada por permitir que se utilicen armas letales contra manifestantes. Este ordenamiento se encuentra en revisión de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
 
Finalmente a este recuento, las agrupaciones también consideraron que hay intentos legislativos de crear un marco jurídico que favorezca la impunidad como el proceso para conformar la nueva Fiscalía General de la República y las iniciativas legislativas para normalizar la participación del ejército en tareas de seguridad pública. Ante ello, exigieron al Estado asumir su responsabilidad de garantizar y defender los Derechos Humanos.
 
A pesar de que el Estado fue incapaz de garantizar justicia, destacaron las agrupaciones civiles, la lucha inquebrantable de las víctimas y en particular de los familiares de personas desaparecidas representó una lección constante para quienes los acompañan.
 
16/AGM/KVR
 








NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Mujeres en Plural pide incluir a mujeres en ternas
Llaman a SCJN a considerar principio de paridad en TEPJF
Archivo CIMACFoto
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/08/2016

La Red Mujeres en Plural llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a considerar el principio de paridad de género (igualdad) en la integración de las siete ternas de candidatos a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
 
Este 4 de agosto la SCJN aprobó la lista de 126 aspirantes que en julio pasado se registraron como aspirantes y quienes cumplieron los requisitos para integrar las ternas que serán propuestas al Senado, órgano que designará a las y los magistrados que ocuparán el cargo a partir del próximo 4 de noviembre.
 
A propósito de este proceso para elegir a siete magistrados del TEPJF –el organismo jurisdiccional encargado de calificar la elección presidencial– la Red Mujeres en Plural difundió una carta para que la Suprema Corte incluya a las mujeres en las ternas.
 
En otras ocasiones esta Red, que promueve la participación política de las mujeres, se pronunció por la integración de más liderazgos femeninos en los organismos electorales como el Instituto Nacional Electoral y la propia SCJN, donde no aplica el principio de paridad ni las cuotas de género.
 
Actualmente la paridad es un principio consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sólo aplica para los partidos políticos, quienes desde 2014 están obligados a otorgar a las militantes 50 por ciento de sus candidaturas a senadurías y diputaciones, tanto a nivel federal como local.
 
En la carta, las firmantes piden a la Suprema Corte que en el actual proceso de elección no caiga en el falso dilema entre “cuotas o capacidad” de quienes aspiran a la responsabilidad de ser magistrados electorales, toda vez que en la lista hay muchas mujeres de “probada experiencia, capacidad y compromiso con la justicia, la democracia, la igualdad y el respeto a los Derechos Humanos”.
 
Las 20 mujeres que cumplieron los requisitos y están registradas son: Adriana Margarita Favela Herrera, Alma Patricia Sam Carbajal, Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Beatriz Claudia Zavala Pérez, Berenice García Huante, Claudia Mavel Curiel López, Carla Astrid Humphrey Jordán, Eusebia González González y Elva Regina Jiménez Castillo.
 
También están Irma Leticia Cisneros Basurto, Janine Madeline Otálora Malassis, Leonor Garay Morales, María del Pilar Parra Parra, María Amparo Hernández Chong Cuy, Mónica Aralí Soto Fregoso, María Concepción Flores Saviaga, María del Carmen Carreón Castro, Silvia Gabriela Ortiz Rascón, Thelma Elena Díaz Jiménez y Xitlali Gómez Terán.
 
Una vez que la Suprema Corte publicó la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos, corre un plazo de 5 días hábiles para que quienes tengan observaciones las hagan llegar a las y los ministros; por tanto la próxima semana el pleno de la SCJN deberá elegir a 42 postulantes y después depurar la lista a 21.
 
En sesión pública, cada una de las y los ministros propondrá 42 candidatos y serán seleccionados quienes hayan obtenido más menciones por parte de los magistrados.
 
Una vez que se elija a los candidatos se publicará una lista de finalistas en el Diario Oficial de la Federación y después se les llamará a una sesión pública para que comparezcan; tras la exposición de cada aspirante, las y los ministros votarán una vez más para elegir 21 candidatos. 
 
Posteriormente se dará a conocer la lista final de las y los seleccionados que conformarán las siete ternas enviadas al Senado, quien deberá valorar los 21 perfiles para hacer la designación correspondiente.
 
Al respecto, las integrantes de la Red, entre académicas y activistas, así como las senadoras Angélica de la Peña, Marcela Torres Peimbert y Martha Tagle; y las diputadas Candelaria Ochoa, Claudia Corichi y Cecilia Soto, dijeron que es un deber ético construir una nación donde mujeres y hombres gocen de iguales derechos y deberes.
 
16/AGM/LGL








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