Felicitas Muñiz

REPORTAJE
POLÍTICA
   Faltan herramientas que garanticen sus derechos políticos
   
En 2018 habrá paridad, pero candidatas aún enfrentarán violencias
Archivo CIMACFoto
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/06/2017

En 2018 habrá elecciones en México para renovar la Presidencia de la República y elegir 3 mil 326 cargos legislativos, lo que supone  gran cantidad de mujeres participando, aunque las analistas presagian que las virtuales candidatas podrían enfrentar violencia para desalentar su incursión en la política.
 
La buena noticia –dicen las expertas– es que todos los partidos políticos estarán obligados a postular igual número de mujeres y varones a los cargos electivos (principio de paridad de género) pero la mala es que todavía no hay suficientes herramientas para que   compitan en condiciones de igualdad.
 
A la fecha el principio de paridad en candidaturas aplica para integrar la Cámara de Diputados federal, el Senado y los 32 Congresos locales. Sin embargo, hay casos, como el de Oaxaca, donde la paridad es constitucional aunque su ley electoral establece solo una cuota de género del 40 por ciento en candidaturas al Poder Legislativo.  
 
Entre los problemas que enfrentarán las aspirantes a una candidatura y a un cargo de elección están: no tener un piso parejo en la competencia, por ejemplo, que los partidos elijan a mujeres para gobernar a través de ellas; falta recursos para hacer campaña y de espacios en medios de comunicación; acompañamiento de los líderes del partido y, en particular, acoso, amenazas, descalificación o intromisión en su vida privada.
 
MÁS ASPIRACIÓN, MÁS VIOLENCIA
 
Ante la falta de una legislación que defina el término violencia política, en 2014 instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres crearon el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres para crear una ruta de atención a estos casos. 
 
De acuerdo con el Protocolo, la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
La consultora e integrante de la comisión que está actualizando este instrumento, Teresa Hevia Rocha, señala que en los últimos dos procesos electorales en los estados se ha visto recrudecer la violencia contra las mujeres; en especial cuando compiten por obtener un cargo en los ayuntamientos.
 
Están los casos de mujeres que ganaron la elección y que fueron violentadas para obligarlas a abandonar el cargo: Samantha Caballero, en el municipio de San Juan Bautista lo de Soto, en Jamiltepec, Oaxaca; Felicitas Muñiz, en el municipio de Cuilapan, en Guerrero; y Rosa Pérez, en el municipio de San Pedro Chenalhó, en Chiapas, entre muchos otros.
 
Dice Hevia Rocha que hay menos casos de violencia cuando se busca una diputación pero se incrementa en los municipios porque todavía hay un rechazo a que las mujeres tengan posiciones de autoridad y porque los municipios son los más condicionados porque allí están los programas, los recursos, la posibilidad de influir y porque al ser cargos unipersonales concentran el poder.
 
Para la experta es importante que a nivel federal y en los estados se legisle y que estas conductas contra las mujeres en la política se sancionen. Según un análisis que realiza sobre la normatividad en la materia, hay 17 estados que han incorporado la figura de violencia política de género, pero destaca Oaxaca que incluyó el término en el Artículo 401 bis de su Código Penal y Nayarit que lo tienen como una infracción en su ley electoral.
 
LEYES SIN ARMONIZAR
 
Después de la reforma político electoral de 2014 que elevó a rango constitucional la paridad de género, algunos estados han legislado también para incorporar la violencia política, pero aún hay una diversidad de criterios. En el Cuarto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa, que se realizó esta semana, el tema apenas fue mencionado por la senadora Diva Hadamira Gastélum.
 
La normatividad indica que hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral. 
 
Además nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia.
 
Al respecto, la ex senadora independiente y fundadora de la organización Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, Martha Tagle Martínez, dice que es necesario empezar a hablar de la violencia y visibilizarla como un delito electoral porque estas formas de intimidación buscan que las mujeres no puedan ejercer de manera plena sus derechos políticos.
 
A decir de la ex legisladora, esta violencia siempre ha existido pero nunca se ha conceptualizado como tal y es a raíz del aumento de las mujeres violentadas en política que se ha dado esta discusión, justo cuando surge la necesidad de contar con herramientas legales para hacerle frente.
 
Por ello, en febrero pasado la entonces senadora propuso citar a comparecer ante el Senado al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, para que expusiera las acciones en la materia. Según esta instancia, de 2013 a 2016 se iniciaron 416 expedientes por violencia política contra mujeres; de los cuales 53.1 por ciento se presentaron en 2016. 
 
Tagle Martínez explicó que en dos ocasiones el Senado aprobó una minuta en la materia para definir el término en las leyes electorales, primero en febrero de 2013 y luego en marzo de 2017. En ambos casos la reforma no fue avalada por la Cámara de Diputados por lo que a nivel federal el tema sigue atorado.  
 
Pese a ello, el tema poco a poco se ventila y, por ejemplo, en 2016, el Instituto Electoral del estado de Zacatecas hizo un estudio con 45 síndicas, presidentas municipales y diputadas electas de 2016 a 2018 en la entidad y 29 (65 por ciento) dijeron haber sido víctimas de violencia durante la precampaña o campaña.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   En Guerrero
Piden respeto a Derechos Humanos de alcaldesa Felicitas Muñiz, sujeta a juicio político
Felícitas Muñiz Gómez | Foto retomada del sitio sintesisdeguerrero.com.mx
Por: Scarlett Arias
Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro.- 25/08/2016

Habitantes del municipio de Mártir de Cuilapan arribaron al Congreso del estado de Guerrero para solicitar que el juicio político al que fue sujeta la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez se resuelva en apego a un marco constitucional de Derechos Humanos.
 
Ayer por la tarde ciudadanos, hombres y mujeres de las 17 poblaciones de ese municipio, con cabecera en Apango, entre las que se encuentra Analco, Ahuxotitlan, San Marcos, Zotoltitlan y San Juan Totolcintla exigieron que el juicio solicitado en mayo pasado por la oposición sea con respeto al Estado de derecho.
 
La alcaldesa, militante de Movimiento Ciudadano, fue demandada por ocho ediles que la acusan de mal manejo de recursos y por lo cual piden su destitución. Sin embargo simpatizantes aseguran que ella es víctima de violencia política y que su destitución será para colocar a un hombre en su lugar.
 
Luego de que el 7 de agosto un grupo de personas prendieron fuego a la camioneta de la alcaldesa, pobladores acudieron al Congreso local para exigir que se aplique el Protocolo para Atender Violencia Política contra las Mujeres que elaboraron las autoridades electorales para atender este tipo de casos.
 
En la manifestación, los pobladores también pidieron la intervención del Gobierno del estado para que ponga atención en el conflicto que ha generado actos de violencia dentro de las comunidades como bloqueo y cierre de carreteras.
 
Anahí Nava Muñiz, representante del contingente de apoyo a la presidenta municipal, responsabilizó al síndico municipal, Benito Sánchez Ayala de encabezar actos vandálicos, es decir, saqueos, y amenazas a los trabajadores del ayuntamiento.
 
Explicó que son acciones que suceden desde hace tres meses y que últimamente se han recrudecido. Nava Muñiz, reiteró que el ex alcalde Crisóforo Nava Barrios –quien estuvo preso por el delito despojo– así como la regidora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Edelmira del Moral Miranda, son responsables de lo anterior, mencionado así como de suspensión de obras públicas y de abuso de poder.
 
Unos quinientos pobladores que portaban cartulinas con consignas de apoyo a Felícitas Muñiz Gómez estuvieron a las afueras del Palacio Legislativo para luego reunirse en una mesa de trabajo con la presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso, Flor Añorve Ocampo, la diputada, Angélica Alcaraz Sosa, y el diputado, Ricardo Mejía Berdeja.
 
En la reunión los pobladores comprometieron al Poder Legislativo a revisar todas pruebas y que se analicen con forme a derecho para que se pueda aplicar la ley.
 
16/SA/GGQ








Subscribe to RSS - Felicitas Muñiz