Enrique Peña Nieto

NACIONAL
LABORAL
   Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar
¿Hasta cuándo respeto a DH y garantías laborales para trabajadoras del hogar?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/03/2017

En este Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, organismos civiles y públicos, instancias de las Naciones Unidas y sindicatos, exigieron al Gobierno mexicano –como cada año- que no se violen más los derechos humanos de 2.4 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar, y que se les otorguen las mínimas garantías laborales de que gozan otros empleados en el país.
 
El 95 por ciento de las 2.4 millones de personas que trabajan por una remuneración en hogares ajenos, son mujeres, que representan 5 por ciento de la población ocupada y aportan 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Son, sin embargo, pobres, una de cada cuatro no cuenta con estudios de primaria, solo 5 por ciento fue a la secundaria, muchas son migrantes e indígenas. Nueve de cada 10 no tienen contrato laboral, ganan la mayoría menos de dos salarios mínimos diarios, sin prestaciones ni retiro digno. 
 
De las trabajadoras del hogar, 85.8 por ciento realizan tareas de limpieza en hogares particulares, 8.2 por ciento son cuidadoras de personas y 5 por ciento son lavanderas y/o planchadoras en casas particulares, señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Hay, también, trabajadoras del hogar que son niñas y adolescentes, sujetas a las mismas condiciones que las adultas.
 
En suma, sus empleos –limpiar hogares, cuidar, personas, lavar y planchar- son altamente precarios y mal remunerados y en ellos están expuestas cada día, tanto a la discriminación y al maltrato, como al acoso y a la violencia sexual, lo que lesiona su integridad personal, su salud, y afecta a sus familias.
 
Esta desfavorable situación es reversible, señalan los organismos que se manifiestan hoy mediante comunicados: hay mecanismos legales y acciones concretas –a las que están obligadas las autoridades- para dar a las trabajadoras del hogar al menos el mismo estatus que a otros empleados. Concretamente, dicen, está pendiente la aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por México hace más de cinco años, así como políticas públicas y aplicar la ley vigente.
 
Es por eso que hoy la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) hace un “enérgico llamado” a Enrique Peña Nieto, para que instruya a las autoridades a cumplir con su obligación de promover, y garantizar los derechos humanos de las trabajadoras del hogar y para que instrumenten de inmediato políticas públicas que garanticen la igualdad de trato de las trabajadoras del hogar con el resto de las personas trabajadoras, particularmente en lo relativo a los derechos laborales, a la seguridad social, a la salud y a la vivienda.
 
Llaman también al Congreso de la Unión a reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, a fin de derogar el régimen de excepción laboral al que están sometidas las trabajadoras del hogar, al ser incompatible con los principios constitucionales de derechos humanos y no discriminación.
 
CONVENIO 189, CRUCIAL
 
La ratificación del Convenio 189 de la OIT es crucial, señalan este 30 de marzo, en un comunicado conjunto la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
 
También es urgente la ratificación de los Convenios sobre trabajo decente 156 y 183, que promueven la no discriminación y la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres.
 
El Convenio 189 de la OIT, explican las instancias de la ONU,  promueve la equiparación de los derechos de las trabajadoras domésticas con los que se establecen en la legislación para los demás grupos de trabajadores, en temas como fijación de la jornada laboral, días libres a la semana y acceso a la licencia remunerada de maternidad.
 
La cobertura de la seguridad social que implica el Convenio también puede contribuir a superar los obstáculos de acceso que surgen de las particulares condiciones de trabajo y contratación; las dificultades de fiscalización en los hogares privados; la ausencia de un contrato de trabajo; la falta de conocimiento de los derechos laborales, y la variabilidad en el número de empleadores y los horarios.
 
El Convenio también incluye prevención de abuso, acoso y violencia contra las trabajadoras del hogar, mayor acceso a los procedimientos de resolución de conflictos y la creación de medidas para bajar la informalidad.
 
Recuerda Naciones Unidas que el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en sus observaciones a México en 2012, recomendó al Estado Mexicano la ratificación del Convenio.
 
Y en 2014 las recomendaciones a México del Examen Periódico Universal reiteraron este punto. Las conclusiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) reconocen la importancia de los estándares de derechos humanos relativos al trabajo para avanzar en el empoderamiento económico de las mujeres. Además, no puede haber discriminación por sexo en las relaciones laborales, anotan.
 
NINGUNA RAZÓN PARA DETENERLO
 
El Conapred señala en su comunicado de hoy que el Convenio, firmado por México, no ha sido ratificado por el Senado de la República para que entre en vigencia en el marco legal nacional, por lo que exhortan al Ejecutivo federal a no demorar más su presentación en el legislativo para que inicie su ratificación.
 
Pero, señala Conapred, con o sin Convenio 1896, los poderes de la Unión están obligados por la Constitución a dar un trato no discriminatorio y derechos iguales para todas las personas, y de terminar con el régimen de excepción laboral, sanitario y de bienestar social que sufren las trabajadoras del hogar. 
 
Conapred no ve razón alguna para mantener suspendida la igualdad de derechos de las trabajadoras del hogar. Además, los cálculos presupuestales y las previsiones de acción gubernamental no pueden, en ningún momento, priorizarse sobre los derechos constitucionales. La negativa a garantizar estos derechos, obedece a “una inercia discriminatoria” entre quienes no sólo tienen la decisión, sino también la obligación de terminar con esta situación de injusticia e inconstitucionalidad.
 
De igual manera, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le preocupa la demora para que entre en vigor el Convenio 189. En su comunicado con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el organismo señala como contrario a los derechos humanos el trabajo mal remunerado, la falta de prestaciones, la exposición a accidentes, violencia verbal y física, incluso sexual, así como la incertidumbre por la permanencia en el trabajo.
 
Ratificar el convenio, dice la CNDH, significaría sumarse al compromiso de promover el trabajo decente como una medida de justicia social y para reforzar los derechos fundamentales de trabajadoras del hogar. Y por ello el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dirigió un escrito al titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray para que se ratifique por el gobierno dicho convenio.
 
A la fecha, son 23 países que han ratificado y aplicado el Convenio 189 de la OIT, 13 naciones de América Latina, con condiciones en muchos sentidos similares a las nuestras.   
 
NIÑAS Y ADOLESCENTES
 
La CNDH llama la atención en su comunicado sobre el trabajo del hogar que realizan de manera remunerada niñas y adolescentes, quienes “más bien tendrían que estar en las escuelas”, y que enfrentan las mismas condiciones desfavorables que las adultas, lo que contribuye a la exclusión y vulneración de los derechos humanos. 
 
Según la "Encuesta Intercensal 2015", el total de adolescentes de 12 a 17 años que realizan trabajo doméstico es de 28 mil 103, 26 mil 084 son mujeres, es decir 92.82 por ciento.
 
Recuerda el Ombudsman que, según la OIT, en su informe “Erradicar el trabajo infantil en el trabajo doméstico 2013”, el trabajo infantil doméstico afecta a unos 10.5 millones de niñas y niños en el mundo, la mayoría menores de edad, en condiciones peligrosas y, en algunos casos, análogas a la esclavitud.
 
Las tareas que hacen, dice el informe, son limpiar, planchar, cocinar, jardinería, recolectar agua, cuidar de otros niños o de los ancianos, y al realizarlo se exponen a la violencia física, psicológica y sexual, a condiciones de trabajo abusivas, con frecuencia aisladas de sus familias, ocultas a la mirada pública, y llegan a ser muy dependientes de sus empleadores. 
 
TIBIOS AVANCES
 
El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México reconoce, en su comunicado de hoy, que la recién aprobada Constitución local reconoce el trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social.
 
Del mismo modo, establece el fomento a la formalización de los empleos y la protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de contratos entre éstas y sus empleadores y el acceso a la seguridad social.
 
Y afirma que, en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), el Inmujeres CDMX   brindan atención y asesorías sobre autonomía económica y promoción de los derechos laborales a las mujeres que se emplean en este tipo de actividades.
 
Sin embargo, estos incipientes avances han sido cuestionados mediante las impugnaciones que han hecho organismos federales y partidos a la Carta Magna de la capital del país.
 
17/RED/GG








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DERECHOS HUMANOS
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Que no vuelva a ocurrir
Antonia Márquez, madre de Nadia Alejandra Muciño Márquez. CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta**
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/02/2017

Rafael* tenía 4 años cuando fue testigo del asesinato de su madre a manos de su padre y su tío. Ahora tiene 17 años,  quiere ser abogado para defender a las víctimas de feminicidio y no permitir que 13 años de impunidad pesen en más familias, como en la suya.
 
No hay año en que no recuerden el 12 de febrero, no sólo como la fecha del feminicidio de Nadia Alejandra Muciño Márquez, sino del inicio de la búsqueda de justicia por parte de María Antonia Márquez Hernández, su abuela y madre de Nadia y de Viridiana Muciño Márquez, su tía.
 
Pero este año es distinto, tiene una esperanza, la puerta abierta para que el caso de Nadia ingrese a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y se convierta en el primero que ingrese a ese organismo en el contexto de feminicidio del Estado de México, el segundo a nivel nacional, después de Campo Algodonero, en Chihuahua.
 
Conocí a Rafael el viernes pasado, en medio de una rueda de prensa en la conmemoración de los 13 años de búsqueda de justicia al feminicidio de Nadia, una joven de 24 años que tenía el sueño de ser maestra de preescolar, pero fue asesinada un 12 de febrero de 2004 por su esposo Bernardo López Gutiérrez y su cuñado Isidro.
 
Trece años que se traducen en los gobiernos de Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, tres gobernadores que pudieron haber hecho la diferencia y cambiar la historia de impunidad por la de justicia, la de feminicidio por prevención. No lo hicieron.
 
María Antonia Muciño no ha dejado de tocar puertas desde que encontró a su hija Nadia sin vida, después de escuchar de sus nietos el relato del feminicidio, calificado por las autoridades en primera instancia de suicidio.
 
El primer trecho ganado por María Antonia y Viridiana fue  reconfigurar el delito a homicidio doloso.
 
Nada detiene a María Antonia Muciño: saca energías de la esperanza de encontrar justicia para Nadia y para que nunca más otra mujer sea asesinada en el Estado de México o en cualquier parte de nuestro país. Por eso sonríe este viernes, por la esperanza del resultado en la Corte Interamericana.
 
Rafael es un joven delgado y alto, me recuerda a mi hijo mayor quien tiene su misma edad. Como buen adolescente frente a una adulta extraña, Rafael dice las palabras contadas, pero aun así averiguo que va a la preparatoria pública y que su deseo es estudiar leyes.
 
¿Y por qué quieres ser abogado? le pregunto, es la primera vez que me  mira a los ojos y responde firme “porque no quiero que otras familias pasen lo que la mía” y se despide.
 
Que no vuelva a ocurrir, repiten las víctimas del feminicidio, las madres, las hermanas, las hijas e hijos, esta es la constante exigencia, y sigue repitiéndose porque la impunidad impera y con ella no sólo la violación de derechos humanos sino se fomenta la repetición.
 
Tres gobernadores han visto pasar la familia Muciño y ninguno ha tomado en serio la vida y la libertad de las mujeres que viven y transitan por el Estado de México y mientras esto no ocurra la vida de las mujeres seguirá en riesgo.
 
*Nombre ficticio
 
**Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GGQ








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DERECHOS HUMANOS
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Los guardianes del patriarcado
Imagen retomada de www.gob.mx
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/02/2017

En agosto del año pasado, Enrique Peña Nieto advirtió que para lograr una nación más democrática, de mayores libertades, de oportunidades y realización personal, era determinante la participación e involucramiento de las mujeres.
 
Cinco meses después de su dicho, excluye por completo a las mujeres en la conmemoración de nuestra Constitución.
 
Las palabras fueron dichas, y rescatadas por los medios de comunicación, al encabezar la primera sesión pública del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ¿dónde quedó la congruencia del mandatario?

Imagen retomada del portal www.cdmx.gob.mx

En 2014, Miguel Ángel Mancera, al conmemorar el aniversario 61 del sufragio femenino, refrendó su compromiso político de impulsar la paridad de las mujeres en las labores de gobierno y en todos los sectores de la CDMX, donde las capitalinas actúan, dijo, como un factor de cambio determinante para el desarrollo, ¿Por qué entonces al presentar la primera constitución de la CDMX, en la que la mitad de las constituyentes fueron mujeres, no respetó su compromiso?
 
Ha transcurrido un siglo de la promulgación de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lapso en el cual se han realizado 699 reformas, muchas de ellas impulsadas por las mujeres para garantizar la igualdad y la no discriminación. 
 
Pese a los logros obtenidos, los guardianes del patriarcado siguen construyendo muros para impedir que la igualdad sustantiva sea una realidad y una lógica democrática. Cuándo las palabras no se honran con los hechos se cae en demagogia, la cual suelen rechazar los señores cuando vienen de otros, pero no cuando lo hacen con sus ciudadanas, las cuales están hartas de las palabrerías, de los discursos políticamente correctos, las ciudadanas exigen el respeto de sus derechos, de todos sus derechos y todo el tiempo.
 
El mayoriteo masculino excluyó al 52 por ciento de la población mexicana, a las 47 mujeres que construyeron la Constituyente de la CDMX; a las cuatro funcionarias capitalinas y a las tres funcionarias federales, a las 159 diputadas federales, a las 48 senadoras, a la presidenta en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a las 284 presidentas municipales, entre otras.
 
No hay argumento que valga en la exclusión de las mujeres, la incongruencia no puede seguir siendo la lógica masculina de gobernar. Existe un compromiso en nuestras leyes con la igualdad y la no discriminación que debe ser cumplido. Las mujeres estamos en todos los espacios y no queremos ser excluidas.
 
Es probables que para los guardianes del patriarcado estos hechos no tengan mayor relevancia y que el próximo 8 de marzo volvamos a escuchar los discursos que ensalcen la presencia de las mujeres, reconozcan sus aportes y existan compromisos como los mencionados anteriormente, para ellos puede ser lo mismo, pero para nosotras no.
 
Las mujeres no podemos permitir que la demagogia masculina siga adelante, lo ganado nos ha costado mucho y tenemos que hacerlo valer.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GGQ








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Sin voluntad, Estado mexicano para hacer justicia a mujeres de Atenco
Uso de tortura sexual contra manifestantes podría ser analizado en CoIDH
Por los hechos derivados de los operativos policiacos de Atenco de hace una década, actualmente hay 18 policías estatales en un proceso penal, un agente del Ministerio Público y 17 médicos | En la imagen, Edith Rosales observa el collage fotográfico que inauguró el Centro Prodh en 2013 | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 05/10/2016

Abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) coincidieron en que el caso de las 11 sobrevivientes de tortura sexual de Atenco pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) porque el Estado mexicano no cumplió las recomendaciones de la Comisión Interamericana (CIDH), además de su falta de voluntad por hacer justicia.
 
Durante la conferencia de prensa para hablar sobre el proceso en la CoIDH, Araceli Olivos Portugal, Stephanie Erin Brewer y Santiago Aguirre Espinosa, del Centro Prodh; y Marcía Aguiluz,  directora del Cejil, refirieron que no se sancionó a los responsables por cadena de mando, a las fuerzas federales ni a los altos funcionarios que cometieron omisiones o contribuyeron a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos ocurridos durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México y Texcoco.
 
De acuerdo con información de las y el abogado, en diciembre de 2015 la CIDH adoptó el Informe de Fondo que contiene sus conclusiones en el caso y que le da la razón a las denunciantes al encontrar que fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria, que se acreditaron diversos actos de tortura física, psicológica y sexual, y que hubo una falta del debido proceso y denegación de la justicia.
 
Aunque el 17 de septiembre las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación y la Procuraduría General dela República anunciaron que el caso pasó al alto tribunal del sistema regional de Derechos Humanos “a petición de las autoridades mexicanas”, tanto el Centro Prodh como Cejil dijeron que el caso pasó a la CoIDH por falta de cumplimiento de las recomendaciones.
 
Según la defensa de las mujeres el Estado reconoció parcialmente los hechos desde 2013, pero en los nueve meses siguientes a la notificación del Informe de Fondo –que próximamente se hará público– no hubo voluntad de hacer justicia, en particular no se sancionó a los responsables por cadena de mando, a las fuerzas federales ni a los altos funcionarios que cometieron omisiones o contribuyeron a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos.
 
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre, explicó que al no cumplirse las recomendaciones del Informe de Fondo el caso fue remitido a la Corte Interamericana, lo que eventualmente podría significar la séptima condena contra el Estado mexicano desde que fue reconocida la competencia contenciosa del alto tribunal en 1999.
 
La CoIDH ha emitido tres sentencias por violaciones a los derechos de las mujeres. En noviembre de 2009 condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua; y en octubre de 2010 dictó dos sentencias más por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violentadas por elementos del Ejército mexicano en Guerrero, en 2001.
 
Además la primera sentencia fue en 2008 en materia de derechos políticos en el caso de Jorge Castañeda Gutman; en noviembre de 2009 el organismo emitió otra por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco; y en noviembre de 2010 un fallo más por la tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.
 
Ahora, la Corte Interamericana tendrá la oportunidad de analizar el uso de la tortura sexual y dictar medidas de no repetición vinculantes para el Estado mexicano, contribuyendo al reconocimiento y erradicación de este fenómeno.
 
A decir del abogado Aguirre, este litigo a nivel internacional es una oportunidad para revisar el uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de las expresiones de protesta y de la tortura sexual, dos problemas estructurales que están detrás de las violaciones a Derechos Humanos cometidas en 2006 y que hoy siguen vigentes.
 
Sobre este tema la directora del Cejil Marcía Aguiluz, aseguró que hay esperanza en que el organismo internacional entienda la importancia de este caso y dicte medidas de prevención de la tortura sexual contra las mujeres.
 
La activista explicó que el Estado mexicano tuvo un plazo para cumplir las recomendaciones y no lo hizo pero destacó que hoy tiene la oportunidad de investigar lo que ocurrió a las mujeres porque si bien hay una indagación abierta en ésta no se ha señalado a ningún agente federal ni se ha imputado el delito de tortura sexual, lo que significa que no hay ninguna sanción efectiva.
 
Aguiluz dijo que la investigación es imprescindible para romper el círculo de impunidad y así lo demuestran las tres condenas internacionales por violencia contra las mujeres. En ese sentido consideró que Atenco será un caso relevante para el continente, para profundizar estándares y jurisprudencia que protejan a las mujeres víctimas de tortura sexual, así como investigar estos hechos.
 
La coordinadora del Centro Prodh, Stephanie Erin Brewer expuso que en esta nueva etapa del proceso internacional la CoIDH revisará la responsabilidad del Estado mexicano en la detención ilegal y arbitraria de las mujeres, el hecho de que no contaron con defensa técnica adecuada, vivieron procesos penales injustos y violaciones al debido proceso o falta de investigación adecuada.
 
Por eso las violaciones se analizarán a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos; de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención De Belém do Pará.
 
De acuerdo con la coordinadora del Área de Defensa del Centro Prodh, Araceli Olivos Portugal, por los hechos derivados de los operativos policiacos de Atenco de hace una década, actualmente hay 18 policías estatales en un proceso penal, un agente del Ministerio Público y 17 médicos, mientras que otros cinco profesionales de la salud fueron absueltos por falta de pruebas.
 
16/AGM/LGL








ZONA DE REFLEXIÓN
Ayotzinapa: un año de lucha para las madres
   ZONA DE REFLEXIÓN
Ayotzinapa: 2 años de transformación
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/09/2016

Este lunes se cumplieron 2 años de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa. 2 años, implican dos palabras que se dicen fácil. Dos palabras que para 43 familias son días sin horas, casi un tiempo interminable de dolor y angustia convertido en rabia.
 
Hace un año estas familias se reunieron con la máxima instancia del gobierno mexicano, en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad; pese a las promesas de Enrique Peña Nieto, de investigar para llegar a “saber qué pasó con cada uno de sus hijos y que haya justicia”, 360 días después de la promesa, aún no se sabe más de lo que antes se había dicho.
 
3 meses después de esta reunión, en diciembre de 2015, medio centenar de madres de personas desaparecidas se encontraron en el Cuarto encuentro de la Red Nacional de Defensoras, ahí también estuvieron dos de las madres de los jóvenes normalistas.
 
“¿Cuántos hijos ha perdido usted? -le dije al presidente- ¿Cuántos, dígame? ¿Ninguno verdad? Entonces ¿cómo me pide que lo supere? ¡Cómo me dice eso! si yo lo crié, lo crecí, lo llevé 9 meses dentro de mí, ¡y me lo quitaron!”, narró María Concepción Tlatempa Colchero, Madre de Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa cuando estuvo en su encuentro con Enrique Peña Nieto, en 2015.
 
2 años en que estas madres han caminado más allá de lo que ellas mismas imaginaron, que se han sentado con autoridades que antes ni soñaban tener cerca. Mujeres que vieron transformar su vida a raíz de la desaparición de sus hijos. Ellas no lo decidieron, no pidieron convertirse en defensoras, fue el Estado el que las convirtió al arrebatarles a sus hijos.
 
Hoy volvieron a las calles a exigir justicia para que sus muchachos regresen a casa. Una y otra vez han reafirmado que no se detendrán hasta dar con su paradero, hasta obtener la justicia.
 
Como ellas, otras mujeres más se suman a la exigencia de justicia ante otros agravios cometidos por el Estado, pero esta vez no es en las instancias nacionales, ahí la buscaron pero no lo lograron, ahora se van más allá de nuestras fronteras: a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero a las 11 mujeres violentadas sexualmente durante la represión al pueblo de Atenco en mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto era el gobernador del Estado de México.
 
Ellas también han caminado una década para exigir su legítimo derecho a la justicia, no sólo para ellas sino para evitar que otras mujeres sean vejadas, para que el Estado mexicano cumpla con las víctimas, asuma su responsabilidad, castigue a los responsables tanto intelectuales, a los que dieron la orden, como a quienes ejecutaron la acción.
 
Dos historias, dos situaciones distintas, no sólo por el tiempo sino por los hechos que las han llevado a caminar rutas similares en la búsqueda de justicia. Mujeres todas que rompieron el silencio, que han puesto sus voces para evitar que el olvido se lleve sus historias, sus dolores, sus rabias y su exigencia de justicia.
 
Ante los 2 años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto aseguró que seguirá investigando hasta dar con el paradero de estos jóvenes y que castigará a quienes estén involucrados en estos hechos sin importar jerarquías, ni si son de la delincuencia o de alguna instancia de gobierno local o federal.
 
Me pregunto si este mismo razonamiento será el que lleven las autoridades que representarán al Estado mexicano ante la Corte Interamericana en el caso de las mujeres de Atenco.

¿Será que el castigo llegará hasta quien hoy ocupa el Ejecutivo Federal?
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
Ayotzinapa, 2 años de impunidad

 
16/LLH/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Estado mexicano incumplió recomendaciones de informe de fondo
Acredita CIDH tortura sexual contra mujeres de Atenco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/09/2016

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acreditó que agentes estatales cometieron graves actos de violencia física y psicológica en contra de once mujeres denunciantes de tortura sexual durante los operativos policiacos de Atenco, en el Estado de México, en 2006.
 
Por ello, y tras considerar que el Estado mexicano no avanzó en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH para reparar el daño a las once sobrevivientes de tortura sexual, el pasado 17 de septiembre remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
 
A 10 días de que las Secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) anunciaran que el Estado mexicano pidió que el caso Atenco se enviara a la (CoIDH), finalmente la CIDH informó que el expediente será ventilado en el máximo tribunal regional porque no hay reparación del daño ni sanción judicial para los responsables.
 
En un comunicado de prensa la Comisión dijo que el expediente se remitió ante el tribunal interamericano porque el Estado mexicano no reparó el daño, no ha esclarecido los hechos en forma integral, no se ha identificado ni sancionado los distintos grados de responsabilidad de funcionarios públicos, no se han abierto nuevas líneas de investigación ni se han tomado medidas legislativas ni administrativas para evitar que estos actos se repitan. 
 
De acuerdo con la CIDH, la detención de las once mujeres los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue ilegal, arbitraria y sin que se conocieran cuáles eran los presuntos delitos por lo que las mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.

En los operativos ordenados por Peña Nieto el 3 y 4 de mayo de 2006, para “reestablecer el orden” por las protestas de floricultores que fueron desalojados del lugar donde vendían sus productos, fueron detenidas 47 mujeres, al menos 26 fueron violadas sexualmente, pero sólo 14 denunciaron y más tarde once decidieron continuar con la búsqueda de justicia.
 
Ante la dilación en las investigaciones, en abril de 2008, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo solicitaron a la CIDH la revisión del caso.
 
ESTADO MEXICANO RESPONSABLE DE VIOLACIONES A DH
 
Finalmente este 17 de septiembre la CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana y hoy informó que ya existe un Informe de fondo donde se exponen las responsabilidades del Estado mexicano y la falta de cumplimiento de las recomendaciones, en particular de la obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable.
 
De acuerdo con la información del organismo, el Informe de fondo, explica que la CIDH recomendó al Estado disponer una reparación integral a favor de las víctimas por las violaciones de Derechos Humanos declaradas en el informe, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico.
 
Además, la Comisión recomendó continuar investigando de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma integral, e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad.
 
Esto incluye las responsabilidades derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal como federal, así como de posibles actos de encubrimiento u omisión. Cabe recordar que las sobrevivientes han señalado la responsabilidad del actual ministro Eduardo Medina Mora quien era secretario de Seguridad Pública federal; de Ardelio Vargas Fosado quien dirigía la Policía Federal Preventiva e incluso de Peña Nieto.
 
La CIDH también recomendó disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia identificados en el informe. Finalmente, recomendó adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para evitar la repetición de violaciones de Derechos Humanos como las cometidas en este caso.
 
La Comisión Interamericana dijo que sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 17 de septiembre de 2016 por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas, ya que tras evaluar el estado de la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, la Comisión estableció que el Estado no había avanzado integral y sustantivamente en el cumplimiento de las mismas.
 
“Pasados más de diez años de ocurridos los hechos, no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las once mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto”, recordó el organismo.
 
En las respuestas dirigidas a la CIDH sobre el cumplimiento de las recomendaciones en materia de justicia, el Estado mexicano informó sobre el estado de las investigaciones ya descritas y analizadas en el informe de fondo, las cuales no reflejaron avances significativos tras la notificación de dicho informe.
 
Sobre esta misma recomendación, el Estado tampoco aportó información sustancial sobre avances relevantes en la identificación de nuevas líneas de investigación que permitan establecer la totalidad de las responsabilidades por los hechos del caso en los términos del informe de fondo.
 
En cuanto a las medidas de reparación y rehabilitación, la Comisión tomó nota de la información aportada por el Estado sobre la creación de las estructuras necesarias para que las víctimas accedan a reparaciones cuando así lo deseen y tomó en cuenta que las víctimas han sostenido que el cumplimiento de la recomendación en materia de justicia es fundamental para sentirse reparadas.
 
“Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento”, señaló la CIDH.
 
16/AGM/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Presidenta de la Comisión de la Familia, pide enviar cartas de apoyo
Llama senadora priista a “defender matrimonio y familia natural”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/09/2016

La presidenta de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República, la priista Lisbeth Hernández Lecona, exhortó a la ciudadanía a enviar cartas a la Comisión que ella preside, para solicitar “respeto” al concepto de “matrimonio y la familia natural” ya que ello servirá para la discusión y dictamen de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal sobre matrimonio igualitario.
 
En una carta membretada con el logotipo de la agrupación “Red Familia: la familia es la solución” dirigida a “amigos, directores, y representantes de Red Familia”, se señala que la legisladora del tricolor exhorta a través de esta organización, a que todas las organizaciones miembro de Red Familia, hagan llegar cartas a la Comisión de Familia del Senado de la República, solicitando que se respete el concepto de “matrimonio y familia natural”.
 
En la misiva, se agrega que de acuerdo con la senadora, “esto servirá a la Comisión para la discusión y proceso del dictamen”. Cabe recordar que será esta Comisión quien la dictamine.
 
El día de ayer, organizaciones civiles congregadas en el Movimiento Laico Nacional, llamaron a los legisladores a respetar el Estado laico y a legislar “ajenos a preceptos religiosos”.
 
El pasado 17 de mayo Enrique Peña Nieto, presentó dos iniciativas ante el Congreso de la Unión para reformar el Código Civil Federal y el Artículo 4 de la Constitución Mexicana, para reconocer el “matrimonio igualitario” y el derecho de todas las personas a la “adopción” en tanto que las agrupaciones religiosas también enviaron sus iniciativas ante ambas cámaras.
 
En el mismo documento (del que Cimacnoticias tiene copia) se invitó a la marcha que se efectuará este 24 de septiembre con el objetivo de “defender la familia tradicional”, es decir la conformada por una mujer y un hombre.
 
La marcha del 24 de septiembre también es convocada por el “Frente Nacional por la Familia”, movimiento de influencias religiosas que entregó la iniciativa Provida ante la Cámara Baja, que días más tarde fue llevada al pleno por la legisladora del Partido Encuentro Social (PES).   
 
La Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República, se instaló el 12 de junio del 2014 por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con el objetivo de frenar las iniciativas que promuevan la Interrupción Legal del Embarazo y las uniones entre personas del mismo sexo.
 
Además, desde su inicio presentó un programa de trabajo de “Protección de la Familia”, una propuesta impulsada por países influenciados por el Vaticano, en el que no se toman en cuenta los derechos reproductivos de las mujeres.
 
16/GVV/LGL








ZONA DE REFLEXIÓN
VIOLENCIA
   ZONA DE REFLEXIÓN
Dónde están las Buenas Noticias
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/09/2016

Ahora que nos han llenado de comerciales sobre la importancia de las buenas noticias, me quedé pensando qué buena noticia podrían tener las mexicanas.
 
Por más que busqué, no encontré las buenas noticias, por el contrario, las malas noticias, aquellas que afectan a las mujeres crecen y crecen. Y son tan graves, que es éticamente imposible dejar de mencionarlas.
 
En un pincelazo hecho por varias organizaciones el pasado 24 de agosto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Encuentro “Cumplir para Avanzar México ante el 9° informe periódico de la CEDAW 2016” -que se realizó del 24 al 26 de agosto por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos-
las malas noticias fueron muchas y cuentan mucho en la vida, integridad y desarrollo de las mexicanas, sus familias y el país.
 
Estamos frente a un problema de seguridad nacional. En 21 entidades federativas se ha solicitado la Alerta de Violencia de Género ante el incremento de violencia contra las mujeres y la impunidad que impera sobre el feminicidio. Es decir, 66 por ciento del territorio nacional está llamando a salvar la vida de sus ciudadanas y se encuentra con oídos sordos, con actitudes políticamente correctas del funcionariado que busca cuidar las espaldas a su gobernador.
 
A este panorama de violencia contra las mujeres se suma la violencia política, recrudecida por la omisión e inacción del Estado en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
 
El embarazo temprano sigue en aumento, y niñas de entre 10 y 12 años están siendo madres con todas las consecuencias negativas que esto trae. Podemos creer que detrás de cada niña embarazada hay violencia, sí.
 
En Chiapas, por ejemplo,  12 por ciento de las niñas menores de 12 años presenta embarazos y se casan, informó la abogada chiapaneca Martha Figueroa, durante el Encuentro “Cumplir para Avanzar, en donde no solamente se habló del incremento de la violencia contra las mujeres sino de la saña con la cual se les asesina; por ejemplo, en Guerrero, donde las mujeres están siendo lapidadas y en algunos casos presentan signos de canibalismo, explicó la guerrerense Marina Reyna Aguilar.
 
No, no hay buenas noticias que contar en cuanto al cumplimiento del Estado para la protección efectiva de los Derechos Humanos de las mujeres; situación que se ha visto agravada en estos 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Como ejemplo, el informe que tenía que presentar el Estado Mexicano ante la CEDAW para este año se ha pospuesto para el 2018.
 
La persecución contra las mujeres por aborto se incrementó de 2008 a 2016; de acuerdo con investigaciones hechas por la doctora Lourdes Enriquez, en 8 años las mujeres presas por homicidio en razón de parentesco -que es como se está juzgando a las mujeres que abortan intencionalmente o no- pasó de 80 casos en 2008 a 600 en el primer semestre de 2016.
 
De estas 600 mujeres en reclusión, 60 por ciento fueron juzgadas por aborto y de ellas, 40 por ciento bajo la premisa de homicidio en relación al parentesco, es decir, se está equiparando un producto en gestación con una persona viva, lo cual implica una aberración jurídica, explicó Enriquez.
 
A la ausencia de buenas noticias ahora se avizoran otras más, como la ausencia de las mujeres en las cinco prioridades anunciadas por el ejecutivo federal para los próximos 2 años.
 
Otra mala noticia es que el borrador que actualmente se discute en el Senado sobre la Ley General de Víctimas, elimina a las víctimas de violencia sexual. De concretarse, dejará en desprotección a las mujeres y niñas víctimas de delitos sexuales, negándoles la atención integral, la reparación del daño y violando el principio pro persona que mandata nuestra Constitución.
 
No es que no queramos dar buenas noticias, pero cuando se tiene enfrente un panorama tan doloroso e indignante, las buenas noticias son las que hacen falta.
 
16/LLH/LGL








OPINIÓN
   Lydia Cacho Plan b*
No es el ano, señor cardenal
Cardenal Norberto Rivera Carrera | Foto retomada del sitio wikipedia.org
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/08/2016

Imposible no tomar un poco a broma los dichos del cardenal Norberto Rivera Carrera. Seguramente después de leer “Educación sexual para adolescentes cristianos” tuvo la genial idea de atacar el matrimonio entre hombres desde el punto de vista biológico.
 
Después de explicar cómo el órgano sexual de la mujer está diseñado para lubricar y recibir, declara “en cambio el ano del hombre no está diseñado para recibir, sólo para expeler. Su membrana es delicada, se desgarra con facilidad y carece de protección contra agentes externos que pudieran infectarlo. El miembro que penetra el ano lo lastima severamente pudiendo causar sangrados e infecciones”. Dios le guarde su ignorancia a este hombre que bien podría haber estudiado un texto más científico para evitar que cualquier persona con conocimiento básico de anatomía, sexualidad y prácticas sexuales le revire apuntando sus yerros. No importa, en realidad lo interesante es que las debilidades del Cardenal son muy similares a las del presidente Enrique Peña Nieto. Ambos, como líderes de grandes grupos sociales, intentan imponer sus ideas con fórmulas fallidas, en exceso débiles, interpretando el mundo sólo por el ojal de su mirilla.
 
El cardenal se enfoca en sus propios prejuicios sobre la sexualidad entre hombres de tal manera que es incapaz de comprender que se ridiculiza a sí mismo y a la iglesia. Sus fobias y su rusticidad sobre el sexo anal serían las delicias del doctor Freud, si no representaran la decadencia intelectual del líder del corpus político de la Iglesia. Se les han acabado los argumentos para debatir temas vitales con argumentos del Siglo XXI.
 
El reduccionismo ideológico es uno de los signos de la debilidad argumentativa, así como reflejo de la incapacidad para complejizar los problemas, para aceptar todas sus aristas, reconocer la postura personal y luego tomar una posición sólida al respecto. El cardenal cree que todo el problema del matrimonio entre hombres se reduce al uso del ano como órgano de placer (para ser exacta sería el punto P o punto prostático, el que produce el orgasmo anal). No mira a los hombres como seres multidimensionales y complejos que buscan que sus relaciones erótico-afectivas, familiares, íntimas y amorosas sean reconocidas legal y socialmente como fórmulas familiares; reduce todo al sexo porque no hay argumento creíble para negar el derecho a dos personas a amarse, crear vínculos, hacer familia, tener derechos y obligaciones frente al Estado.
 
No es el único político eclesiástico confundido con el significado del erotismo y la sexualidad; en tres juicios irlandeses sobre pedofilia clerical los abogados de la iglesia defendían a sus curas pederastas argumentando que los violadores nunca penetraron a sus víctimas; lo defensores del padre Maciel argumentaron que él “sólo” les hacía (forzaba sería lo correcto) a los niños que tocaran su miembro viril o que le hicieran sexo oral.
 
Resulta curioso que cuando conviene a la Iglesia los seres humanos no son alma y cuerpo sino fragmentos anatómicos, tal como lo demuestran al asegurar que la iglesia, el Estado y el hombre son fiduciarios del sistema reproductor femenino. Ven el ano porque es lo único que les queda, si vieran el todo, la Constitución, los Derechos Humanos, la libertad amorosa, la poli-identidad sexual postmoderna que se ha salido de los cánones convencionales, tendría que declararse a favor del amor entre personas y dejar atrás su homofobia producto de una cultura medieval inerte.
 
Peña Nieto por su parte, está también enfocado en su pequeño orificio de podredumbre. Él se ha creído que el problema es la Casa Blanca y el condominio de Miami, su obsesión vengativa se centra en un pequeño equipo de periodistas que lo evidenciaron; es incapaz de comprender que su verdadero problema es que ha elegido la corrupción como forma de vida, que las mansiones son solo un síntoma de un problema inmenso de ingobernabilidad, de una forma de ser, actuar y ejercer la función pública.
 
Peña ha creído que su problema es la presencia de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no que él y su equipo gobernante hayan elegido ocultar la evidencia, proteger a un gobernador, a un alcalde y a un puñado de soldados corruptos. Su problema ha sido rodearse de hombres de mente pequeña, ignorantes, pusilánimes, que avalan la corrupción como eje del poder. Ambos hombres de poder muestran su decadencia, uno desde la política religiosa, otro desde la laica; ambos se enfocan en el ojal por el que miran el mundo, ambos están equivocados.
 
@lydiacachosi
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
16/LCR/GGQ








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