Conavim

NACIONAL
VIOLENCIA
   Recomienda Auditoría Superior de la Federación
Conavim debe revisar plazos para declarar Alerta de Violencia de Género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/02/2017

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) revisar y, en su caso, modificar los plazos para la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
Después de realizar una auditoría de desempeño, la ASF también recomendó a este organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), revisar la correcta operación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).
 
En el documento, disponible en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se indica que en ese año la dependencia recibió seis solicitudes de AVG, de los cuales en tres casos un Grupo de Trabajo realizó un informe sobre la petición y remitió sus observaciones a la Segob.
 
En otros dos casos (33.3 por ciento) se enviaron informes a los gobiernos de los estados para la implementación de acciones propuestas por el informe del Grupo de Trabajo; y en un caso más (16.7 por ciento) la información se turnó al gobierno del estado para que atendiera las propuestas de los expertos.
 
REVISAR PLAZOS
 
La ASF identificó que los procesos de declaratoria de AVG requieren, en promedio, nueve meses para que se concluya la investigación y se implemente las acciones de prevención de la violencia de género, o en su caso, la declaratoria de alerta.
 
La auditoría también determinó que no contar con plazos establecidos origina que la herramienta, considerada por la Ley General de Acceso como una “acción gubernamental de emergencia”, no pueda ser aplicada de forma inmediata.
 
Ante ello la ASF recomendó revisar y en su caso modificar el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de establecer un plazo determinado para la evaluación de las alertas declaradas, así como de su conclusión.
 
SIN DATOS CERTEROS
 
Sobre el número de mujeres víctimas de violencia, la ASF encontró que, 8 años después de la promulgación de la Ley General (2007) que establece la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) a 2015, no había información certera.
 
Hace dos años, cuando se realizó la auditoría, el Banavim no estaba en operación en los términos establecidos en la norma, pero la Segob y la Conavim informaron que se acordó que la Comisión Nacional de Seguridad administrará el banco en la Plataforma México para generar una base de datos que sea insumo para las estadísticas en la materia.
 
Sobre este tema, la ASF recomendó analizar el diseño del Banavim y verificar si éste genera información clara, confiable, oportuna y suficiente para la toma de decisiones en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
 
Estas recomendaciones se suman a las que hizo la ASF en 2015, cuando informó que en la evaluación de desempeño que hizo de la Conavim en 2013 encontró que no se había creado una política integral con perspectiva de género en beneficio de los 60.6 millones de mexicanas.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
VIOLENCIA
   Sin contar laboral, escolar, institucional…
En un año, violencia contra mujeres costó 1.4 por ciento del PIB
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/02/2017

En 2015, la violencia contra las mujeres costó a México 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que en términos absolutos representa 245 mil 118 millones 266 mil 538 pesos, según un estudio realizado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
El estudio, titulado “El Costo de la Violencia contra las Mujeres en México”, explica por qué la violencia genera costos económicos: cada vez que una mujer es golpeada debe gastar dinero para ir al médico, ir a denunciar o ir a terapia psicológica; deja de recibir sueldo por faltar al trabajo y gasta más en trasporte; mientras que el Estado invierte en programas de prevención, apoyos sociales, procesos jurídicos y en mantener a los culpables en prisión.  
 
El estudio señala que la cifra obtenida corresponde a los gastos que realizaron las mujeres que vivieron violencia por parte de su pareja en los 12 meses de 2015, a los ingresos que dejaron de percibir por causa de un feminicidio (casos registrados en 2013), así como el valor de los trabajos no remunerados que dejaron de realizar.
 
La cifra también contempla el gasto de los servicios carcelarios de los hombres que se encontraban en reclusión por ejercer violencia familiar en 2015 y los programas públicos dirigidos a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres incluidos en el Anexo 13 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015.
 
En esta suma de 2015 no se incluyen otras violencias contra las mujeres como la laboral, escolar, comunitaria e institucional, lo que elevaría sustancialmente el costo, señala el estudio del  PUEG –ahora el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG)-  a petición de la Conavim, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
 
El costo económico de la violencia contra las mujeres se elevaría aún más si todos los casos fueran denunciados, pero esto no se refleja ya que en el país existe un bajo nivel de denuncias y solo 13 por ciento de las mujeres violentadas lo hace.
 
PROBLEMA ECONÓMICO
 
Para calcular cuánto cuesta la violencia de género al Estado mexicano, el PUEG realizó una metodología que pudiera integrar todos los aspectos de la vida cotidiana que se modifican y causan gastos personales e institucionales ante esta situación, como los gastos en salud, justicia criminal y civil, bienestar social y servicios especiales gubernamentales.
 
A pesar de la falta de información, el estudio logró obtener un dato para aproximarse al costo de la violencia contra las mujeres y mostrar que es un problema que afecta la economía del país y el bolsillo de las mujeres. 
 
VIOLENCIA Y PRESUPUESTO FEDERAL
 
En relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el costo de la violencia contra las mujeres, de acuerdo con el PUEG,  representa el 5 por ciento del gasto total.
 
Al igual que en el caso del PIB, cuando se observan los costos de la violencia en relación con al PEF, la cifra es baja, si se considera la baja denuncia, lo que significa que no utilizan los bienes y servicios que las instituciones de Gobierno deben ofrecer para garantizar justicia y reparación del daño, por lo que el Estado ahorra lo que 87 por ciento de las mujeres no demandan en estos bienes y servicios.
 
 
17/AGM/GG
 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Tres años, el promedio en seis estados
¿Cuánto tardará el decreto de AVG en Puebla?
Imagen retomada de producciones y milagros
Por: Samantha Páez*
Cimacnoticias | Puebla, Pue.- 16/02/2017

Tres años es el tiempo promedio que tardó la Secretaría de Gobernación (Segob) en emitir las alertas de género en seis estados del país, aunque no hay ninguna garantía: en el Estado de México tardó cinco años; para Veracruz un año y un mes; en Colima y Sonora, donde se solicitó antes que en Veracruz, el proceso sigue en trámite.
 
Considerando el tiempo promedio, en Puebla podría decretarse hasta marzo de 2019, lo que significa que el costo político no recaerá en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, ni en el de Antonio Gali.
 
En marzo de 2016, el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización Todos para Todos solicitaron la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) para Puebla y actualmente el proceso está en la fase de revisión del informe que presentó el gobierno de Puebla, en respuesta a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
La vocera de la organización Todos para Todos, Violeta Lagunes Viveros, comentó que los procesos se han agilizado, por lo cual confía en que, en no más de seis meses, se dé a conocer si se decreta la alerta en Puebla. “Cada proceso tiene una vida muy diferente, dijo, creo que en menos de seis meses se echan esa segunda etapa” de revisión del informe de trabajo.
 
CONAVIM DELEGA RESPONSABILIDAD
 
Sin embargo, la agilización de los procesos no se debería a una voluntad por parte del Gobierno federal, agregó Lagunes, sino a que ni la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), ni el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) tienen el personal para analizar a profundidad cada uno de los casos y están dejando el problema en manos de los estados.
 
En el mismo sentido habló la coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), María de la Luz Estrada Mendoza, en el marco del VI Encuentro de la Red Nacional de Periodistas en febrero del año pasado, al advertir que la Conavim ya no quiere investigar los casos, por ello traslada la responsabilidad a los estados.
 
“Como la Conavim ya está harta de que todas nosotras estemos pidiendo la declaratoria, le regresaron la bolita al estado. Lo que quieren es que los gobiernos lo asuman y ellos tomen las recomendaciones que quieran”, afirmó Estrada Mendoza.
 
QUE NO SUCEDA COMO EN QUERÉTARO
 
La vocera de Todos para Todos dijo que aunque ocurra algo como en Querétaro, donde no se decretó la AVG porque la Conavim consideró que el Gobierno estatal dio cumplimiento a todas las propuestas hechas por el grupo de trabajo, como promoventes insistirán en que se emita la alerta para Puebla, aun si eso significa llevar el caso a instancias internacionales.
 
En Querétaro --documentó ladobe.com.mx en el mes de noviembre--  para el Gobierno estatal el cumplimiento de las 11 recomendaciones sólo consistió en firmar convenios o anunciar intenciones.
 
RECOMENDACIONES A PUEBLA
 
Entre las acciones que se recomendaron al gobierno poblano, incluidas en el informe que se dio a conocer el 28 de junio de 2016, están: elaborar un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres; implementar y diseñar campañas permanentes que visibilicen el problema de la violencia de género; publicar y mantener actualizada la información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad; modificar el protocolo de investigación de feminicidio y trata de personas, y garantizar que las personas responsables de la aplicación del protocolo lo apliquen.
 
De acuerdo con el Gobierno estatal, aún encabezado por Moreno Valle Rosas, el informe que acreditó el cumplimiento de todas las propuestas se entregó el 29 de diciembre, pero la Conavim confirmó a ladobe.com.mx que fue hasta el 17 de enero que recibió el documento.
 
No hay, por tanto, un plazo definido para que el grupo de trabajo analice si se cubrieron las 11 recomendaciones, ni para declarar o no la AVG.
 
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
 
17/SM/GGQ








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Si no es violencia, “es conciliable”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 14/02/2017

Los delitos contra las mujeres, cometidos por sus parejas, ex parejas o familiares constituye violencia de género, violencia familiar, y no admiten mediación ni conciliación. Por eso con justeza las mujeres denuncian cuando una autoridad toma la decisión de clasificar bajo otra figura jurídica esos delitos e intenta resolverlos mediando y conciliando. 
 
Me pregunto qué ley toman las autoridades como criterio para desligar del ámbito de la violencia familiar un hecho de violencia entre dos personas entre las que hubo relación afectiva y luego separación, tras lo cual el hombre decide seguir ejerciendo el control y la violencia contra la mujer, convirtiéndola en sujeto de amenazas o lesiones. No importa que esa pareja se haya formado bajo la figura de convivencia, amigos con derecho o novios formales, no importa, es violencia familiar.
 
Esa canalización de la violencia familiar hacia la mediación y la conciliación se da incluso dentro de los propios Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), al que al parecer la Conavim ignora o avala. Hecho grave, ya que  da como resultado que esos espacios –que se suponen de apoyo y seguridad para las mujeres- actúan pasando por alto las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará (Mesecvi).
 
El Mesecvi ha insistido, como señalamos en la columna anterior, que no es posible someter a la conciliación y a la medicación a una mujer que ha vivido violencia a manos de su pareja, y reconoce que las relaciones de noviazgo o bajo cualquier otra forma como sea nombrado, implican que existe la violencia familiar.
 
La razón radica es que, en la sociedad actual, la mayoría de las relaciones se construyen bajo un modelo patriarcal de convivencia en la cual las mujeres se encuentran en condiciones de subyugación y sumisión frente a su compañero.
 
No solo se trata del control económico que él haya ejercido, sino de otras formas más sutiles de violencia que también se van presentado y ligadas al control del estado emocional de la mujer, en algunos casos hasta llevarla al límite con problemas nerviosos. En otros casos el control se realiza de manera más sutil.
 
Los agresores apuestan a que las mujeres estén solas, que no tengan redes de apoyo, por eso las “aíslan” en el tiempo previo, las llevan a romper vínculos con las amigas, las hermanas, la familia. Las convencen de que no tienen a nadie más que a ellos, que solo ellos las ven con valor y solo ellos pueden "cuidarlas". Para atemorizar y manipular apelan a tus necesidades afectivas/económicas, pero también a tus fortalezas o áreas de confianza más elevadas.
 
Seguramente nos suena conocido, porque la mayoría hemos visto  en las relaciones esas formas de control y sometimiento, que no necesariamente operan en las relaciones hombre-mujer, sino en todas aquellas que están regidas desde un sistema de relaciones dominante y patriarcal.
 
Funciona en todos los niveles y grupos, incluso en las relaciones entre dos hombres o dos mujeres. Y si los afectos o formas de expresión en las que se manifiestan los cariños se desarrollan bajo un modelo de “amor romántico”, el resultado es el mismo: el control y el sometimiento.
 
Por eso, cuando un Ministerio Público o agente recibe en el Centro de Justicia para las Mujeres a quien acude con la esperanza de encontrar apoyo y protección -ante una situación que la mayoría de las veces le hace temer por su seguridad- le entrega solo un escrito sencillo, si bien le va, en el que se manifiestan los hechos.
 
El escrito no constituye una denuncia, pues antes  se le informa que se debe “conciliar” o que deberá tener un “careo” con su agresor, a fin de que lleguen a “un arreglo”. En el documento por supuesto no se anota que se trata de violencia familiar, mucho menos que es violencia de pareja o algo que se le parezca. No, solo se consignan “amenazas”, o como en un caso plasmado en el papel: “problemas con su ex pareja”.
 
Aunque parezca inverosímil, la Conavim tendría que empezar a investigar y documentar estos casos, y rendir informes sobre el uso de los mecanismos de conciliación y mediación a los que están enviando los casos, incluso no formalmente sino dentro de los propios CJM en donde psicólogas tratan de “obligar” a las mujeres a “carearse con su agresor”.
 
También hay responsabilidad de la Conavim, porque es la que ha invertido millonarios presupuestos en los Centros de Justicia, por lo que debe supervisar cómo es que esto está ocurriendo. Y si no detienen este proceder, significa que no están haciendo realmente nada contra la violencia de género.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GGQ








ESTADOS
VIOLENCIA
   “Lo entregó en un evento que nunca ocurrió”
Miente gobierno de Puebla sobre entrega de informe de AVG
Imagen retomada del portal ladobe.com.mx
Por: Samantha Páez*
Cimacnoticias | Puebla, Pue.- 26/01/2017

Tanto el titular de la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, como el área de comunicación social de la dependencia, mintieron sobre la fecha en que se entregó el informe final sobre las 11 recomendaciones hechas por el grupo de trabajo de la Conavim para evitar que se decrete la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Puebla, pues aunque ambos afirmaron que tuvo lugar el 29 de diciembre, en realidad sucedió hasta el 17 de enero.
 
De hecho se trató de una mentira innecesaria, pues de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el gobierno estatal debía entregar el informe sobre la implementación de las 11 recomendaciones 6 meses después de que las aceptó, con un plazo extra de cinco días después de dicho vencimiento.
 
Esto es: si el gobierno de Puebla aceptó las recomendaciones el 11 de julio debía entregar el informe el 11 de enero o máximo 5 días naturales después, es decir, el 16 de enero. 
 
Sin embargo, la dirección General Adjunta de la Unidad de Género de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), a cargo de Katya Vera Morales, dio a LADO B dos versiones diferentes -y sin mucho sentido– sobre el vencimiento del plazo: el 16 de enero dijo que había fenecido el 11 y que por lo tanto debía entregarlo máximo ese día, el 16; y el 23 de enero dijo que habían “solicitado” al gobierno de Puebla el informe el 13 de enero, pero que el plazo de 5 días venció el 20.  
 
Lo único claro, por parte de Conavim, es que el informe fue finalmente entregado el pasado 17 de enero.
 
SGG DIFUNDIÓ Y CONFIRMÓ INFORMACIÓN FALSA
 
El 20 de diciembre pasado, tras firmar la carta de intención para la creación del Observatorio Metropolitano de Medios, el titular de la SGG aseguró que el día 29 de ese mes se entregaría el informe final sobre el cumplimiento de las 11 recomendaciones que hizo al gobierno de Puebla el grupo de expertos, conformado por dos académicas locales y dos académicos nacionales.
 
De acuerdo con Oro Noticias, el funcionario dijo de forma textual: “No quiero ser presumido, pero no tenemos pendientes, vamos a entregar el reporte último el 29 de diciembre y por supuesto como ocurre cuando hay una instancia tercera, tocará a la Conavim, con quien tenemos una comunicación permanente, sistemática, hacer la valoración correspondiente”.
 
La mentira del secretario se hizo aún más grande cuando el 9 de enero, el área de comunicación de la SGG en voz de Francisco Sánchez Cervantes, confirmó a LADO B que el 29 de diciembre sí habían entregado el informe a la Conavim en un evento que supuestamente no fue público. Ahora sabemos que en realidad nunca ocurrió.
 
Curiosamente el 29 de diciembre se cumplieron 6 meses desde que el gobierno aceptara las recomendaciones aunque sólo de forma mediática (boletín de prensa 131 de la SGG), pues de manera formal -como ya se dijo- la admisión fue el 11 de julio.
 
LA SOLICITUD DE ALERTA
 
En marzo de 2016 el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización Todos para Todos, solicitaron la AVG en Puebla ante el nivel de la violencia de todo tipo, incluida la violencia feminicida, y las omisiones del gobierno.
 
Dado que la Conavim aceptó la solicitud, el 22 de abril se lanzó la convocatoria para conformar el grupo de trabajo que analizó la violencia de género y dio a conocer su informe el 28 de junio, el cual contiene 11 recomendaciones.
 
Entre las acciones que se deben ejecutar a petición del grupo están: elaborar un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres; implementar y diseñar campañas permanentes que visibilicen el problema de la violencia de género; capacitar a los funcionarios estatales en Derechos Humanos y perspectiva de género; modificar el protocolo de investigación de feminicidio y trata de personas, y garantizar que las personas responsables de la aplicación del protocolo lo apliquen.
 
NO HAY PLAZO PARA ANÁLISIS FINAL
 
En cuanto al tiempo que tiene el grupo de trabajo para analizar la información que entregó el gobierno estatal, Vera Morales comentó que “no se cuenta con un plazo específico ni en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ni su Reglamento”, por lo que de ninguna manera se decretará la AVG en el gobierno de Moreno Valle, al que sólo le quedan 5 días.  
 
Al respecto la vocera de la organización Todos para Todos, Violeta Lagunes Viveros, dijo en entrevista para LADO B que es justo en esta parte del proceso donde la Comisión falla, ya que no hay una fecha límite para que se entreguen las observaciones y se les notifique a las organizaciones promoventes.
 
“Como puede que tarde 3 meses, como puede que se echen 8 meses (…), a la Conavim no se le ponen muchos plazos ni en la ley ni en el reglamento, ni a los otros órganos, entonces allí hay mucha dilación”.
 
En términos generales Lagunes Viveros confió en que el dictamen sobre las recomendaciones sea imparcial, aunque tiene algunas dudas sobre si el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mario Fausto Gómez Lamont, quien forma parte del grupo de trabajo opinará en contra del gobierno de Puebla, aun cuando el padre del gobernador Rafael Moreno Valle fue presidente de la Fundación UNAM (2008-2013).
 
Según la página oficial de la Conavim de las 20 solicitudes de alerta de género para los estados se han declarado siete: México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León y Veracruz. Mientras que las alertas para Guanajuato y Baja California se desecharon, están en trámite las de Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.
 
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
 
17/SP/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Requieren Alerta de Violencia de Género
Por feminicidio en Colima exigen reunión con Osorio Chong
Foto: Glenda Libier
Por: Heidi de León Gutiérrez
Cimacnoticias/Diario Avanzada | Colima, Col.- 14/12/2016

Las organizaciones civiles IUS Género y el Centro de Apoyo Integral a la Mujer (CAM), alertaron que es preocupante que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) se desvirtuó hasta evitar atender emergencias de la violencia feminicida en México, y se encaminó a impedir su declaratoria en la mayor parte de las entidades federativas donde la han solicitado.
 
Por lo anterior y junto con las integrantes de otras 22 organizaciones del país solicitaron desde noviembre de este año, una reunión colectiva con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de la que aún esperan respuesta.
 
El martes 22 de noviembre organizaciones sociales y activistas de 22 estados de la República Mexicana, solicitantes y promoventes de la AVG, se reunieron en la Secretaría de Gobernación (Segob) con la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta y con la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz para analizar la implementación del mecanismo de Activación de la AVG.
 
En ese encuentro quedó evidenciada la crisis de violencia extrema expresada en los casos de feminicidio que día a día aumentan en nuestro país, y en particular en su entidad, Colima, que en general es “una problemática que debe ser considerada un asunto de seguridad nacional”, expusieron.
 
También las integrantes manifestaron que las conclusiones alcanzadas por los grupos de trabajo que investigan los procesos de solicitud de activación de la Alerta, no cumplen con los principios de exhaustividad, congruencia, naturaleza y seguridad jurídica.
 
Además hay vacíos en el debido proceso constitucional, con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano al suscribir y ratificar los Tratados Internacionales, así como sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en materia de erradicación de la violencia de género, como el caso Campo Algodonero.
 
El colectivo reiteró que en Colima solicitaron la Alerta por los altos índices de violencia contra las mujeres, ocupando desde el primero al séptimo lugar en todos los tipos de violencias respecto a otras entidades, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
 
El pasado 7 de noviembre, la Procuraduría General de Justicia de la entidad reconoció en su informe a la Conavim y ante el Congreso del Estado de Colima, el asesinato de 105 mujeres en el periodo de 2003 a 2014.
 
“Aún después de esta solicitud, del análisis y las 10 recomendaciones que formuló el Grupo de Trabajo Interinstitucional al gobierno del estado, a fin de que realizara acciones para frenar la violencia, fueron asesinadas 80 mujeres más: 25 en el año 2015 y 55 de enero al mes de noviembre de este año”.
 
16/HDLG/AMS/LGL








OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA
Un 25 de noviembre en alerta
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Sonora.- 22/11/2016

Dos estados más han sido declarados en Alerta de Violencia de Género (AVG). Algunos municipios de Nuevo León y Chiapas son, según la Secretaría de Gobernación (Segob), dignos de tomarles especial atención con medidas que coadyuven a detener la violencia feminicida.
 
Pero no es que sólo esos estados o municipios estén en esa situación. Ésa es la interpretación que hacen la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Segob, después de muchos intentos por proteger a los gobiernos de las entidades dándoles oportunidad tras oportunidad para que corrijan los errores en la atención a la violencia de género.
 
Para que no se escuche feo que están en AVG, para que cubran o subsanen las omisiones que permiten la prevalencia del feminicidio en sus territorios, los estados han tenido tiempo suficiente para tomar medidas que desafortunadamente no son de emergencia, por lo que el feminicidio continúa presente.
 
No obstante, el hecho de que se declare la Alerta es en sí mismo el reconocimiento de que la violencia feminicida ha cobrado la vida de más mujeres que las que han ocurrido en toda la historia de las guerras civiles.
 
En los casos de Nuevo León y Chiapas, es justo destacar que han sido las organizaciones de la sociedad civil, afiliadas al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) quienes han impulsado el mecanismo ofreciendo datos, propuestas, análisis y seguimiento al proceso.
 
Se puede pensar que es muy tarde para la declaratoria pues en Nuevo León se solicitó desde 2012, mientras que en Chiapas desde 2013.
 
Este 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres estará vestido de alerta. Las mujeres y organizaciones que saldrán a marchar en el contexto de este día inspirado en las hermanas Mirabal, lo harán también por una aplicación eficaz de la AVG tal como lo describe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento.
 
Son 5 años de insistir en Nuevo León, mientras que en Chiapas cuentan ya tres años desde que se inició la petición.
 
Se declara la AVG con un total de 449 mujeres asesinadas en  Nuevo León, según la documentación de casos a cargo de Irma Alma Ochoa, de Arthemisas por la Equidad, A.C. promovente de la AVG en ese estado.
 
En tanto, Martha Figueroa Mier, del Colectivo de Mujeres en Chiapas (Colem) advierte que si bien ellas solicitaron la Alerta para los 122 municipios, es posible que la Segob lo reduzca a sólo ocho de ellos, por lo que se preparan para impugnar.
 
Cuando la solicitaron habían documentado 156 casos de feminicidio entre 2012 y 2013. Sin embargo, la petición no se basa solo en la cantidad, sino en la violencia estructural que permite que esto siga sucediendo.
 
El carácter emergente de la AVG ha sido soslayado por las autoridades obligadas a brindar seguridad a todas las personas y particularmente a las mujeres, ante la vulnerabilidad que históricamente se ha construido en razón del género.
 
Por ello las organizaciones se preparan para dar la batalla por una adecuada implementación de la AVG, pues su espíritu de emergencia ha quedado olvidado, al tratarla como una oportunidad de revisión que se puede corregir a mediano y largo plazo.
 
Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Alerta de Violencia de Género se puede solicitar cuando “los delitos de orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame”.
 
Y eso es justo lo que ha pasado en cada una de las entidades en las que organizaciones decidieron solicitar la alerta.
 
El problema es que quienes tienen la facultad para emitir la AVG se han dado su tiempo, se han tomado la libertad de interpretar la ley y el reglamento de la misma, conduciendo hacia un estado de inacción.
 
El resultado es que si sumamos los meses o años que han tardado en dar respuesta, más los meses y hasta un año en que los gobiernos cumplan las recomendaciones cuando las hay; la condición de emergencia desaparece transformándose en un favor que el gobierno federal hace a las entidades, recomendándoles que corrijan su actuación.
 
La Alerta de Género es el único y el mejor mecanismo que se ha integrado a alguna ley en México para detener la violencia feminicida.
 
Desafortunadamente en nuestro país lo que no es obligatorio -y aún lo que sí-  es la mejor oportunidad para incumplir, para tomarlo a la ligera.
 
Existe ya una verdadera inquietud entre la población en relación a por qué no se emiten de inmediato las alertas de género cuando las mujeres la solicitan. La mirada internacional está puesta en México, pues con más frecuencia es tema en diarios extranjeros.
 
La difusión y el trabajo de las organizaciones de mujeres como Arthemisas por la Equidad en Nuevo León, o el Colem en Chiapas, comprometidas en la lucha contra el feminicidio, ha dado como resultado que la Secretaría de Gobernación al fin emita un dictamen y considere necesaria la declaratoria de AVG.
 
Ojalá que los argumentos que “convencieron” a la Segob para declarar las dos AVG, no sean obsoletos y la situación real del feminicidio se haya agravado tanto, que las medidas de emergencia, si es que se contemplan, ya ni siquiera cubran lo que hoy se necesita.
 
La Alerta de Violencia de Género debe recuperar su espíritu de emergencia. No puede seguir sucediendo que pasen años para declarar que los gobiernos tomen medidas urgentes, temporales, para garantizar la seguridad, integridad y libertad de las mujeres. Queremos ver cerca el fin del feminicidio.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
16/SNE/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Realizan jornada de actividades por Día de la Mujer Rural
Mujeres rurales de Sonora defienden tierra-territorio
Foto: retomada de FB: CAMI La Paloma
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 17/10/2016

Las mujeres de comunidades rurales del sur de Sonora, continúan en la defensa de su tierra-territorio ya que aún no acceden como propietarias de las parcelas o de las pequeñas propiedades, pues debido a los requisitos que se imponen, les dificulta acceder a los programas y títulos de propiedad.
 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural que se conmemoró el pasado 15 de octubre, La Casa de la Mujer Indígena (CAMI) La Paloma, realizó una serie de capacitaciones con mujeres rurales.
 
En entrevista, la coordinadora del CAMI, María Gertrudis Zazueta Ortega, destacó que una de sus principales demandas son cambios económicos para erradicar la pobreza ya que ellas aún deben migrar para poner fin al hambre y que haya cambios en los requisitos para acceder a programas y títulos de propiedad para que las mujeres puedan acceder a ellos.
 
“Es muy triste que sólo los hombres sigan siendo los propietarios, no porque estén impedidas legalmente (las mujeres), sino porque así se ha acostumbrado y se sigue llevando a cabo esa práctica. Si eres mujer no tienes derecho a tener título de propiedad", externó Zazueta Ortega.
 
Por su parte, la presidenta del comité ejecutivo de Cobanaras Federación Estatal (Gobernadoras en Mayo), de la cual forma parte la CAMI La Paloma, Patricia Alonso Ramírez, informó que como parte de la efeméride se realizaron también talleres con la temática de violencia contra mujeres indígenas.
 
Indicó que estos talleres obedecen a una demanda de las integrantes de las Casas de la Mujer que se encuentran en el país para que sean atendidas por otras instancias que no sea exclusivamente la Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI).  La petición fue planteada a esa dependencia y ésta lo vinculó con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convaim), explicó Alonso Ramírez.
 
La Convaim sugirió una primera etapa de talleres para la integración de redes que colaboren con las CAMI ubicadas en los estados en donde hay solicitud o se ha emitido la Alerta de Violencia de Género (AVG), dijo la activista.

La finalidad de estos talleres es generar acciones para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres indígenas, así como el empoderamiento de las mismas.
 
16/SNE/LGL








NACIONAL
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   Gobierno dice que es prioridad, pero le quita recursos para 2017
Prevención y atención de violencia contra mujeres, sólo en papel
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/09/2016

Pese a que uno de los objetivos del gobierno federal es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas y garantizar su acceso a la justicia -según el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018- el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 prevé recortes a programas en la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR).
 
Para cumplir este objetivo el PPEF incluye en el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, un apartado que contiene montos específicos para este objetivo.
 
Entre las instancias que reciben recursos para erradicar la violencia de género están la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) de la Segob, y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la PGR.
 
Para 2017 el PPEF contempla una reducción para los recursos del programa “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, de la Conavim, toda vez que planea otorgarle 143 millones 844 mil 21 pesos, mientras que en 2016 recibió 204 millones 370 mil 290 pesos.
 
Con los recursos de este programa la Comisión realiza diversas acciones, por ejemplo, diseña e instrumenta la política pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres y construye y equipa los Centros de Justicia para las Mujeres.
 
A la fecha existen 29 Centros de este tipo que están en funcionamiento, 27 de los cuales atendieron a un total de 17 mil 13 mujeres víctimas de violencia durante los primeros tres meses de 2016, según informó la Conavim a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su primer informe trimestral sobre avances financieros.
 
En una reunión con la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Alejandra Negrete Morayta, titular de esta instancia, informó que estos centros están equipados para atender a las mujeres, cuentan con Ministerio Publico, salas de juicios orales y ludoteca para las hijas e hijos de las víctimas.
 
De acuerdo con la funcionaria este año se invirtieron 51 millones de pesos para la construcción de Centros de Justicia para las Mujeres y hasta ahora sólo falta que Tlaxcala tenga uno de estos complejos arquitectónicos. 
 
La Segob también es la encargada de operar el “Programa de Derechos Humanos” el cual está en manos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos de esta dependencia, el cual funcionará con menos recursos el siguiente año; este año recibió 37 millones 205 mil 286 pesos; para 2017 obtendrá 19 millones 76 mil 260 pesos.
 
Estos recursos son para acciones específicas para mujeres en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y para la implementación del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de la Trata de Personas y la Protección de Víctimas de estos Delitos.
 
Parte de esta bolsa también se usa para operar y fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
 
En materia de delitos la PGR también recibe recursos para atender la violencia de género a través de la Fevimtra, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos. El PPEF también reduce los recursos destinados a esta instancia.
 
Por ejemplo, el programa presupuestario “Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada”, pasaría de tener 66 millones 179 mil 517 pesos, a 52 millones 271 mil 350 pesos.
 
La SEIDO utiliza estos recursos para acciones como capacitar al personal en temas de sensibilización de género y para realizar investigaciones como lo mandan las Leyes Generales para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
Otro programa que opera la PGR es el de Promoción del respeto a los Derechos Humanos y atención a víctimas del delito – a cargo de Fevimtra– a través del cual se realizan investigaciones acordes con las leyes para erradicar la trata de personas y la violencia de género el cual  tuvo este año 4 millones 76 mil 570 pesos y para 2017 recibirá 3 millones 694 mil 582 pesos.
 
Actualmente la Cámara de Diputados está en análisis del PPEF 2017 para que las y los diputados eventualmente hagan  modificaciones para aprobarlo en noviembre próximo, en este proceso la Comisión de Igualdad de Género puede proponer  adecuaciones a fin de no reducir los recursos para hacer frente la violencia de género.
 
16/AGM/LGL








EN DIÁLOGO
VIOLENCIA
   En Diálogo
Dilación de AVG una violación a la LGAMVLV
Ni una asesinada más | Foto: Silvia Núñez Esquer
Por: Leticia Burgos Ochoa*
Cimacnoticias | Sonora.- 20/09/2016

Las acciones de emergencia y de coordinación para decretar una Alerta de Violencia de Género (AVG) se demoran por un proceso de “chance” a los gobiernos estatales para que atiendan lo que en 9 años han dejado de lado: política pública y presupuestos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
 
En un encuentro de los organismos de la sociedad civil promotores y solicitantes de las Alertas en 20 entidades de la República con el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realizado el 5 de agosto en Guadalajara, se coincidió en que más que atender a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) se ha dedicado a administrar procesos que postergan la demanda de las Alertas.
 
En dicho encuentro y en razón de la serie de cuestionamientos y propuestas, se acordó por unanimidad, abrir el diálogo sobre las Alertas con el Ejecutivo Federal a través de una solicitud que haría la Secretaría de Gobernación, quien preside el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (SNPASEVIM); seguimos a la espera de respuesta.
 
La LGAMVLV señala claramente en su artículo 24 que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres se emitirá cuando:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de Derechos Humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
 
Los tres preceptos se cumplen en el caso de Cajeme, Sonora, pero también se cumplen en el resto del país. Se posterga 6 meses más después de 15 meses y 24 días que han transcurrido desde que fue solicitada por la Red Feminista Sonorense. Y en vez de instrumentar las acciones de emergencia y la coordinación de los tres órdenes de gobierno, el Ejecutivo Estatal lanza una campaña perniciosa “Sonora libre de Alerta”.
 
A ello se suma el hecho de que México pospuso la presentación de su informe- la cual debió ser en junio pasado- al Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a 2018.
 
En ese informe, el Estado mexicano debió informar sobre las acciones que implementó a raíz de las recomendaciones hechas por el mismo Comité en 2012 referentes a la violencia y a la AVG como lo que establece el numeral 14 y que tiene que ver con la Armonización Legislativa y derogación de leyes discriminatorias.
 
El numeral 16 que se refiere a la Aplicación y cumplimiento con la Ley General de Acceso y el mecanismo de Alerta de Género; el 18 que tiene que ver con la Actuación ante Desapariciones de mujeres y niñas; el  21 que hace recomendaciones sobre la trata de personas, el numeral 33 sobre la actuación ante el aborto y aplicación de la NOM-046.
 
Es evidente que la actuación de la Secretaría de Gobernación –Conavim- y el Gobierno federal, ha inhibido la aplicación de la Ley y desatendido a CEDAW.
 
*Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense.
16/LBO/LGL








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