Conavim

ESTADOS
VIOLENCIA
   Mercedes Zúñiga Elizalde renuncia a Grupo de Trabajo
   
Académica señala irregularidades en negativa de AVG en Sonora
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 08/08/2017

La doctora Mercedes Zúñiga Elizalde renunció a su puesto como integrante del Grupo de Trabajo que investigó la solicitud de Alerta de Violencia de Género para el municipio de Cajeme, Sonora, misma que fue negada el pasado 4 de agosto.

Zuñiga presentó su renuncia a Alejandra Negrete Morayta, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), después de que la Secretaría de Gobernación (Segob) diera a conocer la resolución de no procedencia de la Alerta en Cajeme.

El Grupo de Trabajo fue conformado en junio de 2015 luego de una convocatoria nacional abierta para dos académicas o académicos de instituciones de investigación de Sonora, y dos de otros estados, denominados “nacionales”.

La investigadora de El Colegio de Sonora expresó en el documento que las razones para su dimisión fueron las múltiples irregularidades observadas en la última fase del procedimiento para la discusión y toma de acuerdos sobre el dictamen emitido en relación al informe de cumplimiento que presentó el gobierno del estado.

Dichos señalamientos los había comunicado en su voto razonado de fecha 5 de agosto de 2017, tanto a la comisionada nacional de Conavim, como al resto del Grupo de Trabajo.

Tales irregularidades, consideró, desvirtúan la naturaleza del Grupo, mismo que de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, es un órgano autónomo de composición mixta, cuya función principal es estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los Derechos Humanos de las mujeres.

Otra razón expresada como motivación de la renuncia fue que el Grupo de Trabajo no tuvo conocimiento a través de una notificación oficial (ni extraoficial) de la resolución de la Segob sobre la no procedencia de la Alerta.

Fue hasta el lunes 7 de agosto por la mañana cuando únicamente se les envió una liga a la página de Conavim, donde se ubicaba el documento que fue publicado en la página del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) desde el viernes 4 de agosto.

La notificación de la negativa fue enviada a la organización peticionaria pero las y los integrantes del Grupo de Trabajo la desconocían, a pesar de que son pieza fundamental para ofrecer argumentos para la decisión final de Segob.

La dinámica de las reuniones había sido establecida por el Grupo de Trabajo desde el principio, acordando como norma a su interior el mantener un canal de comunicación e intercambio permanente de borradores de documentos y resoluciones gubernamentales, lo cual no ocurrió al final.

Esta forma de trabajo posibilitó en el pasado llegar a acuerdos consensados sobre cada uno de los aspectos requeridos para facilitar su quehacer, tanto en cuestiones de logística como de organización y procedimiento, según expuso la académica.

Sin embargo, lamentó que en la última fase imperó la desinformación, la rigidez y la imposición por lo que como académica y estudiosa de la violencia de género dijo que le resultaba imposible llevar a cabo ya el compromiso obligado que tenía con la sociedad en general y la sonorense en particular.

La doctora Mercedes Zúñiga Elizalde es profesora investigadora de El Colegio de Sonora, y fue seleccionada en la convocatoria pública para la conformación del grupo de trabajo al que se refiere el artículo 36 del reglamento de la LGAMVLV.

En su momento, las y los académicos que integraron el grupo fueron: Adriana Guadalupe Mejía Salcido como representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Edgar Alejandro Jaimes como representante de la Universidad Nacional Autónoma de México. También formó parte la maestra Gilda Salazar del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.

Si bien este grupo sufrió una serie de cambios en la composición: uno del representante de Inmujeres, dos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos del Instituto Sonorense de las Mujeres, y cuatro de Conavim, es ésta la primera renuncia por motivos de diferencias por las irregularidades, lo que se traduce en una crítica que quedó expresada tanto en la renuncia como en el voto razonado de Zúñiga Elizalde.

17/SNE








NACIONAL
VIOLENCIA
   Conavim coordina atención; hay programas dispersos
Ciudad Juárez: 13 años de programas para infancia en orfandad por feminicidio
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/07/2017

El 26 de mayo de 2010 un Tribunal de Casación de Ciudad Juárez, en Chihuahua, dictaminó que Heidi, la hija de Rubí Marisol Frayre Escobedo, joven asesinada en 2009, debía recibir una cantidad de 38 mil 390 pesos por concepto de indemnización, monto con el que al mismo tiempo se acreditaba su condición de orfandad.
 
Seis años antes de esta sentencia (en 2004) el gobierno chihuahuense, estado donde se ha documentado el fenómeno del feminicidio desde 1993, creó un programa social para dar mil 900 pesos y apoyo psicológico a las niñas y niños que quedaban en orfandad tras el asesinato de sus madres, programa que ha resultado insuficiente.
 
Así lo reconoció la directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en Ciudad Juárez, Zulay Alaid Abbud Esparza, quien explicó en entrevista que en Juárez hay por lo menos tres programas enfocados en este fenómeno social a pesar de que esta instancia no tiene una política específica para atender a esta población y no cuenta con datos al respecto.
 
Entre las acciones que realiza la Conavim –creada a nivel federal en 2009 a partir de los crímenes cometidos en la ciudad fronteriza– está diseñar políticas en materia de igualdad de género; construir y equipar los Centros de Justicia para las Mujeres; coadyuvar en los trámites de Alerta de Violencia de Género y dar cursos y capacitaciones en la materia. En la ciudad fronteriza es un enlace entre el gobierno estatal y federal.
 
VIOLENCIA QUE SE EXTIENDE
 
Un informe que realizó Amnistía Internacional en 2003 describía el perfil de las mujeres víctimas de la franja fronteriza como jóvenes “sin ningún poder en la sociedad”, trabajadoras de las industrias maquiladoras, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes; muchas de ellas vivían en circunstancias precarias y a veces con hijas e hijos que mantener.
 
A su vez un informe de la Conavim encontró que en la década de los noventa las mujeres asesinadas o desaparecidas eran menores de 25 años, solteras, estudiantes y trabajadoras de la maquiladora y documentó  que a principios del nuevo milenio creció el número de víctimas de 25 a 35 años que eran amas de casa o empleadas.
 
Desde que comenzaron los crímenes en Juárez se comprobó que la violencia feminicida afectaba también a las hijas e hijos de las víctimas, lo que llevó a las madres de las mujeres asesinadas a demandar apoyos para sus nietos que quedaron en orfandad. Con el impulso de las organizaciones civiles, estas abuelas consiguieron la atención de las autoridades. 
 
Abbud Esparza, quien ha trabajado en el Instituto Chihuahuense de la Mujer y en el Centro de Justicia para la Mujer, explica que casi una década después de que en 1993 se dieran a conocer a nivel nacional e internacional los asesinatos de mujeres en esta zona, en 2004 comenzó un programa para atender a la infancia en esta situación.
 
En ese entonces 14 familias recibían una cantidad de mil 900 pesos mensuales, atención psicológica, apoyo para comprar útiles y uniformes escolares y becas de estudio. Hasta 2013 el programa beneficiaba a 125 familias y de acuerdo con la funcionaria sigue vigente y hay alrededor de 150 familias apoyadas.
 
Para que una niña o niño tenga acceso a estos beneficios, explicó, la familia tiene que estar vinculada con la Fiscalía General del estado, en particular con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género, que es la autoridad que acredita que se cometió un feminicidio.
 
En Chihuahua la ley no reconoce el término feminicidio pero Abbud Esparza detalló que la Fiscalía Especializada es competente en los asesinatos de mujeres siempre y cuando el delito cumpla ciertos requisitos: el más importante, que la mujer fuera privada de la vida por condición de género.
 
Si la Fiscalía (ubicada en el edificio del Centro de Justicia) considera que se trató de un homicidio por razón de género entonces puede canalizar a las víctimas indirectas al Instituto Chihuahuense de la Mujer para que les expliquen los apoyos sociales que pueden recibir en caso de que haya menores de edad que quedaron en orfandad.
 
PROGRAMAS DISPERSOS
 
En mayo de 2005 la Procuraduría General de la República creó que el Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Victimas de Homicidio de Mujeres en el municipio de Juárez con un monto de 25 millones de pesos de la dependencia y 5 millones de la Fiscalía gobierno estatal. 
 
La directora adjunta de la Conavim en Juárez señaló que este fondo también está vinculado al análisis y a la investigación que arroja la Fiscalía y para acceder al apoyo las autoridades analizan los casos y determinan las circunstancias de los hechos y la cantidad que se puede otorgar a las familias. El apoyo es en una sola ocasión.
 
“En general, todas las que están en ese programa son familias con muchas necesidades económicas para sacar a sus nietos, o a las hijas e hijos de las víctima de la situación en la que se encuentran, por eso el apoyo se les da en efectivo, para poder solventar un poco pagos, estudios. Evidentemente nada va a resarcir o les podría reintegrar a su hija, pero es parte de un programa que trata de apoyarles en lo que se pueda”.
 
En 2010, durante la implementación de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Chihuahua propuso una serie de acciones para reestablecer el tejido social en la frontera azotada por los asesinatos. Así se creó el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen.
 
Este fondo, señaló la funcionaria, lo manejaba el DIF por tratarse de la niñez y posteriormente estuvo a cargo de la Fiscalía de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito pero con el cambio de administración del gobierno estatal el año pasado se analizó transferir este fideicomiso a la Secretaría de Desarrollo Social.
 
Abbud Esparza explica que aunque hay tres programas de apoyos a las niñas y niños en orfandad a cusa del feminicidio, la Conavim coordina una red interinstitucional para detectar la situación de las víctimas y coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno que manejan recursos o programas específicamente para apoyarlas.
 
Cada dos meses se hacen reuniones de trabajo para analizar las necesidades de las familias de una mujer asesinada y ver quien puede atenderla toda vez que puede requerir desde ayuda legal para tramitar la custodia de los menores de edad o una bolsa de empleo para conseguir trabajo. “Cada caso se trabaja de manera particular porque las necesidades son diversas y son diferentes”, aseguró.
 
Sin embargo no sólo se trata, dijo, de que los gobiernos den apoyos económicos, sino de promover la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres y en el caso de los programas enfocados a las niñas y niños en orfandad que permanezcan a pesar de los cambios de gobierno.
 
17/AGM
 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Niega Alerta para Puebla
Segob declara AVG en tres municipios de Quintana Roo
Imagen de Sandra Segura
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/07/2017

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó que no declarará la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Puebla, pues el gobierno local realizó acciones suficientes para atender las propuestas del Grupo de Trabajo, al tiempo que decretó el mecanismo en tres municipios de Quintana Roo y no en cinco como fue solicitada: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad.
 
OCHO MEDIDAS PARA EL GOBIERNO DE PUEBLA
 
A través de la Conavim, la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó en su resolución el pasado 7 de julio que el Grupo de Trabajo conformado para atender y determinar la procedencia de la AVG en Puebla, determinó que el gobierno estatal, encabezado por Antonio Gali Fayad, generó las propuestas necesarias “para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad”.
 
Esto a pesar de que en el dictamen señala con datos de los Censos de Procuración de Justicia (2015 y 2016), que hubo un incremento en “los homicidios de mujeres en Puebla: de 183 casos en 2014, se pasó a 258 en 2015”, lo que significa un aumento del 39 por ciento.
 
Asimismo, Segob señaló que Puebla se posiciona en el octavo lugar de estados del país con mayor número de denuncias por violencia familiar en agravio a mujeres. Por lo que si bien determinó que no había “elementos objetivos para declarar procedente la alerta”, en los próximos seis meses Conavim evaluará que el gobierno de Antonio Gali cumpla con las siguientes ocho medidas:
 
1) Elaborar un diagnóstico estatal sobre los tipos y modalidades de violencia de género; 2)Ejecutar de manera inmediata una estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público; 3) Generar mecanismos efectivos para órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; 4)Actualizar el Centro Estatal de Datos e Información referente a casos de violencia.
 
5) Formular un programa de atención a hombres generadores de violencia desde la perspectiva de género; 6 y 7)Conformar una Unidad de Contexto para investigar el feminicidio, homicidios dolosos, violencia sexual y desapariciones de mujeres, y que revise los expedientes de los últimos ocho años para detectar las posibles deficiencias de las investigaciones; 8) fortalecer los centros de justicia de las mujeres y agencias ministeriales.
 
RETRAZOS Y ENGAÑOS
 
En marzo de 2016 el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización civil Todos para Todos, solicitaron la AVG para Puebla. Conavim aceptó la solicitud un mes después y convocó a la conformación del grupo de trabajo. Este emitió el 28 de junio un informe con 11 recomendaciones para el gobierno encabezado entonces por Rafael Moreno Valle.
 
Las irregularidades se presentaron cuando la Secretaria General de Gobierno del estado de Puebla (SGG) dijo entregó la solución a las recomendaciones del informe en diciembre de 2016, cuando en realidad sucedió hasta enero de 2017. El análisis y la resolución del grupo de trabajo sobre la información que entregó el gobierno estatal ocurrió seis meses después, hasta el pasado 7 de julio.
 
AVG PARA QUINTANA ROO, SUMAN 11 ESTADOS
 
Mientras, ese mismo día Segob decretó la alerta de violencia en tres municipios de Quintana Roo, en respuesta a la solicitud que hizo en diciembre de 2015 el Consejo Estatal de las Mujeres de Quintana Roo AC y la agrupación, Justicia Derechos Humanos y Género.
 
El mecanismo de emergencia se decretó para tres municipios y no para cinco como fue solicitado: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, con ello quedaron descartados los municipios de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.
 
El grupo de trabajo que atendió la AVG determinó que el estado no atendió las 11 proposiciones que le fueron hechas en el informe, por lo que deberá asumir medidas como: recuperar espacios públicos, un programa coordinado de atención a mujeres víctima de violencia y protocolos para atender, investigar y juzgar con perspectiva de género los casos de feminicidio y delitos sexuales.
 
Este contexto coloca a México con 11 estados bajo la AVG, cinco de ellas se aceptaron en lo que va del 2017: 11 municipios del Estado de México, ocho en Morelos, 14 en Michoacán, siete municipios en Chiapas, cinco en Nuevo León, 11 en Veracruz, cinco en Sinaloa, cinco en Colima, seis en San Luis Potosí, ocho en Guerrero, y tres en Quintana Roo.
 
17/HZM








NACIONAL
VIOLENCIA
   Organizaciones presentaron denuncia ante CIDH
Piden a Segob plan de emergencia por violencia feminicida
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 13/09/2017

La Secretaría de Gobernación (Segob) debe reconocer como un problema de seguridad nacional la violencia extrema que enfrentan la mexicanas y crear una agenda de política pública de emergencia en las 26 entidades del país que han solicitado declararse en Alerta de Violencia de Género (AVG), exigió la Red Nacional de Mujeres por una Vida Libre de Violencia.

El frente de mujeres conformado por promoventes y solicitantes de las Alertas de Género en todo el país expresaron en una carta enviada el pasado 24 de agosto al titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, su inconformidad por el nulo avance en la eliminación de la violencia contra las mujeres, a pesar de que está vigente y activado el mecanismo de emergencia en 12 entidades del país.

La exigencia a Segob se hizo luego de que el 4 agosto la dependencia se negará a activar la Alerta en los estados de Sonora, Tlaxcala y Puebla. Actualmente Estado de México, Morelos, Chiapas, Nuevo León, Michoacán, Colima, Nayarit, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero y San Luis Potosí tienen una Alerta decretada.

En el documento las activistas y organizaciones también demandaron a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta, la creación de una mesa de trabajo multidisciplinaria sobre AVG para todo el país, en donde se revisen estrategias sobre seguridad y garantía de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.

La mesa, propusieron, debe estar conformada por expertas en la Alerta, especialistas de Conavim e Inmujeres, la Comisión Nacional de Seguridad, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

También pidieron que se reconozca el papel fundamental de las organizaciones de la sociedad civil, quienes solicitan la AVG, y se cree una mesa de seguimiento donde participen las agrupaciones para valorar la implementación del mecanismo y en caso de ser necesario reciban protección por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, por la labor de acompañamiento y defensa de víctimas de violencia de género.

En el último punto de la carta, exhortan a Segob a crear una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, “que tenga la facultad amplia de sancionar de manera severa a las autoridades responsables de la impunidad de la violencia feminicida en nuestro país”.

“NO ENTIENDEN AVG”

La Red de solicitantes de las Alertas recordaron a las autoridades que el funcionamiento de este mecanismo depende de las políticas públicas implementadas por los tres niveles de gobierno, las cuales hasta ahora, “no cumplen con el principio de exhaustividad, congruencia y seguridad jurídica, ni con el debido proceso constitucional ni satisface los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano”, indicaron en su carta.

La AVG, aseguraron las agrupaciones “ha desvirtuado” el propósito por el cual se estableció hace una década en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: generar acciones de urgencia para salvar la vida de mujeres y cesar la violencia.

Mientras la situación se agrava con desapariciones forzadas de mujeres y altos índices de violencia de género en todos los ámbitos, las autoridades se niegan a declarar una AVG nacional, señalaron.

Por ello plantearon a Segob, Inmujeres y Conavim, la necesidad de hacer efectiva la Alerta y eliminar las barreras en su implementación, por ejemplo, respetar los plazos del mecanismo establecido en el reglamento de la ley, no emitir prórrogas a los gobiernos para acatar las órdenes que se desprenden de la Alerta, vigilar las políticas públicas que las entidades lleven a cabo y asignar presupuesto suficiente para su funcionamiento.

Sin embargo, expusieron a las autoridades que el 7 de abril de 2016 la ahora Red Nacional de Mujeres, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el incumplimiento del Estado mexicano en la prevención, sanción y erradicación de la violencia feminicida en el territorio.

ANTE OMISIÓN RECUERREN A LA CIDH

En la demanda (con el número de expediente P-594-16, que tiene copia esta agencia) las agrupaciones expresan que a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) hizo una serie de recomendaciones en 2009 al gobierno mexicano por el feminicidio de tres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, caso conocido como “Campo Algodonero”, persiste la justicia y la falta de reparación integral del daño.

En la denuncia ante la CIDH las agrupaciones pidieron que sancione al Estado mexicano por el incumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero mediante “el desafuero, inhabilitación y destitución de los responsables ante sus actuaciones omisas y negligentes, que se traducen en violencia institucional”. Además de obligarlo a cumplir con la AVG en todo el país.

Las organizaciones fueron notificadas en diciembre de 2016 que la denuncia contra el Estado mexicano fue recibida por la CIDH y se encuentra bajo el estudio de la Secretaría Ejecutiva del organismo para determinar su procedencia.

Cabe recordar que la Red Nacional de Mujeres por una Vida Libre de Violencia nació en abril de 2017, tras una reunión  entre integrantes de las organizaciones civiles y solicitantes de las Alertas con funcionarios de  Conavim, Inmujeres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

17/HZM








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Alertas se activan pero no atiende violencia de género
   
Alerta de Género: Desinterés del Estado por proteger la vida de las mexicanas
Imagen retomada del portal cpsicologosguanaco
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/08/2017

En una década 27 entidades del país han solicitado la Alerta de Violencia de Género (AVG) pero sólo se ha declarado para 83 municipios de 11 estados: Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Morelos y el Estado de México. 
 
En 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata en su artículo 22 la creación de la AVG como un instrumento de emergencia para salvar la vida de las mujeres y niñas mexicanas.
 
Impulsada por legisladoras feministas, la Alerta se pensó como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia en la que intervinieran los 3 órdenes de gobierno para atender de fondo la violencia de género en cada entidad o territorio determinado.
 
Sin embargo, a 10 años de su creación, prevalece el desinterés y falta de voluntad del Estado para implementarla, lo que se ha traducido en una “cascada” de alertas aprobadas, con medidas que no se cumplen o son acatadas a medias.
 
Como si se tratara de una “receta”, el sentido de la Alerta se ha distorsionado y a 10 años de su creación, el impacto real en donde se ha decretado se desconoce, porque hasta ahora, la instancia encargada de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, la Conavim, no ha informado ni transparentado su funcionamiento.
 
Así lo señalan expertas en el tema de violencia de género, como la académica y doctora en estudios de género, Lucía Melgar Palacios, quien sostiene que existe una completa incomprensión y desinterés del gobierno por atender la alerta. 
 
“Todos han seguido la receta de la AVG. El grupo de trabajo hace un diagnóstico del territorio en 30 días, luego en seis meses continúan las acciones gubernamentales, hacer una campaña, capacitar a sus funcionarios, poner alumbrado, pero ¿quién está obligando a los gobiernos a hacer lo que deben; garantizar a las mujeres una vida libre de violencia?” cuestiona la académica de la UNAM.
 
A propósito del segundo aniversario de la AVG en el Estado de México, esta agencia consultó a varias especialistas para que hicieran un análisis de su funcionamiento en donde se ha decretado, y todas coinciden en que no es que el mecanismo esté mal, sino en el nulo interés del gobierno por realmente atender de fondo la violencia contra las mujeres y niñas.
 
Para Lucía Melgar, la responsabilidad de que la AVG genere resultados tan deficientes es del Estado, por la opacidad con la que actúa y su negativa en cumplir con la protección de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
 
En ello coincide la senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo, una de las impulsoras de la Ley General, y agrega: “las autoridades locales tienen una completa ignorancia en su implementación, buscan resolver las consecuencias pero no sus causas, mientras la sociedad sólo está en un estado de cachar políticas públicas”.
 
La senadora reconoce que si más de la mitad del país ha pedido acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres, es porque el Estado no les garantiza “el mínimo de bienestar para que este a salvo su vida, integridad y seguridad”.
 
Por ejemplo, dice la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de Luz Estrada, en el Estado de México ya se cumplieron dos años desde que se decretó la AVG pero la falta de voluntad política del Estado mexicano hizo que este mecanismo se convirtiera en un trámite burocrático utilizado con fines políticos y mal implementado.
 
Aún bajo la alerta el panorama no es diferente en la entidad mexiquense. En estos dos años se han registrado 31 casos de feminicidio y 412 homicidios de mujeres de acuerdo con cifras oficiales, ubicando a este estado como el territorio más peligroso para la población femenina en el país, según Naciones Unidas.
 
Por ello Luz Estrada considera que las acciones urgentes y esenciales que deben de seguir las autoridades una vez solicitada la alerta son investigar de manera profunda las razones de la violencia contra las mujeres, revisar los casos en reserva, generar un sistema de seguridad, reeducar a la sociedad civil, en conclusión, instaurar una política integral de estado. 
 
“No es de emergencia porque tienen que inventar un programa rápido, es porque hay que atender temas estructurales, tienes que ir al fondo para que lo que hagas no quede en simulación”, acotó.
 
REPENSAR LA AVG
 
Hasta ahora, las organizaciones civiles han hecho el trabajo que le corresponde al Estado, documentar, investigar las causas de la violencia y registrar los casos. Muchas más han recurrido a los amparos judiciales para pedir que se decrete una AVG y exigir reuniones gubernamentales, incluso manifestarse para agilizar los procesos.
 
Por ello piden nuevas adecuaciones a la normativa; el respeto de los tiempos del proceso, sanciones a quienes incumplan las obligaciones y la autonomía de los Grupos de Trabajo que respaldan la decisión de procedencia de la Alerta.
 
La coordinadora de Equifonía AC, peticionaria de las dos alertas para Veracruz, Araceli González Saavedra, agrega que se debe incluir en el proceso de seguimiento la participación de las organizaciones, pues son quienes ante la ausencia del Estado acompañan a las víctimas sin ningún presupuesto, pero en el reglamento su papel se reduce al trámite de la solicitud.
 
En tanto, Luz Estrada propone agregar un apartado final para que cada entidad emita un reporte de resultados de la AVG, y Lucía Melgar señala que ya pasaron 10 años desde que se pidieron las primeras alertas y por tanto, Conavim tendría que presentar un primer diagnóstico de la implementación de este mecanismo.  
 
En lo que va de este año la Secretaría de Gobernación (Segob) ya declaró cinco alertas y recibió otras cinco solicitudes, lo que para Melgar Palacios refleja “la gravedad del problema que enfrentan las mexicanas”.  
 
En Nayarit por las elecciones de junio se detuvo el proceso, y ya van cuatro meses sin que la Segob dicte la deliberación final.
 
En Sonora, la AVG lleva dos años estancada pues aún cuando su reglamento no lo determina así, la Segob otorgó una prórroga al gobierno estatal para que cumpla con las recomendaciones.
 
Mientras Segob no respete los procesos establecidos en la ley y los gobiernos locales simulen la implementación de la AVG, se seguirán perdiendo vidas de mujeres y niñas, concluyen las expertas. 

17/HZM








ESTADOS
   El dictamen expone la “irresponsabilidad e ilegalidad” de Segob
Piden organizaciones a Segob e Inmujeres decretar AVG en Cajeme
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/08/2017

La agrupación civil Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) peticionaria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, Sonora, presentó el 8 de agosto una carta dirigida a la Secretaria de Gobernación (Segob) para exigirle que decrete el mecanismo en el municipio, luego de que lo negará en días anteriores por considerar “que no había elementos objetivos suficientes para su procedencia”.

La carta dirigida también a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y firmada por las comisionadas para el seguimiento de la AVG en Cajeme, Leticia Burgos Ochoa y María Elena Barreras Mendivil, expone la “irresponsabilidad e ilegalidad” con la que Segob elaboró el dictamen final sobre la procedencia de la AVG para Cajeme, indican. 

La agrupación señala que dentro del documento -específicamente en la numeral cuarto- se hace referencia a “las mujeres queretanas”, cuando se trataba de una resolución que buscaron las organizaciones civiles de Cajeme hace dos años, en mayo de 2015, para salvaguardar la vida de las sonorenses. 

“Al respecto expresamos con extrañeza al concluir la lectura de ambos documentos que varias de las afirmaciones al parecer no corresponden al proceso de seguimiento que llevamos a cabo los organismos solicitantes de la AVG, mostrando irresponsabilidad e ilegalidad y poniendo en duda la veracidad de la resolución”, indican en el documento.  

Por lo que las comisionadas al seguimiento de la Alerta piden una audiencia con Segob e Inmujeres para poder conocer las razones de la negativa y deliberar la procedencia de la alerta considerando “la violencia extrema que asecha a las mujeres en Cajeme”. Cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora contabilizan 107 casos de feminicidio en la entidad en los dos años del proceso de la AVG (2015 a 2016). 

De inmediato, ese mismo día el director general adjunto de Asuntos Jurídicos, Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas de Segob, Francisco Esquinca Cuevas, respondió a través de un oficio sobre la corrección al error del documento expedido el 4 agosto por la instancia a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y sin dar mayor respuesta sobre la petición de la organización para que se vuelva a considerar decretar el mecanismo en Cajeme.  

Las promoventes de la AVG, recuerdan en el documento que el proceso estuvo lleno de obstáculos, motivo por el cual el pasado 7 de julio la ACEG presentó un juicio de amparo por la demora de Segob para dar una respuesta sobre la procedencia de la Alerta, y la prórroga de seis meses que otorgó al gobierno local en septiembre de 2016 para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo, porque la normativa de la AVG no especifica este tipo de decisiones. 

Sin embargo, señalan las firmantes de la carta, dentro del resolutivo de Segob, se describe que ya había considerado en septiembre del año pasado que no existían elementos para declarar el mecanismo en Cajeme, pero decidió esperar otros seis meses para ver avances por parte del Gobierno local, a pesar de que había concluido que las autoridades sólo acataron cinco de las 12  propuestas contenidos en el informe del grupo de expertas. 

Cajeme es el municipio de Sonora con el mayor porcentaje de violencia feminicida en la entidad, 19 por ciento de los casos registrados de 2015 a 2016 por el Observatorio (20 asesinatos en total, 10 cada año) se cometieron en dicha región.

El mismo día que la Secretaría de Gobernación dio la resolución final sobre la AVG para la localidad de Sonora, también publicó la negativa para los estados de Tlaxcala y Tabasco. 

La decisión de Segob también llevó a la doctora del Colegio de Sonora, Mercedes Zúñiga Elizalde, integrante del Grupo de Trabajo a renunciar a su puesto “por las múltiples irregularidades observadas en la última fase del procedimiento de discusión y toma de acuerdos”. 

17/HZM
 








ESTADOS
   También debe elaborar un Protocolo de identificación de víctimas de este delito
Gobierno de Tlaxcala obligado a crear Fiscalía Especializada para trata de personas
Imagen del portal Argentinaindymedia.org
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/08/2017

Por mandato de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), el gobierno de Tlaxcala deberá crear una Fiscalía Especializada para investigar la trata de personas y un Protocolo de identificación de las víctimas de este delito.

La Conavim ordenó lo anterior al gobierno del priísta Marco Antonio Mena Rodríguez a través de la resolución con la que dio respuesta a la solicitud que organizaciones civiles hicieron en agosto de 2016 para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por trata de personas y violencia sexual en la entidad, la cual fue rechazada el pasado 4 de agosto. El plazo para cumplir las recomendaciones es de seis meses.

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, afirmó la Conavim, deberá contar con Ministerios Públicos y policías ministeriales especializados. Además, el personal deberá investigar “con estricto apego al principio de debida diligencia”. 

Pese a que esta Fiscalía no existe en la entidad la Procuraduría General de Justicia local sí tiene una unidad de investigación especializada para la trata de personas que, según han denunciado organizaciones civiles, se caracteriza por realizar un trabajo ineficiente para atender a las víctimas.
 
Por ello, a través de un comunicado, esta medida y la creación del Protocolo de identificación de víctimas de trata fueron calificadas de “ambiguas” por la Red Retoño, el Colectivo Mujeres y Utopía y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). 

En cuanto al diseño e implementación del Protocolo las organizaciones denunciaron que, aun cuando desde hace años diversas asociaciones de la entidad lo han solicitado, actualmente dudan de su eficiencia. 

Esto porque la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, en lugar de investigar de inmediato la desaparición de las mujeres para descartar la trata como una posible causa, en la mayoría de los casos “decide encuadrarlas en secuestro”, deja transcurrir 72 horas antes de iniciar la búsqueda y reproduce constantemente estereotipos tales como afirmar “seguro se fue con el novio, se fue de pinta o por su propia voluntad”, mencionaron las organizaciones, quienes solicitaran de nueva cuenta la AVG para Tlaxcala, la próxima semana. 

En la entidad la trata de personas con fines de explotación sexual es un delito recurrente y suele quedar impune. De acuerdo a la Procuraduría estatal de 2011 a 2016 se abrieron 57 denuncias por este delito. Sin embargo, las organizaciones señalan que no hay certeza de las cifras verdaderas debido al subregistro y la carencia de una base de datos actualizada de este y otros delitos.

Por su parte, en 2016, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés informó que por cada 200 denuncias solo 13 derivan en sentencia condenatoria, es decir, el delito queda impune en 93.5 por ciento los casos. 

SIN NUEVAS PROPUESTAS

La Conavim también solicitó al Gobierno de Tlaxcala el diseño de una “política transversal de prevención, erradicación y sanción de la trata de personas” que considere las posibles rutas de movilidad de la trata de personas entre entidades federativas para instar a los estados a atender el problema.

Pese a que la propuesta parece ser novedosa, desde 2009 en la entidad está vigente la Ley para la Prevención de la Trata de Personas y contempla ya la prevención, erradicación y sanción del delito. Además, actualmente el Congreso del estado analiza una nueva propuesta de ley sobre el tema que fue presentada por el Ejecutivo local en mayo de este año. 

De igual forma, desde 2011, entró en función la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas que plantea la búsqueda inmediata de mujeres y niñas; como medidas preventivas establece la elaboración de campañas informativas sobre el delito en medios de comunicación y propone identificar el perfil de las víctimas y las zonas en donde es más recurrente que sean violentadas.

A ello se suma que las rutas de las redes de trata en Tlaxcala ya han sido señaladas en informes diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Organización de las Nacionales Unidas. 

Por ello las organizaciones afirmaron que los resolutivos de la Conavim “no fueron claros, ni suficientes para generar  un proceso serio de transformación para desactivar la problemática de violencia sexual y trata de personas con fines de explotación sexual” y recalcaron que no aprobar la AVG en el estado refleja la falta de voluntad por parte de los gobiernos federales y estatales para atender dichos delitos

17/MMAE
 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Se pidió en 2015 y ya hay más de 100 asesinatos
Sonora: con o sin AVG en Cajeme, urgen acciones contra feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/05/2017

Se active o no la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, Sonora, solicitada desde hace dos años, el gobierno de Claudia Pavlovich debe generar acciones de emergencia contra la violencia de género, afirmó la coordinadora de la Red Feminista Sonorense AC, Leticia Burgos Ochoa.
 
Esto es urgente, señaló Burgos, porque la violencia feminicida, desde que se pidió la AVG, no cesa: 107 casos de feminicidio de 2015 a 2016, 20 de los cuales se cometieron e Cajeme, según el  Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora.  
  
La solicitud para la AVG en Cajeme fue presentada el 25 de mayo de 2015 por la agrupación Alternativa Cultural por la Equidad de Género, ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y un mes después fue remitida a la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que la aceptó en junio del mismo año.
 
Luego se conformó el Grupo de Trabajo que inició la investigación y  emitió en noviembre de 2015 su informe con 12 recomendaciones para el gobierno estatal, para ser ejecutadas en un periodo de 6 seis meses a partir de diciembre.
 
Sin embargo, el Gobierno estatal pidió y se le concedieron seis meses más de prórroga para aplicar dichas recomendaciones, lo que  generó el reclamo de consejeras sociales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), pues viola la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), porque las acciones “han sido marcadamente insuficientes” y no cesa la violencia feminicida: desde entonces han sido asesinadas 11 mujeres. 
 
La decisión sobre la AVG para Cajeme será anunciada en los próximos días por la Secretaría de Gobernación (Segob), pero sea cual la respuesta, la posición de la Red ante la Conavim, dependiente de la Segob, quedó clara en la reunión que tuvieron el 20 de abril en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme: exigir acciones, informó en entrevista telefónica Burgos Ochoa
 
En esta reunión, informó Burgos, el Grupo de Trabajo debería de haber dado su dictamen sobre emitir o no la alerta, pero no fue así y solo dijo que se reuniría en los próximos días, sin dar una fecha exacta, para discutir sobre la declaratoria y remitir la información a la Segob, encargada de dar el fallo correspondiente.
 
El Grupo presentó a Conavim un “informe sombra” con 13 apartados sobre el seguimiento que dan a la AVG desde que la solicitaron y que contienen: antecedentes de violencia de género, observación a las acciones del Gobierno estatal y propuestas para prevenir la violencia contra las sonorenses.
 
INACEPTABLE DILACIÓN DEL GOBIERNO
 
Entre las recomendaciones del Grupo de Trabajo, estaban: crear un sistema de información sobre violencia de género, fortalecer las instancias públicas para la mujer; elaborar protocolos especializados para investigar casos de feminicidio y desaparición de mujeres; impartir capacitaciones para funcionarios; y crear campañas y programas para prevenir y erradicar la violencia contra las sonorenses.
 
El 1 de junio de 2016 el Gobierno estatal remitió a la Conavim la información sobre la implementación de las propuestas, donde solo cumplió 5 del total, por lo que Segob extendió a 6 meses más el plazo para terminar de cumplirlas, pues el tiempo “no era suficiente”, determinó.
 
La coordinadora de la Red, Leticia Burgos, indicó que es “inaceptable” la espera de 2 años, y dijo en este tiempo el gobierno local no ha implementado acciones contundentes ante la violencia contra las sonorenses, que no acaba.
 
VIOLENCIA DOCUMENTADA
 
De acuerdo con el seguimiento hemerográfico de la Red Feminista Sonorense, desde el momento en que se otorgó la prórroga para cumplir con las recomendaciones, hasta mayo de 2017, ocurrieron 11 casos de feminicidio en Sonora; 6 muertes de mujeres calificados como suicidio; un intento de feminicidio y la desaparición de una mujer adulta.
 
El reporte que brindó la Red a esta agencia y que fue entregado al personal de Conavim en la reunión de ayer indica que estos casos se concentraron en la localidad de Ciudad Obregón y en los municipios del Valle del Yaqui, Bacúm y Benito Juárez.
 
Explicó Burgos que los funcionarios de Conavim “no tenían conocimiento detallado de hechos concretos de feminicidio porque la autoridad no reconoce este tipo de violencia”. Pero ante las cifras, los presentes en la reunión coincidieron y aceptaron que existía un problema de violencia contra las mujeres en la entidad y “había mucho por hacer”.
 
Además, aseveró, existe un sub-registro, pues esta es la información que recuperan a través de los medios de comunicación locales. Pero tiene conocimiento de otros casos no mediáticos que acompañan agrupaciones civiles de la entidad.
 
La directora de la Red Sonorense dijo que si bien la solicitud de la AVG se pidió sólo para Cajeme, será responsabilidad de las autoridades determinarla en otras localidades, porque también se observa un patrón de violencia feminicida muy alto.
 
SE UNEN CONSEJERAS DE INMUJERES
 
Al llamado para exigir la declaración de la Alerta, se unieron las Consejeras Sociales de Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), quienes a través de un comunicado exigieron la inmediata aplicación del mecanismo, y condenaron la prórroga que otorgó Segob al Gobierno sonorense, pues “viola la norma vigente, establecida en el Artículo 38 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal cumpla con las observaciones del grupo de trabajo”. 
 
“Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora, para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia”, afirmaron las firmantes del Consejo; Rosa Verónica Terrazas Aragonez, Raquel Arely Torres Mirnado, Magaly Reyes Chávez, Claudia María Vélez Londoño, María Dores Ybone Candilla Echeverría; Natalia Reyes Andrade, Enma Obrador Garrido; Marigarita Camacho Rodríguez; Violeta Lagunes Viveros; Ofelia Torres, Diana Ibarra Soto y Luordes Elizabeth Murgía Ferreira.
 
Al concluir la reunión con Conavim, integrantes de la Red se manifestaron enfrente al Palacio Municipal de Cajeme para mantener y visibilizar la exigencia. “Esperamos que la deliberación de Segob sea apegada a las exigencias y el contexto que vivimos de zozobra y falta de paz social en la localidad, bajo esta idea se debe declarar la alerta”, concluyó Burgos.
 
17/HZM/GG








OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA
Promotor del feminicidio cantará en la ExpoGan Sonora
Imagen retomada del portal saeso.es
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 10/05/2017

Hace un año, el 3 de mayo de 2016 solicitamos directamente al comité organizador de la ExpoGan Sonora la cancelación del concierto de Gerardo Ortiz en el palenque de dicha fiesta popular. La presentación estaba programada para el 4 de mayo, un día posterior a nuestra petición.
 
Fue el licenciado Rubén Molina, en su calidad de Secretario del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), quien nos atendió y explicó que si bien esa presentación no se podía cancelar por cuestiones legales del compromiso contractual, sí lo analizarían para el 2017.
 
Expuso que aunque no son los organizadores del palenque, sí están en posibilidad de reservarse a quién y en qué condiciones lo rentan. Abundó en el carácter familiar de la ExpoGan, y cómo el nuevo consejo directivo encabezado por el licenciado Héctor Platt Martínez pretendía preservarlo.
 
A la vez, como Observatorio Feminista Clara Zetkin, planteamos la necesidad de que ante la imparable violencia contra las mujeres, se pusiera especial atención al compromiso como empresa socialmente responsable y no contribuir a promover la violencia de género y el feminicidio.
 
En ese tenor ofreció que para la próxima edición -2017- darían la facilidad para revisar conjuntamente con las mujeres de la sociedad civil la oferta artística que se incluiría en el palenque.
 
Nada ocurrió después, o más bien sí. La edición 2017 llegó y el próximo 15 de mayo Gerardo Ortiz se presentará en Hermosillo. En sus canciones es promotor de la violencia contra las mujeres, los celos como justificación para ésta, el feminicidio como castigo a la infidelidad. El cantante volverá, no obstante estar vetado en otros estados y en los palenques más famosos del país.
 
Las investigaciones judiciales que lo relacionan con actividades ilícitas pesaron para ese “castigo” del público, pero sobre todo pesaron más las decisiones de las autoridades encargadas de otorgar los permisos, ya que verse como facilitadores de la promoción de cantantes sujetos a investigaciones de esa naturaleza fue lo que realmente pesó para la suspensión.
 
Pero en Sonora, Ortiz tiene la puerta abierta, de nuevo fue contratado y la Unión Ganadera Regional de Sonora es la facilitadora. Pero no solo esa agrupación es la responsable.
 
Ninguna autoridad ha reparado en que la poca o mucha inversión que se haga en prevenir y atender la violencia contra las mujeres es inútil si por otra parte tenemos la escuela de la música popular “regional” que echa abajo cualquier esfuerzo.
 
Vale la pena recordar lo que exponíamos en nuestro comunicado, acerca de los motivos para la cancelación de los conciertos que Ortiz realizaría en Zapopan, Jalisco, Puebla y en la Feria de San Marcos en Aguascalientes:
 
a) La promoción de la más grave violación a los derechos humanos de las mujeres, el feminicidio, en una de sus canciones llevada al videoclip, con la participación de él mismo como protagonista, hombre que asesina a una mujer, para castigarla por haber tenido una conducta con la que él no está de acuerdo.
 
b) La apología del delito -en este caso del feminicidio- hecha por el cantante, es una conducta que constituye un delito vigente en el Código Penal federal y de Sonora.
 
b) La investigación que se realiza con respecto del uso de patrullas y elementos policiacos de Zapopan, así como la grabación  del video en una casa sujeta a investigación judicial.
 
Decíamos también que la sociedad en su conjunto debería estar comprometida a unirse en la lucha por una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas y, en la medida de lo posible, combatir la violencia de género impidiendo que se normalice.
 
Asentamos entonces que ni el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM) ni alguna otra dependencia encargada de velar por los derechos humanos de las mujeres se había manifestado al respecto.
 
En este 2017, como en 2016, estamos cerca del plazo para que se anuncie si se declara o no la Alerta de Género para el municipio de Cajeme, al haberse vencido el término a la prórroga para cumplir las doce recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). 
 
Pero Gerardo vendrá a cantarnos a Hermosillo como recordatorio de que no hay un plan de prevención que nos haga copartícipes del compromiso por una vida libre de violencia contra las mujeres.
 
En Sonora la violencia de género y el feminicidio tienen permiso, se toleran, se les da la bienvenida a canciones “románticas” que la promueven, mientras se imparten talleres de nuevas masculinidades. Lo tejido se desteje en un concierto. Seguimos viviendo la contradicción.
 
Inversión en recursos y trabajo estratégico para atender desde el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres, pero se nos cuela la promoción de la propia violencia de género, enseñando que es normal, disfrutándolo.
 
Las mujeres de la sociedad civil ya nos manifestamos. Queremos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en Sonora, eso incluye los conciertos musicales abiertos al público general.
 
Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich; directora del ISM, Blanca Saldaña; alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, directora de atención municipal de la mujer en Hermosillo, Xochitl Sánchez, esperamos sus pronunciamientos. 
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG








VIOLENCIA
   ONG se reunió con Conavim y Senado
Piden AVG para Guerrero y no validar “acciones simuladas”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/03/2017

La Asociación Guerrero contra la Violencia hacia las Mujeres pidió a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y a la Comisión de Igualdad del Senado de la República que se apruebe la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Guerrero y que no se validen las “acciones simuladas” del gobierno estatal para evitar dicha alerta.
 
La presidenta de la Asociación Guerrero contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, se reunió ayer con la comisionada de la Conavim, Alejandra Negrete Morayta, y con la presidenta de la Comisión de Igualdad, senadora Diva Gastélum Bajo, para dar un informe alterno al que el gobierno guerrerense presentará el 12 de marzo sobre el contexto de violencia de género en la entidad y para solicitar que no se retrase la implementación de la AVG, pedida desde junio de 2016 para ocho municipios de Guerrero.
 
La AVG es un mecanismo establecido en la Ley General  de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que las entidades pueden solicitar ante contextos de emergencia de violencia de género.
 
La Alerta se solicitó para los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Tlapa, Ayutla, Ometepec y Coyuca de Catalán, por el contexto de violencia que enfrentan las mujeres.
 
El gobierno guerrerense, encabezado por el priista Héctor Astudillo Flores, se comprometió a implementar en agosto de 2016 las recomendaciones emitidas por la Comisión, luego de ser solicitadas por la Alianza Feminista de Guerrero. De no  ejecutarse en seis meses las recomendaciones, señala la ley, derivarán en el decreto de la AVG por parte de la Secretaría de Gobernación.
 
ACCIONES SIMULADAS
 
Reyna Aguilar dijo en entrevista para Cimacnoticias que una de las principales preocupaciones de la Alianza Feminista de Guerrero, integrada por 26 organizaciones civiles que defienden los derechos de las mujeres, es que se consideren eficientes las “acciones simuladas” implementadas por el gobierno guerrerense tras las recomendaciones de la Conavim.
 
Puso como ejemplo una campaña para prevenir la violencia hacia las mujeres que terminará el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, “cuando este tipo de medidas deberían ser permanentes”.

Reyna Aguilar aseguró que la intención del gobierno de Guerrero es que “no se declare la alerta porque las y los funcionarios la ven como un obstáculo político más que como una oportunidad para erradicar la violencia contra las mujeres en el estado”.
 
LAS MUERTAS NO SE VEN
 
Según la investigación “Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios”, elaborada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, de 2012 a mediados de 2016, en Guerrero fueron asesinadas 936 mujeres, sin embargo, sólo 50 casos se tipificaron como feminicidio. Mientras que en 2015 la Procuraduría de Justicia de la entidad registró 130 de mujeres, cifra que contrasta con un recuento hemerográfico contenido en la investigación, en donde se identificaron 162 casos, 73 por ciento de ellos ejecutados con violencia extrema.
 
Además, datos del Observatorio de Violencia Feminicida Hanna muestran que entre 2003 y 2015 en Guerrero ocurrieron  mil 467 homicidios dolosos de mujeres.
 
FALTA VOLUNTAD ESTATAL
 
Reyna Aguilar dijo que se espera la aprobación de la Alerta porque en Guerrero no se aplica de manera eficiente un programa estatal que erradique la violencia.
 
Denunció la falta de voluntad estatal para cambiar la situación, misma que se refleja en la falta de un banco de datos en donde se registren los números de casos de feminicidio. “Los sistemas municipales no están funcionando y el contexto de violencia hacia las mujeres prevalece”, añadió.
 
La defensora de los derechos de las mujeres dijo que la Alianza Feminista de Guerrero solicitó participar en las mesas interinstitucionales que el gobierno del estado ha realizado para responder a las solicitudes de la Conavim, sin embargo, no obtuvieron respuesta.

En los próximos meses el Gobierno federal responderá si la solicitud de la AVG fue aprobada, de ser así el gobierno de Guerrero tendrá que pronunciarse en un plazo de 10 días.
 
17/MMAE/GG








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