Por la vida y la libertad de las mujeres

Fin al feminicidio

 

-Día V- Juárez

 

Marcela Lagarde y de los Ríos

 

 

 

Mujeres venidas de distintos sitios, estados y países nos enlazamos hoy en Ciudad Juárez, en el DIA V promovido por Eve Ensler, Amnistía Internacional y un sinfín de redes de defensa de los derechos humanos, de mujeres y de feministas para alzar nuestras voces y unir nuestras fuerzas en la lucha para que termine la violencia.

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce 263 mujeres asesinadas y 4,500 desaparecidas en Ciudad Juárez y Chihuahua, aunque la Comisionada Guadalupe Morfin reconoce 326 y Amnistía Internacional 370. Cualquiera que sea la cifra y cualquier tipo de crimen y desaparición, sólo ha sido posible llegar a ese grado de violencia de género contra las mujeres por la impunidad de los delincuentes y la negligencia, omisión y complicidad de las autoridades.

 

Venimos a exigir  justicia en los crímenes y las desapariciones de niñas y mujeres y el fin de la impunidad originada en el contubernio entre delincuentes ocasionales y profesionales, policías y funcionarios.

 

En el innombrable y doloroso proceso de una década marcada por la violencia de género contra las mujeres resalta la construcción de la convivencia pacífica en un entorno amenazante, de fractura de los derechos humanos y de ingobernabilidad.

 

La única forma de lograr la intervención del Ejecutivo ha sido con la perseverancia y las certezas de que la razón nos asiste y la justicia es un bien exigible y una condición fundante del estado de derecho.

 

El Ejecutivo ha iniciado su intervención demasiado tarde.

 

Sin embargo, la presencia de Guadalupe Morfín Otero, como su comisionada, a partir del 3 de noviembre de 2003, es por demás alentadora  por su solvencia ética, su destacada defensa de los derechos humanos, su compromiso de contribuir al seguimiento de las investigaciones y al enlace de los tres niveles de gobierno en su intervención, así como por el enfoque integral de género que guía su análisis.

 

Con un mandato que exige reconstituir el tejido social, el acceso de las víctimas a una justicia integral en sus componentes de investigación y sanción de los responsables, reparación del daño, adopción de medidas de no repetición y garantía del derecho a saber la verdad.

 

Finalmente, la creación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) de una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, es alentadora. El nombramiento de María López Urbina, como Fiscal Especial y su compromiso de que: “esta vez no nos detendrán”, puede deparar la conjugación, por fin, del tejido institucional en el Estado que permita enfrentar la oprobiosa violencia de género contra las niñas y las mujeres en nuestro país.

 

Con todo, sin recursos suficientes su intervención enfrenta dificultades que sólo pueden resolverse con el compromiso político que evidencíe una clara posición gubernamental a favor del reclamo civil e institucional nacional e internacional.

 

Estas últimas buenas noticias tienen una larga y azarosa historia de la cual sólo menciono algunos puntos culminantes antecedidos de incontables esfuerzos vitales y políticos:

 

Tomo el 15 de mayo de 1998 como un hito en la búsqueda por detener los crímenes oprobiosos contra las mujeres con la recomendación de Mireille Roccatti Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para atender las denuncias y proceder a investigar y resolver los crímenes y las desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez.

 

El 25 de noviembre de 1999 Asma Jahangir Relatora Especial sobre las Ejecuciones Sumarias Arbitrarias de la ONU en su Informe Derechos Civiles y Políticos, en particular las cuestiones de las desapariciones y las ejecuciones sumarias, aunque no hizo ninguna recomendación específica sobre Juárez, sí observó que “al descuidar deliberadamente la protección de las vidas de los ciudadanos por razón de su sexo había provocado una sensación de inseguridad en muchas de las mujeres de Ciudad Juárez, con lo que, indirectamente, se logró que los autores de esos delitos quedaran impunes… Por lo tanto, los sucesos de Ciudad Juárez son el típico ejemplo de delito sexista favorecido por la impunidad”[1]. Asma Jahangir trasladó el caso a la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer.

 

El 8 de noviembre de 2001 fue aprobada por la LVIII Legislatura la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez.

 

El 24 de enero de 2002 Dato Param Coomaraswamy, Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y los Abogados de la ONU, además de recomendar investigar a fondo los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez aún no resueltos y llevar a sus autores ante la justicia, mejorar la impartición de justicia y el acceso de las mujeres a ella, de manera contundente recomendó la formación a la policía y a los fiscales sobre el trato a las víctimas de la violencia sexual.

 

En el 2002 fue creado el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHIMU) para promover y difundir los derechos de la mujer y realizar acciones para la sensibilización social sobre los homicidios en Ciudad Juárez.

 

En marzo del 2003 la Relatora Especial de los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marta Altolaguirre subrayó que “…cuando una violación de derechos humanos es el resultado de un acto clasificado como criminal, la víctima tiene derecho a que el Estado lleve a cabo una investigación judicial realizada seriamente con los medios a su alcance a fin de procesar y castigar a los responsables”[2].

 

El 11 de agosto del 2003 Irene Khan Relatora Especial de Amnistía Internacional, en su informe “Muertes Intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua” hizo varias recomendaciones: investigar y condenar las desapariciones de mujeres, sancionar a los responsables con todas las garantías del debido proceso, brindar reparación y apoyo a las víctimas y a sus familiares y prevenir la violencia contra las mujeres.

 

En noviembre de 2003 Patricia Olamendi, Subsecretaria para Temas Globales, presentó el Documento sobre las Desapariciones y Homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, en él hace un resumen de la situación y concluye que “el gobierno de México reconoce el problema de los homicidios y las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y le da prioridad a su atención y a la búsqueda de soluciones que lo erradiquen. Ambos fenómenos son resultado de deficiencias en la procuración de justicia y de la convergencia de diversas causas de índole social que deben ser abordadas mediante acciones integrales. Por ello, la cooperación intergubernamental e internacional para el esclarecimiento de estos crímenes resulta de gran importancia”[3].

 

El 27 de noviembre de 2003 en el Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los casos de homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, el Ombudsman José Luis Soberanes propuso al gobierno federal fortalecer la asistencia de la PGR a la Procuraduría General del Estado de Chihuahua, así como la participación de la Conferencia Nacional de Procuradores, parte integral del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la elaboración de un registro nacional de personas desaparecidas.

 

El Ombudsman propuso también a los distintos niveles de gobierno deslindar responsabilidades de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, replantear la labor de la Fiscalía Especial en el municipio de Ciudad Juárez. Solicitó presupuesto para poner en práctica un programa específico de Seguridad Pública con personal calificado y requirió informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales. Un punto relevante está en la reparación del daño a los familiares de las víctimas.

 

En noviembre del 2003, la Comisión de Expertos Internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó su Informe sobre la Misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. En él sostiene que: “Teniendo en cuenta la tragedia familiar y social que ya representa un solo homicidio, es la incapacidad relativa del Estado de resolver de manera adecuada lo que ha llevado a una Comisión de Expertos de la ONU a ser invitada por el gobierno federal de México”[4]. Con ello, subraya uno de los elementos fundamentales del feminicidio: la incapacidad del Estado y la omisión de investigar, procesar y castigar a los perpetradores. Y añade: “Lo que hace excepcional el caso de Ciudad Juárez es la propia gravedad del fenómeno criminal de los homicidios de mujeres. La extraordinaria importancia en cuanto al número de víctimas, su sucesión temporal a lo largo de una década, la gravedad intrínseca a cada uno de los crímenes y la complejidad de la investigación requerida, han puesto a prueba un sistema, de por sí insuficiente, que ha sido desbordado por un desafío criminal para el que no estaba preparado, dando lugar a un colapso institucional que ha determinado la impunidad generalizada de los responsables de los crímenes...” Sin embargo, aprecian “señales inequívocas de mejoría en las últimas investigaciones” [5].

 

El 8 de diciembre del 2003, en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, el relator de la ONU, Anders Kompass, apoyado en el trabajo impecable de Clara Jusidman, Sergio Aguayo, Isidro Cisneros y Miguel Sarre, hizo un exhorto al gobierno de nuestro país a utilizar “todos los recursos disponibles” para investigar los asesinatos y las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, así como para procesar a los autores. Quiero destacar que en su enfoque consideró fundamental “eliminar la discriminación contra las mujeres en sus derechos económicos, sociales y culturales”, así como asegurar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, “promover el establecimiento de programas, instituciones y servicios para prevenir, atender y eliminar la violencia sistémica de género”. No omitió desde luego “fortalecer los mecanismos públicos responsables de promover la equidad de género”[6].

 

El 20 de enero del 2004, en el Foro Social Mundial de Bombay, la Premio Nóbel de la Paz iraní Shirin Ebadi exigió que la Corte Penal Internacional, símbolo de los esfuerzos por globalizar la justicia al proteger los derechos humanos de las personas por encima de los límites de los Estados, atienda los casos de violencia de género contra las mujeres. Y eso para nosotras será fundamental.

 

 

Fin al feminicidio

A lo largo del siglo XX millones de mujeres abrimos espacios, creamos oportunidades y participamos en los más diversos ámbitos de la sociedad, la cultura y la política. Mujeres de distintos países damos vida a la cultura feminista al denunciar la opresión de género y crear una conciencia crítica sobre la condición de las mujeres, así como normas y prácticas sociales  modernas y democráticas. Nombramos y definimos la discriminación, la marginación, la explotación y la enajenación genéricas, enfrentamos la falsa creencia sobre  la  inevitabilidad de la violencia, la sacamos del encierro y el silencio, del tabú y la complicidad.

 

La violencia de género ya es percibida como un atentado a los derechos humanos de las mujeres y  uno de los  más graves problemas sociales y de urgente atención. Sabemos que no es natural:  la violencia  se incuba en la sociedad y en el Estado debido a la inequidad genérica patriarcal.

 

La violencia de género es un mecanismo político cuyo fin es mantener a las mujeres en desventaja y desigualdad en el mundo y en las relaciones con los hombres, permite excluir a las mujeres del acceso a bienes, recursos y  oportunidades; contribuye a desvalorizar, denigrar y amedrentar a las mujeres y reproduce el dominio patriarcal.

 

La violencia de género contra las mujeres y entre los hombres recrea la supremacía de género de los hombres sobre las mujeres y les da poderes extraordinarios en la sociedad.

 

Desde una perspectiva feminista colocamos la violencia de género como un problema político en el mundo. A través de investigaciones científicas, diferenciamos las formas de  violencia, erradicamos conceptos misóginos no científicos como el de crimen pasional y  definimos jurídicamente la violencia sexual -la violación, el estupro, el incesto, el acoso-, la violencia conyugal y familiar, la  callejera, y otras formas de violencia de género: laboral, patrimonial, psicológica,  intelectual, simbólica, lingüística, económica, jurídica y política.

 

En México, la mayoría de las mujeres vivimos alguna forma de violencia de género, y muchas mujeres viven además, violencia de clase, racista, religiosa, judicial y política.

 

Mujeres y hombres concientes impulsamos acciones y creamos instituciones para  erradicar la violencia. En pos de eliminar de nuestras mentalidades y de la sociedad el machismo y la misoginia, así como las relaciones patriarcales,  formamos especialistas en género en las ciencias sociales y políticas,  en los ámbitos jurídico y judicial y  de la salud integral para atender a las víctimas de la violencia, incluso a los violentos.

 

Nos falta mucho más.

 

Hoy venimos a hablar de la violencia prevenible y evitable desde la perspectiva de la vida y la libertad de las mujeres, como el paradigma que nos alienta.

 

El derecho a la vida de las mujeres es expropiado cuando no sólo no se resuelve cada crimen contra las mujeres asesinadas ni la desaparición de centenares, sino que, además de Juárez, Chihuahua y otras ciudades del Estado, en  Jalisco, Guanajuato, Coahuila, El Distrito Federal y el Estado de México, el feminicidio se presenta también.

 

El feminicidio ha trascendido nuestras fronteras porque con legítima desesperación se ha recurrido a organismos internacionales como Amnistía Internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a congresistas y organizaciones  de los Estados Unidos y de otros países,  y se han pronunciado al respecto dos parlamentos del Estado español, el Parlamento de Andalucía y  el Congreso de los Diputados. Pronto, lo hará el Parlamento Europeo y los parlamentos de los países miembros. ¿Cuándo lo hará el Congreso mexicano?.

 

¿Qué es el feminicidio?

Es preciso aclarar que hay feminicidio en condiciones de guerra y de paz.

La categoría feminicidio es parte del bagaje teórico feminista. Sus sintetizadoras son Diana Russell y Jill Radford. Su texto es Femicide. The politics of woman killing [7].

 

La traducción de  femicide es femicidio. Sin embargo, traduje femicide como feminicidio y así la he difundido. En castellano femicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo significa asesinato de mujeres. Por eso para diferenciarlo preferí la voz feminicidio y denominar así al conjunto de hechos de lesa humanidad que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres.

 

El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales: los hay seriales e individuales, algunos son cometidos por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y  por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y deshechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres.

 

Para que se de el feminicidio concurren de manera criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Por eso el feminicidio es  un crimen de Estado

 

El feminicidio se conforma por el ambiente ideológico y social de machismo y  misoginia, de  violencia normalizada contra las mujeres, y por ausencias legales y de políticas de gobierno lo que genera condiciones de convivencia insegura para las mujeres, pone en riesgo la vida y favorece el conjunto de crímenes que exigimos esclarecer y eliminar.

 

Contribuyen al feminicidio el silencio social, la desatención, la idea de que hay problemas más urgentes, y la vergüenza y el enojo que no conminan a transformar las cosas sino a disminuir el hecho y demostrar que no son tantas “las muertas”.

 

Exigencias

Exigimos que los gobiernos de las entidades federativas como el Distrito Federal, Coahuila, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México, donde se reporta este hecho deleznable, realicen lo conducente para esclarecer los hechos conforme a la ley y eliminar las condiciones que lo propician.

 

Exigimos el cese de informaciones y cifras distintas y el discurso que pretende minimizar los hechos por parte de los representantes del Estado en foros nacionales e internacionales: crean confusión, aumenta la desconfianza de la ciudadanía en el gobierno y el descrédito de las autoridades y se alienta la impunidad.

 

Exigimos investigaciones profesionales y científicas con perspectiva de género, respuestas transparentes y verídicas y procesos de justicia certera. Si el Estado falla, la delincuencia prolifera y el feminicidio no llega a su fin. La Constitución asigna al Estado el deber de preservar la seguridad de las personas y las comunidades. Exigimos que el Estado mexicano garantice la justicia en cada caso, la atención  a las víctimas y el respeto a sus derechos, así como la seguridad y la vida de las mujeres.

 

Exigimos  la ejecución de políticas públicas que erradiquen la desigualdad y la inequidad de género y creen condiciones para una convivencia igualitaria y equitativa entre mujeres y hombres. Exigimos al sistema educativo nacional y a los medios de comunicación que favorezcan una cultura de valoración y  respeto de los derechos humanos de las mujeres, en particular, el derecho a vivir una vida sin miedo y sin violencia.

 

Exigimos que los culpables sean presentados ante la ley. Que se finquen responsabilidades a las funcionarias y los funcionarios que por acción u omisión han contribuido a la impunidad de los criminales y con ello han creado las condiciones propicias para la reproducción de los delitos y la normalización de la violencia contra las mujeres.

 

Exigimos el fin de la persecución, las amenazas y el acoso a las y los familiares de las víctimas, a sus defensores y las organizaciones civiles, así como el fin de la tortura y el maltrato a presuntos culpables y sus familiares.

 

Exigimos el fin de la manipulación de las personas deudas de las víctimas por parte de instituciones y organismos, y un trato equitativo tanto en su atención, como en la reparación del daño, así como un compromiso de los tres niveles de gobierno consistente en acciones públicas que aseguren su desarrollo y el de sus familias.

 

No obstante, si las instituciones del Estado no responden a los reclamos sociales de promover cambios estructurales de género, continuará la violencia contra las mujeres y, desde luego, la violencia mafiosa entre hombres.

 

Urgen políticas públicas basadas en la construcción de la ciudadanía plena de las niñas y las mujeres. En el siglo XXI esto significa construir los derechos humanos de las mujeres desde todas las instituciones educativas, de salud y de justicia, así como desde la enconomía, la política y la cultura.

 

Exigimos un pacto por el adelanto de las mujeres y por la igualdad y la equidad entre los géneros. Se trata de un pacto entre el Estado y las mujeres para abolir todas las formas de opresión y la violencia de género y, además para reparar los daños y hacer justicia a las mujeres.

 

Se trata de un pacto por la democracia genérica que promueva el respeto irrestricto a la vida y las libertades de las mujeres, a la dignidad e integridad de las mujeres y al conjunto de derechos humanos que, desde la Conferencia Mundial de Viena, consideran a las mujeres y los hombres iguales entre sí, no como idénticos, sino como equivalentes.

 

Mientras no logremos que en las mentalidades de mujeres y hombres, en su convivencia, en las leyes, la economía, la política y la convivencia social privada y pública prevalezcan como valores éticos los principios de igualdad, equivalencia e isonomía, no habrá respeto a la condición humana de las mujeres y prevalecerán el machismo y la misoginia. Mientras instituciones y particulares escatimen derechos y libertades y cualquiera se sienta con legitimidad para usurpar a las mujeres el derecho a decidir, o decida que las mujeres somos cosas, objetos sexuales, laborales, estéticos o pornográficos, se reproducirán las condiciones que hacen del ser mujer, un riesgo para las salud y la vida.

 

Si los prejuicios misóginos de cualquier institución religiosa tienen peso en el Estado, no sólo se elimina el laicismo que nos ha permitido transitar como nación, sino que de hecho se anula la ciudadanía de las mujeres. Y, si los prejuicios y la ignorancia expropian nuestros derechos sexuales y reproductivos al negar el acceso a la contracepción, el condón, la píldora del día siguiente y todos los recursos necesarios, así como a una educación sexual científica,  la integridad y la vida de las mujeres están en riesgo.

 

Si las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres continúan marcadas por los bajos salarios y la desigualdad salarial, por la inexistencia de servicios de apoyo para las madres trabajadoras, por la falta de derechos y de organización sindical representativa, se incrementará la desvalorización social de las mujeres y aumentará el riesgo de ser víctimas de la violencia de género.

 

Feminicidio y democracia

De manera contradictoria, el feminicidio ha marcado el incipiente proceso democratizador de las condiciones de género, los avances de las mujeres y la transformación equitativa de las relaciones entre mujeres y hombres, que durante décadas hemos construido los movimientos de mujeres y feministas, y que han impulsado millones de mujeres anónimas en sus espacios de vida. También ha sido dañada la democracia como modo de convivencia social y la reforma democrática del Estado.

 

 A partir de la mitad del siglo XX las democracias se caracterizaron por impulsar profundas reformas para mejorar la educación, la salud, el trabajo,  el empleo y el ingreso de las mujeres con miras a transformar la calidad de la vida. Es evidente que las sociedades profundizan la democracia, al  reconocer los derechos y el avance en la participación social, cultural y política de las mujeres. Asimismo, las sociedades que han alcanzado mayores niveles de sustentabilidad y avances en el desarrollo lo han logrado  con la participación de las mujeres en las actividades y acciones fundamentales, por haber promovido que el desarrollo favorezca la modernización democrática de las mujeres y los hombres, y por haber impulsado el desarrollo de las mujeres mismas. Con ello, además, se ha disminuido la brecha de género  entre mujeres y hombres.

 

Por eso es preciso que seamos concientes de que para erradicar el feminicidio de nuestras tierras precisamos desmontar procesos complejos que lo nutren tales como el tráfico de mujeres, la prostitución, la pornografía y cualquier forma de cosificación de las mujeres.

 

Si de veras nos comprometemos con la erradicación del feminicidio debemos enfrentar cualquier forma de secuestro y explotación sexual y de género de las mujeres, así como desmantelar el tráfico de drogas, armas y dinero. Poner fin a la tolerancia gubernamental y del Estado a las redes  delictivas, la existencia de las mafias y de sus prácticas sociales corruptas, ilegales y machistas que atentan contra la convivencia social pacífica y cosifican y deshechan a las mujeres.

 

El feminicidio se da por implicación de quienes deben procurar seguridad y justicia y no lo hacen, por eso ha afectado tanto la credibilidad como la eficacia del  Estado que se mostró incapaz durante una década de hacerse cargo de la seguridad de las mujeres y de promover nuestros derechos humanos. Por ello, la gran prueba del Estado mexicano está en Juárez, en Chihuahua y donde quiera que haya feminicidio.

 

Compromisos

En atención a las resoluciones de Belem Do Pará de 1994 y a las recomendaciones del relator especial de la ONU, las diputadas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) nos comprometemos “a lograr una legislación general sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia familiar, para igualar los derechos de las mujeres en todo el territorio nacional”.

 

Promoveremos la eliminación de los códigos penales de “todo lo que opere en detrimento de la protección de los derechos de las mujeres y de bienes jurídicos de gran valor social como la vida, la integridad física, emocional y sexual, y la libertad corporal, emocional, sexual y de tránsito”.

 

Desde luego propondremos la ineludible incorporación de los derechos humanos en nuestra Constitución y, en particular, de los derechos humanos de las mujeres, así como la sanción de los delitos de lesa humanidad, en los códigos penales.

 

Estamos trabajando en la conveniencia y necesidad de tipificar el delito de feminicidio. Para hacerlo recurro al delito de genocidio definido en el Artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y que a la letra dice: “es cualquiera de una serie de actos cuya comisión tiene por objeto la destrucción total o parcial de ciertos grupos de personas. Es esta intención lo que distingue el genocidio de otros crímenes de lesa humanidad”. Esta definición se considera parte del derecho internacional consuetudinario, por lo que es de obligado cumplimiento para todos los Estados hayan ratificado o no dicha Convención.

 

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional confiere a dicha Corte en el Artículo VI jurisdicción respecto del genocidio y señala que “son de su competencia delitos que se cometen con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso y que constituyen genocidio: la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, las medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

 

Es importante señalar que el genocidio cultural, el ecocidio y el feminicidio no están incluidos todavía en la definición del genocidio, sin embargo, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda sostuvo que la violación utilizada como método de destrucción de un grupo constituye genocidio. Dicho juicio y la exigencia de la Premio Nóbel de la Paz iraní Shirin Ebadi de que la Corte Penal Internacional intervenga en los casos de violencia contra las mujeres, se convierten en antecedentes muy importantes para tipificar el feminicidio.

 

La alternativa

Las acciones promovidas por todas y cada una de las personas, las organizaciones, las redes y las instituciones que han participado a lo largo de estos 10 años terribles se han entrelazado a veces sin que sus protagonistas tuvieran conciencia de ello y esto lo han hecho principalmente las mujeres.  Han roto el silencio y el aislamiento, han debido aprender nuevos lenguajes y han realizado viejos trámites en un aparato gubernamental obsoleto y corrupto. Se han asociado y han vencido rechazos y resistencias. Se han sobrepuesto a la impotencia por la ausencia de respuestas positivas, han aprendido a confiar en otras y otros y, al hacerlo, se han transformado ellas mismas; al participar en situaciones por demás tensas y conflictivas, han creado lazos de solidaridad y han dado muestras de sororidad, han creado agenda, discurso, interpretaciones y nuevos lenguajes para explicar el horror y han formulado iniciativas que se inscriben desde luego, en un gran cambio civilizatorio.

 

Ustedes han cambiado a Juárez, a Chihuahua, nos han cambiado a todas. Han rebasado a la anquilosada nación y, desde lo local, son ya parte del mundo global.

El oprobio de Juárez ha llegado a los organismos internacionales, ha interesado a mujeres de los más diversos confines, a parlamentos y gobiernos de otros países. El movimiento civil por erradicar el feminicidio ha hecho un corte con la dialéctica política patriarcal: no ha reclamado venganza, no se ha envilecido. Ante la impunidad ha convocado la justicia, ante el horror, la reparación del daño, ante el Estado cómplice, la construcción del Estado democrático del siglo XXI que requerimos. Ante el dolor, ha tocado todas las puertas y reeducado las conciencias. Por eso este movimiento es la superación más elocuente del viejo país, de sus prácticas hostiles creadoras de víctimas.

 

Lo que ustedes y quienes no están aquí han hecho es convertir a Juárez a Chihuahua, en el sitio de la innovación, en el Aleph del mundo en el que queremos vivir. Aquí se amasan nuevas conciencias y una ética ciudadana, al enunciar las nuevas relaciones entre mujeres y hombres basadas en el respeto y la equidad, sus mejores gentes las construyen aquí y en otras latitudes. En este territorio se pugna por afirmar la condición humana de las mujeres, el más grande anhelo de las mujeres en la modernidad. Ustedes fertilizan un mundo en el que las mujeres habitemos sin miedo y con libertades.

 

En esta causa democrática todos los esfuerzos, las acciones, la participación, las organizaciones y las personas han sido fundamentales. Con distintos lenguajes y recursos y a través de caminos diversos todas han contribuido de manera valiosa y legítima a que, por primera vez, sea posible desentrañar el horror y encontrar las alternativas. Sin embargo, es preciso que otros actores sociales y políticos participen para construir lo que sigue y lograr que en nuestro país  la consigna “ni una más”, sea una realidad.

 

Llamamos, entre otras, a las instituciones universitarias de educación superior, a las instituciones colegiadas de profesionistas, mujeres y hombres, a especialistas en derecho, comunicación, salud, ciencias sociales y filosofía a que se sumen a la causa por la verdad y la justicia. Llamamos, desde luego, a todos los partidos políticos, a diversas organizaciones de la sociedad civil y a instituciones públicas de todo el país a asumir una posición propositiva para crear soluciones y contribuir al compromiso en defensa de la vida de las mujeres.

 

Quiero recordar la reflexión sobre la democracia de María Zambrano,   filósofa española transterrada en México: “la democracia… es la sociedad en la cual no sólo es permitido, sino exigido, el ser persona…” Y “ser persona es ser individual, lo que además insinúa en la mente algo de positivo, algo irreductible por positivo. Por ser un <más>; no una diferencia, solamente”.

 

Erradicar la violencia de género contra las mujeres y el feminicidio es un paso imprescindible para transitar a la democracia del siglo XXI.

 

Construimos una nación democrática que asegure la vida y las libertades de las niñas y las mujeres para que en México, en voz de María Zambrano, la condición democrática de persona sea la condición de las mujeres todas.

 

 

 

 

 

 

 

Febrero de 2004



[1] Informe de la Relatora Especial Asma Jahangir, “Derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones de las desapariciones y las ejecuciones sumarias”, 25 de noviembre de 1999, párrafo 89, E/CN.4/2000/3/Add.3. 

[2] Informe de la Relatora Especial para los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Martha Altolaguirre, “Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación”, marzo 2003, párrafo 132.

[3] Documento sobre las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentado por Patricia Olamendi, Secretaría de Relaciones Exteriores, noviembre 2003, p. 7.

[4] Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre la Misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, noviembre 2003, p. 2. 

[5] Ibid., pp. 9-10

[6] Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, Organización de las Naciones Unidas, 2003,  Recomendaciones p. VIII.

[7] Jill Radford and Diana E. H. Russel, Femicide, The Politics of Woman Killing, Twayne Publishers, New York, 1992.