ESTADOS
POLÍTICA
   Presididas por mujeres 14 de 38 alcaldías
Congreso de Coahuila, por primera vez, más mujeres que hombres
Imagen retomada del facebook del Congreso de Coahuila | Imagen Mario Meza López
Por: Sofía Noriega, corresponsal
Cimacnoticias | Saltillo, Coah.- 16/06/2017 Por primera vez en el estado de Coahuila, habrá más mujeres que hombres en el Poder Legislativo, ya que serán 13 curules femeninas y 12 masculinas.
 
Esta nueva composición donde prevalecerá la presencia de las diputadas, es un logro para el empoderamiento del sexo femenino en el ámbito político, lo cual se debe traducir en un Congreso con perspectiva de género.
 
Así lo expresó la investigadora y especialista de la Universidad Autónoma de Coahuila, Hortencia Hernández Méndez.
 
Además, es de resaltarse que 14 de las 38 alcaldías serán presididas por mujeres, escenario inédito en la historia de Coahuila.
 
Para lograr esto, se requirieron hacer una serie de adecuaciones legales que se consolidaron lentamente, ya que la primera reforma electoral para priorizar la paridad de las cuotas partidistas fue la de 1996, adicionada a la fracción XXII, al Artículo primero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) que estableció que los partidos políticos consideraran en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70 por ciento de un solo género.
 
En el estado de Coahuila se introdujo la cuota de género en la Reforma Electoral del 2001, sin embargo, no fue sino hasta la presente legislatura, la LX, que participaron 12 mujeres en su composición original, ocho del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una de Nueva Alianza, dos del Partido Acción Nacional (PAN) y una del Partido Socialdemócrata.
 
En la próxima, que será la LXI legislatura, el Congreso de Coahuila quedará por mayoría relativa con cinco mujeres del PRI, tres del PAN y una de la Unidad Democrática de Coahuila (UDEC). Por representación proporcional serán una del Revolucionario Institucional, dos del PAN y una del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
 
Hernández Méndez recordó que, en todos sentidos, es una novedad que representa grandes retos para las mujeres que asumen dicho cargo.
 
“La cuota de género es un mecanismo que permite resarcir los efectos de la discriminación y se conoce como una acción afirmativa que les da oportunidad a las mujeres de participar en la política; de otra manera no se lograría esa posición, porque existe una cultura patriarcal”.
 
En esta situación, dijo, lo más importante de ahora en adelante será que las diputadas asuman una perspectiva de género y que hagan propuestas encaminadas a favorecer a las personas que menos tienen para que alcancen su potencial en dignidad de igualdad.
 
Cabe recordar que la LV Legislatura del Congreso de Coahuila modificó en 2001 la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del estado para hacer obligatorio que no más del 70 por ciento de candidatos a diputados de mayoría relativa, entre propietarios y suplentes, perteneciera a un mismo género.
 
El estado de Coahuila fue pionero en incluir en su legislación la cuota de género obligatoria en la postulación de candidaturas a diputaciones por ambos principios. En el año 2011, el Congreso dio un pleno reconocimiento a la paridad de género antes que se hicieran las reformas correspondientes a nivel federal, para que no solo los candidatos de mayoría relativa, sino también los postulados por la vía de representación proporcional cumplieran con esta regla.
 
También, se hicieron las adecuaciones correspondientes en el caso de los ayuntamientos, en el que el órgano electoral del estado tiene la obligación de hacer cumplir el requisito de género, aunque la lista de los partidos no cumpla con ello.
 
Durante el presente proceso electoral,  la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó, tanto al Instituto Electoral de Coahuila como a los partidos políticos, a cumplir con la paridad de género; en el caso de la Coalición “Por un Coahuila Seguro” se tuvieron que sustituir seis candidatos a las alcaldías.
 
LA NECESARIA DEFENSA EN TRIBUNA
 
“Si hacemos una somera revisión de las iniciativas que realizaron  las diputadas de la LX  Legislatura, sus propuestas son escasas y de bajo impacto en materia de perspectiva de género”, dijo Hortencia Hernández, especialista en el tema de género y encargada de un observatorio en la materia.
 
La mayoría de las iniciativas con impacto afirmativo fueron enviadas por el Ejecutivo estatal y están relacionadas con la eliminación del matrimonio infantil y con los preceptos discriminatorios en la legislación familiar.
 
También se discutió y aprobó, a propuesta del gobierno estatal,  la reforma estructural a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la homologación y creación de delitos cometidos en su mayoría contra la población femenina, las niñas, niños y adolescentes.
 
Además se reconoció el derecho a las concubinas, la nulidad de matrimonios de personas menores de edad y tipos penales armonizados con la legislación nacional.
 
Al igual, el Ejecutivo estatal firmó las Iniciativas de Decreto para Reformas al Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo, que otorgarán a las mujeres trabajadoras que presenten parto prematuro el derecho a disfrutar, además de las seis semanas posteriores al parto, las previas al mismo, mientras que al cónyuge varón se extenderá un permiso de seis semanas, con goce de sueldo, para la atención a su mujer y bebé.
 
En tanto, la que se refiere a la Ley de Salud tiene como propósito que las autoridades sanitarias establezcan acciones para impulsar la instalación de lactarios en dependencias o entidades públicas estatales, así como en Instituciones de Educación Pública o Privada, para que las madres atiendan a sus recién nacidos en sus centros de trabajo.
 
“Creo que las diputadas no han representado debidamente a las mujeres de Coahuila, ya que si bien han hecho muy diversas propuestas, son pocas y de poco impacto las relativas a las políticas de género, las que se han presentado en su gran mayoría son por el gobernador del estado”.
 
Dijo que lo importante es que las diputadas actuales y las que entrarán en funciones el año entrante asuman el reto de que sus iniciativas protejan a las mujeres en rubros que todavía están pendientes y además tomen un papel más activo para implementar medidas en contra la degradación del medio ambiente, por ejemplo.
 
“Ellas necesitan desarrollar políticas con enfoque ecológico, políticas para reducir el embarazo adolescente,  para reducir la violencia intrafamiliar, políticas para prevenir infecciones de transmisión sexual, como el VIH”.
 
Añadió: “no es tanto que sean mujeres sino que, como mujeres, impulsen un modelo de desarrollo con equidad y sustentabilidad en todos los sentidos y que, sobre todo, trabajen una perspectiva de género”.
 
17/SN/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   Aunque impugnen liberación de Diego Cruz, éste sería excarcelado
Una burla exculpar a pederasta de Veracruz, dice familia de Daphne
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sandra Segura, corresponsal
Cimacnoticias | Xalapa, Ver .- 28/03/2017 Aludiendo presuntos vicios en el proceso penal que sigue la fiscalía de Veracruz, el Poder Judicial Federal otorgó un amparo a Diego Gabriel Cruz Alonso por lo que podría ser puesto en libertad en un plazo no mayor a 3 meses. La noticia ha provocado que el padre de la víctima, Javier Fernández califique como “una burla” o insultante” el hecho.
 
Cruz Alonso está implicado en un delito de pederastia tumultuaria en agravio de Daphne Fernández, en enero 2015, por lo cual, en 2016, tras girarle orden de aprehensión a él y otros tres jóvenes a quienes en redes sociales apodaron “Los Porkys”, huyó a España donde fue detenido hacia finales del año; fue extraditado recientemente y se encuentra en reclusión.
 
Su abogado promovió un Juicio de amparo número 159/2017 y fue el Juez Tercero de Distrito del estado de Veracruz, Anuar González Hemadi, quien lo otorgó a favor de Diego Gabriel “N”, por considerar que la pederastia no quedó demostrada.
 
El juez consideró que el delito de pederastia que se le imputó a Cruz no quedó fehacientemente demostrado, por lo cual ordena su libertad.
 
De acuerdo con los autos, la sentencia admite recurso de revisión, pero con la ley de amparo en vigor debe ejecutarse el amparo, es decir poner en libertad a Diego Gabriel Cruz Alonso aún y cuando se impugne la revisión, ello por tratarse de delitos graves.
 
La sentencia dice: “tenor de los medios de prueba existentes, no se encuentra acreditada la totalidad de los elementos del delito de pederastia que se atribuye al quejoso”.
 
Agrega además que “no se encuentra demostrado fehacientemente el abuso sexual de dicha menor a que alude la figura delictiva”, lo que impide declarar constitucionalmente el auto de formal prisión del 23 de enero del 2017.
 
De acuerdo con el juez, al tratarse de delitos de carácter sexual, el abuso consiste en una acción dolosa con sentido lascivo que se ejecuta sobre el sujeto pasivo, sin tener en consideración el número de tocamientos o roces que se hayan realizado, “de tal manera que un roce o frotamiento incidental no serían considerados como sexuales, de no presentarse el elemento intencional de satisfacer un deseo sexual a costas del pasivo”.
 
En su sentencia, el juez dice hallar contradicciones entre los testigos, aunque la mayoría de ellos que estuvieron presentes para corroborar los hechos imputados en el automóvil a donde la víctima señala fue subida por la fuerza y luego en la casa donde presuntamente se dio el ataque sexual en enero 2015.
 
Dice la sentencia: “Toda vez que la autoridad investigadora no aportó medios probatorios de los que se desprendan la totalidad de los elementos del delito de análisis, se encuentra ante la insuficiencia de pruebas, por lo que se concluye no se acredita el primer y último de los elementos del ilícito de pederastia, esto es el abuso sexual y la indefensión de la víctima”.
 
LOS OTROS PEDERASTAS
 
El primer indiciado en el caso y que está en prisión es Enrique Capitaine, detenido en mayo 2016 en Torreón, Coahuila, quien se encuentra esperando sentencia en el penal de Amatlán de los Reyes, en la zona Centro del estado de Veracruz.
 
Existe un tercer imputado: Jorge Cazarín Cotaita, evadido de la acción de la justicia desde que se enteró de su orden de aprehensión; el padre de Daphne dijo que apelará dicho amparo de Diego Gabriel Cruz Alonso.
 
17/SS/GG







OPINIÓN
VIOLENCIA
   Plan b*
México: campos de exterminio
Especial
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/10/2016 Entrevisté a un ex agente de la CIA en México, ya jubilado. Trabajó algunos años como asesor en seguridad privada para grandes corporaciones internacionales; montó oficinas de inteligencia para blindarles de la delincuencia organizada. Me hizo varias confesiones que publicaré en un libro, pero una de ellas viene al caso para este fin de semana.
 
El experto aseguró que el gran éxito del gobierno mexicano para mantener a la sociedad sometida a las violencias cruzadas (delincuencia común y organizada, violencia de Estado y policiaca, impunidad e ineficacia penal), radica en el fervor guadalupano de la mayoría. Lo que me pareció una broma terminó convirtiéndose en una explicación razonable sobre los hábitos de la sociedad mexicana para enfrentar la narcoguerra.
 
Esa tediosa e interminable culpa cristiana, el miedo a la autoridad patriarcal, el pavor a enfrentar las crisis y los conflictos de formas no violentas y efectivas, son los ingredientes que unificados permiten que la frase “tenemos el gobierno que merecemos” permanezca y se reproduzca en las nuevas generaciones.
 
Es sencillo rebatir esa filosofía derrotista de la absurda y equivocada visión mexicana de los problemas que abaten a nuestra sociedad, tales como la violencia mortal, el crecimiento de los grupos de delincuencia organizada, las desapariciones forzadas, los altísimos niveles de impunidad y la persistente corrupción de las agencias del Estado (todo ello en un solo enjambre que avala el fortalecimiento y la justificación del estado policiaco punitivo de la sociedad crítica, que se resiste a la prevención, al diálogo, a la persecución de los delitos más notables en sus líderes políticos).
 
Esta semana, en el estado de Coahuila, un grupo encabezado por la valiente ciudadana Silvia Ortiz, encontró lo que se ha denominado un campo de extermino con fosas clandestinas en las que, hasta el momento, se han encontrado 600 restos humanos. Los datos oficiales reportan que en el estado han desaparecido 2 mil personas, los extraoficiales dicen que 3 mil. A partir de esta noticia las autoridades locales se vieron forzadas a reconocer públicamente que desde abril de este año, ya la policía había encontrado más de 3 mil 500 restos humanos de niñas, niños y adultos.
 
Paralelamente en Veracruz, la fiscalía encontró los cuerpos inertes de tres jóvenes estudiantes recientemente reportados como desaparecidos, una mujer y dos hombres. Cuando las madres y padres fueron llamados a servicios periciales, las autoridades cometieron un acto de crueldad insólito: abrieron las puertas de las cámaras frías, allí sobre las mesas metálicas estaban a la vista los jóvenes cuerpos, casi aniñados, sangre escurriendo de las planchas y las ropas de las víctimas tiradas como despojos. En un arranque de desesperación, madres y padres corrieron hacia sus hijos, el olor fétido de ácido sulfúrico, formol y descomposición resultaba insoportable, pero nada les detendría de intentar mirar y resguardar los cuerpos de sus hijos e hija que habían desaparecido luego de ir a un centro comercial.
 
Estas historias se repiten a diario en México, lo que sigue sorprendiendo es que, al tocar estos dos temas en redes sociales, una gran parte  de usuarios sigue culpando a las víctimas, a sus padres, a la sociedad. “Tenemos este gobierno impune porque la gente votó por ellos”, insisten los comentaristas. Yo digo que no, que tenemos este gobierno porque hay una política de Estado que permite la guerra entre cárteles por el poder político, porque los partidos han logrado incluir en sus huestes a lo peor de México, que han sido infiltrados por las mafias, la delincuencia organizada; que una sociedad que vive en democracia paga impuestos para que profesionales y expertos lleven las riendas del país, que son ellos, gobernadores, procuradores, jefes policiacos, jueces, alcaldes y congresistas los  verdaderos responsables de que haya campos de exterminio en México.
 
No debemos seguir insistiendo en que es culpa de la sociedad, a la que no le corresponde la investigación y persecución de crímenes de lesa humanidad o de delitos comunes, ya suficiente hacemos en materia de prevención y educación. Culparnos es desviar la atención de los verdaderos responsables de esta crisis. Hay que sumarse a los colectivos que tienen evidencia de los responsables y multiplicar el poder ciudadano hasta lograr su arresto, su renuncia, su sentencia nacional e internacional.
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
16/LCR/LGL







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