ESTADOS
POLÍTICA
   Asignan 8 mdp a agencias municipales de Juchitán
Presupuesto no consideró inversión en desarrollo social y prevención de la violencia
Imagen retomada del portal página3.mx
Por: Diana Manzo
Cimacnoticias/página3.mx | Juchitán, Oax.- 14/07/2017 El cabildo de Juchitán por “acuerdo unánime” contempló destinar 8 de los 65  millones de pesos que recibió de la empresa Eólica del Sur al área de seguridad pública de siete agencias municipales pero no tomó en cuenta el rezago social y la marginación que vive una de ellas: Santa María del Mar, donde desde hace dos años alrededor de 862 habitantes no tienen energía eléctrica ni drenaje y cuentan con un mal servicio de agua potable.
 
Desde hace 8 años esta comunidad de origen huave vive un conflicto de límites territoriales con sus vecinos de San Mateo del Mar y no tienen acceso vía terrestre a la zona, solo lo hacen por el mar. En enero de este año tres personas murieron tras volcarse una lancha.
 
Las siete agencias municipales de Juchitán, Álvaro Obregón, Chicapa de Castro, La Venta,  La Ventosa, Playa Vicente, Santa María del Mar y Ejido Zapata, solo contarán con 8 millones de pesos para el programa “Reforzamiento del área de seguridad pública municipal y de señalización vial en Juchitán y sus agencias municipales” pero no habrá nada para obras de desarrollo social y programa de prevención a la violencia.
 
El municipio de Juchitán recibió hace unas semanas 65 millones de pesos de parte de la empresa Eólica del Sur como parte de un pago por otorgar el permiso de uso de suelo y licencia de construcción para uno de los parques eólicos más grandes que tendrá Oaxaca y Latinoamérica, propiedad de Mitsubishi.
 
En el tema de los derechos de las mujeres, el cabildo solo destinó un millón de pesos para el programa de salud pública en apoyo a la mujer el cual contempla la adquisición de un colposcopio  y pruebas de Papanicolaou para la detención del cáncer.
 
En conferencia de prensa, la alcaldesa Gloria Sánchez López  informó que, por “acuerdo unánime”, los concejales destinaron  9 millones de pesos para la sustitución y rehabilitación del drenaje en las secciones de Juchitán.
 
En el año 2015, el Fondo Regional (Fonregión) destinó al municipio juchiteco, que en ese entonces gobernaba Saúl Vicente Vásquez,  4 millones 571 mil 791 pesos con 97 centavos por concepto de “Rehabilitación del sistema de Alcantarillado Sanitario Colapsado” pero hasta el momento no se informado de si fue aplicado o no.
 
Además los concejales también consideraron la adquisición por 6 millones de pesos para  adquirir espacios para panteones y acondicionarlos debido a que informaron que los dos que se encuentran (Miércoles Santo y Domingo de Ramos) están saturados.
 
El monto mayor que ocupa casi la mitad de los 65 millones de pesos, es decir 32 millones de pesos es para la compra de un terreno para la reubicación del comercio en la vía pública y  un programa de vigilancia, sin que se haya presentado un dictamen técnico por un urbanista especializado.
 
También se destinará un millón de pesos para acciones del problema de la basura de Juchitán cuando se supone que en 2015, con recursos de Fonregión, el ex alcalde de Juchitán, Saúl Vicente Vásquez, recibió 37 millones de pesos para que se construyera y equipara un planta de tratamiento y valorización integral de residuos sólidos urbanos, el cual no funciona porque no fue concluida.
 
Los concejales juchitecos asignaron 3 millones de pesos para el programa de rescate y fortalecimiento y de la lengua zapoteca, al igual 3 millones para educación y capacitación para el trabajo dirigido a jóvenes, 2 millones para el programa de conservación y mantenimiento del entorno urbano y finalmente un millón de pesos para el programa de salud pública en apoyo a la mujer.
 
La alcaldesa de Juchitán anunció que las obras se realizaran por licitación y a través de su portal de transparencia dará a conocer la lista de constructores de dichas obras y de ejecutores de proyectos.
 
17/DM
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   Que PEF tenga fondo revolvente para fortalecer refugios
Exige RNR que no se disminuya su presupuesto para 2017
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/11/2016 Hoy en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Red Nacional de Refugios (RNR) hizo un llamado al Estado Mexicano en sus tres órdenes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para que el próximo año no exista una disminución al presupuesto asignado para los refugios y sus Centros de Atención Externa (CAES).
 
En un comunicado, la RNR demandó que las mujeres-quienes conforman más del 50 por ciento de la población mexicana- sean una prioridad en la agenda política del país; por lo que pidió legislar y asignar recursos adecuados para la prevención, atención y eliminación de la violencia de género desde el enfoque de Derechos Humanos y la perspectiva de género.
 
Mencionó que la falta de un presupuesto con perspectiva de género es un obstáculo para responder a las recomendaciones de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), para que las mujeres gocen de una vida sin violencia y se promueva la Igualdad sustantiva.
 
Actualmente, a pesar de que las autoridades mexicanas están obligadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas, han sido incapaces de garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia, señaló la Red.
 
Indicaron que uno de los principales problemas para combatir la violencia de género, radica en la falta de acceso a la justicia, sumado a la falta de armonización en las leyes de cada estado y la falta de coordinación de las autoridades.
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país 63 de cada 100 mujeres de más de 15 años han sufrido algún tipo de violencia y en promedio 7 mujeres son asesinadas diariamente.
 
Asimismo una de cada seis mujeres mayores de 15 años vive violencia en su relación de pareja (Inegi, agosto 2015), y una de cada 4 mujeres ha vivido discriminación laboral (ONU Mujeres, 2015). 
 
Recordaron que las organizaciones civiles han presionado a las autoridades para que diseñen diversos mecanismos que protejan a las mujeres, como por ejemplo la Alerta de Violencia de Género (AVG) que si bien se ha solicitado en algunos estados, se niegan a implementarla.
 
Otro mecanismo que surge de la sociedad civil para proteger a las mujeres son los refugios y sus CAES que atienden a mujeres víctimas de violencia, y en su caso a sus hijas e hijos.
 
En Latinoamérica, México es el único país que cuenta con una RNR integrada por 43 Organizaciones tanto de gobierno como de la sociedad civil que representa a más del 50 por ciento de los refugios del país.
 
Sin embargo, señaló la RNR, “aún los refugios no están dentro de la política pública del Estado Mexicano, y no se contemplan como un programa específico y especializado que deba tener un presupuesto etiquetado anualmente, por lo que cada año este presupuesto está en riesgo y sólo se accede a él a través de convocatorias”.
 
Por ello “es imprescindible contar en el Presupuesto de Egresos de la Federación con un fondo revolvente para el fortalecimiento, operatividad  y continuidad de los Refugios y sus Centros de Atención Externa”.
 
Finalmente, la RNR constituida legalmente en 2004, pidió la activación inmediata de las AVG en donde las organizaciones civiles la han demandado, entre ellos en San Luis Potosí y que se implemente una política de Estado post-refugio para la restitución de los Derechos Humanos de las mujeres como ciudadanas: casas de transición, fomento económico, acceso a la salud, educación y todo lo necesario para fomentar su bienestar y su desarrollo integral, y en su caso, de sus hijas e hijos.
 
16/GMV/LGL
 







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Año tras año aumenta la demanda pero baja su presupuesto
Refugios para mujeres víctimas de violencia necesitan más recursos
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 05/10/2016 La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) habría solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en 2017 proyectara 286 millones de pesos (mdp) para los refugios que atienden a víctimas de violencia de género, monto que a decir de la Red Nacional de Refugios sería insuficiente.
 
La cifra propuesta para ser considerada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 es la misma que la Cámara de Diputados aprobó para este año, lo que significa un retroceso toda vez que el monto en sí ya era insuficiente y además se prevé que la demanda de estos refugios aumente el próximo año.
 
Esa es la conclusión de la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa Morales, que agrupa a 44 de estos refugios, dijo a esta agencia después de firmar un Convenio de colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV) para agilizar la atención de las mujeres que buscan salir de la violencia de género.
 
Aún más grave, advirtió, es que de los 286 mdp aprobados para este 2016 a la fecha faltan por ejercer 11 mdp, un monto que –aunque parece poco– es valioso para los 51 refugios que este año fueron financiados porque lo invierten en pagos que van desde productos de higiene y medicamentos para las víctimas hasta capacitaciones para ellas.
 
Figueroa Flores detalló que cada refugio recibe un financiamiento distinto de acuerdo a la cantidad de mujeres, niñas y niños que atiende así como a las necesidades del lugar, sin embargo señaló que no queda claro cuáles son los lineamientos de las instituciones para determinar quién recibe más o menor financiamiento. 
 
En general los refugios utilizan el presupuesto para alimentación, vestido, atención médica, jurídica, social; capacitación para el empleo; pago de honorarios para las profesionales que atienden a las mujeres; compra de sábanas y colchones; insumos de higiene personal y todo lo que se puede necesitar en una casa, y en menor porcentaje al mantenimiento del lugar.
 
La Red Nacional de Refugios solicitó información al CNEGySR sobre el retraso en la distribución de este monto pero no tienen respuesta; por el contrario, en reuniones con funcionarios se han enfrentado al cuestionamiento de si esta Red representa a todos los refugios del país.
 
Al respecto, la directora de la Red señala que ellas validan a 44 refugios aunque en el país han contabilizado que existen 56, sin contar los que desde su punto de vista no tienen un adecuado modelo de atención, con lo que la cifra asciende a 72. Este año el CNEGySR financió a 51 centros, de los cuales 39 son parte de esta alianza ciudadana.
 
De acuerdo con la activista, un presupuesto adecuado para 2017 sería de 370 mdp, monto que serviría para cubrir las necesidades de las  organizaciones que atienden y albergan a víctimas de violencia de género.
 
Apenas en junio de este año el senado hizo un llamado a la Auditoría Superior de la Federación para que revise el ejercicio de estos recursos, que de 2014 a 2016 pasaron de 350 millones a 282 millones aproximadamente; ya que ha sido imposible acceder al dato exacto de lo presupuestado en el PEF 2016.
 
16/AGM/LGL







QUINTO PODER
POLÍTICA
   QUINTO PODER
PAIMEF, no al recorte, sí al gobierno ciudadano
Archivo CIMACFoto
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.- 30/08/2016 Entre los recursos que aún se contabilizan para “atender” a las víctimas de violencia de género y para la formación y capacitación en género para funcionarios, el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) subsiste bajo la amenaza de ser recortado por la Cámara de Diputados, sin que se hable de la urgencia de transparentar e involucrar a la sociedad en la rendición de cuentas y uso eficiente de los recursos.
 
En su portal, el Instituto de Desarrollo Social da cuenta que el PAIMEF es para promover la formulación e implementación de políticas públicas a nivel estatal en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, y en su caso hijas, hijos y personas allegadas; además de sus tres líneas de intervención como son: Institucionalización de la prevención y la atención, Prevención con la población en general, y Atención, a través de servicios de atención sicológica y jurídica.
 
Son las organizaciones feministas, las feministas, las que han dado la batalla para obtener los recursos para atender y prevenir la violencia, pero el impacto del ejercicio de esos recursos y su revisión del costo-beneficio, el perfil de quienes participan en los proyectos como profesionistas, las organizaciones o prestadores de servicio que realizan trabajo especializado, no ha sido supervisado ni evaluado y hay poca información en las páginas web de las IMEF sobre los concursos, convocatorias y licitaciones o adjudicaciones directas de estos recursos.
 
El riesgo es que se utilice la crítica que se ha hecho a la forma de ejercer los recursos en algunas entidades - que no en todas -en forma discrecional y sin resultados objetivos y concretos, para reducir los recursos. No. No se deben admitir recortes a los fondos para atender un problema prioritario y urgente para el país como lo es la violencia contra las mujeres.
 
Pero de la misma forma, es inadmisible que se autoricen los recursos sin que la Auditoría Superior de la Federación y el propio Congreso de la Unión no establezcan nuevas reglas de operación en los que se apueste por el uso eficiente, transparente, responsable y con objetiva y probada perspectiva de género.
 
Más aún, la sociedad, especialmente las mujeres, tenemos el derecho de exigir que las Instancias de las Mujeres en las entidades federativas empiecen a involucrar a las organizaciones de la sociedad civil feministas –de verdad- y no enlisten todas sus acciones y gastos con “organizaciones afines” a partidos políticos, a grupos religiosos o sin perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos para el ejercicio de los recursos.
 
Si las diputadas y diputados realmente quieren hacer algo positivo, deben eficientar el uso de los recursos con Reglas de Operación que obliguen a las Instancias de las Mujeres a rendir cuentas ante la sociedad civil organizada, especialmente y como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Artículo 31, fracción XXII Recibir y evaluar de las organizaciones de la sociedad civil, las propuestas y recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación) con organizaciones con trayectoria probada en defensa de los derechos de las mujeres.
 
No son los recortes, insisto, sino que cada peso –así fuera uno- que se ejerza en la atención de la violencia contra las mujeres no se utilice bajo criterios subjetivos, personales o de prejuicios, sino que se establezcan indicadores de trayectoria sujeta a escrutinio público de las organizaciones de la sociedad civil que ejecuten estos recursos en los proyectos.
 
¿Por qué insistir en esto? Porque la queja permanente en muchos estados es que se ejercieron esos pesos o muchos pesos, en proyectos que en papel –que todo aguanta- cumplen con el ejercicio, pero no abonan de ninguna forma -y la realidad así lo demuestra- a modificar la violencia que viven las mujeres de algunas entidades.
 
Al igual que el fondo de Transversalidad, urge que las Reglas de Operación consideren, reconozcan e incorporen el involucramiento de la sociedad civil representada por organizaciones defensoras de derechos de las mujeres.
 
Todavía recuerdo haber escuchado en una entidad, que una organización especializada en gerontología brindaba un Seminario de Comunicación y Sexismo, impartido por supuesto por una especialista en gerontología en cuyo currículo no había una sola referencia a esta temática. Y como ese, muchos ejemplos por todo el país.
 
Si lo que quieren es recortar como advierte su directora, Angélica Luna Parra, no sólo es eso lo que nos debe preocupar; nos preocupa más que se continúe ejerciendo –lo que quede- de la forma como se ha venido haciendo en muchas entidades en las que se las ingenian para resolver formatos y cumplir con auditorías. Pero la realidad sigue intacta con escasos cambios en algunas entidades donde sí se aplican criterios objetivos.
 
No es cosa menor, se trata de que las diputadas se asomen en ese rubro y apliquen mecanismos de auditoría ciudadana, rendición de cuentas, transparencia, gobierno abierto, que se cumpla con ejecutar los recursos de verdad para y por las mujeres.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/LGL







NACIONAL
POLÍTICA
   Se prevén recortes “por austeridad”
Diputadas defenderán presupuesto para igualdad en 2017
Imagen retomada de Comunicación Social de la Cámara de Diputados
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/08/2016 La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Laura Nereida Plascencia Pacheco, afirmó que el próximo proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 estará marcado por la austeridad, sin embargo advirtió que no permitirá un recorte en los programas de igualdad. 
 
Entrevistada a propósito de las reuniones de trabajo entre las diputadas y las dependencias de la administración pública federal para revisar el presupuesto etiquetado para las acciones con perspectiva de género, la legisladora dijo que ya se está haciendo una proyección para 2017.
 
Pese a que la Constitución establece el principio de igualdad entre mujeres y hombres, en la realidad no es así, de ahí la importancia de que la Cámara baja otorgue recursos para promover el desarrollo de las mexicanas.
 
Con esta idea esta semana las diputadas organizaron mesas de trabajo para que las dependencias rindan cuentas sobre el ejercicio presupuestal a fin de verificar que los recursos son bien empleados y se ven reflejados en el bienestar de las mujeres.  
 
Hasta el momento, dijo Plascencia Pacheco, han encontrado Secretarías que tienen unidades de género que con poco presupuesto han realizado amplios trabajos en perspectiva de género al interior de las dependencias.
 
Por ejemplo, este viernes las integrantes de la Comisión se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de la Marina, quienes presentaron los avances en la institucionalización de este tema.
 
Al mismo tiempo, detalló, han observado que hay programas que deben reconsiderarse, como el programa nacional de becas que incluye recursos para apoyar la educación de madres jóvenes y adolescentes embarazadas a fin de que sigan estudiando.
 
En este caso, expuso que debido al alto número de jóvenes embarazadas es necesario hacer una revisión más puntual de los recursos que recibe este programa con el objetivo de asegurarse de que sean suficientes.
 
En este sentido mencionó que el PPEF 2017 estará marcado por la austeridad, sin embargo destacó que las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género no permitirán un recorte al anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.
 
Para ello, las legisladoras están solicitando información a las dependencias sobre el ejercicio de los recursos etiquetados y los indicadores de su impacto en la construcción de la igualdad para así tener argumentos para solicitar incrementos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 
16/AGM/LGL

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