Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género

ESTADOS
VIOLENCIA
   Critican imágenes de aspirante a alcaldía de Caborca, Sonora
MC condena violencia política contra precandidata
CIMACFoto: Rosario Nieto
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/01/2018

La Coordinación de Mujeres en Movimiento del partido Movimiento Ciudadano (MC) denunció que la precandidata a la presidencia municipal de Caborca, Sonora, Patricia Azcagorta, es víctima de violencia política de género porque es juzgada por su físico y no por su competencia ni capacidad para asumir el cargo.

En un comunicado, la coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, Claudia Trujillo Rincón, demandó que el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales coadyuven a salvaguardar la integridad de las mujeres que  contienden en este proceso electoral.

El partido político se pronunció después de que en redes sociales circularan fotografías de Azcagorta con ropa ceñida y un video donde aparece con poca ropa y bailando, con música de fondo de los promocionales del partido.

“Es inadmisible que sigamos padeciendo de este tipo de violencia en México. Decimos ¡Basta! A ser sexualizadas o cosificadas, y ser violentadas en nuestros Derechos Humanos”, señaló Trujillo Rincón sin ampliar información sobre la trayectoria política de la precandidata, quien de acuerdo con medios locales, en 2014 buscó la candidatura para la alcaldía de Caborca pero por el partido Acción Nacional.

Sobre este caso, la dirigente estatal de MC, María Dolores del Río, declaró a medios locales que la precandidata es una mujer inteligente, ex directora del Registro Civil y que ha sido una funcionaria capaz e incluso señaló que no es la misma persona que aparece en el video que circula en redes sociales. 

Del Río, quien fue alcaldesa de Hermosillo, criticó que ahora que las mujeres tienen posibilidad de participar en los procesos electorales, gracias a que la paridad (50-50) en candidaturas es un principio constitucional, se trate de desacreditar su participación con este tipo de críticas que solo aluden a su cuerpo.

A su vez la Coordinación de MC hizo hincapié en la implementación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, editado por organismos electorales, que considera que una mujer puede ser víctima de violencia política, por ejemplo, a través de ataques que ponen en entredicho su ‘moral sexual’.

El próximo 1 de julio en Sonora se renovarán 33 diputaciones locales y 72 Ayuntamientos.

En la entidad se reconoce la violencia política contra las mujeres luego de que en mayo de 2017 el Congreso aprobara un paquete de reformas presentado por la gobernadora Claudia Pavlovich, quien también se dijo víctima de violencia política en las elecciones de 2015, para incluir este concepto en su ley electoral

El Artículo 5 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado dice que queda prohibido cualquier tipo de violencia política hacia las mujeres, así como realizar acciones u omisiones que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos políticos.

El caso de Patricia Azcagorta no es el único. En noviembre pasado la diputada local Célida Teresa López Cárdenas renunció Acción Nacional acusando al entonces el dirigente nacional del partido, Ricardo Anaya y el secretario general en Sonora, Damián Zepeda, de violencia política para impedir que fuera candidata al Senado.

Aunque la violencia política no es un delito en la legislación federal, en enero del año pasado la FEPADE informó que, tenía conocimiento de 26 casos de violencia de esta naturaleza: 10 casos de candidatas agredidas en procesos electorales, 8 de funcionarias electorales y 6 de funcionarias partidistas.

18/AGM/LGL

 








NACIONAL
POLÍTICA
   No se aprobó en tiempo y forma, argumentan
Aprueban violencia política, pero no aplica para próximo periodo electoral
Imagen retomada del Congreso de Morelos
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/12/2017

En medio del proceso electoral 2018 y del despliegue de las precampañas para ocupar la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados aprobó incluir el concepto de “violencia política de género” en cinco leyes generales, modificaciones que no aplicarán en estos comicios porque no se aprobaron en tiempo y forma y porque todavía deben ser avaladas por el Senado.

En el último día del periodo ordinario de sesiones, el pasado 15 de diciembre, la Cámara baja aprobó las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Con un retraso de más de nueve meses desde que el 9 de marzo el Senado aprobó las reformas y envió la minuta al recinto de San Lázaro para su aval, finalmente en la maratónica sesión del viernes –donde también se aprobó la Ley de Seguridad Interior– las y los legisladores avalaron las modificaciones en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito político, campañas electorales y ejercicio de cargos públicos.

Desde 2012 se presentó la primera propuesta para prevenir y sancionar los actos de violencia contra políticas, candidatas o mujeres que participaran en política, la cual fue avalada por el Senado en 2013 pero tras la inactividad de diputadas y diputados tuvieron que pasar cinco años para que finalmente el tema volviera a presentarse en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, el proceso legislativo no ha concluido porque el dictamen realizado por las Comisiones de Gobernación, presidida por la diputada priista Mercedes del Carmen Guillén, y de Igualdad de Género, encabezada por la también priista Laura Plascencia Pacheco, aprobaron reformas con cambios por lo que, nuevamente, el documento será enviado al Senado para otra revisión y votación.

En una sesión donde estuvieron presentes prácticamente la mitad de las y los diputados, por unanimidad de 263 votos a favor –y en medio de agradecimientos al coordinador de los priistas, César Camacho Quiroz, por hacer posible el dictamen, como lo dijo la diputada Plascencia Pacheco– se celebró el concluir este “complicado” tramo del proceso parlamentario. 

El Artículo 105 de la Constitución federal, en su fracción II, inciso I, indica que las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse por lo menos 90 días antes del inicio de un proceso electoral y durante el mismo no podrá hacerse modificaciones legales fundamentales, por lo que la violencia política no se podrá invocar en las elecciones de 2018.

En San Lázaro, la diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y ex candidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, ejemplificó con su caso la violencia que viven las mujeres que buscan cargos de elección popular, recordó los señalamientos y denostaciones que vivió durante su campaña en este año y que incluso atrajo la solidaridad de un sector de las mujeres priistas.

“Viví acciones de misoginia, de gente que lamentablemente ocupa o ha ocupado cargos públicos, como es el caso de (Felipe) Calderón y del propio presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, que yo siento que tendrían que ser los que tenían que poner el ejemplo y que desde aquí digo, qué triste y lamentable para nuestro país tener este tipo de gobernantes”.

La diputada, a quien el expresidente Caldearon tildó de “títere” del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que si esta minuta se hubiera aprobado en el periodo ordinario anterior, hubiera sido un logro para todas las mujeres que están en la política.

La minuta enviada por la Cámara de Senadores redefine la violencia política en razón de género como “la acción u omisión que, en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, o bien, en el ejercicio de un cargo público, tenga por objeto o resultado limitar o anular el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres, o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.

A partir de la reforma político-electoral de 2014, cuando comenzaron a salir a la luz casos de violencia, desde destituciones arbitrarias, campañas misóginas y hasta asesinatos de aspirantes a cargos de elección, las mujeres han llamado la atención sobre este tema pero ante la falta de una legislación en noviembre las autoridades electorales reeditaron el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género creado en 2016.

17/AGM/LGL








NACIONAL
POLÍTICA
   19 entidades reconocen concepto en normas electorales
   
Reeditan Protocolo para atender violencia política contras las mujeres
Imagen retomada del Congreso de Morelos
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/11/2017

En México sólo 19 de las 32 entidades reconocen la violencia política de género en sus leyes o códigos electorales; sin embargo, no en todas las normas se establecen sanciones, lo que llevó a las autoridades comiciales a reeditar el “Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” de cara a los comicios de 2018.

Este jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), entre otros organismos, presentaron la nueva versión de esta herramienta a fin de atender y sancionar la violencia política de género hacia pre-candidatas y candidatas que participen en los comicios del próximo año.

En México, el 1 de julio de 2018 se elegirán 3 mil 416 cargos, entre ellos la Presidencia de la República y la renovación de 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 8 gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La nueva versión del “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres”, editado en 2016, considera que hasta septiembre pasado cuatro estados, Guanajuato, Hidalgo, Guerrero y Puebla, no tenían el concepto de violencia política en ninguna norma mientras que dos entidades, Chihuahua y Ciudad de México, tienen esta figura en su Constitución local, en su ley electoral y en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Este Protocolo, señalaron las instituciones, pretende llenar el vacío que existe sobre el concepto de este fenómeno social que se agudiza previo, durante y después de los procesos electorales. Es de recordar que este concepto no está definida en las normas electorales federales porque la Cámara de Diputados no aprobó la minuta enviada por el Senado a tiempo, es decir, 90 días antes del inicio del actual proceso electoral.

En esta reedición, elaborada por el TEPJF y otras instituciones, se señala que la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.

La nueva definición, que retoma el estándar de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, dice que esta violencia “puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida”.

A partir de 2014 cuando la paridad se legisló como un principio constitucional, se han documentado más casos de violencia política, por ejemplo, en marzo de 2015 fue asesinada la perredista y precandidata a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en Guerrero, Aída Nava González; y el 2 de enero de 2016 fue asesinada la alcaldesa electa de Temixco, en Morelos, Gisela Mota Ocampo.

Entre los casos que han sido reconocidos por las autoridades está el de Rosa Pérez Pérez, quien en 2015 fue electa presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, en Chiapas, sin embargo denunció que fue obligada a renunciar por ser mujer e indígena. Otro caso fue el de Felicitas Muñiz Gómez, presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Guerrero, amenazada y descalificada también por ser mujer.

Este Protocolo, que es una guía para que las autoridades atiendan el problema, hace hincapié en que las mujeres también pueden ejercer violencia política en razón de género contra otras mujeres y en que no toda violencia que se ejerce contra una mujer tiene como motivación una cuestión de género.

El documento indica que aunque esta violencia no está tipificada, muchas de las conductas que la constituyen sí configuran delitos, por ello una víctima puede iniciar una acción penal o acudir a las intuiciones como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

A través de este Protocolo también se hizo un llamado a los partidos políticos, considerados por un estudio de ONU Mujeres como el mayor obstáculo para la participación política de las mujeres, para que diseñen y pongan en práctica protocolos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las aspirantes a cargos de elección.

Se expuso que los nueve partidos políticos nacionales y las agrupaciones política estatales deben considerar las reformas necesarias a sus estatutos internos, con el objeto de reconocer y prohibir esta violencia, realizar acciones de prevención y sensibilización y ejercer con la mayor eficiencia posible el presupuesto para el empoderamiento de las mujeres.

17/AGM/LGL








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