derechos sexuales y reproductivos

ESTADOS
SALUD
   Se negó a despenalizar aborto e incumplió recomendaciones sobre AVG
Presentan amparo indirecto contra congreso de Veracruz
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/10/2017

La asociación civil Equifonía interpuso el pasado 23 de octubre, ante el Juzgado  Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de Veracruz,  un Amparo Indirecto en contra del congreso del estado por su omisión legislativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

En entrevista con Cimacnoticias la directora de Equifonía, Araceli González Saavedra, explicó que en el amparo se detalla que la decisión del congreso viola los Derechos Humanos de las veracruzanas porque restringe el ejercicio libre e informado de las mujeres sobre el número y esparcimiento de sus hijos; violenta los derechos a la salud, física y psicológica de las mujeres víctimas de violación; y las aleja de su derecho a la salud cuando está en riesgo su vida por complicaciones de un embarazo.

En el amparo también se manifiesta que las y los legisladores se rehusaron a atender las recomendaciones sobre la despenalización del aborto que dictó el Grupo de Trabajo encargado de atender la AVG por Agravio Comparado. La defensora González Saavedra agregó que la próxima semana el Poder Judicial Federal informará si acepta o no el amparo.

El pasado 28 de septiembre en medio de protestas, las y legisladores rechazaron la iniciativa de reforma a los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal veracruzano, que presentó la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, derogar el plazo de 90 días que establece para que las mujeres víctimas de violación interrumpan un embarazo e incluir la causal de salud.

La despenalización del aborto es una medida que debía cumplir en seis meses el gobierno de Veracruz como parte de las recomendaciones que el Grupo de Trabajo hizo en noviembre de 2016, tras la solicitud de las organizaciones hecha el mismo año para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado.

A pesar de esta obligación, las y los integrantes de la legislatura argumentaron que la propuesta de la diputada Carola Viveros se trataba de un “acto inconstitucional” porque desde agosto de 2016 en Veracruz se “protege la vida desde el momento de la concepción”.

EN MANOS DE SEGOB SEGUNDA AVG

En la solicitud de AVG por Agravio Comparado la organización denunció tres agravios: la inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) que garantiza el aborto cuando es producto de una violación; la protección de la vida desde el momento de la concepción, una reforma que impulsó en 2016 el entonces gobernador Javier Duarte en alianza con grupos católicos; y la tipificación del delito de aborto que se castiga con un “tratamiento educativo”.

Esta es la segunda solicitud de Alerta, pues cabe recordar que en noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó una por violencia feminicida en 11 municipios de Veracruz, la cual sigue vigente.

La defensora Araceli González Saavedra informó que el gobierno estatal ya entregó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) su reporte de cumplimiento de las recomendaciones que dio el grupo de expertas que analiza esta segunda solicitud, por lo que ahora está en manos de la dependencia de Segob,  determinar si decreta o no la segunda AVG en la entidad.

Si bien la directora de Equifonía señaló que observaron avances significativos en la mejora de los servicios de salud para las mujeres y la capacitación del personal médico con el fin que garanticen el acceso a la NOM 046, la reforma al Código Penal sobre la despenalización del aborto era una acción esencial, por lo esperan que Segob considere que las recomendaciones del Grupo de Trabajo y active la AVG por agravio comparado.

17/HZM/LGL

 








NACIONAL
SALUD
   Podrán excusarse de participar en tratamientos o investigaciones
Aprueban diputados “objeción de conciencia” para personal administrativo
CIMACFoto: Cristina Acuña Roeder
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/10/2017

La Cámara de Diputados aprobó adicionar el Artículo 10 BIS a la Ley General de Salud, que se extiende al personal administrativo y de apoyo (servicio social, enfermeras) de los servicios de salud, por lo que ahora podrán negar servicios de salud reproductiva a las mujeres que los soliciten.

En la sesión de este 10 de octubre, con 367 votos a favor, 34 en contra y 28 abstenciones, las y los legisladores de la Cámara de Diputados avalaron introducir el concepto de “objeción de conciencia” que antes no estaba previsto en la Ley General de Salud, con lo que cualquier integrante del Sistema Nacional de Salud podrá “excusarse de participar en cualquier programa, actividad, práctica, tratamiento, método o investigación que contravenga su libertad de conciencia”.

Esta fue una propuesta de la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Norma Edith Martínez Guzmán, por la cual las organizaciones civiles especialistas en derechos sexuales y reproductivos como Ipas México, el Grupo de Información en Reproducción (GIRE), entre otras, alertaron que atentaba en particular en el acceso de las mujeres a servicios de salud como el aborto y métodos anticonceptivos, dándole al Estado, la posibilidad de negárselos.

En la discusión de este día, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Cecilia Guadalupe Soto González, señaló que la iniciativa atenta sobre todo contra el derecho de las niñas víctimas de violación a no ser madres, y recordó el caso emblemático de la niña de 13 años de edad, Paulina, a quien en 1999 el personal sanitario de Baja California le negó su derecho al aborto legal por una violación, por lo que el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La legisladora perredista aseguró que la propuesta “no tenía un problema a resolver”, por el contrario generaba conflictos en el funcionar de la Secretaría de Salud, pues la negativa a brindar servicios de aborto en casos de violación aún se suscita en clínicas de varias entidades de la República, donde además, no se cuenta con personal médico suficientemente capaz de suplir a quienes sean objetores de conciencia.

De este contexto también habló la diputada del partido Nueva Alianza (NA), Karina Sánchez Ruiz, quien argumentó que la propuesta del PES pone en riesgo “la atención médica de millones de mexicanas” y contraviene recomendaciones que realiza la Organización Mundial de Salud (OMS) sobre la obligación de los países de preservar y promover la salud de la población, desde un enfoque de protección a los Derechos Humanos y pruebas científicas.

La introducción de este nuevo Artículo 10 BIS a la Ley, anticipa que el personal médico podrá hacer uso de esta facultad en cualquier momento, siempre y cuando no se trate de emergencias en las que está en riesgo la vida de la persona. Además de la obligación del sistema de salud de disponer de médicas y médicos no objetores de conciencia. Pero ahora será el turno del Senado de la República aprobar la iniciativa.

Por su parte la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mariana Trejo Flores, señaló que ningún tratado internacional que ha firmado el Estado mexicano reconoce como un derecho la “objeción de conciencia”, y que en los Artículos constitucionales 5°, 6° y 24° se reconoce que las personas deben ejercer una profesión a partir de sus convicciones éticas, de conciencia y religión, sin embargo, es obligación del Estado laico asegurar la salud de la población.

A ello sumó el diputado perredista David Gerson García Calderón, quien subrayó que entre las recomendaciones que ha dado a México el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas inglés) destaca la de asegurar la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Cabe recordar que las mexicanas tienen derecho, entre otras, a la causal de aborto por violación en todo el país y la “Norma Oficial Mexicana 046 Violencia Familiar, Sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención”, obliga a los prestadores de salud a realizarlo. Únicamente en la Ciudad de México, desde 2007, la Interrupción Legal del Embarazo es voluntaria dentro de las 12 primeras semanas de gestación.

17/HZM/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Reciben AE y su acceso a ILE por violación
En 5 años, mil niñas fueron atendidas en la Clínica Condesa
CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada
Por: Montserrat Antúnez Estrada y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/10/2017

En la Ciudad de México los únicos datos certeros sobre cuántas niñas fueron víctimas de violación sexual en los últimos cinco años los tiene la Clínica Especializada Condesa (CEC) –la instancia de salud pública que brinda atención médica a las víctimas de violación- donde fueron atendidas por esta causa, desde 2012 y hasta abril de 2017, mil 118 menores de edad.

Incluso la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), de quien dependen las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales, no mantiene un registro desagregado por sexo y edad de las víctimas. Solo registró, de 2012 a julio de 2017, mil 152 denuncias por violaciones sexuales cometidas contra niñez y adolescentes menores de 18 años de edad.

Lo mismo ocurre con el Tribunal Superior de Justicia local (TSJ), instancia consultada por esta agencia para conocer el número de sentencias que había dado en el mismo periodo por el delito de violación. La dependencia informó que de 2012 a junio de 2017 sentenció a 128 personas por el delito de violación, pero que tampoco cuenta con información desagregada por sexo y edad de las víctimas de este delito.

Los datos fueron obtenidos a través de solicitudes de información que Cimacnoticias realizó a la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa), a la PGJDF y al TSJ como parte de la investigación que realiza sobre las violaciones sexuales a niñas.

URGE QUE ILE EN CDMX REGISTRE VIOLENCIA

De acuerdo a la información proporcionada por la Clínica Condesa, de 2012 a 2017, 192 niñas de 7 a 14 años de edad, recibieron anticoncepción de emergencia (AE).

Aun cuando los embarazos infantiles suelen estar relacionados con una violación sexual previa, si las menores de edad en la Ciudad no denuncian ni acuden a la Clínica Condesa para ser atendidas, la Sedesa no registra y, por consiguiente, no da aviso a la PGJDF para que los casos se investiguen y se descarte cualquier delito.

Respecto a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por violación, los únicos datos disponibles son los de la CEC, ya que ahí fueron atendidas para recibir la AE y en caso necesario el derecho a una ILE. Así, el reporte señala que durante 2014 dos niñas de 8 años y una de 14 años fueron canalizadas a los servicios de ILE de la capital, y en 2016 una de14 años de edad.

En su respuesta a la solicitud de información, la Sedesa afirmó que no registra cuántas niñas de 10 a 14 años de edad han interrumpido un embarazo por una violación debido a que en la capital desde hace una década, tras la despenalización del aborto, basta con que la mujer solicite el servicio en alguna de las clínicas dentro de las primeras 12 semanas de gestación, por lo que no está documentando esta violencia.

Únicamente reportó que 2 mil 23 niñas entre 11 y 14 años de edad ejercieron su derecho al aborto, sin precisar si se trató por violencia sexual, así como tampoco si solamente eran de la capital o provenían de otros estados.  

Ante este panorama, personas expertas en salud reproductiva comienzan a plantear propuestas para obligar la documentación de la violencia sexual contra niñas que podría obtenerse de quienes solicitan los servicios de ILE.

“Esta flexibilidad que para bien nos ofrece el programa de ILE en Ciudad de México deja de lado poder registrar de manera específica aquellos casos que llegan producto de violación”, el registro produciría información esencial para medir los niveles de violencia sexual contra la infancia en la entidad y actuar en consecuencia, mencionó en entrevista el asesor de políticas públicas de Ipas México, Alexis Hernández González.

Al no registrar estas estadísticas el Estado contribuye a ocultar el problema, agregó la abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) Ofelia Bastida. De impulsarse una propuesta para realizar el registro de violencia sexual contra las niñas en el servicio de ILE, “debería realizarse en condiciones de privacidad, cómodas y empáticas por personal calificado que no juzgue a las niñas” afirmó.

Si bien no existe un formulario que deba llenarse para conocer la razón de la interrupción, se debe difundir entre el personal médico que en los casos de este grupo etario es importante realizar una investigación, porque es altamente probable que un embarazo infantil corresponda a una violación, resaltó la ginecóloga y asesora en sistemas de salud de Ipas México, Claudia Martínez López.

La situación sobre la violencia sexual infantil en el país podría ser mayor a la que revelan los datos, pues de 2012 a mayo de 2017 la Sedesa informó a esta agencia que 3 mil 812 niñas se convirtieron en madres, sin que se sepa cuántos de esos embarazos fueron producto de una violación.

La experta en derechos sexuales y reproductivos recalcó la importancia de no ignorar a las niñas que sí llevan a término sus embarazos pues, dijo, “en ellas tampoco debería descartarse la posibilidad de haber sido víctimas de una violación”.

VIOLACIÓN, DELITO FRECUENTE

De 2012 hasta lo que va de este año, la Clínica Condesa atendió en promedio a 209 niñas por año. De éstas, 100 tenían de 2 a 5 años de edad; 153 de ellas tenía de 6 a 9 años; 48 era de 10 años; 79 tenía 11 años, 165 de 12 años y se presentaron 263 y 310 casos donde las niñas tenían 13 y 14 años de edad, respectivamente, cuando acudieron a la instancia médica.

Un dato relevante, es que desde 2014 se incrementaron los casos donde las víctimas tenían menos edad, por ejemplo se registraron violaciones a niñas de dos y tres años, un rango de edad que en los dos años anteriores había permanecido vacío.

En 2017 el panorama no fue alentador. Tan sólo en los primeros cuatro meses las niñas víctimas de violación que acudieron a la Clínica representaron 43 por ciento de las atenciones totales brindadas en 2016 a menores de 14 años (170). Es decir, 73 niñas de 14 años de edad fueron violentadas a principios de este año: 29 tenían de 3 a 9 años de edad, mientras que las 49 restantes eran de 10 a 14 años.

17/HZM/MMAE/LGL








NACIONAL
Aborto
   Diputada del PES presenta iniciativa, OSC piden no aprobarla
Buscan reformar Ley General de Salud para extender objeción de conciencia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/10/2017

Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir llamaron a las y los diputados a no aprobar el dictamen de reforma al Artículo 10 BIS de la Ley General de Salud, que busca extender la objeción de conciencia a personal de apoyo y administrativo de los servicios de salud, pues de lograrse, se justificaría la negativa a proporcionar servicios de salud reproductiva a las mujeres como la Interrupción
Legal del Embarazo (ILE).

Esta iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Encuentro
Social (PES), Norma Edith Martínez Guzmán, y fue publicada en la gaceta parlamentaria del pasado 27 de septiembre. En ella propone que personal del Sistema Nacional de Salud podrá hacer valer la objeción de conciencia y excusarse de participar en cualquier “programa, actividad, práctica, tratamiento, método o investigación que contravenga su libertad de conciencia” con base en sus valores y principios éticos.

La campaña, integrada entre otras organizaciones por Ipas México, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), alertó en un comunicado que esto representa un riesgo en el caso particular de las mujeres porque se podría obstaculizar la atención en casos de la interrupción del embarazo existentes como violación y riesgo a la salud, y otros procedimientos como el acceso a métodos anticonceptivos.

La diputada plantea en el proyecto que cuando se dio hace una década la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México, también se reconoció la objeción de conciencia del personal sanitario para practicarlo, por lo que “resulta necesario incluir expresamente este derecho” en la Ley General de Salud, para todos los servidores del sistema de salud de la República.

Lo mismo sucede, expresa Norma Martínez, con la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM 046), que señala los criterios para el acceso al aborto en casos de violación sexual, en ella se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y enfermeras a atender estos casos que son considerados emergencias médicas.

Asimismo la diputada da ejemplos de países que cuentan en sus legislaturas con estas facultades para que el personal médico decida no practicar una interrupción del embarazo, como ocurre en Estados Unidos, Francia, Alemania y Holanda, sustenta.

Situaciones que ocurren a pesar de que la Organización Mundial de Salud (OMS) alerta que los países que usan la objeción de conciencia lo hacen como una estrategia sistemática para negarse a brindar servicios de salud y evitar que las mujeres ejerzan sus derechos reproductivos, orillándolas a recurrir a prácticas de aborto inseguras que ponen en riesgo su vida.

El proyecto de ley adiciona que la objeción de conciencia puede realizarse en cualquier momento y no está limitada, es decir, si el objetor ya la solicitado en situaciones pasadas “no constituye un delito” siempre y cuando “no ponga en riesgo la salud o la vida del o la paciente”.

En caso de proceder la reforma será obligación de la Secretaría de Salud contar en todos los casos, con otras personas que estén dispuestas a brindar la atención.

OBLIGACIÓN DEL ESTADO GARANTIZAR ILE

La propuesta de reforma indicaron las activistas, tiene graves problemas pues el “derecho a la objeción” se amplía al personal técnico o administrativo (no sólo a la persona que participa de manera directa en la intervención médica) y contempla, además del aborto, una serie de procedimientos médicos en los cuales se puede hacer facultad de esta objeción, como en tratamientos anticonceptivos (reversibles e irreversibles).

“Como se observa en ese transitorio segundo -referente a la serie de procedimientos- indicar ciertas intervenciones médicas responde a criterios morales de diversas tendencias religiosas. Por tanto la propuesta atenta contra el Estado laico en México y pone en riesgo la salud de las personas”, precisó la agrupación y recordó que el
Estado está obligado a garantizar el derecho a la salud de la población.

Señalaron que es una reforma innecesaria pues recordaron a las y los legisladores que los Artículos 5º , 6º y 24º de la Constitución, reconocen los derechos a ejercer una profesión a partir de las convicciones éticas, de conciencia y de religión, siempre y cuando no perjudique a terceros.

El dictamen de la Comisión de Salud se discutirá entre otros ocho durante esta semana en el pleno de la Cámara de Diputados, por lo que las activistas que integran la Campaña hicieron un llamado a las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional a no aprobar el dictamen. En redes sociales las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos de México también se unieron bajo el hashtag #SaludSinObjeción.

Actualmente en todo el país las mujeres pueden interrumpir un embarazo cuando sea producto de una violación sexual, y únicamente en la Ciudad de México se puede realizar de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación. En estados de la
República las organizaciones como GIRE han alertado sobre las negativas del personal médico a brindar este servicio a pesar de las causales que están establecidas en la ley.

17/HZM/LGL








INTERNACIONAL
Aborto
   Vigilarán que respete DH de mujeres, advierten
OSC chilenas quedan fuera de elaboración de Protocolo para aborto
Imagen retomada de la campaña Aborto Chile
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/10/2017

Organizaciones civiles de Chile solicitarán revisar, antes de que entre en vigor, el protocolo que actualmente elabora el Ministerio de Salud para determinar cómo los profesionales de la salud aplicarán la ley que despenaliza el aborto por tres causales en ese país, pues buscan asegurar que esté apegado a los Derechos Humanos de las mujeres.

Esto informó en entrevista con Cimacnoticias la directora de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA), una de las organizaciones de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile que desde 2015 acompañan el proceso legal de la despenalización del aborto en el país, Débora Solís Martínez, quien denunció que el Ministerio de Salud decidió no consultar a las organizaciones expertas en el tema para realizar el protocolo bajo el argumento del poco tiempo con el que cuentan.

Actualmente el Ministerio de Salud elabora el protocolo de actuación que seguirá el personal médico para aplicar la ley que permite el aborto cuando está en riesgo la vida de la mujer, si las condiciones del feto son incompatibles con la vida y si el embarazo fue producto de una violación. La legislación, promulgada el pasado 14 de septiembre por la presidenta Michelle Bachelet, entrará en vigor a mediados de  diciembre, una vez que el protocolo esté listo.

Débora Solís Martínez señaló que la atención médica para las mujeres que decidan abortar será integral solo si contempla “un proceso de formación a profesionales de la salud con enfoque en Derechos Humanos”.

Por ello, urgió al Ministerio de Salud chileno a concientizar a las personas profesionales de la salud sobre el deber que tienen de hacer cumplir la ley que despenaliza el aborto en ese país y las inste a respetar el Derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de su embarazo.

Esto, dijo, es necesario para que las y los profesionales médicos entiendan que las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y bajo este concepto replanteen si es necesario emitir su objeción de conciencia, un recurso que pueden presentar ante los directivos de las instancias de salud donde laboran y que los abstiene de practicar un aborto.

El compromiso del Ministerio de Salud, afirmó Débora Solís, también debe extenderse a capacitar e informar sobre la ley a todas las personas que trabajan en las instancias de salud, sin importar si son o no expertos médicos. “(Las autoridades médicas) también deben ocuparse de despenalizar socialmente el aborto con su personal, esto implica trabajar con todas las personas que en las unidades de salud tienen contacto con las mujeres, para que no las juzguen por ejercer su derecho”, dijo.

La defensora y experta de los derechos sexuales destacó la importancia de contemplar en el protocolo médico la atención psicológica para todas las mujeres que opten por practicarse un aborto y no solo se enfoquen en su salud física.

Informó que las organizaciones seguirán trabajando para cerciorarse que el Ministerio de Salud resuelva un pendiente que aún tiene: permitir el uso para fines gineco obstréticos de uno de los medicamentos que en varios países se utiliza para practicar abortos durante las primeras 12 semanas de gestación, el misoprostol, ya que actualmente solo se emplea para efectos gástricos.

La legalización del medicamento resulta importante porque tan solo en México, país que desde hace 10 años permite en la capital la interrupción legal del embarazo por cualquier causal, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que hasta febrero de 2017 el procedimiento más usado para interrumpir el embarazo (en 75 por ciento de los casos) fue el uso de medicamentos.

17/MMAE/LGL








INTERNACIONAL
Aborto
   Sólo 2 mil 500 mujeres de 100 mil accederán a abortos seguros
   
OSC y Academia chilenas promueven campaña por despenalización del aborto
Imagen retomada del portal Mesa de Acción por el Aborto en Chile
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/09/2017

A propósito de la conmemoración del 28 de septiembre por el Día de Acción Global por un Aborto Legal y con la consigna de que la maternidad “debe ser voluntaria, libremente decidida y en un contexto social y legal de protección”, organizaciones civiles y académicas de Chile llamaron a promover la “despenalización social” del aborto en el país y reivindicarlo como un derecho de las mujeres.

La petición fue promovida por la Mesa Acción por el Aborto en Chile, integrada por académicas y más de 10 organizaciones que trabajan por los Derechos Humanos, a través de la “Campaña por la Despenalización Social y Penal del Aborto” impulsada en redes sociales.

Las demandantes exigieron no criminalizar ni juzgar a quienes deciden practicarse un aborto, es decir “despenalizar socialmente” este derecho que aseguraron, significa la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

La campaña fue promovida desde ayer 28 de septiembre, día en el que se conmemora, desde 1990 el Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, tras el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina ese año y fue creada a dos semanas de que la titular del ejecutivo chileno, Michelle Bachelet, promulgara la ley que despenaliza el aborto por tres causales.

A través de un comunicado la vocera de la Mesa Acción por el Aborto, Gloria Maira, refrendó la urgencia de legalizar el aborto por cualquier circunstancia pues aseguró que la ley de aborto por tres causales es  un  “piso mínimo para la autonomía reproductiva de las mujeres” porque solo permitirá el acceso a ese derecho a quienes estén en esas circunstancias y afirmó: “muchas más seguirán abortando en la clandestinidad, la criminalización y el estigma”

Se estima que en Chile se practican anualmente 100 mil abortos inseguros y con las causales permitidas sólo 2 mil 500 mujeres podrán acceder al servicio dentro del marco legal y en condiciones salubres y seguras, de acuerdo a la Mesa Acción por el Aborto, conformada por organizaciones como Amnistía Internacional-Chile, el Observatorio de Equidad de Género en Salud y académicas de la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales.

Hasta agosto de este año, cuando el Tribunal Constitucional chileno aprobó el proyecto de ley que Michelle Bachelet presentó desde 2015 para despenalizar el aborto por las causales mencionadas, Chile formaba parte de la lista de seis países en el mundo que no garantizaban este derecho y en la que actualmente se encuentran Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta y el Vaticano.

Aunque la ley chilena ya fue promulgada, será hasta diciembre cuando entre en vigor, una vez que el Ministerio de Salud realice el protocolo que determinará cómo se aplicará en las instancias de salud.

17/MMAE/LGL








ESTADOS
Aborto
   Yunes Linares debe impulsar propuesta y cumplir AVG: OSC
Desechan iniciativa para despenalizar el aborto en Veracruz
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/09/2017

Las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Veracruz, rechazaron la iniciativa para terminar con la criminalización de las mujeres que interrumpen un embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, por tratarse de una “acción inconstitucional”, argumentaron.

En una sesión extraordinaria del Congreso estatal, el pasado 22 de septiembre se discutió la propuesta hecha por la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro que buscó modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, para despenalizar el aborto; derogar el plazo de 90 días para interrumpir un embarazo en caso de violación; y permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres.

La y los legisladores determinaron como improcedente la iniciativa pues argumentaron que desde el 23 de agosto de 2016 el Artículo 4 de la Constitución de Veracruz protege la vida desde el momento de la concepción, por lo que “no es posible modificar una norma secundaria como es el Código Penal, si contraviene la Carta Magna Veracruzana”, señaló en un comunicado el congreso estatal.

El freno de esta propuesta hecha el 27 de julio por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se dio a pesar de ser una obligación que debe cumplir el gobierno veracruzano como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado, es decir, porque existen leyes que restringen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La petición de esta AVG a la Secretaría de Gobernación (Segob) la realizó en abril de 2016 la asociación civil Equifonía. Su directora, Araceli González Saavedra explicó en entrevista telefónica con Cimacnoticias que la postura de los legisladores carece de fundamentos, pues en el artículo constitucional 4to se indica que “hay excepciones establecidas dentro de la ley”, por lo tanto, sí es posible la reforma al Código Penal local, indicó.

“Nos parece que nuevamente los legisladores se dejan llevar más por sus creencias personales y por las alianzas que hacen con sectores, que no tendrían que estar interviniendo en la política pública de nuestro estado, que por los derechos de las mujeres”, denunció González Saavedra.

Los diputados que firmaron el dictamen negativo durante la sesión fue el presidente de Justicia y Puntos Constitucionales, Bingen Rementería Molina y el secretario, Carlos Antonio Morales Guevara; además del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Gregorio Murillo Uscanga.

De acuerdo con el comunicado del congreso, el dictamen será presentado para su votación ante el Pleno del Congreso en la sesión extraordinaria del 28 de septiembre, justo en la última semana de los seis meses que tiene el gobierno de Veracruz para cumplir con la AVG, recordó peticionaria de la alerta.

YUNES DEBE IMPULSAR PROPUESTA

Ante el rechazo de los diputados, la directora de Equifonía señaló que la obligación recae en el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien sí tiene el compromiso en garantizar los Derechos Humanos (DH) de las veracruzanas y de cumplir con la AVG, él debe presentar la reforma al Código Penal para despenalizar el aborto, precisó.

“Toca al gobernador del estado en cumplir con la recomendaciones de Segob. Él –Miguel Ángel Yunes- debe presentar la iniciativa, esa sería la vía por la cual el poder legislativo pueda hacer las modificaciones pertinentes”, indicó la directora de Equifonía.

En la petición de la AVG fueron tres obstáculos en los derechos sexuales y reproductivos que las organizaciones civiles denunciaron: la inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 que garantiza el aborto en caso de violación; la tipificación del aborto como delito que se castiga con un tratamiento educativo; y la protección de la vida desde el momento de la concepción que impulsó el ex gobernador, Javier Duarte y grupos de conservadores de la Iglesia Católica.

Araceli González recordó que a pesar de los avances en los rubros de acceso a la salud para las veracruzanas, en caso de que no se cumpla con la modificación al Código Penal sobre el aborto, exigirán a Segob que decrete la segunda AVG en Veracruz, pues cabe recordar en noviembre de 2016 la Secretaría declaró en alerta por violencia feminicida a 11 municipios de la entidad.
Por su parte en un comunicado el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y el Frente Veracruzano por la Salud y la Vida de las Mujeres –articulado para dar seguimiento a la AVG por agravio comparado- hicieron un llamado al Congreso de Veracruz para que cumpla sus “responsabilidades jurídicas” y el respeto de los derechos sexuales de las niñas y mujeres conforme a los estándares internacionales de DH.

Asimismo, indicaron que México es un Estado laico por lo que “los derechos de las mujeres no pueden estar condicionados por creencias religiosas”, y recordaron a los legisladores de Veracruz que no pueden desaprovechar una oportunidad histórica, ser la segunda entidad en el país que despenalice el aborto como la Ciudad de México.

17/HZM/LGL








INTERNACIONAL
Aborto
   Entrará en vigor en diciembre
   
Promulgan en Chile ley que despenaliza el aborto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/09/2017

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó la ley que regula el aborto por tres causales, durante una ceremonia efectuada en la sede del gobierno, el Palacio de la Moneda, el pasado 14 de septiembre, con lo que da inicio el plazo para que el Ministerio de Salud elabore el protocolo que determine cómo se aplicará en las instancias de salud y la legislación pueda entrar en vigor.

La ley entrará en vigor hasta diciembre, una vez que el protocolo esté terminado, y permitirá a las mujeres acceder al aborto por 3 causales: cuando esté en riesgo su vida, si las condiciones del feto son incompatibles con la vida y si el embarazo fue producto de una violación.

Con esto concluye el proceso que inició en enero de 2015 cuando la titular del Ejecutivo presentó ante el Congreso chileno el proyecto de ley, el cual fue cuestionado por fracciones parlamentarias como la de Chile Vamos, que en agosto de este año presentó un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) chileno, instancia que declaró constitucional la iniciativa.

Al despenalizar el aborto, mencionó Bachelet durante la ceremonia de promulgación, el Estado salda “una deuda enorme con las mujeres de Chile” ya que sancionarlo por cualquier causal (como se hacía desde 1931) representó “un incumplimiento en materia de respeto a los Derechos Humanos, porque ponía en riesgo el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de las mujeres”, afirmó.

Tras el anuncio de Michelle Bachelet, Chile deja de ser parte de los países latinoamericanos que como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Honduras, penalizan el aborto por cualquier causa. Cabe recordar que tan solo en 2015 la organización Amnistía Internacional- Chile estimaba que al año se practicaban, en promedio, 160 mil abortos, la mayor parte de forma insegura.

Por su parte las organizaciones civiles como las integrantes de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, se pronunciaron a través de un comunicado y destacaron que si bien al legalizar el aborto por tres causales “se avanza en la protección de la dignidad y derechos de las mujeres y las niñas”, en chile las mujeres aún no pueden “ejercer con plenitud” sus derechos sexuales y reproductivos toda vez que siguen sin poder interrumpir embarazos solo por voluntad.

17/MMAE/LGL








ESTADOS
SALUD
   Es la tercera entidad con más casos
En Veracruz el embarazo en niñas es 4.7 veces mayor que la media nacional
Especial
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 14/09/2017

En 2016 el Subsistema de Información sobre nacimientos de la Secretaría de Salud registró que 873 niñas de 10 a 14 años llevaron a término un embarazo en Veracruz, la entidad donde la maternidad en niñas de este grupo de edad es 4.7 veces mayor que el promedio nacional, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En tanto, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la colocan como la tercera entidad con más casos registrados de 2012 a 2015 pues en ese periodo 3 mil 173 niñas tenían menos de 15 años al momento del nacimiento de sus hijas e hijos.

De éstas, seis tenían 10 años y en 20 casos fueron niñas de 11 años; 99 tenía 12 años, mientras que en 553 y 2 mil 495 casos se trató de menores de edad de 13 y 14 años respectivamente.

Los municipios que concentraron la mayoría de estos embarazos fueron Veracruz, con 9.39 por ciento de los casos (298); Xalapa con 225 embarazos de menores de 15 años (ocho por ciento del total) y 5 por ciento ocurrieron en San Andrés Tuxtla.

Mientras que de 2009 a 2013 la proporción nacional de nacimientos en los que la madre era menor de 15 años se mantuvo en 0.45 por ciento, en Veracruz rebasó el 1.50 por ciento, señaló la Conavim en su informe para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado en el estado, con lo que concluyó que la maternidad en las niñas de esa entidad es 4.7 veces mayor que el promedio nacional.  

Cabe recordar que la organización Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, presentó el 5 de abril de 2016 la solicitud de AVG por Agravio Comparado pues las mujeres de la entidad han visto violentados sus derechos por legislaciones que las criminalizan, como en el caso del acceso a la Interrupción Legal del Embarazo por la causal de violación.

Pese a ser legal esta causal en el estado, las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual no están accediendo a este derecho, y muchas de ellas o terminan los embarazos o acceden a interrupciones inseguras que colocan en riesgo sus vidas.

La maternidad en niñas, dice Conavim, significa “un obstáculo a su sano desarrollo” porque generalmente “implica el fin de la escolarización y el truncamiento de oportunidades para su desarrollo personal”.

Pese a que el Estado no cuenta con datos oficiales sobre cuántas niñas presentaron embarazos producto de una violación sí se sabe que las legislaciones en Veracruz siguen forzando a las niñas a ser madres al no garantizarles el acceso al aborto.

De acuerdo a la Fiscalía General de Veracruz de enero de 2015 al 30 de abril de 2016 iniciaron 15 investigaciones ministeriales y siete carpetas de investigación por aborto.  Mientras que el Inegi señala en su Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de 2015, que en 2014  al menos 10 mujeres habían sido involucradas como presuntas culpables de aborto, para uno de los casos se abrió una carpeta de investigación y en nueve se iniciaron averiguaciones previas.

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INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Lluvias intensas provocan desplazamientos
   
Más de 10 mil mujeres y niñas afectadas por desastre en Perú
Las mujeres y las niñas se enfrentan a algunos de los mayores desafíos, incluyendo la amenaza de la fiebre del dengue y el Zika que afectan especialmente a las mujeres embarazadas, las barreras en el acceso a la planificación familiar y el mayor riesgo de violencia por razón de género. © UNFPA Perú / Juan Pablo Casapia
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 13/09/2017

De febrero a abril de este año, una serie de intensas lluvias e inundaciones en la costa norte del Perú provocaron una gran cantidad de desplazamientos y daños. Con más de un millón de personas afectadas, se declaró un estado de emergencia.

 

Las mujeres y las niñas enfrentaron algunos de los retos más grandes, incluyendo la amenaza de la fiebre del dengue y el virus del Zika para las embarazadas, barreras de acceso a servicios de planificación familiar y un mayor riesgo de violencia por razón de género, que a menudo se incrementa en situaciones de emergencias humanitarias.

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha estado trabajando con el gobierno y diversos socios locales para garantizar que las mujeres y las niñas reciban los servicios que necesitan. Se estima que, para el mes de julio, se logró llegar a 10 mil mujeres y niñas con servicios de salud reproductiva que salvan vidas y esfuerzos para prevenir la violencia por razón de género.

 

BRIGADAS MÓVILES LLEVAN ATENCIÓN E INFORMACIÓN

 

Los departamentos de Piura, La Libertad y Lambayeque, se vieron severamente afectados con más de 210 mil damnificados. El UNFPA y la Dirección de Salud Regional desplegaron brigadas móviles integradas por médicos, ginecólogos, obstetras, psicólogos y trabajadores sociales.

 

El UNFPA también organizó más de 150 sesiones de concientización en alrededor de 20 campamentos y comunidades en las áreas más afectadas, llegando con ello a más de 10 mil mujeres.

 

En estas sesiones se abordaron aspectos tales como dónde encontrar servicios de atención a la salud materna, cómo evitar embarazos no planeados, cómo identificar los síntomas de complicaciones del embarazo y cómo evitar las infecciones por los virus del dengue, Zika y Chikungunya.

 

Marta*, una mujer de 34 años de edad y madre de dos hijos, se encuentra viviendo en un albergue en San Pablo. Ella afirma que el hecho de tener acceso a servicios de salud reproductiva le ha permitido gozar de una gran tranquilidad en un momento tan difícil.

 

“Sospechando que podría estar embarazada, fui a ver a un médico obstetra de la brigada móvil del centro de salud de San Pablo”, le comenta al UNFPA. “Y mi prueba de embarazo resultó negativa”.

 

El resultado fue un gran alivio, y decidió informarse acerca de los servicios de planificación familiar disponibles. “Recibí consejería en planificación familiar, información acerca de los riesgos de embarazarme en estas circunstancias, y pastillas anticonceptivas”.

 

Marta y su esposo platicaron acerca de lo que ella había aprendido, y juntos decidieron evitar un embarazo hasta el momento en que sus vidas tengan una mayor estabilidad.

 

Previniendo y respondiendo a la violencia por razón de género

el UNFPA también está apoyando esfuerzos para prevenirla.

 

En los campamentos de Piura, uno de los departamentos más afectados, el UNFPA distribuyó más de 7 mil 500 kits de protección entre las mujeres y las niñas. Estos kits contienen silbatos, lámparas de mano solares, candados y otros artículos.

 

El UNFPA también trabajó con los miembros de la comunidad para transmitir mensajes que promueven la seguridad y ayuden a las sobrevivientes de violencia a encontrar servicios de apoyo.

 

También se distribuyó información acerca de un número telefónico de ayuda sin costo para las sobrevivientes de violencia operado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

 

Adicionalmente, se urgió a los miembros de la comunidad a identificar a líderes confiables a los que pudieran contactar en caso de ser necesario. Y a las mujeres y las niñas se les exhortó a usar sus silbatos para alertar a las autoridades en caso de encontrarse en peligro.

 

“Cuando recibimos el silbato, nos dimos cuenta de que era una herramienta importante para comunicarnos”, afirma Carmela*, una residente de 33 años de edad del albergue de Nuevo Santa Rosa.

 

“Desde que comenzamos a usarlo, nos hemos sentido más protegidas, ya que sabemos que, en caso de surgir un problema, si hacemos sonar el silbato la comunidad vendrá a nuestra ayuda”.

 

REFORZAR LAS COMUNIDADES

 

El UNFPA también suministró equipo médico y quirúrgico, personal de atención a la salud y asistencia técnica para mejorar los servicios de salud pública en las áreas afectadas por la emergencia.

 

Diversos expertos afirman que la respuesta humanitaria les ha ayudado a los miembros de la comunidad a apoyarse mutuamente y también a sí mismos.

 

“Se crearon y fortalecieron los comités comunitarios para la protección en contra de la violencia hacia la mujer”, reportó la representante del UNFPA en el Perú, Elena Zúñiga.

 

Y también se ha logrado un mayor reconocimiento del valor de la atención a la salud sexual y reproductiva.

 

“Las actividades de concientización e información se tradujeron en un incremento en la demanda de servicios de salud sexual y reproductiva en las unidades médicas”, afirmó Zúñiga.

 

* Su nombre real ha sido cambiado para proteger su privacidad.

 

*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.

 

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