violencia política en razón de género

ESTADOS
POLÍTICA
   Incluido el concepto en alguna de legislaciones locales en 24 entidades
En tres estados la violencia política de género es un delito
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/03/2018

En tres entidades, Oaxaca, Estado de México y Veracruz la violencia política de género es un delito definido en el Código Penal estatal aunque a la fecha no hay ninguna persona sancionada por cometer este ilícito.

De los 32 estados de la República Mexicana, 24 han incorporado este concepto en su legislación: cinco en su Constitución Política, 21 en su Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y 18 en su Ley o Código Electoral.

Estas entidades son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Sin embargo solo tres consideran estos actos un delito. El pasado 30 de enero el Congreso de Veracruz reformó al artículo 367 Ter del Código Penal para sancionar a quienes violenten a mujeres que buscan cargos de elección popular o puestos de responsabilidad pública, reforma que se publicó el pasado 22 de febrero.

En Veracruz se sanciona con prisión de 2 a 6 años y multa a quien cause daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole en contra de una o más mujeres para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales.

En el caso del Código Penal del Estado de México, el Artículo 280 Bis del Código Penal dice que se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y multa a quien por cualquier medio impida u obstaculice a una mujer el acceso a los cargos de elección popular, su debido desempeño o la induzca a la toma de decisiones en contra de su voluntad. 

En Oaxaca, en febrero de 2016 el Congreso aprobó adicionar el artículo 401 Bis al Código Penal local, lo que convirtió la entidad en la primera del país en tipificar la violencia política de género aunque las impugnaciones en materia electoral la redacción fue derogada en agosto de 2017.

El decreto número 672, aprobado por el Congreso del estado el 9 de agosto del 2017 y publicado en el Periódico Oficial el 20 de septiembre del 2017, los delitos electorales son los que establece la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

De acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 2017, elaborado por organismos electorales, aunque es alentador que 75 por ciento de las entidades haya incluido en su legislación alguna consideración sobre el tema, la mayoría se ha centrado en la conceptualización de esta violencia.

Según este documento, son muy pocos los estados que establecen una sanción, esto es, los que identifican las conductas como una infracción o un delito.

Solo Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Puebla no tienen previsto este concepto en ninguna legislación, a pesar de que en estas entidades se han registrado casos de violencia contra aspirantes a un cargo de elección.

Por ejemplo, en marzo de 2015, en Guerrero, fue asesinada Aidé Nava González, precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en la Montaña baja.

Además en este mes ocurrieron dos crímenes más en la misma entidad. El 25 de febrero fue encontrada asesinada en el municipio de Chilapa la exaspirante del Partido Revolucionario Institucional a diputada local en el distrito 25, Dulce Rebaja Pedro; y el 21 de febrero fue ejecutada la ex regidora, también de Chilapa, y precandidata del PRD a una diputación local, Antonia Jaimes Moctezuma.

18/AGM/LGL








NACIONAL
POLÍTICA
   Acreditó violencia política en contra de Herminia Quiroz Alavez
Tribunal Electoral ordena restituir a síndica de San Juan Colorado, en Oaxaca
Imagen cortesía de Azael Tapia Martínez
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/02/2018

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al presidente municipal de San Juan Colorado Jamiltepec, en el estado de Oaxaca, Juan García Arias, restituir a la síndica Herminia Quiroz Alavez y abstenerse de obstaculizar sus derechos.

El pasado 2 de febrero el TEPJF confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Oaxaca que en diciembre del año pasado consideró que el alcalde y el Cabildo municipal limitaron los derechos de la síndica al amenazarla, insultarla e impedirle ejercer el cargo para el cual fue electa.

El conflicto entre ambas funcionarios, electos en junio de 2016, inició el año pasado cuando García Arias y Quiroz Alavez presentaron dos juicios distintos ante el Tribunal Electoral de Oaxaca. El alcalde señaló que la síndica se extralimitaba en sus funciones mientras que ella argumentó que era víctima de violencia política por razones de género.

Herminia Quiroz Alavez era la segunda concejal e integraba la Comisión de Hacienda, por lo que exigió que se le permitiera vigilar la recaudación de impuestos y los fondos de la Hacienda pública, entre otras funciones que debía realizar.

No obstante, no se le convocaba a las sesiones de Cabildo, no le entregaban información de la Cuenta pública y se le negó el acceso a la sindicatura por ir acompañada de personal de seguridad que contrató ante las amenazas recibidas.

En junio de 2017 el Cabildo sesionó para destituirla, sin que ella estuviera presente, y nombró en el cargo a su suplente.

Finalmente, en diciembre el Tribunal Electoral de Oaxaca revisó los juicios presentados por ambas partes y declaró infundados los agravios presentados por el presidente municipal y ordenó que los integrantes del Cabildo, así como al Secretario y Tesorero municipal, se abstuvieran de violentar a la síndica.

Sin embargo Juan García Arias se inconformó ante la Sala Regional Xalapa aludiendo que no se consideraron las pruebas que él presentó y que la autoridad local se extralimitó. Aun así el pasado 2 de febrero los magistrados electorales confirmaron la primera sentencia donde también se ordenó restituir a la síndica y pagarle el sueldo correspondiente.

Los magistrados consideraron los supuestos establecidos en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres y mencionaron que en casos de violencia de género, como amenazas y discriminación, generalmente estos hechos ocurren en espacios privados donde sólo se encuentran la víctima y su agresor, por lo que tiene valor probatorio el dicho de la víctima.

Desde 2016 Oaxaca incluyó la violencia política de género en el Artículo 401 Bis de su Código Penal y en abril de 2017 se aprobaron y publicaron reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales y a la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.

18/AGM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Critican imágenes de aspirante a alcaldía de Caborca, Sonora
MC condena violencia política contra precandidata
CIMACFoto: Rosario Nieto
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/01/2018

La Coordinación de Mujeres en Movimiento del partido Movimiento Ciudadano (MC) denunció que la precandidata a la presidencia municipal de Caborca, Sonora, Patricia Azcagorta, es víctima de violencia política de género porque es juzgada por su físico y no por su competencia ni capacidad para asumir el cargo.

En un comunicado, la coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, Claudia Trujillo Rincón, demandó que el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales coadyuven a salvaguardar la integridad de las mujeres que  contienden en este proceso electoral.

El partido político se pronunció después de que en redes sociales circularan fotografías de Azcagorta con ropa ceñida y un video donde aparece con poca ropa y bailando, con música de fondo de los promocionales del partido.

“Es inadmisible que sigamos padeciendo de este tipo de violencia en México. Decimos ¡Basta! A ser sexualizadas o cosificadas, y ser violentadas en nuestros Derechos Humanos”, señaló Trujillo Rincón sin ampliar información sobre la trayectoria política de la precandidata, quien de acuerdo con medios locales, en 2014 buscó la candidatura para la alcaldía de Caborca pero por el partido Acción Nacional.

Sobre este caso, la dirigente estatal de MC, María Dolores del Río, declaró a medios locales que la precandidata es una mujer inteligente, ex directora del Registro Civil y que ha sido una funcionaria capaz e incluso señaló que no es la misma persona que aparece en el video que circula en redes sociales. 

Del Río, quien fue alcaldesa de Hermosillo, criticó que ahora que las mujeres tienen posibilidad de participar en los procesos electorales, gracias a que la paridad (50-50) en candidaturas es un principio constitucional, se trate de desacreditar su participación con este tipo de críticas que solo aluden a su cuerpo.

A su vez la Coordinación de MC hizo hincapié en la implementación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, editado por organismos electorales, que considera que una mujer puede ser víctima de violencia política, por ejemplo, a través de ataques que ponen en entredicho su ‘moral sexual’.

El próximo 1 de julio en Sonora se renovarán 33 diputaciones locales y 72 Ayuntamientos.

En la entidad se reconoce la violencia política contra las mujeres luego de que en mayo de 2017 el Congreso aprobara un paquete de reformas presentado por la gobernadora Claudia Pavlovich, quien también se dijo víctima de violencia política en las elecciones de 2015, para incluir este concepto en su ley electoral

El Artículo 5 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado dice que queda prohibido cualquier tipo de violencia política hacia las mujeres, así como realizar acciones u omisiones que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos políticos.

El caso de Patricia Azcagorta no es el único. En noviembre pasado la diputada local Célida Teresa López Cárdenas renunció Acción Nacional acusando al entonces el dirigente nacional del partido, Ricardo Anaya y el secretario general en Sonora, Damián Zepeda, de violencia política para impedir que fuera candidata al Senado.

Aunque la violencia política no es un delito en la legislación federal, en enero del año pasado la FEPADE informó que, tenía conocimiento de 26 casos de violencia de esta naturaleza: 10 casos de candidatas agredidas en procesos electorales, 8 de funcionarias electorales y 6 de funcionarias partidistas.

18/AGM/LGL

 








NACIONAL
POLÍTICA
   19 entidades reconocen concepto en normas electorales
   
Reeditan Protocolo para atender violencia política contras las mujeres
Imagen retomada del Congreso de Morelos
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/11/2017

En México sólo 19 de las 32 entidades reconocen la violencia política de género en sus leyes o códigos electorales; sin embargo, no en todas las normas se establecen sanciones, lo que llevó a las autoridades comiciales a reeditar el “Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” de cara a los comicios de 2018.

Este jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), entre otros organismos, presentaron la nueva versión de esta herramienta a fin de atender y sancionar la violencia política de género hacia pre-candidatas y candidatas que participen en los comicios del próximo año.

En México, el 1 de julio de 2018 se elegirán 3 mil 416 cargos, entre ellos la Presidencia de la República y la renovación de 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 8 gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La nueva versión del “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres”, editado en 2016, considera que hasta septiembre pasado cuatro estados, Guanajuato, Hidalgo, Guerrero y Puebla, no tenían el concepto de violencia política en ninguna norma mientras que dos entidades, Chihuahua y Ciudad de México, tienen esta figura en su Constitución local, en su ley electoral y en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Este Protocolo, señalaron las instituciones, pretende llenar el vacío que existe sobre el concepto de este fenómeno social que se agudiza previo, durante y después de los procesos electorales. Es de recordar que este concepto no está definida en las normas electorales federales porque la Cámara de Diputados no aprobó la minuta enviada por el Senado a tiempo, es decir, 90 días antes del inicio del actual proceso electoral.

En esta reedición, elaborada por el TEPJF y otras instituciones, se señala que la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.

La nueva definición, que retoma el estándar de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, dice que esta violencia “puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida”.

A partir de 2014 cuando la paridad se legisló como un principio constitucional, se han documentado más casos de violencia política, por ejemplo, en marzo de 2015 fue asesinada la perredista y precandidata a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en Guerrero, Aída Nava González; y el 2 de enero de 2016 fue asesinada la alcaldesa electa de Temixco, en Morelos, Gisela Mota Ocampo.

Entre los casos que han sido reconocidos por las autoridades está el de Rosa Pérez Pérez, quien en 2015 fue electa presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, en Chiapas, sin embargo denunció que fue obligada a renunciar por ser mujer e indígena. Otro caso fue el de Felicitas Muñiz Gómez, presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Guerrero, amenazada y descalificada también por ser mujer.

Este Protocolo, que es una guía para que las autoridades atiendan el problema, hace hincapié en que las mujeres también pueden ejercer violencia política en razón de género contra otras mujeres y en que no toda violencia que se ejerce contra una mujer tiene como motivación una cuestión de género.

El documento indica que aunque esta violencia no está tipificada, muchas de las conductas que la constituyen sí configuran delitos, por ello una víctima puede iniciar una acción penal o acudir a las intuiciones como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

A través de este Protocolo también se hizo un llamado a los partidos políticos, considerados por un estudio de ONU Mujeres como el mayor obstáculo para la participación política de las mujeres, para que diseñen y pongan en práctica protocolos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las aspirantes a cargos de elección.

Se expuso que los nueve partidos políticos nacionales y las agrupaciones política estatales deben considerar las reformas necesarias a sus estatutos internos, con el objeto de reconocer y prohibir esta violencia, realizar acciones de prevención y sensibilización y ejercer con la mayor eficiencia posible el presupuesto para el empoderamiento de las mujeres.

17/AGM/LGL








NACIONAL
POLÍTICA
   Denuncia misoginia de Tribunal Electoral de Oaxaca
Alcaldesa Samantha Caballero Melo interpone recurso ante SCJN
Imagen retomada del portal página3.mx
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/10/2017

Desde que Samantha Caballero Melo asumió el cargo como alcaldesa del municipio oaxaqueño de San Juan Bautista Lo de Soto, en enero pasado, recibió amenazas para declinar el cargo a favor del síndico Pablo Anica Valentín, quien nunca se ha presentado a laborar pero quien recientemente fue considerado víctima por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).  

En el proceso electoral de 2016 Caballero Melo fue postulada como candidata a presidenta de su municipio por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Como resultado de la contienda ganó la elección y tomó protesta el 1 de enero, día en que el síndico electo, también priista, tomó el Palacio Municipal a fin de que ella no rindiera protesta.

Desde entonces, Pablo Anica Valentín ha hecho todo lo posible para que la presidenta municipal no pueda realizar las funciones para las cuales fue electa. Por ejemplo, se llevó a su domicilio la patrulla, la ambulancia, el camión para recoger la basura y otro vehículo, todos propiedad del Ayuntamiento y utilizados para dar servicios a la comunidad.

Sumado a esta violencia, el síndico destituyó a la tesorera nombrada por la alcaldesa, acción que fue avalada por la Secretaria General de Gobierno de Oaxaca, por lo que de enero a mayo Samantha Caballero no recibió recursos públicos destinados al municipio, lo que provocó que denunciara estas acciones ante las autoridades electorales para que éstas garantizaran sus derechos como funcionaria pública. 

Esta mañana, acompañada por el “Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres”, la alcaldesa se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una controversia constitucional en contra de la resolución emitida por el TEEO el pasado 11 de octubre y en la cual se favorece a su principal agresor.

La integrante del Colectivo, Anabel López Sánchez, expuso a Cimacnoticias que la sentencia de la autoridad electoral obedeció a un juicio presentado por el síndico, quien se quejó porque la alcaldesa llamó a su suplente para ejercer funciones de gobierno cuando al parecer esa acción es facultad exclusiva del Congreso del estado.

Caballero Melo explicó que después de tres sesiones de cabildo, a las cuales los síndicos y regidores no se presentaron, la ley municipal la faculta para llamar a los suplentes con el objetivo de no detener las labores y continuar los trabajos de gobierno, lo que acató pues sus agresores no estaban dispuestos a ejercer sus respectivos cargos.

Además de Anica Valentín, los regidores Eloi Bernardo Vargas, María Elena González Arellanes y María Rentería Silva, nunca se presentaron a laborar en el municipio.

Después de ser prácticamente destituido, Anica Valentín presentó un juicio ante el Tribunal Electoral estatal alegando que él fue quien ganó la contienda y debería tener el cargo. El 11 de octubre el TEEO le dio la razón al determinar que el Ayuntamiento no tiene facultades para llamar a los suplentes y ordenó invalidar las actas de sesión de cabildo donde se les tomó protesta así como pagar los sueldos caídos al síndico y regidores.

En este proceso, que Caballero Melo y López Sánchez consideran violencia política, la alcaldesa presentó una controversia constitucional en contra de la autoridad del estado argumentando que en su sentencia invade competencias porque como órgano electoral no puede pronunciarse por actos administrativos como las actas de sesión y mucho menos invalidarlas. 

Además agregan que el pasado 24 de marzo la presidenta municipal presentó un juicio ante el Tribunal Electoral local por los actos de violencia que padeció. En aquella ocasión, el organismo emitió una sentencia en la que reconoció la existencia de violencia política de género, consideración que fue ratificada el 27 de abril por la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las activistas también denunciaron la inacción del Congreso de Oaxaca que desde marzo recibió una solicitud de revocación de mandato en contra del síndico Pablo Anica Valentín, petición firmada por más de 500 ciudadanos; y desde mayo tiene otra solicitud de la alcaldesa también pidiendo la destitución de su principal agresor. Hasta la fecha no hay respuesta. 

17/AGM/LGL








NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Falta proteger y garantizar derechos político-electorales
Senadora llama a Cámara de Diputados a legislar violencia política
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 19/09/2017

Aun cuando es tarde para tipificar la violencia política de género para que aplique en el proceso electoral de 2018, es indispensable que la Cámara de Diputados dictamine la minuta enviada por el Senado a fin de contar con la normativa a la brevedad posible, afirmó la senadora Sandra Luz García Guajardo.

En una excitativa enviada por el Senado a la Cámara de Diputados, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) pidió que se apruebe la minuta sobre violencia política en razón de género para proteger y garantizar la integridad de las mujeres, propuesta que fue avalada por el Senado en marzo pasado.

En el documento enviado a San Lázaro, la senadora por Tamaulipas recordó que en abril, al finalizar el anterior periodo ordinario de sesiones, uno de los temas que no fue votado por el pleno de la Cámara baja fue la inclusión del concepto de violencia política en razón de género en cinco leyes en materia electoral.

La Constitución federal señala en el Artículo 105 que no se pueden realizar modificaciones sustanciales a las leyes que rigen las elecciones en un plazo de 90 días previos al inicio del proceso electoral, por lo que en las elecciones próximas, las mujeres no contarán con la garantía plena de sus derechos político-electorales, señaló la legisladora.

La senadora también enfatizó que hubo falta de interés por aprobar este tema: “realizamos un trabajo que ha carecido de voluntad política por parte de nuestra colegisladora para contar con los elementos necesarios a fin de que no haya más mujeres limitadas en sus aspiraciones y en el ejercicio de sus derechos político electorales”.

También señaló que la inclusión de la violencia política de género en la ley busca evitar más casos de mujeres políticas que sean registradas como candidatas en distritos perdedores; inequidad en la distribución de los tiempos oficiales de radio y televisión y la distribución de recursos para las campañas o que se les incluya al final de las listas de representación proporcional de los partidos.

También pretenden evitar sustituciones arbitrarias en precandidaturas y candidaturas; presiones para ceder o no reclamar una candidatura o cargo ganado, para pedir licencia y favorecer a los suplentes varones y no regresar al cargo; agresiones durante campañas; mayor exigencia que a los hombres; o intimidación, amenazas, exclusión, entre otras formas de violencia.

17/AGM/LGL








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