NACIONAL
VIOLENCIA
   La señalan como uno de los “enemigos del estado”
Activista Argentina Casanova denuncia ante la PGR campaña en redes para violentarla
Imagen retomada de Producciones y milagros
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/02/2017 La defensora y coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, Argentina Casanova, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) una campaña en redes sociales para desprestigiarla y violentarla.
 
Desde la semana pasada, en Facebook circularon imágenes de políticos, periodistas y activistas de Campeche, entre ellos Argentina Casanova --quien es consultora y acompaña familiares de víctimas de feminicidio--, a quienes se les llama "enemigos" del Estado y donde se hace un llamado a asesinarlos.
 
Al respecto, la también periodista e integrante de la Red Nacional de Periodistas con Visión de Género dijo a Cimacnoticias que desde noviembre ha sido atacada en redes sociales en donde circulan fotografías, con textos donde afirman que se le relaciona sentimentalmente con un político y donde critican sus artículos de opinión relacionados con los Derechos Humanos porque son para “desprestigiar al Gobierno del estado”.
 
Apenas el 2 de febrero, comentó la autora de la columna Quinto Poder, apareció una cuenta en la red social para difundir la lista de nombres de personas con posturas críticas. En un principio, la activista no le dio importancia, pero al ver que esa información fue viralizada tomó conciencia de la agresión.
 
El 3 de febrero, Casanova presentó una denuncia ante la delegación de la PGR en Campeche, con el fin de dejar antecedente de lo que sucede y solicitar se investiguen las cuentas desde donde se hace apología de la violencia para matar a quienes señalan como personas incómodas para el Gobierno estatal.
 
La denuncia se presentó “contra quien resulte responsable” y quedó asentada en la carpeta de investigación FED/CAMP/CAMP/0000029/27.
 
La campaña de desprestigio también tocó a quienes opinaron críticamente sobre la marcha organizada por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el 1 de febrero pasado, cuando llamó a la unidad de México y sobre la cual fuentes periodísticas dijeron que los asistentes fueron obligados a participar.
 
17/AGM/GG
 







MONEDERO
   MONEDERO
Llegaron la carestía y el viernes negro, las más afectadas: las mujeres
Especial
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/01/2017 Hay un clima de profunda irritación y descontento social en todo el país, que si bien se desencadenó con el famoso “gasolinazo” y la subida de precios –incluyendo la del peso/dólar- en realidad es producto de un acumulado de varios años (no sólo los de este gobierno) de: errores, injusticias, corrupción, violencia, pobreza, desigualdad y represión para toda la población, pero muy en particular para las mujeres.
 
En el norte del país ha habido varias protestas y manifestaciones muy nutridas, para ellos los aumentos de precios han estado acompañados de un crecimiento en la violencia y el narco, así como la fuerte depreciación del peso, que tanto afecta su economía familiar. Además en estas ciudades hay mayor dependencia del automóvil, entre otras razones porque el transporte público es prácticamente inexistente y caro.
 
Los índices de aceptación del Presidente son los más bajos en los últimos 30 años, sólo una de cada diez personas aprueba su gestión. Las respuestas y explicaciones del gobierno y sus funcionarios ante estos problemas -y el propio aumento de los energéticos- o el problemón que representa la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos son un rosario de barbaridades, algunas de humor involuntario y otras (las más) un insulto a la inteligencia de la sociedad.
 
Habría que empezar por la firma del Pacto o Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar que se firmó el lunes 9 de este mes con la participación del Consejo Coordinador Empresarial y el Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
 
Del gabinete participaron los secretarios de Hacienda, del Trabajo y el de Economía. Hubo dos grandes ausencias muy importantes: los sindicatos independientes encabezados por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y un sindicato empresarial, también importante: Coparmex.
 
El Consejo Coordinador Empresarial hace mucho que no representa a las pequeñas y medianas empresas o son una minoría, aunque en el país son la gran mayoría en la generación  de empleo y las más afectadas por los aumentos en sus costos  que implican estos incrementos en los energéticos y el precio del dólar.
 
Respecto a la CTM ésta ya es una entelequia, la mayoría de sus sindicatos agremiados son “sindicatos fantasma” o de “protección”, que únicamente representan a los patrones y están muy lejos de las necesidades de las y los trabajadores; de ninguna manera se puede decir que con su participación estuvieron representados los y las trabajadores, o como se decía anteriormente “el sector obrero”.
 
Nada que ver con la CTM que participó en los Pactos que se firmaron en los gobiernos de Miguel de la Madrid o aún en el de Carlos Salinas, donde persistía el corporativismo sindical, ahora en franca decadencia, y en proceso de extinción. Por tanto la presencia de la CTM actual en la firma del Pacto del lunes  es meramente decorativa.
 
Y más o menos el mismo problema enfrenta el actual Estado –o lo que queda de éste después de 30 años de neoliberalismo- donde se encargaron de desmantelarlo, sobre todo a partir del gobierno de Miguel de la Madrid. Por lo consiguiente, muchas de las medidas que propone este pacto –para empezar la del control de precios- no son factibles. ¿Cómo y con qué?
 
Importar los productos que se encarezcan como se hizo en otras ocasiones, con los precios que tiene actualmente el dólar, más que una solución implica un problema más.
 
Sin contar con que el descrédito que tiene este gobierno le resta fuerza y credibilidad, tal parece que su único y último recurso es la represión, de ahí la urgencia y el interés de discutir la famosa Ley de Seguridad Interior, que le dará mayores facultades al Ejército.
 
Las razones que esgrimió la Coparmex para no participar en el pacto son varias. Según ellos no es fruto de un amplio y verdadero consenso social. Planteó el cese a los aumentos subsecuentes a las gasolinas, recortes al gasto público, eliminar duplicidad de programas sociales y algo muy interesante: crear un partida presupuestal para refinar petróleo.
 
¿Los asesoró Andrés Manuel López Obrador? porque fue él quien propuso la construcción de cinco refinerías en el país en su campaña presidencial. La respuesta que entonces recibió por parte de los “expertos” fue de críticas y burlas: ¿para qué construir refinerías? si salía más barato importar gasolina.
 
Ahora ya quisieran contar aunque fuera con una, o por lo menos no haberse comido “la gallina de los huevos de oro” en corrupción, en lugar de invertir en refinerías, minimamente  en las existentes. Aclaro que eso de la “gallina de los huevos de oro” lo dijo el propio Presidente, en una de sus atinadas declaraciones (¡gulp!).  
 
Pedirles a los empresarios que absorban los costos de los incrementos (incluyendo la depreciación del peso), sin aumentar precios de los productos tiene  un efecto muy negativo. Ahorran despidiendo personal y en esos casos las que encabezan las listas de despidos son las mujeres.
 
De acuerdo a las expectativas de los expertos consultados por Banco de México,  en 2017 se espera un desempleo de 4.0 y 4.22 por ciento, superior a la de 2016, con una generación de empleos formales de 6.3 por ciento menos a la del año anterior. 
 
Con el agravante de que las cifras de desempleo que sigue publicando el Inegi están más que maquilladas, particularmente las relativas al desempleo femenino.
 
Por su parte los Sindicatos independientes encabezados por la UNT  pusieron como condición para participar en la firma del citado pacto la cancelación de los subsecuentes aumentos en la gasolina y un aumento de emergencia del salario, ambas cosas les fueron negadas y no firmaron. 
 
Están proponiendo una marcha para el próximo 31 de enero, un paro general y la publicación de un pronunciamiento que firman diversas organizaciones obreras y campesinas, donde se señala entre otros aspectos:
 
“Al incremento en los combustibles anunciado por el gobierno el 27 de diciembre del año pasado, es previsible que seguirán otras medidas desafortunadas que en su conjunto tendrán un alto costo social, como ya hemos vivido en otros momentos de nuestra historia reciente: mayor desempleo, pérdida del poder adquisitivo del salario, ajustes del gasto público en los renglones que afectan la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos, y en general una caída del crecimiento que afectará en particular a las pequeñas y medianas empresas. El modelo de desarrollo seguido hasta ahora está mostrando signos de agotamiento, lo peor de la crisis aún está por venir si no actuamos para cambiar las políticas económicas instrumentadas hasta ahora”.
 
El resultado es que crecerá más la pobreza, como bien lo señala este documento y esto conlleva a que más jóvenes se incorporen al narco, ya sea como sicarios o como “halcones”, prácticamente es su única “ventana de oportunidades”, especialmente ahora con la llegada del viernes negro, como acertadamente se le llama  a la toma de posesión de Trump.
 
VER GRÁFICA AQUÍ
 
Mayor pobreza femenina Como bien se ilustra en la gráfica, en los últimos 11 años (2005-2016), el número de trabajadores y trabajadoras con un salario mínimo creció considerablemente, sobre todo las mujeres, cuya participación pasó de 11.9 a 16.4 por ciento (datos de Enoe-Inegi). Esos son el tipo de empleos que se han creado recientemente (y se seguirán creando),  de los que tanto presume el Presidente.
 
Todo este panorama se complica considerablemente con la llegada de Trump –fascista y pendenciero-, sus “ofertas” para nuestro país y sus humillaciones además de ser muy costosas (social, económica y políticamente), ameritan una respuesta digna -del gobierno y de la sociedad civil- y no colaboracionista, como lo es el nombramiento de Luis Videgaray de Canciller. Habría que aprender de Canadá y su primer ministro, también hizo cambios importantes en su gabinete, ante tremendo acontecimiento, pero reforzándolo, no debilitándolo como aquí.
 
* Economista especializada en temas de género twitter @ramonaponce
 
17/CRPM/LGL







INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Se busca garantizar derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Ley establece feminicidio como delito penal en Paraguay
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias/PL | Asunción, Par.- 30/12/2016 La Ley de Protección Integral a las mujeres contra toda forma de violencia de Paraguay entró en vigor después de ser promulgada este 27 de diciembre por el presidente Horacio Cartes.
 
Esta normativa establece como delito penal el feminicidio, con penas que van de 10 a 30 años de cárcel. Cuando en noviembre el Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley correspondiente los votos favorables fueron de los legisladores de la oposición y los colorados disidentes, pues los oficialistas de esa bancada trataron de romper el quórum.
 
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara alta, Carlos Filizzola, esa ley llenará un vacío en la sociedad.
 
Filizzola, senador por la concertación de izquierda Frente Guasu, defendió la tipificación de feminicidio al considerarla más grave que un homicidio.
 
Al propio tiempo, criticó cómo los diputados habían incorporado a la propuesta en agosto pasado la figura de la conciliación obligatoria entre la pareja, pues alegó que es imposible pensar en el cumplimiento de esa por el escenario de conflicto.
 
La norma tiene 43 artículos y su objetivo es promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Para ello se adoptan medidas y estrategias de prevención, mecanismos de atención de protección y reparación integral.
 
Para su aplicación e interpretación se incorpora la definición de discriminación contra la mujer y se refiere a toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo con la finalidad de menoscabar o anular el reconocimiento en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en las esferas política, económica, social, cultural, civil y laboral.
 
Otro concepto es el de violencia hacia las mujeres que implica toda acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico.
 
Acerca del término feminicidio afirma que es la acción que viola el derecho fundamental a la vida y provoca el asesinato de la mujer por el hecho de serlo.
 
Hasta la fecha, cuando se produce el asesinato de una mujer por parte de su pareja sentimental la figura judicial es la de homicidio.
 
Esta ley reconoce la categoría del tipo penal feminicidio, cuyo marco será el equivalente al homicidio agravado.
 
La normativa aborda igualmente el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, lo cual implica un acceso total a educación sexual, métodos anticonceptivos e incluso la decisión de cada cuánto embarazarse.
 
Según lo divulgado, la tipificación del feminicidio busca ser una herramienta clave para identificar y enfrentar la violencia de género, considerada de gran alcance en Paraguay donde se calcula que cada 13 días una mujer muere por esta causa.
 
El proyecto de ley lo apoyaron el Ministerio de la Mujer, la Corte Suprema de Justicia y más de 100 organizaciones de la sociedad civil, que desarrollaron la campaña #PorEllas junto con la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.
 
16/RED/KVR







QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   QUINTO PODER
Las Comisiones y los DH de las mujeres
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.- 20/12/2016 A pesar de que la Reforma Constitucional del 2011 creó un nuevo escenario legal de ciudadanización en la elección de las personas titulares de las Comisiones de Derechos Humanos, éste sigue como un tema pendiente en la agenda de México.
 
En la mayoría de las entidades sus titulares son designados por réplica de los Congresos de la decisión del gobernante en turno. Un tema más para la agenda de la Evaluación Periódica Universal que el Estado mexicano deberá responder en 2018.
 
Que sea abogado, sí hombre de leyes y lo demás, es lo de menos. Así parece ser la norma de muchas de las Comisiones Estatales de Derecho en los procesos de renovación que insisten en mantener perfiles patriarcales, dogmáticos e incondicionales de los gobernantes, cerrando el paso a las y los abogadas derecho humanistas, pero también a cualquier persona experta en el área que no haya cursado la licenciatura en derecho, o siéndolo, haya dedicado su trabajo a la defensa de los Derechos Humanos (DH).
 
En el estado de Campeche acaba de concretarse la renovación-imposición, bajo el mismo procedimiento y desde la persistente línea institucional-gubernamental, una vez más dejando fuera todo reconocimiento  y escucha a la ciudadanía representada por la sociedad civil, especialmente por las organizaciones de defensa de Derechos Humanos que impulsaron perfiles derecho-humanistas.
 
Es el absoluto autoritarismo por ejercer el control y el poder y mandar el mensaje de que no se tiene interés por mediar y escuchar, por tomar acuerdos con la sociedad civil que defiende los DH y que apoyan candidaturas independientes, y de defensa a los derechos de las mujeres.
 
Si algo persiste es la intromisión del gobernante en la decisión. No pueden dejar ese “cabo suelto” que consideran más una extensión de sus secretarías que un organismo autónomo para la vigilancia del cumplimiento al respeto de los DH.
 
Esto evidencia que no hay interés de respetarlos o que su cumplimiento avance en el sentido más amplio.
 
El mismo caso se presenta en Querétaro en donde se prepara la reelección del actual titular, que ha estado rodeado de acusaciones en su contra por acoso y hostigamiento laboral, y una vez más como una decisión tomada desde fuera y desde el poder, más pensando en los intereses institucionales y no en los DH.
 
El escenario es el mismo y no ha cambiado a pesar de la reforma constitucional del 2011, que trajo consigo nuevos criterios y compromisos –de ley- aunque no de facto, y son escasos los estados de la República en donde hay verdaderos defensores o defensoras al frente de las Comisiones, aunque dentro de las instituciones cada vez es más frecuente encontrar aliadas y aliados que conocen y saben de la responsabilidad real que implica estar en la institución.
 
El más grave riesgo es el desconocimiento de lo que implica ser y asumirse como una persona defensora de DH y tener claro que no es para hacerle el trabajo sucio al gobernante en turno, ocultar o quizá por ahí bajarle los criterios de evaluación a las faltas cometidas por su policía o sus servidores públicos. No, eso ya no funciona. Para eso tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
El  mejor ejemplo que debiera servir de modelo de lo mal que pueden quedar las Comisiones Estatales de Derechos Humanos si no hacen su trabajo, incluso la propia Comisión Nacional, es lo que sucedió con la denuncia de las mujeres víctimas de tortura sexual en el Estado de México, donde fueron violadas por los policías que haciendo mal uso del poder y el control que tuvieron durante la detención las sometieron a la violencia sexual.
 
México ha postergado su informe ante el Comité de Expertas de la CEDAW, pero se espera que a más tardar en 2017 esto se concrete, y/o posiblemente se junte con el Examen Periódico Universal (EPU) en el que estamos casi seguras que México saldrá reprobado.
 
Este tipo de actuaciones de los gobiernos de los estados de manipular los procesos de decisión de las Comisiones de DH constituye la prueba más concreta de que no les interesa la opinión que las organizaciones defensoras tienen, ni las trayectorias que avalan.
 
Los titulares de las Comisiones sólo salen en tiempos de renovación para buscar su aval, pero son escasos los que representan realmente los intereses ciudadanos, que los respalde y escuchen, tal es el caso de San Luis Potosí, donde no sólo fue la promovente de la solicitud de la Alerta de Violencia de Género, sino que trabaja de la mano con las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
 
Otro caso parecido es el de la Comisión de Baja California que incluso trabajo en la promoción de la profesionalización de las corporaciones policiacas en materia de género e investigación de delitos de alto impacto contra las mujeres. Pero la última palabra siempre la tendrán las ONG defensoras de cada entidad que conocen mejor sus contextos.
 
Hay excepciones que dan puntos positivos al Estado Mexicano, pero en términos generales y sobre todo en algunos estados de hegemonías políticas, las Comisiones de Derechos Humanos y su ciudadanización son el gran pendiente del que deberá rendir cuentas el Estado Mexicano en el EPU y que tendría que aparecer en el Informe CEDAW por el desinterés en los derechos de las mujeres.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/KVR/LGL







INTERNACIONAL
Aborto
   La interrupción del embarazo representa la tercera causa de muerte en el país
Rechazan legalizar el aborto en República Dominicana
Archivo CIMACFoto
Por: Mercedes Alonso Romero
Cimacnoticias/SEMlac | Santo Domingo, RD.- 19/12/2016 El Senado de República Dominicana aprobó de emergencia el proyecto del Código Penal en el que mantiene la criminalización del aborto, producto de una violación sexual, incesto y por malformación.
 
Grupos de feministas e integrantes de la Asociación Nacional de Enfermería se manifestaron ante esta exclusión de propuesta que fue enviada por el Poder Ejecutivo en el año 2014. “Como ciudadanos y ciudadanas rechazamos tajantemente este nuevo agravio a los derechos de las mujeres y niñas”.
 
La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres entregó a SEMlac un documento en el que reclama al gobierno dominicano el cumplimiento de los acuerdos firmados.
 
El propósito es erradicar la violencia en contra de las mujeres, especialmente la que se ejerce  a través de violación sexual, incesto o por malformación. “La interrupción del embarazo, al menos en estas situaciones, es un asunto claro de salud pública y de reducción de muertes maternas”.
 
La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres está integrada por 78 organizaciones diversas, que defienden la salud, los derechos de las mujeres, de trabajadores y trabajadoras; así como los de la población campesina.
 
El pasado 5 de octubre, la Coalición ofreció una conferencia titulada: “Por el derecho a la vida y salud de las mujeres”, donde dio a conocer las altas tasas de mortalidad materna, asociada con abortos clandestinos, que se realizan en condiciones inseguras.
 
Se estima que en República Dominicana cada año se realizan alrededor de 90 mil abortos inseguros y más del 13 por ciento deriva en muertes maternas. (Representa la tercera causa de mortalidad en el país).
 
Los abortos son practicados por manos inexpertas en condiciones de inseguridad; recaen sobre todo en mujeres pobres y jóvenes.
 
16/MAR/KVR/LGL







OPINIÓN
VIOLENCIA
   Lydia Cacho Plan b*
Golpiza a la campeona
Ana Gabriela Guevara | Archivo CIMACFoto / César Martínez López
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/12/2016 Hay día en que la empatía se apodera de miles de personas por casos que parecerían únicos, pero no lo son. El niño sirio que murió ahogado, cuyo diminuto cadáver en una playa desierta de Turquía se tornó en la metáfora del abandono de las y los refugiados de guerra en el mundo.
 
Conmocionó a la comunidad internacional, circuló en redes sociales de la misma manera en que circuló (en papel), hace décadas, la famosa fotografía de la pequeña niña vietnamita desnuda y presa del pánico que huía de las bombas de Napalm; esa imagen tomada por Nick Ut que le dio la vuelta al mundo y que aun recordamos en los cursos de fotoperiodismo.
 
La primera mujer que luego de haber recibido un ataque de ácido en la cara por atreverse a salir sola en Paquistán logró visibilizar los miles de ataques de ácido producto de la violencia machista que busca castigar a las mujeres que rompen las reglas para reclamar su libertad.
 
Malala resaltó entre miles de niñas valientes que han sido balaceadas en países cuyos conflictos internos se complejizan debido al sexismo brutal, ese que impide que millones de niñas y mujeres se liberen del yugo del matrimonio infantil y logren estudiar para convertirse en adultas cultas con liderazgo y poder. De entre decenas de periodistas asesinados, el de Rubén Espinosa capturó la atención mundial de forma singular.
 
Todos los días resalta un caso específico de entre miles de personas. Las razones son múltiples: el momento, la casualidad, la capacidad de la víctima para enfrentar y denunciar de cierta forma, el hartazgo social que recibe esa noticia como la gota que derrama el río de la indignación.
 
El ojo experto de una o un buen periodista o la habilidad narrativa para explicar las circunstancias, un video, o la actuación inmediata de alguna organización civil que tiene un logro importante en la defensa de la víctima.
 
Miles de personas se preguntan por qué en un mundo en el que la violencia se normaliza en la medida en que se exacerba, un caso específico ayuda a retomar la defensa de una causa determinada.

Miles de sacerdotes pederastas, Marcial Maciel y sus valientes víctimas se convirtieron en caso demostrativo de una realidad silenciada en las alcobas del miedo de miles contra el poder eclesiástico.
 
Esta semana la reconocida atleta mexicana, medallista olímpica, campeona mundial con el segundo record mundial entre las corredoras del planeta, Ana Gabriela Guevara, fue atacada violentamente mientras ella conducía su motocicleta Harley-Davidson en la carretera.
 
La golpiza que le propinaron a esta atleta que se pudo defender un poco mejor que casi cualquier persona sin condición física, causó tres fracturas en los huesos cigomático, arco infraorbitario y parietal.
 
De no haber sido atendida a tiempo podría haber perdido el ojo, sufrir un derrame cerebral o incluso morir.

Más de veinte casos de feminicidio en este año se han registrado en EDOMEX como consecuencia de golpizas, patadas en el rostro de mujeres que perdieron la vida en manos de agresores conocidos y desconocidos.
 
El caso de Ana Gabriela (a quien no conozco en persona), se convirtió en un emblema de algo que constantemente repiten las activistas que defienden a víctimas de diversas violencias “si me sucede a mí, te puede suceder a ti”.
 
Llama la atención que Ana Gabriela, según récord del video de testigos en la carretera, jamás aludiera al hecho de que es senadora de la República; ella y testigos tomaron las placas del auto de sus atacantes.
 
No le han dado acceso a la carpeta de investigación y la camioneta de los agresores en realidad la encontraron inicialmente un grupo de amigos expertos en seguridad privada, no la autoridad.
 
Los agresores declararon que al golpearla no sabían que era una mujer (como si patear y azotar a un hombre fuera permisible).
La reacción virulenta contra Guevara se debe, según los ignorantes y mendaces, a que la han atendido de forma especial por ser senadora del Partido del Trabajo. Los insultos lesbófobos la recriminan por ser mujer, por su apariencia, por manejar una moto “de hombre”.
Todos los días miles de víctimas de violencia en México callan por temor o desconfianza a la autoridad.
 
Ciertamente muchos políticos abusan de su poder para resolver sus casos; pero no hay una sola evidencia que demuestre que Guevara ha usado influencias, de allí que la virulencia y burla sobre este grave hecho no tenga más explicación que el odio gratuito y desinformado, ese que ella y miles de mujeres que rompen las reglas resisten a diario por defenderse abiertamente.
 
Sumado a ello el prejuicio contra miles de personas que en grupo disfrutan la convivencia de viajar en motocicleta por su país.
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
16/LCR/KVR/LGL







MUJERES CAUTIVAS
VIOLENCIA
   MUJERES CAUTIVAS
La Prostitución ¿“trabajo sexual voluntario y autónomo”?
Imagen retomada del sitio catwlac.org
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/11/2016 En su artículo titulado “Las falacias del discurso en torno al derecho al “trabajo sexual voluntario y autónomo”, publicado en su blog el pasado 5 de noviembre, la académica del CIDE, Cath Andrews, nos ayuda a analizar los planteamientos sobre Derechos Humanos que se establecen en el proyecto de Constitución para la Ciudad de México.
 
El texto constitucional dice: “…hay derechos sociales, culturales, familiares y económicos; así como derechos para grupos marginalizados o minoritarios”. El artículo 8 señala que “la dignidad humana es inviolable. Todas las personas nacen libres e iguales en derechos, mientras que el artículo 9 B2  “destaca que los Derechos Humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles.”
 
En el artículo 10 también se plantea que la Ciudad de México debe de ser un espacio de “libertades y derechos”. En particular, el proyecto propone que “toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia.
 
En consecuencia, advierte que:
 
Se prohíben y sancionarán la trata de personas en todas sus formas, las ejecuciones, las desapariciones forzadas, los crímenes de odio, el feminicidio, la tortura, las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo con las leyes de la materia, se adoptarán medidas para erradicarlas (art. 10 B3)…”
 
No obstante, estas proposiciones no se sostienen a lo largo de la carta. Al llegar al apartado F del artículo 15, es evidente que los autores del proyecto hacen excepciones para el ejercicio los Derechos Humanos “inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles”… Se trata de las personas prostituidas.
 
En ese apartado se afirma que “las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con lo previsto por la ley: Reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita…”
 
De suyo, el Artículo 15 inciso F, significa el reconocimiento legal a la precarización del trabajo informal, sin darle reconocimiento a otros oficios y servicios que también son no asalariados, como taxista, bolero, carpintero, herrero, plomero, vendedor de tamales o de hot-dogs, limpia parabrisas, entre otros.
 
La doctora Cath Andrews señala que quienes redactaron el Proyecto de Constitución piensan que hay prostitución forzada y prostitución voluntaria. Yo me pregunto ¿quién o bajo qué mecanismo van a certificar que se trata de trabajo libre y autónomo? 
 
En los 20 años que tengo trabajando contra la trata de personas y la explotación de la prostitución y otras formas de explotación sexual, nunca he visto que a las personas “libres y autónomas” y a las que son forzadas, les pongan un distintivo o las dividan en líneas. Por eso digo que el reconocimiento de la prostitución como trabajo sexual enmascara la trata de mujeres y la explotación sexual infantil.
 
Pero además se establece que contarán con una identidad formal como personas trabajadoras no asalariadas de la Ciudad de México, con una cartilla de registro de los servicios que presta y la certificación de sus capacidades laborales. Yo quisiera saber quién va a certificar sus capacidades laborales ¿será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social?
 
La doctora Andrews agrega que “traficadas o voluntarias”, las personas que venden sexo enfrentan riesgos aterradores a diario. En un estudio llevado a cabo por Melissa Farley acerca de la prostitución legal e ilegal en 9 países, incluido México, se reporta que 62 por ciento de las encuestadas habían sido violadas; 72 por ciento sufrieron violencia física; 88 por ciento de las entrevistadas en Canadá, México y Colombia enfrentaron violencia verbal y 68 por ciento tenía síntomas de estrés postraumático.
 
De acuerdo con su análisis, los problemas de salud física y mental que enfrentan las personas prostituidas son muy similares a los de las víctimas de tortura.
 
En México, el equipo de la investigadora Melissa Farley entrevistó a mujeres en varias situaciones de prostitución: a bailarinas, a trabajadoras de burdeles y a trabajadoras de la calle. Su investigación revela que no hay diferencia en los niveles de violencia verbal, sexual, o estrés postraumático en las entrevistadas, todas lo padecen igual. No hay razón para pensar, por lo tanto, que el trabajo sexual implica menos riesgos en alguna de sus presentaciones, ni siquiera “la voluntaria”.
 
Dicho de otro modo, la autonomía o la voluntad de la persona prostituida no determina el trato que recibe por parte de clientes.
Más bien, es el acto preciso de comprar el acceso sexual a una mujer, lo que lleva a los compradores a deshumanizarla.
 
¿En qué sentido puede interpretarse el artículo, si hablamos de una joven que empieza a ser prostituida a los 13 años? ¿puede tomar la decisión de seguir “voluntaria y autónomamente” cuando se convierte en adulta? o más bien ¿ya no tiene opciones? No son preguntas retóricas. En su investigación Farley muestra que 47 por ciento de las personas entrevistadas se involucró en la prostitución antes de los 18 años.
 
Y finalmente dice “hay que señalar que las personas prostituidas suelen pertenecer a los grupos étnicos y sociales más marginalizados. Son las personas más vulnerables de nuestra sociedad, la vasta mayoría son mujeres; pero también hay personas transgénero y homosexuales.
 
Es de notar que las mujeres y las personas transgénero, sufren tasas similares de violencia. Dadas estas circunstancias, no nos debe sorprender que 89 por ciento de las mujeres entrevistadas por Farley querían dejar la prostitución, pero para ello requieren ayuda para encontrar una vivienda y una fuente de sustento alterno, entre muchas otras necesidades básicas.
 
La investigadora concluye diciendo que “el artículo 15 inciso f, numeral 3 de la carta de derechos del proyecto de Constitución, legitima la explotación sexual como una actividad protegida por la ley y niega derechos a las personas explotadas”.
 
Al suscribir este artículo, los redactores de la Constitución avalan la idea de que el sexo es un servicio, y quien lo vende no es una persona con derechos, sino un producto comercializable. Este planteamiento no es progresista, igualitario ni incluyente. Al contrario, es retrógrado, injusto y excluyente. Al definir la explotación sexual como “trabajo” se exime a los clientes de la responsabilidad criminal de sus actos. Valida la violencia, el abuso y la tortura, y convierte al Estado en cómplice de la explotación de las personas más vulnerables de la sociedad.
 
Queremos recordarles que seguimos recabando firmas para la iniciativa de modificación constitucional “La prostitución no es un trabajo. Es un sistema de explotación y violencia patriarcal” en Change.org.mx, https://www.change.org/p/a-las-diputadas-y-diputados-de-la-asamblea-constitutuyente-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico-la-prostituci%C3%B3n-no-es-un-trabajo-es-un-sistema-de-explotaci%C3%B3n-patriarcal-y-violencia?recruiter=1909746&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=fb_send_dialog
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
16/TUZ/LGL







NACIONAL
   Chile impulsa políticas contra el VPH. Presentarán libro sobre realidades y falacias en torno al aborto. EPAT pone a la venta pintura “Símbolos de Poder en el Tajín Chico”. UNAM desarrolla servicio virtual para víctimas de violencia
BREVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/09/2016 Chile impulsa políticas contra el VPH
Santiago, Chile.-
Con el fin de prevenir las 600 muertes anuales de chilenas por cáncer de cuello uterino, el gobierno de Chile inició un programa de vacunación gratuita contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a estudiantes de 9 a 13 años de edad, de escuelas públicas y privadas.
 
Aunque el VPH afecta principalmente a mujeres entre 35 y 55 años de edad, el riesgo de infección es mayor en adolescentes. Por ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda aplicar la vacuna en edades tempranas. La campaña titulada “Juntos por ellas” pretende que todas las niñas del país estén vacunadas a finales del año 2017. (Con información de UNICEF).

Presentarán libro sobre realidades y falacias en torno al aborto
Ciudad de México.-
El Museo de la Mujer invita a la presentación del libro “Realidades y falacias en torno al aborto: salud y derechos humanos” de las autoras Susana Lerner, Agnès Guillaume y Lucía Melgar, el jueves 29 de septiembre a las 17:00 horas.
 
El libro pretende cuestionar los argumentos que buscan limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se contará con la participación de las y los investigadores Martha Juárez, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Arturo Sotelo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y Lourdes Enríquez, de la Federación Mexicana de Universitarias.
 
La cita es en República de Bolivia #17, Col. Centro, Ciudad de México. Entrada Libre.

EPAT pone a la venta pintura “Símbolos de Poder en el Tajín Chico”
Teocelo, Ver.-
La Asociación civil Educación y Protección Animal de Teocelo “El Buen Vivir” (EPAT) puso a la venta al público la pintura “Símbolos de Poder en el Tajín Chico” del pintor español y defensor cultural y del medio ambiente, fallecido hace un año Miguel Ángel Quijada Soto, con el fin de recaudar fondos para la asociación. 
 
La obra del también investigador del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, tiene un formato de 90.50 cm por 60 cm. La venta al público es de 25 mil pesos. Más información escribirle a Beatriz Mora al correo electrónico morabeatriz@yahoo.com.mx

UNAM desarrolla servicio virtual para víctimas de violencia
Ciudad de México.-
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso en marcha el “Programa para el bienestar emocional de víctimas y testigos de violencia postrauma apoyada en tecnologías de e-salud” con el fin de intervenir en las secuelas de personas violentadas.
 
La directora del Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología (LEVC) de la UNAM, Georgina Cárdenas López, señaló que la violencia es una problemática que aqueja el país y 70 por ciento de la población no es resiliente (adaptación a eventos traumáticos), por lo cual es necesario brindarles atención.
 
La intervención se da sin costo con dos herramientas; la psicoterapia vía Internet, una plataforma en línea atendida por 20 terapeutas de la universidad, y montajes de realidad virtual, que es la recreación controlada de eventos violentos para reducir niveles de ansiedad.
 
16/HZM/LGL

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REPORTAJE
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   Programas prioritarios para mujeres con recursos a la baja
Salud, violencia y educación, con más recortes en PPEF
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/09/2016 Con la austeridad como telón de fondo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) propuso a la Cámara de Diputados, un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 con recortes de más de 5 por ciento para los programas destinados a la salud de las mujeres, la educación y la erradicación de la violencia de género.
 
El Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del PPEF, que distribuye recursos a diversas dependencias e instituciones a fin de cerrar brechas de desigualdad, contempla 26 mil 761 millones de pesos (mdp) lo que significa un ligero aumento en relación con el presupuesto aprobado para 2016, que fue de 25 mil 898 mdp.
 
Sin embargo, a detalle, este Anexo supone un recorte al gasto destinado a la educación, la prevención de la muerte materna (MM), la salud sexual y reproductiva y a los Institutos de las mujeres en los estados, para desarrollar programas o acciones para mejorar la vida de las ciudadanas.
 
Los recortes afectarían las acciones destinadas a comprar anticonceptivos, antirretrovirales, la detención y tratamiento para cáncer de mama (CaMa) que es la primera causa de muerte de las mexicanas y del cérvico-uterino (CaCu) que para 2012 registraba una tasa de 7 muertes por cada 100 mil mujeres, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública.
 
También se afectaría la capacitación de prestadores de salud para que garanticen la Interrupción Legal del Embarazo a las víctimas de violación,  y la educación de jóvenes que se convierten en madres a edades tempranas ya que en México, a 2014 se registraron 77 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años.
 
RECORTES A SALUD
 
El Anexo 13 indica que la Secretaría de Salud tendrá un recorte de 50 millones 717 mil pesos; al pasar de más de 5 mil 193 mdp  a 5 mil 132 mdp.
 
Con esta propuesta del Ejecutivo federal los programas más afectados serían el de Atención en salud, Formación y capacitación de recursos humanos para la salud, Investigación y desarrollo tecnológico en salud, y el Programa de Salud materna, sexual y reproductiva.
 
Este último programa –que suma los recursos destinados a la prevención y reducción de MM, la atención del CaMa, el CaCu y la compra de insumos como anticonceptivos– prevé un monto de 2 mil 129 mdp mientras que este año obtuvo 2 mil 227 mdp. 
 
Un análisis de la investigadora en presupuesto de Fundar, Centro de Análisis en Investigación, Daniela Díaz, indica que en general el Ramo 12 –considerando los recursos del Anexo 13– tiene un recorte real de 10.82 por ciento; al pasar de 132 mil 216 mdp aprobados el año pasado a una propuesta de 121 mil 817 mdp para 2017.
 
La también integrante de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos, afirmó que aún sumando todos los montos que recibe de otros ramos, el programa “Salud materna, sexual y reproductiva” pasaría de 2 mil 345 mdp a 2 mil 233 mdp, lo cual resulta insuficiente. La reducción real de este programa es de 7.82 por ciento con respecto a lo aprobado para ejercer durante este año. Esto, asegura Díaz, sucede a pesar de que el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dice que cuando se hagan adecuaciones presupuestales que tengan una “variación mayor al 5 por ciento” deben reportarse.
 
Para la analista esta disposición significa que no se pueden hacer recortes mayores al 5 por ciento con respecto al presupuesto del año anterior, a menos que sean por causas excepcionales como la falta de recaudación tributaria y por ende menos ingresos. 
 
Hasta ahora el único programa en materia de salud que tiene un aumento es el programa de Prevención y atención de VIH/Sida y otras ITS que de 351 mdp ahora tendrá 397 mdp, lo que significa un incremento real de 9.5 por ciento.
 
En este programa la Coalición por la Salud de las Mujeres resalta que no hay retrocesos pero, afirma, debería indicarse que estos recursos son para apoyar a las mujeres con VIH porque si no existe la precisión el presupuesto se puede usar para ambos sexos sin cerrar brechas de desigualdad.
 
MENOS BECAS EDUCATIVAS
 
El próximo año la Secretaría de Educación Pública tendría un recorte de 12 por ciento con respecto a lo aprobado este año en los programas educativos con perspectiva de género; y es que la propuesta es reducir el gasto de 3 mil 987 mdp a 3 mil 500 mdp. De prosperar el proyecto, para el próximo año tendría 486 mdp menos de lo recibido este año.
 
En el Anexo para la igualdad los programas más afectados serían el de Fortalecimiento de la calidad educativa, Políticas de igualdad de género en el sector educativo, el Programa Nacional de Convivencia Escolar y el Programa Nacional de Becas que pasaría de tener 3 mil 178 mdp a 2 mil 739 mdp.
 
Este último programa –que desde 2014 incluye el Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven)– contaría con 439 mdp menos que este año.
 
Aún cuando la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados afirmó que el Promajoven solamente cubre a 10 por ciento de la población objetivo (madres adolescentes) para que concluyan su primaria o secundaria, el programa no se salvó del recorte presupuestal.
 
PRIORIDADES DE GOBIERNO
 
En la exposición de motivos del PPEF, el Ejecutivo indica que hay un monto de 265 mdp para la prevención de la violencia contra las mujeres a través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), y 3 mil 884 mdp para el Programa de Estancias Infantiles.
 
De todos los rubros que obtienen recursos etiquetados, el gobierno federal solo hace mención de estos dos programas operados por la Secretaría de Desarrollo Social; sin embargo, de acuerdo con el Anexo 13, para 2016 el PAIMEF obtuvo 303 mdp y ahora tendría 250 mdp. 
 
Aunado a esto, otros programas dedicados a poner en marcha proyectos para la igualdad son el de Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género que de tener 323 mdp este año, quedaría en prácticamente la mitad con 173 mdp. Otro es el programa de Fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que se recortaría de 466 mdp a 420 mdp.
 
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NACIONAL
POLÍTICA
   Evitar subejercicio exigen organizaciones
Piden al CNEGySR ampliación de recursos para refugios
Senadoras Cristina Díaz Salazar, Martha Tagle Martínez y Angélica de la Peña Gómez, respectivamente | CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/09/2016 Las senadoras Martha Tagle Martínez, Cristina Díaz Salazar y Angélica de la Peña Gómez, exhortaron al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) a ejercer el total de presupuesto asignado este año para los Refugios que atienden violencia y los Centros de Atención Externa, mediante la celebración de un Convenio Modificatorio de Ampliación de recursos.
 
En un punto de acuerdo presentado el pasado 8 de septiembre por las senadoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Revolucionario Institucional (PRI) y la senadora independiente Martha Tagle, señalan que para este año se asignaron 286 millones 100 mil pesos al CNEGySR quien se encarga de transferir estos recursos para la operación de refugios, a las instituciones que presenten proyectos vía convocatoria y que sean aprobados.
 
Señalaron que de acuerdo con la información proporcionada por el Centro el pasado 11 de agosto durante la Mesa Interinstitucional de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2016 (realizada en San Lázaro) éste informó que se aprobó el financiamiento para 51 Instancias y Organizaciones que brindan atención de Refugio a mujeres víctimas de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, lo que significó un ejercicio de 274 millones 688 mil 120 pesos.
 
Las organizaciones e instancias que trabajan directamente en la operación de los refugios manifestaron su preocupación por un posible “subejercicio” del presupuesto restante, el cual asciende a 11 millones 411 mil 880 pesos.
 
Al respecto, la Red Nacional de Refugios AC, expresó que el “subejercicio de recursos, impacta en las asignaciones de los próximos años, aunado a ello, aunque la cantidad pudiera parecer poca, es una cantidad considerable que desde la experiencia operativa ayuda a subsanar algunos de los rubros y conceptos necesarios para continuar brindando la atención profesional y de calidad a las mujeres, y sus hijas e hijos víctimas de violencias”.
 
Las organizaciones propusieron al CNEGySR que como en los 2 años anteriores, se celebre un Convenio Modificatorio con Ampliación del Presupuesto designado a cada institución y organización participante en la convocatoria 2016, tal como se contempla en la cláusula décima, del Convenio de Concertación de Acciones que firma el CNEGySR con cada una de las organizaciones, que a la letra dice:
 
“Cláusula Décima. Modificaciones o adiciones: El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por cualquiera de las parte previa notificación escrita en un plazo no mayor a diez días naturales posteriores a la circunstancia que de origen a dicha solicitud.
 
En caso de ser necesario algún tipo de modificación específica relacionada con la ejecución del recurso asignado para el desarrollo de “El Proyecto”, Anexo 6, y en su caso Anexo 8, esta deberá someterse a la consideración de la Comisión de Seguimiento, conforme a la Cláusula Quinta del presente Convenio.
 
Toda modificación o adición deberá ser acordada por las partes, formalizarse por escrito, mediante Convenio Modificatorio y entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, de conformidad con la normativa aplicable.
 
La fecha límite para manifestar la solicitud de alguna modificación o adición será hasta el 30 de septiembre de 2016, salvo aquellas situaciones relativas a algún caso fortuito o de fuerza mayor, en las cuales de manera conjunta será convenida por “LAS PARTES”.
 
Esto, agregan, podría ayudar a generar una mejor atención profesional y mejoraría algunos rubros que se disminuyeron considerablemente como la capacitación del equipo, capacitación para el empleo a mujeres víctimas de violencia, honorarios para el personal de seguridad, la compra de ropa interior, zapatos y sandalias para las personas residentes, así como blancos, colchones y almohadas, indicaron.
 
En México operan actualmente 72 Refugios de los cuales 34 pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, 4 a instituciones de asistencia privada y 34 son instituciones públicas. De ese universo, 44 refugios (32 de la OSC y 12 de gobierno) se articularon en la Red Nacional de Refugios (RNR), una organización de la sociedad civil que desempeña un papel representante de los intereses de los refugios a nivel nacional, prevé espacios para el intercambio de buenas prácticas en los procesos de atención y supervisa que los servicios sean otorgados siguiendo los principios de derechos humanos y perspectiva de género.
 
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Igualdad de Género, presidida por Laura Nereida Plascencia Pacheco.
 
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