violencia

MONEDERO
VIOLENCIA
   Monedero
Igualdad y seguridad para las mujeres, un reclamo nacional
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/04/2018

El tema del día  y para buen rato es el debate presidencial y sus efectos en los votos para los candidatos a la Presidencia, los subtemas de primer orden: Seguridad, Violencia y Corrupción; todos hijos predilectos o productos “naturales” del modelo económico del país neoliberal, capitalista y globalizador. Si es que se quiere abordar las causas de la situación en que se encuentran las mujeres del país y que debería forma parte de los temas a debatir.

La violencia que se ejerce contra las mujeres es de tal magnitud que según la ONU México ocupa el primer lugar en violencia sexual. Además o de “complemento” está la violencia económica que produce mujeres pobres –sean o no trabajadoras–, también produce mucha desigualdad de género y vuelve a las mujeres más sensibles a la violencia, entre otras cosas.

¿Cómo se explica que en 2007 la tasa nacional de defunciones femeninas con presunción de homicidio (feminicidios) era de 1.9 y para 2011 creció a 4.6 o 4.4 en 2017? (ver gráfica aquí). En 2017, los asesinatos de mujeres se incrementaron 52 por ciento en comparación con 2015, al registrarse 3 mil 256 casos. De 2014 al año anterior, sumaron 8 mil 904, de las cuales sólo en 24.57 por ciento se inició una investigación como feminicidio, denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). La Jornada 11 de abril 2018.

Hallaron que muchos de los feminicidios son cometidos por la delincuencia y el crimen organizado en entidades como Guerrero, Sinaloa, estado de México y Morelos. Sin embargo, dijo, estos casos tampoco son investigados. Total impunidad.

Bueno, pues a pesar de todo ello el tema no estuvo en el debate. ¿Cómo abordar el tema de la violencia contra la mujer cuando se le considera parte del grupo vulnerable?, un término discriminatorio por definición, eso a pesar de representar más de la mitad de la población.

El candidato José Antonio Meade dijo que cuidaría que no se le faltara “el respeto a las mujeres”, ¡vaya que tranquilidad! Regresemos al lenguaje de las “Damas versus Caballeros”, del siglo XVIII, muy propio de la cultura patriarcal y machista que tanto daño causa y ha causado a las Mujeres.

Como bien dice Rita Sagato el problema no son los hombres, o por lo menos no es el único problema, el centro de la cuestión es la Sociedad, entrarle a la causalidad, plantear un proyecto de nación para todos y todas.

Ante el nivel de feminicidios que tiene México eso de “faltarle al respeto” más bien parece un chiste cruel. Y ni hablar del mujerismo y la desvergüenza de la candidata independiente (más bien dependiente) Margarita Zavala.

Para empezar está usurpando un lugar en ese debate, su presencia es muy cuestionable y ya se vio a quién apoya o quién apoya su presencia, sus votos tendrán un destino final: Meade.

Pero cuando dijo que quería hablar de la Mujer y que las apoyaría y defendería evidentemente quiere explotar su condición de mujer. Habría que recordarle su actitud ante las madres de la guardería ABC; sus respuestas a las trabajadoras del SME cuando la fueron a ver por lo que hizo su marido, el expresidente Felipe Calderón, con Luz y Fuerza; su silencio cómplice frente a las madres, esposas o hijas de los miles de muertos y desaparecidos en su sexenio como primera dama.

Gracias a la reforma laboral que se aprobó en el sexenio de su marido hoy miles de trabajadoras del país tienen un salario más raquítico, hay más desempleo y han perdido sus derechos laborales. Por favor, no hay que darle la oportunidad de que siga “defendiendo” a las mujeres.

Al “trampas” (perdón Bronco), como Salvador Camarena llama al candidato independiente, Jaime Rodríguez, otros lo caracterizaron como Talibán o miembro del Islam. Aunque es el rey de los memes sobre el debate creo que si es muy preocupante todo lo que dijo. A diferencia Denise Dresser que en el programa de Carmen Aristegui mencionó que no valía la pena ocuparse de él, es necesario.

Llegó a ese debate con mil trampas evidenciadas por el propio INE y con muchas firmas de apoyo de priistas de viejo cuño en el norte del país. Nos guste o no representa a un sector de la sociedad mexicana: violenta, machista, misógina y francamente fascista, no sólo de la derecha como Anaya o Meade.

Propone “educación militarizada”, desaparecer los partidos (muy peligroso); sus expresiones sobre las mujeres y la diversidad sexual lo retratan de cuerpo entero. Obvio, los votos que sume irán a la causa de Meade, es decir del PRI. Y todavía nos preguntamos por qué hay tantos feminicidios, impunidad, violencia contra las mujeres, corrupción y etcétera, etcétera.

La respuesta no está en el viento, sino en la construcción de un proyecto de nación transformador. El único que habló de un proyecto de nación –en el que podemos o no estar de acuerdo–, fue el puntero en las encuestas: Andrés Manuel López Obrador, que tuvo un magnifico cierre en el dichoso debate, a pesar de que, sí, le echaron montón.

En este nivel de superficialidad con que se abordaron los temas no tiene que sorprender la ausencia del tema de violencia/mujeres. En los spot del candidato Ricardo Anaya se dice que no es “normal” la brecha salarial, la violencia doméstica, etcétera, etcétera.

Perdón pero desgraciadamente si es “normal”, basta escuchar al trampas; a Zavala o al mismo Anaya que es ha sido y será gozne, con un sistema político ya caduco y de salida. O bien, para mayor evidencia, la actitud que tienen y han tenido frente a esta problemática en los últimos 30 años los diferentes gobiernos y partidos políticos.

Sus spots son como los llamados de Miguel Ángel Osorio Chong (exsecretario de Gobernación), cuando hacía sus discursos para combatir la violencia doméstica, siendo jefe de la seguridad nacional y de la tortura como método de trabajo. Ambos son una burla cruel para la causa de las mujeres, ya basta de simulación.

En un país donde sólo el 10 por ciento de la población es dueño de toda la riqueza que se produce, donde el abrumador incremento de la pobreza femenina es una realidad que no se cuestiona –a tal grado que Coneval en sus informes invisibiliza las cifras de pobreza femenina–; donde las palabras “bienestar y distribución del ingreso” prácticamente han sido borradas del diccionario, porque no va a ser “normal” toda esta violencia, corrupción e impunidad en que se vive. Si se siembran camotes, se cosechan camotes.

* Economista especializada en temas de género

Twitter: @ramonaponce

18/CRPM








MUJERES CAUTIVAS
VIOLENCIA
   OPINIÓN
   Mujeres Cautivas
La intersección entre feminicidio y prostitución
Imagen retomada del portal Indymedia.org
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/04/2018

Desde hace tiempo venimos denunciando la violencia feminicida que se entrecruza con la prostitución y cómo las mujeres se encuentran desprotegidas y vulnerables cuando se quedan solas en los cuartos de hotel con los compradores de sexo de paga, sin importar lo que cobran. Las damas de compañía o “escorts” no quedan excluidas de esta violencia feminicida. 

Muchas mujeres llegan a nuestro país engañadas, reclutadas principalmente como modelos, bailarinas y con promesas de convertirlas en actrices famosas o conductoras de la Televisión. Víctimas de trata de personas que acaban siendo explotadas en la prostitución como acompañantes o bailarinas exóticas en los “table dance” o clubes para hombres.

Hace unos cuantos años pudimos registrar varios casos de trata de mujeres argentinas, pero ahora se está focalizando principalmente en Colombia y Venezuela por la situación que se está presentando en sus países y que tiene que ver con las condiciones estructurales, económicas y de oportunidades de vida digna. Cientos de mujeres venezolanas están llegando a nuestro país buscando una oportunidad para remontar sus condiciones de pobreza.

Las autoridades mexicanas no actúan para combatir la trata de personas y la explotación sexual, que es un fenómeno que las deja totalmente vulnerables a lo que el consumidor de sexo de paga quiera hacer con ellas, inclusive matarlas.

A mediados del mes de marzo, se dio a conocer que el cuerpo de una joven de apenas 26 años fue encontrado en Ecatepec. Ella era acompañante o escort y fue la octava en ser brutalmente asesinada en México.

8 mujeres han sido víctimas de feminicidio en poco más de un año, y todas tenían en común que eran acompañantes o escorts; la mayoría se anunciaba en la misma página web (Zona Divas) y la mayoría no pasaba de los 30 años.

Katya de 21 años de edad había dejado su trabajo como escort, sin embargo, lo retomó para poder pagar un viaje a París, para reunirse con su hermano. Además, tenía que ayudar con los gastos del hogar en donde vivía con su madre, quien sufría de artritis, y con otro de sus hermanos, con discapacidad intelectual.

El 12 de abril de 2017, Katya fue asesinada en el cuarto 327 del Hotel Estadio ubicado en la calle de Chiapas en la Colonia Roma, de la Delegación Cuauhtémoc. Llegó ahí, después de haber hecho una cita en ese lugar con un consumidor de sexo de paga. Fue encontrada con las manos atadas y con la garganta cortada con unas tijeras de jardinería.

El cuerpo de María José Salvisberg Wegmann, de 29 años, fue encontrado en Cuernavaca. María José había desparecido dos meses antes de ser asesinada. Según testimonios dados a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, una amiga rusa de María José, las citaba y las llevaba con hombres de “mucho dinero”.

Lo mismo sucedió con Isis, de nacionalidad brasileña, quien llegó contratada presuntamente por Televisa y a quien llevaban a fiestas de “altos ejecutivos”. Un día la llevaron a Cuautla, Morelos, a una fiesta de los Beltrán Leyva, donde encontró la muerte de un balazo en la cabeza y después quemaron su cuerpo.

Génesis Ulyannis Gibson Jaimes fue asesinada el 17 de noviembre del año pasado, cuando tenía 24 años de edad. La joven venezolana vivía con su hija en Querétaro, pero se trasladó a Puebla contratada por un consumidor de sexo de paga.

Sin embargo, agentes de la Procuraduría General de Justicia capitalina, encontraron su cuerpo en el Hotel Platino, en la colonia Felipe Ángeles, Delegación Venustiano Carranza. Génesis tenía golpes en el rostro, en las piernas, y además estaba atada de pies y manos con cinta adhesiva.

Wendy Vaneska de nacionalidad peruana, fue asesinada en un hotel de la Condesa, el 4 de febrero del año pasado, cuando contaba con 26 años de edad. Su cuerpo tenía un impacto de bala.

Karen Alien Grodzinsk era una escort de origen argentino. Fue asesinada el 27 de diciembre del año pasado en el Hotel Pasadena, ubicado en la Delegación Benito Juárez. Se sabe que ella estaba casada con un comerciante del barrio de Tepito.

Su cuerpo fue encontrado en la habitación 214, con un impacto de arma de fuego. Cámaras de seguridad del hotel, captaron a un hombre que llegó alrededor de las 20:00 horas a bordo de una motocicleta y minutos después llegó Karen. El sujeto salió a media noche. Personal del lugar aseguró que tenía entre 23 y 25 años de edad.

Adreina, de 27 años, de nacionalidad venezolana, fue asesinada el 24 de diciembre del año pasado en Nuevo León. Viajaba con su acompañante en un vehículo cuando fueron alcanzados por otro carro que les disparó. Según las autoridades, habían tenido una disputa en un bar de Monterrey.

Kenny de 26 años, fue asesinada en Ecatepec. Era venezolana y su cuerpo fue encontrado el 25 de febrero de este año.

A Claridad la secuestraron el 10 de febrero de este año, pero la joven de 33 años de edad fue rescatada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. La escort venezolana fue localizada en Xochimilco y sus captores pedían medio millón de pesos para liberarla. Fueron detenidos tres presuntos secuestradores que se encontraban en el lugar.

Hace unos días, se reportó desaparecida otra acompañante o escort en la Ciudad de México.

Con este recuento de casos, que son los que hemos registrado, podemos demostrar cómo la prostitución se entrecruza con el feminicidio y, aun así, hay quienes argumentan que la prostitución es un trabajo como cualquier otro. Lo cierto es que la prostitución es una actividad altamente precarizada a donde llegan las mujeres que no han tenido oportunidades, o con mucha necesidad. Es la expresión más antigua del patriarcado que se ha perpetuado para controlar la sexualidad y los cuerpos de las mujeres, y también sus vidas.

La violencia machista tiene múltiples expresiones que debemos visibilizar y combatir. En la base de la pirámide del patriarcado y de la violencia se sitúan los micromachismos, que perpetúan la desigualdad y la violencia contra las mujeres.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

18/TUZ/LGL








INTERNACIONAL
Aborto
   Organizaciones piden reabrir debate legislativo
   
Entregan firmas a Asamblea Legislativa de El Salvador para despenalizar aborto
Imagen retomada de Cladem
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/03/2018

La “Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico” junto con más de 30 organizaciones salvadoreñas e internacionales, exigieron a la Asamblea Legislativa de El Salvador reabrir el debate sobre la despenalización del aborto para garantizar servicios de salud pública y condiciones seguras a las mujeres.

En entrevista con Cimacnoticias, la representante de la “Agrupación Ciudadana”, Morena Herrera, comentó que la semana pasada se entregó una carta con más de 200 mil firmas ante la Asamblea Legislativa para exigir que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales genere un dictamen favorable para despenalizar el aborto.

Actualmente hay dos iniciativas, una que demanda reformar el Código Penal (CP) para armonizarlo con la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres” y la “Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra la Mujer” y que pide la despenalización por 4 causales.

La segunda iniciativa solicita reformar el CP, con base en los Artículos 1 y 2 de la Constitución Política del país, donde se “refieren a la vida como un derecho fundamental garantizado a toda persona” y se reconoce a “todo ser humano desde el instante de la concepción”…()… “con el fin de proporcionar la pena de violación a un bien jurídico digno de tutela penal como es la vida prenatal”, que penaliza a quienes faciliten los medios para llevar a cabo un aborto.

La primera iniciativa – presentada por la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FFMLN), Lorena Peña- plantea anexar al artículo 133 del Código Penal un apartado “A”, el cual permita legalizar el aborto con el consentimiento de las mujeres en cuatro causales:

cuando corra riesgo su vida (para este efecto deberá presentarse un dictamen médico con el consentimiento de la mujer); cuando el embarazo sea producto de una violación sexual o trata de personas; cuando exista malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina; y en el caso de menores de edad, por violación y estupro, el cual podrá ser realizado con consentimiento de la menor de edad con autorización de sus padres o tutores legales, de acuerdo con lo establecido en el Art. 18 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina).

La segunda iniciativa –presentada por el diputado de la Alianza Republicana Nacionalista, (ARENA) Johnny Wright- propone reformar el texto del artículo 133, de la siguiente forma: “El que provocare un aborto con el consentimiento de la madre o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de treinta a cincuenta años”.

Al artículo 139 del CP, se añada que de las “lesiones descritas” en el Art. 133 cuando estas “se produjeren como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá, además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad por un término de seis meses a dos años” se excluya de la penalización a las mujeres en gestación.

La propuesta también propone reformar los artículos 373 y 374 del CP para sancionar a las personas que de manera ilegal vendan o suministren sustancias o productos que provoquen la interrupción del embarazo, con penas de 1 a 3 años de prisión.

En el caso de las personas que anuncien procedimientos, medicamentos, sustancias y objetos destinados a provocar aborto no serán multados económicamente, sino sancionados con prisión de 6 meses a 2 años.

Las dos inactivas deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa para que entren en vigor ocho días después en el Diario Oficial.

PROHIBICIÓN TOTAL IGUAL A MUERTE MATERNA

La defensora Moreno Herrera dijo que la prohibición absoluta del aborto ha conllevado a un aumento en los números de mortalidad materna. “Cuando el embarazo es producto de una violación el Estado obliga a las mujeres a seguir con el embarazo. El envenenamiento y el suicidio son las primeras causas indirectas de muerte materna en adolescentes”.

Cabe recordar que el aborto en este país estaba permitido hasta 1998 (cuando se reformó el Código Penal para penalizarlo) por 3 causales: por violación o estupro, riesgo para la vida y por malformación grave del feto.

A la par, en 1999, se reformó el artículo 1º de la Constitución salvadoreña para reconocer “a la persona humana desde la concepción.”

En 2016, de acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil del país, se recibieron 3 mil 947 denuncias por delitos sexuales: 47 fueron por violaciones, la mayoría de ellas correspondían a menores de15 años de edad.

Morena Herrera señaló que la Unión Médica Salvadoreña por la Salud y vida de las Mujeres -agrupación de médicos y médicas de diversas especialidades-  se ha incorporado a la labor de generar y difundir información científica que explique el impacto de la penalización absoluta del aborto y la necesidad de cambiar la Ley.

Esta Unión Médica, dijo, ha realizado conversatorios con profesionales de la salud -nacionales e internacionales- para exigir crear leyes que garanticen la seguridad jurídica de su profesión. De acuerdo con el Artículo 135 del CP se  penaliza de 6 a 12 años de prisión e inhabilitación de sus facultades al médico o personas auxiliares que realicen un aborto.

La Agrupación Ciudadana exigió al Estado salvadoreño garantizar a las mujeres respeto, protección y garantías de sus Derechos Humanos, así como la libertad inmediata de todas las mujeres encarceladas por cargos relativos a complicaciones del embarazo y garantizar a todas las mujeres el acceso a un aborto seguro y legal en las cuatro causales propuestas.

RESTRICCIONES NO ABATEN CIFRAS

La organización internacional Amnistía Internacional estima que al menos 27 mujeres continúan encarceladas por tener un aborto. “Las castigadas proceden, de manera desproporcionada, de entornos empobrecidos, en los que apenas tienen acceso a educación, atención médica o justicia”.

La organización explicó que las mujeres con abortos espontáneos o por complicaciones son “habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto. Los fiscales suelen acusarlas de homicidio u homicidio agravado”, delitos con pena de prisión de hasta 50 años.

La investigación “Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: Impacto de la criminalización del aborto en El Salvador” realizada por la “Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico” evidenció que de 2000 a 2011, 129 mujeres fueron procesadas por aborto u homicidio agravado, 88 tenía entre 18 y 25 años.

De los 129 casos, la mayoría de las denuncias provenían de hospitales públicos o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) con 74; 13 por vecinos; 11 por la familia directa y 6 por anónimos.

La investigación revela cómo la criminalización absoluta del aborto genera estigmas contra las mujeres y violaciones a sus Derechos Humanos en tres niveles: el sector de salud, judicial y penitenciario. “El estigma que existe alrededor del aborto ha hecho que deje de considerarse como una práctica médica necesaria en determinados casos”.

Al ser considerara una práctica ilegal, no se tienen registros del número de muertes por complicaciones en el embarazo o abortos, señala el estudio.

18/AEG/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Grupos Provida iniciaron campaña frente a su Clínica
   
Atacan a defensora de DSyR Sandra Peniche, en Yucatán
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/03/2018

La defensora yucateca Sandra Peniche Quintal y presidenta de la Clínica de Servicios Humanitarios en la Salud Sexual y Reproductiva (SHSS), organización con más de 17 años de trabajo en beneficio de la salud reproductiva de las mujeres, fue atacada en su domicilio la mañana de ayer.

En un comunicado, la Red Nacional de Defensora de Derechos Humanos en México (RNDDHM), de la cual también es integrante Sandra Peniche, advirtió que la defensora “sufrió un intento de homicidio: un sujeto la atacó con arma blanca”.

Peniche Quintal ha sido violentada de manera continua por integrantes de la campaña internacional “40 Días por la Vida” -un grupo Provida- por su trabajo en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El pasado 9 de marzo fue hostigada por policías municipales, tras una queja interpuesta por los integrantes de la campaña Provida, quienes han mantenido “una actitud hostil” frente a la Clínica, señala el comunicado.

Esta campaña “por la vida” inició en 2014- previo a las festividades por la cuaresma- frente a la Clínica que preside Peniche, a donde asisten personas “a favor de la vida” para rezar por 40 días por “los no nacidos”

Debido a que nuevamente iniciaría esta campaña, la defensora yucateca conjuntamente con 255 mujeres integrantes de la RNDDHM pidieron al gobierno de Yucatán y a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad  emitir medidas cautelares que garantizaran el pleno desarrollo de su labor en condiciones de seguridad y el acceso de la población al libre ejercicio de sus derechos sexuales.

Sin embargo, desde 2014 las autoridades de la entidad no han dado repuesta a los reportes levantados por el personal que labora en la Clínica sobre la situación de violencia, lo cual ha provocado que las “manifestaciones antiabortistas” sigan perdurando y aumente la hostilidad, denunciaron en una carta pública.

La Red Nacional destaca que el personal de la Clínica ha sido fotografiado, videograbado así como a sus vehículos, sin su consentimiento y a través de “sus rezos, plegarias y cánticos incitan al odio y a ejercer la violencia contra los y las defensores”.

La Clínica es considerada importante en Yucatán debido a los servicios que brinda a las mujeres: control del embarazo, anticonceptivos para mujeres, consejería sexual, interrupción legal del embrazo, entre otros. Hasta la fecha ha atendido a aproximadamente 11 mil personas, bajo la dirección de Sandra Peniche.  

De acuerdo con el Informe presentado en 2017 por el Relator Especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de los DH, Michel Forst, de su visita a México, de 2010 a 2014 fueron asesinadas más de 43 defensoras de Derechos Humanos y periodistas mujeres en México y los principales agresores fueron las empresas privadas y los grupos religiosos en el caso de las personas que defienden los derechos de las comunidades.

El Relator advirtió que México podría llegar a ser el país más peligroso en el mundo para quienes defienden los DH si el gobierno no actúa, ya que existe un gran número de defensoras  que han sufrido intentos de asesinatos y ataques de violencia sexual o campañas de difamación.

Asimismo, el Relator expresó que las defensoras de los DH que buscan justicia se ven enfrentadas a actos de discriminación, intimidación y obstáculos de justicia. Por estas violaciones, aseguró que las defensoras de DH corren un mayor riesgo de ser “blanco de ataques y agresiones”

18/AEG/LGL

 








REPORTAJE
FEMINISMO
   REPORTAJE ESPECIAL
   Encuentro con mujeres zapatistas, que llaman al habla y la escucha
“Mujeres que luchan” inicia en Chiapas
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Anayeli García Martínez, Sonia Gerth y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/03/2018

Justo cuando México atraviesa un proceso electoral y las mexicanas exigen el derecho a vivir libres de violencia, un alto al feminicidio, al acoso sexual y la violencia de género; las zapatistas se colocaron en primera fila y lanzaron una provocación al movimiento feminista, llamaron a reencontrarse, una vez más, para hablar, escucharse y organizarse.

A partir del 29 de diciembre del año pasado la invitación al “Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de las Mujeres que Luchan” se esparció por redes digitales y personales y hasta enero de este 2018 ya sumaban 651 personas registradas, mujeres alistándose para emprender un viaje desde sus países, ciudades o pueblos, hasta la zona indígena del sureste de Chiapas que en 1994 hizo temblar al Estado mexicano.

A 24 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en medio de la irrupción política que causó la primer mujer indígena que buscó la Presidencia de la República, María de Jesús Patricio; las indígenas, mestizas y extranjeras, se darán cita durante tres días en el Caracol de Morelia, ubicado en Chiapas, zona indígena Tzotz Choj.

Del 8 al 10 de marzo las tejedoras de la palabra darán  seguimiento a una lucha que es más vieja que la insurrección de 1994.

A propósito de este encuentro, Cimacnoticias realizó un recuento histórico de la participación de las mujeres en el zapatismo, su búsqueda en el reconocimiento de sus derechos, y su organización. La investigación se hizo a través de la recopilación de documentos del Centro de Documentación “Adelina Zendejas” de CIMAC, publicaciones del suplemento La Doble Jornada y la documentación periodística del libro “Las Alzadas”, coordinado por la periodista Sara Lovera y Nellys Palomo.

“NO CLAUDICAMOS”

El encuentro se da ante la necesidad de tejer lazos en un país donde a diario, 7 mujeres son asesinadas y a cada momento brota a la luz pública un caso de acoso sexual. “Pero como quiera no tenemos miedo, o sí tenemos pero lo controlamos, y no nos rendimos, y no nos vendemos y no claudicamos”, esas son las palabras de las organizadoras.

Las mujeres que forman el Comité Clandestino Revolucionario Indígena de la Comandancia General del EZLN, las concejalas, juntas, promotoras, milicianas, insurgentas y bases de apoyo zapatistas, convocantes a esta reunión de saberes, pidieron a todas las mujeres, feministas, defensoras y ciudadanas, escucharse como forma de sanación y de acción.

Ahora que en México las víctimas y familias de mujeres desaparecidas, víctimas de feminicidio, acoso sexual, hostigamiento laboral, despojo de tierras o violencia del Estado han tomado la iniciativa de denunciar a policías, jueces, comunicadores y funcionarios, la idea es tomar bríos para saberse acompañadas y juntas, auto organizarse.

La cita es singular, será en una zona indígena y selvática, donde el autogobierno se hace cargo de las necesidades básicas como luz y agua y donde los hombres tendrán que hacer lo que socialmente no les ha tocado: cuidar a niñas y niños, preparar alimentos, hacerse cargo de la limpieza y estar en espacios considerados de servidumbre pero que para el zapatismo son base de la organización.

UNA VEZ MÁS NOS ESCUCHAMOS

Antes del levantamiento armado del EZLN la primera rebelión que cimbró a las comunidades chiapanecas y que después haría eco a nivel nacional fue las de las mujeres, la de aquellas que sin saber de Derechos Humanos decidieron que una revolución sin igualdad simplemente no podía ser.

El 8 de marzo de 1993 las indígenas hicieron el primer levantamiento cuando exigieron terminar con las costumbres que no les gustaban como ser violentadas y obligadas a casarse con hombres que no querían, o tener hijos que no podían cuidar. El resultado de esa rebelión que disgustó a algunos e hizo reflexionar a otros, fue la Ley Revolucionaria de las Mujeres.

Allí se mostró que las causas de los pueblos indígenas y de las mujeres no están alejadas y aunque poco se sabe, las mujeres fueron protagonistas invisibles de los acontecimientos que trascendieron las fronteras del país hace 24 años. Líderes como la comandanta Ramona y la mayor Ana María, tuvieron tareas vitales para el movimiento, y sus perfiles fueron inspiración para otras.

A un cuarto de siglo de distancia, el próximo encuentro de mujeres en Chiapas no es el primero que se realiza en nombre de la inclusión y contra la opresión. En los años seguidos al levantamiento armado de 1994, el movimiento de mujeres indígenas vivió un impulso y se realizaron varios foros y eventos involucrando la visión de las zapatistas.

En 1995 se reunieron en el Encuentro Nacional de Mujeres de la Asamblea Nacional Indígena para la Autonomía (ANIPA) para preparar su participación en el Foro Nacional Indígena y en la mesa de Diálogo en el municipio de San Andrés Larráinzar. Allí trabajaron temas de participación política de la mujer, autonomía, derecho a la tierra, salud y derechos reproductivos.

Dos años después, en 1997, en Oaxaca, se formó la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas. Entre las exigencias estuvieron el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la salida del Ejército mexicano de las comunidades indígenas, la reforma del artículo cuarto constitucional para hacer explícitos derechos indígenas y paridad política; y la reforma al artículo 27 constitucional para permitir a las mujeres heredar y usufructuar la tierra.

A finales de 2007, conmemorando el 14 aniversario del alzamiento zapatista, se realizó el Tercer Encuentro entre los Pueblos Zapatistas y los Pueblos del Mundo, el cual se centró en las vivencias y los logros de las mujeres zapatistas. Así, se trataron temas de salud, educación, y organización.

MUJERES, BASE DEL ZAPATISMO

El movimiento feminista mexicano y el mundo entero se sorprendieron al ver la participación activa de las mujeres tanto en los rangos militares como en la dirección política de las y los zapatistas que se levantaron en armas el 1 de enero de 1994.

En ese entonces la mayor Ana María, a sus entonces 26 años, al mando de más de mil personas, fue dirigente de la toma de San Cristóbal. Al hablar con cronistas sobre su vida, la mayor contó que como muchas no estudió ni se preparó, por eso se fue a la montaña, donde aprendió a leer, escribir y hablar castellano. En medio de la lucha armada pudo decidir quién sería su compañero de vida.

Por su parte la comandanta Ramona, formó parte del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. En idioma tzotzil habló sobre la vida cotidiana de las mujeres en las comunidades, de los días largos, de cómo sufrieron de hambre y malnutrición, cómo se enfermaron, de los puestos de salud que se encontraban demasiado lejos y de los decesos de niñas y niños.

La comandanta recorrió su comunidad llevando su palabra para decir lo que todos sabían pero que poca gente mestiza acepta: el trabajo que implica llevar las artesanías al pueblo y enfrentar discriminación y racismo; el hecho de que los hombres vean mal que sus mujeres tomen la palabra y ocupen puestos, o cómo las niñas desde pequeñas son vendidas a sus futuros esposos.

En la euforia de 1994 la mayor Ana María, al igual que otras mujeres, exigió a los varones zapatistas lo que les correspondía de aquella revolución; el derecho de las mujeres a organizarse y a participar en la milicia, aunque para ellas no sería lo mismo porque tuvieron que demostrar que podían realizar el mismo trabajo que ellos, hasta que se abrieron paso a los más altos mandos.

No sólo las mujeres combatientes se hicieron presentes, como la comandanta Ramona, también estuvieron las adultas mayores, aquellas que permanecieron en los pueblos y que fueron bases fundamentales del EZLN. Ellas se encargaron de la seguridad de las comunidades, monitorearon, diseñaron y cosieron los uniformes de la insurgencia, mantuvieron al ejército alimentado y cuidaron a la niñez mientras las jóvenes y los varones salieron a luchar.

Es por eso que sus demandas tuvieron que ser escuchadas. Junto a la Declaración de la Selva Lacandona, se publicó la Ley Revolucionaria de las Mujeres. Diseñada desde 1993, en ese documento, las indígenas demandan un salario justo, el derecho de tener cargos en la comunidad, el derecho a salud, educación, a una vida sin violencia, y -cosa inédita- el derecho de elegir a su pareja y la cantidad de hijos e hijas que quisieran tener.

Para construir esa ley la comandanta Ramona fue la encargada de recoger las opiniones de las comunidades tzotziles y la comandanta Susana, la palabra de las comunidades tzeltales. De forma aguda las mujeres indígenas problematizaron la relación entre el cambio y dejar atrás las tradiciones o costumbres que las mantenían en los ciclos de marginación y violencia.

En ese entonces las feministas críticas cuestionaron cómo las mujeres podían participar en una lógica de guerra y una institución tan patriarcal como es un ejército. Observaron que las mujeres destacadas del zapatismo se limitaron a leer cartas del Subcomandante Marcos y que los traductores de Ramona, por ejemplo, en vez de traducir se metieron a interpretar.

Con todo, la Ley Revolucionaria de las Mujeres tuvo repercusiones tanto en el movimiento feminista como en el indígena y desencadenó un debate amplio. A pesar de las críticas preponderó la inspiración que las mujeres chiapanecas dieron a otras indígenas y a muchas mujeres que luchan por la igualdad en el país. Aunque aún faltaba esperar que se cumplieran sus demandas.

A 24 AÑOS DEL LEVANTAMIENTO...

A 24 años, hoy Chiapas continúa siendo el estado más pobre de México, y muchos municipios indígenas carecen de servicios básicos como agua, energía, y salud.

Según el último diagnóstico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2012, 75 por ciento de la población chiapaneca se encontraba en pobreza y 32 por ciento en situación de pobreza extrema. Niveles iguales a los de 1994, según la investigadora de la Universidad de Harvard, Viridiana Ríos.

Al nivel nacional, Coneval reporta que 45 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza y 10 por ciento en pobreza extrema.

Al hablar de salud en Chiapas, donde la sociedad es diversa, en los municipios mayoritariamente poblados por indígenas, las problemáticas se agudizan. La organización Melel Joxobal constató en 2015 que las complicaciones de embarazo y parto eran la principal causa de muerte en mujeres indígenas.

Ese mismo año la Secretaría de Salud informó que la Razón de Muerte Materna (RMM) en Chiapas era de 68 por cada 100 mil nacidos vivos, en tanto, la medida nacional se ubicaba en 39 decesos, esto significa un 43 por ciento más.

En suma, muchas adolescentes se casan a edades tempranas y tienen poco acceso a información sobre planificación familiar. En los altos de Chiapas, 73 por ciento de las mujeres tuvo su primer hijo entre los 11 y 19 años de edad, según la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres 2015. Esto les impide una libre decisión sobre sus proyectos de vida, constata Melel Joxobal.

La educación debería de ser una parte fundamental para preparar a las niñas a tomar decisiones autónomas, pero en muchos casos, faltan oportunidades. Aunque el país tiene cifras oficiales de escolaridad y alfabetización del 95 por ciento, el rezago educativo de las y los indígenas es significativo. La mitad no termina la primaria, según el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, y el monolingüismo les hace más vulnerables a la discriminación.

LA ENSEÑANZA DE MARICHUY

Este encuentro cobra mayor relevancia porque es parte de la estela de esperanza que dejó la candidatura indígena propuesta desde 2017 por el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) para participar en el proceso electoral de 2018 en busca de la Presidencia de la República, misma que no logró los apoyos ciudadanos suficientes para concretarse, a pesar de la organización ciudadana que causó.

La propuesta del CIG-CNI fue que su vocera, María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, llevara la voz de los pueblos indígenas al proceso electoral, que fuera ella, una mujer indígena, quien hablara a la ciudadanía del despojo de las tierras, la explotación, la opresión y discriminación que viven las personas del México de abajo.

La precampaña de una mujer indígena hizo ver que todavía hay un país que desprecia a las personas por su color de piel, su sexo, o su nivel de estudios, pero además que se niega a escuchar lo que tengan que decir. Y aunque los partidos políticos actualmente deben postular a personas indígenas en 13 distritos electorales para competir por una diputación, la realidad es que la discriminación persiste.

Las expectativas puestas en este encuentro son altas. Convergerán mujeres de todas las edades y nacionalidades. Vienen de todos lados del mundo, de Europa y de Latinoamérica. En México, se encuentran alistadas mujeres de 27 entidades.

Todas ellas vertieron 202 propuestas de actividades, saberes y experiencias con el objetivo común de compartirlas a lo largo del encuentro; desde música, danza, teatro, circo, cuentacuentos, presentaciones de libros, dibujo, fotografía, cine y deporte. Es quizás este encuentro una forma de seguir reflexionando y hacer organización para formar esas resistencias de las que habló Marichuy en su paso por los pueblos de México. 

Hasta ahora las organizadoras han informado que se tiene contemplado la impartición de talleres sobre la violencia de género, manifiestos feministas, ciberfeminismo, la valoración y uso de la sangre menstrual,  danzaterapia, género, pintura, grabado, entre otros.

A este amplio número de saberes se suman pláticas del linaje femenino, cuerpo de la mujer, formas de resistencia, defensa de los Derechos Humanos, educación antimachista, experiencias de sobrevivientes a la violencia, lucha de mujeres en Francia e Italia, el feminismo en Cuba, feminismos indígenas y afros… Durante cinco días, las mujeres hablarán y escucharán sus inquietudes, conocimientos y anhelos.

Previo al encuentro, este martes 6 inició la Asamblea del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la participación y el reconocimiento de las mujeres en la toma de decisiones, en San Cristóbal de las Casas, en la cual se busca difundir información sobre el contexto de violencia contra las mujeres, violencia feminicida, el riesgo que representan las zonas económica especiales.

Entre otros temas a debatir está el de la Ley de Seguridad Interior, despojo a la tierra y la reflexión de la efeméride del 8 de marzo. La Asamblea concluye este día para que mañana inicie el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan.

18/AGM/HZM/SG/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   En Kenia 21 por ciento de niñas y mujeres ha pasado por ella
   
La misión de Lucy contra la ablación en la población masai
CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: Domitilla Delpivo*
Cimacnoticias | Bilbao, Esp .- 06/02/2018

Sian y Neema se escaparon juntas de la manyatta (conglomeración de casas) donde vivían con sus familias, en la provincia de Kajiado, tierra de los masai de Kenia. Caminaron toda la noche para huir y eludir la ablación a Neema; Sian ya había sido sometida a este ritual y sabía lo que era.

Las dos amigas, de 11 años, desde su pequeña aldea situada cerca de la ciudad de Entorika, anduvieron alrededor de 50 kilómetros hasta llegar a Diaspora Village a la mañana siguiente.

“Encontramos una mujer que nos preguntó qué hacíamos allí solas y le contamos nuestra historia”, explica Sian, que ahora vive junto a Neema en la escuela IlBissil, donde las encontramos tres meses después de la huida. “La señora nos acogió en su casa, pero su marido no estaba de acuerdo, nos preguntó de dónde veníamos y se fue con su moto”, afirma Neema. Al poco tiempo, el marido volvió junto a unos jóvenes de la manyatta. Cogieron a Neema; Sian consiguió encerrarse en una habitación.

EL RESCATE

“Me llamaron porque había dos niñas en peligro, contacté con los policías que colaboran conmigo y fuimos a recogerlas”, comentó la directora de la escuela IlBissil y promotora de rescates, Lucy Yepe Itore, algo que considera como parte de su trabajo en el centro educativo. “Encontramos a Sian espantada y encerrada en una habitación, nos contó que se habían llevado a Neema a su pueblo. Fuimos allí y volvimos a nuestro centro con las dos”.

En IlBissil, cerca de la ciudad de Kajiado, estudian y viven unas 60 niñas rescatadas en territorios colindantes. Lucy hace años que lleva a cabo este tipo de acciones para ayudar a las más pequeñas y tiene una red de personas informadoras que la llaman cuando se está a punto de realizar una mutilación. “Cuando podemos actuamos en la noche, así las personas de los campamentos masai no ven cuando llegamos ni hacia donde huimos”, cuenta. “Me acompaña siempre la policía porque a veces se presentan situaciones muy peligrosas como enfrentarse a los moran (guerreros masais) que, armados con machetes, reivindican sus niñas prometidas”, añade.

CONTRA LA MGF

En Kenia, 21 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido mutilación genital femenina (MGF). Dentro la comunidad masai el porcentaje, en la misma franja de edad, sube hasta 78 por ciento. Aunque en 2011 se promulgó una Ley para la prohibición de la MGF, en las zonas rurales muchas personas desconocen la legislación y perpetúan la mutilación como símbolo de la entrada a la edad adulta.

Los masais son una tribu muy tradicional, de las pocas que todavía viven de la ganadería en zonas aisladas de Kenia. El ritual se concibe como pasaje imprescindible para el desarrollo de una niña y son muy pocas las personas que lo cuestionan, ya que para su cultura es un valor añadido.

De los cuatro tipos de mutilación reconocidos, este pueblo practica la extirpación parcial o total del clítoris y de los labios menores. Las consecuencias son muy peligrosas: infecciones, Sida, problemas durante el parto, muerte de la mujer y muerte neonatal, entre otras. Las niñas sufren traumas psicológicos y su integridad se verá comprometida para siempre.

ABLACIÓN Y MATRIMONIOS FORZADOS

Joyce tiene 10 años, vive en IlBissil desde hace un mes. Su mirada es dura y triste, nunca frecuentó una escuela, “mi padre quería casarme con un hombre discapacitado de 60 años y por esto tuve que someterme a la MGF”, recuerda. El matrimonio infantil forzado es una realidad muy común en Kenia, en muchas familias se considera normal casar a las niñas, a partir de los seis años, a cambio de unas vacas. “Las hijas se ocupan de todo tipo de trabajos domésticos y no es raro que sufran abusos por parte de sus familiares. La situación permanece igual cuando se casan, cambia solo el hombre que manda. El tío de Joyce quería que estudiara y deseaba para ella un futuro mejor, por esto la llevó aquí”, explica Lucy.

RECONCILIACIÓN

Las jóvenes que quieren volver a su casa a menudo son sometidas al ritual para ser nuevamente aceptadas. Para evitar estos casos, el equipo de IlBissil media con las familias de la niñas y jóvenes rescatadas para conseguir su reconciliación: “Les hablamos de la importancia de los estudios para mejorar sus vidas y les advertimos de los riesgos de la ablación”. Cada mes un grupo de personas cercanas a Lucy, entre profesoras y familiares de las que aprendieron de su experiencia personal, se van a hablar con los jefes de las manyatta y sus habitantes. El trabajo hecho con los hombres es muy importante ya que son ellos los que normalmente quieren seguir con la tradición.

“Para una mujer que haya sufrido la MGF es más fácil entender el dolor físico y psíquico que este ritual conlleva, muchas de ellas nos confiesan que les gustaría que sus hijas no pasaran por este sufrimiento”, afirma Lucy. “Si nos ganamos el respeto de los jefes y logramos que entiendan los peligros de la ablación y la importancia de la educación de las niñas, nos ganaremos toda la manyatta”, añade.

La educación es primordial en este proyecto: “Las jóvenes que vuelven con un trabajo y vida independiente, se ganan el respeto de su comunidad y son un ejemplo para las demás”, subraya la directora de la escuela.

MGF, NO SÓLO EN ÁFRICA

Según End FGM-Europen Network, en Europa cada año 180 mil niñas y mujeres están en riesgo de mutilación. “Hay la tendencia a pensar que es un problema lejano, que pertenece a países islámicos, aunque esto no es cierto”, explicó la periodista italiana especialista en MGF, Emanuela Zuccalá. Dentro la comunidad inmigrante que vive en Europa, las niñas que provienen de países donde la práctica es muy común, siguen en peligro. “El período de las vacaciones, cuando vuelven a ver sus familias, es muy arriesgado porque se aprovecha de estos días para mutilar las pequeñas”, explicó Zuccalá.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 200 millones de mujeres en el mundo han sufrido la MGF: “Vista desde una perspectiva de Derechos Humanos, la práctica refleja una desigualdad profundamente arraigada entre los sexos y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer”.

* Este artículo fue retomado del portal Pikara Magazine

18/DD/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   PRI arremete contra Derechos laborales y Humanos de cara a contienda electoral
Cascada de reformas y Leyes que atentan contra derechos de mujeres y trabajadoras
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/12/2017

De cara a la contienda electoral de 2018 que entre otros cargos públicos definirá la presidencia de la República, en las últimas semanas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en alianza con otras fuerzas políticas, presentó Leyes y Reformas que atentan contra las Derechos Humanos y laborales (DH) de la sociedad civil.

Impulsadas por el Partido Revolucionario Interinstitucional (PRI) destacan la Ley de Seguridad Interior que permite la intervención del Ejército mexicano cuando considere “amenazas de seguridad”; la reforma al Código Civil Federal para considerar “daño moral” en mensajes que se consideren ofensivos a través de medios digitales; y la reforma a la Ley Federal del Trabajo que elimina todas las barreras de contratación a las empresas outsourcing.

Cimacnoticias consultó a organizaciones civiles nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos, y a la senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, quienes hablaron del impacto diferenciado que pueden tener en la vida de las mujeres estas normativas; y destacaron que no debe perderse de vista que ninguna puede quedar fuera del análisis del próximo contexto electoral.

“LA LEY GOLPISTA”

La recién aprobada Ley de Seguridad Interior legitima el uso de la fuerza para “contener riesgos y amenazas” en la seguridad pública. Pese a su cuestionamiento por organismos internacionales de DH y al repudio que generó entre organizaciones civiles locales que la nombraron la “Ley Golpista”, el pasado 15 de diciembre el Senado de la República la aprobó después de una discusión de 16 horas.

Con un Senado conformado en su mayoría por la bancada priista, apoyada por la mitad del Partido de Acción Nacional (PAN), la Ley de Seguridad fue avalada con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.

En horas, la turnaron a la Cámara de Diputados donde finalmente se avaló y la enviaron a Enrique Peña Nieto, de modo que ahora sólo falta el refrendo de éste para que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

LAS MUJERES Y LA TORTURA POR MILITARES

Las y los legisladores desoyeron los exhortos de detener la Ley de Seguridad Interior por su ambigüedad y porque no respeta los estándares internacionales de DH. La senadora Angélica de la Peña describió en entrevista con esta agencia, que en ninguna otra ocasión había visto a tantos órganos de DH pidiendo al Estado mexicano frenar una ley.

Los llamados provinieron de los Altos Comisionados de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cientos de asociaciones civiles, quienes han visto en la última década las consecuencias de “abatir la delincuencia organizada” militarizando este país: ejecuciones extrajudiciales, privaciones de la libertad, desapariciones, tortura, agresiones sexuales y el desplazamiento forzado de las poblaciones.

Estas violaciones a los DH por parte de agentes militares ha valido a México sentencias en su contra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La mayoría de estos casos, fueron cometidos contra mujeres por parte de militares, quienes utilizan la tortura para obtener confesiones e inculparlas de pertenecer a la delincuencia organizada, recordó la senadora de la Peña.

Para la directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz, esta Ley de Seguridad Interior tiene un impacto negativo específicamente en las mujeres, “la experiencia ha mostrado que al posicionar a militares en labores de seguridad pública estos incurren violaciones discriminatorias contra las mujeres con prácticas de tortura sexual o denigrantes contra ellas”.

“Esta Ley tendría un impacto diferenciado en las mujeres, recordemos que la mayoría de los casos conocidos por la Corte, Inés y Valentina y ahora Atenco, tienen que ver con violaciones a las mujeres e intervención de militares y fuerzas federales. Lamentable en estos casos se tuvo un componente de género: en ambos violaciones sexuales”, subrayó Marcia Aguiluz.

De esto da cuenta Amnistía Internacional en su informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” (2016), en el cual entrevistó a 100 mujeres privadas de su libertad que fueron agredidas en su detención por las fuerzas policiales, el Ejército o la Marina. La organización identificó que 72 sufrieron abusos sexuales y 33 fueron víctimas de violación sexual por parte de las Fuerzas Armadas.

Además, precisa Amnistía en su reporte, pese a las múltiples denuncias presentadas por mujeres ante actos de violencia sexual a manos de Fuerzas Armadas, ni un solo soldado ha sido suspendido por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015.

Aprobar la Ley de Seguridad Interior, expresó la abogada especialista en DH, es darle “carta blanca a los militares para que actúen en cualquier circunstancia” y muestra que el Estado mexicano no tiene la voluntad en cumplir con obligaciones respecto a las sentencias emitidas por la CoIDH.

“El mensaje que nosotros recibimos es que no existe un voluntad de México por respetar las obligaciones internacionales que tienen, tampoco tienen una voluntad por resolver el grave problema de seguridad. Sabemos que los militares son un actor muy poderoso en México, la presión que hacen para aprobar esta Ley habla de ello”, señaló la integrante de Cejil.

PERMISO A LAS FUERZAS ARMADAS

Cejil como otros organismos defensores de DH, alertaron que este proyecto carece de un mecanismo de control sobre las operaciones que pueden llevar las Fuerzas Armadas en el territorio pues de acuerdo con la Ley aprobada, es el Presidente de la República quien puede ordenar la intervención del Ejército en un territorio determinado por alguna “amenaza a la seguridad interior”. También puede ordenarlo a petición de los titulares de las entidades federativas.

Con ello, el Artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior, permite “la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución”, indica.

Si bien, se establece que la intervención de las Fuerzas Armadas dura un año, se puede prolongar si así lo determina el Ejecutivo. Así, el Ejército no sólo tendría la facultad de asumir las acciones de la policía, les permite actuar por sí mismo, pues sólo le bastaría informar al Presidente y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sobre las actividades emprendidas, indican los Artículos 32 y 33 de dicha Ley.

Esto, en opinión de la senadora Angélica de la Peña, es contrario a la Constitución mexicana y no resuelve los problemas de seguridad pública que vive el país. “Los militares están capacitados para hacer un uso de la fuerza en su máxima expresión: en ataques terroristas o amenazas de seguridad nacional. No para sustituir la policía”, sentenció.

“El problema de fondo y que no hemos resuelto es tener corporaciones policiacas suficientes, capacitadas, que se les reconozcan sus derechos laborales. Pero esta Ley no resuelve el problema de fondo, dejar al Ejército permanentemente, desde el punto de vista de una democracia, es muy peligroso”.

Con esta Ley México también enfrenta un retroceso a los derechos ganados, precisó De la Peña Gómez, “cada vez avanzamos en leyes importantes en DH: la Ley contra la Tortura, la Ley contra Desaparición Forzada, el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia; la Ley de la Niñez, y no encontramos en esta Ley algo que las incluya”.

El rechazo de la Ley de Seguridad Interior ha llevado a la sociedad a protestar en las calles y pedir Peña Nieto que la vete. De no detenerla, la senadora señaló que el irán por la Acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otras asociaciones internacionales como Cejil, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras, instalaron a partir de la aprobación de esta Ley, un Observatorio Internacional sobre México para documentar la situación de crisis de los DH en el país.

SANCIONAR POR DAÑO MORAL, DESCRÉDITO Y OTRAS…DEL PRI

Mientras se discutía la Ley de Seguridad Interior, la Cámara de Diputados aprobó el 14 de diciembre la reforma al Artículo 1916 del Código Civil Federal para anexar que se sancionará por daño moral a quien por cualquier medio, incluidos “los electrónicos”, “difunda información que cause deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”.

La directora general de la asociación civil Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros, señaló en entrevista con Cimacnoticias, que se trata de una iniciativa encaminada a “generar temor para quien difunde ideas en medios electrónicos” y consideró que esta propuesta del diputado Pablo Elizondo García, también priísta, es particularmente relevante en medio de un proceso electoral “cuando hay mucho que informar”.

“Responde a un afán por pretender limitar el derecho a la libertad de expresión o el deseo de generar temor en el gremio periodístico y en quienes ejercen su libertad de expresión a través de medios electrónicos”, dijo Mendiola Landeros, pero recordó que sobre esta modificación está el derecho a la libertad de expresión establecido en la Constitución mexicana.

La directora de Propuesta Cívica agregó que las demandas “de daño moral” son utilizadas como métodos de agresión sobre todo por políticos contra las y los periodísticas en este país. “Cuando un actor político presenta demanda por daño moral la persona deja de investigar los temas que tocan intereses políticos, por enfocarse a un litigio civil, genera autocensura”, explicó.

Para el gremio periodístico que labora en medios digitales estas agresiones han ido en aumento; la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), en su informe “El Poder del Cacicazgo. Violencia Contra las Mujeres Periodistas 2014-2015”, documentó que de los 147 casos de agresiones contra las periodistas, 34.6 por ciento de ellas pertenecía a un medio digital.

Aunque falta que esta reforma sea aprobada por el Senado de la República, la abogada Sara Mendiola, destacó que podría tratarse “de un simple distractor” que tiende a generar temor y autocensura en los medios digitales.

DESAPARECER LOS POCOS DERECHOS LABORALES

A días de terminar las sesiones en el Congreso de la Unión, senadores del PRI presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT) que plantea eliminar las restricciones a la subcontratación de personal (llamada, “outsourcing”) y propone limitar la asociación sindical. De aprobarse, las condiciones de trabajo de mujeres y hombres en el país empeoraría, pues daría pie a más violaciones a sus derechos laborales.

En entrevista con esta agencia, la coordinadora del área de Diálogo Sindical y de Género de la fundación Friedrich-Ebert, Inés González Nicolás, señaló que la iniciativa de los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, presentada el pasado 7 de diciembre y que evalúa las comisiones de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos del Senado, pone en riesgo derechos laborales.

De ser aprobada, una empresa podría emplear a todo su personal por subcontratación y los contratistas únicamente tendrían que registrarlos en el Seguro Social e inscribirlos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). “Aunque los senadores argumentan que la reforma generaría más empleos, la verdad es que serían como en la última década: precarios, inestables y con salarios bajos”, dijo la experta en derechos laborales Inés González.

Un caso emblemático sobre las violaciones a los derechos laborales por este tipo de contrataciones es el despido injustificado, en 2016, de 59 trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, algunas de ellas tenían hasta 15 años trabajando para el IEMS, pero luego de organizarse y exigir condiciones de trabajo dignas fueron despedidas bajo el argumento de que una empresa terciaria las contrató.

Sobre la propuesta de los senadores, más de 50 Sindicatos y 29 organizaciones civiles laborales de todo el país, advirtieron en un pronunciamiento dirigido al titular del Ejecutivo y al Congreso de la Unión, que no limitar la subcontratación, provocaría graves afectaciones a las y los trabajadores porque “destruye toda protección laboral y actualiza un golpe sin precedente en la historia laboral mexicana”.

La iniciativa también contempla la creación de un Instituto que regularía el registro de Sindicatos y contratos colectivos, sin embargo, la función y conformación del organismo es contraria a lo que establecen los artículos 107 y 123 de la Constitución mexicana (reformados en febrero de este año), señaló Inés González, pues no contempla la participación de representantes del sindicalismo independiente.

Tampoco hace referencia al derecho a un voto libre y secreto para la elección de titulares sindicales y en la firma de contratos colectivos, como estipulan las reformas a los artículos mencionados, lo que “sostiene la existencia de contratos patronales -acuerdos firmados entre empleadores y líderes sindicales que no velan por los derechos del personal empleado- , así los líderes se eternizan y no hay posibilidades de cambios directivos en los sindicatos”, enfatizó Inés González.

Además, la defensora de los derechos laborales recordó que la iniciativa promovida por el PRI cancela el derecho que las y los trabajadores tienen de ser notificados por escrito en caso de ser despedidos y las razones para efectuarlo. La iniciativa “sólo favorece a las empresas, las personas trabajadoras quedan en total indefensión”, sentenció.

La propuesta se analiza en un contexto nacional donde las mujeres laboran en condiciones precarias. A nivel nacional, 61 de cada 100 trabajadoras no tienen acceso a instituciones de salud, es decir, 12.2 millones de mujeres de un total de 19. 9 millones trabajadoras, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2005 al cuarto trimestre de 2016.

Mientras que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estimó en su último informe, publicado en agosto de este año, que el salario mensual de las mujeres está por debajo del promedio nacional (5 mil 773 pesos), pues de acuerdo a la dependencia gubernamental ellas ganan al mes 4 mil 935 pesos y en el mismo periodo de tiempo los hombres obtienen 6 mil 291 pesos.

17/HZM/MMAE/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Ayuda humanitaria no llega para embarazadas
   
Conflicto agrario en Chenalhó ha provocado 5 muertes de niñas y mujeres
Imagen retomada del portal Chiapas Paralelo | Mujeres desplazadas de Chalchiuitán. Foto: Ángeles Mariscal
Por: Ángeles Mariscal
Cimacnoticias | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 20/12/2017

Personas desplazadas de las 8 comunidades de Chalchiuitán afectadas por este problema de límites con Chenalhó, rechazaron el dictamen del Tribunal Agrario dado a conocer el pasado 13 de diciembre, en el que se les quita su derecho a la tierra donde vivieron hasta antes de su desplazamiento forzado.

Insisten en que de acuerdo a los títulos primordiales de principio de siglo XX, esa tierra en la que tienen sus viviendas y sus campos de cultivo, ha sido parte de Chalchiuitán, aún cuando ahora legalmente el Tribunal Unitario Agrario le da la titularidad de la tierra a Chenalhó.

Las personas que tuvieron que desplazarse de sus comunidades, dijeron que no aceptarán la reubicación ni el dinero que les ofrece el gobierno (hay que señalar que se trata de no más de 50 mil pesos por familia). Informaron que impugnarán el dictamen del Tribunal Unitario Agrario ante el Tribunal Colegiado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante una asamblea realizada en la plaza central de ese municipio, explicaron que “las autoridades afirmaron que es mentira que haya ganado Chenalhó, que hay un empate, porque no fue en favor de uno ni de otro, pero la gente se rió”, aseguraron los pobladores consultados. Agregaron que otro acuerdo tomado es que cambiarán de abogado, con el argumento de que “no ganaron el caso porque el defensor no hizo bien su trabajo”.

DEPRESIÓN Y EFECTOS EMOCIONALES

Raymundo Luna Pérez, de 18 años de edad, originario de la comunidad Chenmut, Chalchiuitán, ingirió un herbicida para suicidarse luego que cayó en depresión a causa del desplazamiento forzado que enfrentaban junto con otras 5 mil personas a las que el Tribunal Unitario Agrario les negó el derecho a la tierra que habitaron hasta el día de su expulsión, ocurrida el 18 de octubre pasado.

La salud física y emocional de los desplazados se agrava cada día, explicaron organismos defensores de Derechos Humanos y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, quienes dan asistencia médica y llevan alimentos que ciudadanos y comunidades han donado, a las personas desplazadas.

El pasado 17 de diciembre, a 3 meses de que tuvieron que abandonar sus viviendas, la muerte de Raymundo Luna se sumó a la de otras 10 personas que han fallecido tras el desplazamiento al que han sido sometidos, como consecuencia de la disputa por la tierra que sostienen con sus vecinos de Chenalhó.

En el caso de Raymundo, de acuerdo a su padre, Mariano Luna, estuvo sometido al estrés y depresión producto del desplazamiento, hasta que el pasado 3 de diciembre intentó suicidarse al ingerir el herbicida. Su padre lo localizó momentos después, y logró que médicos lo atendieran. Sin embargo no se recuperó, y tras dos semanas de convalecer, el pasado domingo falleció.

También han fallecido Catarina Sánchez Pérez, por sufrimiento fetal; Ernestina Sánchez Pérez, recién nacida, su madre se encontraba viviendo bajo lonas; Adriana de Jesús Pérez Pérez, de dos años y Maura Pérez Luna, de un año, por enfermedades respiratorias y hambre.

Domingo Girón Luna de 70 años, Marcelino Gómez López de 80 años, María Domínguez Gómez de 57 años y Mariano Pérez Aguilar de 67, han muerto por enfermedades respiratorias y por hambre. A estas muertes se suma la de Samuel Luna García, quien murió asesinado el 18 de octubre, cuando inició el desplazamiento forzado.

Diversos organismos humanitarios que trabajan en Chiapas exigieron a los gobiernos federal y estatal el urgente reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno para que eso obligue a las instituciones a la utilización y aplicación de protocolos efectivos que garanticen la seguridad e integridad personal a las personas desplazadas.

Piden de manera urgente la instalación de campamentos específicos para desplazados, condiciones de seguridad para evitar que sigan siendo amedrentados por los civiles armados que los expulsaron de sus comunidades, y para garantizar ayuda humanitaria integral y la búsqueda de garantías de seguridad para el retorno y reintegración.

El gobierno de Chiapas, por su parte, informó ayer a través de un comunicado de prensa, que solicitó ayuda de la ONU para asistir a las personas desplazadas. En el mismo comunicado anunció que “para inicio de 2018” llegará a esta región, personal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que buscará poner en marcha la producción de alimentos en la zona donde están los desplazados.

17/AM/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   El feminismo en la construcción de la paz
   
Feministas contra las guerras y las fronteras
Imagen retomada del portal Pikara Magazine| Alrededor de mil personas se manifestaron en Santurtzi contra las guerras. / Foto: J. Marcos
Por: J. Marcos*
Cimacnoticias | Bilbao, Esp .- 18/12/2017

El movimiento feminista vasco ha clamado contras las guerras, que empiezan en el Puerto de Bilbao, de donde parten barcos con armamento, y contra las fronteras. Estas son algunas de las imágenes que ha dejado una jornada de lucha, reivindicación y unión.

“Las feministas hemos opuesto a las guerras y hemos reivindicado la vida contra la destrucción y la muerte que acarrean. Las Mujeres de Negro en Serbia, en Palestina e Israel y en la guerra de los Balcanes, la Ruta Pacífica en Colombia o el Foro Social en Euskal Herria son ejemplos, entre otros muchos, del valiente posicionamiento de las mujeres en los momentos de conflicto y también de la necesidad del feminismo en la construcción de la paz”.

Para ver la nota completa ir a:  http://www.pikaramagazine.com/2017/12/feministas-contra-las-guerras-y-las-fronteras/

*Este artículo fue retomado del portal Pikara Magazine

17/JM/LGL








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   OPINIÓN
Ley de Seguridad Interior y Derechos Humanos de las Mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Cirenia Celestino Ortega
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/12/2017

El 30 de noviembre se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados, la Ley de Seguridad Interior que permitiría que el presidente de México pueda ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a “la amenaza”.

El 10 de diciembre se conmemoró el Día de los Derechos Humanos, esos que fueron negados a las mujeres. Cabe recordar que en 1789 se redactó la primera declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dos años después Olympia de Gouges parafrasea esta declaración cambiando la palabra “hombre” por “mujer” en exigencia del reconocimiento de las mujeres, lo que le costó la vida en 1793, fue aguillotinada. Fue hasta 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se reconoce “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia”

La ley impulsada por el PRI es contraria a los Derechos Humanos, pues es la puerta a la militarización del país, y potenciales violaciones de Derechos Humanos.

La ex representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, Leonor Calderón Artieda señaló: “La historia y las estadísticas nos han demostrado que cuando irrumpen en una población fuerzas regulares o irregulares, que generalmente son masculinas y entran a un área, tienden a elevarse los abusos contra las mujeres y las niñas, violaciones que ponen en riesgo su integridad”.

El primero constitucional señala “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, en los términos que establezca la ley.”

La experiencia mexicana nos ha enseñado que cuando el Ejército sale a las calles, lo que sigue no será el cumplimiento de ese mandato constitucional.

La presencia de tropas militares y fuerzas irregulares a lo largo y ancho del territorio nacional incrementa la violencia contra las mujeres y niñas mexicanas: cabe recodar a las tres tzeltales violadas en Chiapas (junio 4, 1994); 2 tlapanecas violadas en Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero (diciembre 3, 1997); 12 mujeres violadas en la zona Loxicha, en Oaxaca (1997); 2 mujeres violadas de Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero (abril 21, 1999); una mujer agredida sexualmente en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero (febrero 16, 2002); una mujer violada en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero (marzo 22, 2002), 13 víctimas de violación en Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006. Todas ejercidas ejercida por militares. Las víctimas siguen sin acceder a la justicia

A las 50 denuncias por violaciones a mujeres indígenas realizadas por militares, ocurridas en la sierra de Zongolica, Veracruz, registradas por el centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez en su informe 2002, se suman el caso que llegó este año a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Atenco y las once sobrevivientes de los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México.

O los desplazamientos forzados de poblaciones enteras, que huyen de la violencia en su comunidad como las miles de personas de las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó se esconden de los grupos paramilitares en los montes de los Altos de Chiapas.

A todas se les ha negado la justicia. El sacerdote chileno Pierre Dubois lo dijo: “La Justicia que no llega cuando corresponde, ya es injusta” y además de negar la justicia, se promueve una ley que abre infinidad de posibilidades de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.

La participación de las Fuerzas armadas en tareas de seguridad interna debe tener un control estricto y contar con reglas claras que eviten las violaciones a los Derechos Humanos, afirmó el ex secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.

En el marco del día por los Derechos Humanos exigimos que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger y brindar seguridad a las personas, respeto a la integridad humana, seguridad con sentido de humanidad, necesitamos seguridad feminista, donde la ciudadanía se sepa protegida en su dignidad, que su cuerpo será respetado, que su palabra será escuchada, que su vida vale en condiciones de igualdad.








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