Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

ESTADOS
INFANCIA
   Alienación Parental desacredita testimonios de abuso sexual infantil
   
Tribunales diagnostican “síndrome” en vez de sancionar delitos
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Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/07/2017

El mayor riesgo del Síndrome de Alienación Parental (SAP), teoría que niega la veracidad de los testimonios de las niñas y niños que dicen ser maltratados o abusados sexualmente por uno de sus progenitores, es utilizarlo como una prueba pericial definitiva para desechar las denuncias de los menores de edad.
 
En opinión de Nashieli Ramírez Hernández, coordinadora de Ririki Intervención Social, organización dedicada a la defensa de los derechos de la infancia, el mayor peligro de reconocer la Alienación Parental es que los jueces piden que se aplique un “check list” para detectar un “síndrome” en vez de investigar y sancionar un delito de violencia o violación sexual.
 
Actualmente 17 estados de la República mexicana reconocen el SAP en su legislación civil; sin embargo, Ramírez Hernández asegura en entrevista que la Alienación Parental no es un síndrome reconocido por ninguna institución médica, psicológica o psiquiátrica de prestigio y pese a ello las y los jueces lo valoran a partir de indicadores.
 
La experta en infancia explica que la niñez queda en medio de las  demandas familiares por divorcio o custodia de las hijas e hijos. "En esas circunstancias, en diferentes niveles, suceden cuestiones de manipuleo, chantajes, donde los niños quedan atrapados. Hay un acuerdo de todo mundo de que eso existe y no debería existir y es importante, en esa lógica, que el Estado tenga los elementos suficientes para que estos niños no queden atrapados en eso”. 
 
El problema, asegura, no es reconocer estos hechos sino intervenir con base en un “mal llamado síndrome” que además de ser rechazado por todos los grandes colectivos de psicólogos a nivel mundial y de no contar con sustento científico dice que cuando las niñas y niños son manipulados para mentir hay que obligarlos a convivir con el supuesto agresor para que restablezcan su relación con él o ella.  
 
En la Ciudad de México la Alienación Parental está vigente en el Código Civil local desde mayo de 2014 pero desde meses antes el Tribunal Superior de Justicia capitalino era una de las principales instituciones promotoras del uso de este concepto en los juicios familiares.

Uno de los personajes que se convirtió en portavoz de esta teoría fue Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura de la capital durante nueve años, y quien en 2012 declaró que a pesar de que era un tema poco estudiado en México, los juzgadores harían vanguardia al respecto.

El resultado más extremo de la aplicación del SAP fue el caso de Mireya Agraz Cortés, mujer que el pasado 7 de junio al parecer se quitó la vida junto con sus tres hijos, su padre y su madre (quien sobrevivió). El hecho ocurrió después de que juezas del Tribunal Superior de Justicia determinaron que mintió cuando denunció a su ex pareja por violar sexualmente a dos de sus tres hijos.
 
En el caso de Mireya las juezas aseguraron que se “diagnosticó” que los menores de edad y la madre tenían el SAP y por tanto mintieron durante siete años porque el padre no cometió ningún delito.
 
Ramírez Hernández destaca que utilizar la Alienación Parental como una prueba pericial definitiva puede provocar que en algunas ocasiones las niñas y niños sean devueltos, sean puestos en custodia o tengan contacto con su abusador o sus abusadores porque uno de los argumentos de esta teoría es que, en general, las madres  “programan” a sus hijas e hijos para acusar a sus padres.
 
Con el SAP, continua, se desacredita la escucha, la palabra de las niñas y niños, “estas acreditante la pruebas que no es científica que no es de diagnóstico judicial, lo que puedes estar provocando es que en muchos casos los niños sean obligados a estar con el progenitor que les ha violentado, no nada más sexualmente sino en términos de violencia física o psicológica”.
 
A pesar de ello, de acuerdo con el libro “Alienación Parental”, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2011, hay ocho indicadores para diagnosticar el SAP aunque reconoce que para determinar si existe o no sería necesario incluir evidencia científica –no manipulable– que demuestre el daño.
 
Incluso en 2015 el Pleno del Consejo de la Judicatura de la capital emitió el acuerdo 33-36/2015 para formalizar la creación del  Departamento de Alienación Parental que contaría con una jefatura, una secretaría y cuatro psicólogos para diagnosticar este “síndrome”. 
 
El Código Civil local dice que en caso de que el SAP sea “moderado” se suspenderá la patria potestad de quien cometa esta conducta pero si es “severo” se suspenderá todo contacto con el progenitor y su respectiva familia y además las niñas y niños serán sometidos a un “tratamiento”. Esta norma fue impugnada por la Comisión de Derechos Humanos de la capital ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está en espera de resolverse.
 
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NACIONAL
INFANCIA
   Gobierno capitalino publica reforma al Código Civil
   
Juzgados de CDMX obligados a desechar Alienación Parental
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/08/2017

A partir de la derogación de la figura de Alienación Parental del Código Civil de la Ciudad de México, que hoy entró en vigor, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia local deberán transformar la estructura que crearon en 2014 para detectar este supuesto síndrome que en el fondo deja en la impunidad la violencia y el abuso sexual infantil. 
 
Así lo consideró en entrevista Laura Martínez Rodríguez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) y quien afirmó que se debe hacer una reingeniería de las instituciones judiciales para que juezas y jueces dejen de utilizar el Síndrome de Alienación Parental (SAP) como prueba en los casos de divorcio o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes. 
 
Este 4 de agosto se publicó en la Gaceta Oficial de la capital el decreto para derogar el Artículo 323 séptimus del Código Civil, una norma vigente a partir de 2014 que decía: “comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores”, conducta denominada Alienación Parental.

SAP IMPIDE LA JUSTICIA
 
Hace tres años, cuando en 2014 se introdujo el SAP en la legislación de la capital, la Asamblea Legislativa estableció que el Departamento de Psicología del Tribunal podría dar tratamiento y, en su caso, determinar qué persona se quedaría encargada del cuidado de los menores de edad “alienados”, es decir que no quisieran convivir con uno de sus progenitores.
 
En ese entonces el supuesto de la ley era que todas las niñas y niños mentían si acusaban a su padre o a su madre de violencia o violación sexual, invención provocada, en general, por las madres que los manipulaban para hacer acusaciones falsas. Según esta teoría, creada en 1985 por el estadounidense Richard A. Gardner, el “síndrome” se cura obligando a los menores de edad a convivir con el progenitor acusado.  
 
La fundadora de Adivac destacó que las organizaciones expertas en derechos de las mujeres y la infancia han expuesto que este concepto no es científico, no es un síndrome, no está en ningún diccionario de enfermedades mentales y por tanto no tiene un tratamiento pero además han comprobado que desestima cualquier testimonio de abuso y violación sexual infantil.
 
“A los operadores de justicia les conviene reducir a Alienación una violación sexual o una violencia muy fuerte entre las parejas, esto ya se había visto desde que se volvió a legislar en 2014”, dijo la también psicóloga y especialista en Estudios de la Mujer.
 
En su opinión tanto legisladores como juzgadores reconocieron y avalaron el uso del SAP porque les solucionaba la investigación de un posible delito en las demandas de conflictos familiares, “no querían seguir trabajando, querían tener un concepto o un término que les redujera el trabajo, tanto a los abogados que defienden a ambas partes como a los mismos jueces”.
 
TRES AÑOS DE FALSOS DIAGNÓSTICOS
 
Durante los tres años que estuvo vigente la Alienación Parental en la capital (2014-2017), dice Laura Martínez Rodríguez, se dieron  casos de falsos diagnósticos de un síndrome inexistente pero a la fecha no se sabe cuántas veces los juzgadores confundieron las denuncias de violación sexual infantil con SAP, cuántas mujeres y sus hijos fueron afectados ni cuántas personas decidieron huir o quitarse la vida antes de continuar un proceso injusto.
 
En junio pasado una historia alertó sobre el tema. En 2010 Mireya Agraz Cortés notó cambias drásticos en su hijo de tres años de edad, quien lloraba, tenía pesadillas, no se alejaba de ella y dejó de controlar sus esfínteres. Después de llevarlo al médico y con una especialista en psicología se le diagnosticó abuso sexual por parte de su padre. Mireya interpuso una denuncia penal que nunca prosperó y una demanda para quedarse con la guarda y custodia del niño.
 
Durante el proceso, que duró siete años, una de sus hijas gemelas fue violada sexualmente por su padre y pese a las declaraciones de los dos menores de edad que fueron víctimas del mismo agresor, en noviembre de 2016 la Jueza Undécimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia local, Silvia Araceli García Lara, determinó que la madre “alienó” a los niños para que mintieran y como sentencia ordenó dar la custodia de los hijos al padre, Leopoldo Olvera. 
 
Hasta ahora se cree que la decisión de la jueza pudo orillar a Mireya a quitarse la vida junto con sus tres hijos, su padre y su madre (quien sobrevivió), el pasado 7 de junio en la delegación Magdalena Contreras.
 
Por ello la directora de Adivac aseguró que es necesario que los jueces en la capital dejen de usar peritajes de Alienación que desestiman los dichos de niñas y niños.
 
Una vez que entre en vigor la derogación del Artículo 323 séptimus, dice la especialista, se requiere que el Consejo de la Judicatura y el Tribunal se reestructuren para que se hagan peritajes científicos, es decir que no sean entrevistas de media hora ni de dos horas, sino estudios bien hechos como peritajes psicológicos de 12 a 15 horas.
 
En 2014 el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal autorizó la creación de seis plazas para la Dirección del Instituto de Ciencias Forenses y el Departamento de Alienación Parental del Tribunal Superior; ahora que ya no existe el concepto en la ley estos espacios deberán transformarse.
 
Al respecto Martínez Rodríguez dijo que estos cargos se pueden utilizar para manejar adecuadamente los procesos en el ámbito familiar y para “dar un enfoque de recuperación, protección, para que niños y niñas puedan convivir con su papá y su mamá, dependiendo del caso”, pero que además para que se dé una atención adecuada a las niñas o niños que son violentados por su madre o su padre.
 
17/AGM








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