REPORTAJE
DERECHOS HUMANOS
   Parteras, lideresas y campesinas creen que otro mundo es posible
Activistas, respuesta social ante incumplimientos del Estado
Defensoras en entrevista con Cimacnoticias | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García, Gabriela Godínez y Guadalupe Gómez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/04/2017 Las mujeres de las comunidades campesinas e indígenas, a quienes el sistema económico, político y social ubica en el último escalón, por su condición de género y pobreza, no se conforman, nunca se han conformado, con un presente así, ni con que sea ese el futuro para sus hijas e hijos. Por eso convierten esta sociedad doliente, sociedad de carencias, en una de resistencia y trabajo.
 
Es el caso de Margarita Amalia Cruz, a quien no le gusta que la vean como víctima y evita llamar “ataques” a los obstáculos que encuentra cuando defiende los derechos de las jornaleras de San Quintín; prefiere describir cómo viven 12 horas bajo el sol por un pago de 120 pesos diarios.
 
Desde los 8 años de edad hasta los 37 ella fue jornalera en aquel valle de Baja California, donde ahora dirige Mujeres en Defensa de la Mujer (Naxihi na xinxe na xih), que participó en el movimiento de jornaleros agrícolas iniciado en 2015.
 
Desde los años 80, cuando Margarita llegó de la zona mixteca de Oaxaca a San Quintín, la situación ha cambiado poco. Hoy, como entonces, trabajan ahí migrantes, mixtecos, zapotecas, triquis y nahuas de Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
 
En 1985 Margarita y los otros 30 niños que trabajaban para la compañía ABC soñaban “con un futuro mejor”, pero terminaban viendo como normales los maltratos, el bajo salario, la fumigación con agroquímicos.
 
Hoy las cosas cambiaron, se modernizaron, hay invernaderos… “pero para proteger el cultivo, no a las personas”, ironiza, porque las trabajadoras, de una temperatura muy alta, salen súbitamente al frío de la tarde y enferman, mientras otras pasan horas en cuclillas, en la fresa, la coliflor y el brócoli, lo que les provoca intensos dolores musculares. 
 
De esa realidad surgió en 1997 un grupo de mujeres artesanas y en 2004 exigieron afiliación al Seguro Social. Ahora, Mujeres en Defensa de la Mujer trabaja por los derechos laborales y el rescate de la medicina tradicional, a través de la Casa de la Mujer Indígena, enfocada a la prevención de la violencia de género y promoción de la salud sexual y reproductiva. Tiene además un programa en la radio indigenista XEQUIN, la Voz del Valle.
 
Y busca vincularse con organizaciones que defienden la tierra y el territorio, porque “cuando una empresa internacional entra a nuestros territorios no solo llega a explotar las manos jornaleras, también a explotar la tierra, a destruir la naturaleza; luego se van y dejan tierras infértiles”.
 
LA PARTERÍA, ALIVIO A LA INJUSTICIA 
 
Ayudar a una mujer a parir es un oficio que fascina, “es querer ayudar, decir basta de tanta injusticia hacia las mujeres”, dice María de la Luz Díaz Hernández, indígena y partera tradicional de la ranchería San Rafael, en Comitán, Chiapas, entidad con mayor número de parteras en el país.
 
Es una de las casi 3 mil parteras en el estado, que trabajan sobre todo en comunidades rurales e indígenas y atienden 9 por ciento de los casi 90 mil partos al año (Sinais, 2014). Hace un mes, Luz fundó, con otras cuatro parteras, Camati, “Mujeres construyendo desde abajo”.
 
Desde los 17 años de edad, Luz camina montañas hasta donde la necesita una mujer embarazada, pese a las secuelas que le dejó la poliomielitis. Supo que sería partera porque soñó, durante un mes, que una mujer le pedía ayuda para parir, un oficio que era también el de su abuelo.
 
La labor de Luz es indispensable en un estado donde hay apenas 2 mil 240 camas de hospital (Dirección General de Información en Salud, 2014), lo que explica por qué en 2014 hubo 68.1 muertes de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos (Observatorio de Mortalidad Materna).
 
Camati también consigue fondos para llevar a un hospital a las mujeres que lo requieren, da talleres de sexualidad a adolescentes y tiene una casa donde trabajan con herbolaria.
 
POR LA MADRE TIERRA
 
Rosenda Maldonado Godínez, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Indígenas Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (Renamitt), dice que las indígenas trabajan la tierra, viven de ella, pero sin derechos ni reconocimiento.
 
Nació en la sierra norte de Veracruz y promueve con Renamitt el derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra, que “no es propiedad porque para las indígenas la tierra no es propiedad de nadie, decimos que nosotras somos de la tierra”, explica.
 
Renamitt se fundó en 2013 con integrantes de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Jalisco y Chihuahua, pero desde 2008 representa jurídicamente a mujeres y capacita sobre uso y aprovechamiento de los bienes comunes.
 
La también presidenta de Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl dice que muchas mujeres solas, debido a la migración, van a las asambleas porque están a cargo de parcelas y solares, pero no tienen poder de decisión. Un caso frecuente, ya que de los 12.3 millones de mujeres en el medio rural, sólo 5 por ciento tienen derechos reconocidos sobre sus tierras, según Inegi. 
 
Por eso, Renamitt busca que sean reconocidas como ejidatarias, además de que podrían ser comisarias de bienes ejidales o comunales y participar en las decisiones, ahora que la Ley Agraria garantiza la equidad en esos organismos. 
 
Renamitt trabaja también sobre el impacto de empresas y megaproyectos, como mineras e hidroeléctricas, en tierras ejidales, que ignoran la opinión de los pueblos indígenas. 
 
“MUJERES MILENARIAS”, AL RESCATE DEL MAGUEY
 
En 2014, recién egresada de Ingeniería Forestal, en el Instituto Tecnológico de Los Valles de Oaxaca, Bibiana Bautista Gaytán, mixteca de 30 años, involucró a las mujeres de Santa María Apazco en el rescate de la producción del pulque y en el aprovechamiento de productos del maguey, como gusanos, pencas y azúcar para personas con diabetes.  
 
Fundaron “Mujeres Milenarias”, en donde trabajan 30 mujeres y 10 hombres, entre ellas adultas mayores que quedaron solas por la migración y madres que mantienen a sus hijos. 
 
Aprovechan la Feria Regional y la fiesta de la Concepción para vender sus productos. Además, “Las pulqueras”, como se hacen llamar, recolectan y separan basura, apoyan la participación política y derechos de las mujeres, y su meta es una microempresa para aprovechar todas las cualidades de la planta.
 
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NACIONAL
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   Se modernizaron para cuidar las plantas pero no a las personas, dice
Margarita Amalia Cruz: “seguimos en pie en San Quintín”
Margarita Amalia Cruz Cruz | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Gabriela Godínez González
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/04/2017 A Margarita Amalia Cruz Cruz no le gusta que la vean como víctima, por eso cada vez que habla de su trabajo en defensa de los derechos de las jornaleras de San Quintín evita hablar de “ataques” a su labor y prefiere destacar las condiciones laborales de quienes trabajan 12 horas diarias a pleno rayo de sol por un pago ínfimo de 120 pesos diarios.
 
Margarita conoce muy bien del significado de trabajar horas extenuantes sin tener dinero suficiente para vivir. Lo sabe porque desde los 8 años de edad hasta los 37 trabajó como jornalera en aquel valle de Baja California, lugar a donde llegó de niña y donde ahora dirige la organización Mujeres en Defensa de la Mujer (Naxihi na xinxe na xih).
 
“Sabemos que en el Valle de San Quintín hay mucho que hacer. Si seguimos unidas y trabajando en colectivo va a ser más fácil transformar esas injusticias que hemos vivido durante mucho tiempo por ser jornaleras. Tenemos que decirle a las mujeres que tenemos derechos, hay que exigirlos, nunca quedarnos callados porque el miedo no nos deja avanzar”, dice.
 
La asociación de las mujeres comenzó a gestarse hace 20 años: en 1997 se creó un grupo de mujeres artesanas, en 2004 este colectivo se formalizó y empezó a defender derechos laborales, principalmente demandando la afiliación al Seguro Social, porque trabajar en los campos agrícolas, expuestas a químicos y sólo con una gorra o sombrero para protegerse del sol, implicaba riesgos a la salud que las más de las veces no podían costear.
 
Desde la década de 1980, cuando Margarita llegó a San Quintín, la situación ha cambiado poco. En aquellos años una jornalera ganaba entre 23 y 25 nuevos pesos al día (el sueldo mínimo en la época era de 27 pesos); algunas contaban con el beneficio de un pase para ir al médico y en los campos se veía a mujeres embarazadas y niños trabajando.
 
En ese entonces, como ahora, la mayoría de las y los trabajadores eran migrantes, mixtecos, zapotecas y triquis de Oaxaca; mixtecos y nahuas de Guerrero; nahuas de Veracruz; y mixtecos y nahuas de Veracruz, de acuerdo con el extinto Instituto Nacional Indigenista, hoy Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 
 
A su llegada a San Quintín, en 1985, junto con sus dos hermanos mayores y su madre, Margarita entró como niña jornalera a la compañía ABC, empresa de capital nacional con vínculos con capital extranjero para comercializar sus productos. La cuadrilla en la que estaba era de unos 30 niños que vivían en un campamento y trabajan para ayudar al sustento económico porque, rememora, “soñábamos con un futuro mejor”.
 
Desde hace 7 años Margarita ya no labora en la pisca de fresa, frambuesa y mora, pero las escenas que miró cuando era niña son muy similares a las que observa como adulta. “Pude mirar los maltratos; el salario, no te pagaban horas extras; la aplicación de químicos, en aquellos tiempos fumigaban ya sea con máquinas que pasaban por los surcos o con avionetas; había un sinfín de violaciones a nuestros derechos”, recuerda.
 
“Ves normal todo lo que pasa. Te levantas, vas a trabajar, oyes de repente cómo los mayordomos se enojan contigo, te insultan porque no te apuras; tomaban muchas personas de un solo vaso, no sabíamos si había enfermedades”.
 
CAMBIOS PROTEGEN EL CULTIVO NO A ELLAS
 
¿La situación ha cambiado? se le pregunta a Margarita y ella reflexiona y responde, “hoy en día se ha modernizado mucho, hay invernaderos, ya no trabajas tanto tiempo agachado, ya no hay tanto trabajo donde tengas que estar todo el tiempo de espalda… claro, está la fresa que aun te mantienes doblado todo el tiempo. Se han modernizado para cuidar las plantas, para proteger el cultivo, pero no a las personas”.
 
Ahora con las medidas “de certificación”, reitera, las empresas meten medidas de calidad para el cultivo, pero no para las personas. “Dicen unas: sí, nos dan guantes, nos dan equipo, pero para proteger el cultivo no para proteger a la trabajadora o al trabajador” y es que la prioridad es tener fresas, frambuesas, moras, arándanos relucientes, frescos, coloridos, que se vendan.
 
Por temporada se cosecha tomate, pepino, calabaza y hay compañeras que producen verduras como coliflor o brócoli, que implican, como en el pasado, trabajo cansado, dolor de cuello, nuca, espalada, columna, manos, en realidad prácticamente en todos estos trabajos las mujeres deben estar largas horas agachadas y en cuclillas.
 
“Ahorita por las altas temperaturas que se manejen en los invernaderos tenemos casos de personas que al salir en la tarde les causa embolia o parálisis en el rostro, son medidas para que el   cultivo se aclimate dentro del invernadero, pero no están considerando la salud y las consecuencias que le causa a una persona, de pasar de un lugar caliente a temperaturas frías”.
 
EN DEFENSA DE TRABAJO DIGNO
 
Cuando las mujeres se hicieron conscientes de las condiciones de trabajo y de la insalubridad de los asentamientos donde vivían, comenzaron a tomar capacitaciones y exigir garantías mínimas para trabajar, dice, “es un gran orgullo, es importante ser la voz de todas aquellas mujeres que se acercan a nosotras para poder exigir sus derechos. Me siento contenta pero sé que es un gran compromiso para las jornaleras y jornaleros”.
 
Como defensora, Margarita habla con muchas mujeres que llegan del sur del país rumbo a Estados Unidos, algunas van a trabajar por temporada en los campos agrícolas del país vecino, donde no hay mucha diferencia con las condiciones laborales de Baja California, “desafortunadamente en ambos países hay una falta de seguridad social, de conciencia en cuestión del salario, de lo que se debe pagar a la trabajadora”, dice.
 
CIMACFoto: César Martínez López.

 
A través de estos diálogos se ha vuelto experta en las necesidades de las mujeres, migrantes, trabajadoras e indígenas como ella, mixteca oriunda de Oaxaca.
 
CASA DE LA MUJER INDÍGENA
 
Con esa información, la organización decidió dividir su labor en dos vertientes: una sobre derechos laborales de las jornaleras y otra sobre el rescate de la medicina tradicional a través de la Casa de la Mujer Indígena donde hacen acciones de prevención de la violencia de género y promoción de la salud sexual y productiva.
 
Al respecto dice, “para mi quedó atrás el tiempo de decir que sufrí tanto en el campo. Sí se sufre, efectivamente, se viven muchas injusticias, pasas insultos, discriminación, humillaciones, te pagan muy poco, sufres de enfermedades, intoxicaciones, accidentes que no son pagados… y al final así te despiden y no creaste nunca ningún derecho”.
 
Pero recalca que cuando una jornalera indígena aprende a defenderse es diferente, porque puede exigir un salario digno y prestaciones, además tiene claro cuáles son sus obligaciones como trabajadoras y cuáles las de la empresa. “Cuando tú conoces todo eso, es muy difícil que el patrón te violente, tal vez no te contrate, ¿verdad?, no quiere personas así, pero es muy difícil que alguien te violente, y es muy difícil que alguien te vuelva a victimizar”.
 
Una persona que exige sus derechos corre el riesgo de no ser contratada, pero Margarita afirma que es mejor demandar lo que les corresponde cuando son despedidas de manera injustificada, cuando piden licencia de maternidad, afiliación al Seguro Social, o un intérprete porque hablan una lengua indígena y no dominan el español. Más, si el día de mañana las trabajadoras, como si fueran máquinas, van a ser obsoletas para las empresas.
 
Mujeres en Defensa de la Mujer, agrupación integrada por mujeres mixtecas y triquis da talleres en las comunidades del Valle de San Quintín, hace difusión en su programa radial “Entre mujeres tejiendo caminos” en la radio indigenista XEQUIN (La Voz del Valle), en donde colabora con la Secretaría del Trabajo y el sector Salud y busca que las jornaleras también se adueñen de sus cuerpos.
 
Para fortalecerse busca también conocer el trabajo de otras organizaciones que hacen difusión de los derechos de las mujeres, o de las que defienden la tierra y el territorio. “Sabemos que cuando una empresa internacional entra a nuestros territorios no nada más llega a explotar las manos jornaleras, también llegan a explotar la tierra, a destruir la naturaleza, luego de terminar sus objetivos se van y dejan tierras infértiles”.
 
Estas mujeres que viven de la fuerza de su cuerpo y de la bondad de la tierra, las mismas que todavía salen de madrugadas de sus casas improvisadas para subir en grupos a camiones destartalados y llegar a los puntos donde la suerte dirá si el capataz las escoge para emplearlas, dicen que seguirán denunciando cuando sea necesario.
 
La idea de un futuro mejor sigue viva y por eso desde 2015 el movimiento de jornaleros ha hecho fuerza y un eco tan grande que ha sido reprimido: “Creo que el movimiento de este año era un grito desesperado que ya tiene desde hace mucho tiempo la población jornalera. Por parte de Mujeres en Defensa de la Mujer seguimos de pie y aquí estamos”, dice Margarita.
 
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NACIONAL
LABORAL
   A dos años de su paro en San Quintín
Gobierno incumple, continúa acoso sexual y deterioro laboral: jornaleras
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/03/2017 Jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín,  en Baja California (BC), denunciaron que el Gobierno federal no ha cumplido con la solicitud que le hicieron hace dos años para  sancionar y terminar con el acoso sexual de que son víctimas, tampoco actuó ante su exigencia de  mejores condiciones laborales, acceso a servicios de salud y educación de calidad para sus hijas e hijos.
 
Durante el cierre de la Caravana Nacional por las y los Jornaleros de San Quintín, la secretaria de Igualdad de Género del Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas, Abelina Ramírez Ruíz, dijo a Cimacnoticias que, pese a las exigencias que presentaron desde hace dos años,  mayordomos, ingenieros y empresarios de los lugares en donde trabajan siguen abusando sexualmente de las mujeres jornaleras en total impunidad.
 
A esto se suma la falta de voluntad política por garantizarles mejores condiciones laborales, señaló
 
Recordó que desde el 17 de marzo de 2015, cuando miles de trabajadoras de las empresas del Valle de San Quintín realizaron un paro laboral  para demandar el cumplimiento de sus derechos laborales, han seguido exponiendo a la opinión pública y al gobierno  las condiciones precarias en las que trabajan: salarios de 120 pesos al día, carencia de seguridad social y jornadas de hasta 12 horas, todos los días de la semana.
 
En el caso de las mujeres, a esas malas condiciones se suma una doble jornada laboral. La trabajadora del campo en Chiapas e integrante de la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, Teófila Díaz Jiménez, dijo en entrevista para Cimacnoticias que las jornaleras que emigran de Chiapas a BC, están, “al igual que los hombres, en las tierras de cuatro de la madrugada hasta las seis de la tarde, pero además deben cumplir con otras obligaciones como preparar la comida de sus compañeros y limpiar el lugar en el que se quedan”.
 
Díaz Jiménez expuso también los problemas que enfrentan las mujeres cuyos maridos emigran a San Quintín para emplearse como jornaleros. “Ellas se quedan a cuidar a sus hijas e hijos y el salario  que envían sus esposos no les alcanza para comprar ni lo básico”.

Jornalera de San Quintín en el Monumento a la Revolución en la CDMX | CIMACFoto: César Martínez López.


De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015, de los aproximadamente 5 millones de personas jornaleras que hay México, cinco de cada 10 ganan entre uno y dos salarios mínimos al día.
 
SALUD
 
Las personas trabajadoras del campo también exigen mejores servicios de salud. Díaz Jiménez dijo que cuando las y los jornaleros se enferman, los dueños de las empresas que los contratan los despiden y no se preocupan por ellos, pese a lo grave de su enfermedad. 
 
Abelina Ramírez Ruíz denunció las complicaciones que enfrentan para acceder a hospitales. “Nos hacemos hasta tres horas de camino para llegar”, dijo. Además, el agua que consume está contaminada “los químicos  perjudican a las mujeres embarazadas  y a sus hijos y no tenemos un hospital para llevarlas”.
 
Y añadió: “Muchas han muerto. Por eso tuvimos el valor de salir, no podemos permitir que nuestra gente se esté muriendo”.
 
Respecto a los servicios de educación para niñas y niños, las jornaleras denuncian la carencia de universidades y lugares para que sus hijas e hijos estudien. “Igual que los hospitales, los centros de estudio están muy lejos”, mencionó Ramírez Ruíz.
 
MOCHILAS, EN VEZ DE GUARDERÍAS
 
La secretaria de Igualdad de Género de la organización denunció que el único acercamiento del gobierno de BC, encabezado por Francisco Arturo Vega de la Madrid,  con ellas para atender las denuncias educativas fue la de entregarles mochilas cuando la Caravana partió de BC en rumbo a recorrer ocho estados del país. “lo hicieron para callarnos y decir que nos están ayudando. Una mochila, ¿cuánto nos va a durar?, ¿y el futuro de nuestros hijos?”, comentó.
 
Desde 2015, una de las exigencias de las mujeres jornaleras fue la de que crear guarderías, sin embargo, Ramírez Ruíz aseguró que no se ha avanzado nada al respecto.
 
En San Quintín trabajan como jornaleras 80 mil personas en condiciones precarias, las mismas en que laboran quienes trabajan en  Sinaloa, Sonora, Nayarit, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, como lo corroboraron los testimonios que recopilaron  durante la Caravana que inició el 4 de marzo de este año por esos estados.
 
Como resultado de la unión entre trabajadores y trabajadoras jornaleras del país, el día de hoy el Comité de Familiares de los normalistas en condición de desaparición forzada de Ayotzinapa se pronunció a favor de la lucha.
 
CIMACFoto: César Martínez López.


Jornaleros, madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala exigieron, a través de un comunicado, que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cumpla los derechos que como trabajadores les corresponden en materia de salarios y seguridad social; así como eliminar las prácticas de acoso sexual contra las jornaleras, respetar la libre asociación sindical y erradicar los contratos colectivos de protección patronal.
 
17/MMAE/GG
 







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Suman 15 asesinatos en 2016
Autoridades hostigan a defensora de DH en Oaxaca
Foto: Producciones y Milagros Agrupación Feminista
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/12/2016 La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) exigió al Estado mexicano y al gobierno de Oaxaca, frenar el hostigamiento y la persecución política de la defensora de Derechos Humanos (DH), Susana Molina Medina.
 
La defensora de Derechos Humanos y cantante feminista Susana Molina, conocida como “la oveja negra”, fue detenida el pasado 2 de diciembre en el aeropuerto de La Paz, Baja California, cuando ella y sus compañeras -integrantes del grupo de Batallones Femeninos-, arribaron al lugar para presentarse en el Festival de Caleidoscopia Violeta, organizado por el colectivo Paloma Feminista.
 
La defensora fue detenida por policías federales y militares durante tres horas, pues había una orden de aprehensión en su contra por ataques a las vías de comunicación de Oaxaca en 2010. Más tarde fue trasladada al edificio de Justicia Penal en Baja California,  donde fue liberada seis horas después, tras encontrar que la orden de aprehensión en su contra ya no tenía vigencia.
 
En un comunicado de prensa, la RNDDHM condenó la detención de la cantante, al considerar la persecución y el hostigamiento político una práctica encaminada a crear temor entre las activistas para que desistan en su labor como defensoras de Derechos Humanos.
 
En 2010, Susana Molina fue detenida en Oaxaca por supuestos ataques a la Policía, luego de oponerse a un desalojo de artesanas y mujeres indígenas del centro de esa entidad. Fue puesta en libertad mediante el pago de una fianza y meses después le informaron que el proceso se había cerrado.
 
La Red de Defensoras pidió a las autoridades de Oaxaca realizar un acto de reconocimiento público del trabajo de la cantante, y poner fin a la estrategia de criminalización contra personas defensoras de Derechos Humanos, así como garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
 
ATAQUES CONTRA DEFENSORAS DE DDHH EN MÉXICO
 
De acuerdo con el registro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 42 mujeres fueron agredidas a nivel nacional en el primer semestre de este año, mediante amenazas, agresiones físicas y declaraciones públicas que estigmatizan su labor como defensoras.
 
Asimismo, la Relatoría para la Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CDHDF, a través del monitoreo y registro realizado en el mismo periodo, contabilizó 287 agresiones en contra de personas defensoras en el país, 15 de las cuales fueron homicidios.
 
En 2014 la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) indicó que en México se incrementaron los ataques a mujeres que defienden los derechos a la participación política y comunitaria de las mujeres (17.5 por ciento de los casos registrados). El cuarto lugar lo ocuparon las que promueven el derecho a una vida libre de violencia, con 14.6 por ciento de agresiones registradas.
 
El Mecanismo de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas -instaurado en México en 2012-, señaló que de los casos de agresiones registrados durante 2016 contra defensoras de DH en el país, en 10 casos los agresores fueron servidores públicos.
 
El informe del mecanismo también señala que las amenazas son el tipo más común de agresiones (155 casos registrados), seguidas de la agresión física (35 casos) y la privación de la libertad (5 casos) en lo que va de este año.
 
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ESTADOS
VIOLENCIA
   Modifican Código Penal estatal
Baja California prohíbe mediación en casos de violencia familiar
Foto: Christian Jiménez
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/08/2016 El pasado 4 de agosto el congreso local de Baja California aprobó la modificación  del artículo 242 bis del Código Penal del estado, para perseguir de oficio la violencia familiar e impedir que el Ministerio Público remita a las víctimas a mediación.
 
El sitio oficial de la XXI legislatura de Baja California, publicó la aprobación para la modificación del Artículo 242 bis del Código Penal de Baja California, una propuesta de reforma presentada por la Comisión de Justicia, a iniciativa de las diputadas Nereida Fuentes González, Rosa Isela Peralta Casillas y del diputado Roberto Dávalos Flores.
 
Con las modificaciones a este artículo que trata sobre la punibilidad del delito de violencia familiar, se podrá perseguir de oficio, es decir sin necesidad de que la víctima interponga una denuncia.
 
También establecerá que los agentes del Ministerio Público no puedan enviar a las víctimas y agresores a “mediación” o cualquier otro “proceso alternativo de solución” y les dará la posibilidad de solicitar a la “autoridad judicial correspondiente” el embargo de bienes o “retención sueldos y salarios”, con el fin de garantizar las obligaciones alimentarias de las y los menores de edad.
 
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, la directora de la asociación Gente Diversa, Rebeca Maltos Garza, dijo que esta reforma es el resultado de una mesa de trabajo que realizan 17 organizaciones civiles que integran la Coalición de Grupos para la Igualdad de Género en Baja California, con el congreso local.
 
Rebeca Maltos Garza, indicó que las diputadas Nereida Fuentes González y Rosa Isela Peralta Casillas, trabajaron de cerca impulsando las propuestas de las organizaciones civiles y en el caso de las modificaciones al Artículo 242 bis, fue una iniciativa de Mujeres Unidas Olimpia de Gouges AC del municipio de Tecate.
 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California obtenidos a través del servicio del C4 de atención de denuncia telefónica al número 066, registró que 80 por ciento de las llamadas de enero a junio del 2016, son denuncias de violencia familiar en las que se solicita la presencia de policías para el rescate y protección de las víctimas.
 
Baja California es el quinto estado que recibió en el 2015, las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) después de haber solicitado se activara la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
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