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NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Presenta informe “Prohibir sin proteger. El matrimonio adolescente en México”
GIRE a favor del matrimonio adolescente
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/12/2017

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los jueces del Registro Civil deben establecer cuáles son los casos específicos para permitir el matrimonio entre adolescentes de 16 a 18 años de edad, dijo la coordinadora de Investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Isabel Fulda.

En entrevista señaló que GIRE está a favor del matrimonio después de los 18 años de edad pero dijo que los Códigos Civiles establecen dispensas a esta regla, es decir, excepciones que permiten que parejas jóvenes se puedan casar a pesar de este límite de edad.

Desde 2014, cuando entró en vigor la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que estableció los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin dispensas o excepciones, los Congresos de las 32 entidades han comenzado a armonizar sus normas.

Hasta octubre de este año 26 entidades hicieron los cambios pero sigue pendiente en Baja California, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Guanajuato y Chihuahua.

Uno de los estados que armonizó su Código Civil fue Aguascalientes pero después de la reforma al artículo 145, la Comisión de Derechos Humanos del estado interpuso una Acción de Inconstitucionalidad (22/2016) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir los cambios.

A propósito de este recurso en la Suprema Corte, la coordinadora de Investigación de GIRE aclaró en entrevista que las dispensas en los estados se establecían para permitir que personas de 16 a 18 años contrajeran nupcias, por lo que no fomentaba el matrimonio infantil.

En opinión de esta organización, las dispensas deben permitirse ya que se trata de excepciones en condiciones específicas y el debate en la Suprema Corte, que lleva aplazándose desde 2016 y que aún no tiene fecha para resolverse, debe declarar inconstitucional las reformas en Aguascalientes.

La postura de GIRE es que la prohibición absoluta de las dispensas en todos los estados puede resultar contraproducente. “Si lo que queremos es proteger a las niñas de matrimonios forzados, de situaciones de violencia, de embarazo adolescente, etcétera, prohibir el matrimonio es una medida al menos superficial”, destacó.

A 2011, 80 por ciento de las 455 mil 807 niñas y niños de 12 a 17 años casados, en unión libre, divorciados, separados o viudos, eran mujeres en este rango de edad, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).

Instancias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y otras organizaciones defensoras de los derechos de niñas y niños, han señalado en reiteradas ocasiones que el matrimonio en edades tempranas constituye una violación a los Derechos Humanos (DH) porque lesiona el desarrollo y futuro de las niñas y los niños y adolescentes y porque son la forma más generalizada de abuso sexual y explotación, por lo que no deberían ser aceptadas y sí sancionadas por leyes homogéneas, además de atendidas por políticas públicas articuladas.

No obstante, la abogada de GIRE destacó que en los casos de embarazo temprano o violencia existen varios factores que influyen y que no necesariamente pasan por el matrimonio, situación que la organización detallará en el informe “Prohibir sin proteger. El matrimonio adolescente en México”, que se presenta este 13 de diciembre.

17/AGM/LGL








LA VOZ DE LA COALICIÓN
DERECHOS HUMANOS
   LA VOZ DE LA COALICIÓN
Sin acuerdo global rumbo a la igualdad y los DH
Imagen retomada del portal www.un.org
Por: Esperanza Delgado Herrera*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/06/2017

Lo sucedido en la 50ª sesión de la Comisión sobre Población y Desarrollo (CPD) de Naciones Unidas, en el mes de abril, fue desalentador y da cuenta de un contexto global dividido y desarticulado.
 
Los países del orbe que conforman las Naciones Unidas, máximo organismo internacional en materia de paz, justicia y desarrollo, no lograron completo consenso para suscribir compromisos  impostergables que reconocen la igualdad y los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y hombres.
 
Tampoco lograron acuerdos para propiciar condiciones seguras y dignas para migrantes, incluidas reformas del impacto del nuevo perfil de la estructura demográfica en los tres pilares de la agenda para el desarrollo sostenible, conocida como la Agenda 2030.
 
Para 2017, el tema central de la CPD fue sobre los Cambios en la Estructura de Edad de la Población y el Desarrollo Sostenible y la discusión giró alrededor de temáticas apremiantes y urgentes de resolver.
 
Hablando de estructura poblacional, se expuso que mientras países desarrollados avanzan hacia el envejecimiento poblacional con implicaciones serias que podrían frenar sus economías, la mayoría de los denominados en vías de desarrollo continúan luchando por obtener la mayor ventaja del bono demográfico sustentado en la ancha franja compuesta por población joven que demanda integrarse al mercado laboral con trayectorias de crecimiento insuficiente.
 
Por ello, en esta ocasión la CPD planteó la relevancia de los fenómenos demográficos para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible y que comprenden el desarrollo social, el medioambiental y el económico. 
 
Especial atención recibió la inaplazable decisión por adoptar una regulación global sobre la población migrante. Los procesos migratorios que atestigua hoy el mundo rebasan cualquier escenario imaginable. Las razones que obligan a la búsqueda de destinos dentro y fuera de sus propios países empujan a poblaciones completas a huir de condiciones con una severa crisis humanitaria, en donde el motivo central es la sobrevivencia.
 
Los flujos migratorios internos y externos exigen un acuerdo global inmediato que considere seguridad y respeto a sus derechos humanos durante el tránsito y al arribo del destino. Y que prevea también su incorporación a un mercado de trabajo con estándares laborales mínimos sin que medie su estatus ilegal migratorio. 
 
Un tema medular fue la necesidad impostergable para que los Estados Miembros de Naciones Unidas adopten políticas nacionales con perspectiva e igualdad de género, reconociendo la igualdad de Derechos Humanos para las niñas y las mujeres y su empoderamiento. Sin esta condición, no se erradicará la pobreza ni se lograrán las metas previstas en la Agenda 2030.
 
De igual forma, se propuso suscribir un texto que reconoce los derechos sexuales de todas las personas. En particular y en el contexto de la población adolescente y joven, se incluyó el valor de la educación sexual para su desarrollo integral, pleno y sano. 
 
Al respecto, los co-facilitadores de la sesión propusieron texto, por ejemplo: “el derecho a controlar todos los aspectos de la sexualidad de jóvenes y adolescentes” y  "una educación integral basada en evidencia y apropiada para la edad sobre la sexualidad humana", además de lenguaje sobre las personas marginadas y grupos en situaciones vulnerables.
 
Sin embargo, Estados Unidos y algunos miembros del Grupo Africano se opusieron a los párrafos descritos arriba relacionados con derechos de los migrantes,  los derechos sexuales, y la educación sexual.
 
Este bloque presionó duramente para suprimir las referencias a los anticonceptivos modernos, el derecho a controlar todos los aspectos de la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, los derechos reproductivos, e información y educación sobre la salud sexual y reproductiva y sexualidad.
 
Debido a que la mayoría de los países incluido México, se habían manifestado a favor del texto, los co-facilitadores se vieron obligados a retirarlo y la CPD de 2017 concluyó sin acuerdo alguno. Hay que recordar que en Naciones Unidas las decisiones se alcanzan únicamente por completo consenso.
 
Por lo anterior, el mundo continúa sin términos que garanticen un futuro estable, sano y próspero para adolescentes y jóvenes. Es decir, sin que se reconozcan y respeten Derechos Humanos, como  los relacionados con la sexualidad, para que todas las personas incluidas niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres puedan alcanzar proyectos de vida con completo potencial y con libertad en sus decisiones. Y sin que poblaciones en migración cuenten con seguridad y respeto durante su tortuosa y arriesgada travesía de tránsito y destino.  
 
Como integrantes de una sociedad civil comprometida con los principios de la CPD, continuaremos buscando y conformando espacios legítimos con diversos actores del ámbito nacional y global para alcanzar la completa realización de todos los Derechos Humanos para todas las personas. Esto es, para conseguir políticas nacionales transversales de igualdad de género, para reconocer los derechos y la educación integral sobre sexualidad para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y para visibilizar la situación de alta vulnerabilidad y riesgo que enfrentan las y los migrantes.
 
*Gerente de relaciones interinstitucionales y “advocacy” de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM).
 
 **MEXFAM es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
17/EDH/GG








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