feminicidio

ESTADOS
VIOLENCIA
   Tras 13 años de espera, “la justicia llega tarde”, dice madre de víctima
Sentencian a feminicida de Nadia Muciño por homicidio agravado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/10/2017

Es una mezcla de sentimientos los que invaden a María Antonia Márquez Hernández: rabia, alegría, impacto, cansancio… pero predomina la tristeza. Los 42 años y seis meses de prisión que dictó el 13 de octubre de 2017 el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a uno de los asesinos de su hija, Nadia Alejandra Muciño Márquez, no harán que la recupere. “La justicia llegó tarde”, dice con voz enérgica y en tono molesto.

Es lunes 16 de octubre, Antonia, acompañada de su hija Viviana Muciño, salió del Juzgado al que pacientes han acudido durante 13 años de lucha implacable para recibir oficialmente la noticia que hasta hace unos meses no esperaban escuchar: Bernardo López Gutiérrez, asesino y entonces pareja de Nadia Muciño, fue sentenciado por la Jueza Verónica Contreras Marín, por el delito de “homicidio agravado”, a 42 años 6 meses de prisión, además de la reparación del daño para sus tres hijos.

Por primera vez en mucho tiempo irrumpen las lágrimas en Antonia. Quizá porque recordó el 12 de febrero de 2004, aquél día funesto en el que abrazó el cuerpo inerte de su hija, atada con una soga al cuello, la que colocaron Bernardo y su hermano, Isidro alías “El Matute”, para simular que Nadia “se había suicidado”.

Pero el llanto contenido de Antonia es realmente por sus nietos…“no hay nada que celebrar” dice con voz firme a Cimacnoticias. Nada podrá resarcir el daño que causó a los hijos de Nadia, ver y narrar hasta el cansancio a las autoridades mexiquenses cómo su padre y su tío, asesinaron a su madre.

Los hijos de Nadia han pasado años de terapia psicológica pagada por la familia. Ahora ya son adolescentes y trabajan para pagar sus estudios y otros gastos básicos. Nunca recibieron alguna ayuda del Estado.

RECONOCER EL FEMINICIDIO

Pese a cumplir con todos las características de feminicidio la sentencia no fue por este delito sino por homicidio agravado. La razón: porque la tipificación del delito de feminicidio fue hasta 2011 y por ley, todos los casos anteriores a la tipificación, no pueden ser juzgados ni reclasificados por este delito, explicó a esta agencia la abogada Ana Yeli Pérez Garrido, quien litigó el caso de Nadia Muciño en una primera etapa.

No obstante, precisó, las pruebas de la investigación con las que contaba el poder judicial sí tuvieron que ser analizadas desde la perspectiva de género porque así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, con la sentencia del feminicidio de Mariana Lima, ocurrido también el Estado de México.

Con ello, explicó Pérez Garrido, la sentencia se da por homicidio agravado, con lo que se reconoce la alevosía del asesinato y la relación de concubinato con la víctima, lo que también permite una sentencia mayor, aunque, no se compara con la de feminicidio, que es de 40 a 70 años de prisión.

EL EDOMEX Y LA HISTORIA DE NEGLIENCIAS

El caso de Nadia Muciño es emblemático porque representa el extenso camino de impunidad, negligencias en las investigaciones, corrupción e insensibilidad de las autoridades encargadas de impartir justicia frente a los casos de feminicidio en el Estado de México, que desde 2005 a 2010 ha cobrado la vida de 992 mexiquenses, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), razón por la cual se activó en 2015, la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios.

Un año antes de ser asesinada, Nadia denunció que su entonces pareja la había golpeado y privado de su libertad durante casi una semana, pero ninguna autoridad la escuchó para prevenir el feminicidio.

El día de su asesinato, una vez que las autoridades de la Procuraduría mexiquense recogieron el cuerpo, determinaron que Nadia se había suicidado, por lo que la casa donde ocurrieron los hechos no quedó bajo resguardo y muchas pruebas “se perdieron”, pues “alguien” entró al inmueble que quedó sin vigilancia, y quemó evidencias del feminicidio: objetos, ropa y la soga con la que presuntamente Nadia “se suicidó”.

Tampoco realizaron pruebas a los restos de sangre encontrada en el lavadero de la casa, y en la blusa que portaba la hija de Nadia (de dos años de edad), por considerar que “eran muestran insuficientes”. Fue la presión y el peregrinar de Antonia Márquez en las instituciones de justicia, lo que hizo que en 2005 se ampliara la investigación para comprobar que a Nadia la había asesinado su pareja.

La sentencia que hoy obtiene el caso de Nadia, es la lucha de la familia Muciño, reconoció la abogada Ana Yeli Pérez.

IMPUNIDAD

Al no existir la figura penal del feminicidio, el Ministerio Público (MP) consignó la averiguación previa el 9 de agosto de 2005 por el delito de “homicidio” en contra de Bernardo e Isidro. El 8 octubre de 2009 el Juzgado Tercero Penal de Primera instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, dictó sentencia condenatoria por “homicidio calificado” únicamente a Isidro alias “el matute”  (cuñado de Nadia).

Pese a los 14 testigos que declararon en contra de los acusados –incluidos los hijos de Nadia- 4 meses después, el 5 de febrero de 2010, tras un recurso de apelación presentado por la defensa “del matute”, los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, revocaron la sentencia en su contra y ordenaron su inmediata libertad. Actualmente sigue libre y no volvió a ser juzgado.

EL RETO: LA CIDH

El 5 de octubre de 2010 la asociaciones que representan legalmente a la familia de Nadia: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y en litigio interno la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC (ODI), presentaron una petición de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por las omisiones e irregularidades cometidas en la investigación del caso (con el numeral caso P-1402-10).

En ella, argumentaron los derechos que les fueron violentados a Nadia Muciño y a su familia, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y la seguridad personal; por el acceso a la justicia están el derecho a las debidas garantías judiciales, el debido proceso y el derecho a la protección judicial, todos ellos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres (“Convención Belém do Pará”).

Al ser testigos del feminicidio de su madre, en la denuncia se reconocen también los derechos violentados de sus tres hijos, el interés superior de la niñez y la protección familiar.

El 27 de mayo de 2016 la CIDH comunicó a las organizaciones peticionarias que había solicitado información al gobierno mexicano respecto al caso de Nadia para analizar su responsabilidad, concediéndole un plazo de tres meses para remitir su informe.

El 31 de enero de 2017  la CIDH notificó a las organizaciones peticionarias, que el Estado mexicano ya había contestado a la denuncia, sin precisar la fecha en la que cumplió con dicha obligación.

“Mi hija no está” dice Antonia con la voz entrecortada, intentando no quebrar en llanto. El “juego perverso de la PGJEM” -como ella le llama- terminó. Y aunque obtuvo la sentencia por la cual luchó 13 años, tras un suspiro largo repite “mi hija no está”, porque sabe que nada que haga ahora la autoridad le devolverá a Nadia.

17/HZM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Familia aceptó propuesta a cambio de demostrar que su esposo planeó crimen
   
Reducen condena a feminicidas de Emma Gabriela Molina Canto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/10/2017

La Fiscalía General de Yucatán determinó que las condenas de los dos autores materiales y el coautor intelectual del feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto, se reducirán de 50 a 20 años, porque los culpables entregaron pruebas que demuestran que el ex funcionario de Tabasco y ex esposo, Alberto Medina Sonda, planeó el crimen desde una prisión de Tabasco.

La fiscalía dio a conocer esto a la familia y defensa legal de Emma Gabriela el 9 de octubre, cuando cerró el periodo de investigación para inculpar a Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla como autores materiales del feminicidio cometido el pasado 27 de marzo en Mérida, Yucatán, ambos cumplen prisión preventiva por el delito de homicidio agravado y a César Rogelio Reyes Barrueta como coautor del feminicidio.

Los abogados de los inculpados acordaron con la mamá de Emma Gabriela y también defensora, Ligia Canto Lugo, que entregarían pruebas que involucran a Medina Sonda en el feminicidio si la Fiscalía aceptaba reducir las condenas. Canto Lugo aceptó las pruebas, por lo que fueron remitidas al juez de control a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, quien deberá fijar la fecha para un juicio abreviado, donde los acusados admitirán su culpabilidad en el feminicidio y se les dictará sentencia.

Esto informó en entrevista con Cimacnoticias la titular del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar. La defensora dijo que las pruebas fueron admitidas por la familia de Emma Gabriela ante el temor de que se absuelva a Medina Sonda y pueda planear, como lo hizo con Emma Gabriela, el asesinato de su madre, Ligia Canto.

Actualmente Medina Sonda cumple una condena de 12 años y seis meses en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset) en Tabasco, por operar con recursos ilícitos durante el sexenio del príista Andrés Granier. Cuando su ex esposa Emma Gabriela fue asesinada él se encontraba dentro del penal, por lo que Ligia Canto y diversas organizaciones han pedido en actos públicos que sea trasladado a un penal de alta seguridad.

Desde 2012, cuando Emma Gabriela decidió divorciarse de Medina Sonda y buscar la custodia de sus dos hijas e hijo, ella y su familia fueron víctimas de violencia institucional que derivaron en la Recomendación 54/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México. Durante esos años la defensora señaló a Medina Sonda y a su familia como los principales responsables.

Adelaida Salas recordó que aún sigue libre otro coautor intelectual del feminicidio a quien César Reyes acusó. “Hay dos autores materiales a los que la cámara afuera de la casa de Emma captó luego de asesinarla, pero hay tres intelectuales: Medina Sonda contrató  a César Reyes, César a un hombre al que llama “El Cachorro” y este último a los dos ejecutores del crimen”, explicó.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS INEFICIENTE

Parte de la violencia institucional de la que fue víctima Emma Gabriela estuvo encabezada por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (CODHEY), mencionó Adelaida Salas. Ejemplo de ello es que en 2012, cuando Emma fue detenida, golpeada y encarcelada por autoridades tabasqueñas sin motivo alguno la CODHEY determinó en un informe que las autoridades no habían violentado ningún derecho.

Por ello y para denunciar la indiferencia del órgano defensor para atender las demandas de las mujeres de la entidad, organizaciones civiles yucatecas clausuraron ayer por dos horas la CODHEY.

Posteriormente representantes de La Voz de los Sin Voz, la Asociación Estatal De Padres de Familia, Ni Una más- Yucatán y el Observatorio Ciudadano, acudieron al Congreso estatal para pedir a diputados y diputadas que convoquen a la ciudadanía y diversas organizaciones para analizar la actuación de la CODHEY y la instancia comience a trabajar “por la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y hombres que acuden a él en busaca de ayuda”, concluyó Adelaida Salas.

17/MMAE/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Denuncian incumplimiento de autoridades para implementarla
OSC chiapanecas se retiran de mesas de trabajo de AVG
Imagen retomada del Colectivo Tragame Luz
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/10/2017

Ante la simulación de las autoridades de Chiapas para implementar medidas de seguridad, prevención, así como las de justicia, reparación y visibilización de la violencia de género las organizaciones civiles que dan seguimiento a la Alerta de Violencia de Género (AVG) dejarán de participar en las mesas de trabajo para su ejecución.

En un comunicado, el grupo de organizaciones que forman la “Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas”, la cual da seguimiento a la AVG, informó que esta decisión obedece a que las autoridades continúan sin propuestas ni acciones concretas para cumplir las medidas que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió cuando declaró la AVG el 18 de noviembre de 2016.

Ejemplo de la “dilación injustificada” de estas medidas, expusieron las organizaciones, fue la última reunión que tuvieron con autoridades federales y estatales dónde solo se aprobó el logotipo y eslogan de la Campaña de Difusión del Programa Estatal para atender la AVG, por lo que éste sigue sin operar.

Criticaron la falta de poder de convocatoria del ejecutivo estatal, Manuel Velasco Coello, pues dijeron, a la fecha no ha logrado reunir a los alcaldes de los municipios indígenas de la región Altos de Chiapas, a quienes la Conavim mandató acciones específicas para erradicar la violencia contra mujeres y niñas indígenas; aún y cuando se instalaron 4 mesas de trabajo encargadas de implementarlas.

FÍSCALÍA ESTATAL: OTRO OBSTÁCULO

Las organizaciones urgieron a que sea la Secretaría de Gobierno chiapeneca quien coordine la implementación de la AVG y no la Fiscalía General del Estado (FGE), quien actualmente lo hace, toda vez que su participación ha constituido un obstáculo para el cumplimiento de la AVG ya que “juega un papel de juez y parte” y también porque ha sido señalada por violar los Derechos Humanos e impedir el acceso a la justicia de las mujeres.

Las integrantes de la campaña anunciaron que dejarán de participar en las mesas de trabajo pero continuarán con el seguimiento y evaluación de las acciones del gobierno chiapaneco desde el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), integrado en enero de 2017 y del que forman parte.

En tanto, desde agosto de 2014 a 2016, 104 mujeres fueron víctimas de feminicidio, de acuerdo con cifras de la Conavim, pero desde 2013 las organizaciones civiles señalaron que estos casos eran constantes, tan sólo de enero a octubre de 2013, registraron 85 asesinatos de mujeres, 61.9 por ciento de ellos (52 casos) cumplieron con las características propias de un feminicidio.

Las organizaciones que integran la campaña son el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Brigada Feminista por la Autonomía y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, entre otras.

17/MMAE/LGL








LENGUANTES
   Lenguantes
Des-romantizar la solidaridad y politizar la respuesta colectiva
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Dirce Navarrete Pérez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/10/2017

En el contexto de las movilizaciones del #24A del 2016 en México, algunas feministas del área metropolitana (por no generalizar las experiencias en toda la república), experimentamos una especie de idealización de “la manada” y romantización de la “sororidad”. Es decir, la respuesta a la convocatoria superó lo que en ese momento imaginábamos posible, lo cual nos dio mucha felicidad e hizo sentir que por fin se hacía realidad el “nunca más solas”, el estar todas juntas con todo lo que implica la diversidad al interior del movimiento y a pesar de las dificultades en el exterior.

Este momento de felicidad, mezclada con la digna rabia en un grito que parecía unísono de “estamos hartas, pero estamos juntas”, tuvo su dolorosa caída cuando en los días, semanas y meses siguientes, nos dimos cuenta que quizá habíamos idealizado un poco… solo un poco, nuestro movimiento feminista. Tuvimos que acordarnos de todas aquellas situaciones complicadas que siempre habían estado allí, que no dejaron de estar en la movilización y que seguían luego de ésta, tales como las divisiones confrontativas entre nosotras, violencias en nuestros espacios ejercidas por nosotras y nuestras pocas herramientas para gestionarlo.

Nos dimos cuenta de lo peligroso y doloroso que es romantizar la idea de “sororidad”, sin atender el clasismo, la discriminación, la violencia que nosotras mismas ejercemos y que pone en riesgo nuestros procesos organizativos. Estar con y para las otras, movidas por esta idealización, hace de nuestra sororidad un adorno o una justificación.

Dudé mucho en poner como referencia este proceso, para hablar de la romantización de la solidaridad luego de los sismos de septiembre, pero he decidido hacerlo ya que, desde mi lugar, experimenté una serie de sensaciones y emociones muy parecidas en ambos casos.

No necesito describir una vez más la respuesta ciudadana que se dio ante la catástrofe que vivimos, pues lo hemos visto reiteradamente en medios de comunicación y redes sociales. El dolor y la pérdida parecían sentirse menos cuando, al mismo tiempo, sentíamos que regresaba la esperanza de estar juntas y juntos, haciendo algo por las demás personas, la tan aclamada: solidaridad. Por días experimentamos el ¡Sí se puede! ¡Fuerza México! ¡El pueblo unido! Incluso el ¡Es lo más parecido al anarquismo! Hasta el sentirnos culpables, por no ser “útiles” y estar apoyando en todos lados.

Conforme pasaron los días, el apoyo fue disminuyendo, las manos empezaron a escasear y llegaron más malas noticias de las que, de por sí, ya había. Resulta que durante esos días no dejó de existir todo lo demás que nos afecta como sociedad, ni siquiera en los espacios de rescate y acopios. No dejó de existir el autoritarismo ni la corrupción ejercida desde las instancias gubernamentales, no dejó de existir la mentira en los medios masivos de comunicación.

El Ejército y la Marina no dejaron de ser violentos y prepotentes, no dejaron de seguir instrucciones que ponen en riesgo la vida de las personas y la seguridad de las familias. Hubo voluntarios que se tentaron el corazón para ir a mover escombros pero no dejaron de acosar y violar. Las mujeres no dejaron de desaparecer y los casos de feminicidio siguieron ocurriendo, recordándonos que, en efecto, vivimos en una zona de emergencia, de desastre, igual que hace años.

Aquí fue donde algunas experimentamos el ¡Oh, gran decepción!  Nos sentimos envueltas en un cerco que Televisa supo vender muy bien, desgastadas física y emocionalmente, por hacer una parte de la chamba que no solo no nos tocaba hacer,  ya que es la obligación del gobierno atenderlo, sino que estábamos sirviéndoles también a ellos, llevándoles de comer, asegurándoles agua y bebidas, consiguiéndoles herramientas, resolviéndoles todo y sintiéndonos orgullosas de conformar conjuntamente lo que llaman “El Estado”.

Luego en la recuperación… Pienso en la importancia de darnos cuenta que en efecto, podemos y necesitamos atender de manera colectiva muchas cosas que nos aquejan y que nos cobran muchas vidas diariamente. Sentirnos igualmente capaces y responsables de atender conjuntamente problemáticas como la corrupción, la injusticia, la violencia feminicida.

Pienso en lo doloroso y peligroso que resulta quedarnos en la respuesta desde la histeria colectiva que exacerba el patriotismo, pero lo trascendental  y urgente que es responder con la fuerza de la comunidad, sin dejar de ver, señalar y denunciar la incapacidad y falta de voluntad de las instancias gubernamentales y de darnos cuenta de que no, no los necesitamos, pero que tampoco podemos hacer frente de manera desorganizada.

Nunca dejar de mirar, cuestionar y luchar en contra de la violencia machista, el racismo, el clasismo propio y de las demás personas, pues aportar sin cuestionar es asistencialista, es neoliberal. Juntarnos, para reconstruir el tejido social y no solo en forma de unidades habitacionales, que aportan a inmobiliarias voraces que le hacen juego a las políticas urbanas capitalistas.

Politizar, cuestionar, proponer, des-jerarquizar, hacer comunidad. Y ponerlo claro ¡la reconstrucción será feminista! Lucharemos para no quedar excluidas de este proceso de de-construir desde nuestra política en femenino, pensar y hacer desde nosotras el porvenir. ¿Podemos?

*Dirce Navarrete Pérez es politóloga feminista @agateofobia_

17/DNP/LGL








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Estado garantiza apoyo económico, psicológico y educación
Aprueban en Buenos Aires, Ley para niñez en orfandad por feminicidio
Imagen retomada del portal lavaca.org
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/10/2017

En diciembre de 2014 en Buenos Aires, Argentina, Brisa y sus dos hermanos fueron testigos de cómo su padre asesinó a su madre Daiana Barrionuevo, y arrojó su cuerpo en un río de la ciudad de Moreno. El asesino declaró a la policía local que la madre los había abandonado por otra pareja. Nadie la buscó. Un mes después su cuerpo fue hallado y el hombre detenido. 

Brisa, de entonces 2 años de edad y sus hermanos de 7 años ambos, quedaron en la orfandad, al cuidado de la hermana de su madre, Cintia Barrionuevo, quién además tiene tres hijos. El caso se hizo público y visibilizó que la violencia feminicida tiene afectaciones también a las hijas e hijos de las víctimas y cargas económicas para las familias, por lo que se dio paso a la creación de la “Ley de reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales de feminicidio en Buenos Aires”, aprobada por la legislatura local el primero de septiembre de 2017.

La “Ley Brisa” -como también se le conoce motivada por el caso- establece un régimen de reparación económica a la niñez y adolescencia cuyo “progenitor haya sido procesado o condenado como autor, coautor o cómplice del delito de feminicidio de su pareja”.

El gobierno local está obligado a realizar un aporte económico mensual por cada víctima, y dicho apoyo es compatible con otras percepciones monetarias como la cuota alimentaria que debe otorgar el progenitor.

La iniciativa la impulsaron las organizaciones no gubernamentales “Casa del Encuentro” y la “Defensoría del Pueblo”. Para el desarrollo de esta Ley realizaron una investigación en la que registraron dos mil 518 hijos e hijas víctimas de feminicidio en Argentina entre los años 2008 al 2015, de los cuales 64 por ciento eran menores de edad, es decir mil 617 quedaron en la orfandad. En todos estos casos el perpetrador del crimen fue el padre de las víctimas.

Por esta razón la “Ley Brisa” se concentra en la reparación del daño en los casos en los que el padre o pareja de la víctima es quien comete el delito, argumentan las asociaciones, y calculan que en promedio cada semana en Argentina seis menores de edad quedan en la orfandad por un feminicidio.

La Ley establece que el Estado argentino tiene la responsabilidad de garantizar tres ejes básicos para resarcir el daño a la orfandad por feminicidio: la contención y atención psicofísica; el desarrollo educacional; y la asistencia económica a las personas que tomen a su cargo el cuidado de los niños, niñas y adolescentes.

Estos apoyos serán extendidos hasta que las víctimas cumplan los 21 años de edad y para los casos en que presenten alguna discapacidad el recurso no tiene tiempo límite. Para obtener el apoyo únicamente tienen que demostrar que residen en Buenos Aires.

En el caso de la salud la Ley estipula que las víctimas colaterales del feminicidio tendrán derecho a una cobertura integral médica asignada por el Estado, y esta debe contemplar las necesidades de salud física y psíquica por tratarse de una violencia a la que pudieron estar sometidos por un largo tiempo hasta el asesinato de su madre.

“La vivencia del asesinato de la propia madre a manos del padre constituye un trauma severo. El impacto psicológico y los síntomas en las niñas y los niños son múltiples y complejos. En el ámbito emocional un profundo desconcierto, confusión, sentimientos de culpa, miedo, rabia, tristeza, descenso de la autoestima y sensaciones de impotencia”, describe el proyecto de Ley.

De acuerdo con las metas de las organizaciones el siguiente paso en Argentina es conseguir que la “Ley Brisa” sea Federal, con el fin de que todos los hijos e hijas de víctimas de feminicidio del país pueden acceder a la reparación integral del daño como es su derecho.

MIENTRAS TANTO EN MÉXICO…

En el caso mexicano los esfuerzos por resarcir el daño a los hijos e hijas víctimas de feminicidio apenas se comienzan a vislumbrar y son mínimos si se considera que en promedio cada día siete mujeres son asesinadas en el país, según Naciones Unidas.

Sin ninguna política de Estado capaz de reconocer los Derechos Humanos de estas víctimas secundarias, apenas existen tres proyectos que buscan brindarles apoyos sociales. Por ejemplo, en Jalisco este año a las hijos e hijas de víctimas de feminicidio se les da un recurso económico y atención psicológica, sin embargo únicamente es extendida para 66 víctimas por el periodo de un año.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar reconocido a nivel mundial por el fenómeno del feminicidio desde los años noventa, los apoyos son dispersos y se extienden a becas de estudio y compra de materiales escolares.

En el Estado de México, donde se encuentra el municipio de Ecatepec considerado también por la ONU como el más peligroso para las mexicanas, en 2017 se comenzaron a dar becas escolares a la niñez y adolescencia en orfandad por feminicidio.

A pesar de la existencia de estos programas no se cuenta en México con cifras que dimensionen dónde están, en qué situaciones viven y cuáles son las necesidades de las hijas e hijos víctimas de feminicidio.

17/HZM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Exigen justicia por caso de Emma Gabriela de cara a la audiencia del lunes
Clausuran OSC simbólicamente TSJ de Tabasco
Imagen retomada de Facebook de NiunamasYucatán
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/09/2017

A seis meses del feminicidio de Emma Gabriela  Molina Canto, en Yucatán, sus familiares y organizaciones civiles clausuraron simbólicamente el Tribunal Superior de Justicia de la entidad para exigir a las autoridades a cargo del caso, que juzguen con perspectiva de género y sentencien a su ex esposo y empresario tabasqueño Alberto Medina Sonda por la autoría del crimen.

Emma Gabriela fue asesinada el pasado 27 de marzo frente a su casa en Mérida, Yucatán. Desde 2012, cuando inició la búsqueda por la custodia de sus dos hijas e hijo. Ella y su madre, Ligia Canto Lugo, fueron víctimas de campañas de desprestigio y hostigamiento orquestadas por Medina Sonda.

Ambas denunciaron ante diversas instancias las violencias ejercidas en su contra, pero fueron ignoradas, por lo que en 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 54/2014, dirigida a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México, en la cual acreditó violaciones a los Derechos Humanos de Emma Gabriela Molina Canto, de su madre, Ligia Canto, y de sus hijos entre las que destacó la violación a la legalidad, a la seguridad jurídica, acceso a la justicia, al trato digno y a una vida libre de violencia. Todas fueron incumplidas por las 3 instancias.

Durante la protesta en la que participaron las organizaciones acompañantes del caso, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio(OCNF) y “Ni Una Más-Yucatán”, Ligia Canto urgió a las autoridades de Yucatán y de Tabasco -en donde actualmente Medina Sonda cumple una condena de 12 años por operar con recursos ilícitos durante el sexenio de Andrés Granier- “justicia integral” y la garantía de seguridad para ella y su familia porque, aseguró, Medina Sonda planeó el crimen mientras estaba preso y temen que busque agredirlos de nuevo.

“Todo fue planeado desde un reclusorio, él tenía la libertad de hacer llamadas, (las autoridades) deben voltear  a ver esos lugares y mandarlo a un penal de alta seguridad”, mencionó.

CONTINÚA INVESTIGACIÓN

En entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del OCNF en Yucatán, Adelaida Salas Salazar, informó que este miércoles concluyó el plazo para integrar a la carpeta de investigación las pruebas que involucran a Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla como ejecutores del crimen bajo el delito de homicidio agravado.

Por lo anterior, el próximo 2 de octubre se realizará en el Centro de Justicia Oral de Mérida la audiencia donde el juez de control encargado del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, determinará las sentencias en su contra, con las que podrían alcanzar 40 años de prisión.

También mencionó que desconocen la fecha de la audiencia en la que se juzgará a Medina Sonda y al tabasqueño vinculado a proceso por la coautoría del feminicidio, César Rogelio Reyes Barrueta, pero aseguró que la familia y defensa legal de Emma Gabriela cuentan con elementos suficientes para probar la culpabilidad de ambos.

Entre las pruebas se encuentra la confesión de César Reyes, donde afirma que Medina Sonda le solicitó contratar a otras personas para asesinar a Emma Gabriela.

Ligia Canto ha recabado los 187 amparos que su hija tuvo que solicitar desde 2012 a instancias locales y federales por las acusaciones de su ex esposo “todas ellas falsas”, opinó Adelaida Salas, y que demuestran los antecedentes de violencia que ejerció en su contra por años. 

Además, Adelaida Salas recordó que a seis meses del feminicidio, las manifestantes se reunieron en la Plaza Grande de Mérida, donde exhortaron al juez Mugarte Guerrero a velar por la justicia en el feminicidio de Emma Gabriela y no favorecer los intereses del  agresor.

17/MMAE/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Senado de la República pide a Comisión Estatal de DH pedirla otra vez
Organizaciones demandan a gobierno de Puebla cumplir con AVG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/09/2017

Pese a que la Secretaría de Gobernación desechó declarar en Alerta de Violencia de Género (AVG) al estado de Puebla, el gobierno local está obligado a cumplir con las 11 conclusiones emitidas por el Grupo de Trabajo y a transparentar las acciones que emprende para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, demandaron organizaciones de la sociedad civil.

El reciente feminicidio de la estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, volvió a demostrar los niveles extremos de violencia que viven las mujeres en Puebla y la pasividad con la que actúan las autoridades respecto a la protección de los Derechos Humanos de las mujeres, denunciaron en un carta pública la Mesa de Seguimiento de la Solicitud de la AVG, conformada por el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, entre otras siete agrupaciones.

La joven de 19 años de edad fue privada de su libertad el pasado 8 de septiembre en el municipio de San Andrés Cholula, cuando abordó un servicio de taxis privado de la empresa Cabify conducido por Ricardo Alexis N. para dirigirse a su domicilio.

Siete días después se encontró asesinada en una barranca colindante con el estado de Tlaxcala con signos de violencia sexual, lo que llevó a mujeres de varios estados a organizarse y marchar de manera simultánea en varias entidades de la República Mexicana.

El feminicidio de Mara Castilla se suma a las 82 mujeres asesinadas en Puebla en lo que va del 2017 de acuerdo con el registro de las organizaciones civiles. No obstante, pese a este contexto la Segob determinó que no había razones para decretar en alerta de género a la entidad, y aún así, las autoridades están obligadas a cumplir con las acciones que se desprenden del mecanismo para asegurar la vida de las mujeres, señalaron las organizaciones.

De especial urgencia el estado de Puebla debe crear el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio, el Protocolo para la Investigación, Preparación a Juicio de los Delitos en Materia de Trata de Personas, y la conformación del Banco Estatal de Mujeres Víctimas de Violencia, así como la profesionalización y sensibilización de sus servidores públicos.

Cabe mencionar que estas acciones gubernamentales se tuvieron que haber cumplido desde que las organizaciones de la sociedad civil solicitaron la AVG en marzo de 2016.

En la carta de las organizaciones dirigida al gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad; al Secretario de Gobernación local, Diódoro Carrasco Altamirano; al Fiscal General Víctor Carrancá Bourget; y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos local, Adolfo López Badillo; también exigen el esclarecimiento del feminicidio de Mara Castilla a partir de una investigación con las debidas diligencias, así como la indemnización y reparación integral del daño a la familia de la adolescente.

Por último las agrupaciones hicieron un llamado al gobierno de Antonio Gali a reconocer la problemática de feminicidio que aún permanece invisibilizado, así como respetar a los familiares de las víctimas y garantizar una reparación integral del daño.

SENADO PIDE DECRETAR AVG EN PUEBLA

Al llamado para decretar la AVG en Puebla se sumó el Senado de la República. Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron el 25 de septiembre, en el pleno, un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Derechos Humanos estatal a presentar nuevamente la solicitud de la AVG.

También que el gobierno de Puebla rinda un informe de las acciones que realiza y los recursos financieros asignados para prevenir y atender la violencia de género en la entidad, y que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) -dependiente de Segob-  envíe un informe sobre el proceso de esta nueva solicitud en caso de aceptarla. El punto de acuerdo se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género.

RETRASAN AUDIENCIA POR FEMINICIDIO DE MARA

En tanto la audiencia para vincular a proceso por el delito de feminicidio y violación a Ricardo N., que se tenía prevista para el pasado 25 de septiembre fue suspendida pues el presunto asesino de Mara Castilla no estaba presente en la sala.

El caso fue puesto a disposición del Juez de Control del Centro de Justicia Penal de la ciudad de Puebla, Aarón Hernández Chino, quién ordenó la prisión preventiva a Ricardo N. en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, pero éste fue trasladado al penal de Tepexi de Rodríguez, ubicado en la misma entidad, por lo cual no asistió a la audiencia, por lo que ahora se indagarán las razones por las cuales se trasladó a este Cereso.

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ZONA DE REFLEXIÓN
VIOLENCIA
   Zona de Reflexión
¿Por qué nos matan?
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/09/2017

Tras el feminicidio de Mara Castilla, la pregunta vuelve a rondar una y otra vez ¿por qué los hombres asesinan a las mujeres? Y la respuesta es sencilla, porque pueden.

Y cuando hablo de que pueden no me refiero a la fuerza física, me refiero a que históricamente han construido un sistema que les permite violentar a las mujeres, incluso asesinarlas, como un privilegio de poder masculino.

¿Por qué nos matan? porque la vida de las mujeres no les importa. Ni la vida, ni la integridad. No les importa ni la edad, ni la apariencia física; y no les importa porque han aprendido que la vida de las mujeres no importa, porque nada de lo femenino tiene valía en esta sociedad profundamente patriarcal.

Porque antes de asesinar a una mujer aprendieron a devaluar todo lo femenino “porque el que llega al último es vieja”; “porque llorar es de viejas”; “porque el que pega suave, pega como vieja”… y un largo etcétera.

No es que amanecen un día convertidos en asesinos. No. Lo van aprendiendo, sobre todo aquellos que viven en donde la misoginia es aceptada abiertamente.

Por ello se criminaliza a las víctimas, porque también han desarrollado un mecanismo para exculparse y no asumir su responsabilidad.

Por ello tenemos que salir a las calles, porque la rabia se desborda, porque estamos hartas de la violencia y de la inacción del Estado para garantizarnos poder vivir sin miedo.

¿Por qué nos matan? Es una pregunta que ha llevado a las feministas a investigar y documentar por años la respuesta. Porque ellos tienen poder y las mujeres no.

En 1971 la bibliotecaria americana Elizabeth Gould, en su libro “El primer sexo” hizo un recuento de los pretextos empleados para quemar vivas a las mujeres durante la época medieval: “por amenazar a sus maridos, por contestarle a un cura, por rechazar a un cura, por robar, por prostitución, por adulterio, por ‘salir embarazada’ fuera del matrimonio, por permitir la sodomía, aún cuando el marido o el sacerdote que lo practicaban eran perdonados, por masturbarse, por lesbianismo, por descuidar a sus hijos, reprender y regañar y aún por haber tenido un aborto espontáneo, aunque el mismo hubiera sido producto por un puntapié o un golpe propinado por el marido.”

“De este modo la crueldad física y hasta el asesinato, que ha llegado a institucionalizarse, pueden convertirse en cuestiones de costumbre. Los hombres, al incorporar a la cultura dominante sus actitudes inhumanas, evitaban asumir la responsabilidad de sus propias conductas individuales”, afirmó Elizabeth Gould.

Algunos de esos pretextos han sido sustituidos por otros que responden a la actualidad: la ropa que vestimos, el horario en el que transitamos las mujeres o las formas de divertirnos.

Todos ellos pretextos inmundos para deslizar la responsabilidad de la agresión a las víctimas, y tal cual lo señala Gould, evitar asumir la responsabilidad propia de sus conductas individuales y sociales, agregaría yo.

Como colectivo, los hombres deben hacerse cargo de sus responsabilidades. Tolerar cualquier violencia contra las mujeres es aceitar el camino al feminicidio.

No es que haya violencias chiquitas, tolerables, y otras grandotas como el feminicidio, intolerables para algunos. Los chistes misóginos, el cuchicheo masculino sobre la vida sexual de las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres, es parte de esas costumbres de la cultura dominante.

Dudar, casi en automático, de la palabra de las víctimas de cualquier tipo de violencia; divulgar los mitos que mantienen la desigualdad entre mujeres y hombres, es parte de la cultura que permite que ellos puedan matarnos.

A tal grado llega el desdén de la violencia contra las mujeres y el cinismo patriarcal, que un hombre acusado de violencia física por parte de su compañera, puede ser Premio Nobel de la Paz. Me refiero al ex primer ministro de Japón Eisaku Sato, quien recibió el Nobel en 1974, pese a que Hiroko Sato, su cónyuge, denunciara que él la golpeaba. La paz de ella no importó.

De ese poder hablo cuando digo que ellos pueden violentarnos porque han creado un sistema que se los permite.

¿Por qué no han funcionado las leyes que han creado las feministas para desterrar la desigualdad y garantizar la vida y la integridad de las mujeres? ¿Por qué los dineros del erario público gastados para erradicar la violencia contra las mujeres no han tenido buenos resultados? ¿Por qué en las escuelas la violencia contras las niñas sigue creciendo sin que las autoridades hagan algo?

¿Por qué un agresor sexual puede ir a la marcha que busca erradicar todas las violencias contra las mujeres? Es como si un torturador fuera a la marcha de las víctimas de tortura. ¡A ningún torturador se le ha ocurrido este disparate! ¿por qué a un agresor de mujeres sí se le ocurre ir a vender panqués y colocarse justo al lado donde se imprimen las serigrafías de Mara Castilla? Porque aún persiste esta impunidad masculina que les hace creer que no les pasará nada y es necesario que sí les pase.

Eliminar esta impunidad y los pretextos que justifican la violencia masculina, construir realmente una equivalencia humana de las mujeres, es el camino más efectivo para eliminar la violencia contra nosotras.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28

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ESTADOS
VIOLENCIA
   OCNF pide que se investigue con perspectiva de género
Mara: el hartazgo ante violencia de género y la pasividad del Estado
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/09/2017

En demanda por justicia para Mara Fernanda Castilla Miranda, joven desaparecida el 8 de septiembre de 2017 en el municipio de Cholula, Puebla, tras abordar un servicio de taxi y ser encontrada asesinada siete días después en una barranca en San Miguel Xonacatepec en los límites de Tlaxcala, mujeres de seis estados se manifestaron en las calles este fin de semana para exigir un alto al feminicidio en el país.

El 8 de septiembre Mara Castilla abordó un taxi de la empresa privada Cabify conducido por Ricardo Alexis N. para llegar a su domicilio, sin embargo, la joven nunca llegó por lo que su familia presentó una denuncia por su desaparición (carpeta de investigación 14652/2017/ZC).

El chofer se presentó a declarar ante la Fiscalía y dijo que dio el servicio a la joven, quien había solicitado bajar en un punto cercano a su domicilio, pero las cámaras de seguridad constataron que la joven de 19 años de edad nunca bajo de la unidad de transporte.

Ricardo N. fue detenido el 12 de septiembre, y el cuerpo de Mara localizado tres días después de la detención del chofer, el 15 de septiembre, cuando la Fiscalía General de Justicia de Puebla informó que Mara había sido asesinada por el conductor del taxi y su cuerpo con signos de violencia sexual fue arrojado en una barranca cercana a los límites con el estado de Tlaxcala.

El feminicidio de Mara Castilla, subrayó en un comunicado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) fue resultado de la omisión, dilación, colusión y complicidad de las autoridades de Puebla y Tlaxcala, regiones en las que a falta de una articulación interestatal para frenar la violencia hacia las mujeres, ya ha cobrado la vida de 82 poblanas este año, según los registros de organizaciones civiles.

El OCNF exigió al gobernador del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad y a las autoridades estatales de justicia, que el asesinato de Mara Castilla sea investigado como feminicidio y juzgado con perspectiva de género, e indagar a fondo al transporte privado de taxis utilizado por la adolescente para deslindar si participó o no en el crimen.

El Observatorio indicó que los protocolos de búsqueda de mujeres, niñas y adolescentes (como la Alerta Amber y el Protocolo Alba) no están operando de manera efectiva en una zona conocida por tener el principal corredor de trata de personas en México (Puebla-Tlaxcala), ya que en los protocolos se indica explícitamente que las primeras 72 horas de investigación son vitales para hallar con vida a las mujeres.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de 2012 a 2015 desaparecieron 780 mujeres tan sólo en Puebla, con un perfil muy concreto, son mujeres entre los 15 y 29 años de edad.

Por ello, la organización urgió a ambos gobiernos a investigar el patrón sistemático y modus operandi de los grupos de trata de mujeres con fines de explotación sexual que existen en la región de Puebla y Tlaxcala.

El Observatorio recordó que el feminicidio de Mara Castilla no es un caso aislado sino parte de la problemática estructural de violencia perpetrada contra las mujeres y por ello es que se ha solicitado en dos ocasiones la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Tlaxcala. La primera fue desechada y la segunda sigue en espera de ser aceptada o no, por la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Las mujeres estamos hartas de vivir con miedo, inseguras, del machismo, de la institucionalización de la impunidad, de la complicidad de las autoridades responsables de procurar y administrar la justicia. Hoy más que nunca nos negamos a continuar viendo cómo nos matan y cómo matan a nuestras jóvenes”, se pronunció en el documento el OCNF conformado por 40 asociaciones civiles.

Al llamado y repudio por el feminicidio de Fernanda Castilla, también se unió el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem) que demandó al Estado mexicano generar mecanismos adecuados para erradicar la violencia contra la población femenina, como lo dispone la Constitución mexicana, los tratados internaciones y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

MUJERES, PROTESTAN PÓR FEMINICIDIO EN ESTADOS

Tras la noticia del feminicidio de Mara, organizaciones civiles convocaron a protestar en varios puntos y ciudades del país el 17 de septiembre. En Puebla, la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guadalajara, se realizaron marchas simultáneas.

En Puebla se convocó a iniciar la protesta desde la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) institución donde estudiaba Mara Castilla, para dirigirse a la explana central del municipio, donde organizaciones civiles pidieron declarar en Alerta de Violencia de Género a Puebla.

Mientras, en la Ciudad de México mujeres, adolescentes y familias acompañas de niñas, vestidas de morado, con banderas y pancartas en las que expresaban su rechazo a la violencia que enfrentan en su cotidianidad, caminaron a partir de las 12 de la tarde desde la explanada del Zócalo al edificio de la Procuraduría General de la República (PGR) donde concluyeron con llamados a impartir justicia y la protección de sus vidas.

De acuerdo con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Puebla, Ricardo Alexis N. será juzgado por el delito de feminicidio y actualmente se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas periciales.

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ESTADOS
VIOLENCIA
   Demanda añeja de organizaciones y activistas
Chihuahua, entidad emblemática por el feminicidio lo tipifica como delito
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/09/2017

Tras 20 años de resistencia para reconocer la problemática, el pasado 12 de septiembre, el Congreso del estado de Chihuahua votó por unanimidad la adhesión del Artículo 126 BIS al Código Penal local, que reconoce como feminicidio a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, con una pena de 30 a 60 años de prisión y la reparación integral del daño.

La tipificación fue el resultado de tres propuestas analizadas por una mesa técnica de redacción conformada por organizaciones civiles pioneras en documentar y registrar el feminicidio en la entidad, como Justicia para Nuestras Hijas, y de abogadas y abogados de Chihuahua, quienes revisaron las iniciativas presentadas por diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) una del Partido del Trabajo y la planteada por el gobernador del estado, Javier Corral Jurado.

Desde abril pasado, se analizaron los tres planteamientos para definir que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; antes o después de la privación de la vida se haya infligido lesiones, mutilaciones o cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana; existan antecedentes o datos que el activo ejerció violencia física, psicológica, económica o patrimonial o de cualquier tipo (independiente de que haya denunciado o no); y por misoginia.

Cuando el responsable sea un funcionario público; se cometa por dos o más personas; si existe un vínculo de parentesco o relación sentimental; cuando la víctima sea menor de edad o adulta mayor; de pueblos originarios; esté embarazada o tenga alguna discapacidad, la pena se incrementará de uno a veinte años a la pena de prisión impuesta.

Aún falta su publicación en el Periódico Oficial del estado de Chihuahua.

CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, UNA HISTORIA DE FEMINICIDIO

La tipificación del feminicido en la entidad, es una demanda añeja de organizaciones, académicas y familiares de víctimas y es que desde 1992, Ciudad Juárez y Chihuahua, cobraron relevancia en el país y luego en el mundo, por los asesinatos de mujeres que eran encontradas en lotes baldíos y otros espacios públicos, con signos de extrema violencia que pronto llevaron a formular varias hipótesis, que buscaban, de acuerdo con organizaciones civiles expertas en el tema, minimizar el odio hacia las mujeres en esa entidad.

Desde hace más de 20 años, familiares de las víctimas acompañados de diversas organizaciones civiles, iniciaron un registro hemerográfico a partir de notas periodísticas de medios locales que publicaban los asesinatos de mujeres. Así se empezó a documentar un patrón: en su mayoría eran mujeres pobres, trabajadoras de la maquila, con ciertas características físicas, la mayoría, presentaba signos de violencia extrema.

Lo anterior, llevó a formular diversas hipótesis por parte de las autoridades encargadas de investigar los asesinatos quienes en un principio hablaban de “crímenes pasionales”, para luego ir modificándolas a asesinos seriales, crimen organizado, rituales satánicos, y extracción ilegal de órganos.

Desde entonces, las familias, las madres, tuvieron que enfrentar la misoginia de ministerios públicos, policías, inclusive gobernadores quienes minimizaban las desapariciones de mujeres y asesinatos asegurando que “se habían ido con el novio”  “que ellas se lo buscaron por usar ropa provocativa” o “porque las mujeres buenas no salían de noche”; siempre, sostienen las organizaciones, responsabilizando a las mujeres de la violencia vivida, y evadiendo su responsabilidad para aceptar que no se estaba previniendo la violencia contra ellas.

La larga e interminable lista de casos con características similares, la impunidad imperante en la entidad y el hartazgo de madres y familias ante el sistema de justicia mexicano, los llevaron a voltear la mirada hacia instancias internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y luego la Corte.

En 2001 en el Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, 8 mujeres fueron halladas asesinadas con signos de tortura sexual y en avanzado estado de descomposición pero solamente tres de estos casos logaron llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), pues los demás, debido a la mala investigación por parte de las autoridades, las identidades de las víctimas no pudieron ser corroboradas por sus familiares, por lo que no pudieron llegar a la Corte.

Tras varios años en el Sistema Interamericano, en 2009, la CoIDH sentenció al Estado mexicano por no salvaguardar la vida de las mujeres en la entidad, al tiempo que reconoció que existía una violencia sistemática contra mujeres y niñas de este estado fronterizo con Estados Unidos.

En el punto 231 de la sentencia, la Corte reconoce "que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez"; mientras que en el Párrafo 143 de la misma señala: "en el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos anteriores, utilizará la expresión ‘homicidio de mujer por razones de género’ también conocido como feminicidio".

Asimismo, pidió al Estado mexicano, crear un tipo penal que permitiera sancionar de manera adecuada los asesinatos de mujeres, con el fin de que estos no cayeran en la impunidad y se repitieran los hechos. Además de fortalecerlo con la creación de protocolos especializados para indagarlos.

Desde 2004, la feminista y antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, quien fue legisladora y una de las principales impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, insistió también en la necesidad de tipificar el feminicidio como tipo penal, no sólo a nivel federal, sino que cada entidad lo tipificara, y Chihuahua no era la excepción.

Han sido varias las peticiones para la tipificación y mucha la resistencia para hacerlo. Finalmente, después de 20 años de asesinatos dolosos contra mujeres y niñas en la entidad que se convirtió en emblemática por esta violencia, el pasado 12 de septiembre fue la última en tipificar el delito que desde entonces, ha cobrado la vida, según datos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, de mil 541 mujeres tan sólo en Ciudad Juárez.

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