feminicidio

MUJERES CAUTIVAS
DERECHOS HUMANOS
   Mujeres Cautivas
Defensoras somos todas
Especial
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/12/2017

Desde 2015, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos ha venido trabajando en una Campaña denominada “Defensoras somos Todas” (Historias de Vidas).

“Defensoras Somos Todas”, las que ya de suyo defienden, promueven y difunden los Derechos Humanos de las mujeres, pero también las que buscan a sus hijas, hijos, hermanas, hermanos, esposos, novios o hermanos o las que son perseguidas y reprimidas como producto de la protesta social.

¿Cuántas denunciadas, encarceladas, hostigadas, perseguidas o víctimas de feminicidio o violencia sexual? De abril del 2015 a marzo del 2016, la Comisión Independiente de Derechos Humanos documentó la violencia sufrida por las Defensoras de Derechos Humanos del 2000 al 2015 (salvo en los casos emblemáticos, los cuales obedecieron a la temporalidad de los mismos), en 20 estados de la república mexicana.

Se realizaron 28 entrevistas individuales y colectivas a Defensoras de Derechos Humanos que sufren o han sufrido algún tipo de violencia, y se sistematizaron 52 encuestas aplicadas a Defensoras y Defensores. El estudio abarco a 21 estados de la República Mexicana (incluida la Ciudad de México, antes Distrito Federal).

La violencia psicológica se mantiene como una de las más graves y recurrentes. En las encuestas se les preguntó si han sufrido violencia por pertenecer a la organización a lo que 61 por ciento respondió afirmativamente, mientras que 39 por ciento dijo que no. De quienes respondieron sí, destaca que 44 por ciento han sufrido violencia psicológica; 35 por ciento hostigamiento; difamación y amenazas tuvieron el mismo porcentaje: 29 por ciento.

Violencia Física y económica, también se mantuvieron parejas con 21.2 por ciento. En tanto, quienes manifestaron haber vivido violencia emocional se ubicó en 15.4 por ciento y de Robo en General 11.5 por ciento, la violencia sexual se ubicó en 5.8 por ciento y otras formas de violencia en 14 por ciento.

De acuerdo a la encuesta realizada, 23 por ciento refirió haber vivido Violencia Institucional, mientras que 11.5 por ciento dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios. En tanto que 5.8 por ciento dijo haber vivido violencia en la comunidad.

De los 36 casos de feminicidio de Defensoras de Derechos Humanos acá señalados, el estado con mayor es Guerrero con 8, seguido por Chihuahua con 7 y la Ciudad de México con 5.

La investigación señala que los agresores son, en su mayoría, agentes del Estado con 23.1 por ciento. Mientras que 11.5 por ciento dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios.

Cuando se les preguntó el tipo de violencia sufrida, un 21.2 por ciento refirió haber sufrido intimidación gubernamental. Mientras que 11.5 por ciento fue intimidada por grupos de poder económico y por poderes fácticos.

Dentro de los otros agresores registrados se encuentran: grupos caciquiles con un 9.6 por ciento, intimidación paramilitar con un 7.7 por ciento, y grupos del narcotráfico con un 7.7 por ciento.

El mayor porcentaje corresponde a la violencia psicológica con 48 por ciento , intimidación gubernamental 31 por ciento, hostigamiento 27 por ciento, amenazas y difamación con 25 por ciento cada una, y persecución 17 por ciento.

Una de las modalidades de violencia que han sufrido otras personas que integran la organización es la económica y representa el 16 por ciento.

Los dos casos de desaparición forzada de las personas mismas y los otros dos de familiares muestran el nivel de violencia e inseguridad nacionales.

De la muestra, quienes responden que han sufrido violencia o conocen de algún caso de violencia relacionado con la organización 13.5 por ciento considera que entre 2009 y 2014 ha sido el periodo con mayor incidencia considerado a partir del año 2000.

Hace casi cuatro años fue publicada la Ley para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas (26 de junio de 2012) y 5 meses después el Mecanismo de protección empezó a funcionar (12 de noviembre de 2012). Desafortunadamente muy pronto afloraron las deficiencias en su trabajo al grado que para mediados de 2013 ya era evidente que se acumulaban los casos presentados al Mecanismo y no eran sometidos a Evaluación de Riesgo; que las Medidas que se debían asegurar a las Defensoras, Defensores y Periodistas en riesgo no se hacían efectivas por falta de recursos y, que los gobiernos locales no realizaban esfuerzos para protegerlos/as. Además, persisten deficiencias en la coordinación interinstitucional entre Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales. Y no ha habido una adecuada capacitación y sensibilización de los funcionarios que operan el Mecanismo.

Al Estado Mexicano se le ha exigido en las instancias internacionales establecer una protección eficaz de las Defensoras que incluya la investigación rápida y eficaz y el levantamiento de cargos por todas las amenazas y ataques dirigidos contra ellas. Garantizarles un entorno seguro, libre e independiente y garantizar que todos los casos de amenazas, violencia, ataques y asesinatos contra ellas, sean investigados por Organismos Independientes e Imparciales.

Si el Estado Mexicano no es capaz o no tiene la voluntad política de proteger a las defensoras, con más razón prevalece la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas en nuestro país, donde se perpetran 7 asesinatos de mujeres diarios, ocupando el lugar 16 en el mundo y el primero en América Latina y el Caribe.

Hoy que se acerca el final del año, bien podemos hacer un balance del 2017. Eran niñas, jóvenes y mujeres adultas mayores los mil 297 casos de feminicidio.

Una persona se atreve a desaparecer, violar y/o asesinar a una mujer en México porque sabe que existe la corrupción rampante y los altos índices de impunidad que les niega el derecho al acceso a la justicia.

Pero el feminicidio en México –mil 297 sólo en lo que va del presente año–tienen su raíz en el machismo contra el poder de las mujeres, la falta de perspectiva de género por parte tanto de los que investigan como los medios que difunden, y en una parte de la sociedad que, al no querer reconocer o no condenar el fenómeno, se vuelve cómplice.

Mara, Evelyn, Fátima, Valeria, Jessica, Lesvy… todas han sido revictimizadas por las y los funcionarios del sistema de justicia.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora

17/TUZ/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Autoridades no dan respuesta a casos
Morelos: impunidad total en asesinatos de mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Estrella Pedroza y Reporter@s Morelos*
Cimacnoticias | Morelos, Cue.- 08/12/2017

En Morelos, del 2012 al 2015 el mayor número de homicidios ocurrió en lugares públicos, donde fueron asesinadas principalmente mujeres jóvenes. En el caso de mujeres adultas, la mayoría han sido asesinadas en sus hogares, en este estado donde las organizaciones civiles denuncian una total ausencia de justicia para las víctimas y sus familias.

Durante ese periodo ocurrieron 225 asesinatos de mujeres en el estado, según estadísticas el Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), elaborados con los certificados de defunción que emite la Secretaría de Salud, actas de defunción del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público.

La integrante del Comité de Derechos Humanos "Digna Ochoa", Susana Díaz Pineda destacó que en Morelos “tenemos una fiscalía omisa de manera sistemática”, puesto que en un primer momento, cuando una mujer es violentada y acude a presentar una denuncia “no hay una sola respuesta de la autoridad y al paso del tiempo se convierte en un feminicidio”. 

La activista agregó que cuando las mujeres son encontradas sin vida en la vía pública o en sus casas “la integración de la carpeta se hace de manera inadecuada y la  investigación no se lleva a cabo de manera precisa”.

Ante la falta de capacidad de la Fiscalía General Estatal (FGE), “las autoridades se van por el lado fácil y argumentan que se trató de un ajuste de cuentas o era la pareja sentimental. Hay casos en los que el agresor sabe perfectamente que no habrá sanción, que lo que haga quedará impune y lo hace una y otra vez -dice Susana Díaz-. 
¡Sabe que a la autoridad no le importa porque además tiende a criminalizarla!”. 

Así ocurrió con Rebeca Díaz García, de 27 años, madre de dos menores de edad – Alison de 9 años y Karla de 4 años- de quienes estaba totalmente a cargo desde que enviudó. Ella no se dio por vencida: además de tener un ciber, trabajaba como cajera en un súper y estudiaba la licenciatura en Derecho.

Rebeca pertenece al grupo de edad de la mayor parte de mujeres víctimas de homicidio en Morelos, de 26 a 40 años de edad; luego le sigue el grupo etario de 18 a 25 años, el de 41 a 64 años, 65 o más, 12 a 17 años y las niñas de 0 a 11 años, según los datos del Sinais.

En cuanto a su ocupación o actividad profesional, la mayor parte de mujeres que fueron asesinadas en Morelos (36.6 por ciento) se dedicaba a los servicios personales o vigilancia, como es el caso de Rebeca. Del 12 por ciento  de víctimas se desconoce la actividad profesional o laboral a la que se dedicaba; 11.3 por ciento no tenía un empleo remunerado y 7 por ciento se dedicaba al comercio.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

La noche del 4 de marzo del 2014, pasadas las 9:00 horas, Rebeca fue asesinada mientras atendía la caja número cuatro de Superama, ubicada en la avenida Ávila Camacho en Cuernavaca, frente a decenas de personas. 

Ramón, su agresor, entró al súper, cruzó el control de seguridad. Con paso firme se detuvo frente a Rebeca -según se observa en el video grabado por las cámaras del establecimiento que fue filtrado a los medios de comunicación- aventó a un menor de edad que la auxiliaba y le apuntó con un arma de fuego. En segundos le disparó en cuatro ocasiones y terminó con su vida. 

“En cuestión de segundos perdió la vida. Minutos después las autoridades y los medios la volvieron a matar; decían que se trató de un ajuste de cuentas. La criminalizaron…”, recuerda con impotencia Isabel García, su madre. 

Cuando la familia llegó a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) solicitó información sobre lo ocurrido, pero se las negaron.

Al siguiente día el comisionado de Seguridad Pública de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, afirmó que el asesinato se debió a un ajuste de cuentas del crimen organizado, “lamentablemente la muchacha que fue ultimada fue pareja sentimental o esposa de un sicario apodado el ‘Cacas’, que fue asesinado el año pasado”.

Un mes después Ramón fue detenido mientras asaltaba una gasolinera. La FGE informó que formaba parte de un grupo del crimen organizado y que confesó haber asesinado a Rebeca.

“Confesó haber matado a mi hija pero también dijo que había matado a otras 33 mujeres más y eso está en las carpetas de investigación”, subrayó la mamá de Rebeca Díaz García.
Inicialmente el hombre fue acusado de feminicidio, delito que según el Código penal de Morelos se castiga con una pena de 30 a 70 años de prisión. Ocho meses después, mediante un juicio abreviado, Ramón fue sentenciado por autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a cumplir 13 años con 4 meses de prisión, pero no por feminicidio, sino por cometer homicidio calificado en contra de una mujer, así como  a pagar 1 millón de pesos de multa y otro millón como reparación de daño.

Para Isabel García, madre de Rebeca, “ese castigo es insuficiente porque el daño fue muy grande para sus hijas y para todos los integrantes de la familia”. 

El criterio aplicado es que al reconocerse como responsable del asesinato de Rebeca, pudo acceder a un beneficio de reducción de condena en su juicio.
 
RAMÓN TAMBIÉN MATÓ A MI MADRE

El 11 de marzo del 2014, justo ocho días después del feminicidio de Rebeca, una mujer de 65 años a quien llamaremos Graciela -a petición de sus familiares por temor a represalias-  fue asesinada al interior de su casa, situada en el municipio de Jiutepec.

A las 19:00 horas de ese día, Graciela regresaba a su casa después de acudir a una comida, organizada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer; mientras que Ramón, que portaba un arma de fuego, protagonizaba una persecución pie tierra.

Graciela cruzó un par de palabras con su esposo Rodolfo (también nombre ficticio) cuando escucharon disparos afuera de su casa. En segundos un joven entró corriendo al departamento, situado en el primer piso, debido a que era perseguido por Ramón y logró salir por una puerta trasera.

Ramón se quedó –por unos segundos- confundido, agitado, molesto. Rodolfo intentó calmar los ánimos y pregunto: ¿Qué está pasando? La respuesta de Ramón fue dar un pequeño giro. Con la pistola en mano, apuntó sobre Graciela y disparó. Ramón salió corriendo y nadie puedo detenerlo. Graciela murió casi instantáneamente.

Las estadísticas del Sistema Nacional de Información de Salud revelan que casos como el de Graciela, revelan que en Morelos, a las mujeres de 65 años o más las asesinan en su hogar, es decir, una de cada tres mujeres que mataron en su hogar era mayor de 65 años. Aunque al grupo que más asesinan en sus casas es al de mujeres de 26 a 40 años.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

En menos de una hora personal de la Semefo acudió a realizar el levantamiento del cuerpo de Graciela y de un joven que fue asesinado. A pesar de que se había cometido un delito, no se preservó la escena ni se inició ningún tipo de investigación. 

A la fecha ninguna autoridad de la FGE ha iniciado una carpeta de investigación (o por lo menos la familia no ha sido notificada de ello), explica con visible indignación Patricia, hija de Graciela.

Quince días después, la familia se sorprendió al ver en los medios de comunicación al asesino de Graciela y en ese momento supieron que se llamaba Ramón. “Nos enteramos que fue detenido por robar en una gasolinera, que era de la delincuencia organizada y que también era el responsable de la muerte de Rebeca”.

Rodolfo fue quien reconoció el rostro de Ramón. “Mi papá no tenía la menor duda de que el asesino de Graciela era Ramón, pero nos pidió no hacer nada para evitar algún tipo de represalias”, recordó Patricia (también nombre ficticio). 

Como Rebeca, las mujeres solteras son quienes más corren riesgo de ser asesinadas, pero las mujeres con pareja -al igual que Graciela- son el segundo grupo más vulnerable, pues un 40 por ciento de las víctimas de homicidio era casada o vivía en unión libre.

LA AUTORIDAD INVISIBILIZA A LAS VÍCTIMAS

En ambos casos las familias han sufrido daño psicológico y moral. Y aunque son víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del estado de Morelos no ha cumplido con su trabajo, ha sido omisa en sus peticiones y necesidades. También se ha evitado que accedan  a la reparación del  daño de acuerdo con lo estipulado en la sentencia. Dicho recurso serviría para garantizar una vida digna y educación a las dos niñas que quedaron huérfanas tras la muerte de Rebeca.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

17/EP/RM/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Entre 2012 y el 2015 fueron asesinadas 169 mujeres en SLP
   Séptima de nueve partes
San Luis Potosí: otro caso de feminicidio para la SCJN
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Verónica Espinosa y Hazel Zamora Mendieta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/12/2017

La muerte de Karla Pontigo Lucciotto, de 22 años de edad estremeció a la sociedad potosina quien pasó después a la indignación, cuando su familia develó sus sospechas de lo que inicialmente fue consignado por la Procuraduría de Justicia estatal como un “homicidio accidental”, pero que en realidad, se trató de un feminicidio.

Karla, era estudiante de nutrición y trabajaba como edecán en una discoteca llamada “Play”, ubicada en la capital del estado. Era hija de una familia trabajadora –su madre es empleada de una maquiladora y su hermano mayor trabajaba también para mantener sus estudios-. Murió a fines de octubre del 2012 en el Hospital central de San Luis, al que llegó con múltiples heridas y golpes en el cuerpo y una de sus piernas casi cercenada, además de indicios de una agresión sexual.

La primera versión asentada en el expediente del Ministerio Público –al que durante mucho tiempo no pudo acceder la familia hasta que interpuso un amparo- señalaba que Karla había chocado accidentalmente con una puerta de cristal de la discoteca en la que trabajaba y se había herido la pierna.

Pero tras una lucha que ha llevado cinco años por parte de su familia y de los abogados que la respaldan (de la Fundación para la justicia y el Estado democrático de Derecho) y que ha llevado la búsqueda de justicia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sabe que la joven es una de las 55 mujeres asesinadas ese año 2012 en el estado, presuntamente por Jorge Vasilakos, el dueño de la discoteca, quien para las autoridades locales es indiciado por homicidio culposo.

Entre 2012 y el 2015 fueron asesinadas 169 mujeres en San Luis Potosí, según los registros del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais). Karla figura en el segundo grupo de edad con mayor riesgo, entre los 18 y los 25 años de edad. Son las mujeres entre los 26 y los 40 años las víctimas mortales en mayor número.

A partir del 2012 se modificó el patrón del lugar donde son asesinadas la mayoría de las mujeres (hogar y vía pública).

Mientras que ese año la vía pública era el sitio más común en el que se cometían estos crímenes, en el transcurso de los años y al menos hasta el 2015, el hogar se fue convirtiendo en el escenario de los asesinatos.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

Karla forma parte de ese 5 por ciento de casos de mujeres cuyos homicidios se cometieron en comercios o establecimientos, como ocurrió la madrugada del domingo 28 de octubre, cuando su hermano, preocupado porque no salía de trabajar de la discoteca, entró al lugar y la encontró en el piso, desangrándose y pidiendo ayuda, antes de quedar inconsciente.

Un 10 por ciento de las mujeres que entre 2012 y 2015 fueron asesinadas en San Luis reportaron o sufrieron violencia familiar previamente. En el caso de Karla, testimonios de compañeros de trabajo, amigos y familiares refieren que el dueño de la discoteca la acosó desde que comenzó a laborar, que la vigilaba en otras actividades que ella realizaba y que un día le robó el teléfono celular.

Tras su violenta muerte –así lo atestiguan las casi 40 lesiones que le fueron encontradas, incluyendo heridas defensivas características de un ataque sexual- Karla siguió siendo violentada por el sistema de procuración de justicia del estado, según han denunciado su familia y los abogados: el Ministerio Público acudió hasta casi dos días después a la discoteca, donde encontró todo el lugar impecable porque ya el propietario había ordenado que lo limpiaran, así que no hubo preservación de la escena.

Eso sí, el Ministerio Público acudió al hospital mientras Karla agonizaba, para presionar a su mamá Lucero a que autorizara la donación de sus órganos y cremara sus restos, y encima de todo, la misma autoridad investigadora “extravió pruebas”, como una muestra tomada del cuerpo de Karla que hacía suponer un ataque sexual.

El 4 de julio de 2015 la SCJN atrajo el caso para revisar si el Ministerio Público investigó de manera diligente y con perspectiva de género el homicidio de esta joven estudiante universitaria, un rango de escolaridad al que pertenecían casi 8 por ciento de las mujeres que fueron asesinadas en sus casas en el periodo ya multicitado.

Pero son las mujeres con secundaria completa las que corren mayor riesgo de morir asesinadas, lo mismo en sus hogares (12.6 por ciento de los homicidios) que en la vía pública (17.9 por ciento). Un 20 por ciento de quienes fueron asesinadas en sus hogares no tenía empleo, mientras que un 23.2 por ciento de las víctimas de homicidio en la vía pública se dedicaban a servicios de vigilancia o personales.

Karla era soltera, como la mayor parte de las mujeres víctimas de homicidio en San Luis (47.7 por ciento de quienes fueron agredidas en la vía pública y 40 por ciento de quienes lo fueron dentro de sus hogares).

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

En San Luis, la familia de Karla Pontigo ha denunciado que el gobernador Juan Manuel Carreras López no ha acatado una recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo para reparar el daño causado por la abultada lista de anomalías en la investigación de su muerte; para investigar a los funcionarios que han intervenido y en su caso, fincar responsabilidades.

La misma CNDH interpuso denuncias penales en contra de cuatro agentes del Ministerio Público, tres peritos y un médico forense, que están allí, en manos de la misma Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía General del estado –con el mismo ex procurador Federico Garza como Fiscal general-.

Mientras siguen esperando, Esperanza, mamá de Karla, tuvo que incrementar las horas de trabajo; su hermano mayor dejó de estudiar para apoyarla, y su hermanito pequeño se quedó sin la hermana que lo acompañaba y sufragaba parte de sus gastos.

Por ello, como la familia de Karla, los allegados de otras víctimas esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el proceso llevado por las autoridades estatales y determine que su muerte fue un feminicidio, el tipo penal bajo el cual, de acuerdo con la propia Corte en 2015 a raíz de otro caso de feminicidio (el de Mariana Lima Buendía), deberían de ser investigados, en primera instancia, todos los asesinatos de mujeres en el país.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

17/VE/HZM/LGL








MUJERES CAUTIVAS
VIOLENCIA
   MUJERES CAUTIVAS
   
Los Retos del Siglo XXI
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/12/2017

Todos los días y en todas partes las mujeres son asesinadas, golpeadas, violadas, compradas o vendidas.  Crímenes en situaciones de conflictos armados o guerras; en la calle, relacionados con violaciones o con el crimen organizado, la prostitución o la pornografía snuff o vintage; o cometidos por sus maridos, parejas, ex parejas. Todos crímenes ligados a la sexualidad, en donde el factor de riesgo es ser mujer o niña.

Mientras que el concepto de violencia contra las mujeres tiene ya varias décadas, el de feminicidio/femicidio es más reciente y se trata de la intención de destruir, someter y sojuzgar total o parcialmente a un grupo, en este caso, las mujeres y las niñas.  El concepto es útil porque nos indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en las desigualdades de género y cuestiona los argumentos que tienden a disculpar y a representar a los agresores como “locos” o a concebir estas muertes como “crímenes pasionales”, o bien, a atenuar su importancia en el caso de situaciones de conflicto, lucha al crimen organizado o guerra, inclusive denominándolo como “daño colateral”. 

La prostitución y la pornografía son, manifestaciones de violencia contra las mujeres, en tanto, desde la cultura patriarcal, permiten perpetuar estereotipos como que los cuerpos de las mujeres y las niñas son para el placer sexual de los hombres. La prostitución no es un trabajo, sino una forma marginal de sobrevivencia asociada a la falta de oportunidades, que permite perpetuar los estereotipos anteriormente mencionados y que al estar tan naturalizada en nuestras sociedades, es aprovechada como una inmensa fuente de ganancias del crimen organizado a través de la trata de mujeres y niñas, con muchos menos riesgos que el tráfico de drogas, que hoy se persigue como una prioridad en todo nuestro continente.

EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS

Las dimensiones actuales del comercio sexual son globales y dramáticas. En primer lugar, las organizaciones criminales transnacionales han descubierto en la comercialización ilícita de personas un espacio de ganancia monetaria significativo y menos riesgoso porque no está en la agenda pública de la región, ni es prioridad como es el combate al narcotráfico.  

El comercio sexual generalmente ocurre de Sur a Norte, pero también existe la trata interna. Sin embargo, muchos hombres viajan a países “exóticos” con el propósito de satisfacer sus fantasías sexuales, reprimidas en su propio país. De ahí que la industria turística se ha constituido en la puerta trasera de la industria sexual en muchos países como Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Jamaica, México, Brasil, Aruba, entre otros.

El uso de niñas y adolescentes como sicarias, halconas, mulas o esclavas sexuales por parte de los cárteles es un fenómeno creciente.

DATOS DEL INFORME PRESENTADO POR CATWLAC

Durante el año de 2016 se registró un aumento de casos atendidos por el Sistema Alerta Roja (SAR) que es el Sistema de Auxilio a Víctimas de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés). De 203 caso atendidos en 2015, en 2016 año se atendieron 276 casos.

Sin embargo, de los datos sociodemográficos de los casos atendidos, se pudo confirmar por quinto año consecutivo que el rango de edad donde hay mayor número de víctimas es de los 12 a los 18 años de edad, seguido del grupo de 18 y una de 25 años. Y que 246 víctimas eran del sexo femenino y 30 del sexo masculino.

227 víctimas de las 276 se encuentran en las categorías de ingreso medio bajo, pobreza y pobreza extrema, aunque también hay víctimas de clases más privilegiadas. Que las formas de reclutamiento más común siguen siendo la fuerza, el engaño y la seducción, incluyendo el enamoramiento por redes sociales.

Los delitos más comunes durante el año en estudio fueron: la trata de personas, explotación de la prostitución u otras formas de explotación sexual, la desaparición, la privación ilegal de la libertad y el reclutamiento para actividades delictivas de la delincuencia organizada.

De los 276 casos atendidos durante 2016, hubo delincuencia organizada en 74 por ciento y en 26 por ciento hubo delincuencia común. En 4 por ciento de los casos hubo feminicidio, en 60 por ciento no hay datos y en 36 por ciento no hubo feminicidio, por lo menos, hasta el momento.

De los 276 casos atendidos en el 2016, 68 por ciento siguen desaparecidas, 28 por ciento fueron localizadas con vida y 4 por ciento sin vida. Cabe destacar que 2016 es el año en el que menos rescatadas/localizadas hemos tenido desde que empezó la operación del Sistema Alerta Roja.

De 87 denuncias a nivel federal, se obtuvieron 7 sentencias, lo que representa un porcentaje de impunidad de 92 por ciento. Tenemos 4 años con una Averiguación Previa que duerme el sueño de los justos en el cubículo de alguna MP Federal de SEIDO, desde hace 4 años. De 196 denuncias presentadas a nivel local, se obtuvieron 5 sentencias, lo que representa un porcentaje de impunidad del 98 por ciento.

Los estados de la república que tienen mayor incidencia como lugares de origen son:

Con el apoyo recibido por el InmujeresCDMX durante 2016 como parte del Programa de Coinversión, pudimos emitir 12 boletines de prensa, 803 post en redes sociales (Twitter y Facebook), 5 entrevistas publicadas de casos específicos y 22 casos de desapariciones en la Ciudad de México. Se promovieron 5 cambios de identidad, 3 reubicaciones, se dio asesoría y representación jurídica a 5 causas penales, 8 denuncias con resguardo de identidad y se le dio seguimiento por lo menos a 11 carpetas de investigación. También se interpusieron 5 amparos y una apelación.

CONCLUSIONES

Identificamos en el acceso a la justicia los principales obstáculos: se encuentran en la vacilante voluntad de la esfera institucional, los tres poderes del Estado muestran debilidad, falta de recursos técnicos, financieros y humanos además de la persistencia de factores culturales que promueven la sumisión y el miedo entre las mujeres legitimando la violencia. La sinergia negativa entre la debilidad institucional y la cultura patriarcal favorecen la impunidad.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

17/TUZ/LGL

 

 








REPORTAJE
VIOLENCIA
   De 2012 a 2015 asesinan cada semana a una mujer
Olga Nayeli: feminicidio sin justicia en Puebla
CIMACFoto: Samantha Páez
Por: Samantha Páez*
Cimacnoticias | Puebla, Pue .- 30/11/2017

Olga Nayeli Sosa Romero tenía una sonrisa amplia y una cara redonda enmarcada por su cabello largo, negro y lacio. Su familia la recuerda como una mujer leal e inteligente, que siempre les impulsaba a conseguir sus metas.

La vida de Olga Nayeli terminó el 9 de junio de 2014. Su esposo Moisés la mató a golpes en su casa; luego cercenó el cuerpo en pedazos, subió los restos de Olga al coche y manejó una hora y media de la ciudad de Puebla hasta el municipio de Huaquechula, donde finalmente los roció con gasolina y les prendió fuego.

Los 35 años de logros e ilusiones acumulados en el cuerpo de Olga quedaron reducidos a huesos calcinados, imposibles de identificar sin una prueba de ADN.

En el estado de Puebla de 2012 a 2015 fue asesinada una mujer cada semana, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), elaborados con los certificados de defunción que emite la Secretaría de Salud, actas de defunción del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público.

Durante 2013 los homicidios de mujeres subieron 66 por ciento en comparación con el año anterior. Fue en ese año que la entidad dejó los últimos lugares en asesinatos de mujeres para ubicarse entre los diez estados con más casos a nivel nacional.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

En Puebla cuatro de cada diez mujeres fueron asesinadas en sus propios hogares, como ocurrió con Olga Nayeli. De las que mataron en sus casas, la mitad estaba casada o en unión libre, como Olga, y una de cada cuatro tenía de 26 a 40 años al momento de su homicidio.

Olga Nayeli no trabajaba en el momento en que su esposo la mató. Tampoco lo hacían cuatro de cada diez de las mujeres víctimas de homicidio en Puebla. Olga estaba estudiando su segunda licenciatura, mucho tiempo atrás había terminado Estomatología, con un excelente promedio. Hasta pocos días antes de su muerte estudiaba Enseñanza de francés en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), porque quería dar clases a niños y niñas de la edad de su hija Sara.

Para Olga Nayeli Sosa su hija era su principal motivación para seguir aprendiendo. Desde que supo que estaba embarazada escuchaba música especial y leía mucho sobre cuestiones relacionadas al parto o la crianza. Cuando nació Sara se dedicó a buscar libros, música y programas de televisión que la formaran y resolvieran sus inquietudes.

Olga siempre acompañaba a su hija de 4 años a todas sus actividades, por eso a su familia se le hizo muy extraño que ese lunes 9 de junio no llevara a Sara a la clase de ballet. Todo ese día sus padres y sus hermanos intentaron localizarla, pero su teléfono estaba apagado. Moisés, con mucha tranquilidad, les dijo que seguro estaba haciendo cosas. Fue hasta la madrugada del martes que les confirmó su desaparición.

A partir de ese momento los padres, hermanos, primos y amigos la empezaron a buscar en hospitales, agencias del Ministerio Público y en las calles cercanas a su casa. Mientras, Moisés se mantenía en calma y trataba de hacer su vida con normalidad.

Cuando la familia de Olga lo acompañó a interponer la denuncia por la desaparición, Moisés les dijo a los agentes ministeriales que seguro era un berrinche y que quizás se habría ido con algún amante.

Pero quienes conocieron a Olga saben que eso era imposible: ella siempre fue muy leal y no soportaba las mentiras, el día que descubrió a Moisés en una mentira le pidió el divorcio.

CIMACFoto: Marlene Martínez

Después de varios días de búsqueda, los agentes del Ministerio Público llegaron a revisar la casa de Olga. Había un olor fuertísimo a cloro, los peritos descubrieron restos de sangre en la casa y, sobre todo, en el baño. El esposo de Olga iba perdiendo el color de la cara en tanto las autoridades encontraban más pruebas.

Le pidieron que metiera al coche a la casa y allí encontraron más rastros de sangre, así como varios de los objetos con que se deshizo del cuerpo.

Al día siguiente del cateo Moisés acudió a rendir su declaración y fue en ese momento que confesó el asesinato; dijo que “fue de forma imprudencial porque al calor de una discusión la empujó y ella se desnucó”. Los huesos que quedaron de Olga lo desmienten: su cráneo seguía pegado a su columna, murió por los golpes que él le dio con un mazo.

Olga Nayeli habría sufrido también violencia familiar previa, pues 15 días antes de su homicidio llegó a casa de su madre con moretones en los brazos. Las marcas tenían la forma de unos dedos, como si alguien la hubiera sujetado muy fuerte. Años antes Olga llegó una noche con la mano lastimada y llorando; le dijo a su familia que sin querer se machucó con la puerta del coche y no quiso hablar más del incidente.

Moisés, médico de profesión, la obligaba a tomar medicamento porque supuestamente sufría hipotiroidismo. A partir de entonces Olga Nayeli tenía crisis de ausencia, no se acordaba de muchas cosas que hacía o decía.

Según el Sinais en Puebla ocho de cada diez mujeres que fueron asesinadas y sufrieron violencia familiar previa murieron en sus hogares.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

El Código Penal del estado de Puebla señala que una de las hipótesis para que se acredite el delito de feminicidio es la violencia previa. De tal forma que los 20 casos donde sí hubo violencia se podrían considerar no como homicidios, sino como feminicidio.

Aunque para la abogada Karla Micheel Salas Ramírez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quien litigó uno de los casos de Campo Algodonero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría de homicidios de mujeres en el país serían feminicidio.

En el caso de Olga Nayeli cumple con cuatro de las nueve causales de feminicidio vigentes en el estado de Puebla: la violencia previa antes del homicidio, las lesiones crueles y degradantes que sufrió su cuerpo, la relación sentimental que tenía con su homicida y que éste la mantuvo incomunicada antes de muerte.

Sin embargo, la justicia está lejos de llegar para Olga: el asesino no tiene sentencia porque interpuso varios amparos, porque pide que los restos de quien era su esposa se sometan a pruebas, porque ni siquiera muerta la deja descansar.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

17/SP/LGL








NACIONAL
POLÍTICA
   Candidata y vocera del CIG en la UNAM
“Tomar la palabra como una forma de resistencia”: Marichuy y Araceli Osorio
"Ya Basta, llegó la hora de las mujeres": Marichuy en su recorrido por CU | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad.- 29/11/2017

Las causas de los pueblos indígenas y de las mujeres víctimas de violencia de género se fundieron en una sola en el abrazo entre la aspirante a candidata independiente a la Presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez y Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy Berlín Osorio, joven asesinada el pasado 3 de mayo en Ciudad Universitaria.

Las dos causas se hicieron una porque si hay alguien con el firme propósito de llevar la palabra de los pueblos indígenas y de las mujeres a una campaña electoral es María de Jesús, Marichuy, la indígena jalisciense, docente de medicina herbolaria en la Universidad de Guadalajara y vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG).

Esa fue la percepción de una parte de la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que este martes organizó una verbena con rock y rap en vivo para recibir a la vocera, la mujer elegida por los pueblos indígenas, ovacionada por universitarios y respaldada por movimientos sociales.

La vocera del Concejo Indígena de Gobierno a su llegada al Instituto de Ingeniería de la UNAM CIMACFoto: César Martínez López

En su recorrido por el país para recolectar firmas de apoyo que le permitan ser candidata independiente a la Presidencia de la República y que a su vez su nombre aparezca en las boletas electorales, Marichuy llegó a la máxima casa de estudios pero antes de hablar frente al grupo de jóvenes hizo un alto en el Instituto de Ingeniería, donde se sumó a la causa de las mujeres.

La tarde de este martes, la vocera, flanqueada y custodiada por concejalas indígenas, llegó al Instituto de Ingeniería en el circuito universitario, justo frente a la caseta telefónica donde el 3 de mayo fue encontrado el cuerpo de Lesvy Berlín Osorio, joven de 22 años de edad que presuntamente fue asesinada pero que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México insiste en que se suicidó enredándose al cuello el cable del teléfono público.

Allí, donde la Red universitaria en apoyo al CNI colocó flores moradas, cruces rosas y pancartas, una mesa sirvió de templete para que Marichuy subiera y se dirigiera a las y los estudiantes que le pidieron ser partícipe de un homenaje a Lesvy y a las mujeres, a aquellas a quienes les arrancan la vida por el simple hecho de serlo.

En el pequeño espacio delimitado por cintas rojas y amarillas que se usan para resguardar la escena de un crimen, la vocera fue acogida por Araceli Osorio Martínez, trabajadora del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) y quien como Marichuy ha emprendido una campaña, pero ella para encontrar justicia para su hija, Lesvy Berlín Osorio.

La vocera del CIG junto a Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy, a quien le manifestó "nuestro acompañamiento sincero y humilde que no es de coyunturas políticas y menos electorales" | CIMACFoto: César Martínez López

En ese ritual dedicado a las víctimas de feminicidio y donde se hizo presente la música del tambor, el sonido de los cuernos y el olor a copal, ambas mujeres, una surgida de la tierra, como lo afirma el escritor Juan Villoro; y la otra surgida de la lucha sindical pero forjada como activista y madre de una víctima, se dieron un abrazo donde hicieron converger sus causas.

Mientras el estudiantado se arremolinaba en la explanada de la Biblioteca Central y la Torre de Rectoría y las personas auxiliares se daban a la tarea de recabar firmas para conseguir que Marichuy sea candidata independiente, en la caseta telefónica ambas mujeres unieron dos demandas que esperan ver repetirse en la próxima contienda electoral.

En el acto, Sonia Salas, en representación de la Red universitaria en apoyo al CNI, reclamó verdad y justicia para todas las compañeras asesinadas y en su mensaje pidió a la vocera ser también la portavoz de las mujeres, de aquellas que alzan la voz para decir “no fue suicidio, fue feminicidio”, como la madre de Lesvy.

Con un llamado a la unión, Marichuy dijo a Araceli que los pueblos indígenas y el CIG comparten el dolor de las mujeres como también viven “los dolores del México de abajo”, un grito desesperado que los animó a sostener una candidatura y tomar fuerza para desenmascarar, en el contexto electoral, lo que está pasando en el país.

Así, serena y sin más palabras, la vocera llamó a seguir luchando para construir un mundo nuevo porque, dijo, este se está desquebrajando.

María de Jesús Patricio fue acompañada por las concejalas del CIG y de Araceli Osorio en una marcha rumbo a Rectoría | CIMACFoto: César Martínez López

Hermanadas y custodiadas por una cadena humana donde había estudiantes, sindicalistas y sobrevivientes de violencia como las Mujeres de Atenco, Marichuy, Araceli Osorio y las concejalas del CNI, recorrieron Ciudad Universitaria hasta llegar a Las Islas, donde la comunidad estudiantil las esperaba en una fiesta de música y candor político.

Con el fondeo previo de una canción interpretada por Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, en medio de tambores, el sonido de los cuernos, el coro “Marichuy hoy nos dice: Otro mundo es posible”, la vocera llegó a Las Islas y subió al templete, siempre acompañada por Araceli Osorio.

Llegada la noche, tras las palabras de concejalas y activistas, Araceli tomó el micrófono para decir que lleva tiempo sin creer en las autoridades y en las instituciones que le dicen que Jorge Luis González Hernández no asesinó a su hija, que sólo miró cuando ella se suicidó, y enfatizar que confía cuando los pueblos originarios le dicen que otro mundo es posible: “Yo le creo, compañera”, afirmó.

Marichuy a su llegada a Rectoría | CIMACFoto: César Martínez López

Con la digna palabra, como lo mencionó la madre de Lesvy, se dirigió a la comunidad universitaria y les dijo: “A pesar de todo el dolor, este día hay esperanza y se ha sembrado en mi corazón, y considero, que en el de muchos de ustedes. No estamos solos, no estamos solas”, por eso convidó a tomar la vida como una forma de resistencia.

Tras los gritos de “Ni una más, ni una asesinada más”, que prácticamente sólo repetían las mujeres, y como repuesta, cuando Marichuy tomó la palabra, repitió que el CIG no ha dejado de estar atento a las rabias y los dolores como el de Lesvy Berlín, asesinada en Ciudad Universitaria.

“A ellos, a ella, a sus familias les manifestamos nuestro acompañamiento sincero y humilde que no es de coyunturas políticas y menos electorales. Tengan por seguro que la memoria es la virtud de las comunidades y pueblos del CNI, por lo que estamos y estaremos hombro con hombro con ustedes”, mencionó.

VER LA GALERÍA FOTOGRÁFICA COMPLETA AQUÍ

Convencida de que otra forma de gobernar es posible aun cuando lleva 7 por ciento de las firmas requeridas para conseguir la candidatura independiente, dijo: “Tenemos dolor y rabia por la impunidad ante miles de feminicidios, por la violencia sistemática que día con día vivimos las mujeres del campo y las ciudades y que nos hacen decir ¡ya basta!, llegó la hora de las mujeres. Y no tengan duda, nosotras también vamos por todo”.

Aludiendo a la filosofía de los pueblos y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Marichuy recalcó que su lucha y su apuesta es grande y es en busca de construir un México en el que las mujeres no falten nunca más en el camino y en los trabajos para sanar la patria.

17/AGM/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   En 3 años pasan de 33 a 151
   Quinta de nueve partes
Incrementan 51 por ciento homicidios contra mujeres en Hidalgo
Imagen de Samantha Páez
Por: Elsa Ángeles*
Cimacnoticias | Hidalgo, Pach.- 29/11/2017

Jessica González Mandujano tenía 16 años cuando conoció a un capitán del Ejército mexicano durante una histórica inundación en la ciudad de Tulancingo, municipio de Hidalgo. Él prácticamente le doblaba la edad, era casado y tenía hijos. Eso no lo detuvo, la enamoró y la convenció de irse con él a Chiapas para iniciar una vida en pareja.

Fueron 14 años juntos, tres hijos y una violencia constante que fue en aumento hasta que la víctima fue objeto de torturas físicas y sexuales extremas en presencia de sus pequeños hijos, de apenas 10, 7 y 6 de edad. Jessica sólo concluyó la secundaria y nunca trabajó de manera formal, vendía productos por su cuenta.

En Hidalgo, casos como el de Jessica, ejemplifican la gravedad de la violencia contra las mujeres por sus características y patrones.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), los cuales son tomados de los certificados de defunción que emite la Secretaría de Salud, actas de defunción del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público, en Hidalgo aumentaron los homicidios de mujeres en un 51 por ciento en tres años (de 2012 a 2015).

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

Aunque el feminicidio se tipificó como delito en la entidad a partir del año 2013, es posible tomar los registros un año antes, cuando fueron definidas sus características desde el Código Penal Federal.

En 2012 se registraron 33 homicidios, al siguiente año disminuyeron a 31, pero en los siguientes dos años, 2014 y 2015, aumentaron a 40 y 50 casos respectivamente. Es decir, un número acumulado de 154.

En ese periodo, casi la mitad de los homicidios totales (46 por ciento) fueron de mujeres entre los 26 y 40 años de edad. En la revisión sobre el lugar de deceso de las mujeres en Hidalgo, en el hogar se registró 59 por ciento de los asesinatos mientras que en la vía pública fue de 41 por ciento. En el 2014, 75 por ciento de los casos de feminicidio sucedieron dentro del hogar, mientras que al año siguiente los casos en este lugar disminuyeron al 37.5 por ciento, pero incrementaron en la vía pública 62.5 por ciento.

Respecto a las víctimas, la mayoría fue asesinada durante las primeras horas del día, entre la una de la madrugada y 12 del mediodía (48 por ciento en la vía pública y 53.7 por ciento en el  hogar); respecto a si vivían en pareja o eran solteras, en los casos dentro del hogar, 60 por ciento estaban casadas y en unión libre  se encontraban 32.5 por ciento.

En los homicidios ocurridos en la vía pública más de la mitad eran mujeres solteras; 2.3 por ciento divorciadas y 2.3 por ciento separadas; en el caso de las víctimas dentro del hogar, 22.7 por ciento vivían en unión libre y 13.6 por ciento casadas.

En cuanto a nivel de estudios, la mayoría de las víctimas en el hogar tenían concluida la primaria y secundaria (8.1 por ciento en cada caso); con bachillerato completo 10.5 por ciento y nivel profesional 7 por ciento.

De acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Información de Salud, durante el periodo de 2012 a 2015, en 81por ciento de los casos no especifica si existió o no violencia familiar previa al homicidio, en 7 por ciento de los casos no hubo antecedentes y en 12 por ciento sí lo hubo, lo que es una de las características para que estos asesinatos se investiguen como feminicidio. En el caso de Jessica eso no ocurrió.

A finales de 2013 ella presentó la primera denuncia por violencia familiar. El victimario fue detenido hasta mayo del siguiente año, pagó fianza y salió libre dos días después.

El juez 2º Penal de Tulancingo, Porfirio Austria Espinosa emitió orden de restricción pero nunca notificaron a la víctima. El 15 de junio, el militar ingresó a la casa y golpeó a Jessica frente a sus hijos. Ella levantó la segunda denuncia por lesiones y decidió refugiarse en casa de sus padres.

Fue víctima de dos agresiones más de su ex pareja; en una de ellas, la violó y golpeó con una pistola. Todas las agresiones las denunció ante el Ministerio Público.

En julio, sacó a Jessica y a sus hijos de la casa de los abuelos a golpes y se los llevó a la casa de otro militar, donde los tuvo encerrados durante toda la noche. A lo largo de esas horas, la violó, golpeó y amenazó de muerte. Por la mañana, Jessica logró escapar con sus hijos y volvió a denunciar.

Dos días después decidió pedir ayuda en la 18ª zona militar a la que pertenecía su expareja, pero la remitieron a la Procuraduría de la Defensa del Menor que pertenece al Sistema DIF. De ahí la canalizaron a la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual (UEPAVFS) que depende de la Secretaría de Salud estatal.

Tras una valoración psicológica a madre e hijos, solicitaron el ingreso inmediato al Refugio para mujeres violentadas en Pachuca; esto fue el 25 de julio de 2014.

Tenían apenas 12 días de resguardo cuando las autoridades notificaron a la familia que Jessica y sus hijos no podían seguir en el refugio porque ella “había tenido una conducta agresiva y había ido a mover a las demás” mujeres internas del refugio.

El abogado de la víctima, proporcionado por el Ejército,  los llevó a una casa particular prestada en el municipio de Mineral de la Reforma, zona conurbada de la capital del estado, mientras realizaban gestiones para sacarla hacia el norte del país.

Ahí estuvieron del 7 al 14 de agosto, hasta que su ex pareja los encontró. La asesinó con arma de fuego, junto con su hermano Gerardo, frente a sus tres hijos, alrededor del mediodía. Jessica tenía entonces 31 años de edad.

Imagen de Elsa Ángeles

La familia de la víctima presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo el 29 de agosto de 2014. El organismo tardó casi tres años en emitir la recomendación R-VG-0001-17, apenas el pasado 10 de marzo la emitió.

En 59 cuartillas detalló cada una de las omisiones y violaciones que cometieron autoridades y personal de tres instancias: Procuraduría, Secretaría de Salud y Tribunal Superior de Justicia, ninguna protegió la vida de Jessica, ni a sus hijos.

La recomendación de la Comisión solo pidió establecer protocolos en materia de atención a víctimas de violencia familiar, capacitar al personal y “girar instrucciones a quien corresponda para que inicie procedimientos contra la autoridad responsable”.

Hasta la fecha la recomendación sigue sin cumplirse y el feminicida de Jessica sigue prófugo.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

17/ES/LGL








MONEDERO
LABORAL
   Monedero
La responsabilidad del Estado en la violencia económica
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/11/2017

El sábado 25 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En México es una fecha particularmente importante porque en los últimos años se ha presentado un crecimiento exponencial de este tipo de violencia en sus diversas expresiones, incluyendo la más fatal: el feminicidio.

De enero a junio del año en curso se registraron 784 asesinatos de mujeres, especialmente en los estados de México (que ocupa uno de los primeros lugares en feminicidio y en violencia contra la mujer); Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa y Colima. (Datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio).

Actualmente existen Alertas de Género en las siguientes entidades: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero, Colima y Nayarit. Sin embargo algo se está haciendo mal por parte de las autoridades federales o estatales, porque estas Alertas no están dando los resultados que debieran y que se esperaban, es decir, sigue aumentando la violencia en esas entidades.

Se considera que 2016 ha sido el año con más  violencia y feminicidio contra las mujeres en los últimos 27 años. ¿Qué está sucediendo en el país? ¿por qué ese desmesurado crecimiento de la violencia?

Según Inegi de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento (6 de cada 10), 30.7 millones, ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida. 

Cuatro de cada diez ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación; y 5 de cada 10 sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja.    

Entre 2014 y 2016, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. 

El Inegi se ha dado a la tarea de clasificar esta violencia en diferentes tipos, incluso en este año ha invertido importantes cantidades de dinero en un Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM), muy completo y seguramente muy costoso, que incluye un glosario, donde define qué es violencia de género, económica y patrimonial entre muchos otros conceptos importantes.

Define como Violencia económica al chantaje del hombre hacia la mujer entrevistada, al controlar los ingresos monetarios del hogar, o bien, al cuestionar la forma de utilizarlos.

Las situaciones consideradas en torno al gasto son: reclamos en lo referente al dinero; ser codo o tacaño con los aportes a la casa; no cumplir con darlo o amenazar con no aportarlo; desviar el sustento económico necesario para la casa. Y, finalmente, adueñarse o quitarle dinero o bienes (como por ejemplo, terrenos, automóviles, joyas, entre otros) y prohibirle trabajar o estudiar. La Ley vigente define este concepto en los siguientes términos:

Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo.

En el caso de la Violencia patrimonial se refiere a los actos de coerción y despojo hacia las mujeres de 15 y más años, de sus bienes, recursos materiales o propiedades. El objetivo es identificar si algún familiar o la pareja las ha forzado u obligado para poner sus pertenencias a nombre de otra persona o las ha despojado quitándole o robándole sus bienes o pertenencias.

La Ley vigente define este concepto en los siguientes términos:

Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

Es muy importante considerar estas definiciones por la forma en que se presenta la siguiente gráfica, donde en el renglón de violencia económica y patrimonial (que la juntan) incluye violencia por parte de la otros agresores, pero de acuerdo a la definición proviene de la pareja y obviamente presenta una cifra muy baja.

Ver gráfica

Desde luego en estas definiciones que da Inegi no se considera la violencia económica que ejerce el Estado, -solo aparece como responsable la pareja- sus instituciones y la política económica, a través de la política laboral, que es violencia económica, provocando que las trabajadoras mexicanas experimenten otro tipo de violencias porque están estrechamente interrelacionadas y lo que a su vez contribuye a una enorme desigualdad de género, en detrimento de las mujeres.

No es posible que la violencia  económica y patrimonial sea de apenas 29.0 por ciento, más allá de las cifras del silencio, que desde luego son muy importantes. De acuerdo con la nota publicada por Cimacnoticias titulada “México, entre los cinco primeros países con más desigualdad laboral para mujeres”, México se posicionó como el quinto país de Latinoamérica y el Caribe con mayor desigualdad para las mujeres. El área laboral fue en la que las mexicanas tuvieron menos oportunidades, informó el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

En el “Informe global sobre la brecha de género 2017”, publicado este mes, el WEF señaló que México ocupó el lugar 20 de 24 países de la región latinoamericana y del Caribe analizados; y la posición 81 de 144 en el mundo. Tras analizar el nivel de participación y oportunidades económicas, políticas, educativas y de acceso a los servicios de salud de las mujeres, el organismo internacional evidenció que de 2006 a 2017 se incrementó la brecha de género en el país pues hace 12 años ocupó el lugar 75.

En una escala del 0 (imparidad) al 1 (paridad) este año el WEF –compuesto por personas empresarias, políticas y analistas sociales de economías de todo el mundo- calificó a México con una puntuación de apenas el 0.692, lo que significa que las mujeres continúan enfrentando más desventajas en los ámbitos laboral, educativo, de salud y política.

En realidad ¿cuáles son los verdaderos componentes de la desigualdad y de la violencia económica, incluso patrimonial contra las mujeres? Básicamente son nueve:  

  • Violación de los derechos económicos, laborales y humanos
  • Carga de Trabajo doméstico no Remunerado, Carga de trabajo de género que se traduce en suelo pegajoso y desigualdad de género
  • Desigualdad de género en los salarios y brecha salarial
  • Jornadas Laborales
  • Salarios y brechas salariales
  •  
  • Acceso a los derechos laborales: seguridad social, sindicalización, capacitación
  • Derecho a la salud
  •  

Si se consideraran estos elementos para medir la violencia económica y patrimonial contra las mujeres ese 29 por ciento crecería muchísimo. Pero sobre todo se vería la interconexión que existe con la violencia doméstica y la desigualdad de géneros; incluso con el feminicidio. Marcela Lagarde tiene mucha razón, esa violencia machista se ha exacerbado con el avance social de las mujeres, en particular en un espacio masculino por excelencia: el mundo laboral.

Por ejemplo, en el Presupuesto para la Igualdad –que solamente representa 0.0.5 por ciento de total del gasto público- el programa: “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres” que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, recibió y recibe muy escasos recursos. En 2017 fueron de 0.0.1, del  gasto para la igualdad; seguramente una cifra muy distinta a la que se destinó para ese Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM). Hubiera sido mejor destinar esos recursos a las acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, violencia económica, feminicidio, desigualdad de género y clasificación de la violencia y estadísticas sobre violencia contra las mujeres.

* Economista especializada en temas de género

twitter @ramonaponce

17/CRPM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Petición recolecta más de 13 mil firmas de la sociedad civil
Piden a Fiscalía de SLP esclarecer la muerte de Karla Pontigo
Imagen de Amnistía Internacional
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 27/11/2017

Amnistía Internacional México y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) entregaron más de 13 mil firmas de la sociedad civil a la Secretaria General de Gobierno y a la Fiscalía General de San Luis Potosí para exigir que se esclarezca la muerte violenta de Karla Pontigo Lucciotto.

La versión oficial de la Fiscalía local señala que Karla Pontigo, estudiante de Nutrición de 22 años de edad y animadora de la discoteca “Play”, falleció accidentalmente en este lugar el 28 de octubre de 2012 a causa de una lesión en la pierna que se hizo por chocar contra una puerta de cristal.

Sin embargo las 40 heridas que presentaba el cuerpo de la joven no correspondía con esta versión, además en una autopsia que realizaron las autoridades registraron evidencias de una agresión sexual.

La petición sobre la verdad de los hechos está dirigida al gobernador de San Luis Potosí (SLP), Juan Manuel Carreras, y las firmas fueron recolectadas por ambas organizaciones que han acompañado el caso como parte de la campaña #JusticiaparaKarla, emprendida en mayo de este año en la Ciudad de México.

Fue la madre de Karla, Esperanza Lucciotto, quien entregó a las autoridades las exigencias de la sociedad civil el pasado 23 de noviembre y, de acuerdo con un comunicado de prensa, en la reunión se le recordó a los integrantes de la Fiscalía y la Secretaría la importancia de dar cumplimiento a la recomendación 55/2015 que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno del estado por las deficiencias en la investigación de la muerte de Karla.

A raíz de una investigación deficiente, el 5 de septiembre de 2013 el Juez Segundo del Ramo Penal de San Luis Potosí dictó auto de formal prisión contra el dueño de la discoteca Play, Jorge Vasilakos Reyes, acusado por el delito de “homicidio culposo”, por no colocar un señalamiento de precaución en las puertas de cristal.

CNDH: “NO SE COMPROBÓ EL DELITO”

En diciembre de 2015 la CNDH señaló en la recomendación que la Fiscalía de SLP “omitió practicar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos” y que “la descripción de las lesiones fue incompleta, inadecuada y deficiente, sin fundamentos que la avalen”.

La CNDH responsabilizó a los agentes del Ministerio Público (MP) de abstenerse “a practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes para la comprobación del cuerpo del delito”.

La familia ha denunciado que en la indagación se obviaron los testimonios que revelaron que Jorge Vasilakos acosaba en el trabajo a Karla, le prohibió que sus hermanos fueran a recogerla al terminar de laborar y la buscaba en el spa donde trabaja como masajista para pagarle su sueldo y aprovechar que lo atendiera.

El MP tampoco interrogó a testigos claves como los paramédicos que atendieron a Karla y los policías que acudieron a la discoteca.

Respecto a los peritos, la CNDH indicó que son los responsables de actuar con negligencia al “emitir dictámenes deficientes carentes de conocimiento científicos, impidiendo que se realizara una correcta integración de la indagatoria”.

Por esta razón el órgano de Derechos Humanos presentó una denuncia contra ocho funcionarios de la Fiscalía estatal por obstaculizar la investigación del caso de Karla Pontigo (4 agentes del MP, 3 peritos y un médico forense).

De las cinco recomendaciones que dictó la CNDH al gobierno de SLP, se pide la reparación del daño para la familia de Karla y capacitar al personal ministerial y peritos de la Fiscalía en materia de Derechos Humanos, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, etc.

“QUE NO VUELVA A OCURRIR”

Como parte del apoyo y solidaridad a la familia de Karla estuvo presente el directo de Amnistía Internacional (AI) España, Esteban Beltrán, asimismo otras sedes de la organización como AI Venezuela, han hecho llamados a las autoridades para que esclarezcan la muerte violenta de la joven.

Para la familia de Karla Pontigo aún queda la posibilidad de que se vuelva investigar como feminicidio el caso, ya que en julio de 2014 solicitaron a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso.

El máximo tribunal lo aceptó en febrero de 2015 y se espera que el próximo año las y los ministros lo discutan, con ello podrían ordenar que se vuelva a realizar la investigación con perspectiva de género.

Por último, en la reunión, la madre de Karla exigió justicia para su hija “para que lo que le pasó a ella no le vuelva a ocurrir a nadie” dijo. De acuerdo con datos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de 2011 a junio de 2017 ocurrieron 169 asesinatos violentos de mujeres en SLP.

Por este contexto seis municipios de la entidad cuentan con la Alerta de Violencia de Género (AVG) desde junio de 2017.

17/HZM








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Cada año son asesinadas por sus parejas más de 60 mil mujeres
   
“Atrapadas. Del amor romántico al feminicidio”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Gua .- 23/11/2017

La Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG), en Madrid, España, realizará el performance “Atrapadas. Del amor romántico al feminicidio”, con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La AMG reúne en Madrid a mujeres de todos los continentes para denunciar que el amor romántico daña gravemente su autonomía y constituye, en innumerables ocasiones, la antesala del feminicidio.

La performance pone en escena a mujeres jóvenes, vestidas de novia, con corazones “humanos” atrapados en jaulas, que recorrerán la Gran Vía de Madrid, interactuando con las y los peatones, a través de una reflexión sobre la crisis global denominada feminicidio y algunas de sus raíces más profundas, como las creencias sobre el amor romántico.

La información destaca que cada año, en el mundo, son asesinadas más de 60 mil mujeres a manos de hombres con quienes mantenían una relación de pareja o por familiares.

Asimismo, señala que las mujeres, en todo el mundo, viven atrapadas por mandatos que les imponen el “ser para otros”; se trata de reglas que, aunque están descomponiéndose en algunos lugares del planeta, no terminan de romperse por completo; son instituciones sociales diseñadas para el mantenimiento de la dominación patriarcal, a base de la subordinación de las mujeres.

Uno de esos mandatos es el del amor romántico, un complejo conjunto de creencias y mitos que diseña y esculpe, bajo pena de castigo social, mujeres que están socializadas para sacrificar enormes dosis de su libertad y autonomía a cambio de encajar en un molde que no sólo se convierte en su prisión sino del cual les es, en muchos casos, imposible escapar vivas.

El amor romántico es la categoría cultural en que se asienta el modelo de pareja y de familia patriarcal que representa en la actualidad uno de los escenarios de mayor riesgo para la vida de las mujeres; es un mandato social y de género que daña gravemente la libertad, la autonomía y la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres; es también la antesala de la inmensa mayoría de feminicidios, subraya.

Algunos datos recabados por la AMG, destacan que cada año 60 mil mujeres y niñas son asesinadas de manera violenta en 104 países y territorios del mundo, lo que representa 16 por ciento de los homicidios dolosos en el hemisferio, según el Informe Carga Global de la Violencia Armada 2015, Secretaría de la Declaración de Ginebra.

Dos de cada tres víctimas de homicidio a manos de la pareja o familiares son mujeres, a diferencia del total de casos de homicidio, en los cuales las mujeres constituyen 20 por ciento de las víctimas, refiere The World’s Women 2015, ONU Mujeres.

17/RED/LGL








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