ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Responde con discursos a violencia de género
Gobernador de Chiapas pide a mujeres pintar bardas para enfrentar feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Valeria Valencia Salinas
Cimacnoticias | San Cristóbal de Las Casas, Chis.- 11/08/2017 El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, “alentó” a las mujeres del municipio Huixtla a poner un alto a la violencia de género pintando bardas en sus barrios y ejidos y aseguró que aquellos que las maltraten “se irán a la chingada y al Amate”, esto, horas después que se registrara un feminicidio en el municipio costeño, el segundo de esta semana y tercero en lo que va del mes.
 
A manera por demás banal, Velasco Coello respondió al problema de los feminicidios que suceden en Chiapas pidiendo a las asistentes que denuncien “en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la Fiscalía Especializada para atender a las mujeres” para mandar “al Amate y a la chingada” a los que las maltraten.
 
Con una actitud paternalista, el gobernador las llamó “ustedes, mis mujeres” y les pidió que alzaran la mano para que repitieran a coro después de él: Vamos… A denunciar… A quien no… Respete… A las mujeres… Lo vamos… A mandar… Al Amate… ¡Y a la chingada!
 
“¡A ver a ver a ver, tranquilas!”, les decía a las asistentes, todas mujeres, cada que ellas lo ovacionaban, para luego asegurarles que les entregaría una clínica de atención a las mujeres, así como prometerles que “Los apoyos para las mujeres en Huixtla se van a intensificar”.
 
Ante el problema de feminicidio en Chiapas, donde tan sólo en lo que va de este mes de agosto, se registraron tres asesinatos, el gobernador sólo atinó a dar un retórico y sexista discurso: “Hay un tema que me preocupa mucho, en toda la costa hay violencia en contra de las mujeres y en Huixtla tienen que entender que a las mujeres se les respeta, que a las mujeres se les debe de apoyar, cuidar y proteger y nadie tiene el derecho a tocarlas ni con el pétalo de una rosa”.
 
Además, les pidió “su apoyo” para denunciar la violencia hacia ellas y no queden impune sus maltratadores: “Quiero pedirles que me ayuden, su apoyo, así como están grabando con sus celulares cada una de ustedes, quiero que me ayuden a denunciar, si ustedes tienen una amiga, una hermana, una prima, una vecina, una conocida que haya sido agredida física o sicológicamente que haga la denuncia en las redes sociales, en los medios de comunicación, a través de la Fiscalía especializada para atender a las mujeres.
 
“Para que acá en Huixtla no quede impune ningún delito en contra de las mujeres, y el que no respete a las mujeres en Huixtla, se vaya a la cárcel. Ustedes son mis ojos en los barrios, en las comunidades, en los ejidos, ustedes son mis mujeres que me deben de ayudar a combatir la violencia en contra de las mujeres en Huixtla.
 
“Me van a ayudar ¿sí o no?” preguntaba eufórico el joven gobernador del Partido Verde Ecologista de México y pidió: Quiero que levanten la mano todas mis compañeras acá presentes y que juntos digamos: ¡Basta a la violencia contra las mujeres!

Y remató pidiendo: “Necesito que me ayuden, que en su colonias, en sus barrios, pintando bardas con una mano que diga Basta a la violencia contra las mujeres y yo les pido ayuda a cada una de ustedes. ¡Que dios los bendiga mucho!”
 
En esta semana se registró el feminicidio de Lizet, una mujer de 21 años en el municipio de Huixtla, de oficio mesera, cuyo cadáver fue encontrado a las afueras del municipio; un día antes se informó sobre Rosa, de 60 años de edad, quien de igual forma fue encontrada entre matorrales con evidentes señas de violación sexual y tortura, y el 9 de agosto en el municipio de Ocosingo, Esveydi, una joven de 16 años fue asesinada a puñaladas.
 
17/VVS







ESTADOS
VIOLENCIA
   Piden proceso transparente y riguroso
Presentan ante Inmujeres solicitud de AVG para Torreón
CIMACFoto: Sandra Segura
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/08/2017 Las integrantes de la Red de Mujeres de la Laguna presentaron el pasado 31 de julio, ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la solicitud de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para municipio de Torreón, Coahuila.
 
En entrevista con Cimacnoticias la representante de la Red, Ariadne Lamont Martínez informó que ayer sostuvieron una reunión con el director de Seguimiento del Sistema Nacional de Violencia Contra las Mujeres, Gabriel González García, en las oficinas del Inmujeres en la Ciudad de México, a quien le presentaron la petición y exigieron que el proceso se lleve de manera transparente y con rigor.  
 
Esto, explicó Lamont Martínez, porque no existen personas académicas especializadas en perspectiva de género en Torreón para integrar el Grupo de Trabajo, y temen que se cree un grupo de investigación “a modo” que minimice la situación de violencia que viven las mujeres en la entidad.  
 
De acuerdo con la defensora, el director de seguimiento del Sistema, dijo que en otros procesos no han tenido situaciones como la que expusieron las activistas, por lo que les garantizó que el equipo de investigadores será integrado por personas profesionales y les pidió que estuvieran a pendiente de los resultados.  
 
Con ello, el próximo 10 de Agosto la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) responderá si acepta la AVG para Torreón, con lo que el paso siguiente será la conformación del Grupo de Trabajo para conocer el panorama de violencia que enfrentan las mujeres en la entidad, y en un reporte dictará las acciones que debe emprender en seis meses el Gobierno de Coahuila para atenderlo, según el reglamento.
 
Ariadne Lamont señaló que en el documento de la solicitud que presentaron, se refieren tres problemas en los que el estado debe generar políticas públicas prontas: la violencia sexual, el feminicidio y la reparación del daño a las víctimas y sus familiares.
 
Datos de la Procuraduría General de Justicia local, indican que desde 2012 a la fecha, 436 mujeres han sido asesinadas en la entidad, de estos asesinatos, únicamente 56 casos se calificaron e investigaron como feminicidio.
 
Este es uno de los principales problemas en la localidad, indica Lamont Martínez, pues han documentado que ante el asesinato violento de una mujer, no se inician los protocolos de investigación de feminicidio y se tiende a revictimizar a las mujeres. 
 
Actualmente la Red de las Mujeres de la Laguna acompaña de manera solidaria seis casos de feminicidio en el municipio, y a la petición de la Alerta se sumaron organizaciones civiles como “Las libres” de Guanajuato y las Mujeres Generando Cambio.
 
17/HZM







ESTADOS
VIOLENCIA
   Se incrementa violencia y no se investiga dicen ONG
Piden AVG para Torreón
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sofía Noriega, corresponsal
Cimacnoticias | Saltillo, Coah.- 26/07/2017 La Red de Mujeres de la Laguna y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila (CDHEC), solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Torreón, Coahuila, ante el incremento de asesinatos contra mujeres que en 5 años suman 48, tan solo en ese municipio.
 
Las integrantes de la Red de Mujeres de la Laguna, Ariadne Lemond y Adriana Romo, acudieron a las instalaciones de la CDHEC para dejar la documentación para la solicitud de la AVG, cabe destacar que también la organización civil “La Libres” de Guanajuato, y “Mujeres Generando Cambios”, de Torreón, se sumaron a esta petición.
 
De acuerdo con Ariadne Lemond, la alerta que se promueve es exclusivamente para el municipio de Torreón. De proceder, se tendrá que conformar el grupo de personas expertas que deberán visitar el municipio para constatar que existe violencia contra las mujeres y que proceda la Alerta.
 
Las integrantes de las organizaciones civiles explicaron que en el documento que presentaron ante la CDHEC, se documentaron 48 casos de feminicidio, sólo en Torreón, desde el 2013 hasta el 2017 resultado de una investigación hemerográfica.
 
 DATOS OFICIALES
 
Según datos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, sólo 56 de los 436 homicidios de mujeres que se han registrado en cinco años, han sido acreditados como feminicidio.
 
La PGJEC informó en un diagnóstico, que los homicidios de mujeres se redujeron 84 por ciento desde el 2012 a la fecha, y que de los 436 homicidios dolosos contra mujeres, 73 por ciento se consignó o judicializó ante un juzgado.
 
Sin embargo, otras voces como la de la consejera de la CDHEC y presidenta del organismo Eux, Arte y Sida, Aída García Badillo, han señalado que las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubican a esta entidad en el tercer lugar en violencia contra las mujeres (7.06 por ciento), muy por encima de la media nacional que es de 4.37 por ciento.
 
García Badillo, destacó que la Red de Mujeres de La Laguna ha tratado de visibilizar la problemática, aunque es necesario que se sumen más a este llamado. "Lo que estamos viendo en Coahuila es que hay un movimiento de género incipiente, donde sólo unas cuantas tratan de hacer conciencia”.
 
Agregó que la falta de organización de la sociedad civil profundiza más el problema pues los asesinatos de mujeres en su mayoría son clasificados como dolosos, en lugar de catalogarlos como feminicidio.
 
SE INCREMENTAN ASESINATOS
 
En tanto, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) Larisa Montiel Luis, señaló que se deben tomar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres, en específico, los asesinatos, por lo que presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a prevenir este tipo de violencia y dar con los responsables de los hechos.
 
La legisladora panista propuso como de urgente y obvia resolución que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de la Mujer tomen cartas en el asunto y en la exposición de motivos argumentó que el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres en su estudio "La Violencia Feminicida en México, Aproximación y Tendencia”, colocan a Coahuila en el décimo lugar respecto al índice de violencia contra las mujeres y de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH).
 
Detalló que de acuerdo con el Código Penal para el Estado de Coahuila, se tipificó el feminicidio a través del artículo 336 BIS 1, cuando la mujer victimada presente signos de violencia sexual de cualquier tipo o bien haya recibido lesiones o mutilaciones en zonas genitales o en cualquier otra, previa o posteriormente a la privación de la vida.
 
También se establece como feminicidio cuando existan antecedentes de violencia o discriminación por género en el ámbito familiar, laboral o escolar, y haya existido entre el sujeto y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
 
Y ejemplificó que casos como el de una mujer hallada en Arteaga, a quien encontraron maniatada, con huellas de tortura y abandonada en un paraje solitario, o el de otra más que fue asesinada y abandonada en la vía pública, con golpes, huellas de tortura y semidesnuda, y de tantos otros que a diario se suman en Torreón, son ejemplos de la violencia creciente contra las mujeres, por lo que insistió en el llamado a las autoridades para investigar estos asesinatos como feminicidio.
 
17/SN
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   Familia en espera del Tribunal Superior de Justicia
Apelan fallo del juez por caso Lesvy
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/07/2017 La familia de Lesvy está en espera de que el Tribunal Superior de Justicia capitalino responda el recurso de apelación que interpusieron la semana pasada para reclasificar como feminicidio el delito por el que se acusa a la expareja de Lesvy y fije una fecha para la audiencia.
 
Esto aseguró en entrevista el abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que trabaja en el caso junto con la defensa legal de la familia de Lesvy, Rodolfo Domínguez Márquez. Y explicó que está en el proceso de “investigación formalizada”, en la cual ambas partes pueden presentar datos de prueba.

A raíz del recurso de apelación tendrán una audiencia la próxima semana en la que tres magistrados “resolverán en colegiado” el fallo del juez Cristian Franco Reyes, quien acusó el pasado 10 de junio a Jorge Luis González Hernández, pareja de Lesvy Berlín Rivera Osorio, por homicidio doloso por omisión, al no impedir el “supuesto suicidio” de la joven hallada asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo.
 
“En la audiencia se mostrarán los datos de prueba donde los magistrados determinarán cuales serán admitidas durante la etapa oral, esta última es la parte que sigue”, explicó Rodolfo Domínguez.
 
El abogado aseguró que los diferentes peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), como la necropsia, evidenciaron “muchas lesiones que no son compatibles con una mecánica de suicidio, al contrario, nos hablan de que hubo lucha y forcejeo, defensa y que la causa de muerte fue más bien un estrangulamiento”.
 
Además, dijo, en las uñas de Lesvy se encontró piel de Jorge y eso, sumado a las agresiones previas del trabajador de la UNAM hacia Lesvy que se observan en los videos del día del suceso,  “abonan  a la hipótesis de feminicidio”. Aun cuando el juez vio esas pruebas en la audiencia pasada “no quiso hacer la reclasificación a feminicidio, no quiso mirar los datos de prueba que hay con esa perspectiva de género, esto en un problema crónico dentro del poder judicial de la Ciudad de México”, mencionó el abogado.
 
RESPUESTA DE LA CDHDF
 
Actualmente la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) revisa la carpeta de investigación para identificar “qué elementos se cualifican como alguna probable violación a los Derechos Humanos” y así poder dar a conocer su opinión, esto informó ayer la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo a medios de comunicación al término de una conferencia.
 
Gómez Gallardo también recordó que desde finales de mayo hizo pública su preocupación por la tardanza de la PGJDF para entregar a la familia de Lesvy la carpeta de investigación completa.
 
La CDHDF, dijo Perla Gómez, envío a la instancia de justicia tres recordatorios para que les entregaran a ellos y a la familia de Lesvy la primera parte de la carpeta de investigación que contiene los primeros peritajes realizados, pero el organismo de Derechos Humanos obtuvo la misma respuesta que la PGJDF dio a la familia por más de dos meses: “nos informaron que (la primera parte de la carpeta de investigación) la tenía la Procuraduría General  de la República para efectos de uno de los dictámenes”, mencionó.
 
Los recordatorios corresponden a la queja de oficio que la CDHDF interpuso a la PGJDF en la Cuarta Visitaduría donde solicitó que la instancia de justicia informara qué tipo de peritajes realizaron y que corroborara si se estaba aplicando o no el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio en la investigación.
 
Además de la queja ante la Cuarta Visitaduría, la CDHDF inició otra de oficio en la Primera Visitaduría por la filtración de información que la PGJDF hizo en su cuenta de Twitter, con la que, dijo, estigmatizó a la víctima, se violó la presunción de inocencia y la confidencialidad de la investigación.
 
Por dicha filtración en días pasados la familia de Lesvy y su defensa legal, encabezada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, exigieron la destitución de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, porque ahí comenzó la investigación.  También demandaron la renuncia del fiscal de Homicidios, Enrique Reyes Peña, por no investigar el asesinato de Lesvy como feminicidio y por negarles el acceso completo a la carpeta de investigación.
 
DEFICIENTES INVESTIGACIONES Y JUZGADORES
 
Rodolfo Domínguez expuso que si bien el OCNF no ha acompañado otros casos juzgados por Franco Reyes sí conocen varios en los que la Fiscalía de Homicidios, que coordina la unidad de feminicidio, reclasifica como homicidios delitos que en un  principio se investigaron como feminicidio. Con esto, aseguró, “siguen invisibilizando la violencia de género, la violencia feminicida”.
 
El abogado mencionó que el problema “está en la procuración de justicia, es decir, como la PGJDF investiga la muerte violenta de las mujeres y en cómo están resolviendo los jueces”.
 
Dijo que la PGJDF no investiga con perspectiva de género, no resguardan correctamente las pruebas ni el lugar de los hechos “todas esas acciones y omisiones tienen un impacto negativo porque impide el acceso a la justicia”. Y concluyó: “una mala investigación con un mal juzgador nos lleva a la impunidad”.
 
17/MMAE
 







ZONA DE REFLEXIÓN
VIOLENCIA
   ZONA DE REFLEXIÓN
PGJDF: bajo sospecha
Cimacfoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Ciudad de México13/07/2017 Aracely Osorio Martínez, mamá de Lesvy, ya lo veía venir, al igual que varias abogadas feministas quienes sabían desde hace un mes que la Procuraduría Capitalina estaba perfilando todo para hacer del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria un “suicidio”.
 
Incluso antes de la renuncia del procurador Rodolfo Ríos Garza, se veía, de acuerdo a la mamá de Lesvy, y a las abogadas, que el actuar de la Procuraduría se dirigía para dejar del lado el feminicidio como eje central de la investigación y “acomodar” todo para concluir el supuesto suicidio. Edmundo Porfirio Garrido Osorio (nombrado esta mañana oficialmente Procurador) no se movió de la línea marcada por su antecesor.
 
Hubo reuniones incluso con la Secretaria de Gobierno de esta ciudad, con organizaciones y abogadas, quienes ya manifestaban su exigencia de encaminar la investigación por feminicidio. Aracely Osorio también lo exigió, incluso en una conversación con Edmundo Garrido.
 
El temor que tenía la madre de Lesvy, se corroboró la semana pasada, cuando la PGJ de la Ciudad de México, a través de un comunicado, informó que había sido suicidio y que la pareja de Lesvy “pasivamente” había dejado que esto ocurriera, por lo cual se fincaron responsabilidades.
 
Qué es lo que hay atrás de este actuar de la Procuraduría capitalina que se ensaña contra las mujeres. Para algunas no sólo es la misoginia del propio personal, se suma otro elemento: la corrupción.
 
En octubre de 2015 el entonces procurador Rodolfo Ríos Garza fue llamado a cuentas por la Asamblea Legislativa, después del “Primer Informe sobre Negación de Justicia en el DF”, el cual retoma 11 casos emblemáticos, entre ellos el caso Narvarte; Yakiri Rubio Rubí; Clara Tapia y la red de trata del dirigente priista capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
 
Un año 8 meses después, a estos casos se suma el de Belén, joven estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), reportada desaparecida y a la cual supuestamente ya había rescatado la Procuraduría pero que no presentó a sus familiares y el caso de Lesvy Berlín Osorio.
 
Antes de que la familia de Lesvy lograra tener toda la carpeta de investigación en sus manos, antes de ver los videos que existen, la Procuraduría anunció su conclusión: “suicidio”. Los videos en manos de la familia muestran la agresión previa contra Lesvy a manos de su entonces pareja. Curiosamente la imagen cambia justo cuanto Lesvy pierde la vida, y la cámara regresa cuando el hecho ya había ocurrido. ¿Por qué omite esta información la procuraduría capitalina?
 
No es sólo ineficiencia del personal, no es sólo misoginia lo que hay en todos estos casos, y en especial en el de Lesvy, algo más hay atrás. ¿Qué es? Es la duda que pone bajo sospecha a la institución capitalina responsable de la justicia en esta Ciudad.
 
En 2015 el “Primer Informe sobre la Negación de Justicia en el Distrito Federal” señaló que las inconsistencias en las averiguaciones previas, la estigmatización y criminalización de las víctimas, la construcción de verdades a medias o verdades paralelas, la actuación ministerial con prejuicio de género, imputaciones falsas y la validación de informes policiales falsos se han convertido en una práctica sistemática y generalizada al interior de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
 
Nuevamente estos elementos se hacen presentes en el caso de Lesvy. Con Rodolfo Ríos Garza fuera de la institución, lo que se muestra es que no sólo es un personaje sino un sistema que corroe la justicia y nutre la impunidad. La sospecha de que la Procuraduría está “cuidando” algo o a alguien, permea la conclusión.
 
La PGJDF está bajo sospecha de la familia de Lesvy, de las estudiantes de la UNAM, del personal académico, de las feministas universitarias, de las organizaciones civiles, de las ciudadanas de esta ciudad.
 
Sospecha, que se quiera o no, alcanza al Jefe de Gobierno y sus aspiraciones políticas. Hasta por eso habría que limpiar a la Procuraduría y hacer de Lesvy, un caso emblemático del buen actuar y de la justicia.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/LGL







QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
No es suicidio, la “suicidaron”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 13/07/2017 Atrevernos a cuestionar un dictamen médico o un peritaje que arroja que una mujer “se suicidó” no es cosa sencilla, pero son las madres o mujeres familiares de las víctimas las primeras en señalar “ella no se suicidó”, la mataron, y así se han reconocido graves errores en las investigaciones.
 
El año pasado, la muerte de una mujer, ocurrida en Calakmul, Campeche, fue difundido como un “suicidio”, y solo unos días después, la madre de la joven salió a declarar que ella sospechaba que en realidad se trataba de un feminicidio cometido por la pareja de la víctima, quien días antes la había violentado. El cuerpo presentaba golpes, que a juicio de la familia, hacía pensar que hubo violencia momentos antes de la muerte.
 
Este caso no es aislado, es por demás parecido a lo que sucedió con Mariana Lima, hija de Irinea Buendía, una mujer que se hizo investigadora, abogada, defensora y acompañante de otras madres, como lo ha demostrado ahora al lado de la madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, quien un peritaje sin perspectiva de género, alega que se suicidó frente a su novio.
 
El tema pone en evidencia la importancia de que los Mecanismos de Acceso a la Justicia para las Mujeres, que responden a recomendaciones específicas de la CEDAW, atiendan y cumplan el artículo 2 relativo a la no discriminación garantizando procesos justos, con perspectiva de género y que reconozcan los factores de la interseccionalidad y que afectan la igualdad en el acceso a la justicia.
 
El Estado Mexicano ha contraído voluntariamente una serie de compromisos para responder y garantizar la aplicación de los peritajes con perspectiva de género, reconociendo que son los peritajes que no atienden a estos principios los que sesgan la visión desde la investigación y que afectan la integración de la carpeta de investigación y su posterior acusación ante el juez de control para la vinculación a proceso.
 
Una cadena de eventos desafortunados que a lo largo y ancho del país han quedado demostrados y de los cuales ya hizo señalamientos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que parece, no han sido leídos por muchos actores y actoras que intervienen en el proceso de acceso a la justicia para las mujeres, al no aplicar el criterio fundamental de “investigar como feminicidio toda muerte violenta de una mujer, incluyendo un presunto feminicidio”.
 
Las implicaciones de los suicidios van desde casos que a años de que fueron cerrados, las madres o padres de las víctimas afirman seguros: mi hija no se suicidó, ella me había contado de sus planes, hasta insólitos casos en los que la víctima fue a hacer compras de alimentos para la semana, compró macetas con plantas y ese mismo día por la tarde decidió “suicidarse”, borrar su teléfono y colgarse.
 
Eso ocurrió con el caso de Mariana Lima, y la insistencia de Irinea demostró que una investigación con perspectiva de género que reconociera los factores de violencia sexual, física y sicológica a los que vivía sometida la víctima, eran suficientes elementos para dudar de la versión que se dio oficialmente y que era endeble con la aplicación de criterios básicos.
 
Lo mismo sucede ahora con el caso de Lesvy, un caso mediatizado y que desde el primer momento ha sido acompañado y seguido por colectivos feministas que apoyan a la madre de Lesvy en su búsqueda de justicia.
 
Con una argumentación compleja que facilita la defensa para el imputado pero hace difícil la búsqueda de justicia -el acceso a la justicia- a la víctima, un peritaje que habla de un suicidio frente a un agresor es una afirmación bastante débil, pero que habla de alianzas patriarcales feminicidas.
 
Pactos que ayudan o buscan mejorar ante la opinión pública la percepción que se tiene de los agresores, en cambio ubican a las víctimas, las que ya no pueden defenderse como personas que propiciaron su propia muerte, la buscaron o incluso la cometieron por su propia debilidad y que incluso complicaron la vida al “pobre agresor”. No debe sorprendernos para nada esos enfoques que justo coinciden en construcciones discursivas de las que ya hemos hablado.
 
Por alguna razón una cobertura periodística hablaba de “un joven brillante que descuartizó a su novia (nini)”, sembrando en la opinión pública la simpatía por un feminicida que “echó a perder su vida por una persona que no valía lo mismo que él”.
 
Y justo de eso se trata el análisis de género, aplicar la perspectiva y el enfoque para ser capaz de identificar cuándo el valor de la vida de una mujer es tasado frente a la de su agresor y ella pierde, porque socialmente hay una desvalorización del ser-nacer mujer por costumbres y prácticas que otorgan mayor valor a un niño frente a una niña no solo por la continuidad del apellido, sino por la productividad que suponen implica la fuerza de un hombre frente a la de una mujer, y lo terrible es cuando eso se refleja en la impartición de justicia.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC







OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA
Alertas que sirven. Sonora y la AVG
Imagen de Silvia Nuñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 12/07/2017 El que Sonora haya hecho del proceso de la Alerta de Género una vacilada, no significa que las alertas de género no sirvan. Dos años para atender la solicitud y una prórroga sin fundamento, son muestras de ello.
 
El mecanismo creado como algo muy novedoso en 2006 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, vislumbraba lo que venía: un incremento en la violencia feminicida, pues ya había evidencia de que no solo en Chihuahua se disponía de la vida de las mujeres, sino en todo México.
 
Y es que esa ley vanguardista en su momento también pensó en la AVG como una protección y un límite, después del cual pararían las muertes violentas de género contra las mujeres.
 
Pero también quienes la hicieron, pensaron en el resguardo de la integridad individual al introducir las órdenes de protección como un mecanismo amplio de urgencia para salvaguardar la vida de las mujeres que estuviera en riesgo de feminicidio.
 
Ninguno de los dos ha funcionado. Pero no por sí mismo, ni porque estén mal diseñados. El problema ha sido la forma en que se han interpretado y manoseado.
 
Visto como una fuente de posibilidades de obtener beneficios políticos, mercantiles y de posición de fuerza entre los grupos internos de los partidos que gobiernan, lo último en lo que se piensa es en las mujeres, candidatas a ser asesinadas. En las preasesinadas.
 
Si habláramos en términos religiosos –lenguaje adoptado por personas políticas- es un pecado el no haber aprovechado los mecanismos de ley, para evitar que murieran más mujeres.
 
Todos los casos de feminicidio ocurridos después de que a través de las solicitudes de AVG se ha advertido por parte de la sociedad civil de que la violencia feminicida se ha recrudecido, pasan a ser responsabilidad del Estado.
 
Ningún gobernador o gobernadora puede criticar el mecanismo de AVG, si no ha hecho nada para tomar los beneficios que éste tiene para que las mujeres no sigan muriendo a manos del machismo brutal.
 
La Alerta de género no solo es un aviso de que en ese territorio se ha incrementado la incidencia de feminicidio, y de actos feminicidas en grado de tentativa –por el momento- que anuncian más muertes. Es también la única posibilidad que tienen las instituciones para demostrar que las vidas de las mujeres y las niñas les importan.
 
A pesar del fondo específico etiquetado para operar las alertas de género que han sido declaradas, cuya convocatoria la abrió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el 26 de diciembre de 2016, los gobiernos insisten en lamentar que “no existen recursos para las alertas”.
 
Pero en Sonora no solo se repite esta afirmación imprecisa. El gobierno del estado tenía conocimiento de que los municipios de Cajeme y Hermosillo se encuentran entre los cincuenta de más riesgo en México, y dejó crecer la violencia.
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2107, publicado el 30 de noviembre de 2016, se destinan 5 mil millones de pesos para el Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, las entidades federativas (Fortaseg 2017).
 
El Fortaseg  enlistó los 50 municipios de mayor riesgo y los cuales deberían ser atendidos con perspectiva de prevención. Ahí figuran Hermosillo y Cajeme.
 
El 1 de enero de 2017, emitió los lineamientos para el otorgamiento del subsidio en materia de seguridad pública a quienes ejerzan de manera directa o coordinada la función.
 
Tema prioritario en el decreto son la capacitación y certificación de las policías, así como el fortalecimiento del Sistema de Justicia Oral. La bolsa concursable era de 5 mil millones de pesos.
 
Someterse a un riguroso proceso de transparencia y rendición de cuentas, es decir hay que presentar proyectos, no solo recibir recursos en forma discrecional. La parte de la fiscalización y auditoría es lo que a muchas instituciones no les gusta.
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los 300 municipios que cuentan con características de riesgo, entre ellos: Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado.
 
Pero los de urgencia son Cajeme y Hermosillo, por lo que se encuentran entre los 50 municipios de atención prioritaria con perspectiva de prevención.  Se asignan para proyectos especiales de prevención social de la violencia y la delincuencia y de atención del delito de homicidio doloso.
 
Los criterios conforme a los cuales se determinan los valores que sirven de base para la selección de los 50 municipios beneficiarios de atención prioritaria con perspectiva de prevención son:
homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica.
 
Hasta hoy no conocemos cuáles son los proyectos a través de los cuales se pretende atender con perspectiva de prevención a Cajeme y Hermosillo pues las cifras de muertas y muertos, número de casquillos y armas utilizadas solo aumentan. De cuántas se evitaron no sabemos nada.
 
¿Es la AVGM la responsable? ¿Hay o no recursos para ejercer la prevención? Tal vez las decisiones deban tomarse con otro enfoque y no con un estricto escudo político, que solo está evidenciando la omisión.
 
No queremos más víctimas de feminicidio. No queremos que se siga subvalorando la vida de las mujeres de acuerdo a su actividad económica, por sobre la de niñas y niños. Todas las vidas son importantes. Si no queremos más asesinadas tal vez la respuesta esté en la Alerta de Género, pero con una coordinación seria, responsable, y sobre todo competente y preparada.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Segunda entidad con más casos, después del Edomex
CNDH urge al Congreso de Chihuahua tipificar el delito de feminicidio
Cimacfoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/07/2017 La  Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Congreso del Estado de Chihuahua adecuar su Código Penal local a la iniciativa presentada por el Ejecutivo de la entidad, a efecto de tipificar el delito de feminicidio.
 
A través de un comunicado el organismo defensor de los derechos humanos señaló que es “prioritaria la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas”, y reconoce que la dimensión penal del problema es punto relevante para lograr tal fin.
 
Sin embargo, consideró que no es suficiente y por ello “deben fortalecerse los esfuerzos para que cada autoridad del país, desde el ámbito de sus respectivas atribuciones, haga frente a la violencia feminicida” que padecen mujeres y niñas del país y del mundo.
 
Asimismo, estimó que el reconocimiento jurídico del conjunto de prácticas que atentan contra la vida de las mujeres, en ejercicio de la violencia y discriminación por razones de género, contribuye a hacer frente a contextos de violencia extrema.
 
En ese tenor, señaló que la tipificación del feminicidio en Chihuahua “es un imperativo”, pues es obligación del Estado mexicano garantizar el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos de las mujeres y niñas, así como investigar e impartir justicia con perspectiva de género.
 
“Incluir el feminicidio como delito autónomo es el principio para sancionar la privación de la vida de las mujeres por razones de género”, subrayó.
 
Además, la CNDH indicó que es “fundamental” que los poderes del estado de Chihuahua atiendan lo dispuesto en los instrumentos internacionales en torno al feminicidio y tengan en cuenta que esa entidad “es la única que no prevé ese tipo penal”.
 
Y recordó que la solicitud a Chihuahua para proteger los Derechos Humanos de las mujeres y niñas en contextos de violencia extrema, quedó de manifiesto a nivel internacional a través de la sentencia contra el Estado mexicano, en 2009, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos denominada “Caso González y Otras (“Campo algodonero”) vs. México”, por el feminicidio de 3 de 8 mujeres encontradas en un campo algodonero de Ciudad Juárez.
 
Agregó que en 2013, como parte del Examen Periódico Universal (EPU), realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas al Estado mexicano se concluyó la importancia de dar solución a varios temas, entre ellos “unificar, sobre la base de criterios objetivos, las diversas definiciones de feminicidio en los códigos penales del país”.
 
Cabe señalar que Chihuahua, así como Nayarit son los únicos dos estados de la República que no han tipificado el delito de feminicidio, bajo el argumento de que en su Código Penal ya se incluye una penalidad agravada en el delito de homicidio cuando la víctima es “del sexo femenino o menor de edad”.
 
Con base a información de la Fiscalía General en la zona norte del estado entre enero y mayo de este año se habían cometido 34 homicidios de mujeres: 4 en enero, 9 en febrero, 13 en marzo, 3 en abril y 5 en mayo.
 
En tanto la zona centro de la entidad acumuló 19 crímenes: 6 en enero, 3 en febrero, 2 en marzo, 4 en abril e igual número en mayo. Para el resto del estado se muestran 2 en enero, 6 en febrero, en marzo no hubo, 5 en abril y 2 en mayo.
 
De acuerdo al informe “Asesinato de Mujeres en México”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, este estado concentró del 2000 al 2015 dos mil 654 víctimas (9.3 por ciento del total nacional), ubicándose como la segunda entidad donde se cometió el mayor número de casos de feminicidio, después del Estado de México.
 
17/OOM 







NACIONAL
VIOLENCIA
   Exigen a Miguel Ángel Mancera aceptar coadyuvancia de Observatorio en el caso
Concluye PGJDF “suicidio” de Lesvy; es feminicidio, insiste OCNF
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/07/2017 Pese a que existen elementos suficientes de que se trató de un feminicidio, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) concluyó que Lesvy “se suicidó”; con lo que pretende cerrar la investigación, una práctica común en la instancia de justicia, así lo señaló la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.
 
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Estrada refirió que pese a que los peritajes y averiguaciones previas por el caso de Lesvy, la estudiante de la UNAM hallada asesinada en Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo apuntan a un feminicidio, la Procuraduría capitalina determinó hoy que la joven se “suicidó”.
 
La PGJDF informó este jueves en un comunicado, que Lesvy Berlín Rivera Osorio usó el cable de la cabina telefónica, donde se encontró su cuerpo, para “suicidarse” frente a su pareja, quien fue aprehendido por el delito de  homicidio simple doloso e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente ya que este “tuvo la posibilidad de evitar el deceso”, pero no lo hizo.
 
En entrevista con Cimacnoticias la defensa legal del caso, Sayuri Herrera Román y María de la Luz Estrada, quien había reiterado su interés por coadyuvar junto con la PGJDF en la investigación, lamentaron la postura de la instancia de justicia porque el dictamen “está lleno de contradicciones”, afirmó Luz Estrada quien comentó que Lesvy tenía golpes y heridas que no corresponden con un suicidio y muy probablemente fueron causados por su pareja.
 
“No estábamos de acuerdo en que hayan girado la orden de aprehensión en contra de su pareja cuando los peritajes y en general la investigación que hizo la PGJDF está mal, siguen sosteniendo el suicidio, cuando nada lo respalda”, denunció la defensora de Derechos Humanos María de la Luz Estrada.
 
En tanto, Sayuri Herrera Román comentó que fue hasta ayer a las 22:30 horas  cuando la PGJDF les entregó una memoria USB que, les informaron, contenía los videos que supuestamente corresponden a los que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó a la instancia de justicia del día del crimen.
 
La abogada informó que hoy se realizó la audiencia para la aprehensión del inculpado, sin embargo, la familia de Lesvy  no acudió porque no estaban en igualdad de condiciones. "La PGJDF tuvo más de dos meses para llegar a ese dictamen a nosotros se nos acaba de entregar toda la carpeta", dijo Herrera Román.
 
Recalcó que la investigación sigue abierta por lo que acudirán el 10 de julio a la segunda parte de la audiencia  para "desmontar la hipótesis de suicidio, misma que-sostuvo- han tratado (la Procuraduría) de construir desde el primer momento".
 
La defensa legal exigió al jefe de gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera, que acepte la coadyuvancia del OCNF en la investigación porque indicó, es responsabilidad del funcionario que las instancias de justicia reconozcan la existencia de casos de feminicidio.
 
"Los procuradores vienen y van, pero él es el responsable directo de la procuración de justicia para las mujeres en la capital, no puede permitir que los casos de feminicidio continúen en impunidad bajo el argumento de suicidios", sentenció Herrera Román.
 
Este día el fiscal de Homicidios, Enrique Reyes Peña avisó por medio de una llamada telefónica al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, quienes acompañan legalmente el caso, sobre la aprehensión de Jorge, la pareja de Lesvy, pero no les informó de la descripción que la PGJDF hace en el comunicado de prensa sobre la forma en la que supuestamente Lesvy se quitó la vida.
 
Desde que inició la investigación la PGJDF se negó a entregar completa la carpeta de investigación a la familia y defensa legal de Lesvy con el argumento de que la Procuraduría General de la República estaba revisando los primeros peritajes, incluyendo los videos.
 
Fue hasta el pasado 29 de junio cuando la familia tuvo acceso a las primeras hojas de la carpeta, las cuales evidenciaron que la PGJDF no cumplió con lo establecido en el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, por lo que la defensa legal y el OCNF trabajaban para encauzar la investigación como feminicidio.
 
Previamente la familia de Lesvy ya había rechazado un peritaje antropológico social, propuesto por la PGDJF con personal perito de la UNAM, que apuntaba a que el asesinato de Lesvy era un suicidio.
 
De acuerdo con el OCNF la forma en la que fue hallado el cuerpo de Lesvy cumple con tres causales que en el Código Penal Federal acreditan el delito de feminicidio: el cuerpo fue expuesto en un lugar público, tenía lesiones degradantes (signos de asfixia y golpes) y Lesvy mantenía una relación sentimental con el probable autor del delito.
 
Cabe destacar que la pena por homicidio que establece el Código Penal de la Ciudad de México es de ocho a 20 años de prisión, mientras que en los casos de feminicidio la pena va de 30 a 60 años de prisión si entre la víctima y el victimario existía una relación sentimental.
 
17/MMAE/OOM 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Trabajará de manera coordinada con instituciones
Conforman observatorio ciudadano para vigilar el cumplimiento de la AVG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Heidi de León Gutiérrez
Cimacnoticias/DiarioAvanzada | Colima, Col .- 05/07/2017 Integrantes de diversos colectivos, activistas sociales y académicas se unieron para conformar el Observatorio Ciudadano que vigilará las acciones que emprenda el gobierno para atender la Alerta de Violencia de Género que el pasado 20 de junio se decretó para 5 municipios del estado.
 
Este observatorio cuenta con una coordinación general a cargo de Griselda Martínez Martínez, Isamar Ramírez Rodríguez y Adriana Ruiz Visfocri, pero también está integrada por 10 coordinaciones más, cada una con una tarea específica.
 
El objetivo de este observatorio es trabajar de manera coordinada con las diferentes instituciones que deberán implementar y ejecutar un programa de trabajo que atienda las recomendaciones emitidas en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
 
Además, también demandarán que se cumplan las propuestas de Medidas de Seguridad, Prevención, de Justicia y Reparación, así como la visibilización de la Violencia de Género y también se ponga en marcha el mensaje de cero tolerancia para agresores de mujeres y niñas.
 
También el Observatorio demandará que la AVG se emita para el resto de los municipios, especialmente para Manzanillo, quien tiene una de las tasas más altas por violencia hacia la mujer.
 
Los integrantes del Observatorio solicitaron a las mujeres y a la sociedad en general, que a través de todos los medios a su alcance, denuncien cualquier tipo de agresión o violencia contra mujeres.
 
El Observatorio estará integrado por Azucena L. Legorreta, Edith Ochoa Mayoral, Efraín Naranjo Cortés, Ma. Elena García Rivera, María Isabel Rivera S, María Elena Abaroa López, Oscar Adrián Galindo, Arlene Julieta Enciso, Brandy Álvarez, Catalina Suarez Dávila, Sara Elizabeth Cernas Verduzco y Martha Zepeda del Toro.
 
El pasado 20 de junio, la SEGOB declaró la Alerta de Violencia de Género para los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, Coquimatlán y Cuauhtémoc.
 
El documento estipula una serie de acciones que deberán llevar a cabo para garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas.
 
17/HDLG







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