Violencia de Género

QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
   
No es suicidio, la “suicidaron”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 13/07/2017

Atrevernos a cuestionar un dictamen médico o un peritaje que arroja que una mujer “se suicidó” no es cosa sencilla, pero son las madres o mujeres familiares de las víctimas las primeras en señalar “ella no se suicidó”, la mataron, y así se han reconocido graves errores en las investigaciones.
 
El año pasado, la muerte de una mujer, ocurrida en Calakmul, Campeche, fue difundido como un “suicidio”, y solo unos días después, la madre de la joven salió a declarar que ella sospechaba que en realidad se trataba de un feminicidio cometido por la pareja de la víctima, quien días antes la había violentado. El cuerpo presentaba golpes, que a juicio de la familia, hacía pensar que hubo violencia momentos antes de la muerte.
 
Este caso no es aislado, es por demás parecido a lo que sucedió con Mariana Lima, hija de Irinea Buendía, una mujer que se hizo investigadora, abogada, defensora y acompañante de otras madres, como lo ha demostrado ahora al lado de la madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, quien un peritaje sin perspectiva de género, alega que se suicidó frente a su novio.
 
El tema pone en evidencia la importancia de que los Mecanismos de Acceso a la Justicia para las Mujeres, que responden a recomendaciones específicas de la CEDAW, atiendan y cumplan el artículo 2 relativo a la no discriminación garantizando procesos justos, con perspectiva de género y que reconozcan los factores de la interseccionalidad y que afectan la igualdad en el acceso a la justicia.
 
El Estado Mexicano ha contraído voluntariamente una serie de compromisos para responder y garantizar la aplicación de los peritajes con perspectiva de género, reconociendo que son los peritajes que no atienden a estos principios los que sesgan la visión desde la investigación y que afectan la integración de la carpeta de investigación y su posterior acusación ante el juez de control para la vinculación a proceso.
 
Una cadena de eventos desafortunados que a lo largo y ancho del país han quedado demostrados y de los cuales ya hizo señalamientos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que parece, no han sido leídos por muchos actores y actoras que intervienen en el proceso de acceso a la justicia para las mujeres, al no aplicar el criterio fundamental de “investigar como feminicidio toda muerte violenta de una mujer, incluyendo un presunto feminicidio”.
 
Las implicaciones de los suicidios van desde casos que a años de que fueron cerrados, las madres o padres de las víctimas afirman seguros: mi hija no se suicidó, ella me había contado de sus planes, hasta insólitos casos en los que la víctima fue a hacer compras de alimentos para la semana, compró macetas con plantas y ese mismo día por la tarde decidió “suicidarse”, borrar su teléfono y colgarse.
 
Eso ocurrió con el caso de Mariana Lima, y la insistencia de Irinea demostró que una investigación con perspectiva de género que reconociera los factores de violencia sexual, física y sicológica a los que vivía sometida la víctima, eran suficientes elementos para dudar de la versión que se dio oficialmente y que era endeble con la aplicación de criterios básicos.
 
Lo mismo sucede ahora con el caso de Lesvy, un caso mediatizado y que desde el primer momento ha sido acompañado y seguido por colectivos feministas que apoyan a la madre de Lesvy en su búsqueda de justicia.
 
Con una argumentación compleja que facilita la defensa para el imputado pero hace difícil la búsqueda de justicia -el acceso a la justicia- a la víctima, un peritaje que habla de un suicidio frente a un agresor es una afirmación bastante débil, pero que habla de alianzas patriarcales feminicidas.
 
Pactos que ayudan o buscan mejorar ante la opinión pública la percepción que se tiene de los agresores, en cambio ubican a las víctimas, las que ya no pueden defenderse como personas que propiciaron su propia muerte, la buscaron o incluso la cometieron por su propia debilidad y que incluso complicaron la vida al “pobre agresor”. No debe sorprendernos para nada esos enfoques que justo coinciden en construcciones discursivas de las que ya hemos hablado.
 
Por alguna razón una cobertura periodística hablaba de “un joven brillante que descuartizó a su novia (nini)”, sembrando en la opinión pública la simpatía por un feminicida que “echó a perder su vida por una persona que no valía lo mismo que él”.
 
Y justo de eso se trata el análisis de género, aplicar la perspectiva y el enfoque para ser capaz de identificar cuándo el valor de la vida de una mujer es tasado frente a la de su agresor y ella pierde, porque socialmente hay una desvalorización del ser-nacer mujer por costumbres y prácticas que otorgan mayor valor a un niño frente a una niña no solo por la continuidad del apellido, sino por la productividad que suponen implica la fuerza de un hombre frente a la de una mujer, y lo terrible es cuando eso se refleja en la impartición de justicia.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC








OPINIÓN
   MUJER SONORA
   
Alertas que sirven. Sonora y la AVG
Imagen de Silvia Nuñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 12/07/2017

El que Sonora haya hecho del proceso de la Alerta de Género una vacilada, no significa que las alertas de género no sirvan. Dos años para atender la solicitud y una prórroga sin fundamento, son muestras de ello.
 
El mecanismo creado como algo muy novedoso en 2006 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, vislumbraba lo que venía: un incremento en la violencia feminicida, pues ya había evidencia de que no solo en Chihuahua se disponía de la vida de las mujeres, sino en todo México.
 
Y es que esa ley vanguardista en su momento también pensó en la AVG como una protección y un límite, después del cual pararían las muertes violentas de género contra las mujeres.
 
Pero también quienes la hicieron, pensaron en el resguardo de la integridad individual al introducir las órdenes de protección como un mecanismo amplio de urgencia para salvaguardar la vida de las mujeres que estuviera en riesgo de feminicidio.
 
Ninguno de los dos ha funcionado. Pero no por sí mismo, ni porque estén mal diseñados. El problema ha sido la forma en que se han interpretado y manoseado.
 
Visto como una fuente de posibilidades de obtener beneficios políticos, mercantiles y de posición de fuerza entre los grupos internos de los partidos que gobiernan, lo último en lo que se piensa es en las mujeres, candidatas a ser asesinadas. En las preasesinadas.
 
Si habláramos en términos religiosos –lenguaje adoptado por personas políticas- es un pecado el no haber aprovechado los mecanismos de ley, para evitar que murieran más mujeres.
 
Todos los casos de feminicidio ocurridos después de que a través de las solicitudes de AVG se ha advertido por parte de la sociedad civil de que la violencia feminicida se ha recrudecido, pasan a ser responsabilidad del Estado.
 
Ningún gobernador o gobernadora puede criticar el mecanismo de AVG, si no ha hecho nada para tomar los beneficios que éste tiene para que las mujeres no sigan muriendo a manos del machismo brutal.
 
La Alerta de género no solo es un aviso de que en ese territorio se ha incrementado la incidencia de feminicidio, y de actos feminicidas en grado de tentativa –por el momento- que anuncian más muertes. Es también la única posibilidad que tienen las instituciones para demostrar que las vidas de las mujeres y las niñas les importan.
 
A pesar del fondo específico etiquetado para operar las alertas de género que han sido declaradas, cuya convocatoria la abrió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el 26 de diciembre de 2016, los gobiernos insisten en lamentar que “no existen recursos para las alertas”.
 
Pero en Sonora no solo se repite esta afirmación imprecisa. El gobierno del estado tenía conocimiento de que los municipios de Cajeme y Hermosillo se encuentran entre los cincuenta de más riesgo en México, y dejó crecer la violencia.
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2107, publicado el 30 de noviembre de 2016, se destinan 5 mil millones de pesos para el Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, las entidades federativas (Fortaseg 2017).
 
El Fortaseg  enlistó los 50 municipios de mayor riesgo y los cuales deberían ser atendidos con perspectiva de prevención. Ahí figuran Hermosillo y Cajeme.
 
El 1 de enero de 2017, emitió los lineamientos para el otorgamiento del subsidio en materia de seguridad pública a quienes ejerzan de manera directa o coordinada la función.
 
Tema prioritario en el decreto son la capacitación y certificación de las policías, así como el fortalecimiento del Sistema de Justicia Oral. La bolsa concursable era de 5 mil millones de pesos.
 
Someterse a un riguroso proceso de transparencia y rendición de cuentas, es decir hay que presentar proyectos, no solo recibir recursos en forma discrecional. La parte de la fiscalización y auditoría es lo que a muchas instituciones no les gusta.
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los 300 municipios que cuentan con características de riesgo, entre ellos: Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado.
 
Pero los de urgencia son Cajeme y Hermosillo, por lo que se encuentran entre los 50 municipios de atención prioritaria con perspectiva de prevención.  Se asignan para proyectos especiales de prevención social de la violencia y la delincuencia y de atención del delito de homicidio doloso.
 
Los criterios conforme a los cuales se determinan los valores que sirven de base para la selección de los 50 municipios beneficiarios de atención prioritaria con perspectiva de prevención son:
homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica.
 
Hasta hoy no conocemos cuáles son los proyectos a través de los cuales se pretende atender con perspectiva de prevención a Cajeme y Hermosillo pues las cifras de muertas y muertos, número de casquillos y armas utilizadas solo aumentan. De cuántas se evitaron no sabemos nada.
 
¿Es la AVGM la responsable? ¿Hay o no recursos para ejercer la prevención? Tal vez las decisiones deban tomarse con otro enfoque y no con un estricto escudo político, que solo está evidenciando la omisión.
 
No queremos más víctimas de feminicidio. No queremos que se siga subvalorando la vida de las mujeres de acuerdo a su actividad económica, por sobre la de niñas y niños. Todas las vidas son importantes. Si no queremos más asesinadas tal vez la respuesta esté en la Alerta de Género, pero con una coordinación seria, responsable, y sobre todo competente y preparada.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE
 








ESTADOS
VIOLENCIA
   De 628 casos en 5 años, solamente hay 8 sentencias
Prevalece impunidad en casos de feminicidio en Oaxaca
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Citlalli López Velázquez, corresponsal
Cimacnoticias | Oaxaca, Oax.- 19/10/2017

Aún contando la reciente sentencia de 78 años dictada al asesino de Dafne Carreño Bengochea, una joven oaxaqueña asesinada en abril de 2013 a manos de su novio Alejandro Olivera López, el bajo número de condenas en los casos de feminicidio hacen de la entidad sureña un gran cementerio de impunidad.

En seis años nueve meses (diciembre de 2010 a octubre de 2017) 628 mujeres fueron asesinadas, pero de acuerdo con los últimos datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia del estado, en cuatro años y cuatro meses (octubre de 2012 a enero de 2017) sólo se han logrado 8 sentencias condenatorias por feminicidio.

“Esto es algo indignante; muchas llevamos dos años, tres años, cuatro años y no hay sentencias. Tal pareciera que le apuestan al desgaste, a que nos olvidemos de los expedientes, a que no busquemos justicia, pero eso no es posible, nosotras vamos a seguir insistiendo por la memoria de nuestras hijas”, señala Elvira Camacho Bautista, madre de Ivón Jiménez, asesinada en agosto de 2013.

Elvira es presidenta de la Unión de Mujeres Víctimas de la Violencia en Oaxaca (Umuvio), asociación civil fundada en 2015 por 300 madres exigiendo justicia para sus hijas asesinadas. El caso de Elvira se encuentra inmerso en el mar de impunidad en torno al feminicidio en Oaxaca.

Durante el anterior sexenio, en cuatro ocasiones la Fiscalía intentó dar carpetazo y archivar las averiguaciones bajo el argumento de que no había un presunto sospechoso del asesinato de la joven universitaria, quien primero fue secuestrada y posteriormente asesinada por su novio Kevin Gonzalo Rojo Martínez, hoy prófugo.

CORRUPCIÓN

Para la mujer, quien no ha cesado en su búsqueda de castigo para el asesino, la corrupción que se vive en el sistema de procuración e impartición de justicia son elementos que se agregan a la violencia que viven las víctimas, aún después de asesinadas.

El feminicidio de Ivón ejemplifica lo anterior. “Mi caso presuntamente era muy especial y tenía que seguirse todo bajo mucha discreción, porque se trataba del hijo de unos funcionarios que trabajan en el Tribunal Superior, entonces las autoridades me mantenían callada. No había que comentar nada. Yo hacía lo que me pedían, pero hoy que ha pasado el tiempo, me doy cuenta que sólo le dimos tiempo para que pudieran protegerse”, explica.

La orden de aprehensión contra Kevin Gonzalo Rojo Martínez se liberó al año del asesinato de Ivón. Aun cuando ésta no había sido puesta en manos de quienes la ejecutarían, Kevin ya contaba con un amparo.

DETENCIÓN, PERO EL CALVARIO NO ACABA, CASO LESLY WILSON

El calvario no acaba con la detención, pues el proceso puede tomar varios años más en concluir. En los casos acompañados por las integrantes de Umuvio, se refleja el burocratismo en los procesos de sentencia.

Las familias afectadas se enfrentan a malos tratos en los penales a los que hay que asistir para el careo con los presuntos feminicidas, así como a distintas argucias que han logrado la libertad de presuntos responsables.

El caso de Lesly Wilson Pérez es uno de éstos. Ella fue asesinada el 21 de noviembre de 2011. Las investigaciones arrojaron la existencia de seis autores materiales e intelectuales. Tres fueron encarcelados, de éstos dos recientemente fueron absueltos y uno continúa en la cárcel con el riesgo de que pueda salir bajo libertad.

La joven de 25 años falleció tras una caída del tercer piso en el fraccionamiento Punta Vizcaya. Las investigaciones realizadas por la fiscalía con elementos aportados por los familiares, determinaron que Lesly fue sacada de su domicilio por Abraham Abdalá Ruiz Sánchez-con quien sostenía una relación sentimental- así como por Ogilvie Berenice Martínez Sánchez y Yahir Carvajal Michi conocidos de éste. Antes de ser arrojada al vacío fue torturada.

Tres de los seis presuntos responsables se encuentran prófugos, otros tres fueron detenidos. En el transcurso, Ogilvie Berenice Martínez Sánchez y Yahir Carvajal Michi quedaron libres de cargo. Sólo Cecilia R. se encuentra bajo proceso.

“Ha sido un peregrinar para mí, He tocado puertas en distintas instituciones para que se haga justicia y que no quede impune la muerte de mi hija (…) ahora existe temor de que la persona vaya a quedar libre cuando es una de las principales autoras materiales del asesinato de mi hija”, señaló la madre de Lesly.

Tras casi seis años y cientos de papeleos, la mujer, quien pide no mencionar su nombre, señala que todos estos años en busca de justicia la han cansado pero no la detendrán.

“No va a quedar impune la muerte de mi hija. Mi objetivo es ese: que se haga justicia”

¿El tiempo la hará que deje de buscar justicia para su hija?

“Jamás, voy a estar siempre insistiendo en que se haga justicia, hasta saber que los culpables hayan recibido sentencia. Hasta entonces no voy a descansar, quizá hasta entonces se salga de mi corazón todo ese odio. Probablemente llegue a perdonar siempre y cuando se haga justicia”.

EN 5 AÑOS SÓLO 8 CONDENADOS

De octubre de 2012 a enero de 2017, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) ha emitido sólo 8 sentencias condenatorias por feminicidio.

De acuerdo con información proporcionada por el tribunal, en ese lapso se siguieron 57 procesos penales por el delito de feminicidio de los cuales 34 fueron por el sistema acusatorio penal y 23 por el sistema mixto tradicional.

En tanto, 13 fueron los procesos concluidos, diez por el sistema acusatorio penal, 3 por el sistema mixto o tradicional de los cuales en tres casos resultaron absolutorios, 8 condenatorios y 3 sobreseídas.

Algunos de los asesinatos de mujeres no llegan al TSJE como feminicidio, se quedan en el camino de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca.

De 46 asesinatos de mujeres perpetrados de diciembre de 2016 al 12 de mayo de 2017, la Fiscalía General de Justicia del Estado investiga 25 como feminicidio. El restante sigue una indagatoria por homicidio calificado, homicidio doloso y suicidio.

La cifra de casos de feminicidio reconocidos por las instancias oficiales es aún más baja ya que durante el proceso, de los 25 expedientes de feminicidio, en tres casos se descartaron como tal y fueron reclasificados a homicidios culposos y suicidio.

17/CLV/LGL

 








NACIONAL
VIOLENCIA
   OSC exigen Grupo de Trabajo multidisciplinario
Acepta Conavim solicitud para analizar procedencia de AVG en la CDMX
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/10/2017

La Comisión Nacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) aceptó hace unos días, la solicitud de las organizaciones civiles para analizar si es necesario declarar en Alerta de Violencia de Género (AVG) a la Ciudad de México, por lo que ahora se conformará el grupo de Trabajo que analice el contexto de violencia en la capital.

En entrevista con Cimacnoticias, la directora general de Justicia Pro Persona, una de las organizaciones peticionarias de la Alerta, Nahyeli Ortiz Quintero, informó que se exhortó a que este Grupo de Trabajo sea multidisciplinario, de confianza y realice una ardua investigación.

Que la Conavim realice una selección de especialistas en materia de violencia de género y que su trabajo en conjunto con la sociedad civil permita reconocer el panorama de violencia feminicida en la Ciudad de México. “Lo que estamos esperando es que el Grupo de Trabajo precisamente sea bastante confiable, realice una labor no solo de escritorio sino de campo”, precisó.

En menos de un año, de noviembre de 2016 a junio de 2017, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) informó que se cometieron 101 casos de feminicidio; mientras que no ha localizado a 644 mujeres de las mil 836 reportadas como “ausentes o extraviadas” durante enero de 2015 a diciembre de 2016.

Fue el evidente incremento de violencia feminicida en la Ciudad, la falta de debida diligencia en las investigaciones, la impunidad y las prácticas de revictimización y estigmatización en las que incurre la PGJDF lo que orilló al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Personas AC, el Centro Fray Francisco de Vitoria y la Red “Todos para Todas y Todos” a solicitar a la Conavim el 7 de septiembre la AVG para las 16 delegaciones de la Ciudad.

La Alerta también se solicitó por el feminicidio de Lesvy Berlín Rivero Osorio, hallada el 3 de mayo de este año en Ciudad Universitaria pues pese a que existían todos los indicios para investigarlo como feminicidio, la Procuraduría local determinó que se trató de un suicidio.

A casi un mes de que las organizaciones realizaron la petición, el 5 de octubre la Conavim informó sobre la aceptación de la AVG y publicó la convocatoria para conformar el grupo de expertas, quienes emitirán un informe para recomendar al gobierno capitalino una serie de políticas públicas enfocadas en abatir la violencia de género; acciones que deberá cumplir en un periodo de seis meses.

De acuerdo con las cifras de la Procuraduría se tienen identificadas las zonas de la capital que reportan el mayor número de casos de feminicidio. De los 260 asesinatos violentos de mujeres cometidos desde 2012 a 2016, las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Coyoacán concentran 50 por ciento de los casos.

La directora de Justicia Pro Personas Ortiz Quintero, agregó que esperan durante el proceso la apertura del Gobierno de la Ciudad de México, actualmente bajo el mando de Miguel Ángel Mancera Espinosa, para aceptar las recomendaciones que emita el Grupo de Trabajo. Asimismo que las expertas supervisen constantemente el cumplimiento del informe una vez que lo entreguen.

Otra de las exigencias que plantearon las organizaciones al momento de pedir la AVG, es que demás de las medidas que emita el Grupo de Trabajo, se forme paralelamente un mecanismo de supervisión técnica conformado por especialistas en investigación criminal, para evaluar las actuaciones de las autoridades como lo prevé el Protocolo Especializado de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de Feminicidio con el que cuenta la Ciudad desde 2011.

Cabe recordar que actualmente en 12 entidades del país está activa la AVG (Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León, Nayarit).

17/HZM/LGL








MONEDERO
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   Monedero
Recursos para igualdad de género: escasos y sin crecimiento anual
Especial
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/09/2017

Ni una más, Ni una menos

Tal parece que no se quiere entender ni atender el grave problema de la violencia contra las mujeres. Decir que la provoca la cultura patriarcal y el machismo es decir todo y no decir nada, sobre todo no hacer nada para resolver esta problemática que va creciendo. Es como cuando se dice que la corrupción es “cultural”, significa impunidad y proteger la corrupción.

Se han vuelto afirmaciones “deterministas”, como si ese fuera el destino fatal de las mujeres, sin remedio. Por fortuna no es cierto.
Una de las principales causas de esta violencia rampante es la desigualdad de género. Desigualdad que abarca todos los ámbitos y esferas de las mujeres y que es nacional. Es económica, laboral, política; represiva si la mujer se atreve a tomar decisiones sobre su cuerpo; sin atención a su salud sexual y reproductiva; acompañada de discriminación social. En fin, una amplia brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, en detrimento de estas últimas.

Pero las medidas correctivas para esta desigualdad -que aplica el Estado- son muy limitadas y a todas luces insuficientes, o simplemente inexistentes.

El mejor ejemplo de esta situación es el Gasto Público etiquetado en programas para la “igualdad de género” que año con año presenta al Congreso el Ejecutivo, en el Paquete Económico, el llamado Anexo 13 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que comprende y abarca a todas las entidades del Sector Público.

Los recursos que se destinan a las mujeres son muy escasos y además crecen anualmente muy poco, definitivamente no se quiere resolver la brecha de género y eso es responsabilidad del Estado, involucra a los poderes Legislativo y Ejecutivo. Del poder Judicial es mejor no hablar porque la cuestión empeora.

Con el agravante de que en este país esa desigualdad de género, la violencia contra las mujeres y el feminicidio se dan en un entorno de una amplísima desigualdad de ingresos, acompañada de pobreza feminizada.

Sin duda eso debilita y ha debilitado a la sociedad civil y desde luego a las organizaciones de mujeres. Pero aún así no dan tregua y pelean por sus derechos (el de una vida libre de violencia). Para que estos recursos del gasto público crezcan, lleguen efectivamente a los programas para los que fueron etiquetados.

Una breve revisión de estos presupuestos (2012-2018) indica que su crecimiento anual cada vez es menor, como se aprecia claramente en la gráfica. En el período 2012-2014 tuvo incrementos anuales importantes. Sin embargo a partir de 2015 su tendencia ha sido decreciente, al punto de que para 2018 se proyecta un aumento de este gasto de únicamente el 3.0 por ciento, con 28 mil 093 millones 091 mil 287 pesos.

Ver gráfica aquí

Este proyecto para la igualdad propone para el próximo año más de cien líneas programáticas. Ya sea por su importancia para alcanzar la igualdad o por el monto de los recursos asignados destacan:
Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, cuya asignación es menor en 27 millones de pesos a la que se ejerce en este año, a pesar de la trascendencia que reviste para las mujeres este programa que está a cargo de la Secretaría de Gobernación.

A juzgar por los resultados que mostró recientemente la encuesta sobre las relaciones en los hogares que aplicó Inegi, -donde se dice que más del 60 por ciento de las mujeres es o ha sido víctima de violencia-, y después de ver en los medios las que han sido y son asesinadas, es más que evidente que este programa no está dando resultados; si bien tiene muy pocos recursos (179 millones 754 mil 388 pesos), seguramente no debe ser la única razón.

Los primeros en aplicar violencia y desapariciones o secuestros de mujeres es la policía federal, que justamente depende de Gobernación, no predica con el ejemplo el Secretario de esa dependencia.

También está el programa de apoyos a pequeñas productoras, a cargo de Sagarpa, básico para la mujer rural. En la Secretaría de Educación el programa nacional de Becas, aquí la propuesta para 2018 contempla un crecimiento en su asignación, afortunadamente.

En el caso de Salud no se puede decir lo mismo. Salud materna, sexual y reproductiva, así como las estancias infantiles para apoyar a las mujeres trabajadoras están con asignaciones menores a las que tienen actualmente. Ambos programas son fundamentales para la igualdad de género, ya de por sí sus recursos son muy bajos (237 millones 423 mil 927 pesos en estancias). Estos programas lo que necesitan es crecer, por lo menos en la programación de sus recursos para el próximo año.

Cabe aclarar que el total del estimado para guarderías a cargo de: Salud, Desarrollo Social y el IMSS asciende a 16 mil 215 millones 908 mil 406 pesos, implica un crecimiento del 10 por ciento respecto al presupuesto actual, gracias al IMSS.

Igual son insuficientes, entre otras razones porque la mayoría de las mujeres trabajadoras con hijos pequeños no tienen acceso a esta institución de Seguridad Social.

En conclusión, ni los recursos ni las acciones están acordes con las necesidades actuales de la mayoría de las mujeres del país (más de la mitad de la población), pero igual hay que defenderlo y claro, buscar que mejore. Es vital contar con un gasto público destinado a la igualdad de género.

* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce

17/CRPM/LGL








LENGUANTES
VIOLENCIA
   Lenguantes
El género de Jenaro
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Por: Cynthia Híjar Juárez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/09/2017

El día de ayer, domingo 17 de septiembre, miles de mujeres acudimos a una manifestación nacional, convocadas por el dolor de saber que, una vez más, México feminicida le arrebató la vida a una mujer de manera espantosa.

Ella es Mara, el nombre que tocó profundamente nuestras heridas abiertas, las llagas que no cicatrizan nunca, el dolor de sabernos en un país donde diariamente hombres de todas las edades, etnias y clases sociales asesinan, violan, esclavizan y desaparecen a niñas y mujeres. Y concuerdo con el escozor de quien se escandalice y exclame “¡no todos los hombres!” porque es terrible aceptarlo, pero es verdad: a pesar de que el mundo insista en que no todos los hombres son iguales, nosotras aprendemos de la forma más violenta, todos los días, que sí: todas las mujeres hemos sido agredidas por hombres.

Dicho esto, pregunto a usted, lectora consciente y empática: ¿no cree que sea normal que muchas mujeres deseemos compartir nuestros espacios sólo con otras mujeres, al menos los espacios políticos, de activismo, autocuidado o recreación? ¿le parece una medida extrema o violenta el querer evitar sorpresas, acosos, incomodidades, violaciones o feminicidios? ¿le parece una medida fascista decidir con quién queremos estar? Usted y yo sabemos que no, que estamos hablando de nuestro derecho a decir que no.

Las marchas feministas en México se convocan por una red organizada de mujeres que trabajamos todos los días con y para otras mujeres. Mujeres que, a pesar de nuestros debates y diferencias, estamos dispuestas a hacer una pausa en nuestra vida si sabemos que otra necesita nuestro apoyo.

Desde hace muchas marchas hemos hecho un consenso acerca de los contingentes que encabezan nuestras manifestaciones: separatistas y libres de potenciales agresores. Quien quiera marchar con hombres, puede hacerlo en los contingentes mixtos que van en la parte de atrás. Los periodistas varones pueden documentar desde fuera del contingente separatista y en los contingentes mixtos. Sencillo y clarísimo para cualquiera que se quiera enterar de la organización.

Lo que sucede con las marchas feministas, como pasó el #24A de 2016 y el día de ayer, es muy claro: las marchas feministas convocan lo más profundo del odio y los miedos misóginos porque nadie quiere ver a un grupo de mujeres que se defienden y se auto-enuncian. La sociedad mexicana, feminicida por excelencia, no soporta saber que el cuerpo de las mujeres y su devenir colectivo como cuerpo político del feminismo: una marcha de mujeres, decide por sí misma.

Es decir: la exigencia de que aceptemos marchar con hombres en toda la marcha (al frente, a los lados, atrás) no se refiere a que incluyamos o no hombres, sino a que no decidamos por nosotras mismas. Y esto, sinceramente, nosotras ya lo sabemos pero de ninguna manera nos vamos a retractar: después de tanto trabajo que se ha visto sometido al escarnio una y otra vez por una sociedad que se asusta más por los feminismos separatistas que por el feminicidio, es lógico que tengamos claro que nuestras medidas de seguridad son necesarias.

Si hasta este punto de la lectura usted se siente enojada, permítame hacer un parangón: exigirle a otra compañera que marche con quien no quiere es como decirle a una niña que sonría y dé las gracias cada vez que el señor de la tienda le dice que está muy bonita. Si no sonríes, si no agradeces y no te muestras amable, eres una maleducada. Qué importa si el comentario del señor, su acoso sexual, es inapropiado, qué importa si te incomoda, qué importa si no le preguntaste qué opinaba sobre ti. Tienes que agradecer y ser linda para que cuando crezcas, no corras al hombre que se autoproclama tu aliado pero no ha hecho lo mínimo por enterarse de qué va tu petición.

Los aliados van atrás, era claro. Si Jenaro Villamil fuese nuestro aliado, ¿no debería comenzar por enterarse de cuáles son nuestras medidas de seguridad en la marcha? Sí, quizás en su escala de valores –patriarcal- somos unas maleducadas que no le sonreímos al hostigamiento de un varón, pero tenemos claro que el género de Jenaro le impide darse cuenta de esto, de la misma manera que a todas las personas que lo defienden de este “puñado de feministas radicales” que sin embargo, son quienes convocaron la marcha, quienes acompañan todos los días a otras mujeres, quienes trabajan en crear una vida mejor para las mujeres que vienen.

¿A qué me refiero, entonces, con el género de Jenaro? Es claro que no sólo los hombres pueden ser machistas, y ha sido muy claro en este debate, que hay mujeres dispuestas a atacar a otras mujeres para defender a hombres como él de una simple petición de seguridad (los aliados van atrás). Pues bien, me refiero a lo que he dicho desde el principio de este texto: un hombre es siempre un potencial agresor en las marchas de mujeres, aún cuando tenga la mejor intención de ser un aliado.

En el caso de Jenaro, su presencia en el contingente separatista devino agresión por no respetar, en primer lugar, los acuerdos de la marcha: los aliados van atrás (lo escribo tantas veces como sea necesario para dejar claro que ninguna marcha pretende excluir hombres sino respetar la decisión de las mujeres de marchar libres de agresiones). El hecho de presentarse en una manifestación organizada por quienes enuncian su lugar en el mundo y querer hacer lo que se te dé la gana desde un privilegio, es una agresión.

Aquí me imagino a una mujer blanca queriendo tomar el micrófono de forma violenta en una manifestación zapatista ¿se imagina usted, estimada lectora, la reacción de la sociedad? Imaginemos ahora un militar, como mencionaba en sus redes sociales la politóloga Beatriz Quesadas, tomando el protagónico en la marcha por los 43 de Ayotzinapa para decir que “no todos los militares son iguales”, “no todos los militares desaparecen estudiantes”.

Ahora imagíneme a mí peleando con los veteranos del 2 de octubre diciéndoles que me agarren del brazo para la valla humana. Que tengo derecho a estar ahí porque no se me da la gana marchar atrás como toda la gente. ¿Qué dirían los tweets? ¿Alguien les diría fascistas por no aceptar que alguien que no comparte el lugar de enunciación quiera protagonizar una marcha, nada más para decir que es una buena aliada? Yo lo dudo.

El papel de los hombres que quieren forzosamente estar en los contingentes separatistas es violento porque además de generar tensión y una sensación de acoso dentro de nuestros espacios, también incendian a toda la misoginia mexicana para decir que las feministas somos las culpables de que México no avance, de que haya feminicidios, de que las cosas no mejoren. Vaya, una creería que los culpables son los feminicidas, pero según las tendencias en redes sociales, no. Según su forma –patriarcal- de ver la vida, somos las feministas las que tenemos la culpa.

Ahora bien, si usted no entendió todo lo que en este y otros textos se expone, vamos a ponerlo más fácil. Cada vez que quiera meterse a la cama de una compañera, cada vez que desee tocar a una mujer, cada vez que sienta la necesidad de dar una opinión que no fue solicitada, cada vez que quiera exigirle a otra mujer que haga algo que ella no quiere con un hombre, ya sea marchar, hablar o sonreír, por favor, recuerde: NO es NO.

*Cynthia Híjar Juárez es educadora popular feminista. Actualmente realiza estudios sobre creación e investigación dancística en el Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes

17/CHJ/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Demanda añeja de organizaciones y activistas
Chihuahua, entidad emblemática por el feminicidio lo tipifica como delito
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/09/2017

Tras 20 años de resistencia para reconocer la problemática, el pasado 12 de septiembre, el Congreso del estado de Chihuahua votó por unanimidad la adhesión del Artículo 126 BIS al Código Penal local, que reconoce como feminicidio a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, con una pena de 30 a 60 años de prisión y la reparación integral del daño.

La tipificación fue el resultado de tres propuestas analizadas por una mesa técnica de redacción conformada por organizaciones civiles pioneras en documentar y registrar el feminicidio en la entidad, como Justicia para Nuestras Hijas, y de abogadas y abogados de Chihuahua, quienes revisaron las iniciativas presentadas por diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) una del Partido del Trabajo y la planteada por el gobernador del estado, Javier Corral Jurado.

Desde abril pasado, se analizaron los tres planteamientos para definir que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; antes o después de la privación de la vida se haya infligido lesiones, mutilaciones o cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana; existan antecedentes o datos que el activo ejerció violencia física, psicológica, económica o patrimonial o de cualquier tipo (independiente de que haya denunciado o no); y por misoginia.

Cuando el responsable sea un funcionario público; se cometa por dos o más personas; si existe un vínculo de parentesco o relación sentimental; cuando la víctima sea menor de edad o adulta mayor; de pueblos originarios; esté embarazada o tenga alguna discapacidad, la pena se incrementará de uno a veinte años a la pena de prisión impuesta.

Aún falta su publicación en el Periódico Oficial del estado de Chihuahua.

CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, UNA HISTORIA DE FEMINICIDIO

La tipificación del feminicido en la entidad, es una demanda añeja de organizaciones, académicas y familiares de víctimas y es que desde 1992, Ciudad Juárez y Chihuahua, cobraron relevancia en el país y luego en el mundo, por los asesinatos de mujeres que eran encontradas en lotes baldíos y otros espacios públicos, con signos de extrema violencia que pronto llevaron a formular varias hipótesis, que buscaban, de acuerdo con organizaciones civiles expertas en el tema, minimizar el odio hacia las mujeres en esa entidad.

Desde hace más de 20 años, familiares de las víctimas acompañados de diversas organizaciones civiles, iniciaron un registro hemerográfico a partir de notas periodísticas de medios locales que publicaban los asesinatos de mujeres. Así se empezó a documentar un patrón: en su mayoría eran mujeres pobres, trabajadoras de la maquila, con ciertas características físicas, la mayoría, presentaba signos de violencia extrema.

Lo anterior, llevó a formular diversas hipótesis por parte de las autoridades encargadas de investigar los asesinatos quienes en un principio hablaban de “crímenes pasionales”, para luego ir modificándolas a asesinos seriales, crimen organizado, rituales satánicos, y extracción ilegal de órganos.

Desde entonces, las familias, las madres, tuvieron que enfrentar la misoginia de ministerios públicos, policías, inclusive gobernadores quienes minimizaban las desapariciones de mujeres y asesinatos asegurando que “se habían ido con el novio”  “que ellas se lo buscaron por usar ropa provocativa” o “porque las mujeres buenas no salían de noche”; siempre, sostienen las organizaciones, responsabilizando a las mujeres de la violencia vivida, y evadiendo su responsabilidad para aceptar que no se estaba previniendo la violencia contra ellas.

La larga e interminable lista de casos con características similares, la impunidad imperante en la entidad y el hartazgo de madres y familias ante el sistema de justicia mexicano, los llevaron a voltear la mirada hacia instancias internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y luego la Corte.

En 2001 en el Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, 8 mujeres fueron halladas asesinadas con signos de tortura sexual y en avanzado estado de descomposición pero solamente tres de estos casos logaron llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), pues los demás, debido a la mala investigación por parte de las autoridades, las identidades de las víctimas no pudieron ser corroboradas por sus familiares, por lo que no pudieron llegar a la Corte.

Tras varios años en el Sistema Interamericano, en 2009, la CoIDH sentenció al Estado mexicano por no salvaguardar la vida de las mujeres en la entidad, al tiempo que reconoció que existía una violencia sistemática contra mujeres y niñas de este estado fronterizo con Estados Unidos.

En el punto 231 de la sentencia, la Corte reconoce "que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez"; mientras que en el Párrafo 143 de la misma señala: "en el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos anteriores, utilizará la expresión ‘homicidio de mujer por razones de género’ también conocido como feminicidio".

Asimismo, pidió al Estado mexicano, crear un tipo penal que permitiera sancionar de manera adecuada los asesinatos de mujeres, con el fin de que estos no cayeran en la impunidad y se repitieran los hechos. Además de fortalecerlo con la creación de protocolos especializados para indagarlos.

Desde 2004, la feminista y antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, quien fue legisladora y una de las principales impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, insistió también en la necesidad de tipificar el feminicidio como tipo penal, no sólo a nivel federal, sino que cada entidad lo tipificara, y Chihuahua no era la excepción.

Han sido varias las peticiones para la tipificación y mucha la resistencia para hacerlo. Finalmente, después de 20 años de asesinatos dolosos contra mujeres y niñas en la entidad que se convirtió en emblemática por esta violencia, el pasado 12 de septiembre fue la última en tipificar el delito que desde entonces, ha cobrado la vida, según datos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, de mil 541 mujeres tan sólo en Ciudad Juárez.

17/HZM/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Se incrementa violencia y no se investiga dicen ONG
   
Piden AVG para Torreón
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sofía Noriega, corresponsal
Cimacnoticias | Saltillo, Coah.- 26/07/2017

La Red de Mujeres de la Laguna y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila (CDHEC), solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Torreón, Coahuila, ante el incremento de asesinatos contra mujeres que en 5 años suman 48, tan solo en ese municipio.
 
Las integrantes de la Red de Mujeres de la Laguna, Ariadne Lemond y Adriana Romo, acudieron a las instalaciones de la CDHEC para dejar la documentación para la solicitud de la AVG, cabe destacar que también la organización civil “La Libres” de Guanajuato, y “Mujeres Generando Cambios”, de Torreón, se sumaron a esta petición.
 
De acuerdo con Ariadne Lemond, la alerta que se promueve es exclusivamente para el municipio de Torreón. De proceder, se tendrá que conformar el grupo de personas expertas que deberán visitar el municipio para constatar que existe violencia contra las mujeres y que proceda la Alerta.
 
Las integrantes de las organizaciones civiles explicaron que en el documento que presentaron ante la CDHEC, se documentaron 48 casos de feminicidio, sólo en Torreón, desde el 2013 hasta el 2017 resultado de una investigación hemerográfica.
 
 DATOS OFICIALES
 
Según datos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, sólo 56 de los 436 homicidios de mujeres que se han registrado en cinco años, han sido acreditados como feminicidio.
 
La PGJEC informó en un diagnóstico, que los homicidios de mujeres se redujeron 84 por ciento desde el 2012 a la fecha, y que de los 436 homicidios dolosos contra mujeres, 73 por ciento se consignó o judicializó ante un juzgado.
 
Sin embargo, otras voces como la de la consejera de la CDHEC y presidenta del organismo Eux, Arte y Sida, Aída García Badillo, han señalado que las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubican a esta entidad en el tercer lugar en violencia contra las mujeres (7.06 por ciento), muy por encima de la media nacional que es de 4.37 por ciento.
 
García Badillo, destacó que la Red de Mujeres de La Laguna ha tratado de visibilizar la problemática, aunque es necesario que se sumen más a este llamado. "Lo que estamos viendo en Coahuila es que hay un movimiento de género incipiente, donde sólo unas cuantas tratan de hacer conciencia”.
 
Agregó que la falta de organización de la sociedad civil profundiza más el problema pues los asesinatos de mujeres en su mayoría son clasificados como dolosos, en lugar de catalogarlos como feminicidio.
 
SE INCREMENTAN ASESINATOS
 
En tanto, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) Larisa Montiel Luis, señaló que se deben tomar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres, en específico, los asesinatos, por lo que presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a prevenir este tipo de violencia y dar con los responsables de los hechos.
 
La legisladora panista propuso como de urgente y obvia resolución que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de la Mujer tomen cartas en el asunto y en la exposición de motivos argumentó que el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres en su estudio "La Violencia Feminicida en México, Aproximación y Tendencia”, colocan a Coahuila en el décimo lugar respecto al índice de violencia contra las mujeres y de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH).
 
Detalló que de acuerdo con el Código Penal para el Estado de Coahuila, se tipificó el feminicidio a través del artículo 336 BIS 1, cuando la mujer victimada presente signos de violencia sexual de cualquier tipo o bien haya recibido lesiones o mutilaciones en zonas genitales o en cualquier otra, previa o posteriormente a la privación de la vida.
 
También se establece como feminicidio cuando existan antecedentes de violencia o discriminación por género en el ámbito familiar, laboral o escolar, y haya existido entre el sujeto y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
 
Y ejemplificó que casos como el de una mujer hallada en Arteaga, a quien encontraron maniatada, con huellas de tortura y abandonada en un paraje solitario, o el de otra más que fue asesinada y abandonada en la vía pública, con golpes, huellas de tortura y semidesnuda, y de tantos otros que a diario se suman en Torreón, son ejemplos de la violencia creciente contra las mujeres, por lo que insistió en el llamado a las autoridades para investigar estos asesinatos como feminicidio.
 
17/SN
 








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Hasta 30 años de condena a quien lo cometa
Diputados uruguayos aprueban proyecto de ley sobre femicidio
CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Montevideo, Uru .- 13/09/2017

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó por mayoría un proyecto de ley que tipifica el femicidio/feminicidio como delito especialmente agravado, informaron hoy medios periodísticos.

 

Esta iniciativa fue enviada al hemiciclo por el Poder Ejecutivo, recibió modificaciones en el Senado y propone sanciones de más de 15 años como pena mínima y de 30 como máxima.

 

En su articulado entiende que el femicidio/feminicidio sea considerado un agravante del homicidio cuando la víctima sea una mujer y se demuestre odio o menosprecio por el hecho de ser mujer; existencia de conductas de violencia previas; violencia sexual o por represalia al haberse negado a establecer una relación de pareja.

 

El proyecto fue aprobado la víspera luego de su ingreso a Diputados la semana pasada con un informe en minoría y otro en mayoría, y recibió el visto bueno de los legisladores del oficialista Frente Amplio y los partidos opositores Nacional y Colorado.

 

La legisladora Macarena Gelman, consideró que aunque el aumento de penas no resuelve el problema, sí resulta ejemplarizante y cumple un rol social y pedagógico al contribuir a que la sociedad entienda el fenómeno de la violencia basada en género.

 

Apuntó que las medidas para tender a resolverlo y abordarlo en su complejidad, vienen por el lado de la ley integral, la cual está al entrar a la cámara baja para comenzar su discusión.

 

En el transcurso del 2017 ocurrieron en Uruguay 20 casos de femicidio/feminicidio, de los cuales, 15 fueron cometidos por las parejas de las mujeres asesinadas, indicaron las fuentes.

 

17/RED








NACIONAL
VIOLENCIA
   Familia en espera del Tribunal Superior de Justicia
   
Apelan fallo del juez por caso Lesvy
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/07/2017

La familia de Lesvy está en espera de que el Tribunal Superior de Justicia capitalino responda el recurso de apelación que interpusieron la semana pasada para reclasificar como feminicidio el delito por el que se acusa a la expareja de Lesvy y fije una fecha para la audiencia.
 
Esto aseguró en entrevista el abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que trabaja en el caso junto con la defensa legal de la familia de Lesvy, Rodolfo Domínguez Márquez. Y explicó que está en el proceso de “investigación formalizada”, en la cual ambas partes pueden presentar datos de prueba.

A raíz del recurso de apelación tendrán una audiencia la próxima semana en la que tres magistrados “resolverán en colegiado” el fallo del juez Cristian Franco Reyes, quien acusó el pasado 10 de junio a Jorge Luis González Hernández, pareja de Lesvy Berlín Rivera Osorio, por homicidio doloso por omisión, al no impedir el “supuesto suicidio” de la joven hallada asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo.
 
“En la audiencia se mostrarán los datos de prueba donde los magistrados determinarán cuales serán admitidas durante la etapa oral, esta última es la parte que sigue”, explicó Rodolfo Domínguez.
 
El abogado aseguró que los diferentes peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), como la necropsia, evidenciaron “muchas lesiones que no son compatibles con una mecánica de suicidio, al contrario, nos hablan de que hubo lucha y forcejeo, defensa y que la causa de muerte fue más bien un estrangulamiento”.
 
Además, dijo, en las uñas de Lesvy se encontró piel de Jorge y eso, sumado a las agresiones previas del trabajador de la UNAM hacia Lesvy que se observan en los videos del día del suceso,  “abonan  a la hipótesis de feminicidio”. Aun cuando el juez vio esas pruebas en la audiencia pasada “no quiso hacer la reclasificación a feminicidio, no quiso mirar los datos de prueba que hay con esa perspectiva de género, esto en un problema crónico dentro del poder judicial de la Ciudad de México”, mencionó el abogado.
 
RESPUESTA DE LA CDHDF
 
Actualmente la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) revisa la carpeta de investigación para identificar “qué elementos se cualifican como alguna probable violación a los Derechos Humanos” y así poder dar a conocer su opinión, esto informó ayer la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo a medios de comunicación al término de una conferencia.
 
Gómez Gallardo también recordó que desde finales de mayo hizo pública su preocupación por la tardanza de la PGJDF para entregar a la familia de Lesvy la carpeta de investigación completa.
 
La CDHDF, dijo Perla Gómez, envío a la instancia de justicia tres recordatorios para que les entregaran a ellos y a la familia de Lesvy la primera parte de la carpeta de investigación que contiene los primeros peritajes realizados, pero el organismo de Derechos Humanos obtuvo la misma respuesta que la PGJDF dio a la familia por más de dos meses: “nos informaron que (la primera parte de la carpeta de investigación) la tenía la Procuraduría General  de la República para efectos de uno de los dictámenes”, mencionó.
 
Los recordatorios corresponden a la queja de oficio que la CDHDF interpuso a la PGJDF en la Cuarta Visitaduría donde solicitó que la instancia de justicia informara qué tipo de peritajes realizaron y que corroborara si se estaba aplicando o no el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio en la investigación.
 
Además de la queja ante la Cuarta Visitaduría, la CDHDF inició otra de oficio en la Primera Visitaduría por la filtración de información que la PGJDF hizo en su cuenta de Twitter, con la que, dijo, estigmatizó a la víctima, se violó la presunción de inocencia y la confidencialidad de la investigación.
 
Por dicha filtración en días pasados la familia de Lesvy y su defensa legal, encabezada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, exigieron la destitución de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, porque ahí comenzó la investigación.  También demandaron la renuncia del fiscal de Homicidios, Enrique Reyes Peña, por no investigar el asesinato de Lesvy como feminicidio y por negarles el acceso completo a la carpeta de investigación.
 
DEFICIENTES INVESTIGACIONES Y JUZGADORES
 
Rodolfo Domínguez expuso que si bien el OCNF no ha acompañado otros casos juzgados por Franco Reyes sí conocen varios en los que la Fiscalía de Homicidios, que coordina la unidad de feminicidio, reclasifica como homicidios delitos que en un  principio se investigaron como feminicidio. Con esto, aseguró, “siguen invisibilizando la violencia de género, la violencia feminicida”.
 
El abogado mencionó que el problema “está en la procuración de justicia, es decir, como la PGJDF investiga la muerte violenta de las mujeres y en cómo están resolviendo los jueces”.
 
Dijo que la PGJDF no investiga con perspectiva de género, no resguardan correctamente las pruebas ni el lugar de los hechos “todas esas acciones y omisiones tienen un impacto negativo porque impide el acceso a la justicia”. Y concluyó: “una mala investigación con un mal juzgador nos lleva a la impunidad”.
 
17/MMAE
 








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