violencia sexual

INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Desde voluntarias hasta asistentes sociales y parteras
Mujeres responden a crisis de refugiados de Rohingya
“La tía Leila”, un miembro local de la comunidad Rohingya, se acerca a las mujeres refugiadas y las lleva a los espacios propicios para mujeres del UNFPA. © UNFPA Bangladesh / Naymuzzaman Prince
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp.- 12/12/2017

La frontera entre Bangladesh y Myanmar es el sitio de la crisis de personas refugiadas de más rápido crecimiento en el mundo. Más de 620 mil  personas refugiadas rohingya del vecino estado de Rakhine en Myanmar han llegado al distrito Bax de Cox en solo tres meses.

Con más personas en esta situación que llegan todos los días, los asentamientos están desbordados. Más de la mitad de los que llegan son mujeres y niñas.

Marginadas y vulnerables, están soportando la peor parte de la crisis. Los informes indican que la violencia sexual es generalizada y muchas llegan a necesitar atención materna y otros servicios de salud reproductiva.

Sin embargo, en medio del desplazamiento, hay apoyo, esperanza, curación y resiliencia. Las mujeres están emergiendo como las que responden en primera línea. Desde voluntarias hasta asistentes sociales y parteras, las mujeres se ocupan de las mujeres.

UNA PESADILLA QUE NO SE DETIENE

La ayuda humanitaria compite para satisfacer las necesidades de las personas y las comunidades de acogida, y para planificar la compleja y prolongada situación que se avecina.

Se enfrentan a necesidades abrumadoras. La gente llega después de caminar durante días a través de colinas, ríos y la costa. Muchas personas han experimentado un dolor inimaginable.

“Las heridas externas se están curando, pero la herida interna siempre estará en carne viva”, dijo una mujer al UNFPA en el asentamiento de Balukhali. Su esposo y otros seis miembros de la familia murieron cuando su casa fue incendiada. Ella fue golpeada y apuñalada. “Cada noche tengo pesadillas. No puedo dormir “.

Incluso después de que llegan a los campamentos, la violencia, especialmente la violencia de género, sigue siendo una preocupación importante.

Muchas mujeres están solas, o ahora son las cabezas de sus familias. La sobrepoblación extrema y la privacidad limitada son los principales riesgos de seguridad para ellas y sus hijos. Las tareas esenciales, como recoger agua o leña, bañarse o usar una letrina, pueden ponerlas en riesgo.

Las embarazadas y las nuevas madres tienen una necesidad crítica de servicios de salud materna.

Merula dio a luz hace casi un mes. Su bebé fue entregado dentro de una carpa improvisada con la ayuda de su madre. Ahora tiene tres hijos que cuidar, además de su esposo, Saddam, que se está recuperando de una herida de bala.

MUJERES AYUDANDO A MUJERES

A pesar del tumulto, las mujeres están emergiendo como líderes y trabajadoras de extensión, conectándose entre sí para ayudar y apoyar.

Monowala ya vivía en Bangladesh cuando la crisis se intensificó este verano. Una etnia Rohingya, se ofrece como voluntaria en los asentamientos para personas refugiadas y les cuenta a las mujeres y niñas sobre los espacios propicios para las mujeres del UNFPA: lugares seguros para recibir información, atención médica y derivaciones a consejería.

Los espacios están ayudando a las mujeres a reconstruir un sentido de comunidad. Algunos han comenzado a llamarlos “shanti ghar”, que significa “refugio seguro”.

“El tipo de apoyo que necesitan las mujeres, un médico no puede brindarlo. La herida está adentro “, dijo Monowala. “Las mujeres entienden que cuando vienen aquí no se les ofrece apoyo financiero. Dicen que lo que ofrecemos vale mucho más “.

En el asentamiento improvisado de Leda, la gente busca a “Auntie Leila”, otro trasplante de rohingya de Myanmar que ha estado en Bangladesh durante años. Ella también dirige a las personas a los espacios amigables para las mujeres.

“Cada vez que encuentro una sobreviviente de violencia de género entre los recién llegados o en las calles, me aseguro de traerlas aquí”, dijo. “A las mujeres, les gusta el espacio para venir y hablar abiertamente. A veces llevan a sus hijos a jugar adentro". 

Estas mujeres son esenciales. “Se confía en los voluntarios porque viven en la comunidad. Conocen el idioma y la cultura “, dijo Mosrafa, un gerente de programa en uno de los espacios. También saben cómo encontrar a los necesitados. “Las mujeres enfrentan mucha violencia, por lo que no podemos esperar que siempre vengan aquí en busca de ayuda. A veces tenemos que ir a ellos “.

La participación de las mujeres en la vida pública está muy restringida. “A las mujeres no se les permite sentarse en las tiendas de té para compartir historias, chismes. Por eso es tan importante que las mujeres tengan un espacio como este “, dijo Noor Begum, trabajador social de UNFPA.

LAS PARTERAS SALVAN VIDA

Las parteras respaldadas por el UNFPA también brindan atención que salva vidas, tanto en los espacios seguros como en las clínicas móviles de salud reproductiva. Proporcionan una gama de servicios, incluida la atención prenatal, los servicios de parto seguros y la atención postnatal, así como la gestión clínica de la violación.

En la clínica móvil en Balukhali, una determinada partera llamada Sharifa construyó una mesa de parto de bambú con sus propias manos.

En el campamento de refugiados de Kutupalong, Sabekun tiene 25 semanas de embarazo con su primer hijo. Ella había llegado el día anterior, después de caminar durante siete días para huir de la violencia en su país. Se despertó sintiendo que algo andaba mal, el bebé no se movía como de costumbre.

En el establecimiento de salud del campamento, una partera le aseguró que el bebé está bien, pero que necesita descansar para superar su agotamiento.

“Me sentí tan asustada e insegura esta mañana, pero ahora me siento más en paz”, dijo Sabekun. “Me siento tranquila”.

La trabajadora social del UNFPA, Rafia, señaló que las mujeres son un punto de entrada para llegar a toda la comunidad con mensajes sobre servicios, seguridad y Derechos Humanos.

“Volverán con sus familias y amigos y difundirán esa información. Si proporcionamos información a las mujeres, la difundirán lejos", dijo Rafia.

Y las mujeres también están trabajando para romper el estigma arraigado en torno a la supervivencia de la violencia sexual.

Uno de los voluntarios Rohingya huyó a Bangladesh hace una década durante un brote de violencia anterior. “Mi hermana menor fue llevada a una escuela local y violada y torturada durante cinco días”, dijo. “No había servicios como este disponibles para mi hermana cuando llegamos aquí… Por lo general, en la sociedad si eres violada, te vuelves estigmatizado e intocable”.

Hoy, ella y otros miembros de la comunidad piden un cambio. “Nuestra comunidad ya no debería juzgar esto. Nuestra comunidad comparte esta experiencia. Es una tortura colectiva, pero estamos juntos en esto y podemos apoyarnos unos a otros… Debemos compartir entre nosotros y levantar la carga de todo el trauma “.

*Este artículo fue retomado del portal feminista de noticias Tribuna Feminista.

17/RED/LGL

 








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Congreso aprueba Ley pero no le asigna recursos
Guatemala podría hacer banco genético de agresores sexuales
Imagen retomada del portal acoguate.com
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/12/2017

El congreso de Guatemala aprobó la semana pasada la Ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos, pero no cuenta con recursos para su implementación en el presupuesto de 2018, denunció en entrevista el secretario ejecutivo del “Observatorio de los Derechos de la Niñez, Promoción e incidencia a favor de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud guatemalteca” (ODN Ciprodeni), Otto Rivera Álvarez.

En entrevista con Cimacnoticias, el activista informó que esta Ley busca que a los culpables de delitos sexuales se les identifique genéticamente (incluye a personas guatemaltecas y a violadores denunciados en el extranjero que visiten el país); y que cuando una persona que haya sido acusada de estos delitos termine su sentencia, deberá informar dónde vive y trabaja.

La legislación también plantea que todas las sentencias a agresores sexuales serán publicadas, pero no la identidad de sus víctimas y no se borrará de la base a los agresores. Además, ningún agresor sexual podrá trabajar en puestos que implique contacto con niñas y niños, al tiempo que señala que quien violente sexualmente a sus hijas e hijos perderá la patria potestad de ellos. 

De acuerdo con cifras oficiales, de enero a septiembre de este año, 57 mil 244 mujeres de 10 a 19 años de edad presentaron embarazos, la mayoría de estos se atribuyen a violaciones sexuales por la frecuencia con la que este delito se comete en el país.

Rivera Álvarez precisó que el principal reto será que “la voluntad política se vea reflejada y se cumpla lo que estipula la Ley, del Registro y el Banco Genético”, ya que el proyecto del presupuesto nacional para 2018 no contempla los gastos que implicará poner ambas medidas en  práctica (capacitaciones e instrumentos técnicos para autoridades policiales para la Base de Datos, por ejemplo).

Aunque la iniciativa fue presentada en octubre de 2016 por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala apoyada por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue hasta el pasado 29 de noviembre que se aprobó y es resultado del trabajo de organizaciones civiles que desde 2003, cuando entró en vigor la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, han trabajado porque el gobierno garantice los derechos de este sector de la población, recordó el defensor Otto Rivera.

El objetivo de promover estas legislaciones, dijo, “es robustecer el marco jurídico que protege a las niñas, niños y adolescentes de Guatemala” pues recordó que la infancia “siguen sin ser prioridad para el gobierno”, ya que desde el ODN Ciprodeni y otras organizaciones, estiman que el gasto público para esta población es de sólo un dólar con 2 centavos, “con eso debe garantizarles sus derechos a la salud, alimentación, educación, protección integral y recreación, es insuficiente”, denunció Rivera Álvarez.

También mencionó como ejemplo del “desinterés político hacia las niñez y adolescencia el caso de las 41 niñas y adolescentes que murieron en un incendio ocurrido el pasado 8 de marzo en el albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, una institución pública, mientras denunciaban las violaciones sexuales contra ellas y que sigue impune.

Y aunque la nueva ley aún no entra en vigor porque sigue sin ser publicada en el diario oficial, el ODN Ciprodeni calificó su aprobación como un paso importante para que los delitos sexuales no queden impunes como ocurre actualmente.

Cifras del Sistema de Gestión de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco señalan que de 2014 a 2016 los delitos de violación y agresiones sexuales incrementaron en el país centroamericano: en el  año 2014 se ingresaron mil 471 expedientes, en 2015 fueron 2 mil 966 y hasta el 4 de agosto del 2016 se ingresaron mil 142.

17/MMAE/LGL








OPINIÓN
VIOLENCIA
   Desde la Luna de Valencia
¡Yo sí te creo!
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa Mollá Castells*
Cimacnoticias | Ontinyent, Esp.- 04/12/2017

Esta semana ha quedado visto para sentencia el juicio contra los cinco malnacidos que violaron a una joven en Pamplona en las fiestas de los sanfermines del 2016.

Como hemos visto, los abogados de la defensa han utilizado todo tipo de estratagemas para desviar la atención mediática de sus clientes y hacerla recaer sobre la víctima, cuestionando como siempre, su verdad. En este caso la cuestión iba sobre el consentimiento o no a esas relaciones sexuales y sobre si hubo o no intimidación.

He de reconocer que leyendo algunas informaciones sobre esta estrategia me he planteado hasta qué punto está instalada en nuestro espacio simbólico colectivo la idea de que en el espacio público quien tiene la última palabra son siempre ellos.

Me parece muy cuestionable la deontología profesional de estos letrados al utilizar los argumentos que han utilizado, pero ellos sabrán los motivos. Lo que tengo muy claro es que la víctima, que ellos revictimizaron en el juicio, no creo que les pueda perdonar. Yo no podría hacerlo.

Pero sobre lo que hoy quería reflexionar es sobre la responsabilidad que tiene ahora el tribunal que ha de dictar la sentencia. Y lo digo en varios sentidos.

Si absuelve a los violadores de la manada, a esos malnacidos cretinos, estará dando carta de naturaleza a quienes entienden que violar a mujeres y niñas es algo implícito a la condición de hombre y que va mucho más allá del deseo sexual. Se trata de la máxima expresión del sometimiento de las mujeres a manos de cualquier hombre. Es una peligrosa manera de entender la masculinidad y, por ello habrá que analizar con lupa esa sentencia y no sólo en los términos jurídicos, sino también en términos sociológicos y, por supuesto, con las gafas moradas puestas.

Además si se cuestiona la verdad de la víctima, el tribunal seguirá aplicando la máxima de la falta de equidad a la hora de creer a mujeres y hombres por igual. O sea que dará por buenos los mitos existentes sobre las verdades de voces de las mujeres. Y esas verdades siempre son cuestionadas porque el patriarcado así lo ha impuesto.

Si estos dos argumentos no son ya de por sí delicados, queda también el del impacto social, puesto que al ser un juicio tan mediático se han puesto en evidencia temas como lo que puede o no ser el consentimiento de las relaciones o lo que puede o no ser intimidación.  

¿Se imaginan ustedes una situación inversa? Que sean cinco mujeres jóvenes y vigorosas las que hubieran acorralado a un joven solo en un portal y le hubiesen obligado a realizar algunos actos a los que él no dice no porque se siente intimidado, pero queda hecho una piltrafa cuando ellas, ya satisfechas de su felonía, desaparecen.

¿A que cuesta de imaginar? Y cuesta de imaginar porque, pese a todos los avances conseguidos en materia de igualdad, el patriarcado sigue manifestando todo su poder en todos los ámbitos. Y el de los excesos en la calle es uno de ellos.

El sentido de la posesión, el de invencibilidad, el de "me apetece, lo tomo" sin mesura, son algunas características de este tipo de malnacidos que abusan de todo. Ni imaginarme quiero al miembro de la manada que es guardia civil y que tenga que acudir a defender a una mujer que haya sido agredida por su pareja. En qué situación puede quedar esa señora...

Al patriarcado le interesa que haya este tipo de malnacidos para recordar quienes tienen el poder. Y también que haya letrados que no solo cuestionan la verdad de la víctima, sino que hacen recaer sobre ella y su vida posterior toda la culpa de lo sucedido. Y es que hubo momentos en los que no se sabía si estaban juzgando a la manada o a la víctima de la violación en grupo de estos malnacidos.

Afortunadamente la fiscal, Elena Sarasate, puso nombre a las cosas. Y en su alegato final describió la acción como "conjunta y organizada" y que los hechos "se produjeron sin consentimiento y bajo violencia e intimidación. Cuando los acusados terminaron y consiguieron lo que querían, la dejaron tirada y semidesnuda".

En su intervención, esta fiscal desmontó el estereotipo del consentimiento. Es decir no hace falta decir NO para que no exista consentimiento. En todo caso, si no existe un SI claro, no se tiene porqué entender que haya habido consentimiento claro.

Y vuelvo a la responsabilidad del tribunal a la hora de dictar sentencia por todo lo que este caso ha puesto patas arriba.

Es posible que pese a la terrible lentitud con que se va moviendo todo lo que afecta a las violencias machistas y a las vidas de mujeres y criaturas que este terrorismo se lleva por delante, alguna cosa cambie.

Pero el patriarcado sigue ejerciendo su férrea posición y no va a permitir grandes cambios, y por ello quienes dicten sentencia, impregnados como están de filosofía patriarcal, en el mejor de los casos reconocerán los hechos y aplicarán penas más o menos ajustadas, pero no creo que se atrevan a aludir al daño moral causado a la víctima. Ese daño que la acompañará el resto de su vida y que nadie podrá reparar. Ese daño será la victoria del patriarcado sobre esa joven, y sobre todas las mujeres en forma de miedos constantes a ser agredidas por malnacidos hijos sanos del patriarcado asesino.

También este caso mediático está entrando en las escuelas y haciendo reflexionar a familias y personal docente sobre valores como el respeto, la aceptación del NO, la resolución pacífica de conflictos, etc.

Seguramente dentro de unos años seamos capaces de reflexionar y de avergonzarnos como sociedad por no haber creído a esta mujer joven y de cómo algunos abogados son capaces de cuestionar esa voz sin importarles el daño moral que infligen ni la dignidad de la propia víctima.

Y es que como siempre ha dicho mi señora madre, de los errores también debemos aprender.

A ver si somos capaces, como sociedad, de evitar sufrimientos innecesarios y juicios paralelos a las víctimas de las violencias machistas de todo tipo.

* Corresponsal, España. Comunicadora de Ontinyent.

tmolla@telefonica.net

17/TMC/LGL








ENTREVISTA
DERECHOS HUMANOS
   Recuperan su derecho a tomar la palabra, a nombrarse
“La verdad no se puede ocultar por siempre”: mujeres de Atenco ante CoIDH
Bárbara Italia, víctima de violencia sexual durante su declaración en la sala de juicios orales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Imagen retomada del twitter de la CoIDH
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San José, CR .- 22/11/2017

Después de dos días en la sala de juicios orales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el balance de las once mexicanas que acudieron a denunciar la tortura sexual por parte de policías municipales, estatales y federales es positivo porque lograron evidenciar que la verdad no se puede ocultar por siempre.

Las heridas emocionales ocasionadas hace más de once años siguen presentes pero se han transformado en fuerza. Así lo demuestran sus voces contundentes, sus movimientos certeros y los ademanes que hacen las once sobrevivientes de los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México.

Finalizada la audiencia pública que se realizó los días 16 y 17 de noviembre en la sede de la Corte Interamericana, en San José, capital de Costa Rica, las mujeres decidieron hacer un paréntesis para hablar con los medios mexicanos sobre sus primeras impresiones tras escuchar las preguntas e inquietudes de jueces y de los funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob).  

Cinco de las denunciantes, conocidas como las “mujeres de Atenco”, charlaron con Cimacnoticias. En una entrevista colectiva María Patricia Romero Hernández, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres, Cristina Sánchez Hernández y Yolanda Muñoz Diosdada hicieron una evaluación positiva y esperanzadora de lo ocurrido durante los dos días en la Corte Interamericana.  

Durante la primera jornada Angélica Patricia, Bárbara Italia, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo presentaron su testimonio. Fueron interrogadas por su defensa, por los representantes del Estado mexicano y por la juez y los jueces de la CoIDH, encargados de juzgar las presuntas violaciones a Derechos Humanos.

En el segundo día de trabajo la delegación mexicana, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, y la defensa de las mujeres, integrada por las abogadas de los Centros de Derechos Humanos: Miguel Agustín Pro Juárez y por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentaron sus alegatos.  

RETÓRICA DE LA IMPUNIDAD

Las mujeres recuperaron su derecho a tomar la palabra. Así lo sienten y así lo dicen. Aunque sólo cinco estuvieron en el estrado de la Corte Interamericana todas se sintieron identificadas en cada testimonio porque prácticamente vivieron las mismas vejaciones e insultos por parte de los cuerpos policiacos de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia de Seguridad del Estado de México.

- Anayeli García Martínez (AGM): “¿Cuál es el balance después de escuchar las preguntas y los argumentos del Estado mexicano?”. 

- María Cristina (MC): Los comentarios del Estado pues, sí, sabemos que quieren balconear, pero nunca ofrecieron, nunca nos dieron un apoyo y no sé de dónde sacan eso.

- Yolanda (Y): Yo creo que fue una estrategia del Estado porque ahorita quiere argumentar que ha hecho algo bien y eso es falso. En tiempo se pasaron años y hemos visto que no hubo justicia ni un seguimiento para crear un sistema de justicia bien que pudiese ser beneficioso para nosotras, realmente conforme a la ley.

- Patricia (P): Es una disculpa tardía porque ya han pasado once años. Ellos decían que teníamos derecho a una indemnización, a que nuestros hijos tuvieran becas, hablaron de derecho a tener casa habitación y a muchas facilidades. (Pero) A once años estamos esperando que pudieran resolver el castigo de todas esas personas que incurrieron en la desgracia.

- Angélica Patricia (AP): Para mí fue bueno llegar hasta esta instancia que es la Corte Interamericana. Vimos ahorita a los representantes del Estado mexicano como niños reprobados, no traían nada preparado. Las cifras estaban mal hechas. El representante del Estado decía que había 45 mil habitantes (que radicaban en la zona). No es lo mismo que decir cuántas personas había ese día, o sea, las cifras, todo mal.

“Todo mal como su posición ahorita. Querían seguir tapando el sol con un dedo, no estaban siquiera claros ni por dónde iban, no tenían conocimiento del caso, creo que muy mal por parte de ellos. La verdad no se puede esconder. Se vio claro como no pudieron esconder la verdad. A once años no han hecho absolutamente nada”.

- Bárbara Italia (BI): Voy a retomar la frase hermosa que encuadró muy bien la experiencia de hoy, de las declaraciones del Estado, que dijo Araceli Olivos, la representante de nosotras: Estamos escuchando y estamos de frente a la retórica de la impunidad. Y es precisamente eso que ha intentado el Estado mexicano, imponernos la impunidad.

“Me parece muy positiva la audiencia de hoy. Ha sido realmente un espacio reparador en el que nosotras nos hemos podido encontrar, las once. Hablar en voz alta, nombrarnos, decir nuestro nombre, y en un ambiente de igualdad de condiciones con el Estado, y frente a jueces que estaban en la mejor disposición de escuchar la verdad, de escuchar a las mujeres”.

ONCE AÑOS DE “EMPUJAR LA VERDAD”

Las sobrevivientes han invertido once años “en empujar la verdad y la dignidad” frente a funcionarios que en un primer momento las calificaron de mentirosas y que hoy dicen no poner en duda lo que les sucedió.

Como muestra, en esta ocasión el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo recordó que en la audiencia que se realizó el 14 de marzo de 2013 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, el Estado reconoció su responsabilidad y pidió una disculpa pública.

En la comparecencia de hace cuatro años ante la CIDH, órgano que remitió el caso a la Corte Interamericana, Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, y Juan Manuel Gómez-Robledo, entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, ofrecieron una solución amistosa que fue rechazada por las víctimas.

Después de un largo proceso que comenzó en abril de 2008 cuando las once mujeres enviaron su caso al Sistema Interamericano, se les preguntó:

- AGM: ¿Esta audiencia, la última sesión oral, se acerca a la justicia?

- C: Hay algo cerca. Esperemos que los jueces nos escuchen y nos den prioridad. Creo que se ha luchado muchísimo. Entonces ¿qué se persigue? Ante todo que se haga justicia y que se diga la verdad, por eso estamos aquí. Creo que este es el mejor camino porque tenemos un gran grupo de abogados y una Corte de las mejores, es la mejor.

- AP: Es solamente como un pasito, todavía falta mucho.

- BI: Creo que es indispensable y se requiere una sentencia que vaya en el sentido de las peticiones que hemos hecho hoy a la Corte. Que la Corte determine que el Estado tiene que investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Creemos que si no tenemos ese elemento particular en la sentencia, estos hechos van a quedar impunes. Once años de impunidad en México nos dan la razón.

Bárbara Italia, una de las cinco mujeres que declararon, insiste en que es necesario que el alto tribunal se pronuncie por una investigación que abarque todos los niveles de responsabilidad y que no se quede solamente en la reparación del daño material. Contundente, afirmó que no aceptarán un monto económico a cambio de la justicia. 

En la jornada del día 17 de noviembre, el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo señaló que el Estado ya ha ofrecido medidas de reparación del daño pero pidió al pleno considerar que se requiere de la “cooperación de ambas partes” toda vez que las mujeres se han negado a participar en el diseño de las mismas. Por su parte, las sobrevivientes de tortura sexual y su defensa legal, argumentaron que la medida más sustantiva de la reparación del daño es una investigación seria. 

No obstante el Estado mexicano consideró que no podía sancionar a ningún mando. Su principal argumento es que la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2009, determinó que no había elementos para señalar la responsabilidad de la cadena de mando y que de hacerlo se estarían violando los Derechos Humanos de los jefes policiacos.

- AGM: ¿Qué opinan de que el Estado ya tenga un paquete de reparaciones y diga que no es posible investigar a quienes ordenaron el operativo?

- BI: El Estado mexicano, desde un poco antes de que se emitiera el informe de fondo, ya tenía su paquete de reparaciones. La vía que estaba buscando era la solución amistosa (mecanismo en la CIDH para evitar que un caso llegue a la Corte). El Estado mexicano tiene años intentando meter un paquete reparatorio que no tiene absolutamente nada que ver con la verdad.

El Estado podrá, en su retórica, seguir insistiendo en que hay medidas de reparación pero no son las que nos reparan a nosotras, son las que para ellos se apegan a esta lógica de pretender no investigar e irse con otras medidas individuales que, por supuesto son importantes, pero que no son vitales para nosotras. En esa lógica, el Estado seguirá diciendo misa pero nosotras no quitamos el dedo del renglón.

- AP: Una cosa es que quieran y otra cosa que se dé. Lo han intentado desde hace mucho. ¿Una solución amistosa? ¿De cuántos muertos que ha habido en México, de cuántas personas por políticas impunes? No puede haber solución amistosa. Ahorita ya no. Ya estamos en la Corte, la sentencia de la Corte será lo que se tendrá que llevar, eso no es negociable ya.

ROMPIENDO EL SILENCIO

La mañana del 16 de noviembre, las mujeres presentaron sus testimonios. Señalaron los daños psicológicos y familiares de la tortura sexual. Por ello, y pensando en lo que viven otras mujeres, pidieron que la Corte Interamericana considere en su sentencia que una de las medidas de reparación del daño sea la creación de un Centro de documentación y acompañamiento a mujeres sobrevivientes de tortura sexual.

Hicieron esta propuesta porque en su travesía por las instituciones mexicanas, la cual han sobrellevado arropadas por la sociedad civil, han conocido a más mujeres víctimas de tortura sexual. De ahí que el Centro que proponen tiene dos objetivos: dar acompañamiento a mujeres y sus familias desde un enfoque psicosocial y con una perspectiva de Derechos Humanos; y, documentar para comprobar cómo las fuerzas de seguridad ejercen la tortura sexual en todo el país.

- AGM: Algunos jueces preguntaron por qué afirman que la tortura es una práctica generalizada en México ¿por qué hacen esta afirmación?

- P: En todos los movimientos que ha habido, como fue Oaxaca y algunos otros, casi siempre se ve el mismo abuso de la fuerza, el abuso de las mujeres. Casi siempre que veo las noticias veo el abuso y no nada más es en México, es en diferentes países. Lo vimos en España, en Barcelona. Esa parte es la muestra de que es general. 

- BI: Cuando nosotras salimos (en 2006) se hablaba de violación y nosotras intentamos hacer una distinción sobre el uso político de la violación, como estrategia de control social. A ti te pueden violar en el microbús, te pueden violar saliendo de una fiesta y, sí, hay elementos de dominación pero es distinto. Hay una vulnerabilidad contra las mujeres muy específica cuando estas en custodia de agentes del Estado, eso por supuesto se configura en tortura sexual.

“Nosotras quisimos enfocar ese elemento y esa dimensión de la violencia contra las mujeres y cómo se tortura a las mujeres de una manera diferenciada que a los hombres. A las mujeres nos violan casi sí o sí, bajo contexto de detención. En otros periodos de la historia nos violaban pero no se miraba ni se daban pistas que tenía un elemento fuertemente político, de dominación de la sociedad y hacia los movimientos”.

Para Patricia, Angélica Patricia, Bárbara Italia, Yolanda y Cristina junto con Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco Rodríguez y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, es claro que la tortura sexual es una herramienta del Estado y por eso seguirán luchando para que se deje de usar. 

Ahora llegaron a la última instancia facultada para juzgar violaciones a Derechos Humanos en el continente, y por eso esperan que una vez concluida la audiencia, los jueces Humberto Antonio Sierra Porto, Roberto F. Caldas, Eduardo Vio Grossi, Eugenio Raúl Zaffaroni, Patricio Pazmiño Freire y la jueza, Elizabeth Odio Benito, emitan una sentencia a su favor aunque la tortura sea irreparable.

Con la próxima resolución, que se espera para 2018, México podría sumar tres condenas de la Corte Interamericana por casos de tortura sexual contra mujeres. Las dos sentencias previas fueron emitidas en 2010 cuando el organismo encontró responsable al Estado mexicano por la tortura sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, agredidas por militares en 2002, en el estado de Guerrero.

17/AGM/LGL








ZONA DE REFLEXIÓN
DERECHOS HUMANOS
   ZONA DE REFLEXIÓN
Mujeres de Atenco, la voz de todas
Imagen retomada del twitter del Centro Prodh
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/11/2017

“Las mujeres nunca nos equivocamos cuando peleamos por nuestros derechos”, fue la respuesta de la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio Benito a Norma, una de las víctimas de tortura sexual en la represión ocurrida durante los operativos de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México.

Norma es la voz de muchas mujeres que se han preguntado si no es un error haber denunciado la violencia vivida, cuestionamiento que emana cuando son nuevamente revictimizadas por los administradores de la justicia mexicana; y es la voz de aquellas que guardan silencio por el terror de ser exhibidas con cuestionamientos soeces.

Por eso las palabras de Norma, representan la voz de todas las mujeres de Atenco y Texcoco que fueron violentadas los días 3 y 4 de mayo del 2006 y de las 31 mujeres que fueron torturadas sexualmente; y a la vez, es parte de las once que presentaron su testimonio ante la Corte.

Las mujeres de Atenco han caminado 11 años en búsqueda de verdad y justicia. En ese andar han recibido de todo por parte del Estado mexicano, menos justicia. Ellas han sido calumniadas, estigmatizadas, revictimizadas, pero no se han rendido porque saben que su dicho es verdad, y que unidas son más fuertes.

Once años para hacer oír su palabra, la que Peña Nieto quiso silenciar, en su momento, como gobernador del Estado de México, y hoy, al ocupar la silla presidencial.

Sin importar el tiempo transcurrido ni a donde vaya, Atenco lo seguirá por el resto de su vida, como el 2 de octubre a Díaz Ordaz, porque la dignidad de las heroínas de Atenco es más fuerte que la simulación. Ellas nos representan a todas.

Su presencia nos recuerda lo que sí hemos logrado desde el feminismo: romper el silencio que cobija la violencia misógina y feminicida, porque logramos hacer pública la tortura sexual que sigue siendo cotidiana en nuestro país.

Ellas nos recuerdan que sí hay que creerles a las víctimas pese a las voces, casi siempre masculinas, que pretenden desacreditarlas.

La voz de las mujeres de Atenco es la de todas; la de cientos de madres que buscan la verdad y la justicia para sus hijas asesinadas por sus parejas, víctimas estigmatizadas por las autoridades que disfrazan de suicidio los asesinatos porque están coludidas con el feminicida. Es la voz de cientos de mujeres y niñas que están en las redes de trata a quienes les han quitado las palabras, las han silenciado a tal grado que algunas creen que eso es un buen trabajo.

Las de Atenco somos nosotras, las que salimos a la calle para exigirle al Estado que garantice nuestros derechos y frene la violencia contra nosotras. Ellas somos nosotras y nosotras somos ellas.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC

Twitter: @lagunes28

17/LLH/LGL

 








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Ante CoIDH sostiene haber reparado daño a mujeres torturadas sexualmente
Niega Estado mexicano “tortura generalizada” en Atenco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San José, CR.- 22/11/2017

Como hace 11 años, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual de Atenco denunciaron los hechos de tortura sexual cometida en su contra por agentes de los 3 niveles de gobierno.

Ahora, frente a las y los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y como hace 11 años, el Estado mexicano, a través de sus funcionarios, insistió en que los operativos obedecieron a un “enfrentamiento entre dos bandos: policías y manifestantes”, negó que hubo tortura generalizada y enfatizó que el daño a las mujeres se había reparado.

Durante las audiencias públicas realizadas este 16 y 17 de noviembre, en la sede de la CoIDH, en San José, Costa Rica, por el caso de tortura sexual contra 11 mujeres peticionarias de Atenco, la comitiva mexicana, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, trató de justificar el contexto de las violaciones sexuales.

Desde el jueves 16, cuando cinco de las 11 mujeres presentaron su testimonio oral para dar cuenta de que fueron detenidas de forma arbitraria, golpeadas, manoseadas y pellizcadas en senos, pezones, piernas, pubis, glúteos, ano y vagina, los funcionarios mexicanos trataron de “contextualizar” los hechos y aclarar que ya habían tomado medidas de reparación por este caso.

Incluso cuando el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo trató de dar un discurso sobre el respeto a los Derechos Humanos (DH), fue interrumpido por la abogada de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Florencia Reggiardo, quien lo objetó toda vez que en esa etapa del proceso solo se debían hacer preguntas a las sobrevivientes que declaraban.

Asimismo el director del Área de Casos de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Carlos Uriel Salas Segovia y la directora de Derecho Internacional de la Consultoría Jurídica de la misma dependencia, Karla Victoria Jones Anaya, cuestionaron a las víctimas si conocían los informes donde ofrecieron medidas para reparar el daño.

Para afianzar esta posición, el viernes 17 el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo destacó que había 52 policías “consignados” y que en una audiencia realizada el 14 de marzo de 2013 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano reconoció violaciones a DH y negó que el caso Atenco ocurriera en un contexto de “tortura generalizada”.

También dijo que, de acuerdo con una investigación realizada en 2009 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hubo y no hay elementos para juzgar a mandos superiores jerárquicos, no hubo una orden para violar DH y que el uso de la fuerza fue una acción legítima y legal, aunque reconoció que hubo “excesos”.

NUEVAS REPARACIONES

En voz del embajador, el Estado mexicano pidió que no se ordenen “nuevas medidas de reparación” adicionales a las propuestas por el gobierno mexicano, y acusó a la CIDH, organismo que envió el caso a la Corte, de incurrir en errores graves y violaciones procesales en este caso.

Como respuesta a los alegatos de la comitiva mexicana, las litigantes de Cejil y del Centro de DH Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) acompañantes legales de las denunciantes, aclararon que ningún autor de los crímenes ha sido sancionado. La abogada del Prodh, Araceli Olivos Portugal, dijo que la información vertida era un ejemplo de la “retórica de la impunidad” para justificar la brutalidad policial de hace once años.

Para desmentir los dichos del Estado, la abogada Stephanie Erin Brewer precisó que la investigación de la SCJN, que no era penal, encontró que la violencia en los operativos policiales de Atenco fue tolerada por omisión por la cadena de mando, es decir, por los jefes de la policía que conocieron y toleraron los hechos.

Al contrastar las versiones, los jueces del alto tribunal, Humberto Antonio Sierra Porto, Roberto F. Caldas, Eduardo Vio Grossi, Eugenio Raúl Zaffaroni, Patricio Pazmiño Freire y la jueza Elizabeth Odio Benito, notaron una radical y distinta forma de ver los hechos.

Por esa razón una pregunta en la que insistieron fue saber si había o no responsables condenados. El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, tuvo que matizar los dichos y señalar que las 52 personas imputadas eran probables responsables y que en realidad no había ninguna condena.

El fiscal destapó la verdad negada cuando afirmó que en un principio hubo una sentencia por el delito de actos libidinosos que finalmente fue revocada. Además, dijo, de los 52 imputados, sólo 18 siguen en proceso. “No hay impunidad porque los procesos legales siguen”, consideró.

Los jueces pidieron que en la siguiente etapa, deberán enviar alegatos por escrito, las víctimas deberán informar por qué consideran que hubo una estrategia (avalada por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto) para ejercer tortura sexual ya que “una cosa es solicitar la intervención de la fuerza pública y otra masivas violaciones” y pidió al Estado informar cuántos policías participaron y cuántos civiles había, entre otros datos.

Las 11 mujeres de Atenco piden reparación para ellas pero también para evitar la repetición de los hechos. Es por ello que demandaron que se reconozca el uso excesivo de la fuerza policial, la violencia contra las mujeres, la tortura como mecanismo de control y la impunidad que permite su repetición crónica.

En su camino hacia la justicia, Mariana Selvas Gómez; Georgina Edith Rosales Gutiérrez; María Patricia Romero Hernández; Norma Aidé Jiménez Osorio; Claudia Hernández Martínez; Bárbara Italia Méndez Moreno; Ana María Velasco Rodríguez; Yolanda Muñoz Diosdada; Cristina Sánchez Hernández; Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo; han encontrado más víctimas de tortura sexual, una técnica que consideran, se usa para desmovilizar a la sociedad, reprimir o fabricar culpables.

Por ello, durante tres años mantuvieron la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, que actualmente está integrada por 24 mujeres de diferentes regiones del país.

17/AGM/LGL








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   DESENREDO
   
Un ejemplo más, mujeres de Atenco
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Gua.- 17/11/2017

Fue superlativo el cinismo de los representantes del Estado mexicano mostrado en la Audiencia Pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizada en San José, Costa Rica, este 16 y 17 de noviembre, por el caso Atenco.

En contraste, fuerza y valentía demostraron las cinco sobrevivientes que presentaron sus testimonios por haber sido torturadas sexualmente por policías, quienes les rasgaron su ropa, las golpearon, las pellizcaron, las penetraron, se burlaron de ellas, las insultaron, las humillaron...

Las 11 mujeres que siguen la demanda ante ese organismo internacional piden se conozca la verdad, se castigue a los culpables materiales e intelectuales, que el Estado mexicano no sólo reconozca que sus agentes incurrieron en uso excesivo de la fuerza, sino que cometieron tortura sexual (no tortura por omisión ni encubrimiento por tortura): que se disculpe.

Como resultado de un operativo policíaco en el que participaron más de 2 mil 500 agentes locales y federales, 200 hombres y 50 mujeres fueron detenidos en el poblado de Atenco, donde sus habitantes protestaban por la instalación de un aeropuerto.

Este caso demuestra la importancia de los pactos de impunidad para que se siga repitiendo una forma de establecer “orden” por parte de las fuerzas públicas y se justifique su agresividad bajo el entendido que las personas reprimidas son “enemigos”. Igual ocurrió en Guatemala durante la guerra.

Aunque los voceros de la cancillería mexicana utilicen una verborrea con múltiples subterfugios, quedó claro que ningún inculpado por la represión ejercida ha sido condenado después de 11 años. Y si un policía fue sentenciado sólo por “actos libidinosos”. Después, con un recurso de amparo, fue dejado en libertad.

El caso Atenco es conocido gracias a que 11 mujeres han alzado su voz en múltiples foros para exigir justicia, reivindican su derecho a una reparación digna para sentar un precedente en México y no se repita ese tipo de abusos. Así lo hicieron en Guatemala, las abuelas de Sepur Zarco (departamento de Alta Verapaz), quienes durante la guerra sufrieron esclavitud sexual en un destacamento militar.

Las sobrevivientes de Atenco en ese entonces eran trabajadoras, estudiantes, periodistas, activistas, y les imputaron cargos falsos, se les obligó a seguir procesos judiciales y a estar privadas de libertad, en un contexto en el que siendo gobernador Peña Nieto asumió la responsabilidad de restituir el “orden” en ese poblado mediante el uso de la fuerza pública. 

La tortura sexual no es un acto excepcional, es una realidad persistente. En la audiencia se explicó que de cada 100 mujeres detenidas en México, 72 sufren violencia sexual y 33 de ellas son violadas.

Ello ocurre porque existen pactos de impunidad entre machos, ya que los patrones de actuación con esquemas de supremacía masculina que siguen los elementos policíacos y sus jefes, les obliga a silenciar los abusos que cometen contra mujeres; y sabiéndose impunes nombran putas, perras, mentirosas, revoltosas a sus víctimas, a quienes culpabilizan por hacer sido detenidas ya que ellas “tendrían” que estar en su casa...

Por ello, tienen mucha razón las defensoras de derechos humanos quienes abogar por acabar con la figura de los “intocables”, de los que se sienten todopoderosos.

* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.

17/RHA/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Sobrevivientes pidieron reconocer la tortura sexual de 2006
“Verdad a medias no es verdad”: Mujeres de Atenco
Imagen retomada del twitter de la CoIDH
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San José, CR .- 16/11/2017

Cuatro horas y media tardó la primera parte de la audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la que Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Angélica Patricia Torres Linares y Bárbara Italia Méndez Moreno dieron testimonio de lo ocurrido durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Atenco y Texcoco en el Estado de México.

Cerca de las ocho de la mañana las once mujeres denunciantes de tortura sexual entraron a la sala de la sede de la Corte Interamericana, lugar donde decenas de estudiantes de Derecho hicieron fila para escuchar los testimonios y ver el desarrollo de la audiencia donde minutos más tarde se daría cuenta de cómo once años y seis meses atrás, policías municipales, estatales y federales detuvieron, golpearon y toquetearon sexualmente a unas 31 mujeres.

Tras escuchar la presentación del caso por parte de las delegadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que envió el caso a la CoIDH, las denunciantes comenzaron a narrar testimonios que por momentos causaron sorpresa a los jueces y que hicieron que la comitiva de funcionarios mexicanos enfocara sus participaciones en enfatizar que ya se han tomado medidas para reparar el daño.

Los interrogatorios comenzaron con la formalidad propia del organismo internacional, primero con la gente participante de pie para recibir a los seis jueces, sin contar al mexicano Eduardo Ferrer MacGregor que por su nacional no puede conocer el caso, y luego con un interrogatorio para cada una de las primeras cuatro, de cinco, víctimas que fueron llamadas a declarar.

El Juez Patricio Pazmiño Freire, interroga a la declarante, Sra. Norma Aidé Jiménez Osorio. Fotografía twitter @corteidh

--”¿Podría la declarante manifestar ante la Corte su nombre?

--Norma Aidé Jiménez Osorio

--¿Nacionalidad y lugar de residencia?

--Mexicana, Ciudad de México”.

Así comenzaron y siguieron los testimonios, declaraciones que repitieron las mismas frases una y otra vez: “era estudiante, me golpearon, me taparon la cabeza, metieron sus dedos en mi vagina… mi vida no volvió a ser la misma…. alguien lo ordenó, queremos que se investigue la cadena de mando”.

Los primeros en romper el protocolo fueron los funcionarios del Estado mexicano, quienes no dieron su nombre al tomar la palabra e hicieron comentarios  en vez de ceñirse a hacer preguntas a las víctimas. Así por ejemplo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, comenzó a dar un discurso hasta que fue interrumpido.

El también embajador dijo que el gobierno de México condenaba cualquier violación a Derechos Humanos y estaba a punto de continuar fijando su posición cuando una abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que defiende a las mujeres, objetó el discurso porque, dijo, la audiencia de este jueves era para escuchar a las víctimas y no para presentar alegatos, algo que está previsto para este 17 de noviembre.

Las mujeres de Atenco, como se conoce a las sobrevivientes, escucharon atentas, sentadas todas juntas de lado izquierdo de la sala, mientras la delegación mexicana hacía preguntas enfocadas a que las denunciantes reconocieran que las instituciones del país habían realizado acciones para reparar el daño, por ejemplo, que 55 policías fueron investigados, aunque la respuesta de Norma Aidé dejó claro que  “una verdad a medias no es la verdad”.

Al concluir el primer testimonio, las emociones explotaron y los recuerdos no pudieron esperar. Cuando Norma Aidé bajó del estrado, ellas, las que fueron acusadas de mentirosas, se abrazaron, deshicieron el nudo en sus gargantas y una vez más se juntaron para tomar aire y seguir en esta reunión que será la última antes de que la Corte Interamericana emita un fallo por este caso, en 2018.

Después del testimonio de Bárbara Italia Méndez Moreno, la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Patricia Colchero Aragonés, dio un giro a las intervenciones de los representantes del gobierno al comenzar a preguntar a las víctimas cómo el Estado podía colaborar para resarcir las consecuencias que padecieron por la violencia sexual.

17/AGM

 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Dos días de alegatos para determinar responsabilidad del Estado mexicano
CoIDH escuchará testimonios de tortura sexual de mujeres de Atenco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/11/2017

Después de once años y seis meses de enfrentar cotidianamente a las instituciones del Estado de México para que las dejen de llamar mentirosas, once mujeres víctimas de tortura sexual se presentarán ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para narrar cómo las fuerzas de seguridad pública las violentaron durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006. 

Por primera vez este 16 y 17 de noviembre la palabra de Mariana, Georgina Edith, María Patricia, Norma Aidé, Claudia, Bárbara Italia, Ana María, Yolanda, Cristina, Ángela Patricia y Suhelen Gabriela se escuchará durante una audiencia pública que se realizará en la sede de la Corte Interamericana, en San José, capital de Costa Rica. 

Para ellas, Las Mujeres de Atenco, el reloj se detiene con está audiencia que será la última parada de un recorrido en búsqueda de justicia que ya suma 138 meses y que podría culminar en una sentencia del máximo tribunal del continente en la que se reconozca que el Estado mexicano, por orden de mandos superiores y a través de policías locales, estatales y federales, ejerció tortura sexual.

Este episodio no pinta para ser una rendición de cuentas de parte de la comitiva de funcionarios mexicanos porque el organismo internacional no está facultado para juzgar los procesos penales que se desarrollan en México por estos casos pero servirá para mostrar las violaciones a Derechos Humanos cometidas durante un operativo que duró dos días y dejó secuelas permanentes.

DE GARANTIZAR SEGURIDAD A LA REPRESIÓN

El 3 de mayo de 2006 el gobierno del Estado de México, encabezado por el entonces gobernador y hoy Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenó el despliegue de un operativo en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco para impedir que los floricultores vendieran sus productos, operativo que se extendió hasta el 4 del mismo mes.

El despliegue de 700 policías federales, mil 815 de la Agencia de Seguridad Estatal y al menos nueve policías municipales dejó como saldo 207 detenidos, al menos 26 mujeres víctimas de violencia sexual; dos personas asesinadas: Javier Cortés Santiago y Ollín Alexis Benhumea Hernández y cinco personas extranjeras expulsadas del país.

Como resultado también se abrieron dos investigaciones, una de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; un expediente penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y posteriormente otro en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, hoy conocida como Fevimtra. 

La versión de altos funcionarios, empezado por Peña Nieto, fue que se trató de reestablecer el orden y la paz social amenazada por unos manifestantes pero las imágenes de televisión y de los medios mostraron lo contrario, se vio cómo policías con equipos antimotín, toletes, escopetas lanza cartuchos de gas lacrimógeno y granadas del mismo gas, golpeaban y detenían gente al por mayor.

En este contexto 47 mujeres fueron detenidas de forma arbitraria, de ellas al menos 26 fueron golpeadas, manoseadas y pellizcadas en senos, pezones, piernas, pubis, glúteos, ano y vagina, en algunos casos por encima de la ropa y, en otros, en contacto directo con la piel. Una de las sobrevivientes fue obligada a practicar “sexo oral” a los policías y, según las denuncias, cada humillación fue acompañada de insultos, amenazas, golpes y jalones a la ropa. 

Con toda la carga física y psicológica que implica esta violencia, once mujeres mantuvieron sus denuncias por tortura pero ante la falta de respuesta en las instancias nacionales, en abril de 2008 presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañadas por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Cejil) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Después de un largo proceso, en octubre de 2015 el organismo internacional emitió un informe sobre el caso, registrado como “Mariana Selvas y otras” y lo envió a la Corte Interamericana que finalmente escuchará la palabras de las denunciantes para analizar el fondo del asunto y eventualmente emitir una sentencia contra el Estado mexicano por su responsabilidad en las violaciones a Derechos Humanos cometidas en Texcoco y Atenco.  

LA MEMORIA DE ATENCO

San Salvador Atenco es el municipio mexiquense donde surgió la lucha de los ejidatarios del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), hombres y mujeres que se opusieron a la expropiación de sus tierras para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un proyecto ensalzado por Peña Nieto y que en 2015, durante su administración como primer mandatario a nivel federal, finalmente comenzó su contracción. 

Cuando en mayo de 2006 el FPDT se solidarizó con los floricultores que eran reprimidos en un operativo que calificaron de desproporcionado, también hubo personas defensoras de Derechos Humanos y estudiantes que acudieron al lugar a ayudar, fue el caso de las mujeres de Atenco. Algunas eran estudiantes que querían documentar la violencia, otras comerciantes que estaban en el lugar y unas más ciudadanas que simplemente pasan por allí.

Como si la finalidad fuera decretar la falsedad de los dichos de las mujeres torturadas sexualmente, el 16 de junio de 2006 el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, declaró: “es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres”.

Con una intención similar, el 27 de junio de 2006 el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid, atribuyó lo que consideró eran “supuestos abusos” por parte de la policía a los “altos niveles de estrés” y declaró que “si las mujeres muy dignas no se dejaron revisar por los doctores, fue porque les había hecho nada”.

A pesar de esos intentos por desestimar las denuncias y cerrar el caso, las Mujeres de Atenco es la sombra que acompaña a Enrique Peña Nieto. El episodio incluso hizo tambalear su campaña presidencial cuando en el 11 de mayo de 2012 fue increpado por estudiantes durante una presentación en la Universidad Iberoamericana, quienes le señalaron el uso excesivo de la fuerza en Atenco y Texcoco.

Ante la insistencia de los estudiantes el entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respondió que en Atenco se reestableció el orden y afirmó: “Fue una acción determinada personalmente que asumo personalmente”. Este episodio más tarde dio vida al movimiento estudiantil YoSoy132.

ASUMIR REPARACIÓN DEL DAÑO

La CoIDH es la última instancia para Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Ángela Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

Es la última instancia porque a pesar de que en México la PGJ del Estado de México mantiene un expediente abierto, la indagatoria lleva más de once años y actualmente 16 policías de la Agencia de Seguridad Estatal son acusados de la tortura pero todos llevan su proceso en libertad; además, de 21 médicos auxiliares de la autoridad ministerial que fueron acusados por no revisar a las víctimas y certificar las lesiones, 10 fueron absueltos por deficiencias en el proceso.

Tampoco hay responsables a nivel federal. Ningún alto mando fue investigado, ni quien fuera secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora; tampoco el secretario General del Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño; ni el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Héctor Jiménez Baca, mucho menos el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado. 

Al contrario, todos los funcionarios siguieron haciendo carrera política y los ejemplos más claros son los de Peña Nieto que fue electo como presidente de la República en 2012 y Eduardo Medina Mora que en 2015 fue designado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hasta ahora la CIDH determinó que las once mujeres fueron detenidas ilegal y arbitrariamente, que no fueron informadas de las razones, vivieron graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual, entre ellas la violación sexual, y que todo indica que estos actos fueron cometidos por agentes estatales.

Para el organismo internacional el Estado mexicano reconoció “la comisión de actos de violencia de género y tortura” por lo que los alegatos y testimonios que se presenten este 16 y 17 de noviembre ante la Corte Interamericana servirán para profundizar sobre la violencia contra la mujer y, particularmente, la violación sexual y tortura así como las formas de reparación del daño.

Así, en el último capítulo ante una instancia internacional, las mujeres de Atenco esperan que los jueces valoren su palabra y el próximo año emitan una sentencia donde se obligue al Estado mexicano a reparar los daños, reformar su visión de modelo de seguridad pública y evitar que actos similares se repitan.

17/AGM








NACIONAL
VIOLENCIA
   Las empresas no se hacen responsables, la autoridad tampoco
Usuarias de taxis privados sin protección, por casos de violencia sexual
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/11/2017

Los servicios de transporte controlados a través de dispositivos móviles se convirtieron, desde hace 5 años, en una opción para las mexicanas porque se pensó que eran “seguros”, sin embargo, a un lustro de su instalación en la capital, no existe ningún protocolo de denuncia ni seguimiento en caso de acoso o agresiones sexuales cometidas por sus conductores dentro de sus unidades, ni con las empresas que tienen concesión para operarlos, ni con ninguna instancia del gobierno capitalino.

Servicios como Cabify, Easy Taxy, Taxify, Laudrive, Yaxi y UBER, que llegaron a la capital hace 5 años, fueron la alternativa “segura” para las mujeres que utilizan taxi como medio de transporte ante el incremento de agresiones sexuales cometidas contra éstas en los públicos (los que se abordan en la calle). Tan sólo durante 2015 y 2016, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia capitalina, 73 de las 79 violaciones denunciadas ante esta instancia, cometidas en transporte público, fueron en taxis.

En los últimos meses dos casos salieron a la luz pública. En Puebla, el de la estudiante de 19 años de edad Mara Fernanda Castilla Miranda, asesinada por el conductor de un Cabify; y el de Marimar Cosío, una usuaria de UBER en la Ciudad de México, que difundió en sus redes sociales un video en el que narró que fue víctima de acoso sexual por el conductor.

De éstos, no hay un seguimiento por parte de ninguna instancia capitalina, ni de las propias empresas. Entrevistada por Cimacnoticias para conocer qué protocolos o acciones se están llevando a cabo para dar seguimiento a estos y futuros casos, la coordinadora del área Movilidad Segura para mujeres y niñas del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX), Margarita Argott Cisneros, afirmó que únicamente han llevado a cabo pláticas con UBER para ver las posibles acciones a seguir por este tema.

Pero son 5 empresas más las que operan y con las que no se ha tenido ningún acercamiento. Ni el Inmujeres, ni la Secretaría de Movilidad (Semovi) tienen acuerdos formales para garantizar la seguridad de las pasajeras, dijo Argott Cisneros.

De acuerdo con un diagnóstico realizado por ONU Mujeres y El Colegio de México sobre violencia hacia las mujeres en el transporte público, se estima que 50 de cada 100 mujeres, han sido violentadas en estos espacios.

Hasta ahora, lo único que se ha hecho con estas empresas es vigilar que cumplan con las normativas viales y tener capacitaciones sobre reglamento por parte de Semovi, pero de prevención de la violencia contra mujeres, todo es incipiente.

Así lo dijo Argott Cisneros, quien precisó que apenas en 2015 (tres años después de que UBER empezó a operar en la Ciudad) el gobierno local y el Inmujeres plantearon con la empresa capacitar a sus conductores  en temas de género, derechos de las mujeres y prevención de la violencia en el transporte.

Pero la capacitación no se llevó a cabo por el Inmujeres porque el acuerdo con UBER fue que una empresa externa, la diera. A la fecha, no se sabe cuántas personas fueron capacitadas porque no hubo seguimiento por parte del Inmujeres, reconoció Argott Cisneros.

SIN COORDINACIÓN

Desde 2008, a través del programa “Viajemos Seguras”, el Inmujeres CDMX planteó brindar  asesorías jurídicas y acompañamiento psicológico a las víctimas de agresiones sexuales en el transporte público para hacer frente a esta violencia.

En 2017 amplió sus acciones con el programa “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” en el área “Viaja Segura”, que contempla entre otras cosas la creación de políticas públicas enfocadas en mecanismos de vigilancia y atención en los transportes para garantizar una movilidad segura.

Sin embargo, aún son sólo propuestas las acciones para garantizar la seguridad de las usuarias de empresas de transporte privado.

Al cuestionar a Argott Cisneros sobre las medidas pensadas para hacer frente a los casos de agresiones sexuales contra las usuarias de estos servicios, la funcionaria afirmó, sin precisar fechas, que próximamente se realizarán mesas de trabajo con la Semovi y las instancias coordinadoras del programa vigente del Inmujeres donde discutirán la necesidad de que todas las unidades tengan botones de auxilio e incluso cámaras de vigilancia, como ya sucede con algunos autobuses, porque dijo, los transportistas “deben contar con las medidas de seguridad suficientes”.

Cuestionada si existe algún registro de casos sobre violencia ejercida por los choferes de estas empresas a usuarias, la funcionaria explicó que las empresas de transporte privado “no están exentas de seguir las leyes vigentes” por lo que además de dar de baja a los conductores que sean denunciados deben informarle a la PGJDF sobre los casos, aun cuando las usuarias decidan no denunciar, posteriormente a la instancia de justicia le corresponde instar a la víctima a proceder legalmente.

Pero en la realidad esto no sucede. Cimacnoticias consultó sobre el mismo tema a la ejecutiva de cuenta de la agencia de relaciones públicas de UBER Fabiola Martínez, quien dijo que comunican a la PGJDF y le otorgan los datos acerca de algún conductor señalado como agresor, únicamente cuando las víctimas interponen una denuncia, de otra forma, no lo hacen.

Los casos recientes de agresiones a usuarias de estas aplicaciones propiciaron que la opinión pública cuestionara la operación de estos servicios en el país. El pasado 24 de octubre, el senador panista por Aguascalientes José de Jesús Santana García, presentó en San Lázaro una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual busca crear un registro de las plataformas digitales de las empresas, así como de cada uno de los operadores y que estos transparenten su domicilio, teléfonos de contacto y una carta de antecedentes laborales y no penales.

De aprobarse por el pleno, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tendría que coordinar dicho registro. La iniciativa también plantea obligar a las empresas de origen extranjero como Uber (Estados Unidos) y Cabify (España) a que tengan una sede en México, toda vez que las personas usuarias no tienen un contacto directo en caso de denunciar algún incidente con los choferes pues la comunicación la realizan a través de correos electrónicos.

Actualmente las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y la de Estudios Legislativos analizan la iniciativa.

17/MMAE/LGL








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