QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   Quinto Poder
Tortura sexual: la lógica de guerra
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam.- 17/08/2017 En el sistema social patriarcal en el que se institucionaliza la asimetría derivada de las diferencias de género (roles y estereotipos ligados a la genitalidad) entre las mujeres y los hombres, con desigualdades para las primeras, las sociedades desarrollan en sus instituciones una “lógica de violencia” en el trato hacia las mujeres durante los conflictos armados, pugnas entre comunidades con las autoridades y/o entre un pueblo y otro, en violencia vertical y horizontal.
 
La Resolución 1820/2008 de la ONU ya reconoce y establece compromisos para los Estados parte, y dice: “Las mujeres y las niñas son especialmente objeto de actos de violencia sexual, incluso como táctica de guerra destinada a humillar, dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la fuerza a miembros civiles de una comunidad o grupo étnico, y que la violencia sexual utilizada de esta manera puede en algunos casos persistir después de la cesación de las hostilidades”.
 
En la misma, en el párrafo 4, hace un llamado claro sobre la gravedad de la violencia sexual ejercida en contextos de conflictos armados:
“…para que cumplan con su obligación de enjuiciar a las personas responsables de tales actos, y garanticen que todas las víctimas de la violencia sexual, particularmente las mujeres y las niñas, disfruten en pie de igualdad de la protección de la ley y del acceso a la justicia, y subraya la importancia de poner fin a la impunidad por esos actos como parte de un enfoque amplio para alcanzar la paz sostenible, la justicia, la verdad y la reconciliación nacional”.
 
Sin embargo, a pesar de este y otros documentos que a últimas fechas se han emitido, la violencia es el instrumento de control; y la intención de perpetuación sobre un pueblo empieza por la intención del sometimiento sobre el cuerpo de las mujeres. Así se construye la lógica de guerra del adversario que no es de una comunidad, sino contra las mujeres mismas, que son a la vez –dentro del sistema patriarcal- extensión del territorio geográfico y de la propiedad de los hombres, la representación del honor y la capacidad/incapacidad de los hombres de un pueblo de “defender lo que es suyo”.
En esa construcción, la violencia-tortura sexual no solo es la forma más explícita de ejercer el control sobre el cuerpo de las mujeres, es también la disciplina a la transgresión y es la violencia simbolizada sobre el adversario a quien se doblega al mismo tiempo que a la mujer-cuerpo-tierra.
 
En los conflictos derivados de la violencia horizontal, es decir, la que se da entre la misma población, entre pares, entre pobres, entre la misma sociedad civil y sus poblaciones vueltas grupos armados, o crimen organizado; pero también está la violencia vertical desde las jerarquías hacia el pueblo y contra él, en ambas manifestaciones de violencia en conflictos las mujeres son –en la óptica patriarcal- una extensión del otro, la propiedad del enemigo, una parte tangible con la que se daña al adversario.
 
Es así que tanto en los enfrentamientos entre grupos sociales contra el Estado y sus instituciones, entre pueblos con diferencias étnicas y/o económicas, en medio de los conflictos armados las mujeres y las niñas son inevitablemente -en el sistema patriarcal-, un daño colateral, botín de guerra.
 
La lógica de guerra del adversario contra un pueblo o de una comunidad supone que en medio de un conflicto ciertas reglas o medidas de disciplina y castigo están permitidas, más cuando tienen un propósito “aleccionador”, pero también de dominación, sometimiento de toda la comunidad cuando se ejerce la violencia sexual en el cuerpo de las mujeres de esa comunidad.
 
El Estatuto de Roma (ER) es el instrumento más socorrido para entender, reconocer, prevenir y sancionar los crímenes de naturaleza sexual que se cometen en los escenarios de conflictos armados entre pueblos/países con fronteras geográficas, sin embargo, resulta difícil aún reconocer contextos de “guerra” y sus lógicas contra las mujeres en situaciones de violencia horizontal y/o del Estado contra su propia población.
 
En la “lógica de guerra del adversario”, la tortura sexual no se comete contra las mujeres, ellas no existen, en realidad ellas no son personas, no son “el enemigo” ni externo ni interno, son más bien una propiedad del enemigo, como la tierra y sus recursos naturales en una representación social de la mujer-cuerpo-tierra con la que se afrenta al enemigo. No es casual que se “profanar un extraño enemigo con su planta, tu suelo”, es la violación del territorio como una metáfora de la violencia sexual.
 
17/AC
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.







INTERNACIONAL
Aborto
   Organizaciones exigen defender autonomía de mujeres
Tribunal Constitucional de Chile decidirá ley para despenalizar aborto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/08/2017 El grupo de organizaciones civiles, feministas y académicas, Mesa de Acción por el Aborto en Chile, llamó al Tribunal Constitucional (TC) a desechar el recurso interpuesto por un grupo de senadores que calificó de “inconstitucional” el proyecto de ley que aprueba el aborto por tres causales en ese país y el cual se discutirá mañana.
 
En  2015 el poder Ejecutivo, representado por Michelle Bachelet, propuso una ley  para despenalizar el aborto por tres causales: riesgo de vida para la mujer gestante; por la actividad fetal incompatible con la vida; y cuando el  embarazo sea producto de una violación sexual.
 
El proyecto fue aprobado por diputados y senadores, pero el 8 de agosto de este año el TC aceptó el “recurso de institucionalidad” presentado por un grupo de senadores de la coalición política Chile Vamos, por lo que estos 16 y 17 de agosto se llevarán a cabo audiencias públicas para discutir sobre la despenalización del aborto, y el 18 de agosto el Tribunal deberá decidir si la norma es inconstitucional. En caso de no llegar a una conclusión, el TC podrá solicitar prolongar su decisión hasta 10 días después.
 
Al respecto, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó al Tribunal chileno rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad pues el proyecto de ley concuerda con estándares y tratados internacionales de Derechos Humanos que Chile ha ratificado.
 
En entrevista con Cimacnoticias la vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, Gloria Maira, reiteró que el proyecto “sienta las bases para alcanzar la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo” ya que, dijo,  las leyes aún no contemplan el acceso a la interrupción del embarazo fuera de las tres causales descritas; asimismo significa “destrabar  una posibilidad que estaba absolutamente negada a las mujeres desde la dictadura de Pinochet”.
 
LO QUE FALTA
Gloria Maira resaltó la importancia de aprobar la ley ya que implica el reconocimiento de un derecho que el Estado chileno ha negado a las mujeres por años: el derecho de decidir sobre sus cuerpos.
 
La defensora también​ señaló que si bien es “un buen primer paso”, es importante no olvidar que el proyecto propuesto originalmente se modificó y dejó de lado algunos puntos como el número de semanas aceptado para que las menores de edad interrumpan un embarazo por violación sexual, el cual pasó de 18 semanas a 14.
 
Además, no se consideró priorizar la confidencialidad de las mujeres que acceden a la interrupción del embarazo pues el personal de salud “sigue teniendo el deber de denunciar​ los casos de aborto que conozca, por eso se sigue criminalizando a las mujeres que interrumpen sus embarazos”, sentenció Gloria Maira.
 
En Chile, de acuerdo al Anuario Estadístico del Poder Judicial de 2016, se estima que 66 por ciento de los embarazos producto de una violación fueron presentados por niñas menores de 18 años, de ese porcentaje 12 por ciento correspondió a niñas de 14 años y 7 por ciento a niñas de 12 años.
 
17/MMAE/







QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Tortura sexual, el castigo de la disciplina patriarcal
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Camp.- 10/08/2017 En la tortura sexual las causas y sus formas están imbricadas en la violencia que el sistema patriarcal ejerce contra las mujeres con el fin de dar un castigo, disciplinar y contribuir a sostener así la dominación masculina desde y con el arma dictada desde el patriarcado que le ha permitido sancionar la desviación de la mujer: el abuso sexual.
 
Cualquier desviación del “deber ser” es visto como “transgresión” y el mecanismo de respuesta es el castigo patriarcal que dispone de un método “disciplinario”, el abuso sexual. Sólo entendiendo esta posición de castigo a la transgresión como una forma disciplinaria desde la “autoridad masculina”, es que la tortura sexual se entiende como algo intrínseco en la violencia de género, en los casos que se presentan en todo el mundo contra las mujeres.
 
En el constructo social jerarquizado desde la lógica patriarcal, las mujeres transitan en la inferioridad, no son personas sino bienes de consumo, propiedad que puede ser dañada para dañar a otro, o si está en la calle está “disponible”, y su tránsito por el espacio público no es condición natural sino una transgresión que merece ser sancionada con una medida ejemplar.
 
La sutil distancia entre el “resguardo” y el abuso de las mujeres que se encuentran bajo el “cuidado” o la jerarquía de una persona con autoridad se rompe porque hay un horizonte fluido –desde la mirada patriarcal– que no alcanza a ver que hay algo inadecuado en el abuso sexual.
 
Así, mujeres que se encuentran bajo la mirada de guardias en centros de detención migratorio, en retenes, durante cateos o en detenciones arbitrarias, incluso en vehículos oficiales o instalaciones hospitalarias y carcelarias han vivido la tortura sexual cuya motivación o razón de género es el “castigo” como medida disciplinaria.
 
Ocurre con mayor frecuencia de lo que se piensa o cree, se denuncia mucho menos de lo que se puede documentar, y ahí radica la condición de su comisión. Hay la conciencia de que las mujeres desacreditadas, las “transgresoras” tendrán menos credibilidad y esto las hace más susceptibles de ser víctimas el abuso sexual.
 
Si ya de por sí denunciar un abuso sexual lleva a la víctima al banquillo de las acusadas, cuando este acto se comete contra una mujer que transgredió la ley, creerle a la víctima es casi imposible por el previo descrédito de la denunciante, que no solo afrontará el sistema que cuestiona a las víctimas de violencia sexual, sino que sumará el factor “mujer periférica-transgresora”, una “sin valor”.
 
Dentro del sistema patriarcal el discurso de poder ser construye de la única forma que entienden, ejercerlo como una forma de subyugación al otro, a la otra, no es casual que el triunfo de un equipo de fútbol sobre otro sea sinónimo de que los “cogieron”, en esa retahíla harto dicha de que quien penetra es quien subyuga, castiga, alecciona.
 
La tortura sexual es desde la lógica patriarcal un mecanismo que garantiza el sometimiento, la docilidad y la ejemplar forma de aleccionar a las mujeres de lo que les ocurre cuando rompen el canon del deber ser, no importa cuál sea la transgresión, las alianzas patriarcales responden de esa forma para perpetuar así el sistema de control sobre las mujeres, sobre sus cuerpos.
 
Duncan Kennedy, especialista en la teoría crítica del Derecho, considera que hay un “residuo tolerado del abuso sexual” y éste tiene que ver con la aceptación social que hay alrededor de la violencia sexual sobre las mujeres, y que se refleja en el condicionamiento que esto causará sobre las demás mujeres y que beneficia a los hombres que encuentran mujeres más dispuestas a seguir los cánones para evitar los riesgos, y de paso buscar su “protección”.
 
Cuando se comete un acto de tortura sexual bajo la premisa de ser un castigo disciplinario para las transgresoras, el mensaje es también para las que “piensan” o transitan por el ámbito de la resistencia, las mujeres a las que llega la información –vía medios- reciben así un mensaje que va desde la apología a la violencia masculina contra las mujeres, hasta una forma aleccionadora.
 
De paso genera en las mujeres una convicción de que las víctimas de la tortura sexual, en realidad lo merecían, pues se encontraban en lugares donde no debían, de ahí la indiferencia ante la tortura sexual; que se convierte así en parte de ese “residuo tolerado de abuso sexual contra las mujeres” –del que habla Kennedy, y que socialmente se refleja en la resistencia que hay en torno a reconocer la tortura sexual cometida por agentes del estado contra mujeres disidentes y la indiferencia de otras mujeres.
 
La tortura sexual no solo afronta reticencias de ánimo social y aunque la discusión incipiente se centra en la posibilidad de un tipo penal, lo que hay detrás de (la tortura sexual), al igual que en algún momento con el feminicidio nos demanda entender las razones o las motivaciones de género implícitas en estos actos.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche

17/AC
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   También debe elaborar un Protocolo de identificación de víctimas de este delito
Gobierno de Tlaxcala obligado a crear Fiscalía Especializada para trata de personas
Imagen retomada de argentinaindymediar.org
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 10/08/2017 Por mandato de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), el gobierno de Tlaxcala deberá crear una Fiscalía Especializada para investigar la trata de personas y un Protocolo de identificación de las víctimas de este delito.
 
La Conavim ordenó lo anterior al gobierno del priísta Marco Antonio Mena Rodríguez a través de la resolución con la que dio respuesta a la solicitud que organizaciones civiles hicieron en agosto de 2016 para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por trata de personas y violencia sexual en la entidad, la cual fue rechazada el pasado 4 de agosto. El plazo para cumplir las recomendaciones es de seis meses.
 
La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, afirmó la Conavim, deberá contar con Ministerios Públicos y policías ministeriales especializados. Además, el personal deberá investigar “con estricto apego al principio de debida diligencia”.
 
Pese a que esta Fiscalía no existe en la entidad la Procuraduría General de Justicia local sí tiene una unidad de investigación especializada para la trata de personas que, según han denunciado organizaciones civiles, se caracteriza por realizar un trabajo ineficiente para atender a las víctimas.
 
Por ello, a través de un comunicado, esta medida y la creación del Protocolo de identificación de víctimas de trata fueron calificadas de “ambiguas” por la Red Retoño, el Colectivo Mujeres y Utopía y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
 
En cuanto al diseño e implementación del Protocolo las organizaciones denunciaron que, aun cuando desde hace años diversas asociaciones de la entidad lo han solicitado, actualmente dudan de su eficiencia.
 
Esto porque la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, en lugar de investigar de inmediato la desaparición de las mujeres para descartar la trata como una posible causa, en la mayoría de los casos “decide encuadrarlas en secuestro”, deja transcurrir 72 horas antes de iniciar la búsqueda y reproduce constantemente estereotipos tales como afirmar “seguro se fue con el novio, se fue de pinta o por su propia voluntad”, mencionaron las organizaciones, quienes solicitaran de nueva cuenta la AVG para Tlaxcala, la próxima semana.
 
En la entidad la trata de personas con fines de explotación sexual es un delito recurrente y suele quedar impune. De acuerdo a la Procuraduría estatal de 2011 a 2016 se abrieron 57 denuncias por este delito. Sin embargo, las organizaciones señalan que no hay certeza de las cifras verdaderas debido al subregistro y la carencia de una base de datos actualizada de este y otros delitos.
 
Por su parte, en 2016, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés informó que por cada 200 denuncias solo 13 derivan en sentencia condenatoria, es decir, el delito queda impune en 93.5 por ciento los casos.
 
SIN NUEVAS PROPUESTAS
 
La Conavim también solicitó al Gobierno de Tlaxcala el diseño de una “política transversal de prevención, erradicación y sanción de la trata de personas” que considere las posibles rutas de movilidad de la trata de personas entre entidades federativas para instar a los estados a atender el problema.
 
Pese a que la propuesta parece ser novedosa, desde 2009 en la entidad está vigente la Ley para la Prevención de la Trata de Personas y contempla ya la prevención, erradicación y sanción del delito. Además, actualmente el Congreso del estado analiza una nueva propuesta de ley sobre el tema que fue presentada por el Ejecutivo local en mayo de este año.
 
De igual forma, desde 2011, entró en función la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas que plantea la búsqueda inmediata de mujeres y niñas; como medidas preventivas establece la elaboración de campañas informativas sobre el delito en medios de comunicación y propone identificar el perfil de las víctimas y las zonas en donde es más recurrente que sean violentadas.
 
A ello se suma que las rutas de las redes de trata en Tlaxcala ya han sido señaladas en informes diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Organización de las Nacionales Unidas.
 
Por ello las organizaciones afirmaron que los resolutivos de la Conavim “no fueron claros, ni suficientes para generar  un proceso serio de transformación para desactivar la problemática de violencia sexual y trata de personas con fines de explotación sexual” y recalcaron que no aprobar la AVG en el estado refleja la falta de voluntad por parte de los gobiernos federales y estatales para atender dichos delitos
 
17/MMAE
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   El 40 por ciento de las víctimas son niñas, niños y adolescentes
CEAV elabora Protocolo para atender a menores de edad víctimas de violencia sexual
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 08/08/2017 El 40 por ciento de las víctimas de violación y otros delitos sexuales son menores de edad, lo que obligó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a desarrollar un Protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.
 
Sin embargo hasta ahora persiste la falta de un registro oficial sobre el número víctimas de estos delitos en México y al no reconocer la magnitud de la problemática no se proporciona la atención especializada necesaria que por derecho tienen, señaló en entrevista la titular del Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Ana María Suárez Valencia.
 
En noviembre de 2016 la CEAV realizó el primer diagnóstico a nivel nacional sobre la atención de la violencia sexual, las cifras que arrojó el reporte expusieron por primera vez la magnitud de la problemática: cada año se comenten 600 mil delitos sexuales, principalmente violaciones y abusos sexuales y el 90 por ciento de las víctimas son mujeres.
 
Suárez Valencia explicó que el objetivo de la institución era tener una definición clara de “quiénes son las víctimas, dónde están, en qué terminó su proceso judicial, cuáles eran sus edades, dónde está sucediendo la violencia sexual, quiénes son los agresores”.
 
Sin embargo constataron “lo que todos ya sabían”, dijo, el desinterés del Estado por atender este problema se veía reflejado en el nulo registro de la problemática. Únicamente 16 Procuradurías de Justicia y 22 instancias de Salud de las 32 entidades federativas respondieron a las solicitudes de información de la CEAV sobre datos de violencia sexual.
 
La titular del Comité relata que en la mayoría de los estados que respondieron a la solicitud ni siquiera contaban con datos desagregados por sexo y edades, y en las instituciones médicas tampoco llevan un registro de cuántas víctimas de violencia sexual atendieron porque, argumentaron, el tema no es de su competencia; sin embargo, desde 2009 la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046) obliga al personal médico a reportar los que atiende.  
 
Después de este diagnóstico la CEAV realizó un sencillo formato de registro dirigido a las Procuradurías de Justicia y a los servicios de salud, dijo Suárez Valencia.
 
“Los formatos pedían datos mínimos: división por sexo, edades, tipo de violencia. La verdad en México es que nadie registra, por ejemplo los casos de violación donde hay riesgo de embarazo e infecciones de transmisión sexual, el registro que llevan en las instituciones de salud son unos y si se pregunta si se denunció el delito es otro. A veces llegan únicamente a los servicios médicos”, declaró.
 
Para Suárez esta situación persiste porque las víctimas no confían en las autoridades de impartición de justicia, y eso explica que en los delitos sexuales existe una “cifra negra” de 94 por ciento. Además, al año, sólo se consignan a 10 agresores por cada mil Averiguaciones Previas iniciadas por delitos sexuales, que van desde tocamientos y hostigamiento sexual, hasta violaciones, según indica el reporte diagnóstico.
 
Ante ello la CEAV, indica Suárez Valencia, está realizando un Protocolo con base en lo establecido en la Ley General de Víctimas y la NOM-046 para dar instrucciones específicas los Ministerios Públicos sobre cómo atender a una persona menor de edad víctima de violencia sexual a fin de que las autoridades actúen responsablemente en estos casos.

17/HZM







ESTADOS
VIOLENCIA
   Dependencia se negó a activar Alerta de Género
Organizaciones solicitarán a Conavim prevenir trata de mujeres en Tlaxcala
Imagen retomada de Red Retoño
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 07/08/2017
Tras la negativa de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para tomar medidas para erradicar la trata de personas en Tlaxcala, organizaciones civiles del estado solicitarán por segunda vez que se active la Alerta de Violencia de Género (AVG). 
 
La decisión la tomaron luego de que este 4 de agosto la Conavim, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), negó aceptar la solicitud Alerta que ya se había solicitado por los casos de trata de personas y violencia sexual.
 
En conferencia de prensa en Tlaxcala, representantes del Colectivo Mujer y Utopía y de la organización Red Retoño informaron que de nuevo solicitarán que se activen medidas de emergencia, pero esta vez por desaparición de mujeres ya que este delito es “la matriz de otros crímenes frecuentes. 
 
En entrevista con Cimacnoticias la abogada de la Red Retoño, Miriam Pascual Jiménez, declaró que en aquella entidad la desaparición de mujeres puede culminar en violaciones sexuales  o feminicidio.
 
El 8 de agosto de 2016 la organización Todos para Todos solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) activar la AVG por trata de personas y violencia sexual, la cual fue admitida. En este caso se conformó un Grupo de Trabajo que, luego de analizar el contexto de violencia de género, entregó al gobierno del estado un informe y recomendaciones que el 24 de noviembre aceptó cumplir el gobernador de la entidad, el priísta Mariano González Zarur. 
 
El 4 de agosto la Segob emitió un dictamen donde estableció que la Alerta no se aprobó porque el gobierno de Tlaxcala realizó “acciones suficientes” para implementar las recomendaciones. 
 
Sin embargo, la directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, denunció que la Segob negó la AVG porque el grupo de trabajo de la Conavim “no analizó que el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual se encuentra vinculado a delitos sexuales, al embarazo infantil y adolescente y a las desapariciones de niñas y mujeres”.
 
A ello, dijo, se sumó que la solicitud se hizo durante la transición de gobierno. “El gobierno saliente de manera simuladora aceptó las nueve recomendaciones del grupo de trabajo sin realizar absolutamente nada en el último mes de su administración, dejando a la administración entrante la responsabilidad de dar repuesta”, expuso.
 
También señaló como un factor negativo que las recomendaciones fueron “muy generales” –como solicitar la creación de un banco estatal de datos sobre las mujeres víctimas de violencia en la entidad–  y que no se propuso  que “realmente se buscara y atendiera a víctimas por trata de personas y violencia sexual”.
 
Por su parte la defensora de la Red Retoño, Montserrath Gheno, señaló que el “discurso mediático del actual gobierno, encabezado por el priísta Marco Antonio Mena Rodríguez, ha sido no reconocer el problema, minimizarlo e visibilizarlo”.
 
En un comunicado, firmado también por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), las organizaciones lamentaron que la Segob rechazara la AVG y se basara únicamente el recuento de los “esfuerzos” realizados por el gobierno para atender la trata y violencia sexual. 
 
También expusieron su preocupación por que el resolutivo recomienda al gobierno realizar políticas públicas para prevenir, erradicar y sancionar la trata personas que, aseguran, ya están establecidas en la estrategia Estatal y el Plan Sexenal contra la trata que aún están vigentes. Además, denunciaron, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 carece de una política clara y comprometida en la materia.
 
Las firmantes aseguraron que también es preocupante que se recomendara al gobierno identificar las rutas de movilidad de tratantes cuando organizaciones internacionales las han señalado desde hace 13 años. Miriam Pascual dijo que antes de precisar para qué municipios se solicitará la Alerta las organizaciones expondrán que todo Tlaxcala es un “foco rojo por el delito de trata y desaparición”, ya que se sabe que al menos en 36 de los 60 de municipios operan familias de tratantes.
 
Con la nueva solicitud buscarán que la Conavim emita recomendaciones y que estas vayan de la mano con indicadores de evaluación que “permitan medir verdaderamente que el gobierno estatal está cumpliendo sus obligaciones porque en esta solicitud los criterios de evaluación fueron muy ambiguos y subjetivos”, indicó la abogada. 
 
DESAPARICIONES CONSTANTES
 
Olga Tezmol, madre de Karla Romero Tezmol, niña de 11 años desaparecida desde 2016 y el único caso de la entidad por el que la Procuraduría local inició una carpeta de investigación, denunció que en los municipios dedicados a la trata de mujeres y niñas con fines sexuales “seguirán desapareciendo mujeres y niñas, seguirá el miedo o la indiferencia, porque la realidad es que esta ‘buena voluntad’ no refleja cambios estructurales”.
 
Tzmol dijo también que el dictamen de la Conavim y el propio informe que la instancia emitió “no representa a las víctimas, a quienes nunca se nos ha tomado en cuenta”. En ello coincidió Miriam Pascual, quien espera que tras la nueva solicitud se realicen mesas de trabajo a las que inviten a familiares víctimas de desaparición y organizaciones especializadas en el tema.
 
La AVG se solicitará porque, aun cuando las desapariciones de mujeres y niñas son constantes en la entidad, de 2012 a 2016 la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala reportó sólo  8 mujeres desaparecidas, 3 de ellas menores de edad.
 
No obstante, no hay certeza de las cifras ya que de 2012 a 2014 la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas señaló que desaparecieron 20 menores de edad en Tlaxcala, de las cuales 14 son niñas y 6 son niños, solo los niños fueron localizados.  
 
En tanto la Red Retoño y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en el estado de Tlaxcala documentaron, de enero de 2016 a abril de 2017, 20 casos de desaparición, en su mayoría de menores de edad.
 
Olga Tezmol denunció la indiferencia de las autoridades por garantizar justicia pues dijo que desde enero de 2016 en el municipio de San Pablo del Monte han desaparecido 12 niñas y mujeres, quienes fueron rescatadas por sus familias, la mayoría con signos de violencia sexual, pero todas ellas siguen sin obtener justicia. “La ‘buena voluntad’ que el gobierno señala no se ha visto reflejada en nuestra realidad cotidiana”, sentenció.
 
17/MMAE







INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Bolivia crea instrumento obligatorio para todas sus dependencias
Protocolo para atender a infancia y adolescencia víctimas de violencia sexual
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/08/2017 El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI) de Bolivia creó un protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes el cual deberán implementar todas las instituciones que atienden a estos sectores de la población.
 
En un comunicado, el MJyTI informó que el Protocolo de Prevención, Atención y Sanción a Toda Forma de Vulneración a la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, describe cómo deben actuar las entidades públicas -como el Órgano Judicial boliviano, la Defensorías de la Niñez y la Policía-, privadas, las instituciones de la sociedad civil y la familia, para garantizar a las víctimas de violencia sexual "la restitución de sus derechos". 
 
El Protocolo, aprobado en la Resolución Ministerial Nro. 72/2017, incluye una “ruta crítica” que establece las acciones jurídicas y psicológicas que deben seguirse para atender a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violación sexual. Además, considera lo establecido en el Código Niña, Niño y Adolescente, vigente en Bolivia desde 2014 y que busca que se garanticen sus derechos.
 
También obliga a los médicos de centros de salud públicos o privados a emitir un “Certificado único médico” gratuito para las niñas, niños o adolescentes atendidos por lesiones físicas causadas por agresiones sexuales, informaron medios locales.
 
El certificado podrá presentarse ante la instancia judicial donde se denuncie la violencia sexual y servirá como un indicio del delito. Para que el certificado adquiera valor probatorio un perito entrevistará a quien emitió el documento  y, según se lee en el Protocolo, "sólo en caso de necesidad e ineludible podrá realizar otro examen a la víctima”.
 
En las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, informó el MJyT, ya se está capacitando a funcionarios públicos para que implementen el Protocolo.
 
El Protocolo fue en aprobado en mayo pasado y fue presentado por el  MJyT el 26 de julio durante la primera sesión del año del Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para Temas de la Niña, Niño y Adolescente, instancia encargada planear el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas, estrategias, programas, proyectos y normativa enfocada a dicha población.
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA, por sus siglas en inglés) ubica a Bolivia como el país latinoamericano con la tasa más alta de embarazo adolescente: 116 por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años presentan un embarazo, mientras que el promedio regional es de 77 por cada mil.
 
En el caso de la violencia sexual la organización Misión Internacional de Justicia-Bolivia estima que cada día 16 niñas y niños son víctimas de esta violencia, de ellos sólo cinco casos se denuncian y el 0.5 por ciento llega a una sentencia.
 
17/MMAE/







NACIONAL
SALUD
   En nueve años, tres casos de VIH por violación en CDMX
Primordiales primeras 72 horas para atención a víctimas de violación
Especial
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/07/2017 Es de suma importancia que las víctimas de violación reciban en las primeras 72 horas los antirretrovirales y el anticonceptivo de emergencia, pues después de este tiempo aumenta el riesgo de contraer el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), otras infecciones de trasmisión sexual (ITS) y presentar un embarazo. 
 
En 2016 en la Ciudad de México, 871 mujeres víctimas de violación recibieron un tratamiento profiláctico (suministro de medicamentos antirretrovirales para evitar VIH o alguna ITS), de tal forma que desde 2009 hasta la fecha, únicamente tres mujeres adquirieron VIH como consecuencia de una violación, según el informe de la Clínica Especializada Condesa.
 
Y no sólo es la importancia de que reciban a tiempo este tratamiento como lo obliga la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres; el seguimiento médico de la víctima es fundamental, pues es hasta la cuarta semana después de que ocurrió la violación, en la que se puede detectar si contrajo VIH u otra ITS explicó la ginecóloga e integrante del “Programa de atención a víctimas de violencia sexual” de la Clínica Condesa, Teresita de Jesús Cabrera López.
 
ESCENCIAL SEGUIR EL TRATAMIENTO
 
En entrevista con Cimacnoticias, la doctora enfatizó que “es de suma importancia” que las víctimas de violación logren concretar el tratamiento médico que dura nueve meses. Y explicó el procedimiento:
 
Una vez que la víctima acude a la clínica en las primeras 72 horas, se le administra el paquete médico que contiene una pastilla anticonceptiva y tres antirretrovirales. Asimismo se le realiza la prueba de sangre ELISA para detectar el VIH, el resultado se tiene en media hora y sólo sirve para constatar que antes de la violación, la víctima “no tenía la infección, pero no habla de un contagio”, indicó.
 
El VIH no es la única infección que puede contraer una víctima de violación, manifestó Cabrera López, existen otras más comunes como la sífilis e infecciones bacterianas, que también atiende la clínica.
 
También, agregó, hay casos de hepatitis B y C, pero estos se canalizan a hospitales que tengan estas especialidades, únicamente si se presenta la combinación hepatitis C y VIH son remitidas a la segunda unidad de la clínica que se ubica en Iztapalapa.
 
Por ello- continuó la especialista- el chequeo se realiza cada tres meses. “Para saber si tiene VIH se tiene que dejar pasar de 4 semanas a 6 meses”, señaló. Las mismas pruebas se vuelven a repetir en cada consulta, si da positivo a alguna infección se ingresa inmediatamente al programa de la clínica, y en caso de un embarazo se remite a las clínicas de interrupción legal de la Ciudad de México.
 
En caso de que la víctima se presente después de las 72 horas, se les da un tratamiento de antibióticos y vigilancia para rectificar que no adquirieron alguna infección. “Atender a las víctimas de violencia sexual es una ventana de oportunidad para mejorarles la vida porque a futuro puede tener consecuencias” dijo la especialista, quien agregó, que debido a los efectos secundarios de los antirretrovirales, muchas mujeres desisten de continuar con el tratamiento. 

17/HZM








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Enfrentan desigualdad y falta de acceso a servicios de salud
Adolescentes en reclusión viven violencia
Cimacfoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/07/2017
En México las adolescentes en condición de reclusión enfrentan, en mayor proporción que los hombres, condiciones de desigualdad, falta de acceso a los servicios de salud y violencia antes y durante su reclusión, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
 
Para inicios de 2016 había 161 mujeres adolescentes, de 14 a 18 años de edad, en condición de reclusión que representaron cuatro por ciento de las 3 mil 761 personas de este rango de edad que cumplían condenas en alguno de los 54 centros del país para adolescentes, esto de acuerdo al “Informe Especial: Adolescentes Vulnerabilidad y Violencia” publicado este año.
 
En el informe elaborado por la CNDH y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)  se concluyó que antes de haber sido acusadas de un delito la mayor parte de las adolescentes fueron víctimas de delitos sexuales como abusos y violación. Para el estudio se entrevistó a 730 adolescentes de 17 estados, 14 por ciento fueron mujeres, del total, 12 por ciento denunció haber sufrido este tipo de violencia.
 
La CNDH y el CIESAS señalaron como una “vulnerabilidad primaria” de las adolescentes en condición de reclusión el nulo acceso que tienen a los servicios de salud sexual, ya que en México uno de cada cinco nacimientos es de una adolescente menor de 20 años de edad, lo que lo posiciona como el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la tasa más alta, de acuerdo a datos de la organización internacional Save the Children citados en el informe. 
 
Nueve de las 161 adolescentes en condición de reclusión en el país lo están junto con sus hijas o hijos. Seis por ciento de las entrevistadas por la CNDH y el CIESAS dejaron los estudios porque presentaron un embarazo o iniciaron una vida en pareja.
 
El informe, reveló que en México la incidencia de infecciones de transmisión sexual es 13 veces mayor en las mujeres y niñas de 10 a 19 años de edad que en los hombres del mismo rango -115 por cada 100 mil de ellas presentan estas infecciones-.  
Tan solo de 2009 a 2016 en la Ciudad de México la Secretaría de Salud Pública local atendió, a través del programa “Ponte a prueba” orquestado por las dos unidades médicas de la Clínica Especializada Condesa, a siete personas adolescentes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
 
AISLADAS
 
El estudio elaborado para exponer las circunstancias de vulnerabilidad y violencia que enfrentan las y los adolescentes en condición de reclusión destacó que una vez detenidas y enviadas a los centros las mujeres “se encuentran siempre en situación de desventaja”. 
 
Esto porque, aun cuando permanecen en las mismas instituciones donde se encuentran los hombres, “son aisladas” y se les impide participar en las actividades educativas, deportivas o de capacitación laboral que sí reciben los adolescentes. 
 
La mayor parte del tiempo las adolescentes permanecen en su sección “con muy pocas actividades, mientras que a los varones se les permite hacer uso de los salones, los talleres y los espacios abiertos”, menciona el informe.
 
La CNDH y el CIESAS concluyeron también que a dichas condiciones se suman los estereotipos de género que prevalecen y por los que la sociedad “reprocha más a las mujeres cuando éstas cometen delitos”, afirmaron.
 
Desde 2006 el Artículo 18 de la Constitución mexicana establece que las y los adolescentes que cometen delitos menores pueden acceder a “formas alternativas de justicia” donde la reclusión sea usada solo como medida extrema y únicamente para las personas mayores de 14 años y menores de 18 que cometan delitos considerados graves. Esto establece también la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes que entró en vigor en 2016.
 
En 2016 había 936 mujeres adolescentes cumpliendo diversas medidas –incluidas la reclusión- por haber cometido algún delito; ellas representaron siete por ciento de las 13 mil 327 personas adolescentes en las mismas condiciones en el país, detalló el informe.
 
17/MMAE
 

 

 








NACIONAL
POLÍTICA
   Aún con salida de procurador, dependencia obligada a informar
Aprueba ALDF punto de acuerdo sobre agencias de delitos sexuales
Imagen retomada del Twitter de la ALDF
Por: Montserrat Antúnez Estrada y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/07/2017 El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el punto de acuerdo propuesto por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Ana Juana Ángeles Valencia, para exhortar a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, a que informe sobre el funcionamiento de las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales, por lo que ahora se encuentra en análisis en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
 
El punto de acuerdo fue presentado el pasado 14 de junio y en él demandó al entonces procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, que informara los lineamientos vigentes para capacitar al personal de la Fiscalía y que explicara cuál es el modelo de atención o esquema vigente en las Agencias Especializadas desde la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
 
Ángeles Valencia recalcó que aún con la salida del Procurador la PGJDF tiene la obligación de responder. Por ello y para que la propuesta no quede “sólo en el exhorto” porque, dijo, “los delitos sexuales tienen graves consecuencias en las víctimas”, destacó la importancia de evaluar cómo ha operado la Fiscalía Especializada en los últimos años y particularmente en este último, cuando entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal.
 
La evaluación, dijo, deberá incluir que la PGJDF compruebe que cuenta con personal capacitado para atender a las víctimas de violencia sexual.
 
También consideró que es necesario instalar nuevas Agencias Especializadas para que más mujeres tengan acceso a estos servicios.
 
De acuerdo a las investigaciones realizadas por esta agencia la  ubicación de las Agencias Especializadas y la falta de personal en cada una de ellas propicia que la denuncia les tome un día entero a las víctimas.
 
Al respecto Ángeles Valencia mencionó: “Estamos contemplando que se instalen otras agencias en los alrededores de la Ciudad de México porque ahí es donde se presentan varios casos, por eso cuando ellas van a donde les corresponde ya pasaron horas y es frustrante para ellas que no esté el personal que las debe atender”.
 
Ejemplo de ello es la zona oriente de la Ciudad de México donde de 2014 a septiembre de 2016 se registraron 533 casos de violaciones sexuales, pero en el lugar solo hay una agencia especializada en delitos sexuales. 
 
Actualmente operan seis agencias especializadas en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y dos en Cuauhtémoc
 
“Sí es necesario que se pongan otras agencias porque son muy pocas las que están atendiendo todos estos casos”, recalcó la diputada.
 
17/MMAE/HZM







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