NACIONAL
VIOLENCIA
   Personal recibirá capacitación sobre DH y Género
En lugar de Perelló, Radio UNAM tendrá programa con temas de Género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/06/2017 Luego  de la cancelación del programa de Radio UNAM “Sentido Contrario” por los comentarios misóginos del ex locutor Marcelino Perelló Valls en la emisión del pasado 28 de marzo, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM realizará una serie radiofónica donde se abordarán temas de género.
 
La emisión será coproducida por Radio UNAM y saldrá al aire el segundo semestre del año. A la par, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) y el CIEG impartirán entre el personal de la radiodifusora conferencias, cursos y talleres  sobre Derechos Humanos y Género.
 
Así lo informó el director general de Radio UNAM, Benito Taibo, al coordinador de Asesores de la Oficina de la Abogada General de la institución, Armando J. Meneses Larios, a través del oficio DGRU/132/2017 en manos de esta agencia.
 
El documento forma parte de la respuesta que el Conapred dio a la queja que interpusieron el 7 de abril las profesoras-investigadoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) Aleyda Gaspar González, Adriana González Mateos y Graciela González Phillips, contra el ex locutor por haber emitido "una serie de dichos misóginos que promueven la discriminación, el odio y la violencia contra las mujeres”.
 
En la emisión del 28 de marzo, Perelló Valls desestimó la violación sexual cometida por cuatro jóvenes veracruzanos contra la menor de edad Daphne Fernández e hizo comentarios misóginos contra las víctimas de este delito, lo que generó el repudio de cientos de personas en redes sociales, tras lo cual el 7 de abril Radio UNAM anunció a través de un comunicado la cancelación del programa.
 
RESPUESTA DE LA UNAM
 
Ese mismo día 7 de abril, la subdirectora de Producción de la Dirección General de Radio UNAM, María de la Paz Guadalupe Gener Rivera, envió la grabación del programa al director del Museo Universitario del Chopo, José Luis Paredes Pacho, ya que Perelló era secretario auxiliar de la dependencia. El audio fue enviado “para los efectos y acciones que estime convenientes y que conforme a derecho procedan”, se lee en el oficio firmado por Gener Rivera.
 
Posteriormente, Paredes Pacho concluyó que las expresiones del ex locutor atentaron contra los valores y fines de la UNAM y afectaron también “la reputación y el prestigio” de la Casa de Estudios al dar a conocer opiniones “con un lenguaje carente de perspectiva de género y sensibilidad que promueven la violencia de género”.
 
Eso consta en el documento OFICIO/MUCH/DIOR/158/2017, con fecha del 5 de mayo, el cual fue enviado por el Director del Museo del Chopo al coordinador de asesores de la Oficina de la Abogada General, Armando J. Meneses Larios.
 
En el oficio, Paredes Pacho explica que pidió verbalmente al jefe de la Unidad Jurídica de la Coordinación de Difusión Cultural, José Luis Coraza Pérez, “se iniciara un procedimiento conforme a derecho”. Y Coraza Pérez solicitó el 20 de abril, a través del oficio CODC/UJ/485/2017, al director general de Asuntos Jurídicos, Raúl Arcenio Aguilar Tamayo, que dictaminara las sanciones laborales correspondientes a Perelló Vals.
 
Días después, en el oficio DGAJ/DALC/DIA/2091/2017 con fecha del 26 de abril, el director general de Asuntos Jurídicos dictaminó que sí había elementos suficientes para rescindir el contrato individual de Perelló Vals con la UNAM y, recalcó, que la relación laboral del también ex profesor en la Facultad de Ciencias era única, por lo que era imposible que el académico continuara “con cualquier tipo de relación laboral en esta Universidad”.
 
Pese a lo anterior, la UNAM sancionó a Perelló porque el mismo 26 de abril el ex académico se dio de baja ante la Dirección General de Personal de la Universidad.
 
De acuerdo con el director general de Asuntos Jurídicos, el contrato de Perelló podía rescindirse porque cometió actos de discriminación y violencia de género y atentó contra uno de los principios contemplado en el Artículo 2 del Estatuto General de la UNAM, el estar “íntegramente al servicio del país y de la humanidad, de acuerdo con un sentido ético y de servicio social, superando constantemente cualquier interés individual”.
 
Además, precisó Aguilar Tamayo, el ex locutor usó inapropiadamente el espacio radiofónico que se le proporcionó “para un objeto distinto a los fines de la Universidad” e  “incurrió en un motivo razonable de pérdida de confianza”.
 
Actualmente hay una denuncia penal en contra de Marcelino Perelló ante la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) por “hechos que pueden ser constitutivos de delito”. Esta fue interpuesta por 32 académicas y trabajadoras administrativas de la UNAM el 24 de abril para exigir se sancione al ex locutor por las expresiones ofensivas y misóginas contra víctimas de violencia sexual.
 
17/MMAE/GG







INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Puede calificarse de delito de lesa humanidad o genocidio
Violencia sexual, crimen contra la comunidad: Patricia Sellers
Imagen retomada de You Tube. International Federation for Human Rights
Por: Gloria López
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 06/06/2017 Patricia Sellers, abogada penal internacional y asesora especial para las estrategias de procesamiento en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, logró que la violencia contra las mujeres se declarara crimen de guerra por primera vez en la historia, en los juicios de la ex Yugoslavia y Ruanda, y es una de las mujeres que más sabe en el mundo sobre violencia sexual y crímenes de género.
 
Esta célebre jurista, nacida en Estados Unidos en 1954, participa en el acto “Justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado de Colombia”, organizado por Atelier ONGD en Valencia. AmecoPress ha podido hablar con ella.
 
Gloria López (GL): Lleva toda la vida luchando contra la violencia sexual y en concreto contra aquella que se produce en el conflicto armado. ¿En qué situación estamos?
 
Patricia Sellers (PS): Es cierto que el Derecho Penal está tomando en cuenta más las agresiones sexuales, pero tenemos que avanzar mucho todavía. Hay evidencias de violencia sexual en muchos países que están en guerra, pero también en escenarios donde no hay un conflicto, los crímenes contra los Derechos Humanos no solo se dan en el marco de una guerra. Y eso todavía no se comprende bien.
 
GL: ¿Qué motivación tienen estas agresiones? ¿Qué busca, qué quiere comunicar quien la ejerce?
 
PS: Es una agresión personal, pero también es una agresión a toda la comunidad. Producen humillación, vejación, miedo, para demostrar la fuerza, para someter a las víctimas… pero también a todos los que las rodean. Se usan como acciones ejemplarizantes, como muchos otros actos para destruir al enemigo, son una táctica. Son, repito, una agresión a toda la comunidad.
 
GL: La legislación, los Tribunales, las sentencias ¿hacen evidente este tipo de violencia o sigue quedando oculta en el contexto de la guerra?
 
PS: Estas agresiones contra los Derechos Humanos pueden perseguirse como crímenes de guerra si tienen relación con un conflicto armado, como crímenes de lesa humanidad si se dan en un ataque contra la población civil sistemático; o de genocidio si tienen intención de destruir a un grupo étnico, por ejemplo.
 
Todos los crímenes internacionales son difíciles de perseguir. Pero la falacia de que los crímenes de violencia sexual son más complejos justifica que la impunidad prevalezca. Hay que investigarlos, perseguirlos, documentarlos y reparar a las víctimas.
La legislación, los Tratados Internacionales son importantes, y de hecho estos crímenes ocupan un lugar central en el derecho humanitario, pero luego hay una interpretación que depende de los Estados nacionales y de la voluntad política.
 
GL: ¿Qué hace falta para impulsar su persecución?
 
PS: Para combatir la impunidad hay que combinar de manera realista las medidas políticas y los recursos disponibles. Hay que educar a la sociedad e informar sobre las mujeres y hombres que han sufrido violencia sexual. Los profesionales que intervienen en el proceso, como jueces, investigadores, profesionales sanitarios y sociales, fuerzas de seguridad, necesitan formación constante.
 
GL: Las víctimas necesitan una reparación. ¿Cómo se afronta esto?
 
PS: Estamos empezando. Todavía cuesta entender que la esclavitud sexual forma parte de la esclavitud. Cuesta entender que hablamos de una violencia contra la persona, la comunidad y el mismo Estado. Y también hay que tomar conciencia de que se necesitan fondos para poder reparar a las víctimas, algo que debe entenderse como un proceso normal de transición hacia la justicia.
 
GL: En Colombia, tras muchos años de violencia, se está apostando por la paz, aunque no sea la paz soñada. ¿Se está contando con las mujeres en los procesos de paz? ¿Se está incluyendo la reparación de etas mujeres que ha sido dañadas por todos los bandos?
 
PS: Prefiero no manifestarme sobre ese caso concreto.
Vivimos un contexto muy violento, el mundo está azotado por numerosos y terribles conflictos. Esto favorece el aumento de todo tipo de violencia, en el territorio en guerra y en los circuitos de huida, en contextos cercanos. Y como siempre, mujeres y niñas son las más perjudicadas.
 
Es así. Y es muy complicado. Por eso nosotros defendemos la idea de integridad sexual. Por ejemplo, en los campos de refugiados, es cierto que hay que prevenir y trabajar porque no se produzcan agresiones sexuales, que mujeres y niñas gocen de seguridad. Pero también es cierto que las familias tienen derecho a tener vida sexual, es importante promover espacios de salud en esos campamentos, que sean lugares tranquilos.
 
17/GL/GG







ESTADOS
   Dice que son “casos aislados” e intimidan a familias: OSC
PGJ Tlaxcala continúa simulación en caso de niñas desaparecidas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/05/2017 A dos meses de que el procurador General de Justicia de Tlaxcala, Tito Cervantes Zepeda, se comprometió con  familiares de niñas desaparecidas y víctimas de violencia sexual del municipio de San Pablo del Monte a revisar personalmente los casos, las acciones de la Procuraduría siguen siendo “simuladas”, con lo que se obstaculiza el acceso a la justicia de mujeres y niñas en esta situación.
 
Eso denunció en entrevista la abogada de las organizaciones Red Retoño y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social A.C, Miriam Pascual Jiménez, quien desde marzo pasado expuso en conferencia las irregularidades que enfrentan los familiares de niñas desaparecidas y agredidas sexualmente  al denunciar en los ministerios públicos, así como la omisión de funcionarios de la entidad.
 
Miriam Pascual informó que tras una reunión efectuada la última semana de marzo entre la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de violación, representantes de las organizaciones acompañantes y el procurador Cervantes Zepeda este último se comprometió a  investigar hasta obtener justicia cada uno de los siete casos de desapariciones de niñas y tres mayores de edad registrados por las organizaciones Red Retoño y Grupo de Acción  desde enero de 2016 hasta marzo de 2017.
 
Sin embargo, aseguró Miriam Pascual, “ante las denuncias, la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJ) solo ha tomado medidas simuladas”. Incluso se niega a aceptar que existan otros casos además de los sólo ocho reportes de mujeres desaparecidas que la instancia reportó de 2012 a 2016, de los cuales sólo tres corresponden a menores de edad. “Los califican como casos aislados”, dijo.
 
SIN RESPUESTAS
 
Miriam Pascual señaló que la indiferencia de las autoridades ante las desapariciones de mujeres se refleja en la falta de voluntad del gobernador de Tlaxcala, el priista Marco Antonio Mena Rodríguez, por conversar con las familias. “Antes de reunirnos pusimos como requisito la presencia del Gobernador, sin embargo, él no se presentó ni se ha comunicado con la familia, al igual que el presidente municipal de San Pablo del Monte, Cutberto Benito Cano Coyotl”, aseguró.
 
Además, la abogada expuso que el argumento otorgado por la secretaria de Gobierno de Tlaxcala para explicar el retraso en la resolución de los casos es el desconocimiento de estos, porque las exigencias de justicia fueron atendidas, primero, por la administración anterior del estado encabezada por Mariano González Zarur. “Es mentira ese desconocimiento, dijo la abogada, ya que Anabel Alvarado trabajaba como secretaria particular con el Gobernador anterior cuando denunciamos las desapariciones constantes en la zona”, explicó.
 
SIGUEN INTIMIDACIONES Y OMISIONES
 
Señala la abogada que la PGJ continuó con las agresiones a las familias que denunciaron en marzo pasado omisiones de la autoridad, como falta de activación de la Alerta AMBER, retraso en la recolección de pruebas a tiempo y trato revictimizante. Se trata de las familias de Karla Romero Tezmol, desaparecida en San Pablo del Monte desde enero de 2016, y de Sandra Xahuantila, y Sarahí Tezmol, desaparecidas y encontradas posteriormente con signos de violencia sexual,  
 
“La PGJ habló con los familiares y los buscó en sus domicilios para presionarlos con el argumento de que si no se presentaban a ampliar su declaración las iban a meter a la cárcel”, se trató, afirmó Miriam Pascual de hostigarlos y sancionarlos ante la denuncia pública que hicieron las familias”.
 
Y calificó a estas acciones de innecesarias: “Lo hicieron para aparentar que se están trabajando, pero no se está investigando para dar con los agresores”. Muestra de ello es que recientemente la Red Retoño tuvo conocimiento de que la Secretaría de Seguridad Pública de Tlaxcala constó en un escrito que el sistema de C4, el sistema público de cámaras de la zona donde se han registrado desapariciones, no está funcionando.
 
Además, informó, vecinos de la zona con negocios ya fueron advertidos por personal policial para no mostrar los videos captados por sus cámaras. “Un policía le hizo firmar al dueño de una tienda ubicada en la ruta donde han desaparecido varias menores un documento donde decía que él no podía dar información a nadie”, comentó.
 
Miriam Pascual comentó que ese tipo de acciones son ejemplo de las prácticas constantes de obstaculización de las autoridades, pero dijo que, junto con familiares de las víctimas desde la Red Retoño, el Grupo de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social mantienen las exigencias porque se inicien averiguaciones previas en todos los casos de desaparición y que no se pierdan pruebas esenciales en los delitos de violación como las muestras de semen.
 
De acuerdo a datos de la Red Retoño en Tlaxcala, la desaparición de Karla Romero Tezmol es la única contabilizada porque sólo ella cuenta con una Averiguación Previa por delitos relacionados con su desaparición.
 
Las desapariciones de niñas y mujeres ocurren en un contexto donde organizaciones civiles de Tlaxcala emitieron en agosto de 2016 la primera solicitud para la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), admitida por el Instituto Nacional de las Mujeres desde el pasado 30 de agosto, por el delito de explotación sexual comercial de mujeres.
 
17/MMAE/GG







INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Amenaza la seguridad y la paz duradera
Violencia sexual, táctica para ejercer terrorismo, dice ONU
Mina Jaf, fundadora y directora ejecutiva de la organización Women's Refugee Route. Crédito: Evan Schneider/UN Photo.
Por: Tharanga Yakupitiyage*
Cimacnoticias | Naciones Unidas.- 18/05/2017 La violencia sexual se utiliza cada vez más como una táctica para ejercer el terrorismo y, por ello, debe atenderse como un asunto relacionado con la paz y la seguridad, subrayaron varios especialistas en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
 
Representantes de los Estados miembro del foro mundial y de la sociedad civil, así como funcionarios de la ONU, se reunieron para debatir sobre problemas permanentes, desafíos y soluciones a la violencia sexual en el marco de conflictos.
 
“Demasiadas mujeres conviven con algún grado de violencia a diario, en sus hogares y en sus familias. Los conflictos armados no hacen más que exacerbar las condiciones predominantes”, explicó la nigeriana Amina Mohammed, subsecretaria general de la ONU.
 
Esa violencia sexual es “un crimen desgarrador”, añadió.
 
La directora ejecutiva de la organización Women’s Refugee Route, Mina Jaf, coincidió y dijo a IPS: “Las mujeres son mucho más vulnerables en países con conflictos, y cuando eres vulnerable, sufres mayor violencia”.
 
El secretario general de la ONU, António Guterrez, mencionó el asunto en su informe anual, en el que detalla numerosos casos de violencia sexual utilizada con fines “estratégicos” en 19 países.
 
En Iraq, casi 2 mil mujeres y niñas yazidíes siguen siendo esclavas en los territorios controlados por el Estado Islámico (EI) y hay denuncias de que las venden y comercializan, además de usarlas como escudos humanos durante las operaciones en Mosul, detalla el documento.
 
En Myanmar (Birmania), más de la mitad de las mujeres entrevistadas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijeron haber sufrido alguna forma de violencia sexual, que pudo utilizarse de forma sistemática “para humillar y aterrar a sus comunidades”.
 
Las mujeres y las niñas desplazadas son las que corren un riesgo mayor, coincidieron Mohammed y Jaf, pues una de cada cinco refugiadas o desplazadas experimenta alguna forma de violencia sexual.
 
La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur documentó casi 600 incidentes de violencia sexual en conflicto en 2016, principalmente contra mujeres y niñas. Entre las sobrevivientes habían 57 niñas, varias de las cuales menores de 10 años.
 
La mayoría de los casos ocurrieron en puestos de control del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, cerca de sitios de protección designados, y hay informes que señalan que se emplea la violencia sexual para castigar a las comunidades por su origen étnico o por entender que apoyan a grupos de oposición.
 
El representante especial del secretario general para violencia sexual en conflictos, Adama Dieng, recordó a los presentes que hay un rostro y un nombre detrás de cada número del informe.
 
Dieng relató los casos de Nasima, quien, por temor a ser asesinada por sus familiares tras ser liberada de manos del EI, intentó suicidarse, y el de Marie, quien contrajo el VIH por temor a denunciar la violación, privándose así de la atención preventiva contra el virus de inmunodeficiencia humana.
 
La vergüenza y el estigma son componentes integrales del uso de la violencia sexual como tácticas de guerra, según el informe del secretario general.
 
“Los agresores saben bien que ese tipo de delitos pueden convertir a sus víctimas en parias, desarmando así los lazos familiares y de parentesco que unen a las comunidades”, señala el informe. Por ejemplo, los niños nacidos de una violación pueden afrontar una vida de marginación, ser vulnerables a la explotación y ser reclutados, impidiendo así su recuperación a largo plazo.
 
“El estigma mata”, acotó Dieng.
 
Mohammed subrayó que es “imprescindible” promover la reintegración holística.
 
“No basta con recuperar a nuestras niñas, tenemos que devolverlas con dignidad y respeto a un entorno de apoyo, igualdad y oportunidades, y asegurarnos de que reciban la asistencia fundamental que las ayudará a reintegrarse a sus hogares y a sus sociedades”, subrayó, refiriéndose a la campaña mediática #BringBackOurGirls (recuperemos a nuestras niñas), tras el secuestro de 270 adolescentes nigerianas de una escuela de Chibok, en abril de 2014, por Boko Haram.
 
Dieng insistió en redirigir el estigma de la violencia sexual de las víctimas hacia los perpetradores, lo que solo será posible involucrando a los líderes comunitarios para modificar percepciones dañinas de género y vergüenza.
 
También señaló la necesidad de reconocer a las sobrevivientes como víctimas legítimas del conflicto y del terrorismo, las que deben recibir asistencia, reparación y tener justicia.
 
“Cuando las víctimas tienen la oportunidad de contar sus historias, de observar la condena a los responsables y de recibir solidaridad y apoyo, ya sean reparaciones materiales o simbólicas, pueden contrarrestar el aislamiento, la culpa y el reproche”, explicó Dieng.
 
Algunos países comenzaron a atender la violencia sexual con leyes, como Colombia, que creó un marco para ofrecer a las sobrevivientes acceso a la justicia. Sin embargo, solo dos por ciento de los 634 casos documentados de violencia sexual en conflictos terminaron en condena, una tendencia que es mundial.
 
“La violencia sexual en conflictos ya no se percibe como un asunto de mujeres o un mal menor en una falsa jerarquía de violaciones de derechos humanos. En cambio, se considera como una amenaza legítima a la seguridad y a la paz duradera, que requiere de una respuesta operativa en materia de seguridad y justicia”, observó Mohammed
 
También reconoció los percances de la propia ONU a la hora de responder a las denuncias de abuso sexual por efectivos de las fuerzas de paz, pero se comprometió a hacer frente a los desafíos y a lograr que la tolerancia cero se haga “realidad”.
 
En 2015, las denuncias por abusos sexuales de efectivos franceses de las fuerzas de paz en República Centroafricana despertaron un gran malestar en todo el mundo; una investigación sueca concluyó que la ONU sigue siendo negligente con las sobrevivientes.
 
Jaf dijo a IPS que si no se asignan responsabilidades y no hay justicia, aun en los casos protagonizados por efectivos de las fuerzas de paz, no se resolverá el problema de la violencia sexual en conflictos.
 
Los equipos humanitarios que primero atienden las situaciones de crisis deben estar capacitados para hacer frente a cuestiones delicadas, añadió, al relatar el caso de una mujer que no denunció una agresión sexual porque no se sentía cómoda hablando delante de un hombre, aunque solo fuera un intérprete, y debe seguir promoviéndose la igualdad de género.
 
“La violencia sexual en conflicto no ocurre en un vacío, es el resultado del fracaso sistemático de la comunidad internacional de hacer frente a las causas de raíz del conflicto, de la desigualdad de género y de la impunidad”, subrayó Jaf.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
17/TY/GG 







INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Escasa aplicación de leyes e impunidad de agresores
Violencia sexual y embarazo infantil, ignorados en México y AL
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/05/2017
La violencia sexual y el embarazo infantil sigue siendo ignorados por los Estados Latinoamericanos que son parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia y prueba de ello son los 2 millones de partos de niñas menores de 15 años que hay anualmente en el mundo, América Latina y el Caribe, la única región donde los casos aumentaron y donde se prevé que sigan creciendo hasta el 2030.
 
Así lo afirmó la Organización de los Estados Americanos (OEA), basada en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su más reciente estudio titulado “Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará”, publicado el pasado 24 de marzo en el sitio web del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
En el estudio, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) destaca que las niñas y adolescentes en América Latina y El Caribe representan más del 20 por ciento de la población, por lo que urgió a trabajar en políticas públicas en pro de los derechos de esta población, en un contexto donde, de acuerdo a cifras de la OMS citadas en el informe, en América Latina una de cada cinco mujeres asegura haber sufrido abuso sexual en la infancia.
 
Además, resaltó el MESECVI en el informe realizado con el objetivo de dar seguimiento a lo planteado en la Convención de Belém do Pará (1994), la violencia sexual contra las niñas y adolescentes es también del tipo estructural, porque los Estados siguen sin garantizar una vida libre de violencia para este sector.
 
Las niñas y adolescentes siguen siendo obligadas a continuar con su embarazo por prohibiciones legales de la interrupción del embarazo y por la falta de información otorgada a las víctimas; además, existen legislaciones que perpetúan los estereotipos de género y no hay protocolos de actuación en países donde el aborto es legal. 
 
MÉXICO EN CIFRAS
 
En México, según el Informe Hemisférico, de 2013 a 2016, la tasa de mortalidad materna infantil fue de 55 niñas de 10 a 14 años por cada 100 mil; mientras que de las menores de 15 a 19 años de edad fue de 27 por cada 100 mil. 
 
En cuanto a maternidad infantil, la tasa de nacimientos en 2013 fue de cinco por cada mil niñas de 10 a 14 años; y entre las menores de 15 a 19 años se registraron 66 embarazos por cada mil mujeres en ese rango de edad.
 
Respecto al aborto, en 2012 México reportó una tasa en niñas y adolescentes del 24 por ciento. En el mismo año los nacimientos de madres niñas y adolescentes de 10 a 19 años representaron 19.4 por ciento de los ocurridos en el país.
 
Para el 2014, México registró 196 embarazos en niñas de 10 años, 230 en niñas de 11 años, 425 en niñas de 12 años, mil 730 en niñas de 13 años y 8 mil 422 embarazos en niñas de 14 años, de acuerdo a Estadísticas de natalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) citadas en el informe. 
 
Si bien entre los países estudiados México destaca por contar con  la normativa NOM-046 que establece los criterios para la prevención y atención de casos de violencia sexual, así como los servicios de aborto médico conforme a las legislaciones de cada entidad federativa para casos de embarazo por violación, el Informe expuso que aún hay carencias en su aplicación.
 
Lo anterior se derivó, por ejemplo, de que el “Manual de Procedimientos para la Interrupción Legal del Embarazo” en las unidades médicas de la Ciudad de México no presentan información ni medidas de atención a mujeres adolescentes ni a niñas menores de 14 años.
 
DEBILIDAD DEL MARCO JURÍDICO
 
Otro aspecto destacado por el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará en el informe es que, de 2013 y 2016, es común la ausencia de información y estadísticas en cuanto a justicia para quienes violentan sexualmente a niñas y adolescentes.
 
En los países latinoamericanos analizados, ninguno reportó información precisa sobre sentencias aplicadas en relación a los delitos de violencia sexual contra niñas de hasta 14 años. Y sólo cinco países de la región -Argentina, Colombia, Guatemala, México y Panamá- dijeron tener Protocolos de atención en Justicia especializados en este sector, pero ninguno de los Estados, ni los que tienen protocolos, informaron sobre la formación de personal especializado en atender a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.
 
En el informe, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención asegura que existe una “debilidad del marco jurídico” en cuanto a derechos sexuales y reproductivos de las niñas.
 
17/MMAE/GG








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Caso Daphne no es excepción, sino regla
Cada 40 minutos, una denuncia por violación en México
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/05/2017 Cada 40 minutos y 53 segundos se abre en el país una carpeta de investigación por el delito de violación, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, pero para la mayoría de víctimas no hay justicia.
 
No son todos los casos, porque la mayoría de las víctimas no denuncian ante el Ministerio Público por miedo a represalias, porque en la mayoría de los casos el agresor es un familiar o conocido, porque desconfían de las autoridades y por la evidencia de que muy pocas veces se hace justicia. Así lo diagnosticó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en 2016.  
 
Tan sólo de 2014 a febrero de 2017, el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob) registró 39 mil 663 casos de violación. El Estado de México se colocó como la entidad con el mayor número de casos, 5 mil 954 en total; continúa Chihuahua con 2 mil 773, Chiapas 2 mil 350 casos, en Baja California 2 mil 037 y Nuevo  León con mil 973 casos registrados.
 
En Guanajuato sumaron mil 881 casos, en la Ciudad de México mil 872 y en Tamaulipas mil 654; mientras en Hidalgo fueron mil 337, mil 343 en Jalisco y Morelos tuvo mil 298 casos.
 
Entre enero de 2010 y junio de 2015, de 22 mil 399 averiguaciones previas por violación, sólo el 40 por ciento fueron con consignadas a expedientes en los Tribunales Superiores de Justicia, es decir, 9 mil 043 continuaron el con el proceso judicial.
 
La cifra disminuye al hablar de sentencias. Según datos del Inegi hasta 2015 únicamente 3 mil 713 personas cumplían sentencia en centros penitenciarios por el delito de violación y otras mil 065 por violación equiparada, esta última entendida como la que se comete contra menores de edad o a personas con incapacidad intelectual para comprender el hecho.
 
LOS LENTOS PASOS DE LA JUSTICIA
 
Si bien la tipificación de este delito data de 1931, el movimiento feminista impulsó varias de las reformas al Código Penal y al capitalino, para que las víctimas de estos delitos accedieran a la justicia.
 
La primera reforma al Código Penal se hizo en 1966 cuando se incrementaron las penas de prisión de 2 a 8 años y se agregó una multa de 2 mil a 5 mil pesos. En 1966 se hizo una segunda reforma para, igualmente, incrementar de 6 a 8 años la prisión y derogar la multa.
 
Pero la realizada en 1989 fue crucial, cuando la presión de académicas y organizaciones civiles obligó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar el Código capitalino para ampliar la definición de violación y el concepto de cópula e incrementar la sanción de 8 a 14 años de prisión.
 
Por vez primera se tipificó el hostigamiento sexual, lo que sentó las bases legislativas para que el resto del país homologara sus leyes.
El antecedente de estas reformas fueron los 19 casos denunciados por violación ocurridas en la zona sur de la capital, en todos, los agresores fueron los mismos: ocho escoltas del entonces subprocurador de Narcóticos de la Procuraduría General de la República, Javier Coello Trejo.
 
Este hecho dio paso a la creación de las primeras instancias para la atención y procuración de justicia, que antes no existían. El mismo año, en la Ciudad de México, se instaló la primera Agencia Especializada en Delitos Sexuales del país, inició la preparación del protocolo para la atención a víctimas y reparación integral del daño y se estableció el Centro de Terapia de Apoyo (CTA) dependiente de la Procuraduría de Justicia Capitalina, para asistir emocionalmente a víctimas de delitos sexuales.
 
En estas instancias fueron atendidas las víctimas de violación perpetradas por los escoltas del subprocurador Coello Trejo. Por el caso, en 1993 sólo fueron detenidas cuatro personas y debido al retraso en la actuación de las autoridades, las víctimas no continuaron con el proceso.
 
Al paso de los años y pese a la creación de nuevas normativas, las instituciones que años atrás fueron creadas para atender a las víctimas de este delito “están en decadencia” y son dirigidas por autoridades poco competentes.
 
 
 
LABERINTO A LA JUSTICIA
 
Las víctimas de violación enfrentan el primer obstáculo en su búsqueda de justicia cuando presentan la denuncia, señala la primera titular de la ahora Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Alicia Pérez Duarte. 
 
Para la experta en violencia y académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pérez Duarte, la travesía de las víctimas para acceder a la justicia comienza al presentar la denuncia, pues es ahí donde enfrentan los primeros obstáculos dentro de las instituciones que están obligadas a garantizar la seguridad de las mujeres.  
 
A las víctimas se les pide que comprueben la violación, “les realizan exámenes ginecológicos que acrediten el delito y someten su declaración a dudas y la desestiman”, y agregó que en 2011 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó  que “la sola declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”.
 
La abogada explicó que aunque en la investigación de este delito la presunción de inocencia es un derecho que los inculpados tienen, cuando dos derechos entran en pugna siempre prevalece el de mayor jerarquía. “Al atender este delito debe sobreponerse la seguridad y el derecho a una vida libre de violencia de la víctima, el cual es prioritario porque tiene que ver con el derecho a la vida”.
 
TODAS SON DAPHNE
 
Evidencia de la violación de este derecho y obstáculo a la justicia es el caso de Daphne Fernández, en Veracruz, quien en enero de 2015 fue violada por cuatro jóvenes, apodados “Los Porkys”. Después de 2 años de buscar justicia, el pasado 28 de marzo el Poder Judicial de la entidad otorgó un amparo a uno de sus agresores por considerar que no había elementos suficientes para probar la intención del agresor por "satisfacer un deseo sexual".
 
Aun cuando la menor denunció haber sufrido tocamiento de senos, jaloneos de su playera y burlas, se dio prioridad a la declaración del agresor, “quien defendió a los “Porkys”, sacó de contexto la situación de Daphne para enfrentar la presunción de inocencia frente al derecho de una vida libre de violencia”, indicó Pérez Duarte.
 
La fundadora del Grupo Plural Pro-Víctimas, A. C. y abogada experta en delitos sexuales, Patricia Olamendi Torres, agregó, que para facilitar el acceso a la justicia de las mujeres “lo que se debe armonizar en los procedimientos penales son específicamente los medios de prueba”.
 
Cuando no se respeta el testimonio de la víctima desde el momento de la denuncia, precisó Olamendi Torres, se incumple con el principio de igualdad establecido en el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, donde se especifica que no debe darse más importancia a la inocencia de la persona acusada.
 
“El caso Daphne no es una excepción en la regla diaria en México. Los jueces y Ministerios Públicos deben entender que las mujeres tenemos derecho al respeto de nuestro integridad física y la libertad sexual”, concluyó Olamendi.
 
INCAPACES, INSENSIBLES: MENOS SENTENCIAS
 
Otro de los factores que no permiten que la ley y las investigaciones corran con la debida diligencia es la falta de especialización en perspectiva de género y sensibilización de los jueces y personal de los Ministerios Públicos (MP), agregó Olamendi Torres.
 
Como consecuencia, explicó, las autoridades minimizan el delito: “Equiparan la violación con el abuso sexual, dicen que son las mujeres quienes ‘provocaron’ a los agresores y cuando la violación se cometió con un objeto distinto al pene no la reconocen como tal”.
 
Pérez Duarte calificó como un “pacto patriarcal” la protección que el sistema de justicia da a los violadores. "Esto se ve claramente en las sentencias donde una mujer es la víctima, ahí se desencadenan inmediatamente los mecanismos en defensa del hombre acusado”, precisó.
 
Para Olamendi Torres, el bajo número de sentencias, es un reflejo de que las capacitaciones en perspectiva de género para los jueces no funcionan. “Todos dicen que ya pasaron capacitaciones, el resultado verdadero sería el acceso a las justicia de las mujeres”.
 
“Lo que vivimos las mujeres en México es una violencia institucional”, declaró Olamendi Torres y denunció que “la simulación y la impunidad en la atención de casos de violación dejan en desamparo total a las víctimas”.
 
La violación es un delito invisibilizado en la mayoría de las estadísticas de instancias como la CEAV y Fiscalías estatales, quienes no reportan los casos que están en proceso, tienen sentencia o no son denunciados, a pesar de ser un delito considerado por el Código Penal como grave, es incluido en los datos como “delitos sexuales”, sin dar muestra de la magnitud con la que se comete.
 
A esto se suma la falta de agencias especializadas para presentar la denuncia, programas e instituciones públicas de atención emocional  y en salud para las víctimas. Y las irregularidades que persisten en los Códigos Penales de cada entidad que refuerzan los obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violación.  
 
17/MMAE/HZM/GG
 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Víctimas esperan justicia en la CoIDH
A 11 años de Atenco, impunes autores materiales e intelectuales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/05/2017 Si algo han conseguido las 11 sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos en Atenco y Texcoco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, es hacer evidente que el Estado usa la violencia sexual como un arma contra las mujeres.
 
En reiteradas ocasiones el Estado mexicano ha negado que la tortura sea una práctica sistemática de las corporaciones policiacas y de las fuerzas militares, pero la denuncia de las sobrevientas de Atenco muestra que esta violencia existe y se mantiene impune.
 
“Lo que podemos aportar desde nuestra trinchera es colocar el tema de la tortura sexual como una forma, una herramienta de Estado, de tortura, de forma diferenciada que se usa en contra de las mujeres”, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de Atenco.
 
A 11 años de mantenerse de pie, firmes en su denuncia y convencidas de ver en prisión a los policías y los mandos que ordenaron violentarlas, Italia asegura que lograron mostrar que este caso fue algo más que un daño colateral o una violación sexual, se trató –sostiene– de tortura.
 
En un aniversario más de los hechos del 3 y 4 de mayo que colocaron al Estado de México, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto, en la mira de organismo de Derechos Humanos, las sobrevivientes sostienen que ya no se puede decir que se trató de policías que no controlaron sus instintos.
 
Es por ello que Italia, Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Gabriela Cuevas, continúan con la denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 
Aunque en 2006 al menos 26 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual sólo once decidieron continuar con la denuncia hasta conseguir justicia, por ello en abril de 2008 presentaron su denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En noviembre de 2011 el organismo aceptó conocer la demanda y tras diversos alegatos y análisis la CIDH determinó que las mujeres fueron detenidas de manera ilegal y  arbitraria y consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia y tortura sexual.
 
Con estas consideraciones, en noviembre del año pasado, después de una década de los hechos,  la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que analice la responsabilidad del Estado en su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y reparar el daño a las víctimas.
 
Actualmente el proceso a nivel internacional está en una etapa de comunicaciones escritas para que las partes, el Estado y las víctimas –a través de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– presenten alegatos por escrito.
 
Italia también espera que este año haya una audiencia oral ante el alto tribunal donde puedan exponer su testimonio ante los jueces.
 
Por lo pronto la primera ganancia, dice, es que develó las consecuencias de esta práctica. “Se volvió un caso relevante, no solamente por nuestra experiencia sino porque después de que nos ocurrió a nosotras hemos visto, por desgracia, un aumento. No sabemos si de la practica o de la denuncia”.
 
MIENTRAS, EN MÉXICO
 
El caso continúa en investigación en la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México pero de acuerdo con la información disponible sólo 21 policías estatales fueron consignados por “abuso de autoridad”, un delito contra la administración pública; sin embargo, todos fueron absueltos.
 
Un policía estatal fue condenado el mayo de 2008 por el delito de “actos libidinosos” hacia una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, el agresor también fue absuelto con posterioridad.
 
La apuesta y la esperanza están en la decisión de la Corte Interamericana que podría emitir una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, lo que significaría la obligación internacional de hacer una investigación que esclarezca los hechos.
 
“Hay cosas muy puntuales que nos permitirían acceder a la justicia y a un proceso de verdad sobre lo que concurrió en Atenco hace once años”, dice Italia. La insistencia es que se investigue a los autores materiales e intelectuales, a los funcionarios que ordenaron y diseñaron el operativo.
 
Entre estos funcionarios están Genaro García Luna, entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI); Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de Seguridad Pública del Estado de México.
 
17/AGM/GG
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   Apología de la violencia sexual, acusación ante FEVIMTRA
Académicas y administrativas de la UNAM denuncian a Perelló
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/04/2017

Académicas y trabajadoras administrativas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron penalmente al ex locutor de Radio UNAM, Marcelino Perelló Valls, ante la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) por “hechos que pueden ser constitutivos de delito”, según la denuncia cuya copia tiene Cimacnoticias.

La denuncia fue presentada ayer por 32 mujeres trabajadoras de la UNAM y está dirigida al procurador general de la república, Raúl Cervantes Andrade, y a la fiscal de la FEVIMTRA, Adriana Lizárraga González, para exigir se sancione a Perelló Valls, quien fue destituido del programa “Sentido Contrario” el pasado 7 de abril por realizar expresiones ofensivas y misóginas contra víctimas de violencia sexual en la emisión del 28 de marzo.

Señala la denuncia -con acuse de recibido de la FEVIMTRA el 24 de abril- que deben sancionarse las expresiones en defensa de la violencia sexual hechas por el académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, porque “provocan más violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual, y agravan un problema social y vulnera los Derechos Humanos de las mujeres”.

Entre las denunciantes se encuentran la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña (ex fiscal especial para atender delitos de violencia contra las mujeres); la investigadora del Centro de Estudios sobre la Universidad, María Gabriela Delgado Ballesteros (primera directora de Inmujeres DF).

La secretaria Técnica del Centro de Estudios Europeos, Leticia Arroyo Peláez, la coordinadora de la Licenciatura de Pedagogía, Margarita Beatriz Mata Acosta, y la técnica académica de la Licenciatura en Historia, Dolores Latapí Ortega, son otras de las denunciantes.

Perelló Valls ha minimizado el impacto en las víctimas de violación a través de expresiones como “incluso en la violación no hay para qué desgarrarse las vestiduras”, dicha durante la transmisión de “Sentido Contrario” del 28 de marzo para referirse a la denuncia de la menor veracruzana, Daphne Fernández, por este delito. Con esto, según se lee en la exposición de hechos de la denuncia, el académico hace apología a los delitos de violación y acoso sexual.

También reiteró esta postura en el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, el pasado 17 de abril: “¿Por qué la violación es tan grave? porque produce placer en la víctima”. Y lo mismo ha hecho  a través de sus cuentas en Facebook y Twitter.

Las denunciantes presentaron como pruebas los archivos de audio del programa “Sentido Contrario”  del 28 de marzo y la entrevista que Perelló Valls dio en la emisión de “Ciro Gómez Leyva por la mañana” del 17 de abril, y solicitaron que la PGR requiera a la UNAM y a Radio Fórmula los archivos originales sin ediciones; también entregaron un análisis de los publicado por el ex locutor en sus cuentas de Facebook y Twitter.

Además, llevaron como prueba el comunicado de prensa DGC/107/17 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con fecha del 7 de abril, en donde la instancia denuncia que la libertad de expresión no puede amparar señalamientos misóginos, porque “ofenden, descalifican, incitan, promueven o justifican la violencia de género contra las mujeres”. En él la Comisión consideró que las expresiones de Perelló Valls del 28 de marzo contribuyen “a la normalización del acoso callejero y la violencia sexual”.

Las mujeres también se comprometieron a otorgar, en caso de ser necesario, el testimonio del psicoanalista Juan Tuber-OKlander sobre los posibles efectos en la población mexicana de los comentarios emitidos.

Las firmantes solicitaron al procurador Cervantes Andrade que ordene iniciar la investigación correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución, donde se establece la responsabilidad de los Ministerios Públicos para recibir todos los datos o elementos otorgados por las víctimas, tanto en la investigación como en el proceso y que se realicen las diligencias correspondientes.

La académica Pérez Duarte y Noroña expuso en la denuncia que las trabajadoras de la UNAM firmantes cumplen con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece la obligación de las personas de denunciar ante el Ministerio Público un hecho “probablemente constitutivo de un delito”.

17/MMAE/GG








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
El problema es ser “mujer”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 11/04/2017 Hay algo en común en el enfoque noticioso en el caso del reciente accidente de Reforma y los comentarios sobre las mujeres que murieron en el automóvil conducido por un borracho, en los acosos que sufren las mujeres en redes sociales, en el desafortunado anuncio de la Feria del Libro de Yucatán, en donde se veía a una mujer prefiriendo que le pegaran antes de quitarle la lectura; en el caso de los “Porkis”, donde un juez penal otorgó un amparo para liberar a uno de los violadores de una menor de edad y en la salida de un locutor de radio, por sus comentarios misóginos y machistas al tratar el caso de la violación.
 
Ese común denominador, que constituye un problema en México, es que ser “mujer” es un problema en México, ya que todo el orden simbólico está orientado a validar la violencia contra el cuerpo de las mujeres y en el intento por desnaturalizarlo.
 
Las feministas, al tratar de explicar a la sociedad por qué está mal, recibimos todo tipo de ataques de “intelectuales” que dicen defender la libertad de expresión y defender el derecho de locutores a decir que las mujeres “goza n la violación”.
 
Mucho se puede discutir sobre estos argumentos e intentar ganar simpatías frente a la postura feminista, la postura del pensamiento más transgresor, lúcido y humano, frente a un discurso social que ha normalizado la violencia contra las mujeres, al punto de convertir el acto sexual en algo violento y así normalizar la violación. Esto último brillantemente expuesto por feministas como Catharine Mackinnon.  
 
El tema en esos casos, tanto en las páginas de diarios, en noticieros de radio y televisión y en redes sociales, es  un sentido de naturalización de la violencia contra las mujeres. Ahí se incluye las niñas víctimas de abusos, las adolescentes violadas ante la impunidad de los jueces, las jóvenes y mujeres víctimas de feminicidio, los crímenes más atroces que se repiten en México y en todo el mundo contra mujeres. Pero también la violencia cotidiana contra mujeres indígenas, artesanas y las más pobres.
 
El problema es que se normaliza una violencia contra “la mujer”, a quien no se le reconoce condición de persona y por ello se expresa libremente opiniones que suponen no tendrían que causar ningún efecto en la opinión pública, la cual  tendría que consentir –y lo ha consentido. Solo las hijas,  esposas, las hermanas son respetables por ser propiedad de un hombre, una extensión de sus territorios y solo ellos pueden demandar el que sus posesiones no sean violadas.
 
El discurso imperante y válido es ese “universo de sentido”, el sistema social en el que vivimos y que no reconoce condición de persona a las mujeres. De ahí que vivamos rodeadas de una violencia simbólica y una difícil comprensión de la sociedad de que “algo está mal” en esos argumentos y discursos.
 
Sé que no les es fácil a la mayoría de los hombres hacer una “auto reflexión”, incluso para aquellos que se dicen “pro-feministas” hablan y se enuncian desde sus “masculinidades hegemónicas” en las que todo gira en torno a ellos. Pero ahora resulta que tenemos que explicarles, justificar y probar o evitar “generalizaciones” para no los afectemos  moralmente y dañemos su imagen de “hombre”, porque “no todos son así”.
 
Su única lógica les dice que no tendríamos por qué protestar, que si protestamos los “dañamos” o afectamos y que no tendríamos por qué criticar al machismo, que es de “otros”, no de ellos…  postura hegemónica que supone que el hombre es el centro del todo y que sólo lo que pasa por su reflexión es pensamiento.
 
Intrincado y complejo, pero en el orden simbólico patriarcal del colectivo social existe sólo “una mujer”, son “todas iguales”, son “metibles”.
 
“El hombre concibe una sexualidad imaginaria para la mujer, el cuerpo imaginario de la mujer se reduce a un objeto que solo sirve para motivar las fantasías sexuales de un observador masculino. (…) En la pornografía se deshumaniza y falsifica a la mujer. Se deshumaniza al presentarla como un objeto y se falsifica al sugerir que la mujer experimenta placer al ser maltratada y humillada.” (Weiz, 1998)
 
Es el orden simbólico patriarcal, ordenamiento del logos que construye el hombre-Dios y que es para los otros, las otras, ahí se sostiene la proyección de una sexualidad imaginada, de ahí el “deseo de ser violada”, el deseo de ser golpeada y sodomizada que el colectivo sostiene como verdad para la mujer.
 
Una “verdad” impuesta y que da sentido y significado en las relaciones afectivas pero que también sostienen las relaciones de poder.
 
Si no fueras mujer no habría problema de salir a la calle y caminar entre miradas lascivas, de ser agredida, violentada, de ser vejada en las instituciones y que te digan lo que se supone que debes creer, y cómo lo debes pensar y expresar.
 
Lo que hace el feminismo es, como convoca Drucila Cornell, “a que re-imaginemos nuestra forma de vida de manera que podamos "ver" de otra forma, esto necesariamente involucra apelar a la ética, incluyendo el llamado para que modifiquemos nuestra sensibilidad moral".
 
Eso es a lo que parecen no estar dispuestos, porque les representa “perder”, ceder y reconocer que hay algo que no está bien o que eso que creen “válido” no lo es. Pero nosotras seguimos insistiendo y haciendo ruido para que los discursos naturalizados en ese orden simbólico dejen de ser el pensamiento común.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG
 







INTERNACIONAL
SALUD
   Mujeres y niñas de Siria e Irak, entre las afectadas
Recorte de EU a UNFPA cancela apoyo a víctimas de extremistas
Madres y bebés esperan ser atendidos en una clínica financiada con recursos de Estados Unidos en Uganda. Crédito: Lyndal Rowlands/IPS.
Por: Tharanga Yakupitiyage*
Cimacnoticias | Naciones Unidas.- 07/04/2017 Estados Unidos retiró su apoyo económico al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la agencia que trabaja en temas de salud sexual y reproductiva en 150 países.
 
La decisión se basa en la falsa acusación, arguye el UNFPA, de que “apoya o participa en la gestión de o en programas de esterilización involuntaria y de aborto coercitivo (en China)”.
 
El argumento figura en una carta enviada el lunes 3 de abril por el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos a la agencia en la que anuncia el retiro de ese país, a pesar de que, conocedores del trabajo que realiza la agencia, han sostenido en reiteradas ocasiones de que no tiene sustento real.
 
“Siempre valoramos a Estados Unidos como socio confiable y líder de las iniciativas para garantizar que cada embarazo sea deseado, cada niño sea protegido y cada joven pueda desarrollar su potencial”, reza el comunicado del UNFPA en respuesta al recorte de fondos.
 
Estados Unidos es uno de los grandes contribuyentes del UNFPA, que en 2015 aportó 75 millones de dólares, en tercer lugar detrás de Gran Bretaña y Suecia. También es el segundo donante de las operaciones humanitarias de esta agencia. Y al igual que sucede con otras agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los gobiernos realizan sus aportes al UNFPA de forma voluntaria.
 
Los recortes tendrán “consecuencias devastadoras” para las niñas y las mujeres de todo el mundo, se lamentó Shannon Kowalski, directora de políticas y campañas de la Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres, en diálogo con IPS.
 
“El UNFPA desempeñó un papel fundamental en la distribución de servicios para las mujeres más marginadas, y ahora sus vidas y su salud están en juego”, subrayó Kowalski.
 
El trabajo de la agencia en el frente de situaciones de crisis será el más perjudicado, como el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres víctimas del Estado Islámico y de otros grupos extremistas en Medio Oriente, observó.
 
Según la Fundación de la ONU, la eliminación del apoyo de Estados Unidos pone en riesgo la capacidad del UNFPA de facilitar partos seguros a unas 48 mil mujeres en Siria y de apoyar a 55 centros que ayudan a 15 mil niñas y adultas sobrevivientes de violencia de género en Iraq, entre los que hay uno que ayuda a más de 700 yazidíes sobrevivientes de violencia sexual.
 
El UNFPA indicó que la contribución de Estados Unidos en 2016 le ayudó a evitar que 2 mil 340 mujeres murieran por causas relacionadas con el embarazo y el parto, así como 947 mil  embarazos no deseados, asegurar mil 251 operaciones para reparar fístulas obstétricas e impedir 295 mil abortos en condiciones inseguras.
 
Por su parte, Seema Jalan, directora ejecutiva del Proyecto de Acceso Universal de la Fundación de la ONU, dijo a IPS que el gobierno de Estados Unidos también es el principal contribuyente de la única maternidad del campamento de refugiados sirios de Zaatari, en Jordania.
 
“Las sirias embarazadas no tendrán absolutamente ningún lugar donde parir a sus bebés”, subrayó.
 
Kowalski subrayó el enorme impacto que tendrá la decisión de Estados Unidos: “Es un claro mensaje de que al mundo no le importa dar respuestas a las mujeres en situaciones de enorme marginación y, en muchos aspectos, gratificará a los extremistas que buscan sacar provecho de esa marginación y abandono de la población femenina”.
 
Pero esta no es la primera vez que el UNFPA sufre recortes económicos del gobierno de Estados Unidos.
 
El presidente George W. Bush, ya había retirado 34 millones de dólares entre 2002 y 2008, con el mismo argumento de que la agencia participaba en políticas coercitivas en China.
 
Si bien el UNFPA trabaja en China, tanto Kowalski como Jalan dijeron a IPS que la acusación no tiene fundamentos y es simplemente una “excusa” para retirar su aporte a la organización que trabaja en temas de derechos sexuales y reproductivos.
 
“El gobierno chino todavía (violenta los derechos de las mujeres), pero como el UNFPA trabaja en el país apoyando la implementación de servicios de salud sexual y reproductiva, relacionan los dos hechos y dicen que el UNFPA apoya directamente las políticas coercitivas, lo que no es cierto”, explicó Kowalski.
 
MIENTE DEPARTAMENTO DE ESTADO
 
Una de esas políticas restrictivas es la de hijo único, que retrocede de a poco desde 2015, una iniciativa que el UNFPA ayudó a elaborar, apuntó Jalan. “El principal propósito del UNFPA en China es introducir el concepto de atención de calidad y de planificación familiar voluntaria”, precisó.
 
Además, Jalan subrayó que el UNFPA ni siquiera ofreció asistencia al gobierno chino ni a su agencia de planificación familiar en 2016, como arguye el Departamento de Estado en su carta.
 
Pero debido a la duplicación de las contribuciones de Estados Unidos desde 2002 y a las crisis humanitarias sin precedentes que aquejan al mundo, las consecuencias de este último recorte tendrán un alcance mucho mayor que antes.
 
 AGENDAS PROHIBICIONISTAS
 
Kowalski urgió al Congreso a revocar la Enmienda Kemp-Kasten, sobre el retiro de fondos a la agencia de la ONU.
 
La enmienda prohíbe la asistencia a cualquier organización, incluidas las estadounidenses y las multilaterales, que participen en esterilizaciones involuntarias y en abortos coercitivos.
 
Y es similar la Ley Mordaza Global, también conocida como Política de la Ciudad de México, que prohíbe a organizaciones extranjeras que reciban asistencia de Estados Unidos, distribuir información sobre abortos o servicios de aborto.
 
La decisión de Washington generó críticas entre numerosos dirigentes de Nueva York y California, quienes ya condenaron la medida.
 
“La hipocresía del presidente (Donald) Trump alcanzó nuevos niveles con la decisión de dejar de asistir al Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hace poco sostuvo que tenía ‘tremendo respeto por las mujeres y su papel en el mundo’, pero al mes decide recortar los fondos del UNFPA”, reza la declaración.
 
“Recortar esos fondos es una decisión cruel que no solo perjudicará a las mujeres y a sus hijos, sino que también atentará contra el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Le pedimos al presidente que ponga a las mujeres por encima de la política y modifique de inmediato esa decisión”, reclama la misiva.
 
Jalan dijo que ese pronunciamiento fue un comienzo “importante”, pero urgió a que se ponga en marcha una iniciativa de los dos principales partidos estadounidenses para revertir la decisión.
 
“Financiar la atención médica básica de mujeres y niñas, asegurar que refugiadas sirias embarazadas puedan tener un parto seguro y que sus hijos sobrevivan, y que alguien que sobrevivió a la violencia sexual pueda recibir atención y apoyo, creemos que son temas bipartidistas”, subrayó.
 
Por su parte, Kowalski remarcó la necesidad de que la comunidad internacional dé un paso al frente y contribuya a paliar el déficit del UNFPA.
 
Debido a la reintroducción de la Ley Mordaza Global, varios países reunieron unos 190 millones de dólares para paliar el déficit inminente, entre ellos Suecia, Canadá y Finlandia, que comprometieron 21 millones de dólares cada uno para no recortar el acceso global a los servicios de salud sexual y reproductiva.
 
Este es el primero de los recortes que el gobierno de Trump dijo que implementaría.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
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