ESTADOS
VIOLENCIA
   Vigilaban a Emma Gabriela, asegura
Ligia Canto pide revisar pruebas que inculpan a familia de feminicida
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/06/2017 A tres meses del asesinato de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto en Mérida, Yucatán, las autoridades locales se niegan a considerar pruebas que relacionan e inculpan en el crimen a la familia de Alberto Medina Sonda, el ex esposo de Emma, quien está en prisión como presunto  autor intelectual de feminicidio. Tampoco han revisado los videos de las cámaras cercanas al lugar donde se efectuó el crimen
 
Así lo denunció en entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, quien recordó que por el asesinato de Emma Gabriela, ocurrido frente a su casa el pasado 27 de marzo, Medina Sonda es juzgado como autor intelectual y hay dos detenidos como autores materiales.
 
El caso de Emma Gabriela inició en 2014 cuando empezó a enfrentar hostigamientos y omisiones por parte de las autoridades locales y de otros estados, luego de que inició un proceso legal para obtener la custodia de sus dos hijas e hijo contra su ex esposo, actualmente preso en Tabasco, acusado por operar con recursos de procedencia ilícita en dicha entidad durante el gobierno de Andrés Granier, y quien tiene prisión preventiva por el feminicidio de Emma.
 
Las denuncias de Emma y su madre, la también defensora Ligia Canto Molina, derivaron en la Recomendación 54/2014 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México al constatar violaciones a los Derechos Humanos de Emma y su familia, pero dichas recomendaciones no fueron cumplidas.
 
“Quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”, afirmó Salas Salazar. Desde que comenzó la investigación del caso Ligia Canto ha solicitado que se siga esa línea de investigación y ha presentado probatorios de las constantes agresiones que durante años recibió su hija y nietos por parte de ellos.
 
La acompañante del caso expuso la falta de voluntad de las autoridades por “continuar todas las líneas de investigación”, ya que la Fiscalía local no ha solicitado ni permitido la revisión de todos los videos de las tiendas de autoservicio y comercios cercanos al domicilio de Emma Gabriela.
 
Esto, señaló Salas Salazar, porque “quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”. 
 
La Fiscalía de Yucatán sólo solicitó la revisión de videos que corresponden a los dos días previos al asesinato. La madre de Emma Gabriela, Ligia Canto y su defensa legal ya solicitaron a la Fiscalía la revisión de los videos de 15 días antes del crimen y están en espera de respuesta.
 
“De oficio, dije Canto, lo que tendrían que hacer es recabar toda la información de los vecinos, a los alrededores de la casa”, y agregó que la omisión de ese tipo de diligencias “da como resultado la impunidad en el caso”.
 
VIGILADA POR FAMILIA DE FEMINICIDA
 
Salas Salazar comentó que semanas antes de ser asesinada, la defensora ya había informado a uno de sus tíos, a su hermana y a su mamá que la familia de Medina Sonda la seguía. “Gaby se sentía vigilada, lo manifestó tenía miedo, pero ni cómo acudir a la Fiscalía estatal o alguna instancia, porque para ellos ya estaba cerrado el caso. Lo mismo en la delegación local de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas porque ambos nunca le garantizaron su protección”, dijo.
 
La abogada recordó que, previo a su asesinato, Emma Gabriela comentó que familiares de Medina Sonda la seguían a los lugares que frecuentaba. A ello se suma que una sobrina de Medina Sonda estudiaba en el mismo colegio que la hija de Emma.
 
La defensora S           alas Salazar recalcó que el detenido como coautor del crimen y originario de Tabasco, Rogelio Reyes Barrueta, declaró que ubicó a Emma Gabriela a través de la escuela en la que estaba inscrita la hija de Emma.
 
 “¿Cómo puede alguien que no vive aquí en Yucatán llegar y de repente ubicar a mi hija por medio de una escuela, entre tantas que hay? Por eso pensamos que hay una relación directa entre este individuo y la familia, denunció en entrevista Ligia Canto Lugo.
 
“Quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”, afirmó Salas Salazar. Desde que comenzó la investigación del caso Ligia Canto ha solicitado que se siga esa línea de investigación y ha presentado probatorios de las constantes agresiones que durante años recibió su hija y nietos por parte de ellos.
 
Sin embargo, fue hasta el 10 de mayo, luego de un acto público en el que Ligia Canto se pronunció, cuando investigadores del caso se acercaron a ella para solicitar información del inculpado. “No se ve voluntad ni ganas por parte de las autoridades, piensan que como Medina está vinculado y tiene prisión preventiva ya no se debe investigar ni aportar pruebas, por eso todo eso lo está haciendo la mamá de Gaby”, dijo Salas Salazar.
 
La investigación del caso sigue abierta y las sesiones para investigar a Medina Sonda se reanudarán en agosto. Mientras tanto cumple en Tabasco una condena de 12 años y seis meses por operar con recursos de procedencia ilícita. A ello se suma que en mayo autoridades federales estadounidense presentaron cargos criminales por conspiración y lavado de dinero contra el  exsecretario de Finanzas de Tabasco, José Manuel Saíz Pineda, detenido e investigado por lavado de dinero, a quien también lo vinculan.
 
Hoy Ligia Canto se presentará a una audiencia donde se informará del cambio de abogado de Medina Sonda.
 
PREDIO LIBERADO LUEGO DE MESES
 
Salas Salazar también expuso que tuvieron que pasar dos meses para que pudieran acceder a las pertenencias de Emma Gabriela y sus hijos. “Hay una insensibilidad ante la situación de los menores de edad. No se dieron cuenta del daño que les estaban ocasionando porque ahí estaban todas sus cosas, no dejaban sacar nada”, mencionó.
 
Esto pese a que Ligia Canto, su defensa legal y los dueños de la casa interpusieron oficios para solicitar que se liberara el predio para acceder a él.
 
La defensora comentó que actualmente, además del OCNF las organizaciones Ni Una Más, Ciencia Social Alternativa “Kóokay”, y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se han sumado a la exigencia de justicia por el caso.
 
17/MMAE/GG







NACIONAL
VIOLENCIA
   Exigen datos de diligencias y acceso a expediente completo
Rechaza familia de Lesvy y OSC peritaje de PGJDF que apunta a suicidio
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/06/2017 El peritaje antropológico social que prometió la Procuraduría capitalina, con apoyo de la UNAM,  para investigar el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, encontrada asesinada el pasado 3 de mayo en Ciudad Universitaria, “apunta a que la ella es la culpable de su propia muerte”, a partir de preguntas que condicionan el resultado.
 
Esto denunció la abogada de la familia de Lesvy, Sayuri Herrera Román, en entrevista con Cimacnoticias, quien adelantó que la familia de la joven, como su defensa legal, rechazan la pretensión de que el caso concluya en suicidio. 
 
Explicó la abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria que el peritaje está conformado por preguntas que “condicionan el objetivo de la investigación porque ya traen un sesgo de género, son preguntas estigmatizantes. Están dirigidas a estudiar la vida sexual de Lesvy, sus relaciones familiares y sus actitudes que más que aportar para encontrar al probable feminicida la enjuician moralmente”.
 
Recordó que el 24 de mayo el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, anunció en conferencia de prensa la “coordinación interinstitucional” entre la instancia de justicia y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de un peritaje antropológico social que la institución educativa  realizaría.
 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad (PGJDF), explicó Herrera Román, pidió a la UNAM que aportara una persona experta en antropología social para realizar el peritaje.
 
CUESTIONADA SU VALIDEZ
 
Desde el 6 de junio, cuando la familia de Lesvy y su defensa legal conocieron el peritaje propuesto, lo impugnaron a través de un “extrañamiento” que quedó asentado en el expediente. Y aunque aún así la PGJDF puede realizarlo, sus familiares aseguran que “sería cuestionable su validez” porque no incluirá entrevistas con el núcleo cercano de Lesvy como sus padres y amigos.
 
 “No vamos a cooperar con la autoridad en ninguna diligencia hasta que nos informen cómo realizaron las primeras diligencias y tengamos acceso a la primera parte de la carpeta de investigación -que incluye esa información- porque, de lo contrario, podríamos incluso aportar a  una línea de investigación como la que tememos que estén siguiendo: el suicidio”, precisó Herrera Román.
 
El peritaje también fue rechazado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, organización que ya solicitó a la Procuraduría la coadyuvancia institucional en el caso, comentó la abogada, porque “sabemos que en reiteradas ocasiones la PGJDF las aplica en otros casos y  conducen siempre a criminalizar y revictimizar a la víctima”. ​
 
ACERCAMIENTO CON LA UNAM, INSUFICIENTE
 
La familia de Lesvy considera que aportar a un perito no es suficiente para la investigación del caso, por ello Herrera Román urgió “al rector de la UNAM, Enrique Graue, al grupo de expertas  en violencia de género propuesto por él, para que aportará en el esclarecimiento del hecho y a la comunidad universitaria sumarse a exigir a la procuraduría capitalina que transparente su trabajo”.
 
La abogada General de la UNAM, Mónica Mónica González Contró, y el grupo de expertas en violencia de género ya tuvieron un primer acercamiento con la mamá de Lesvy, Araceli Osorio Martínez. Sin embargo, sigue sin haber certeza de cómo podrían aportar las expertas.
 
Herrera Román reconoce que, más allá de intervenir en materia legal, las expertas podrían ser “un canal de vinculación con las autoridades y nos abran puertas en la UNAM”, además de aportar en la “reivindicación de la memoria de Lesvy, que fue estigmatizada por la misma PGJDF desde los primeros días de la investigación”, esto último a través de la cuenta de la instancia de justicia donde difundieron información de la vida personal de la joven.
 
“Desde el principio de la investigación se estigmatizó a mi hija por ser joven, tomar decisiones, por ser mujer y por estar viva. La PGJDF hizo públicas supuestas declaraciones de la pareja de Lesvy atribuyendoles veracidad y revictimizando a ella y a su familia”, denunció el pasado 17 de junio Araceli Osorio, durante un foro político cultural.
 
La familia de Lesvy su defensa legal están en espera de la respuesta que la PGJDF dará en cuanto al peritaje antropológico social que impugnaron y continúan exigiendo el acceso a la primera parte de la carpeta de investigación que contiene los primeros peritajes, esenciales para conocer la línea de investigación que actualmente se sigue, señala la abogada.

 17/MMAE/GG







NACIONAL
VIOLENCIA
   OCNF critica mínimos avances en AVG
Aspirantes al Edomex no entienden ni leen sobre desaparición y feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | Toluca, edomex.- 18/05/2017 El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) llamó a los seis candidatos a la gubernatura del Estado de México a proponer y, en caso de ser electos, a implementar acciones serias y eficaces para atender las desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas, que suman 626  de enero de 2015 a diciembre de 2016 .
 
Al presentar un balance sobre la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad –decretada por el 28 de julio de 2015 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)– el Observatorio señaló que a casi dos años de que se emitiera este mecanismo, los avances para cumplir las recomendaciones han sido mínimos.
 
Ahora que el feminicidio se ha recrudeció en la entidad gobernada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada; la abogada de la organización Justicia Pro Persona, Ana Yeli Pérez Garrido, y la activista Irinea Buendía, ofrecieron una conferencia de prensa en la ciudad de Toluca para llamar a las y los candidatos a decir cómo van a continuar con la implementación de la AVG.
 
¿SIN PROPUESTAS ANTE VIOLENCIA DE GÉNERO?
 
Luz Estrada, quien siguió el proceso de solicitud del mecanismo en diciembre de 2010, sugirió a los políticos que revisen cuáles son las recomendaciones que se desprenden de la AVG, cuáles son las que se están implementado, qué hace falta y qué es lo que no sirve porque, dijo, hasta ahora en las campañas que finalizan el 31 de mayo no se han expuesto políticas de prevención, atención ni sanción de la violencia de género.
 
De acuerdo con la experta, la violencia de género ha sido un tema ignorado y no ha sido tomado en serio: “No he escuchado para nada el tema de desaparecidas en un estado que fue reconocido por un problema de desaparición”.

Ana Yeli Pérez Garrido, abogada de la organización Justicia Pro Persona | CIMACFoto: César Martínez López

 
En opinión de la abogada Pérez Garrido, las y los aspirantes a gubernatura deben establecer en sus planes de gobierno cómo darán continuidad a las recomendaciones emitidas por la Conavim para garantizar seguridad a las mujeres y una vida libre de violencia, porque aseguró que estas medidas son la base para erradicar la violencia feminicida en la entidad.
 
Las defensoras coincidieron en señalar que las y los políticos tienen una deuda con las mexiquenses y, como ejemplo, señalaron que de enero de 2015 a diciembre de 2016 se cometieron 626 asesinatos de mujeres, de los cuales 296 fueron investigados como feminicidio, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia estatal.
 
Además, señalaron que en 2016 se denunciaron 2 mil 148 casos de violación sexual y de enero a febrero de 2017 se han denunciado 302 casos más; por otra parte, de 2005 a 2014 se reportaron 4 mil 281 desapariciones de mujeres y niñas, de las cuales 2 mil 727 fueron localizadas (95 de ellas sin vida), según datos de la Fiscalía estatal y retomados por el Grupo de Trabajo que analizó la solicitud de AVG.
 
ASPIRANTE, NO ENTIENDEN NI LEEN
 
Con este termómetro de la violencia contra las mujeres, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota; la de Morena, Delfina Gómez, del PRI, Alfredo del Mazo; del PT, Oscar González Yáñez; del PRD, Juan Zepeda; y la independiente, Teresa Castell, han propuesto acciones como “ampliar la Alerta a los 125 municipios”, una “policía de género”, “salario rosa”, y hasta pena de muerte para los feminicidas.
 
A decir de Luz Estrada, estas promesas de campaña sólo muestran que los abanderados “siguen sin entender y sin leer”, porque aunque la AVG ubica a once municipios como los lugares con más delitos de género, el mecanismo se debe aplicar en todo el estado; no hay evidencia de que una policía de género funcione; y por otro lado la propuesta de una política “rosa” parece más basada en estereotipos que en objetivos.
 
“No somos campaña, hoy nos dicen, hoy nos prometen y mañana seguimos contando más feminicidios y desapariciones”, declaró la activista.
 
12 MEDIDAS, PARA QUE LEAN
 
Ante una nula oferta electoral que garantice los derechos humanos de las mexiquenses y a fin de ofrecer información sobre la violencia de género en la entidad, el OCNF y Justicia Pro Personas ayer enviaron a cada candidata y candidato un documento donde resumen 12 medidas de seguridad, justicia y prevención que se desprenden de la AVG y detalla sus avances y retos pendientes.
 
Entre estas medidas están la conformación de un grupo de especialistas de la Procuraduría Estatal que ha revisado 258 averiguaciones previas de un total de 569 expedientes archivados de enero de 2005 a julio de 2015; y la conformación de un grupo especializado para atender casos de feminicidio de alto impacto, el cual está revisando dos casos acompañados por la sociedad civil.
 
Irinea Buendía Cortes, madre de víctima de feminicidio | CIMACFoto: César Martínez López

 
Sobre este tema la activista Irinea Buendía, madre de Mariana Lima –asesinada en 2010 y cuyo caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación– dijo que hay pendientes para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, por lo que la persona que asuma la nueva administración en el Estado de México debe reforzar las investigaciones, fortalecer la policía investigadora y reformar el protocolo para investigar el feminicidio.
 
17/AGM/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   Logro de OSC de Yucatán que se procese por esa causa
Alberto Medina será juzgado por feminicidio agravado contra Emma Gabriela
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/04/2017 El ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, fue vinculado a proceso penal como coautor directo del delito de feminicidio agravado cometido contra la defensora de Derechos Humanos, Emma Gabriela Molina Canto, informó el Poder Judicial de Yucatán.

En la audiencia realizada el 24 de abril en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) el juez a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, dictó que hay pruebas suficientes para investigar a Medina Sonda como autor del presunto feminicidio de Emma Gabriela, cometido el pasado 27 de marzo en Yucatán, Mérida.

Con ello, la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) continuará con la investigación sobre el caso, informó el Poder Judicial de Yucatán a través de un comunicado y confirmó la representante en esa entidad del Observatorio Nacional del Feminicidio y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias.

El empresario, actualmente recluido en Tabasco por usar recursos de procedencia ilícita, presenció la audiencia a través de videoconferencia desde el centro de Justicia del Sistema Penal de ese estado.

En la audiencia, el juez Mugarte Guerrero dictó prisión preventiva de un año para el acusado y estableció un plazo de cuatro meses para que la FGE recabe más pruebas.

Salas Salazar definió la decisión de juzgar el caso de esta forma como un “logro de las organizaciones sociales en Yucatán” por las demandas que han hecho para que el delito de feminicidio se sancione e investigue como un delito grave, según establece el Artículo 13 del Código Penal de Yucatán.

Sin embargo, dijo, aún es necesario presionar a las y los diputados para que legislen en favor de la homologación de los elementos para juzgar como feminicidio presentes en el Código de Yucatán y el Federal para que no sea un elemento que intervenga en la acusación de Medina Sonda.

Las organizaciones Ni Una Más-Yucatán, Ciencia Social Alternativa "Kóokay", el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán, el Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio y Yucatán Feminicida demandaron desde noviembre de 2016 que el Congreso del Estado de Yucatán realice las modificaciones necesarias para que el delito de feminicidio se investigue correctamente.

Lo anterior, porque en el Código Penal de Yucatán se ignoran cuatro causales presentes en el Código Federal, entre ellas considerar la existencia de una relación sentimental afectiva o de confianza entre el activo y la víctima, si hay datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho o acoso en contra de la víctima; también si esta fue incomunicada y si su cuerpo fue exhibido en un lugar público.

17/MMAE/GG







ESTADOS
   Que PGR atraiga el caso, pide familia de víctima
Imputan a asesino de Emma Molina por homicidio, no por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/04/2017 La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) acusó formalmente al ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, por el delito de autoría intelectual del asesinato de la defensora de Derechos Humanos, Emma Gabriela Molina Canto.
 
La audiencia se efectuó el día de ayer vía videoconferencia. El ex esposo de Emma Gabriela la presenció desde el centro de Justicia del Sistema Penal de Tabasco porque actualmente cumple una condena de 12 años 6 meses de prisión en esa entidad por operar con recursos de procedencia ilícita.
 
El próximo lunes se efectuará la audiencia para vincular a Medina Sonda por el delito de homicidio y no por feminicidio como lo ha solicitado la madre de Emma Gabriela, Ligia Canto Lugo, desde que se cometió el crimen el pasado 27 de marzo.
 
La investigación no ha seguido esa línea por la falta de homologación del Código Penal Yucateco con el Código Federal, según han denunciado anteriormente las organizaciones civiles yucatecas como Ni Una Más-Yucatán y Yucatán Feminicida, además de Canto Lugo.
 
EXIGENCIAS CONTRA IMPUNIDAD
 
En entrevista con Cimacnoticias, la representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, informó que la familia de Emma Gabriela busca que la Procuraduría General de la República atraiga el caso ya que, dijo, desconfían de las autoridades de Yucatán y Tabasco por su inacción desde 2014.
 
Desde ese año, Emma y su madre denunciaron el hostigamiento judicial del que fueron víctimas durante el proceso que emprendieron por la custodia de sus hijas de hijo de Emma.
 
Pese a la Recomendación 54/2014, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde se reconocieron las violaciones a los Derechos Humanos de Emma Gabriela Molina Canto, de su madre, hijas e hijo, los gobiernos de la Ciudad de México, Yucatán y Tabasco incumplieron las recomendaciones.
 
Salas Salazar recalcó la insistencia de Ligia Canto Lugo y sus representantes por emitir una orden de aprehensión preventiva hasta que el proceso del inculpado termine, ante el riesgo de que “lo liberen antes de tiempo, por las relaciones que tiene, y se fugue”.
 
17/MMAE/GG
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Ligia Canto aporta pruebas para castigarlo por feminicidio
Juzgarán a Alberto Medina como autor intelectual del asesinato de Emma Gabriela
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/04/2017 El ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, será juzgado como autor intelectual del asesinato de su ex esposa Emma Gabriela Molina Canto, cometido el pasado 27 de marzo en Mérida, Yucatán. El proceso judicial en su contra comienza hoy, sin embargo no será juzgado por feminicidio.
 
La audiencia de imputación de Medina Sonda, actualmente preso en Tabasco por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que cumple  una condena de 12 años 6 meses, se realizará a través de una videoconferencia entre las 17:00 y 19:00 horas, cuando elementos policiales de Tabasco trasladen al inculpado al centro de Justicia del Sistema Penal de Tabasco.
 
La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) ejecutó una orden de aprehensión contra Medina Sonda luego de la solicitud del juez Luis Edwin Mugarte Guerrero.
 
Así lo informó el fiscal Ariel Aldecua Kuk, según  medios tabasqueños, y confirmó en entrevista para Cimacnoticias la defensora de Derechos Humanos y madre de Emma Gabriela, Ligia Canto Lugo, quien aseguró que no cesará su insistencia porque se investigue también a la familia de Medina Sonda como autores.
 
INVESTIGACIÓN COMO FEMINICIDIO
 
Pese a que la FGE aseguró el pasado 1 de abril que los implicados en el asesinato de Emma Gabriela serían sujetos a proceso penal por el delito de feminicidio, el juez Murgarte Guerrero no encontró los elementos necesarios para emitir sentencia a los actualmente presos por homicidio agravado, Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, ejecutores del crimen, y Rogelio Reyes Barrueta, identificado como coautor.
 
CÓDIGO PENAL INSUFICIENTE
 
Canto Lugo afirmó que la línea para juzgar no continuó así, porque el Código Penal de Yucatán “es muy limitante, estrecho y castrante en cuanto a la justicia para las mujeres, especialmente en el delito de feminicidio”.
 
La representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Adelaida Salas Salazar, explicó en entrevista que actualmente en el Código Penal del estado se ignoran elementos esenciales para que un homicidio se juzgue como feminicidio y que sí contempla el Código Penal Federal.
 
Por ejemplo, explicó, la situación de relación “sentimental, afectiva o de confianza” entre la víctima y el victimario, la incomunicación de la víctima previa al asesinato, la exhibición del cuerpo de la víctima y existencia de datos sobre violencia previa.
 
En el caso de Emma Gabriela “los elementos no se tuvieron, por el retraso de la legislatura local que desde 2014 está en desacato. Las mujeres no estamos en la agenda del Congreso del Estado. Los diputados no han homologado el Código Local con el Federal respecto al delito de feminicidio y todas las causales no están completas”, denunció Salas Salazar.
 
Salas Salazar informó que tras la vinculación de Medina Sonda, la madre de Emma entregará los probatorios de “toda la violencia que Medina ejerció mientras ella buscaba la custodia de sus hijos”, para que se integren a las carpetas de investigación y el juez pueda rectificar y juzgar el caso feminicidio.
 
17/MMAE/GG
 







OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   MUJER SONORA
Al fin, una Ley para el Instituto de las Mujeres de Sonora
Especial
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 04/04/2017 Después de dos meses de trabajo, las mujeres de la sociedad civil lograron colocar sus propuestas en el texto de lo que será la primera Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres.
 
Este martes 4 de abril de 2017, el Congreso de Sonora vota en pleno el dictamen que ayer aprobaron las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Igualdad de Género en forma unida.
 
Es un hecho trascendente para el movimiento de mujeres y feminista del estado de Sonora, pues no solo fueron éstas las que impulsaron la creación de una instancia de las mujeres en los años 90, sino que en la que será la ley que dé vida propia al Instituto, están plasmadas sus inquietudes que a dos décadas siguen siendo vigentes.
 
En la nueva configuración del Instituto Sonorense de las Mujeres, las ciudadanas podrán participar con voz y voto en la Junta de Gobierno.
 
Por primera vez habrá una metodología para elegir a la directora general, eliminando los nombramientos verticales absolutos que permitían que a las personas se les asignara esa importante encomienda solo por decisión de la o el titular del Ejecutivo.
 
Por 18 años el Instituto Sonorense de la Mujer, creado por decreto del ex gobernador Armando López Nogales en octubre de 1998, contaba con una Junta de Gobierno conformada por representantes gubernamentales y sólo la presidenta en turno del Consejo Consultivo participaba con voz, pero sin voto.
 
Ahora serán 14 las vocales ciudadanas que, representando a los consejos Consultivo y Social, podrán llevar la opinión y propuestas al órgano de toma de decisiones, con voz y voto.
 
La ahora coordinadora general tendrá que ser nombrada luego de un procedimiento en donde mediará una convocatoria abierta que derive en una terna de la cual la o el gobernador elegirá la próxima titular del ISM.
 
CONSEJOS CON OSC
 
Se acaba el actual Consejo Consultivo sempiterno, compuesto por alrededor de 50 organizaciones invitadas por la Directora General, y representantes de Gobierno. Esa configuración se transformará en dos consejos que se compondrán por entre 10 y 15 organizaciones cada uno, sin representación gubernamental.
 
Además, estos consejos serán electos tomando en cuenta los perfiles de las organizaciones que deberán ser impulsoras y defensoras de derechos humanos de las mujeres.
 
El Consejo Consultivo y el Consejo Social, según la nueva Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres, harán un verdadero contrapeso, ya que ahí se discutirán las acciones a realizar por la instancia.
 
El dictamen que hoy se pone a consideración del pleno puntualiza las aportaciones del trabajo conjunto entre sociedad civil, Comisiones dictaminadoras, Gobierno del Estado, así como representantes de las diversas bancadas de los partidos en el Congreso.
 
Entre los cambios sustanciales que experimentará el Instituto Sonorense de las Mujeres, destaca el que se modificó la integración de la Junta de Gobierno del Instituto.
 
Se le otorgó a la Junta de Gobierno la atribución para expedir la convocatoria para la integración y renovación del Consejo Consultivo y del Consejo Social, así como para expedir la convocatoria para la designación de la Coordinadora Ejecutiva.
 
Se estableció que la designación de la titular del Instituto estará a cargo de la titular o  el  titular  del  Poder  Ejecutivo  del  estado,  de  la  terna  que  le  envíe  la  Junta  de Gobierno.
 
Se estableció que  el funcionamiento del Consejo Consultivo  y Consejo Social se realizará con el apoyo de comisiones que se crearán en el Reglamento Interior del Instituto.
 
OSC Y ACADÉMICAS
 
De igual forma, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género se menciona “la activa y valiosa participación que mujeres integrantes de asociaciones de la sociedad civil e instituciones académicas llevaron a cabo”, mismas que se señalan a continuación:
 
El Colegio de Sonora, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., el Colegio de la Frontera Norte A.C., Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Sonorense de la Mujer y su Consejo Consultivo, y la Red Feminista Sonorense.
 
Pero fue sin duda la oportuna intervención del Colectivo de Organizaciones de Mujeres lo que pudo abrir la discusión y la inclusión de las propuestas ciudadanas que ahora se ven plasmadas en el texto de la Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres.
 
El dictamen también lo reconoce puntualizando a las diversas organizaciones que forman parte del colectivo: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Observatorio Feminista Clara Zetkin, la  COBANARAS Federación  Estatal  de  Sociedades  de  Solidaridad  Social,  el  Comité  de  América  Latina  y  el  Caribe  para  la  Defensa  de  los Derechos de la Mujer  (Cladem)  y  GEMAS  I.A.P.
 
Y es que el proceso empezó apenas en enero pasado cuando se dictaminó la iniciativa de la gobernadora Claudia Pavlovich para crear el ISM, cuando dichas organizaciones interpelaron la decisión y abrieron el debate.
 
Hoy culmina ese proceso en donde el Congreso se encamina hacia su objetivo de ser un parlamento abierto, el Gobierno del estado decidió acoger la discusión de los temas sociales con la sociedad civil y el resultado en esta ocasión es una ciudadanización del ISM. Bienvenido el renovado Instituto Sonorense de las Mujeres.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG







REPORTAJE
VIOLENCIA
   Estereotipos y omisión
Casos Daphne, Emma Gabriela… ¿dónde está la ley?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/04/2017 Estereotipos de género, resistencia de aplicar la legislación en materia de violencia y corrupción de las redes de poder, caracterizan el sistema de administración y procuración de justicia, un sistema que pareciera diseñado para garantizar la impunidad cada vez que las mujeres denuncian.
 
De eso habla el caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015, a los 17 años de edad, fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes en Veracruz, cuyo proceso podría encaminarse a la impunidad.   
 
También el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en Yucatán, cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y que había denunciado por violencia a su expareja, Martín Alberto Medina Sonda.
 
Ambos casos reflejan un problema estructural en el acceso de las mujeres a la justicia, afirmó la docente en Estudios de Género y Literatura, Lucía Melgar Palacios, quien advierte que las leyes, por sí solas no cambian a la sociedad, menos cuando funcionarios y jueces no tienen perspectiva de género.
 
Señala otro factor: la ética de los funcionarios, quienes se resisten a cumplir las leyes que buscan una vida libre de violencia para las mujeres.
 
Las cifras hablan: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y las organizaciones Equifonía AC y el Colectivo Akelarre AC en Veracruz, de 2010 y 2015, registraron 10 mil 295 casos de delitos sexuales.
 
En Yucatán, de 2008 hasta noviembre de 2016, se documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos que caracterizan a los casos de feminicidio, uno sentenciado como tal, según el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016”, del colectivo Yucatán Feminicida.
 
Detrás de los números está el caso de Daphne, quien lleva 2 años expuesta en medios y en espera de justicia; y el de Emma Gabriela, quien antes de ser asesinada fue encarcelada para impedir que obtuviera la custodia de sus hijos. 
 
“Preocupa el mensaje que se envía -dijo Melgar Palacios-: que la violencia sexual hacia las mujeres es menospreciada, es un chiste y ejercerla no tiene consecuencias. El caso de Emma es emblemático, muestra una amenaza anunciada”. 
 
Dijo que desde 2007, con el aumento de la violencia del crimen organizado y de las fuerzas armadas, el feminicidio, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia hacia las mujeres se dejan de lado porque “a diario se asesinan a más hombres que a mujeres”.
 
Estos casos, dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, recuerdan que es obligación de la autoridad actuar con perspectiva de género y dejar los “argumentos estereotipados, indiferentes y discriminatorios”. 
 
UN JUEZ CON “OTROS INTERESES”
 
En el caso de Daphne, el 28 de marzo pasado, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo (159/2017) a uno de los acusados de pederastia tumultuaria, Diego Gabriel Cruz. Su argumento: hubo “frotamiento incidental” sin intención “lasciva” ni de “copular”.  
 
La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y coadyuvante del caso, Karla Micheel Salas, dice que el juez, indebidamente, entró al tema de fondo y otorgó el “amparo liso y llano”, es decir, la libertad.
 
Aunque la resolución no es firme, ya que fue impugnada por la Fiscalía veracruzana, preocupa que no otorgó un amparo “para efectos”, no pidió subsanar irregularidades, optó por entrar al fondo como si dictara una sentencia con pruebas en la mano.
 
La abogada explicó que el currículum del juez indica que pese a conocer la legislación nacional e internacional, definió el abuso sexual de manera indebida e incorporó el elemento de “lascividad”, en contra del sentido de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de criterios de la SCJN.
 
“Este juez está actuando de otra manera y respondiendo a otros intereses, no los de la justicia”, dice Salas, es una resolución llena de estereotipos, que no consideró el interés superior de la infancia y manda un mensaje de permisividad hacia la violencia sexual contra una niña.
 
Omitió la tesis jurisprudencial 22/16, publicada el 15 de abril de 2016 por la SCJN; el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y los criterios publicados por el alto tribunal el 1 de marzo pasado, sobre la responsabilidad de dar valor probatorio al testimonio de una víctima de hostigamiento sexual.
 
Es una resolución omisa, señaló la abogada penalista y especialista en Derechos Humanos, Esmeralda Lecxiur Ferreira, porque el juez determinó la inocencia del presunto culpable, violando el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, sobre el principio de igualdad de la víctima y el acusado ante la ley. 
 
OMISIÓN DEL ESTADO
 
En agosto de 2008, Emma Gabriela se separó de su esposo, el empresario tabasqueño, Martín Alberto Medina, por violencia intrafamiliar. Acordaron vivir en Yucatán, para facilitar las visitas a sus hijos, pero en 2010 la golpeó, y la denunció por maltrato infantil y abandono de hogar.
 
Medina era socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Sonda y Granier están presos.
 
El 25 de mayo de 2012, Medina raptó a los niños cuando iban en auto con su madre. Ella fue encarcelada 4 meses, acusada de delitos fiscales. Su madre, Ligia, denunció la desaparición de sus nietos y la Fiscalía estatal emitió una prealerta hasta 2014.
 
Ligia fue encarcelada el 4 de agosto de 2014, acusada de falsificar tarjetas de crédito en Guadalajara. Con apoyo de organizaciones civiles fue liberada. 
 
Medina, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría ser autor intelectual del asesinato, señalan organismos civiles. Hay dos detenidos, presuntos autores materiales.
 
La diputada por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que es increíble que se reconozca el feminicidio y no se sancione como tal. En Yucatán una de las características del feminicidio “es su antecedente de violencia familiar”.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos de Emma y Ligia constituyen violencia institucional, porque hay servidores públicos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR, involucrados. 
 
17/AGM/MAE/GG 







NACIONAL
VIOLENCIA
   Sólo un decreto y un programa para reparar daño
CEAV y DIF, obligados a registrar y acompañar orfandad por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/03/2017 La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tienen la obligación de hacer un registro fidedigno sobre hijos e hijas de víctimas de feminicidio: cuántos son, dónde están, quiénes se hacen responsables de ellos, cuál es su acompañamiento, pues es un tema que concierne a la reparación integral de daños, afirmó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.
 
A pesar de que existe un registro oficial de 6 mil 488 asesinatos de mujeres entre 2013 a 2015, que dejarían en la orfandad a miles de niños, niñas y adolescentes, la CEAV señala –tras una solicitud de información- que sólo conoce, de 2014 a febrero de 2017 (todo el tiempo en que ha operado) solo 65 casos de orfandad por feminicidio. 
 
La Coordinadora del OCNF, entrevistada por Cimacnoticias, recordó que estas hijas e hijos son víctimas indirectas, por lo tanto  CEAV y DIF debe registrar y acompañar el desarrollo de la niñez en orfandad por feminicidio.
 
Estos actos están estipulados en Ley General de Víctimas, donde se indica que “los familiares o personas que tengan una relación inmediata con la víctima, deben percibir ayuda provisional y oportuna de los recursos de ayuda de los sistemas de víctimas federales o de las entidades”.
 
Además, la sentencia emitida por la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) en 2009 por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, obligó al Estado mexicano a reconocer a las hijas e hijos de mujeres asesinadas por razón de género como víctimas y a establecer las bases jurídicas y políticas públicas necesarias para respaldarlos
 
Sin embargo,  aunque existen instituciones y marco jurídico, es difícil contar con estos registros, dijo la activista Luz Estrada, pues con dificultades se logra conocer de manera efectiva las cifras de feminicidio a nivel a nacional, por lo que contabilizar a las víctimas indirectas del feminicidio será un reto.
 
REPARACIÓN DE DAÑO
 
Sobre la reparación del daño, Luz Estrada comentó que “es toda una problemática”, pues los esfuerzos son insuficientes, ya que, además del protocolo de CEAV, existen apenas un decreto en el Estado de México y un programa en Jalisco.
 
El decreto del Estado de México, número 106 publicado el 3 de agosto de 2016 en la Gaceta Oficial de la entidad, un año después de la Alerta de Violencia de Género (AVG), reconoce la necesidad de “otorgar un estímulo económico a las hijas o hijos de madre o tutora desaparecida o víctima de feminicidio u homicidio doloso”. Y se entrega “a partir de la noticia del hecho en los lineamientos correspondientes”, hasta la conclusión de la licenciatura o la certificación como profesional técnico.
 
En febrero de 2017, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció entregar 800 pesos mensuales por cada estudiante, siempre y cuando estén inscritos en las instituciones escolares hasta concluir la licenciatura.
 
Luz Estrada consideró que, además de estos necesarios recursos económicos, también se debe considerar la atención psicológica integral para los hijos e hijas de mujeres asesinadas, muchas veces testigos del delito, lo que les deja marcas severas, incluso cuando son menores de edad.
 
Ellas y ellos, dice la experta, “se sienten solos, cansados, abandonados, lo que tiene consecuencias significativas en su desarrollo”, pues el feminicidio “es una muerte no esperada y la familia también debe llevar terapia “para poder sobrellevar el dolor.”
 
En Jalisco, el programa “Acompañar la ausencia” fue establecido en septiembre de 2016, ante el creciente número de casos de feminicidio, con el fin de dar apoyo psicológico a familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio, para “aliviar algunos trastornos psicológicos que detonan estos delitos, con el fin de recomponer el tejido familiar”.
 
Sin embargo, señaló Luz Estrada, siguen siendo las abuelas, tías u otros familiares los que se hacen cargo de las hijas e hijos de mujeres asesinadas y quienes buscan los medios para brindarles lo necesario a estas víctimas que quedan indefensas a falta de políticas públicas.
 
17/HZM/GG
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Segunda petición de Alerta
Plazo a Yunes para cumplir DSyR o decretan AVG
Organizaciones civiles realizaron una conferencia de prensa sobre la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en Veracruz | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/03/2017 El pasado 10 de marzo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) entregó al gobierno de Veracruz el informe donde se solicita la Alerta de Violencia de Género, esta vez por Agravio Comparado, por incumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas.
 
El incumplimiento radica en las dificultades que enfrentan las veracruzanas para acceder a la interrupción legal del embarazo, por inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) para víctimas de violencia sexual, por la criminalización de las mujeres por aborto, y por la reforma al Artículo 4 de la Constitución local, que “protege la vida desde el momento de la concepción”.
 
A partir de ese momento el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares tiene como fecha límite el día 24 del mes para aceptar o rechazar las recomendaciones del informe. En caso de aceptarlo tendrá un plazo de seis meses para cumplir con los compromisos asumidos y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, informaron en conferencia de prensa el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el colectivo Equifonía.
 
Pero, si en ese periodo el estado de Veracruz incumple con las demandas establecidas en el informe, la CONAVIM tendrá la facultad de prorrogar el plazo o declarar de inmediato la AVG por agravio comparado, con lo que sería la segunda AVG en la entidad, la primera se emitió y está vigente desde noviembre de 2016 por violencia feminicida en 11 municipios.
 
En el caso de que el Gobierno de Veracruz no acepte, el Gobierno federal declarará automáticamente la AVG, e implementará una mesa de seguimiento para vigilar al gobierno de Veracruz que cumpla cabalmente con las recomendaciones, reportaron las organizaciones.
 
AGRAVIOS
 
El Grupo de Trabajo encargado de la investigación mandata, en el Informe entregado al Gobierno de Veracruz, dar seguimiento a tres agravios que atentan contra los derechos de las mujeres:
 
El Primero obliga a dar cumplimiento a la NOM 046, que obliga a las autoridades otorgar servicios de salud y la interrupción legal del embarazo (ILE) a las víctimas de violación sexual, pues tan sólo en el año 2015 se registraron 487 nacimientos en los que las madres eran niñas entre 10 y 14 años de edad, probables víctimas de violencia sexual; la cifra más alta en todo el país, reporta el documento.
 
Araceli González Saavedra de la organización Equifonía Colectivo por la Ciudadanía participó en la conferencia de prensa | CIMACFoto: César Martínez López


La coordinadora del colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra, dijo que se registró que las autoridades de salud no proporcionan el acceso a la ILE a las víctimas de violación sexual, a menos de que medie el mandato de alguna autoridad ministerial o judicial, lo que contraviene con lo dispuesto en la NOM 046, la cual estipula que no es necesario contar con una demanda o tutor para interrumpir el embarazo.
 
Asimismo González Saavedra agregó que existe un “vacío de información”, ya que las autoridades veracruzanas no contaban con cifras sobre cuántas interrupciones de embarazo han realizado las instituciones de salud y sólo el 20 por ciento del personal de médico entrevistado ha sido capacitado para implementar la NOM.
 
El Segundo agravio es referente a la criminalización de las mujeres por el delito de aborto, el cual se encuentra regulado en los artículos 149 al 154 del Código Penal estatal, donde se estipula como pena contra las mujeres que interrumpen sus embarazos brindarles medidas de salud y educación.
 
De acuerdo con datos de Equifonía, de 2009 a 2016 estaban sentenciadas por el delito de homicidio 18 mujeres que interrumpieron su embarazo, González Saavedra indicó que esta situación es preocupante, ya que la mayoría eran jóvenes indígenas que fueron denunciadas por las mismas autoridades y de nueva cuenta las autoridades no tiene un registro de las mismas.
 
Ante esta situación, por último se pide al gobierno de Veracruz derogar la reforma al Artículo 4to de la Constitución local que “protege la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”. Las organizaciones indicaron que se debe modificar el marco jurídico y garantizar el aborto seguro e informado durante las primeras 12 semanas de gestación, así como agregar la causalidad de riesgo para la salud con el fin de reducir la tasa de muerte materna y el riesgo de que las mujeres busquen métodos clandestinos.
 
INFORME APEGADO A ESTÁNDARES INTERNACIONALES
 
La coordinadora del OCNF, María Luz Estrada, dijo que este informe es un hecho histórico en el que el Gobierno de Veracruz por fin reconoce los problemas de discriminación y violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas de la entidad.
 
Y, asegura, que las recomendaciones en las que el informe se basó están acorde a los estándares internacionales y recomendaciones emitidas por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien comprometió al Estado mexicano a aplicar la NOM 046, tras el caso Paulina, una niña obligada a continuar un embarazo tras una violación, en Baja California.
 
LUCHA POR DERECHOS REPRODUCTIVOS
 
Las organizaciones civiles por el derecho a decidir sobre la maternidad han realizado un trabajo intenso y prolongado en Veracruz, como el emprendido luego de que en septiembre de 2016 el Congreso de Veracruz aprobó el Artículo 4 de la Constitución del estado para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, misma reforma que en lugar de ser rechazada fue ratificada por los 212 ayuntamientos de la entidad de forma definitiva.
 
Con ello, las organizaciones buscaron contrarrestar la situación de violencia que viven las mujeres en la entidad, las mismas peticionarias de la AVG por feminicidio buscaron los medios jurídicos para garantizar los servicios de salud a las mujeres.
 
Así el 15 de abril de 2016, la Conavim aceptó la AVG únicamente por dos agravios: la falta de aplicación de la NOM 046 y la criminalización de las mujeres por aborto, pues el último presentado en la solitud que correspondía a “la protección de la vida desde el momento de la concepción”, aún no se votaba en el Congreso estatal para ser incluido en el Artículo cuarto de la Constitución local. Por ello la Conavim tuvo que rechazarlo. 
 
Esta vez, esperan que sea un hecho histórico, dijo Luz Estrada, quien destacó que esta AVG por agravio comparado es la primera que tuvo avances en el país, a pesar de que está establecida como un mecanismo en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esperan, por tanto, que sea un precedente para el resto de las entidades de la República.
 
17/HZM/GG
 







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