Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Resarcir deuda con capitalinas y pronunciarse contra violaciones a DH
Trabajar por los derechos de las víctimas y con OSC, reto de la ombudsperson
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/11/2017

Para cumplir “la deuda” que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tiene con las mujeres y las personas defensoras de Derechos Humanos, la nueva presidencia encabezada por Nashieli Ramírez Hernández debe impedir que las autoridades sigan obstaculizando el acceso a la justicia, velar por los derechos de las víctimas, y trabajar en conjunto con la sociedad civil, afirmaron organizaciones.

Entrevistados por separado, la integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Ana Yeli Pérez Garroido y de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) Quetzalcóatl Fontanot, coincidieron en que durante el periodo de Perla Gómez Gallardo –de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2017– la CDHDF adquirió “una deuda” con las capitalinas y las personas defensoras, pues no se pronunció de forma enfática contra las instancias gubernamentales que en lugar de garantizarles el acceso a la justicia ejercieron violencia contra ellas, por ejemplo al revictimizarlas.

Además, afirmó Quetzalcóatl Fontanot, a diferencia de su antecesora, la nueva ombudsperson que ejercerá durante los próximos cuatro años tendrá que “ponerse de lado de las víctimas” y no de las instituciones gubernamentales, particularmente en los casos donde los agresores sean autores del Estado.

ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA

En los casos de violencia hacia las mujeres la abogada del OCNF, Ana Yeli Pérez Garrido, recalcó que durante los próximos años la CDHDF debe señalar cuando las instancias de procuración e impartición de justicia, como la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) incurran en violaciones a Derechos Humanos.

En la Ciudad de México la violencia institucional hacia las mujeres que buscan acceder a la justicia dijo, es “más sofisticada” que en otros estados, pues las autoridades suelen integrar las carpetas de investigación con todos los peritajes necesarios, sin embargo, se empeñan en interpretar esos elementos “para hacer parecer que la  violencia por razones de género no existe en la capital”, denunció la abogada quien recordó que por esta razón solicitaron junto con otras organizaciones la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Por ello, expresó Pérez Garrido, la instancia se enfrentará al reto de no sólo recibir las quejas hacia violaciones de DH sino a acompañarlas y emitir recomendaciones en las que visibilicen la violencia institucional en contra de las víctimas, además de analizar todos los casos desde la perspectiva de género para “dar cuenta de que en la Ciudad de México la violencia contra las mujeres “es un problema estructural”.

DEFENSA DE DH DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

Para las más de 80 organizaciones que integran la Red TDT, mencionó Quetzalcóatl Fontanot, el nombramiento de Nashieli Ramírez “es alentador” toda vez que ella ha defendido los últimos 25 años los derechos de la infancia, por lo que como sociedad civil organizada esperan trabajar en conjunto con la CDHDF.

El defensor señaló que a la CDHDF le urge resarcir el daño que generó distanciarse de las organizaciones civiles, mismo que derivó en la poca atención a las víctimas y pasar a segundo plano la garantía de sus derechos, como en el caso de las mujeres defensoras.

Fontanot llamó a la CDHDF a velar por los derechos de las víctimas y no responder a los intereses gubernamentales particularmente en el contexto electoral que se avecina en 2018.

17/MMAE/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Asesoraba a familia de Emma Gabriela Molina y ahora defiende a inculpados
De abogado de víctima a defensor de feminicidas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/10/2017

La defensora Ligia Canto Lugo, interpuso ante la Fiscalía General de Justicia estatal, una denuncia por la “comisión de hechos posiblemente delictuosos” en la que solicitó a la Policía Ministerial investigar a "quienes resulten responsables" por el nombramiento de David Araba Dorantes Cabrera, como abogado de los feminicidas de su hija, Emma Gabriela Molina, víctima de feminicidio en Yucatán.

En entrevista con Cimacnoticias, la defensora de Derechos Humanos precisó que lo anterior obedece a que durante más de tres meses, Dorantes Cabrera la asesoró y tuvo acceso al expediente de su hija, por lo que conoce la estrategia legal que seguirá contra los inculpados.

El 23 de octubre, en una audiencia en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CEJOM), Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, acusados como homicidas de Emma Gabriela, presentaron oficialmente a Dorantes Cabrera como su abogado, quien durante la audiencia negó conocer el caso, explicó Ligia Canto.

Con esta demanda, cuya copia tiene esta agencia, buscan que las autoridades investiguen si el ex esposo de Emma Gabriela, quien está acusado de planear su feminicidio, Alberto Medina Sonda, tiene algo que ver con esta decisión.

“David Dorantes conoce las líneas de acción que vamos a seguir en contra de los culpables, eso nos pone en desventaja”, aseguró Ligia Canto quien insiste en que se investigue a Medina Sonda pues desde 2012, cuando Emma Gabriela tramitó su divorcio y buscó la custodia de sus dos hijas e hijo, ella y su familia fueron violentadas por el empresario con intimidaciones y campañas de desprestigio.

Otro factor que abonó a las sospechas de la familia de Emma Gabriela fue que Jonathan Mézquita y Óscar López desistieron del acuerdo al que habían llegado con la Fiscalía de Yucatán y la defensa legal de Ligia Canto: reducir su condena de 40 a menos de 20 años si aportaban las pruebas que tienen y las cuales, afirmaron, relacionan a Medina Sonda y a su familia en el feminicidio. 

Aunque la familia de Emma Gabriela contactó y fue asesorada por Dorantes Cabrera no lo nombraron como abogado del caso porque “él siempre buscó pretextos para no presentarse a las audiencias”, recordó Ligia Canto, por lo que ahora esperan que la Fiscalía de Yucatán realice las investigaciones necesarias.

Actualmente se acusa a Medina Sonda de planear el feminicidio desde un penal el Tabasco -donde está recluido por usar recursos de procedencia ilícita; a César Rogelio Reyes Barrueta como coautor del feminicidio; a Jonathan Mézquita y Óscar López se les culpa de homicidio y este mes se detuvo a un quinto hombre involucrado.

Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos corroboró desde 2014, que Emma Gabriela vivía en una situación de riesgo – a través de la Recomendación 54/2014 dirigida a las autoridades de la Ciudad de México, Yucatán y Tabasco por la violencia institucional en  su contra - ella no recibió medidas de protección y el 27 de marzo de este año fue asesinada frente a su casa.

CEAV, OMISA

A la par de la búsqueda de justicia, desde abril, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que asesoraría jurídicamente a la familia de Emma Gabriela, además de brindarles atención médica y apoyo económico con el fin de reparar los daños que el crimen les causó, un derecho que estipula la Ley General de Víctimas. Sin embargo, la instancia “ha sido omisa” y “condiciona su apoyo”.

Esto lo denunció en entrevista con esta agencia la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, quien señaló que la CEAV se comprometió a compensar el dinero que Ligia Canto y su hija gastaron en viajes, abogados y comidas desde 2014, año en el que se acercaron a la dependencia para solicitar su acompañamiento.

Sin embargo, “piden comprobantes de todos esos gastos. Para la familia de Emma es casi imposible comprobar todo eso”, mencionó Salas Salazar.

A ello se suma que el costo del peritaje psicológico y antropológico que la CEAV elaborará para mostrar el estado emocional de la familia de Emma Gabriela como víctimas indirectas, se descontará del apoyo económico que la instancia otorga para el cuidado de las hijas e hijo de la defensora, del que se encarga Ligia Canto.

También se han enfrentado a la “omisión” de la instancia en el acompañamiento jurídico, dijo Adelaida Salas. La semana pasada los abogados de CEAV que acompañaban a Ligia Canto se retiraron oficialmente del caso y aunque, de acuerdo a su reglamento, la CEAV puede cesar el apoyo jurídico cuando las víctimas ya cuentan con abogados, desde abril no brindaron asesorías constantes a la familia de Emma Gabriela.

“Venían de entrada por salida a Yucatán los días que teníamos audiencia, no estudiaban la carpeta de investigación ni conversaban con la familia Molina Canto sobre el proceso legal, fue como si no hubieran estado”, denunció Adelaida Salas.

Mientras tanto la investigación por el feminicidio de Emma Gabriela sigue abierta y su familia está en espera de las fechas de audiencia para sentenciar a los cinco involucrados.

17/MMAE/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Obligados a investigar muertes violentas de mujeres como feminicidio
Exige OCNF a TSJDF reclasificar delito en caso Lesvy
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/10/2017

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) llamó al Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF) a reclasificar el delito de homicidio simple, a feminicidio, el caso de Lesvy, con lo que marcará “un precedente histórico” para el acceso de las mujeres a la justicia y a una vida libre de violencia.

En un comunicado emitido la víspera del fallo, el OCNF, integrado por 40 organizaciones civiles de todo el país, exigió a la y los magistrados Celia Marín Sasaki, Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo, de la Quinta Sala Penal del TSJDF –quienes definirán la reclasificación- cumplir con lo que la Suprema Corte de la Nación estableció desde 2015 a raíz del feminicidio de Mariana Lima Buendía, que obliga a las autoridades a investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidio.

El feminicida de Lesvy Berlín Osorio -asesinada en Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo- Jorge Luis González Hernández, está vinculado a proceso por homicidio simple por omisión. Se le acusa de no impedir el supuesto suicidio de su pareja, Lesvy, aún cuando las pruebas recabadas por la Procuraduría capitalina apuntan a un feminicidio y lo señalan como el principal sospechoso.

Aunque mañana termina el plazo para que las personas magistradas analicen la reclasificación del delito, la defensa legal de la familia de Lesvy conocerá la decisión durante esta semana, luego de que el TSJDF les notifique vía escrito.

En entrevista con esta agencia, la abogada del OCNF, que junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria llevan la defensa legal de la familia de Lesvy, Ana Yeli Pérez Garrido, explicó que el viernes pasado inició el plazo de tres días hábiles para que el TSJDF resolviera el recurso de apelación. En esa ocasión la defensa legal de la familia Rivera Osorio solicitó una audiencia aclaratoria para exponer por qué debe reclasificarse el delito, por lo que la notificación será vía escrito.

La abogada Pérez Garrido recalcó que la reclasificación del delito le garantizaría a la familia de Lesvy el derecho al acceso a la justicia el cual, dijo, “debe cumplirse porque está íntimamente ligado con el derecho a la verdad y al de la reparación integral del daño”. De no aprobarse, informó, solicitarán un amparo ante un tribunal federal de justicia.

Explicó que el caso se encuentra en periodo de  investigación formalizada, lo que significa que la defensa del acusado, de la víctima y la PGJDF, continúan recabando pruebas para comprobar o descartar un delito, el cual concluye el próximo 10 de noviembre.

Sin embargo, la defensa legal de la familia Lesvy analiza la posibilidad de solicitar al juez de control a cargo del caso, Cristian Ricardo Franco Reyes, que amplíe hasta dos meses el periodo de investigación pues, dijo Pérez Garrido, eso obligaría a la Procuraduría a recabar más pruebas que acrediten un feminicidio “aunque éstas ya están en la carpeta de investigación, pero no las interpretaron de esa forma”, mencionó.

Agregó que un argumento más para solicitar la ampliación será que la PGJDF negó a la familia e Lesvy y a su defensa legal el acceso completo a la carpeta de investigación durante más de dos meses.

17/MMAE/LGL

 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Familia y organizaciones demandan resolver con perspectiva de género
Magistrados aplazan tres días respuesta para reclasificar feminicidio de Lesvy
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/10/2017

Sin mirar a los familiares de Lesvy Berlín y aun cuando las pruebas señalan al ex trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y pareja de Lesvy, Jorge Luis González Hernández, como autor del feminicidio de la joven, hoy, durante la audiencia para definir si el delito de homicidio culposo por el que se le acusa se reclasificaba por feminicidio, recalcó: “No soy culpable ni pienso pagar por algo que no hice”.

La seriedad de González Hernández contrastó con el llanto y la voz cortada con la que la mamá de Lesvy Berlín Rivera Osorio, Araceli Osorio Martínez, expuso ante la magistrada y los dos magistrados de la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF): “Queremos saber qué pasó el 3 de mayo, queremos que se investigue como feminicidio, así la Sala daría un mensaje institucional a favor de la justicia y serviría como antecedente para que no se vuelva a repetir”.

Tras media hora de la audiencia a la que Cimacnoticias tuvo acceso, la magistrada Celia Marín Sasaki y los magistrados Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo decidieron ampliar a tres días el plazo para resolver la apelación, por lo que será hasta el próximo miércoles 18 de octubre que la familia Rivera Osorio y su defensa legal, encabezada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, conocerán vía escrito el fallo.

Desde las 13:30 horas las abogadas Sayuri Herrera Román y Ana Yeli Pérez Garrido argumentaron por qué debía reclasificarse el delito. Por su parte los dos abogados de oficio de González Hernández, José de Jesús Sánchez y Miguel Ricardo Calderón, este último insistió: “de aceptarse se estarían cambiando los hechos”.

Actualmente González Hernández es investigado por el delito de homicidio culposo por omisión, basado en los dictámenes de la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), por no impedir el supuesto suicidio el cual, de acuerdo a la PGJDF, efectuó Lesvy con el cable de una cabina telefónica. De aceptarse, el juez de control a cargo del caso, Cristian Ricardo Franco Reyes, tendría que tomar en cuenta la violencia que Jorge ejerció hacia Lesvy previo a su muerte, misma que acredita un feminicidio.

Durante la audiencia en diversas ocasiones el magistrado Salvador Ávalos Sandoval, se separó de la mesa en la que estaba sentado y cerró los ojos por varios segundos en más de una ocasión, como si se negara a escuchar. A las abogadas de la familia Rivera Osorio no le sorprendió, afirmaron que cuando interpusieron el recuso para reclasificar el delito él afirmó que no podían aceptarlo bajo el argumento de que en su calidad de víctimas, la familia de Lesvy no podía solicitarlo.

Indiferente, sin bajar en ningún momento la vista González Hernández aseguró ser inocente. “Desde el principio se sintió cobijado por las autoridades, si alguna vez pensó en decir la verdad sobre lo que sucedió, seguro perdió la intención cuando vio que desde el principio de la investigación las autoridades se empeñaron en culpar a la propia Lesvy por su muerte”, comentó respecto a su actitud la abogada Herrera Román.

En cambio, la familia de Lesvy ha encontrado el apoyo de otro sector: el de las más de 2 mil estudiantes, académicas, madres, organizaciones y colectivas feministas que firmaron más de 100 cartas dirigidas a las personas magistradas y que fueron entregadas hoy, en donde les pidieron interpretar las pruebas desde la perspectiva de género, es decir, contemplar que Lesvy fue asesinada en un lugar público, asfixiada y que su pareja ya había ejercido violencia contra ella durante su relación y previo a su asesinato.

“¡No estás sola, no estás sola!”, repitieron a Araceli Osorio las más de 30 mujeres representantes de colectivas y estudiantes que esperaron a fuera del TSJDF la respuesta de las personas magistradas y con el mismo grito la recibieron al salir.

En un mitin organizado al término de la audiencia la abogada Ana Yeli Pérez Garrido recordó que las autoridades de la Ciudad de México deben sancionar también a las y los funcionarios públicos que desde el 3 de mayo han violentado los Derecho Humanos de la familia de Lesvy como víctimas indirectas y dijo el caso “debe investigarse y juzgar como feminicidio para garantizar que tengan acceso a la justicia y la reparación del daño”.

En entrevista con esta agencia la abogada Sayuri Herrera informó que el pasado 25 de agosto interpusieron una denuncia a la Fiscalía Central de Delitos Cometidos por Servidores Públicos por el delito del ejercicio ilegal del servicio público en contra de la titular de la Fiscalía Desconcentrada COY-1 –donde se inició la investigación-, Claudia Elizabeth Cañizo Vera.

La denuncia también incluye a la entonces directora de Comunicación Social de la PGJDF, Elena Cárdenas Rodríguez, por que filtró  información de Lesvy a través de la cuenta de Twitter de la instancia de justicia.

Además, advirtió que extenderán la demanda hacia otras autoridades que también actuaron de manera omisa durante la investigación y revictimizaron a la familia Rivera Osorio. En tanto, el próximo 25 de octubre el TSJDF responderá si procede o no el  amparo que González Hernández presentó el 31 de julio porque, dijo, el juez Franco Reyes violentó sus derechos al vincularlo a proceso “sin pruebas suficientes”.

Familiares de Lesvy, víctima de feminicidio, se manifestaron frente al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX

17/MMAE








NACIONAL
VIOLENCIA
   Urge que la CDHDF emita recomendación: OSC
Mañana será audiencia para reclasificar caso Lesvy como feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/10/2017

Mañana el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF) definirá si reclasifica de homicidio culposo a feminicidio el delito por el que se investiga a la pareja de Lesvy Berlín Rivera Osorio, estudiante hallada asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el pasado 3 de mayo, Jorge Luis González Hernández.

En una audiencia que tendrá lugar en la Quinta Sala en Materia Penal del TSJDF a las 13:30 horas, la magistrada Celia Marín Sasaki, y los magistrados Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo responderán al recurso de apelación que la familia de Lesvy y su defensa legal interpusieron el pasado 13 de julio y dónde solicitaron la reclasificación del delito porque, afirmaron, las pruebas señalan que González Hernández ejerció violencia hacia Lesvy previo a su asesinato, lo que acredita un feminicidio.

En entrevista con Cimacnoticias la abogada de la familia Rivera Osorio, Sayuri Herrara Román, explicó que en la audiencia de mañana no presentará pruebas o peritajes diferentes a los que contenía la carpeta de investigación hasta el pasado 7 de julio, fecha en la que se imputó a Jorge por el delito de homicidio culposo por omisión por no impedir el supuesto suicidio de Lesvy aun cuando, en los videos de vigilancia de la UNAM, se le observa violentando a la joven previo a su muerte.

En cambio, la defensa legal, a cargo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, argumentará a las personas magistradas que las pruebas que hasta esa fecha se tenían sí apuntan a un feminicidio, pero ni la Procuraduría capitalina ni el juez de control a cargo del caso, Cristian Ricardo Franco Reyes, las interpretaron con perspectiva de género.

Una vez definido el delito por el que se investigará al ex trabajador de la UNAM continuará el proceso penal en su contra y hasta noviembre concluirá el periodo de investigación complementaria –momento en el que actualmente se encuentra la investigación-, y donde ambas partes pueden seguir aportando pruebas.

En caso de no tener una respuesta al recurso de apelación al término de la audiencia de mañana la y los magistrados podrían pedir un plazo de tres días más para decidir si reclasifican el delito, mencionó la abogada Herrera Román.

ESPERAN RECOMEDACIÓN DE LA CDHDF

La abogada Herrera Román instó a la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a emitir una Recomendación hacia las autoridades de justicia capitalinas por las constantes violaciones a los Derechos Humanos de la familia de Lesvy antes del próximo 31 de octubre, cuando la actual presidenta del organismo defensor, Perla Gómez, dejará el cargo.

Desde que el cuerpo de Lesvy fue encontrado en el Instituto de Ingeniería en Ciudad Universitaria con el cable de una cabina telefónica enredado en su cuello, las autoridades capitalinas violentaron los derechos humanos de la familia de  Lesvy, lo que llevó a la CDHDF a interponer dos quejas de oficio ante la Cuarta y Primera Visitaduría contra la PGJDF, mismas que aún no concluyen en una  Recomendación.

Cimacnoticias preguntó a la CDHDF si emitirán una Recomendación antes del 31 de octubre, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

En entrevista con esta agencia el abogado del Centro Fray Vitoria, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, recordó que han mantenido comunicación con la CDHDF, quien determinó que peritajes como el de criminalística de campo y la necropsia hecha por la PGJDF no se apegaron a las normativas internacionales, por ello, dijo, el órgano defensor “tiene los elementos suficientes para emitir una Recomendación”.

La CDHDF interpuso la queja en la Cuarta Visitaduría para que la PGJDF informara si se apegó al Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio en la investigación. Mientras que la queja en la Primera Visitaduría obedece a la filtración que la PGJDF hizo, a través su cuenta de Twitter, de información que estigmatizó y culpó a la joven por su muerte.

17/MMAE








ESTADOS
Aborto
   Dictamen atenta contra Derechos Humanos de veracruzanas
OCNF presentará amparo por resolución de AVG en Veracruz
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/09/2017

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) interpondrá un amparo en contra de la resolución del Congreso de Veracruz, que determinó no despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, ni ampliar las causas establecidas en el Código Penal local, en una sesión extraordinaria el pasado 28 de septiembre. 

En entrevista con Cimacnoticias, la coordinadora el OCNF, María de la Luz Estrada, detalló que la próxima semana la organización presentará un amparo por las violaciones y anomalías que cometieron los y las legisladoras de Veracruz en el proceso de despenalización del aborto, como lo mandó el Grupo de Trabajo encargado de atender la Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravios a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Entre las irregularidades, está que la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, quien presentó la iniciativa de reforma a los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal, no tuvo acceso al dictamen negativo que firmaron el 22 de septiembre las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso. Razón  por la cual se ausentó durante la sesión de ayer la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al que pertenece la diputada.

Otra violación grave que precisarán en el amparo, señaló la coordinadora del OCNF, es que el dictamen negativo del Congreso coarta los Derechos Humanos (DH) de las mujeres como la garantía del acceso a la salud reproductiva, tal como lo dictan los instrumentos nacionales e internacionales firmados por México.

Tratados que ignoró el congreso, denunció Luz Estrada, pues sólo se argumentó en el pleno que la modificación del Código Penal era un “acto inconstitucional” porque desde 2016 el artículo cuarto “protege la vida a partir del momento de la concepción”. Cabe mencionar que esta reforma la impulsó en su momento el ex gobernador Javier Duarte apoyado por la Iglesia Católica local.

DAN EVIDENCIAS A CONAVIM PARA DECRETAR AVG

La defensora de DH recordó además, que ayer concluyó el periodo de seis meses que tuvo el estado para cumplir con las recomendaciones del grupo de expertas de la alerta, por lo que deberá quedar asentado en el informe que rinda la próxima semana el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares a Conavim, que el Poder Legislativo no cumplió con las recomendaciones de la AVG.

Cabe recordar que la Alerta fue solicitada por la organización Equifonía en abril de 2016 y denunciaba tres agravios: la inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 sobre el acceso al aborto en caso de violación sexual; el segundo, la tipificación del aborto como delito que se castiga con un tratamiento educativo; y por último, el referente a la protección de la vida desde el momento de la concepción.

“En el caso específico del Poder Legislativo de Veracruz, la discriminación porque el aborto sigue siendo punitivo en el Código Penal era el principal agravio de la AVG. Ahora no podemos avanzar en las demás políticas públicas de salud si el marco legal no lo permite”, denunció Luz Estrada.

La responsabilidad, señaló la coordinadora del Observatorio, recae también en Miguel Ángel Yunes, pues la organización cuenta con una carta dirigida a Conavim por parte del Grupo de Trabajo, donde este, le entregó al gobernador una propuesta de reforma para la despenalización del aborto con el fin de que él la presentara, sin embargo la ignoró.

Por lo tanto será inminente que la entidad sume su segunda alerta, destacó Luz Estrada, pues cuenta desde noviembre de 2016 con una por violencia feminicida en 11 municipios.

El OCNF entregará también un reporte a Conavim en el que se puntualizan las acciones que incumplió el gobierno estatal, para que esta instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación, realice un dictamen crítico en el que argumente por qué –en caso de decirlo- declara la segunda AVG en la entidad.

17/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   De proceder, quedaría en libertad, alerta abogada del caso
Presunto feminicida de Lesvy presenta recurso de amparo
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/09/2017

Con el argumento de que el juez Christian Franco Reyes violentó sus derechos al vincularlo a proceso “sin pruebas suficientes” por el asesinato de Lesvy, víctima de feminicidio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su pareja, Jorge Luis González Hernández, solicitó un recurso de amparo que de ser admitido, podría dejarlo en libertad.

 

En entrevista con Cimacnoticias, la abogada del caso e integrante de la organización acompañante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Sayuri Herrera Román, informó que el pasado 31 de julio se presentó el recurso de amparo por los dos abogados de oficio de González Hernández; sin embargo, precisó que la familia de Lesvy fue notificada hasta el pasado 5 de septiembre.

 

De acuerdo con lo explicado por la abogada de la familia Osorio, el presunto feminicida de Lesvy solicitó el amparo (el cual se desahoga en el Juzgado 14 de Distrito de Amparo en materia penal) para apelar la decisión del juez de control del Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF) Christian Franco, con la que vinculó a Jorge Luis González a proceso por el delito de homicidio simple doloso por omisión, toda vez que no impidió el supuesto suicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio.

 

La abogada informó que de ser admitido, la investigación en contra de Jorge se daría por terminada, el riesgo es latente porque desde que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) atrajo el caso, no aplicó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio que la obliga a recolectar evidencias desde la perspectiva de género, con lo que la investigación quedó mal integrada.

 

También podría desecharse la prueba de ADN que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México hizo a González Hernández y con la que se comprobó que Lesvy tenía en sus uñas material genético de su pareja. Con ella, dijo Herrera Román, “se refuta la mecánica de suicidio porque corresponde a maniobras de defensa y forcejeo”.

 

En ese sentido, la defensa de Jorge Luis González Hernández, argumentó que la instancia de justicia primero lo trató como testigo, no como sospechoso, por lo que las pruebas de ADN que le fueron realizadas se le tomaron en esta condición.

 

Otra muestra de que la  PGJDF no aplicó el Protocolo de Investigación de Feminicidio fue que ignoró la evidencia que arrojaron las entrevistas hechas a conocidos de la joven, testigos de que Jorge violentaba a Lesvy la cual permitía investigarlo como sospechoso de feminicidio

 

Ante el riesgo de que el amparo proceda, esta semana la defensa de Lesvy presentará su respuesta ante el Juzgado 14, para lo cual recurrirá a los videos de seguridad de la UNAM a los que esta agencia tuvo acceso y que muestran a  Jorge Luis violentando físicamente a Lesvy momentos antes de su asesinato y lo exponen en el lugar de los hechos.

 

El cuerpo de Lesvy fue encontrado el 3 de mayo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM con el cable de una cabina telefónica atado a su cuello y con signos de violencia que acreditan un feminicidio, pero el crimen no fue investigado como tal por la Procuraduría capitalina, por lo que también está en proceso un recurso de apelación que la familia Rivera Osorio interpuso en la Quinta Sala Penal del TSJDF para que se reclasifique el delito por el que se investiga a Jorge.

 

La abogada Herrera Román señaló que el caso sigue abierto. A la par del recurso de amparo interpuesto por Jorge y el de apelación de la familia de Lesvy corre un plazo de investigación complementaria, el cual permite a ambas partes recabar pruebas para sustentar o derogar el feminicidio de la estudiante de la UNAM de 22 años.

 

El plazo termina el próximo 10 de noviembre, mientras tanto la defensa de la familia Osorio y la organización coadyuvante en el caso, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), han recabado pruebas que desmontan la versión del suicidio de Lesvy, refuerzan que se trató de un feminicidio e  inculpan a su pareja, esto a través de la consulta con peritos independientes.

 

En cuanto a la actuación de la UNAM Herrera Román recordó que la familia de Lesvy está en espera de la solicitud que hizo el 30 de agosto al Consejo Universitario a través de una carta, con la que pidió preservar el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Lesvy “como un sitio de memoria” que garantice la no repetición de casos de feminicidio en la universidad, así como de la violencia de género y en la cual reiteraron su exigencia para que las autoridades universitarias se pronuncien por justicia.

 

17/MMAE








ESTADOS
VIOLENCIA
   Investigarán a ex esposo de Emma Gabriela como autor intelectual
   
Amplían investigación por feminicidio de defensora en Yucatán
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/08/2017

Autoridades de Yucatán rechazaron el amparo que interpuso Alberto Medina Sonda, exesposo de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, asesinada el pasado 27 de marzo, y por el cual buscaba que no lo vincularan a proceso como autor intelectual del feminicidio de la activista.
 
El Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán notificó por escrito a la madre de Emma Gabriela y también defensora, Ligia Canto Lugo, y a su representación legal que negó el amparo interpuesto por Medina Sonda, quien junto a su familia encabezó desde 2014 una campaña de desprestigio y agresiones hacia Emma y Ligia ante la búsqueda de la custodia de sus hijos. 
 
Asimismo, durante una audiencia efectuada el pasado 2 de agosto en el Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) el juez Segundo de Control a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, amplió hasta el 2 de octubre el terminó de la investigación.
 
Esto “para dar oportunidad a que se realicen más diligencias, entre ellas algunas que puedan vincular a la familia de Medina Sonda como autores”,  explicó a Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañándote del caso, Adelaida Salas Salazar.
 
El pasado 27 de marzo Emma Gabriela fue víctima de feminicidio a fuera de su casa y en presencia de sus dos hijas e hijo. Hasta ahora la Fiscalía estatal emitió cuatro órdenes de aprehensión contra los culpables, una para Medina Sonda, dos más dirigidas a los autores materiales y otra para arrestar al tabasqueño César Rogelio Reyes Barrueta, por la coautoría del crimen.
 
Este último reveló que recibió órdenes del empresario Medina Sonda para asesinar a Emma por lo que en abril se le informó que sería investigado como el autor intelectual. El exesposo de Emma Gabriela permanece en prisión en Tabasco cumpliendo una condena de 12 años y 6 meses por operar con recursos de procedencia ilícita durante la administración del priísta Andrés Granier.
 
La ampliación de la investigación se informó luego de que los padres y hermanas de Medina Sonda fueran citados en la Fiscalía General estatal para informales que serían investigados por su posible coalición en el feminicidio, misma que Ligia denunció a esta agencia días después del asesinato de su hija.
 
Ligia Canto expuso que Emma Gabriela expresó días antes que la seguían familiares de su exesposo.
 
Desde 2014 Emma y su madre fueron víctimas de diversas violaciones a sus Derechos Humanos por parte de autoridades al no atender las denuncias que hicieron de las agresiones de Medina Sonda y porque se prestaron a la fabricación de delitos contra las defensoras. Esto derivó en la Recomendación 54/2014 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México, las cuales fueron incumplidas.
 
17/MMAE








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Alertas se activan pero no atiende violencia de género
   
Alerta de Género: Desinterés del Estado por proteger la vida de las mexicanas
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Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/08/2017

En una década 27 entidades del país han solicitado la Alerta de Violencia de Género (AVG) pero sólo se ha declarado para 83 municipios de 11 estados: Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Morelos y el Estado de México. 
 
En 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata en su artículo 22 la creación de la AVG como un instrumento de emergencia para salvar la vida de las mujeres y niñas mexicanas.
 
Impulsada por legisladoras feministas, la Alerta se pensó como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia en la que intervinieran los 3 órdenes de gobierno para atender de fondo la violencia de género en cada entidad o territorio determinado.
 
Sin embargo, a 10 años de su creación, prevalece el desinterés y falta de voluntad del Estado para implementarla, lo que se ha traducido en una “cascada” de alertas aprobadas, con medidas que no se cumplen o son acatadas a medias.
 
Como si se tratara de una “receta”, el sentido de la Alerta se ha distorsionado y a 10 años de su creación, el impacto real en donde se ha decretado se desconoce, porque hasta ahora, la instancia encargada de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, la Conavim, no ha informado ni transparentado su funcionamiento.
 
Así lo señalan expertas en el tema de violencia de género, como la académica y doctora en estudios de género, Lucía Melgar Palacios, quien sostiene que existe una completa incomprensión y desinterés del gobierno por atender la alerta. 
 
“Todos han seguido la receta de la AVG. El grupo de trabajo hace un diagnóstico del territorio en 30 días, luego en seis meses continúan las acciones gubernamentales, hacer una campaña, capacitar a sus funcionarios, poner alumbrado, pero ¿quién está obligando a los gobiernos a hacer lo que deben; garantizar a las mujeres una vida libre de violencia?” cuestiona la académica de la UNAM.
 
A propósito del segundo aniversario de la AVG en el Estado de México, esta agencia consultó a varias especialistas para que hicieran un análisis de su funcionamiento en donde se ha decretado, y todas coinciden en que no es que el mecanismo esté mal, sino en el nulo interés del gobierno por realmente atender de fondo la violencia contra las mujeres y niñas.
 
Para Lucía Melgar, la responsabilidad de que la AVG genere resultados tan deficientes es del Estado, por la opacidad con la que actúa y su negativa en cumplir con la protección de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
 
En ello coincide la senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo, una de las impulsoras de la Ley General, y agrega: “las autoridades locales tienen una completa ignorancia en su implementación, buscan resolver las consecuencias pero no sus causas, mientras la sociedad sólo está en un estado de cachar políticas públicas”.
 
La senadora reconoce que si más de la mitad del país ha pedido acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres, es porque el Estado no les garantiza “el mínimo de bienestar para que este a salvo su vida, integridad y seguridad”.
 
Por ejemplo, dice la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de Luz Estrada, en el Estado de México ya se cumplieron dos años desde que se decretó la AVG pero la falta de voluntad política del Estado mexicano hizo que este mecanismo se convirtiera en un trámite burocrático utilizado con fines políticos y mal implementado.
 
Aún bajo la alerta el panorama no es diferente en la entidad mexiquense. En estos dos años se han registrado 31 casos de feminicidio y 412 homicidios de mujeres de acuerdo con cifras oficiales, ubicando a este estado como el territorio más peligroso para la población femenina en el país, según Naciones Unidas.
 
Por ello Luz Estrada considera que las acciones urgentes y esenciales que deben de seguir las autoridades una vez solicitada la alerta son investigar de manera profunda las razones de la violencia contra las mujeres, revisar los casos en reserva, generar un sistema de seguridad, reeducar a la sociedad civil, en conclusión, instaurar una política integral de estado. 
 
“No es de emergencia porque tienen que inventar un programa rápido, es porque hay que atender temas estructurales, tienes que ir al fondo para que lo que hagas no quede en simulación”, acotó.
 
REPENSAR LA AVG
 
Hasta ahora, las organizaciones civiles han hecho el trabajo que le corresponde al Estado, documentar, investigar las causas de la violencia y registrar los casos. Muchas más han recurrido a los amparos judiciales para pedir que se decrete una AVG y exigir reuniones gubernamentales, incluso manifestarse para agilizar los procesos.
 
Por ello piden nuevas adecuaciones a la normativa; el respeto de los tiempos del proceso, sanciones a quienes incumplan las obligaciones y la autonomía de los Grupos de Trabajo que respaldan la decisión de procedencia de la Alerta.
 
La coordinadora de Equifonía AC, peticionaria de las dos alertas para Veracruz, Araceli González Saavedra, agrega que se debe incluir en el proceso de seguimiento la participación de las organizaciones, pues son quienes ante la ausencia del Estado acompañan a las víctimas sin ningún presupuesto, pero en el reglamento su papel se reduce al trámite de la solicitud.
 
En tanto, Luz Estrada propone agregar un apartado final para que cada entidad emita un reporte de resultados de la AVG, y Lucía Melgar señala que ya pasaron 10 años desde que se pidieron las primeras alertas y por tanto, Conavim tendría que presentar un primer diagnóstico de la implementación de este mecanismo.  
 
En lo que va de este año la Secretaría de Gobernación (Segob) ya declaró cinco alertas y recibió otras cinco solicitudes, lo que para Melgar Palacios refleja “la gravedad del problema que enfrentan las mexicanas”.  
 
En Nayarit por las elecciones de junio se detuvo el proceso, y ya van cuatro meses sin que la Segob dicte la deliberación final.
 
En Sonora, la AVG lleva dos años estancada pues aún cuando su reglamento no lo determina así, la Segob otorgó una prórroga al gobierno estatal para que cumpla con las recomendaciones.
 
Mientras Segob no respete los procesos establecidos en la ley y los gobiernos locales simulen la implementación de la AVG, se seguirán perdiendo vidas de mujeres y niñas, concluyen las expertas. 

17/HZM








NACIONAL
VIOLENCIA
   Tiene características de feminicidio
   
Peritaje independiente desmiente versión de suicidio de Lesvy
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ofreció conferencia de prensa para mostrar que la versión de la PGJ de la Ciudad de México sobre el caso de Lesvy Berlín Rivera es falsa | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/08/2017

El perito criminalista del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) Víctor Chávez Cornejo, determinó que no hay elementos que sustenten la versión de la Procuraduría capitalina (PGJDF) sobre el suicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, hallada en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el pasado 3 de mayo.
 
Luego de recrear la mecánica de hechos de la PGJDF, donde argumentan que Lesvy se asfixió con el cable de una cabina telefónica, el perito criminalista Chávez Cornejo concluyó que de ser cierta la versión de que Lesvy amarró el cable a su cuello y dejó caer su cuerpo no podría haber logrado la suspensión ni la presión necesaria para provocarse la asfixia, por lo que las lesiones encontradas en su cuerpo “no corresponden con mecánicas de suicidio”, afirmó.
 
Para la recreación, una mujer con las mismas características físicas de Lesvy repitió en más de una ocasión los movimientos descritos por la PGJDF en la carpeta de investigación del caso, pero no se logró reproducir la posición semisentada en la que fue encontrada.  
 
Estos resultados fueron expuestos hoy en un video proyectado durante la conferencia de prensa convocada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que junto al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria acompaña el caso, y forman parte de un peritaje independiente que la familia Rivera Osorio solicitó para esclarecer los hechos.
 
A tres meses del crimen, la abogada del OCNF, Ana Yeli Pérez Garrido, recordó que la forma en la que Lesvy fue encontrada y las lesiones que presentó acreditan un feminicidio. “El certificado médico, la necropsia y las fotografías tomadas al cuerpo muestran que tenía lesiones degradantes –golpes en el rostro y signos de asfixia-, hay evidencia de que su pareja -Jorge Luis González Hernández- la violentó previamente, además fue expuesta en un lugar público”, explicó.
 
Por ello la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, refrendó la exigencia de la familia de Lesvy de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México reclasifique el delito como feminicidio ya que actualmente se investiga a Jorge por homicidio culposo por omisión, ya que de acuerdo a la PGJDF, no impidió el “suicidio” de la joven inscrita en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM.
 
En entrevista con Cimacnoticias el perito Víctor Chávez expuso que la presión que ejerció el cable en el cuello de Lesvy no fue constante porque del lado izquierdo estaba el teléfono y ella presentó una fractura en el cuello la cual, afirmó “no pudo haber sido provocada por eso”.
 
Dijo también que de acuerdo a los estudios que han hecho, no hay pruebas sufrientes de que las heridas en el rostro de Lesvy se las haya hecho ella al golpearse con la cabina telefónica, como argumentan los peritos de la PGJDF.
 
SUICIDIO: SIN ARGUMENTOS
 
La mañana del 3 de mayo los vigilantes del Instituto de Ingeniería, Esperanza Sánchez Hernández y Andrés Sánchez Andrade fueron los primeros en encontrar en la casilla telefónica el cuerpo de Lesvy.
 
En las entrevistas que el ministerio público de la Fiscalía desconcentrada COY-1 les hizo, registradas en la carpeta de investigación a la que esta agencia tuvo acceso, ambos trabajadores universitarios refirieron que Lesvy “se encontraba sentada”. Andrés Sánchez señaló que cuando se acercaron a verla “ella se encontraba sentada y recargada a la base de la caseta”.
 
Más tarde la caseta y el cuerpo de Lesvy fueron cubiertos con una lona, lo que impidió que fuera fotografiado desde distintos ángulos y con ello, argumentó durante la conferencia la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, “se perdieron evidencias porque no se resguardo adecuadamente la cadena de custodia”.
 
Por lo pronto y para tener más certeza de los hechos la familia Osorio Ramírez ya solicitó al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) del TSJDF el acceso a todas las fotos y el video de la necropsia de Lesvy para que peritos independientes analicen las heridas que presentaba.
 
El pasado 13 de julio la defensa legal de la familia de Lesvy, a cargo del  Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria,  interpuso un recurso de apelación ante el TSJDF para que se reclasifique como feminicidio el delito por el que se acusa a la pareja de Lesvy y ex trabajador de la UNAM.
 
El recurso fue aceptado, pero aún no hay fecha para la audiencia donde tres magistrados determinarán la situación legal de Jorge.
 
La apelación, explicó la abogada Ana Yeli Pérez, es por la falta de debida diligencia en el caso, la violación a la legalidad en la investigación, la violación al Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio; así como  “los constantes agravios hacia la familia porque están vulnerando su percepción del acceso a la justicia”.
 
17/MMAE
 








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