Alerta de Violencia de Género

NACIONAL
VIOLENCIA
   Presenta propuesta de reforma al reglamento de la LGAMVLV
Grupo de Trabajo decidirá procedencia o no de AVG, propone Inmujeres
Imagen Sandra Segura
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/11/2017

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) presentó una propuesta para reformar el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en la que se facultaría al Grupo de Trabajo la decisión de procedencia o improcedencia de la Alerta de Violencia de Género (AVG).

La propuesta, presentada hace unos días ante organizaciones de la sociedad civil, incluye también la reducción del tiempo para declararla en máximo dos meses.

Según la reforma al Artículo 36 Ter del proyecto de Inmujeres que consultó Cimacnoticias, una vez aceptada la solicitud de Alerta y conformado el Grupo de Trabajo, éste tendría 45 días hábiles para realizar el estudio sobre el contexto de violencia contra las mujeres en el territorio solicitado.

La investigación que resulte ya no sería un “informe”, sino un “dictamen” pues el grupo de expertas además de entregar el estudio y las recomendaciones sobre la política pública que los gobiernos estatales deben cumplir, tendrían que incluir su decisión de procedencia o improcedencia de la emisión de la AVG.

Por ello el Inmujeres plantea añadir un Artículo 36 Cuáter, en el que se indica que “el Grupo de Trabajo votará sobre la declaración de la AVG; si las académicas resuelven que no hay elementos suficientes de violencia para declarar la Alerta el proceso terminaría y las organizaciones civiles no podrían presentar otra solicitud por los mismos motivos sin que hubieran transcurrido por los menores tres meses”, puntualiza el documento de reforma.

En caso de que exista un empate en la votación del Grupo de Trabajo conformado por 8 personas, quien coordine el grupo de expertas decidiría por el resto del equipo.

Cabe resaltar que Inmujeres propone que la coordinación del Grupo de Trabajo la realice una persona de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dependencia de la Secretaría de Gobernación (Segob).

GRUPO DE TRABAJO DEBE SER AUTÓNOMO

Al ser consultadas por esta agencia, integrantes de OSC expertas en violencia de género, denunciaron que si el Grupo de Trabajo no cuenta con la experticia y autonomía las Alertas terminarán por frenarse.

Para la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza, la imparcialidad, autonomía y especialización de los Grupos de Trabajo es una demanda que han exigido en reiteradas ocasiones las organizaciones peticionarias de las AVG.

Recordó que la no politización de la AVG es un logro de las organizaciones civiles. Desde la última reforma publicada en 2013 al reglamento de la Alerta, la Secretaría Ejecutiva conformada por las titulares de los institutos de las mujeres dejó de decidir la declaración del mecanismo, la decisión pasó a manos de Segob con base en las pruebas que entreguen las expertas.

Sin embargo se ha visto que estos Grupos de Trabajo no están conformados por personas especializadas en temas de violencia de género: como violencia feminicida, desaparición de mujeres, trata de mujeres o violencia sexual, por el contrario son “grupos a modo”, denunció la coordinada del OCNF, organización que ha tramitado la AVG de entidades como el Estado de México y la Ciudad de México.

En ello coincidió la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, “No tenemos especialistas sobre este tema en el país, si te fijas en todos los informes de los Grupos de Trabajo las recomendaciones para los gobiernos son una copia, no contextualizan la situación de cada estado. Ahora el Grupo de Trabajo va a tener esa posibilidad de decidir pero desde el desconocimiento y los juegos políticos”, señaló.

Inmujeres insiste que en el Grupo de Trabajo deben seguir participando una representante del Instituto y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); dos académicas de carácter nacional y dos que radiquen dentro del territorio donde se solicitó el mecanismo.

En la experiencia que ha tenido como peticionaria de la AVG en Guanajuato, Sánchez Cruz cuestionó los aportes que han tenido en el proceso de investigación estas tres instituciones (CNDH, Inmujeres y Conavim):

“La CNDH no ha hecho alguna aportación sustantiva en la investigación, Inmujeres debería salirse del grupo porque fue creado para vigilar la transversalidad de la política pública en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

En el caso de Conavim, la directora del Centro las Libres indicó que le corresponde no sólo vigilar las Alertas sino aportar personal profesionalizado en género. “Si Conavim tuviera este equipo técnico de especialistas no tendría que hacer las convocatorias, el problema es que no tiene la capacidad y lo que hace son negociaciones políticas discrecionales”, sentenció.  

Esta ha sido una crítica reiterada a Conavim recientemente, al no decretar la Alerta en estados como Puebla y Tlaxcala donde las organizaciones han documentado el aumento de los casos de feminicidio y la desaparición de mujeres.

La asesora jurídica de la asociación Equifonía, peticionaria de las dos Alerta de Veracruz (violencia feminicida y agravio comparado), Adriana Fuentes Mazo, aportó otro factor determinante para que los Grupos de Trabajo tengan mejores condiciones para funcionar: no tienen el tiempo suficiente para hacer una investigación de campo profunda y no se les entregan recursos económicos para que lo realicen, su participación es voluntaria.

Con estas modificaciones al reglamento, las autoridades de los estados ya no contarían con un plazo de seis meses para atender las observaciones de los Grupos de Trabajo; la Conavim remitiría directamente el dictamen de las académicas a la Segob, quien con estos elementos tendría 10 días para informar la decisión final sobre la declaratoria de la Alerta.

Por lo tanto, el proceso se reduce a dos meses, un avance importante coinciden las defensoras de los derechos de las mujeres, ya que la burocracia y negativa de las instituciones ha hecho que las Alertas tarden años de emitirse, por ejemplo, en el Estado de México se tardó 5 años.

Otra facultad que se le daría al grupo de expertas es que tras reunirse tendrían la posibilidad en un periodo de tres días de solicitar a Segob que dicte una serie de medidas de emergencia a los gobiernos locales con el fin de que las implementen de inmediato en los municipios en los que se solicitó la AVG.

La Secretaría vigilaría que estas medidas se cumplan por medio de un informe que entregarían los estados mientras se decide en los dos meses la procedencia de la AVG.

AVG CON CADUCIDAD

En este sentido Inmujeres también precisa en el Artículo 37 que las académicas deben incluir en el dictamen “la vigencia que tendría la declaratoria”, con ello la AVG se reduce a un “instrumento de intervención gubernamental de emergencia”, se describe.

La actual normativa indica que “la declaratoria de Alerta de Violencia de Género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios”.

Asimismo la reforma plantea incorporar un Artículo 30 Bis en el que se indican dos motivos por los cuales procedería una solicitud de Alerta de Género: “cuando exista en un lugar determinado un contexto de violencia feminicida contra las mujeres”, y/o, “cuando exista un agravio comparado”.

Luz Estrada señaló que es necesario revisar la redacción de este Artículo porque podría generar trabas al momento de la solicitud y condicionar a las organizaciones civiles a presentar pruebas de que existe violencia de género en el territorio en el que piden el mecanismo, una tarea que actualmente es responsabilidad del Grupo de Trabajo por medio de la investigación exhaustiva. Las asociaciones civiles sólo deben presentar a la Secretaría Ejecutiva los documentos del trámite y el motivo de la solicitud.

Las agrupaciones que recibieron por parte de Inmujeres esta propuesta ya enviaron sus observaciones, por lo que esperan que éstas sean escuchadas. La principal demanda es que se les integre dentro del proceso de AVG no sólo como peticionarias y fortalecer la actuación del Grupo de Trabajo con la participación de personal especializado en investigación criminal, política pública en género y derechos de las mujeres.

Actualmente son 28 solicitudes de Alerta de Violencia de Género que se han hecho en el país. En 12 entidades el mecanismo se decretó y está vigente: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.

En tanto, en 7 entidades Segob decidió no declararla: Querétaro, Tlaxcala, Sonora, Puebla, Tabasco, Baja California y Guanajuato. 

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ESTADOS
VIOLENCIA
   Se suma a Jalisco, falta aprobación de congresos estatales
Guerrero propone atender a niñez en orfandad por feminicidio
Imagen de Silvia Núñez Esquer
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/11/2017

El grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MC) propuso en el congreso de Guerrero reformar la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Víctimas estatal para otorgar protección y asistencia social a la niñez y adolescencia en orfandad por el feminicidio de sus madres.

El proyecto de reforma presentado el pasado 7 de noviembre por la diputada, Magdalena Camacho Díaz, busca incorporar los Artículos 57 Bis y 57 Ter a la Ley de Protección para menores de edad, con el objetivo de obligar al gobierno a entregar apoyos económicos, becas educativas en escuelas públicas y servicios de salud a los hijos e hijas de mujeres asesinadas, hasta que éstos cumplan la mayoría de edad.

Guerrero es uno de los 12 estados que por los altos niveles de violencia feminicida tiene Alerta de Violencia de Género, emitida por la Secretaría de Gobernación el 23 de junio de este año para ocho de sus municipios: Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.

La iniciativa busca que cada municipio de Guerrero impulse programas especiales de protección para la infancia y adicionar un último párrafo al Artículo 43 de la Ley de Víctimas local, para que la Fiscalía General de Justicia de Guerrero sea la responsable de hacer un registro fidedigno de la niñez en orfandad por feminicidio y remita los casos a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) la encargada por ley de reparar el daño integral a estas víctimas indirectas.

En 2016 la organización civil que solicitó la AVG, Alianza Feminista Guerrero, documentó 879 casos de feminicidio, mientras que ONU Mujeres indicó que en 2014 la entidad ocupó el primer lugar en la tasa de asesinatos de mujeres en el país, 9.4 casos por cada 100 mil mujeres, precisó la diputada, pero se desconocen los estragos que dejan estos asesinatos de mujeres y cuántos menores de edad quedaron al desamparo como consecuencia, resaltó.

Cimacnoticias realizó una investigación para conocer cuál era la situación de la niñez en esta situación y lo que se encontró es que no existía ninguna política pública para atenderlos. Posterior a la investigación, en Jalisco se presentó una propuesta en el congreso local que busca atender la situación, incluye que en caso de que el padre sea quien comete el feminicidio, éste pierda la patria potestad.

A esta iniciativa le queda camino por recorrer, actualmente fue remitida a las Comisiones unidas de justicia, Derechos Humanos y los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que sea votada y después se discuta en el pleno.

Mientras en el Estado de México, el gobierno ya entrega desde febrero de 2017, por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), únicamente un estímulo económico de 800 pesos mensuales a hijos e hijas de madres o tutoras “desaparecidas, víctimas de feminicidio y homicidio doloso”.

También existe otra propuesta que espera ser discutida en el pleno de la Cámara de Diputados y es la reforma al Artículo 26 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que las 32 entidades federativas desarrollen programas enfocados en los niños y niñas en orfandad por feminicidio, una propuesta de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco.

El reto es grande si se considera que siete mujeres son asesinadas diario en México de acuerdo con Naciones Unidas y se ha demostrado que la niñez y adolescencia que enfrentan la ausencia de su madre por un asesinato, requieren de atención psicológica especializada pues muchas veces presencian el crimen perpetrado por sus padres.

17/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Piden a Conavim integrar a organizaciones en discusiones
Demandan OSC conocer proyecto de reforma a reglamento de AVG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/11/2017

La Red Nacional de Mujeres por una Vida Libre de Violencia exhortó a la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) que dé a conocer el proyecto que propuso para reformar el reglamento de la Alerta de Violencia de Género (AVG) pues lo desconocen.

Hace dos meses, el 24 agosto, en una reunión que sostuvieron las integrantes de la Red Nacional con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, la titular del Instituto de Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y la comisionada de Conavim, Alejandra Negrete Morayta; ésta última dio a conocer que su equipo realizó un proyecto de reforma para el reglamento de la AVG, sin dar detalles de qué modificaciones contempla o cuándo lo presentaría.

Por ello, el 23 de octubre de 2017, por medio de una carta dirigida al subsecretario Campa Cifrián –de la que tiene copia esta agencia- la Red señaló que para avanzar y mejorar en la implementación de la Alerta es necesario que Conavim entregue de forma urgente dicho proyecto y que sea discutido junto a las organizaciones civiles, informó en entrevista con Cimacnoticias la integrante de la Red y promotora de la AVG para el municipio de Cajeme en Sonora, Leticia Burgos Ochoa.

La Red (conformada por solicitantes de la AVG en diversos estados) propuso a Conavim que este proyecto contemple adecuaciones de los tiempos del proceso de la Alerta, pues transcurre más de un año desde que se solicita hasta el resultado de la declaratoria. Otra de las propuestas fue aclarar en el reglamento que no se pueden dar prórrogas a los estados para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo, pues Conavim en reiteradas ocasiones lo ha hecho sin que lo indique la Ley.

Las activistas también pidieron que se pueda sancionar a los estados que incumplen con las acciones que se desprenden de las solicitudes de Alerta e incluirlas como participantes a lo largo del proceso. Por lo que Burgos Ochoa declaró que esperan que estas propuestas hayan sido incluidas en el proyecto de Conavim.

Pero lo cierto es que hasta ahora, las integrantes de la Red no han tenido respuesta de Segob o acceso al proyecto, pues hasta septiembre el personal de la Subsecretaria de Derechos Humanos les informó que no atenderían asuntos “que no estuvieran relacionados con el sismo ocurrido el 19”.

UNA REFORMA NECESARIA

Burgos Ochoa opinó que esta reforma es necesaria ante los recientes hechos en los que Segob no ha querido declarar la Alerta en entidades como Puebla y Tlaxcala, y “sólo ha llenado de recomendaciones” a los gobiernos estatales para frenar la violencia de género, “es necesario que se discutan y evalúen las adecuaciones que se necesitan” agregó.

La última reforma al reglamento de la Alerta fue hecha en 2013, igualmente por presión social, el objetivo de ésta fue derogar las trabas en el proceso de solicitud y que la decisión de decretar la AVG la respaldara un grupo de expertas.

Recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también hizo un llamado para reformar el reglamento de la Alerta, en su primer diagnóstico que hizo sobre ésta, donde propone revisar los tiempos en sus distintas fases; evaluar los avances de los estados en proceso de Alerta a través de indicadores cuantitativos y “no listas de actividades a cumplir”; sugiere que se puedan ampliar los municipios por los que originalmente se solicitó la Alerta cuando las expertas así lo consideren; y hacer que las organizaciones no gubernamentales participen en todo el procedimiento. 

NECESARIO DAR SEGUIMIENTO A LAS ALERTAS

La defensora de los derechos de las mujeres, Burgos Ochoa, detalló que además de este proyecto para ajustar el reglamento, Inmujeres y Conavim no han cumplido con otro de los acuerdos que hicieron, que es crear una Mesa de Trabajo con todas las organizaciones peticionarias de las Alertas para vigilar y dar seguimiento puntual a cada una.

Actualmente ya se decretó la AVG en 12 entidades: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Quintana Roo y Nayarit. En tanto, en siete estados Segob determinó no declararla: Querétaro, Tlaxcala, Sonora, Puebla, Tabasco, Baja California y Guanajuato.

Cabe recordar que la Red Nacional es un frente que conformaron peticionarias de las Alertas de Sonora, Quintana Roo, Sinaloa, Querétaro, Tlaxcala, Nayarit, Guerrero y Campeche, quienes tramitaron en diciembre de 2016 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por incumplir el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

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ESTADOS
VIOLENCIA
   Aplicaciones móviles y requisitos a transporte público en Puebla, propone
Gobierno de Gali Fayad, sólo responde por feminicidio ante presión civil
CIMACFoto: Samantha Paez Guzmán
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/10/2017

En medio de la polémica que han generado las dos solicitudes para activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida en Puebla, donde a la semana es asesinada una mujer, el gobernador de la entidad, Antonio Gali Fayad, presentó un “plan de acciones” para impedir que acepten la segunda solicitud y  decreten una AVG para su entidad.

Cabe recordar que una primera solicitud fue presentada por organizaciones civiles en marzo de 2016, misma que fue rechazada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al argumentar que la violencia vivida por las poblanas “no era suficiente” para activarla, sin embargo, emitió 11 recomendaciones “para hacer frente a la violencia”, que a decir de las organizaciones, no se cumplieron pues en medio de ello fue la transición de gobierno de Rafael Moreno Valle.

Un caso que provocó indignación en la sociedad poblana y mexicana en general, fue el de Mara Fernanda Castilla Miranda, quien fue asesinada el 8 de septiembre de este año por el conductor, Ricardo Alexis “N”, del transporte privado que abordó de la empresa Cabify, y que motivó una segunda petición de AVG para el estado.

En esta ocasión la solicitud provino no solamente de las organizaciones, sino también del Senado de la República quien en reiteradas ocasiones exhortó a la Comisión de Derechos Humanos estatal (CDH) a que volviera a presentar la solicitud de Alerta, instancia que no respondió al llamado y que a pregunta de Cimacnoticias, señaló que estaba “analizando dicha propuesta”.

Ante este panorama, la Conavim volvió a emitir 6 recomendaciones, ahora al gobierno de Gali, para atender la violencia de género, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó la segunda solicitud de AVG el pasado 20 de octubre, por lo que aún se espera que sea aceptada por la Conavim.

En medio de esta espera y a 3 días de la segunda solicitud de AVG, el pasado 23 de octubre, el gobernador de la entidad, Antonio Gali Fayad, presentó ante su gabinete, “De una vez por todas”, nombre que otorgó al plan de acción gubernamental para “prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia de género”, en el que destaca la creación de una aplicación para teléfonos móviles en la que las mujeres reporten las agresiones que viven en los espacios públicos; una ley contra el acoso y hostigamiento sexual, y regulaciones al transporte público y privado.

La Ley de Acoso y Hostigamiento Sexual, busca “tipificar como conductas constitutivas de delito los actos no verbales, como gestos obscenos, captación de imágenes o videos sin consentimiento, exhibicionismo y contacto corporal de carácter sexual”; así como la modificación al Código Civil “para incluir como causa de responsabilidad la violencia de género”; y la creación de una Unidad especializada para atender los casos de feminicidio, son otras acciones anunciadas por Gali Fayad.

Todo ello, tuvo que haberse cumplido desde 2016, cuando Conavim emitió las primeras 11 recomendaciones al gobierno de Moreno Valle y que ahora Gali Fayad presenta como “nuevas”.

Para la directora general del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), Cinayini Carrasco Colotla, estas medidas no son suficientes para lograr un impacto directo o a largo plazo en la seguridad de las poblanas porque no atienden el problema de fondo, la prevención de la violencia y el acceso a la justicia en los casos de feminicidio.

“Podemos crear unidades, programas y nada va a servir, lo que urge es un diagnóstico del Sistema de Justicia Penal porque no cuenta con el personal capacitado y sensibilizado para permitir que las mujeres accedan a la justicia”, precisó la defensora.  

Criticó que el gobierno de su entidad sea siempre reaccionario ante la presión y agregó: “Se declare o no la Alerta el estado debe trabajar. Lo que pedimos desde las organizaciones civiles es que después de que se implementen las acciones se evalúen, porque evidentemente no se está dando un cambio”.

En medio de todo ello a las poblanas las siguen asesinando y las cifras oficiales no concuerdan con los registros de las organizaciones civiles; mientras la Fiscalía General de Justicia reporta 47 casos de feminicidio en lo que va del año, el conteo de las asociaciones indica un total de 87, sin ninguna sentencia.

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ESTADOS
   Ley no precisa qué instancia debe realizar asignación presupuestal
Pide CNDH transparentar recursos para AVG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/10/2017

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a los gobiernos locales a transparentar los recursos asignados para implementar la Alerta de Violencia de Género (AVG) toda vez que existen casos en donde se asignó dinero específico para ello, y en otros, si bien no existe un recurso, sí cuentan con un presupuesto para implementarla.

Así lo destaca en su “Diagnóstico como integrante de los Grupos de Trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de la AVG” presentado hoy, en el cual revisó en qué fases están las AVG, los retos para su implementación y los recursos destinados para ello.

En el reporte, la CNDH señala que los estados deben planear, solicitar y ejercer con transparencia el presupuesto para fortalecer la AVG. 

La Comisión hizo una recopilación de los informes entregados por los gobiernos locales a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), encargada de hacer funcionar la AVG, y encontró que durante los últimos tres años (de 2016 a 2018) se designó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, anexo 13, dedicado a la Igualdad entre mujeres y hombres, de un total de 81 mil millones de pesos (mdp), únicamente tres por ciento (2 mil 400 mdp) al rubro de la prevención, atención y sanción de la violencia de género.

De este monto (3 por ciento) el informe no detalla cuánto dinero se otorgó a las AVG, aunque en la página de la Conavim, ésta señala que en 2017 asignó 27 millones 992 mil 357 pesos a seis estados con AVG: el Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Morelos, Michoacán, y Veracruz.

La situación se agrava, indica la CNDH, pues el Artículo 23, fracción cuarta, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) no explica cómo y qué nivel de gobierno debe realizar la asignación presupuestal de la AVG.  

Sólo expresa que se le debe “asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres”, sin dar mayores especificaciones del procedimiento. 

El recurso asignado a las AVG es más preocupante en el ámbito local, precisa la CNDH en el diagnóstico, pues en la práctica han observado que la mayoría de las entidades con procedimiento de Alerta no prevén un presupuesto para prevenir la violencia de género, y las instituciones dedicadas a atenderla (Institutos de las Mujeres, Centros de justicia, entre otras) reciben en su mayoría presupuesto federal del Anexo 13. 

La CNDH advirtió que la falta de recursos no debe ser una excusa o condicionante de los gobiernos para cumplir con la tareas de la AVG y recordó que en 14 entidades donde ya hay un informe del Grupo de Trabajo, se recomendó “etiquetar mayor presupuesto a la atención y procuración de justicia en situación de violencia, tanto estatales como municipales”. 

Cabe recordar que de las 28 solicitudes de AVG en 12 entidades ya se decretó (Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit); 9 estados esperan la decisión de la Segob para conocer si se emitirá; y en 7 se decidió no declararla (Querétaro, Tlaxcala, Sonora, Puebla ,Tabasco, Baja California y Guanajuato). 

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ESTADOS
VIOLENCIA
   Piden 6.9 millones de pesos para aplicarla en 2018
Comparecen 5 horas por AVG en Sinaloa y no informan nada
CIMACFoto: Sandra Segura
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/10/2017

A siete meses de que se decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG) en cinco municipios de Sinaloa, la y el titular de la Fiscalía General de Justicia y el Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISMujeres) informaron ante legisladores del congreso estatal que las acciones que han hecho para cumplirla son la apertura de un Centro de Justicia para las Mujeres y mesas de trabajo para el seguimiento del mecanismo.

Lo anterior lo informó en entrevista con Cimacnoticias, la vocera de la agrupación civil  “No Se Metan Con Nuestras Hijas”, Priscila Salas Espinoza, quien señaló que luego de 5 horas de comparecencia, ambos funcionarios no informaron nada de las acciones concretas que se pidieron como parte de la AVG, ni tampoco salieron con acuerdos de la reunión.

Lo que sí pidió la titular del ISMujeres, Reina Aracely Tirado Gálvez, agregó Salas Espinoza, fue un presupuesto de 6.9 millones de pesos para el siguiente año, para “el desarrollo de proyectos”, ya que dijo que no contaban con un presupuesto específico dirigido a la AVG.

Salas Espinoza denunció que tanto la Fiscalía como el ISMujeres no han cumplido con las recomendaciones de la Alerta, por el contrario, invisibilizan los casos de feminicidio y desapariciones de las sinaloenses, diciendo que son asesinadas por estar relacionadas con “grupos de narcotráfico” o se trata de “crímenes pasionales”.

Dijo que las organizaciones esperaban que durante esta comparecencia se transparentara en qué fase de la aplicación de la AVG están, cómo se ha llevado a cabo la profesionalización del personal de la institución, qué proyectos tiene preparados para prevenir los asesinatos de las sinaloenses, y cuál es el recurso económico con el que cuentan para hacer funcionar la alerta.

En la página oficial del ISMujeres, se informa que desde que se activó la Alerta emprendió una campaña para difundir qué es la AVG, implementó un programa de “Ciudades Seguras” en Culiacán; conformó una comisión para que revise el Protocolo de las órdenes de protección a mujeres; y capacitó a los funcionarios para el manejo de la base de datos sobre la violencia contra las mujeres.

Todo ello de un total de 21 obligaciones que dictó la Secretaría de Gobernación (Segob) al declarar el AVG el 31 de marzo de 2017 en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato.

De acuerdo con los datos del informe del Grupo de Trabajo que atendió la AVG, se destaca que de 2005 a marzo de 2016, 765 mujeres fueron asesinadas en Sinaloa; y a partir 2012, año en que se tipificó el delito de feminicidio, se documentaron 56 casos de feminicidio.

Las activistas también exhortaron al congreso estatal a priorizar el presupuesto orientado a la prevención y erradicación de los asesinatos y desapariciones de las sinaloenses.

Aunque las integrantes del colectivo también pidieron la presencia de los cinco jefes municipales de las localidades donde está activa la AVG, y del gobernador de la entidad, Quirino Ordaz Coppel, por ser responsables también del funcionamiento del mecanismo, éstos no estuvieron presentes en el congreso.  

“No Se Metan Con Nuestras Hijas” está integrado por las activistas del “Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses” quienes solicitaron la AVG en marzo de 2016, el “Colectivo Feminista de Culiacán” y el “Colectivo de Feministas Alteradas Sinaloenses”.

Fueron ellas quienes exigieron al congreso que citara a rendir cuentas a la titular del ISMujeres Reina Aracely Tirado Gálvez, y al Fiscal Juan José Ríos Estavillo, petición que tuvo eco en la presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, Silvia Treviño Salinas y en las diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Fernanda Rivera Romo y Maribel Chollet Morán, quienes llamaron a la comparecencia.

17/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Conforman grupo de trabajo para AVG en CDMX
Grupo de expertas deberá visibilizar feminicidio y desaparición de mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/10/2017

Ahora que está conformado el grupo de especialistas para atender la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (AVG), su principal reto es realizar una investigación exhaustiva que dé cuenta de la creciente violencia contra las capitalinas y cuestione al gobierno sobre las acciones que hace para frenarla.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dio a conocer el 19 de octubre los nombres de las especialistas que integran el Grupo de Trabajo: son dos académicas que radican en la Ciudad de México; la abogada y criminóloga feminista, Iris Rocío Santillán Ramírez y la doctora en estudios de la mujer, Marta Walkyria Torres Falcón.

De carácter nacional seleccionó a la doctora en derecho y defensora de los derechos de las mujeres, Aleida Hernández Cervantes, y al maestro especializado en estudios demográficos y género, Carlos Javier Echarri Cánovas.

A decir de activistas, el Grupo de Trabajo deberá integrar un informe sólido enfocado en las dinámicas y particularidades del feminicidio en la capital, la violencia comunitaria contra las mujeres, y demostrar que la desaparición de las mujeres en la Ciudad puede estar relacionada con grupos delictivos dedicados a la trata de personas.

Así lo describió a Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de la Luz Estrada, agrupación que en conjunto con el Centro Fray Francisco Vitoria, la Red “Todos para Todas y Todos” y Justicia Pro Personas, solicitaron el pasado 7 de septiembre la alerta de género para las 16 delegaciones de la entidad.

LOS RETOS DE LAS EXPERTAS: TRATA Y FEMINICIDIO

Las organizaciones consideraron necesaria activar la alerta en la Ciudad, porque aunque es un referente de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, lo cierto es que también ocurren los niveles de violencia más altos contra la población femenina. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares 2016, la capital del país ocupa el primer lugar de violencia en las calles, transporte, parques y otros sitios públicos.

Violencia que incrementa hasta sus niveles más extremos como es el feminicidio. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) en promedio mensual ocurren 5 casos de feminicidio en la urbe, tan sólo de 2015 a abril de 2017 inició 116 carpetas de investigación por este delito.

En suma, las familias de las víctimas enfrentan obstáculos para el acceso a la justicia y el debido proceso; son revictimizadas, las investigaciones no se elaboran desde la perspectiva de género, y reclasifican los casos a simples homicidios. Acciones recurrentes de las autoridades que han denunciado las organizaciones, como lo demostró el reciente asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, recordó Luz Estrada.

Por ello el Grupo de Trabajo deberá centrar su atención en el acceso a la justicia y la aplicación de protocolos para investigar el feminicidio, indicó la coordinadora el OCNF: entender en qué zonas y bajo qué circunstancias están asesinando a las mujeres y sobre todo, conocer “qué está haciendo la PGJDF para frenarlo”, precisó.

Asimismo en la desaparición de mujeres, las investigadoras tendrán que cuestionar el trabajo de dependencias de la Procuraduría como el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea), que ha sido pasiva y poco transparente ante las desapariciones sobre todo de niñas y adolescentes de la Ciudad, pues los datos son alarmantes, dijo Estrada.

Los propios datos de la PGJDF en este sentido, indican que de 2015 a 2016 se reportaron como “ausentes o extraviadas” dos mil 294 mujeres, de las cuales hasta la fecha faltan por localizar a 644, un 60 por ciento son menores de 17 años de edad.

“En este tema deben cuestionar por qué tenemos tantas mujeres desaparecidas, reconocer los modos operandi de los tratantes, y revisar qué está haciendo Capea y si está aplicando los protocolos de localización. Deben recordar que la Ciudad de México (con Puebla y Tlaxcala) es una de las rutas de trata de personas”, precisó la defensora de Derechos Humanos. 

NECESITAN MÁS EXPERTAS

Para concretar esta investigación la coordinadora del Observatorio sugirió que debe consultarse con más expertas en dichos temas, entrevistar a familiares de víctimas, sobrevivientes y organizaciones civiles.

De acuerdo con lo que presente el Grupo en su informe, el gobierno tendrá un plazo de 6 meses para cumplir las recomendaciones que de éste emanen, y de no hacerlo, la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá la facultad de decretar la AVG.

¿QUIÉNES SON?

La especialista en criminología es Iris Rocío, doctora en Ciencias Jurídico Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cuenta con un master en Sistemas Penales y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona; y por 18 años ha realizado investigaciones en materia de violencia contra las mujeres, por lo cual recibió en 2015 la Medalla Omecíhuatl.

La otra investigadora de la capital, Marta Torres Falcón, es doctora en relaciones de género por parte de la UAM y cuenta con una especialización en Estudios de la Mujer por El Colegio de México. También ha sido consultora del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y es autora del libro “Las enseñanzas de Alicia y la cultura de la no violencia. Una visión de género”.

Javier Echarri es maestro en demografía por El Colegio de México, institución de la cual también es maestro estudios urbanos y ambientales. En materia de género coordinó en 2011 el Programa Salud Reproductiva y Sociedad, fue investigador en la Dirección General de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud.

Por último, está la doctora en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Aleida Hernández, quien es docente en dicha universidad en investigación feminista y perteneciente a la Red de CONACyT “Ciencia, tecnología y género”. 

Además de las académicas seleccionadas, en el Grupo de Trabajo también debe participar una representante del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) -quien se encarga de coordinar el equipo-, una representante de Conavim y otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

17/HZM/LGL

 








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
   
Narrativas y violencias feminicidas
imagen de Silvia Núñez Esquer
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 29/06/2017

Documentar el feminicidio o tentativas de feminicidio es una tarea que activistas y defensoras feministas emprendieron desde hace varios años con dos propósitos: visibilizar los crímenes por razones de género contra mujeres y analizar las narrativas periodísticas con discursos que naturalizan la violencia, y que contribuyen a confundir a la opinión pública, validando versiones de homicidios cuando sí hay circunstancias del tipo penal de feminicidio.
 
A pesar de que existen las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, especialmente en las entidades donde hay solicitudes de Alerta de Violencia de Género, no hay estados donde sea visible o medible el resultado de los supuestos cursos de capacitación dirigido a periodistas para deconstruir las narrativas periodísticas.
 
No es fácil, es cierto, no basta con dar cursos de “lenguaje incluyente”, pero por un lado hay evidencia de que se han invertido importantes recursos, aunque no siempre son impartidos por perfiles que reúnan, por un lado la experiencia en el feminicidio y, por otro en las coberturas periodísticas y desde enfoques feministas. Pero aún si se mira de manera positiva y optimista, hace falta conocer los indicadores de impacto y de cambio en quienes han participado en esos procesos de formación.
 
En la mayoría de los informes de las AVG, los indicadores construidos por los grupos de trabajo son apenas “aproximaciones” a la problemática, como la generación de observatorios sin proponer metodologías o metas de transformación y cambio en las coberturas periodísticas o la búsqueda de una deconstrucción de las narrativas hegemónicas.
 
La mayor dificultad la representa la evaluación de esos procesos de formación y sus resultados, pero ese no es el tema que nos ocupa básicamente, sino la persistencia a los 5 problemas identificados en las coberturas periodísticas de los feminicidios que se suman a las posturas institucionales que insisten en llamar “homicidios” a crímenes contra identidades femeninas en las que claramente –de no existir resistencia al tipo penal- se califican como casos de feminicidio por sus características con razones de género.
 
De esta forma esas posturas institucionales de las Fiscalías que evitan calificar como feminicidio y llaman homicidio, se convierten en el mayor obstáculo en la investigación y posterior sanción del delito para alcanzar la máxima de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia con la “erradicación”, a través de la aplicación de penas más altas que visibilicen la violencia de género.
 
A 4 años de la tipificación en varias entidades, y 5 en otras, es inaudito y sólo puede entenderse por la violencia estructural e institucional contra las mujeres, que sean las propias Fiscalías que a través de sus áreas de Comunicación Social y con la “fuente”, se difunda que algunas mujeres cuyas ex parejas las asesinan o lo intentan, sean calificados como “homicidio en grado de tentativa”, borrando de tajo todo el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.
 
Ya no digamos del Protocolo Latinoamericano publicado por ONU Mujeres y por todos los Protocolos de investigación de feminicidio.
Esa postura institucional es el mayor obstáculo que influye en la opinión pública en forma negativa y contraria al reconocimiento de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y a los mandatos derivados de las Recomendaciones Generales de la CEDAW, el Mecanismo de Seguimiento a Belém do Pará y por supuesto a la Sentencia de Mariana Lima, en la que se establecen claramente estándares y criterios para la investigación de los asesinatos de las mujeres.
 
Ahí están las notas rodando por todo el país en los que son las Fiscalías las que “filtran” que se “no se trató de un feminicidio sólo la mató su ex por infidelidad”, y más preocupante es que las coberturas periodísticas dentro del Sistema Penal Acusatorio sigan con los mismos vicios del sistema anterior y criminalicen a las víctimas y obstaculicen el acceso a la justicia para las víctimas.
 
El principal obstáculo y trabajo a favor de los agresores y feminicidas no lo hacen los abogados de la defensa, sino las coberturas periodísticas que afirman que no son feminicidios sino crímenes pasionales, y con ello generan un ánimo en la opinión pública contrario a los derechos de la víctima que tiene en contra a todo el sistema y que es silenciada sin que se respeten sus derechos.
 
No es cosa pequeña una equivocada cobertura. Es, además de irresponsable, una pieza clave para entender por qué si hay 7 mujeres asesinadas diariamente por razones de género, hasta ahora son mínimos los casos de sentencias contra feminicidas por todo el país. Simplemente porque la reticencia al tipo penal encuentra alianzas patriarcales que dejan sin justicia a las víctimas y los medios de comunicación y sus coberturas son parte de esas alianzas.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG








OPINIÓN
   MUJER SONORA
   
Alertas que sirven. Sonora y la AVG
Imagen de Silvia Nuñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 12/07/2017

El que Sonora haya hecho del proceso de la Alerta de Género una vacilada, no significa que las alertas de género no sirvan. Dos años para atender la solicitud y una prórroga sin fundamento, son muestras de ello.
 
El mecanismo creado como algo muy novedoso en 2006 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, vislumbraba lo que venía: un incremento en la violencia feminicida, pues ya había evidencia de que no solo en Chihuahua se disponía de la vida de las mujeres, sino en todo México.
 
Y es que esa ley vanguardista en su momento también pensó en la AVG como una protección y un límite, después del cual pararían las muertes violentas de género contra las mujeres.
 
Pero también quienes la hicieron, pensaron en el resguardo de la integridad individual al introducir las órdenes de protección como un mecanismo amplio de urgencia para salvaguardar la vida de las mujeres que estuviera en riesgo de feminicidio.
 
Ninguno de los dos ha funcionado. Pero no por sí mismo, ni porque estén mal diseñados. El problema ha sido la forma en que se han interpretado y manoseado.
 
Visto como una fuente de posibilidades de obtener beneficios políticos, mercantiles y de posición de fuerza entre los grupos internos de los partidos que gobiernan, lo último en lo que se piensa es en las mujeres, candidatas a ser asesinadas. En las preasesinadas.
 
Si habláramos en términos religiosos –lenguaje adoptado por personas políticas- es un pecado el no haber aprovechado los mecanismos de ley, para evitar que murieran más mujeres.
 
Todos los casos de feminicidio ocurridos después de que a través de las solicitudes de AVG se ha advertido por parte de la sociedad civil de que la violencia feminicida se ha recrudecido, pasan a ser responsabilidad del Estado.
 
Ningún gobernador o gobernadora puede criticar el mecanismo de AVG, si no ha hecho nada para tomar los beneficios que éste tiene para que las mujeres no sigan muriendo a manos del machismo brutal.
 
La Alerta de género no solo es un aviso de que en ese territorio se ha incrementado la incidencia de feminicidio, y de actos feminicidas en grado de tentativa –por el momento- que anuncian más muertes. Es también la única posibilidad que tienen las instituciones para demostrar que las vidas de las mujeres y las niñas les importan.
 
A pesar del fondo específico etiquetado para operar las alertas de género que han sido declaradas, cuya convocatoria la abrió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el 26 de diciembre de 2016, los gobiernos insisten en lamentar que “no existen recursos para las alertas”.
 
Pero en Sonora no solo se repite esta afirmación imprecisa. El gobierno del estado tenía conocimiento de que los municipios de Cajeme y Hermosillo se encuentran entre los cincuenta de más riesgo en México, y dejó crecer la violencia.
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2107, publicado el 30 de noviembre de 2016, se destinan 5 mil millones de pesos para el Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, las entidades federativas (Fortaseg 2017).
 
El Fortaseg  enlistó los 50 municipios de mayor riesgo y los cuales deberían ser atendidos con perspectiva de prevención. Ahí figuran Hermosillo y Cajeme.
 
El 1 de enero de 2017, emitió los lineamientos para el otorgamiento del subsidio en materia de seguridad pública a quienes ejerzan de manera directa o coordinada la función.
 
Tema prioritario en el decreto son la capacitación y certificación de las policías, así como el fortalecimiento del Sistema de Justicia Oral. La bolsa concursable era de 5 mil millones de pesos.
 
Someterse a un riguroso proceso de transparencia y rendición de cuentas, es decir hay que presentar proyectos, no solo recibir recursos en forma discrecional. La parte de la fiscalización y auditoría es lo que a muchas instituciones no les gusta.
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los 300 municipios que cuentan con características de riesgo, entre ellos: Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado.
 
Pero los de urgencia son Cajeme y Hermosillo, por lo que se encuentran entre los 50 municipios de atención prioritaria con perspectiva de prevención.  Se asignan para proyectos especiales de prevención social de la violencia y la delincuencia y de atención del delito de homicidio doloso.
 
Los criterios conforme a los cuales se determinan los valores que sirven de base para la selección de los 50 municipios beneficiarios de atención prioritaria con perspectiva de prevención son:
homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica.
 
Hasta hoy no conocemos cuáles son los proyectos a través de los cuales se pretende atender con perspectiva de prevención a Cajeme y Hermosillo pues las cifras de muertas y muertos, número de casquillos y armas utilizadas solo aumentan. De cuántas se evitaron no sabemos nada.
 
¿Es la AVGM la responsable? ¿Hay o no recursos para ejercer la prevención? Tal vez las decisiones deban tomarse con otro enfoque y no con un estricto escudo político, que solo está evidenciando la omisión.
 
No queremos más víctimas de feminicidio. No queremos que se siga subvalorando la vida de las mujeres de acuerdo a su actividad económica, por sobre la de niñas y niños. Todas las vidas son importantes. Si no queremos más asesinadas tal vez la respuesta esté en la Alerta de Género, pero con una coordinación seria, responsable, y sobre todo competente y preparada.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE
 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Organizaciones civiles vigilarán acciones del gobierno
   
Conavim rechaza por segunda ocasión AVG para Tlaxcala
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/10/2017

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) rechazó por segunda ocasión la petición de las organizaciones civiles para declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Tlaxcala por la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, con el argumento de que no pueden presentarse dos alertas por la misma causa y porque incumplieron los tiempos.

Lo anterior lo establece el Artículo 36 Ter en el párrafo segundo del Reglamento de la AVG en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que se precisa que cuando “el Grupo de Trabajo no encuentre elementos suficientes que le permitan presumir la existencia o la veracidad de los hechos que dieron lugar a la solicitud, no podrá presentarse una nueva solicitud por los mismo hechos, sin que hubiera transcurrido, por lo menos, tres meses”.

El primer intento de las organizaciones civiles fue el 8 de agosto de 2016, cuando la organización civil “Todos para Todos” solicitó la AVG para 13 municipios de Tlaxcala en los que se reconoce la actividad de grupos dedicados al ilícito de trata de mujeres con fines de explotación sexual.  

Esta primera AVG la rechazó Conavim el 4 de agosto de 2017, por lo que las organizaciones civiles “Colectivo de Mujer y Utopía”, “Justicia Pro Personas” y la “Red Retoño”, volvieron a solicitar el mecanismo diez días después, el 14 de agosto de 2017. Es decir, de acuerdo con el reglamento de la AVG las organizaciones civiles tuvieron que esperar hasta noviembre de 2017 para intentar tramitar por segunda ocasión la Alerta.

Así lo informó en entrevista con Cimacnoticias, la directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, quien proporcionó a esta agencia el documento de la negativa a la AVG que envío el 4 septiembre Conavim a las organizaciones peticionarias.

EL SIGUIENTE PASO: VIGILAR AL GOBIERNO

La directora del Colectivo Mujer y Utopía señaló que la respuesta de Conavim es producto de la negativa del Estado por reconocer la trata de mujeres en Tlaxcala y que el gobierno estatal únicamente ha simulado en el cumplimiento de la AVG y la implementación de leyes y estrategias para la prevención de la trata de personas con las que cuenta la entidad desde 2009.

“Esperamos que se decretará la AVG porque es la vía en que el Estado puede asumir su compromiso y tener la voluntad política para atender los problemas de violencia de género en Tlaxcala, y en el tema de trata entender cuáles son los mecanismos por los cuales se mantiene la explotación de las mujeres en la zona”, dijo.

Entre las vías que analizan las organizaciones civiles peticionarias de la AVG para que el gobierno estatal reaccione ante la desaparición de mujeres en Tlaxcala, es unirse a las mesas de seguimiento existentes para vigilar que las autoridades locales cumplan con las acciones que mandó Conavim.

Cabe recordar que el gobierno local tiene aún pendiente una serie de obligaciones a cumplir, como crear una Fiscalía Especializada para Investigar Delitos en Materia de Trata de Personas y un Protocolo para identificar a las víctimas.

Además deberá priorizar acciones gubernamentales en las rutas de trata de niñas y mujeres, que son: Tlaxcala-Puebla, Veracruz-Tlaxcala-Puebla, Guanajuato-Tlaxcala-Puebla, Morelos-Tlaxcala-Puebla, Ciudad de México-Puebla, Puebla-Tlaxcala-Arizona-Nueva York, ubicadas través de un diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con la información proporcionada por Edith Méndez, Conavim, el grupo de expertas y el gobierno local, aún no reanudan las mesas de trabajo sobre el seguimiento de las acciones de prevención de violencia, pues las fechas que se tenían previstas para la reunión estaban programadas en la semana del 19 de septiembre cuando ocurrió el sismo que impacto Morelos, la Ciudad de México y Puebla, y a la fecha no han tenido información de cuándo se reanudarán.

17/HZM/LGL








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