Cámara de Diputados

NACIONAL
INFANCIA
   Avanza en Comisión de Igualdad de Género, falta el pleno
   
Aprueban iniciativa para infancia en orfandad por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/10/2017

La Comisión de Igualdad de Género avaló un dictamen para reformar el Artículo 26 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de crear programas de desarrollo social para niñas y niños que quedaron en orfandad a causa del feminicidio de sus madres.

El 18 de octubre el organismo avaló la iniciativa elaborada por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, quien en abril de este año presentó la propuesta, un mes después de que Cimacnoticias publicara un reportaje sobre la falta de información y de políticas públicas para atender a niñas y niños que quedaron en orfandad por feminicidio.

La reforma es para señalar que “la federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios, se coordinaran para el diseño e implementación de programas de desarrollo social y empoderamiento económico para mujeres sobrevivientes de violencia feminicida, y para las y los dependientes de las víctimas mortales de este delito”.

La iniciativa, que aún debe ser avalada por el pleno de la Cámara de Diputados, indica que muchas de las mujeres que fueron asesinadas o son sobrevivientes de feminicidio fueron atacadas por sus parejas. Como consecuencia, ellas o sus familias quedan en la indefensión porque muchas veces dependían económicamente del feminicida.

“Para atender la violencia en contra de las mujeres es necesaria una visión integral del problema. No basta con que los feminicidas sean procesados y, eventualmente, encarcelados. Se necesita una visión más comprensiva del problema y que se atiendan a las sobrevivientes, a sus víctimas y se erradique la violencia hacia y contra las mujeres”, destacó la diputada en su propuesta.

La legisladora priista señaló que durante 2014 se registraron 2 mil 408 defunciones de mujeres a causa de agresiones intencionales y para 2015 se registraron 2 mil 383, lo que representa alrededor del 12 por ciento del total de los homicidios registrados en esos años: 20 mil 10 en 2014 y 20 mil 525 en 2015, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Como lo documentó Cimacnoticias en su investigación, la legisladora destacó que no existen datos para documentar los casos de niñas y niños que han quedado en la orfandad por causas de delitos como el feminicidio. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sólo tiene el registro de 65 casos de orfandad por feminicidio en un periodo de tres años.

Ante el creciente número de casos de mujeres sobrevivientes de feminicidio, destacó en su momento Plascencia Pacheco, es urgente la creación de programas de desarrollo social y económico que les permitan el acceso efectivo a recursos para salir de ese estado de emergencia en el que se encuentran.

A esta iniciativa se sumó la de la diputada priista Paola Iveth Gárate Valenzuela, quien en mayo pasado presentó una basada en la investigación hecha por Cimacnoticias. La legisladora propuso reformar el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el artículo 97 de la Ley General de Víctimas.

La propuesta de Gárate Valenzuela propone reformar la ley para que el Registro Nacional de Víctimas integre el número de niñas, niños y adolescentes hijos de víctimas de feminicidio que se encuentren en cualquier institución o entidad federal o de las entidades federativas o municipales, así como de las Comisiones de Derechos Humanos en los casos donde se hayan dictado recomendaciones o medidas precautorias; o bien, se hayan celebrado acuerdos de conciliación en este tema.

17/AGM/LGL








NACIONAL
SALUD
   Llaman al senado a no aprobar iniciativa
Objeción de conciencia responde a intereses de grupos religiosos
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/10/2017

La recién aprobada objeción de conciencia para los prestadores de servicios de salud (personal de apoyo y administrativo), representa un riesgo porque faculta a la Secretaría de Salud a incluir a más objetores y ampliar los servicios y prácticas o investigaciones en el mismo sentido.

Entrevistada por Cimacnoticias, la asesora en política y abogacía de Ipas México, Fernanda Díaz de León, explicó que el dictamen aprobado ayer por la Cámara de diputados, establece en su artículo segundo transitorio que será la Secretaría de Salud Federal la encargada de hacer, en un plazo de 90 días, los lineamientos para el ejercicio de la objeción de conciencia, lo que en su opinión es preocupante ya que podrá objetar los servicios o procedimientos médicos que considere.

El motivo no sólo es alarmante para los servicios de interrupción del embarazo, no se limita a eso, es devastador para todos los servicios de salud de las personas”, aseguró la abogada especialista en Derechos Sexuales y Reproductivos.

De lograrse esta propuesta, agregó, “desde la persona vigilante de la puerta podría decidir que está en contra de algún servicio como el aborto y podría negarle el registro a una usuaria, o el derecho a una ficha una persona que iba por cualquier otro servicio”, ejemplificó Díaz de León.

Con ello la Secretaría, si así lo reglamenta, podría ampliar y reconocer como objetores de conciencia al personal de vigilancia, servicio social, recepcionistas, entre otros, o regular en qué procedimientos médicos se puede aplicar, tal como lo pretendía en un inicio el proyecto de ley de la diputada del Partido Encuentro Social (PES) Norma Edith Martínez Guzmán, aseguró Díaz de León.

La objeción de conciencia para el personal sanitario no es una novedad, tras la despenalización del aborto en 2007 en la Ciudad de México se reconoció en el artículo 59 de la Ley de Salud local que el personal médico y de enfermería que lo practique puede objetar no hacerlo por convicciones éticas y morales, asimismo lo reconoce el apartado sexto de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) que garantiza en el país el aborto en casos de violación.

Lo que planteó la iniciativa original de la diputada Martínez Guzmán, era ampliar la objeción a “profesionistas, técnicos, auxiliares y prestadores de servicio social”, por lo que ayer en el pleno se discutieron los obstáculos que esto podría representar en el acceso a los servicios de salud reproductiva para las mujeres, quedándose limitado solamente al personal de enfermería y médico como objetor de conciencia (facultad que ya tienen).

“Es muy importante establecer las reglas y cómo es que el ejercicio de esta prerrogativa no afecte los derechos de terceros, que es lo que establece la Constitución”, pero falta que lo vote el Senado, quien podría aceptar el dictamen sin modificaciones, o bien, regresarlo a San Lázaro con adecuaciones.

Esperamos que no se apruebe y el llamado a las y los senadores es ése, ya que además es una reforma innecesaria, dijo.

“Es un dictamen que no es prioritario porque hay temas nacionales de urgente discusión y la objeción de conciencia no es uno de ellos, me parece que esta iniciativa responde a intereses de grupos religiosos por incluir en la ley sus creencias y eso es preocupante en el marco del Estado laico”, concluyó Fernanda Díaz de León.

La iniciativa de la diputada de Encuentro Social fue impulsada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) de la Comisión de Salud.  

Cabe mencionar que a lo largo de su carrera, la diputada Martínez Guzmán también se ha manifestado en contra de permitir a las mujeres a abortar en casos de violación, además presentó en 2016 una iniciativa para modificar el artículo 4° de la Constitución Política del país para “proteger la vida desde el momento de concepción y estado en contra de otras temáticas como el matrimonio igualitario. 

17/HZM/LGL








NACIONAL
POLÍTICA
   Proponen aumentar sanciones a feminicidas de menores de edad
   
Proponen aumentar sanciones a feminicidas de menores de edad
Imagen retomada de twitter
Por: Iniciativa se analiza en Cámara de Diputados
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/09/2017

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Candelaria Ochoa Ávalos y el legislador Clemente Castañeda Hoeflich, propusieron reformar el Código Penal Federal para considerar un agravante del delito de feminicidio cuando la víctima sea menor de edad y así aumentar la sanción a los responsables de estos crímenes.

En la sesión de este jueves, la diputada Ochoa Ávalos presentó una propuesta para modificar los Artículos 51 sobre aplicación de sanciones y 325 que define el feminicidio en el Código Penal Federal, para que jueces y tribunales consideren como agravante las razones de género al momento de aplicar las sanciones establecidas para este delito.

La finalidad es que las penas en casos donde la víctima sea una niña o adolescente aumenten en la mitad. Actualmente la sanción va de 40 a 60 años de prisión y de quinientos a mil días multa.

De acuerdo con estimaciones realizadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), a partir de las Estadísticas de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2012 se registraron 372 niñas de 0 a 17 años fallecidas por presunto homicidio. Además de 370 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez entre 1993 y 2003, más de la tercera parte tenía menos de 19 años.

Al presentar su propuesta la diputada Candelaria Ochoa señaló que  la violencia contra las mujeres es producto de la gran desigualdad de género en el país. “Es un problema de urgente resolución, pues además de estar enraizado culturalmente en nuestra vida cotidiana tiene muchas expresiones y manifestaciones que afectan la vida de las mujeres todos los días, todo el tiempo, llegando a terminar con su vida”, dijo.

Para la legisladora, además de crear mecanismos para prevenir la violencia contra las mujeres también es indispensable crear para sancionarla porque uno de los retos, dijo, es la impunidad, pues las instancias públicas y los mecanismos legales que se encargan de impartir justicia carecen de perspectiva de género.

Explicó que la diferencia entre violencia y violencia contra las mujeres es la misma que entre homicidio y feminicidio. “El empleo de poder es una relación de desigualdad de género, hacer uso de esa desigualdad tiene que ameritar una sanción mayor”.

Actualmente, el Código Penal Federal sólo contempla agravantes por género cuando se habla de delitos dolosos contra periodistas, en los delitos de homicidio de los artículos 315 y 217 y en el feminicidio. En el resto del Código Penal no hay ninguna consideración de lo que implica la violencia contra las mujeres.

Es por ello que la legisladora cuestionó qué pasa cuando la violencia es cometida contra mujeres menores de edad, más si las mujeres son más vulnerables y susceptibles de ser asesinadas.

En México, recordó, mueren aproximadamente, siete mujeres al día por feminicidio, miles más son violentadas sólo por el hecho de ser mujeres. La iniciativa se analizará en la Comisión de Justicia.

17/AGM/LGL

 








NACIONAL
   Legisladora pide que acudan a sesiones
   
Desdén de diputados hacia Comisión especial de Alerta de Género
Imagen retomada de Twitter de Karen Hurtado
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 14/09/2017

Sólo tres de 13 diputados que integran la Comisión especial de Alerta de Género se presentaron a la primera reunión ordinaria del organismo que se convocó para esta mañana en la Cámara de Diputados, por lo que la diputada perredista Karen Hurtado Arana reclamó ante el pleno la ausencia de los legisladores.  

A la primera sesión de este organismo donde se tenía previsto aprobar el proyecto de programa de trabajo acudieron las diputadas del Partido de la Revolución Democrática Xóchitl Arzola Vargas y Olga Catalán Padilla pero no hubo quorum para sesionar.

Esta Comisión que se instaló hace medio año, el pasado 22 de febrero cuando acudieron seis diputadas, tiene el objetivo de dar seguimiento al funcionamiento de este mecanismo de emergencia que se activa para proteger a las mujeres en todo el país.

Ante el desdén de las y los legisladores, la presidenta de la Comisión, Karen Hurtado, pidió la palabra durante la sesión del pleno para exhortar a los coordinadores parlamentarios de todos los partidos políticos a convocar a sus integrantes a asistir a las reuniones de trabajo.

“Citamos a reunión ordinaria de la comisión y de 13 diputados, sólo acudieron tres. El comunicado se hizo con anterioridad, se llamó para confirmar. Es lamentable que no les interese el tema de las mujeres, es lamentable que las sigan matando y que a nuestras mismas diputadas no les interese el tema”, dijo.

Desde su curul en San Lázaro la diputada aclaró que el objetivo de la Comisión es dar seguimiento a las Alertas decretadas, sin que esto signifique atacar a gobernadores de las entidades donde se implementa el mecanismo. “Es crear vínculos, poder ayudar en medias de prevención (de la violencia de género)”.

A la fecha la Alerta de Violencia de Género, mecanismo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está vigente y activada en 12 entidades del país: Estado de México, Morelos, Chiapas, Nuevo León, Michoacán, Colima, Nayarit, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero y San Luis Potosí.

Además, recientemente, el 7 de septiembre el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas AC, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, presentaron ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la solicitud de Alerta para la Ciudad de México.

En este contexto la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Concepción Villa González, condenó la declaración del el rector de la Universidad Madero, en Puebla, Job César Romero, quien al hablar de la desaparición de una joven, Mara Fernanda Castilla, declaró que este tipo de hechos estaban relacionados con la libertad de las mujeres.

Al respecto la diputada dijo que es preocupante escuchar este tipo de declaraciones que reflejan la nula perspectiva de género y crisis de violencia que viven las mujeres en todo el país, y más preocupante cuando la afirmación viene del rector de una universidad, de un líder para la comunidad académica.

Villa González llamó al pleno a exhortar al funcionario a tomar un curso de capacitación sobre derechos de las mujeres y violencia de género; sin embargo ningún legislador se sumó públicamente a su llamado.

17/AGM/LGL

 








NACIONAL
POLÍTICA
   Debieron aprobarlas a más tardar hoy
Reformas contra violencia política de género no se aplicarán en 2018
Imagen retomada de twitter
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/06/2017

Pese a las denuncias de violencia política y a la advertencia de líderes partidistas de que los casos de violencia política podrían aumentar en el proceso electoral 2018, senadores y diputados no convocaron a un periodo extraordinario antes del 2 de junio para incluir el concepto en la ley y aplicarlo en los próximos comicios.  
 
El Artículo 105 de la Constitución federal, en su fracción II, inciso I, indica que las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse por lo menos 90 días antes del inicio de un proceso electoral y durante el mismo no podrá hacerse modificaciones legales fundamentales.
 
En este caso, como el proceso inicia en septiembre de 2017, las reformas sobre violencia política de género se debieron aprobar a más tardar este 2 de junio y ahora no podrán aplicarse el año próximo cuando se elija Presidente de la República, se renueven 500 legisladores de la Cámara de Diputados y 128 senadores, y se realicen  además elecciones locales.
 
Esto a pesar de que en tres años, del 1 de enero de 2013 al 20 de diciembre de 2016, se registraron 335 averiguaciones por denuncias de violencia política de género, según un informe de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), organismo dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
El informe de la FEPADE sobre atención de casos de violencia política contra las mujeres de 2013 a 2016 indica que cada año aumentó el número de averiguaciones registradas: en 2013 fueron 61; en 2014 sumaron 55 y para 2015 aumentaron a 173. Sin embargo, destaca que en 2016 bajó el número de denuncias porque hubo un total de 46 casos.
 
No todas las denuncias fueron investigadas por falta de competencia de la FEPADE pero, de acuerdo con las estadísticas de la dependencia, se otorgó la calidad de víctima a 26 mujeres, en razón de la situación particular de riesgo en la que se encontraban y por el contexto político de discriminación, amenazas e intimidación.
 
El 9 de marzo, el Senado aprobó incluir la violencia política de género en las Leyes Generales; de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
ESTANCADA
 
La reforma para dejar en claro que constituye un delito denostar, menoscabar y restringir las funciones de una mujer que ejerce la política, fue enviada a la Cámara de Diputados, pero en este órgano no pasó al pleno porque antes debió ser aprobada por las Comisiones para la Igualdad de Género, y de Gobernación, pero sólo se avaló en esta última.
 
Una vez que en abril concluyó el periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, legisladoras de todos los partidos políticos exigieron que las reformas sobre violencia política se aprobaran en un periodo extraordinario de sesiones.
 
Los reclamos de diputadas y más tarde de senadoras hicieron que el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Martínez Neri, aseguraran en la última sesión del periodo ordinario en la Cámara de Diputados que “sería un tema a discutir”.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
POLÍTICA
   Cabildean para incluirlo en periodo extraordinario
Urge ley contra violencia política de género antes de 2018: senadoras
Imagen retomada de twitter
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/05/2017
Para conseguir que en México más mujeres compitan en los comicios, sean electas y gobiernen, es necesario definir la violencia política de género en la ley, tema pendiente en la Cámara de Diputados que podría aprobarse en un periodo extraordinario del Congreso de la Unión, en junio próximo.    
 
Después de cinco años de propuestas y análisis y luego de que en 2013 el Senado aprobó una primera propuesta para definir este término –misma que no fue ratificada en la Cámara de Diputados–, el pasado 9 de mayo de 2017 el Senado aprobó un dictamen para incluir la violencia política por razones de género en cinco Leyes Generales.    
 
Como en la primera ocasión, el reciente dictamen aprobado en la Cámara alta fue enviado a la Cámara baja para su aval. Las reformas fueron analizadas en la Comisión de Igualdad de Género y en la Comisión de Gobernación pero sólo fue ratificado por las y los diputados de la segunda por lo que no pasó al pleno para su votación.  
 
Al hacer un recuento sobre este proceso legislativo, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, la priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, quien participó en la dictaminarían de la iniciativa de 2013 y 2017, expone que de cara a las elecciones de 2018 las senadoras están solicitando que sea un tema a tratar en un eventual periodo extraordinario de sesiones.  
 
La senadora adelantó que ya habló con el presidente de la Mesa Directiva de Comisión Permanente del Congreso, el senador Pablo Escudero, a quien le propuso que el tema de legislar la violencia política se discuta y apruebe en el periodo extraordinario que podría citarse en junio próximo; sin embargo todavía se está cabildeando este compromiso.  
 
LEY SOBRE VIOLENCIA GARANTIZARÁ PARIDAD
 
De acuerdo con Gastélum Bajo, en 2014 se logró la paridad –es decir, la obligación de los partidos de dar a las mujeres el 50 por ciento de candidaturas a cargos de elección–, un avance valioso que no puede cumplir su objetivo a cabalidad si no se blinda y si no se para, contiene y sanciona la violencia política en razón de género.  
 
Sobre la reciente reforma aprobada en el Senado, la legisladora dijo que fue una minuta muy exitosa porque se reforman cinco Leyes Generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
En opinión de Gastélum Bajo, para la elección presidencial de 2018, cuando también se renovarán 500 diputaciones federales y 128 senadurías, existirá la obligación de los partidos políticos de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres a todos los cargos, pero no debe faltar la garantía de que las mujeres puedan participar sin que sean violentadas.   
 
“Ya pasamos de la cantidad, de que un partido salga a decir 'somos 50-50', a la garantía de una participación real de las mujeres, que les permita ganar, estar en la toma de decisiones; de eso se trata y lo vamos a hacer”, aseguró.  
 
Desde 2012, cuando se presentó la primera propuesta en el Senado, las legisladoras señalaron que las mujeres que desean participar en política como candidatas para ser parlamentarias, gobernadoras o integrantes de los ayuntamientos, son difamadas, agredidas y amenazadas por opositores y compañeros de partido que no quieren que incursionen en este terreno.  
 
RESISTENCIAS PARTIDISTAS
 
Al respecto, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, quien en noviembre de 2012 presentó la primera propuesta para reconocer la violencia política de género, destaca en entrevista que el proceso ha sido largo debido a múltiples factores porque han tenido que explicar el concepto y hacer conciencia.  
 
La senadora señaló que siguió el proceso parlamentario en la Cámara de Diputados, por ello se comunicó con la también priista y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de este organismo, Laura Plascencia Pacheco, quien en su momento le dijo que se iba a tratar de aprobar en Comisiones para después pasarla al pleno.  
 
Sin embargo la propuesta no se discutió en la Comisión presidida por Plascencia Pacheco y tampoco se trabajó en Conferencia, es decir en coordinación entre senadoras y diputadas. “Me habían dicho que sí, pero ya no se pudieron reunir y algunos, de varios partidos, señalan que fue la fracción priista (la que detuvo la reforma), sin embargo, las mujeres, la mayoría, todas, querían el tema porque lo han vivido, lo han sentido”, dijo.  
 
La senadora acotó que no tiene idea de las razones o si sólo fue falta de tiempo para no avalar la propuesta en la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputadas, pero acotó que hay resistencias de todos los partidos porque incluso avanzó más rápido la propuesta del Senado de aprobar el 17 de agosto como el Día Nacional de la Abeja.  
 
Como la propuesta de reconocer la violencia política en la ley no se aprobó, no se podrá invocar como tal. Sin embargo, cabe mencionar que la candidata de Movimiento Regeneración Nacional a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, mantiene una denuncia ante el Instituto Electoral estatal con base en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres creado por instituciones electorales en 2016. 
 
17/AGM/GG
 
 







NACIONAL
SALUD
   Reforman diputados Ley de Salud
Embarazadas tendrán derecho a saber y decidir prácticas obstétricas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/04/2017
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud para indicar que los prestadores de salud deben informar a las mujeres embarazadas cuáles son las prácticas obstétricas y los distintos métodos de atención al embarazo, parto, post parto y puerperio para que ellas elijan la opción que prefieren.
 
La propuesta original era establecer la obligación de las autoridades sanitarias de tomar medidas para que el personal de salud no cause daño físico o psicológico a las mujeres durante la atención del embarazo, parto y después del alumbramiento, esto a fin de responder a la recurrente violencia que ejercen médicos y enfermeras.
 
Sin embargo, la Comisión de Salud determinó modificar la iniciativa, presentada por la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Maricela Contreras Julián, porque consideró que la “violencia obstétrica” ya están en la ley y en la Norma Oficial Mexicana 007 (NOM 007) para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.
 
La iniciativa modificada que se publicó en el último día del periodo ordinario de sesiones y que podría ser votada hoy en el pleno, también tomó en cuenta la necesidad de salvaguardar la integridad del producto y el hecho de que dar información a la mujer sobre las prácticas obstétricas evitaría conductas que le pudieran ocasionar daño físico o psicológico.
 
La propuesta original también modificaba el Artículo 61 bis de la Ley General de Salud para decir que las autoridades sanitarias deben evitar el trato cruel, inhumano y degradante, la inadecuada prescripción de medicamentos, o afectar el derecho de las mujeres a decidir de manera libre e informada sobre su reproducción, pero este texto tampoco fue aprobado.
 
Otra iniciativa similar fue presentada por las diputadas de Movimiento Ciudadano, Claudia Sofía Corichi y Marbella Toledo Ibarra para establecer en la ley la obligación de las autoridades sanitarias de tomar acciones para reforzar la formación de médicos ginecobstetras y enfermeras para atender el parto vaginal y la atención del parto humanizado. Esta tampoco fue retomada.
 
Uno de los argumentos de las legisladoras promoventes fue que el mayor número de quejas por malas prácticas médicas que reporta la Comisión Nacional de Arbitraje Médico corresponde al área de ginecobstetricia, por lo que aseguran que el problema más agudo el sistema de salud lo enfrentan las mujeres.
 
El informe “Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos”, realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), indica que esta violencia puede ser desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, entre otras acciones y omisiones.
 
De acuerdo con GIRE, aun cuando en la Ley no quedara explícitamente incluida la figura de violencia obstétrica, la violencia psicológica, física e institucional proporcionan un marco adecuado para el encuadre de las conductas que constituyen violencia obstétrica. En el ámbito local, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz han incorporado definiciones de violencia obstétrica en sus leyes locales.
 
17/AGM/GG
 
 







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Avanzó en lactancia materna, madres solteras y tortura
San Lázaro deja pendientes reformas sobre NOM 046 y violencia política de género
Imagen retomada del facebook de la Cámara de Diputados
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/04/2017

Durante el segundo periodo ordinario de sesiones, que concluyó este 28 de abril, la Cámara de Diputados aprobó reformas en materia de lactancia y maternidad de las trabajadoras, asistencia social a madres solteras y la expedición de una ley de tortura, pero dejó pendiente reconocer en la ley la violencia política de género.
 
En este periodo de sesiones, que comenzó en febrero y concluyó en abril, se aprobaron reformas en favor de los derechos de las mujeres, entre ellas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley Federal de Trabajo y la Ley de Asistencia Social.
 
Las legisladoras federales, que conforman el 425.6 por ciento de la Cámara baja, junto con sus compañeros, también avalaron la expedición la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que considera las particularidades de las víctimas mujeres.
 
Sin embargo la propuesta que no avanzó fue la de incorporar la NOM 046 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reforzar la obligación de prestadores de salud de garantizar la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual.
 
Tampoco se avalaron las reformas a las leyes generales en materia político electoral para incorporar el concepto de violencia política de género, toda vez que estas modificaciones debieron ser avaladas por la Comisión de Gobernación y la Comisión de Igualdad de Género pero sólo la primera la aprobó.
 
REFORMAS APROBADAS
 
En materia de género se aprobó una reforma al Artículo 12 de la Ley de Asistencia Social para decir que se entiende como servicio básico en materia de asistencia social el apoyo a mujeres en periodos de gestación o lactancia y madres solas que tengan hijos menores de 18 años, con especial atención a adolescentes en situación de vulnerabilidad.
 
La reforma, que aún debe ser ratificada por el Senado, tiene el fin de que estas mujeres puedan beneficiarse de los programas sociales. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 10.1 de las mujeres de 12 años y más, con al menos un hijo, son viudas; 8.44 son separadas y 2.8 por ciento están divorciadas.
 
Otra reforma que se aprobó en San Lázaro fue una minuta para precisar, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que la violencia laboral también es negar las oportunidades de ascenso a las mujeres, así como exigirles la presentación de certificados médicos de no embarazo.
 
Uno de los argumentos de las y los legisladores es que la Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2011, realizada por el Inegi, señala que una de cada cinco mujeres ocupadas de 15 años y más, es decir 20.6 por ciento, declaró haber tenido al menos un incidente de discriminación laboral.
 
También en materia laboral se reformaron los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo; y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para las trabajadoras embarazadas puedan distribuir sus 12 semanas de descanso antes y después del parto y  tengan la opción de reducir una hora laboral para amantar a su hijo. 
 
En otro dictamen se reformó el Artículo 25 de la Ley General de Acceso, a fin de establecer que la Secretaría de Gobernación (Segob) también notifique a los ayuntamientos sobre las declaratorias de Alerta de Violencia de Género.
 
La Cámara de Diputados además aprobó la expedición de una ley general en materia de tortura, que establece una pena mayor si la víctima fue sometida a cualquier forma de violencia sexual y señala que los dictámenes para acreditar el delito deberán ser realizados por peritos mujeres en caso de que la víctima sea mujer, entre otras consideraciones.
 
PENDIENTES LEGISLATIVOS
 
El tema que quedó pendiente fue una reforma a la Ley General de Acceso para incorporar la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que contempla la anticoncepción de emergencia y el aborto en casos de violación sexual, una propuesta avalada en la Comisión de Igualdad de Género y que pasó al pleno pero fue retirada en tres ocasiones por “no tener consenso”.
 
En este tema las legisladoras del Partido Acción Nacional e integrantes de asaciones civiles como Pasos por la vida se manifestaron en contra de la aplicación de la NOM-046; mientras que legisladoras de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, en su mayoría, apoyaron la propuesta.
 
A pesar de que la NOM 046 no se incorporó a la Ley General de Acceso, los prestadores de salud siguen obligados a ofertar la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual, ya que esta norma es una política de aplicación nacional.
 
El segundo pendiente legislativo fue avalar la minuta que envió el Senado para definir el concepto de violencia política de género como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al Pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
 
Esta definición, que se incluiría en cinco leyes generales, fue avalada en la Comisión de Gobernación, pero no en la Comisión de Igualdad de Género, por lo que no se presentó ante el pleno, por lo que podría retomarse en el siguiente periodo de sesiones en agosto próximo.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Con agravantes si se comete contra niñez y mujeres embarazadas
Aprueban Ley sobre Tortura en San Lázaro y la envían al Senado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/04/2017

El pleno de la Cámara de Diputados ayer aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que contempla agravantes en caso de que la víctima sea menor de edad, una mujer embarazada o sobreviviente de violencia sexual.
 
Con 417 votos a favor, el pleno aprobó la minuta enviada por el Senado pero hizo modificaciones, por lo que el proyecto fue regresado a la Cámara alta para su ratificación. La Ley debió estar lista desde el pasado 5 de enero, fecha en que se cumplió un año del límite establecido por el Congreso de la Unión para expedirla.
 
Una vez que se avale esta ley –y se derogue la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1994– entrarán en vigor nuevas consideraciones, por ejemplo: la tortura será un delito que no prescribe; se investigará de oficio o a petición de las partes y se crearán fiscalías especializadas para investigar en el ámbito local y federal.
 
Esta Ley haría frente a la tortura, una práctica que en las mujeres se caracteriza por la violencia sexual, como asegura el informe de Amnistía Internacional  “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, que documentó 100 casos de tortura hacia mujeres.
 
PENAS DIFERENCIADAS
 
La minuta avalada en San Lázaro prevé penas diferenciadas, dependiendo de si la conducta delictiva la comete un servidor público o no, y aumentará hasta en una mitad cuando se cometa contra poblaciones en vulnerabilidad como niñas, niños, adolescente, mujeres gestantes, personas con discapacidad o adultas mayores.
 
También se establece una pena mayor si la víctima fue sometida a cualquier forma de violencia sexual; si es migrante, afro descendiente, indígena, periodista o se trata de una persona defensora de Derechos Humanos o cuando la tortura sea motivada por la identidad de género u orientación sexual de la víctima.
 
Adicionalmente en el tema de investigación se establecen reglas especiales para considerar la calidad de la víctima y las situaciones particulares a la hora de realizar los dictámenes periciales. Por ejemplo, estos dictámenes deberán evitar la revictimización y se realizaran en compañía de los padres si se trata de menores de edad.
 
Los dictámenes para acreditar la tortura deberán realizaran en lugares seguros, salubres, que garanticen la privacidad de la persona, de preferencia con peritos mujeres en caso de que la víctima sea mujer o menor de edad y en casos de violencia sexual habrá asistencia médica con especialistas en ginecología, quien debe ser del mismo sexo de la víctima.
 
Estos procedimientos deben realizarse con base en los principios establecidos en los protocolos con perspectiva de género en la materia. El dictamen señala que se debe garantizar la plena igualdad al valor probatorio de dictámenes aportados por peritos independientes, incluso se prevé la negativa de aceptar peritajes que no cuenten con el consentimiento informado de las víctimas.
 
TENTATIVA
 
La tortura también podrá perseguirse en grado de tentativa, es decir, cuando el agresor inicie su ejecución sin que se consume o cuando un sujeto ordene cometer el delito pero no se lleve a cabo por causas ajenas a su voluntad. Además este delito podrá investigarse de oficio o a petición de las partes.
 
La nueva Ley considera la exclusión o su nulidad de la prueba en un proceso si fue obtenida mediante tortura o por cualquier otra violación a derechos humanos en cualquier etapa del procedimiento y el juez deberá dar vista a la Fiscalía Especializada con el objetivo de que se inicie la investigación por el delito.
 
En materia de prevención, la minuta establece la Creación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Mecanismo Nacional de Prevención; y del Registro Nacional de este delito.
 
Cabe decir que organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, como los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Tlachinollan; Zeferino Ladrillero y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, exigieron al Congreso tomar en cuenta las recomendaciones internacionales para prevenir, investigar y sancionar este crimen.
 
Agrupaciones civiles aseguran que hay una falta de cifras pero los organismos de Derechos Humanos han constatado la gravedad del problema. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los organismos públicos de DH registraron 3 mil 195 y 3 mil 20 presuntas violaciones por tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el año 2013 y 2014, respectivamente.
 
La Cámara de Diputados informó que de acuerdo con la Procuraduría General de la República, hasta abril de 2015 contaba con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estado registra 15 sentencias condenatorias por casos de tortura desde 1991.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
POLÍTICA
   No se logró que fueran 3 mujeres
Dania Ravel y Beatriz Zavala serán consejeras del INE por nueve años
Imagen retomada del twitter de la Cámara de Diputados
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/03/2017

La Cámara de Diputados avaló ayer, por mayoría calificada y con la oposición del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a las dos consejeras y un consejero elegidas por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para formar parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026.
 
Se trata de Dania Paola Ravel Cuevas, Beatriz Claudia Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez, quienes se integrarán al Consejo General del INE por 9 años y participarán en la organización de la elección presidencial de 2018, la de  2024 y los comicios intermedios.
 
Con esta decisión, se incumplió la demanda que hicieron el 28 de marzo pasado, diputadas del  Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), para que los tres puestos fueran ocupados por mujeres. Una demanda que se expresó también en una petición de change.org, para aprovechar “una oportunidad histórica y necesaria para que los hombres se comprometan con las mujeres” indicó  entonces la diputada del partido MC, Candelaria Ochoa.
 
Las dos consejeras y el consejero designados sustituyen a los consejeros Beatriz Galindo Centeno, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo quienes dejarán el cargo el 4 de abril.
 
Morena votó en contra, por considerar que no son personas idóneas y había otras aspirantes que lograron mayor puntaje en su evaluación, explicó la coordinadora parlamentaria de ese partido, Rocío Nahle. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN
 
Desde el 28 de febrero y hasta el 3 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación instalado para organizar el proceso de selección recibió a 151 aspirantes, de los cuales 44 eran mujeres; de ese número ocho llegaron a la etapa final de 15 seleccionados.
 
Los aspirantes fueron integrados en tres quintetas, de las que se elegirá a uno. En la primera participaban Dania Paola Ravel Cuevas y Diana Talavera Flores. Ambas se desempañaron como consejeras en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
 
En la segunda lista estaban Carla Astrid Humphrey Jordán, ex consejera electoral en la Ciudad de México y ex asesora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; si como María Dolores López Loza quien fuera integrante del Instituto Electoral de Guanajuato.
 
La tercera quinteta se integró con Elizabeth Bautista Velasco, quien fue consejera en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; Rosa María Cano Melgoza, quien fungió como directora Jurídica en el extinto Instituto Federal Electoral; y Beatriz Claudia Zavala Pérez, también ex consejera del IEDF.
 
Previo a conocer las tres propuestas finalistas, diputadas y activistas pidieron que la Jucopo de la Cámara baja eligiera a tres mujeres, para ser avaladas en votación por el pleno de diputados,  con el fin de que Consejo General del INE –integrado por un consejero presidente y 10 consejeros electorales– se conformara de manera paritaria por cinco mujeres y seis hombres.
 
Con la salida de los tres integrantes que terminan su periodo, en el INE, quedan seis hombres: Lorenzo Córdova Vianello, Enrique Andrade González, Marco Antonio Baños Martínez, Ciro Murayama Rendón, Benito Nacif Hernández y José Roberto Ruiz Saldaña; y dos mujeres: Pamela San Martín Ríos y Adriana M. Favela Herrera.
 
OPORTUNIDAD HISTÓRICA PERDIDA
 
La propuesta del 28 de marzo de diputadas del PRI, PRD y MC fue apoyada también por Martha Tagle, quien fuera senadora y actual integrante de la Red Mujeres en Plural; por la diputada perredista y presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, Maricela Contreras; por el colectivo Las Constituyentes y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales.
 
Ese mismo día, 28 de marzo, el diputado y vicecoordinador de la bancada priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que la equidad de género “se volvió un problema” porque la Constitución prevé un procedimiento que no permite incluir este criterio en la integración del INE.
 
“Sin embargo, creo que los grupos parlamentarios estamos procurando privilegiar las opciones de mujeres que tenemos, ojalá esto termine dando resultados, pero no se puede establecer como un principio, ya que no lo establece la Constitución como un requisito”, afirmó.
 
Además, en la plataforma change.org se difundió una petición dirigida a la Cámara de Diputados que exigía más mujeres como consejeras electorales y en la que se dice que “los lineamientos internos del INE establecen un compromiso con acciones que privilegien la sana, justa y equitativa del Consejo General que hasta el momento no se han cumplido”.
 
El 30 de marzo, fecha límite para la votación de la lista de 15 aspirantes y para la presentación de la terna ante el pleno, se decidió que serían dos mujeres y un hombre, con lo cual no se  logró, en un esfuerzo por alcanzar la  paridad, que fueran  tres las consejeras que se integraran al INE.
 
 
17/AGM/GG








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