ESTADOS
VIOLENCIA
   Reforma a Ley de Acceso también asigna tareas al Tribunal
Suman Fiscalía de Veracruz al Sistema para garantizar vida libre de violencia
Imagen retomada del twitter del Congreso de Veracruz
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver .- 22/06/2017 Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron el Dictamen de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz que incorpora la Fiscalía General del Estado (FGE) al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, dotándole de atribuciones en la materia.
 
Con 42 votos a favor de diputados de los partidos  Acción Nacional (PAN), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), del grupo legislativo Juntos por Veracruz y del legislador del Partido Verde (PVEM), el pleno avaló esta reforma con la también se establecen atribuciones al Tribunal Superior de Justicia, dado que el Poder Judicial es la instancia donde las mujeres requieren de mecanismos que faciliten su acceso a la justicia y de resoluciones con pleno apego a sus Derechos Humanos.
 
Esta reforma es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 24 de enero la diputada Teresita Zuccolotto Feito a nombre del grupo legislativo del PAN.
 
Conforme a la reforma, corresponde a la Fiscalía General del Estado garantizar mecanismos expeditos en la procuración de justicia para asegurar el acceso de las mujeres a la justicia plena y promover la formación y especialización con perspectiva de género de las y los Fiscales y de todo el personal encargado de atender a las y los denunciantes.
 
También brindar a las mujeres víctimas de violencia la asistencia y orientación jurídica adecuada, de conformidad con los ordenamientos aplicables y evitar la conciliación en los casos de violencia contra las mujeres, en tanto dure la situación de violencia.
 
Alimentar el Banco Estatal de Datos en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres; elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género y brindar protección a las mujeres víctimas de violencia y a quienes denuncien cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
 
Instrumentar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, acciones para prevenir la violencia contra las mujeres y desarrollar campañas de difusión sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia.
 
Por lo que respeta al Tribunal Superior de Justicia del Estado,  le corresponde formar, actualizar y especializar a su personal en materia de Derechos Humanos de las mujeres y crear sistemas de registro que incorporen indicadores que faciliten el monitoreo de las tendencias socio­jurídicas de la violencia contra las mujeres y de su acceso a la justicia.
 
También promover una cultura libre de estereotipos de género, de roles y lenguaje sexista; informar sobre los procedimientos judiciales en materia de violencia de género contra las mujeres; coordinar, dirigir y administrar las órdenes y medidas de protección e informar sobre las circunstancias en cómo se ejecutan y alimentar el Banco Estatal de Datos en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres.
 
Emitir sus resoluciones con base en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de las mujeres y generar mecanismos, y promover su implementación para la detección de violencia contra las mujeres.
 
Las comisiones dictaminadoras coinciden en que ante la Alerta de
Violencia de Género emitida por la Secretaría de Gobernación a Veracruz en noviembre de 2016, donde existen obligaciones que deben cumplir tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General del estado, es importante incorporar sus atribuciones en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

17/RED/GG







ESTADOS
POLÍTICA
   Presididas por mujeres 14 de 38 alcaldías
Congreso de Coahuila, por primera vez, más mujeres que hombres
Imagen retomada del facebook del Congreso de Coahuila | Imagen Mario Meza López
Por: Sofía Noriega, corresponsal
Cimacnoticias | Saltillo, Coah.- 16/06/2017 Por primera vez en el estado de Coahuila, habrá más mujeres que hombres en el Poder Legislativo, ya que serán 13 curules femeninas y 12 masculinas.
 
Esta nueva composición donde prevalecerá la presencia de las diputadas, es un logro para el empoderamiento del sexo femenino en el ámbito político, lo cual se debe traducir en un Congreso con perspectiva de género.
 
Así lo expresó la investigadora y especialista de la Universidad Autónoma de Coahuila, Hortencia Hernández Méndez.
 
Además, es de resaltarse que 14 de las 38 alcaldías serán presididas por mujeres, escenario inédito en la historia de Coahuila.
 
Para lograr esto, se requirieron hacer una serie de adecuaciones legales que se consolidaron lentamente, ya que la primera reforma electoral para priorizar la paridad de las cuotas partidistas fue la de 1996, adicionada a la fracción XXII, al Artículo primero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) que estableció que los partidos políticos consideraran en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70 por ciento de un solo género.
 
En el estado de Coahuila se introdujo la cuota de género en la Reforma Electoral del 2001, sin embargo, no fue sino hasta la presente legislatura, la LX, que participaron 12 mujeres en su composición original, ocho del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una de Nueva Alianza, dos del Partido Acción Nacional (PAN) y una del Partido Socialdemócrata.
 
En la próxima, que será la LXI legislatura, el Congreso de Coahuila quedará por mayoría relativa con cinco mujeres del PRI, tres del PAN y una de la Unidad Democrática de Coahuila (UDEC). Por representación proporcional serán una del Revolucionario Institucional, dos del PAN y una del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
 
Hernández Méndez recordó que, en todos sentidos, es una novedad que representa grandes retos para las mujeres que asumen dicho cargo.
 
“La cuota de género es un mecanismo que permite resarcir los efectos de la discriminación y se conoce como una acción afirmativa que les da oportunidad a las mujeres de participar en la política; de otra manera no se lograría esa posición, porque existe una cultura patriarcal”.
 
En esta situación, dijo, lo más importante de ahora en adelante será que las diputadas asuman una perspectiva de género y que hagan propuestas encaminadas a favorecer a las personas que menos tienen para que alcancen su potencial en dignidad de igualdad.
 
Cabe recordar que la LV Legislatura del Congreso de Coahuila modificó en 2001 la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del estado para hacer obligatorio que no más del 70 por ciento de candidatos a diputados de mayoría relativa, entre propietarios y suplentes, perteneciera a un mismo género.
 
El estado de Coahuila fue pionero en incluir en su legislación la cuota de género obligatoria en la postulación de candidaturas a diputaciones por ambos principios. En el año 2011, el Congreso dio un pleno reconocimiento a la paridad de género antes que se hicieran las reformas correspondientes a nivel federal, para que no solo los candidatos de mayoría relativa, sino también los postulados por la vía de representación proporcional cumplieran con esta regla.
 
También, se hicieron las adecuaciones correspondientes en el caso de los ayuntamientos, en el que el órgano electoral del estado tiene la obligación de hacer cumplir el requisito de género, aunque la lista de los partidos no cumpla con ello.
 
Durante el presente proceso electoral,  la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó, tanto al Instituto Electoral de Coahuila como a los partidos políticos, a cumplir con la paridad de género; en el caso de la Coalición “Por un Coahuila Seguro” se tuvieron que sustituir seis candidatos a las alcaldías.
 
LA NECESARIA DEFENSA EN TRIBUNA
 
“Si hacemos una somera revisión de las iniciativas que realizaron  las diputadas de la LX  Legislatura, sus propuestas son escasas y de bajo impacto en materia de perspectiva de género”, dijo Hortencia Hernández, especialista en el tema de género y encargada de un observatorio en la materia.
 
La mayoría de las iniciativas con impacto afirmativo fueron enviadas por el Ejecutivo estatal y están relacionadas con la eliminación del matrimonio infantil y con los preceptos discriminatorios en la legislación familiar.
 
También se discutió y aprobó, a propuesta del gobierno estatal,  la reforma estructural a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la homologación y creación de delitos cometidos en su mayoría contra la población femenina, las niñas, niños y adolescentes.
 
Además se reconoció el derecho a las concubinas, la nulidad de matrimonios de personas menores de edad y tipos penales armonizados con la legislación nacional.
 
Al igual, el Ejecutivo estatal firmó las Iniciativas de Decreto para Reformas al Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo, que otorgarán a las mujeres trabajadoras que presenten parto prematuro el derecho a disfrutar, además de las seis semanas posteriores al parto, las previas al mismo, mientras que al cónyuge varón se extenderá un permiso de seis semanas, con goce de sueldo, para la atención a su mujer y bebé.
 
En tanto, la que se refiere a la Ley de Salud tiene como propósito que las autoridades sanitarias establezcan acciones para impulsar la instalación de lactarios en dependencias o entidades públicas estatales, así como en Instituciones de Educación Pública o Privada, para que las madres atiendan a sus recién nacidos en sus centros de trabajo.
 
“Creo que las diputadas no han representado debidamente a las mujeres de Coahuila, ya que si bien han hecho muy diversas propuestas, son pocas y de poco impacto las relativas a las políticas de género, las que se han presentado en su gran mayoría son por el gobernador del estado”.
 
Dijo que lo importante es que las diputadas actuales y las que entrarán en funciones el año entrante asuman el reto de que sus iniciativas protejan a las mujeres en rubros que todavía están pendientes y además tomen un papel más activo para implementar medidas en contra la degradación del medio ambiente, por ejemplo.
 
“Ellas necesitan desarrollar políticas con enfoque ecológico, políticas para reducir el embarazo adolescente,  para reducir la violencia intrafamiliar, políticas para prevenir infecciones de transmisión sexual, como el VIH”.
 
Añadió: “no es tanto que sean mujeres sino que, como mujeres, impulsen un modelo de desarrollo con equidad y sustentabilidad en todos los sentidos y que, sobre todo, trabajen una perspectiva de género”.
 
17/SN/GG







ESTADOS
SALUD
   Miedo a perder seguridad social detienen denuncias
Veracruz: servicios de salud desoyen leyes contra violencia obstétrica
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Brisa Gómez
Cimacnoticias | Veracruz, Ver.- 09/06/2017
Margarita y María viven en Veracruz, viven con VIH y fueron víctimas de violencia obstétrica, agresión verbal, discriminación y maltrato psicológico en el Hospital Regional de Poza Rica y en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, a donde acudieron para atender sus embarazos y partos.
 
La violencia ejercida contra ellas en estas instituciones del Sector Salud, que tuvo también como consecuencia la muerte de la hija recién nacida de Margarita, sucedió en la entidad que fue, paradójicamente, la primera en incluir el delito de “violencia obstétrica” en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en febrero de 2008.
  
Esta se define, en el Capítulo Primero, Artículo Séptimo de la norma, como la “apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad”.
 
Sin embargo, hasta hoy no existe registro de que se haya sancionado un caso de violencia obstétrica cometido contra pacientes con VIH en la entidad.
 
Veracruz es también el estado donde, desde 2010, está tipificada esa conducta como delito, en el Artículo 363 de su Código Penal.
 
Ahí también se aprobó, por primera y única vez en el país, una Ley para Enfrentar la Epidemia del VIH/Sida, la cual establece mecanismos de educación, prevención y atención a hombres y mujeres de todas las edades. A nueve años de decretada, sigue sin cumplirse.
 
DE LA NORMA A LA REALIDAD 
 
Pese a la existencia de un marco jurídico para que las mujeres embarazadas que viven con VIH reciban una adecuada atención médica, Veracruz es la segunda entidad del país donde más niñas y niños viven con VIH: 380, entre dos y 18 años, en 2016, principalmente por transmisión vertical, de madre a hijo, y en tratamiento antiretroviral, indican cifras de Censida (Censida 2016).
 
Es, asimismo, el estado en donde, por corrupción, el sector salud compró pruebas rápidas de VIH defectuosas y sin registro sanitario, que fueron distribuidas, sin que se sepa hasta hoy a quiénes se aplicaron y si estas personas viven hoy con la infección sin saberlo. 
 
Y es la cuarta entidad con más quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por mal trato, desabasto, discriminación y violación a derechos de pacientes con VIH, como reconoció Ricardo Hernández Forcada, director de su programa de VIH. Dos casos documentan estas cifras:
 
  
MARGARITA  
 
En diciembre pasado, Margarita, de 27 años de edad pasó 28 horas en una camilla del Hospital Regional de Poza Rica, en espera de que la llevaran a un quirófano para que le practicaran una cesárea, como se indica cuando hay un diagnóstico de VIH, para evitar la transmisión vertical.  
 
“Las enfermeras ni se querían asomar”, cuenta Margarita, y terminé dando a luz a mi hija por vía natural sola. El personal médico y de enfermería le negó desde la atención más básica, hasta la cesárea.  
 
Sola, en la camilla, aguantó las contracciones lo más que pudo, pidiendo a las enfermeras que por favor la pasaran a quirófano, pero solo le respondían “aguántate, de todas formas no hay quien te atienda”. Cuando se le rompió la fuente, una enfermera “apenas medio se asomó”, pero no fue a verla, dice.
 
Eran casi las 11 de la noche del 16 de diciembre de 2016, cuando sentí, recuerda Margarita, “como que algo se me reventaba” y de inmediato salió la cabeza de la niña, por vía vaginal. Me tuve que incorporar para poder sostenerla con mis manos, explica, pero “la niña ni lloró, ni se movió”. Todo el tiempo estuvo sola porque las enfermeras no la asistieron, no la querían tocar y apenas se asomaban.
 
Afuera del área de hospitalización, su esposo también pidió a las trabajadoras sociales, a las enfermeras, al personal médico y al propio director, Salatiel Cruz Vidal, registrado como obstetra, que atendieran a su esposa y la pasaran a quirófano para la cesárea, sin que obtuviera respuesta. 
 
A las 11 de la noche, un pediatra informó al esposo de Margarita que la niña había nacido por vía natural y le enseñó una fotografía, tomada con su celular. Le explicó que la bebé no había nacido por cesárea, como se recomienda en el caso de mujeres embarazadas que viven con VIH. 
 
La niña tuvo un diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, pues por la espera y la falta de atención, “se le pasó el parto”. Murió una semana después en ese hospital. 
 
Margarita desarrolló una infección, porque tras dar a luz no le hicieron adecuadamente las curaciones, con la debida asepsia, ni le dieron antibióticos, ni analgésicos. Dos días después de la muerte de su hija, tuvo que ser hospitalizada por la infección y la fiebre que padecía. Horas después tramitó su alta voluntaria para ir a velar y enterrar a su bebé.  
 
La discriminación de que fue objeto Margarita y la violencia obstétrica que se cometió contra ella hicieron que la familia denunciara ante la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, el secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, niega que existan casos de este tipo en los nosocomios a cargo de la dependencia que encabeza.
 
MARÍA
 
María, quien vive con VIH, fue al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz para que dieran seguimiento a su embarazo y atendieran su parto.
 
Ella denunció que durante las cuatro consultas que tuvo con el ginecobstetra Alejandro Crisóstomo Rivera, este ejerció violencia psicológica y verbal contra ella y su esposo.   
 
Dice que el médico la regañaba, le decía que su bebé nacería deforme, sin brazos, sin piernas y con diversos padecimientos,  debido al VIH y acusaba a la pareja de irresponsables por continuar con el embarazo.  
 
Ella argumentaba que seguía un tratamiento antirretroviral que le proporcionaban en el Capasit, que ahí y en el Grupo Multisectorial VIH le indicaron que si seguía estrictamente el tratamiento, el producto nacería libre de la infección, siempre y cuando le practicaran cesárea y no lo amamantara al nacer.
 
El médico Rivera le aseguraba que eso le decían para que no abortara y la presionaba con acusaciones y amenazas de que su bebé nacería con problemas. Esa violencia psicológica constante le produjo un estado depresivo severo ¿Para qué voy a traer a un bebé a sufrir al mundo? se cuestionaba.
 
Una persona la convenció de buscar una segunda opinión, en el servicio privado, en donde confirmaron que el producto no tenía problemas de salud. 
 
Decidió entonces presentar una denuncia en contra del médico, quien tienen otras demandas, como informa el Grupo Multisectorial VIH. Sin embargo, la integrante de dicho grupo, Patricia Ponce, afirma que no se han tomado medidas concretas para sancionarlo o evitar que continúe afectando la vida y los tratamientos de otras embarazadas en estas condiciones.
 
María pudo cambiar de obstetra, continuó con su embarazo hasta el término y su hijo, quien casi cumple un año, no presenta problemas de salud, gracias al tratamiento que llevó la madre durante todo el embarazo, a que nació por cesárea y a que se evitó la lactancia, como marcan las normas internacionales.
 
Ponce señala que el médico Alejandro Crisóstomo Rivera continúa en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y es además catedrático de la Universidad Veracruzana. Pese a las denuncias en su contra, sólo cuando crece la inconformidad en el hospital, la dirección sólo lo aleja del servicio por algunos meses y luego regresa, para cometer nuevos actos de violencia obstétrica y discriminación.  
 
Interrogada sobre la situación de este médico, la Secretaría de Salud no dio ninguna respuesta. 
 
 EL MIEDO OBSTACULIZA DENUNCIAS 
 
La directora del colectivo feminista Cihuatlactolli, María de Jesús Jaimes afirma que aunque en los servicios de salud las mujeres que viven con VIH sufren maltrato, ofensas, desatención, no las quieren tocar, incluso las obligan a amamantar a su bebé sin leer el expediente que indica que no lo hagan, no denuncian, por miedo.  
 
“Hemos denunciado, agrega, pero solo en los medios”. La gente no se atreve a hacer denuncias jurídicas en Fiscalía, porque temen que les quiten el Seguro Popular o el Programa Prospera y las amenazan con no darles antirretrovirales. “Vienen con nosotras, dice, pero a la mera hora de denunciar no lo hacen”. 
 
Desconocen, dice la activista, que no les pueden quitar el medicamento porque los proporciona la Federación y es obligación de las autoridades de salud darlos a las pacientes. 
 
Según la Ley de Acceso, la violencia obstétrica incluye “omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer”. 
 
También “alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer y practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer”.
 
También “cualesquiera otras que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o libertad de las mujeres”.
 
Jaimes explica que ha acompañado a muchas mujeres con VIH, algunas embarazadas, a exigir atención médica a los hospitales de la región de Río Blanco, en el centro del estado, donde se concentra gran parte de pacientes de esta enfermedad, pero la respuesta es poco cálida y la mayoría de las veces termina en maltrato y violencia obstétrica.
 
“La mayoría de la gente que trabaja en la Secretaría atendiendo a las y los pacientes tiene una cultura de maltrato”, asegura, “es una discriminación frecuente”. En los servicios de salud, han visto casos en que se las obliga a usar dispositivo. 
 
Y esto sucede, dice, pese a que hay talleres de capacitación y actualización para el personal de salud. Narra que ella misma ha sido víctima de maltrato, cuando una enfermera la acusó de ser “un peligro para el personal médico y de enfermería, por el simple hecho de tener tatuajes”. Eso demuestra el nivel de prejuicio que tienen quienes deberían saber que esto no debe ser así, dice.
 
Esta falta de capacitación no responde a lo que ordena la Ley para Enfrentar la Epidemia del VIH/Sida, cuyos objetivos son: Promover el conocimiento del VIH/Sida y la prevención de su contagio; Establecer las bases y procedimientos para prevenir la epidemia y promover la investigación científica para erradicar la infección por VIH; Asegurar los servicios de salud necesarios para el tratamiento de los enfermos de VIH/Sida; Reducir los daños motivados por el VIH/Sida; Prohibir todo tipo de discriminación hacia los enfermos y familiares”.
 
17/BG/GG
 







NACIONAL
POLÍTICA
   Su Congreso, único que garantiza 50-50
CDMX, primera entidad del país con leyes electorales paritarias
Imagen retomada de Twitter de la Asamblea Legislativa
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/05/2017 La Ciudad de México se convirtió en la primera entidad con leyes electorales que incorporan el principio de paridad de género (50-50) en candidaturas y en la integración del Congreso, luego de que ayer la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la nueva normativa en la materia.
 
A dos días de que venciera el plazo para tener las nuevas leyes electorales, como lo marca la Constitución Política de la Ciudad de México, este martes las y los asambleístas aprobaron la expedición del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Procesal local que incluyen la definición de la violencia política de género.
 
Estas leyes indican que el Congreso local (hoy ALDF) se integrará por 50 por ciento de diputados electos por voto directo y 50 por ciento de representación proporcional; los Concejos estarán integrados por 60 por ciento de aspirantes electos por el principio de mayoría y 40 por ciento por el principio de representación proporcional.
 
De acuerdo con las y los asambleístas, esta fórmula de integración en los Consejos de las Alcaldías (hoy delegaciones) permitirá contar con un órgano colegiado que tomará decisiones para lograr gobernabilidad y al mismo tiempo lograr los pesos y contrapesos que otorga esta pluralidad.
 
El diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales, José Manuel Delgadillo Moreno, señaló que por primera vez en la historia y en la única entidad federativa, el órgano legislativo se conformará por 50 por ciento de mujeres y hombres, “el único Congreso a nivel nacional que va a tener una integración paritaria”, dijo en la sesión.
 
Por su parte el diputado Leonel Luna Estada destacó que las reglas que se fijaron para los gobiernos de coalición darán certeza al ciudadano de que las fuerzas políticas que participan coaligadas tienen una visión conjunta.
 
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dunia Ludlow Deloya, indicó que en materia de violencia política de género debe prevalecer una concordancia con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el dictamen dejó la definición de violencia política.

Estas leyes, que también incluyeron reformas a la Ley de Participación Ciudadana y al Código Penal, prevén figuras jurídicas para defender los derechos político-electorales de la ciudadanía, los Gobiernos de coalición, normas para la reelección, la creación de una Defensoría Electoral, adscrita al Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
 
17/AGM/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   Hasta mayo revisarán avances de la Alerta
En Veracruz, donde hay AVG, 56 mujeres asesinadas en 2017
Imagen retomada del portal AVCNoticias
Por: Flavia Morales
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver .- 03/03/2017 La diferencia entre tener o no una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) es casi imperceptible para Veracruz, porque en los últimos tres meses, 51 mujeres han sido asesinadas y en las últimas 48 horas dos mujeres fueron halladas ejecutadas en Boca del Río, tres encontradas en una fosa clandestina en la zona sur y una más en un maleta en Nogales.
 
Integrantes de organizaciones civiles advirtieron que aun cuando la AVG fue declarada el 23 de noviembre del 2016 para once municipios, fue apenas este jueves –tres meses después-, cuando se instaló el Grupo de Trabajo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), que dará seguimiento y evaluará las acciones emprendidas por el Gobierno del estado.
 
Si antes se realizaron acciones para abatir y prevenir la inseguridad y violencia contras las mujeres, fueron desarticuladas y sin un plan de trabajo definido, consideró Aracely González Saavedra, integrante de Equifonía, AC, organización firmante de la AVG.
 
Para la académica de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados, también presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), el patrón de impunidad y asesinatos de mujeres sigue igual que en 2016, que cerró con 190 mujeres asesinadas.
 
“Lamentablemente estamos viendo que pese a la declaratoria de la Alerta, 2017 está repitiendo el patrón de violencia, para el mes de enero se tienen reportes de 15 asesinatos de mujeres, se han multiplicado los casos donde hay ejecuciones y vínculos con el crimen organizado”, señaló.
 
NO ES PRIORIDAD
 
Rosío Córdova, integrante del grupo de trabajo que realizó el análisis de la AVG, cuestionó la tardanza en la integración del grupo y advirtió que pareciera que no es prioritario para el gobierno lo que pase con la vida y los derechos de las mujeres.
 
Este jueves se instaló la GIM con la participación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), con las instancias federales y del Gobierno estatal, donde finalmente se informó que se aplicarán 50 millones de pesos para las acciones de la alerta, y en dos meses más se revisarán los primeros avances de las medidas implementadas.
 
De acuerdo a la AVG, el gobierno estatal debería haber iniciado de forma urgente medidas de seguridad, prevención y justicia y reparación de daño a víctimas, visibilizar la violencia de género y enviar un mensaje de cero tolerancia, sin embargo las académicas y activistas consultadas pusieron en duda la implementación de las medidas.
 
DEPENDENCIAS, SIN ARTICULACIÓN
 
La activista Aracely González Saavedra dijo que una de las ventajas de la AVG es la articulación entre las diferentes dependencias, sin embargo se observa que hay desarticulación, por lo que se ha insistido en la mesa de trabajo donde se revisen cada una de las medidas establecidas, las de seguridad, de prevención, de justicia y reparación. Y un mensaje contundente de cero tolerancia.
 
Dependencias como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Gobierno, el Poder Judicial y el Congreso del Estado, deberían tener una estrategia articulada para la prevención de nuevos casos, y la atención urgente de los que ya han ocurrido, además de la reparación de justicia para las víctimas.
 
Señaló que si bien hay acciones, estas son insuficientes y limitadas, mientras no exista un plan para cumplir las recomendaciones en su totalidad.
 
“Han pasado tres meses del actual gobierno y la confirmación de la mesa está retardada, hay desconocimiento respecto a cómo se tendrían que articular, y el tiempo sigue pasando mientras hay más feminicidio”.
 
Consideró que para estas alturas de la alerta, se deberían tener resultados concretos, que a la fecha no existen.
 
Citó por ejemplo que la FGE debería tener un diagnostico e información actualizada de los feminicidios ocurridos, y el estatus de las investigaciones y si hay o no consignados.
 
También se debería tener lista la campaña en medios de comunicación para informar en qué consiste la AVG, y el banco estatal de datos de la violencia en Veracruz, pero nada de eso existe.
 
CONFUSIÓN EN MUNICIPIOS
 
Advirtió que también hay una confusión respecto al papel que juegan los 11 municipios que son parte de la AVG.
 
“Es una alerta general y las medidas deben hacer especial énfasis en ciertos municipios, pero la responsabilidad sigue siendo del gobierno estatal, no de los gobiernos municipales”.
 
Adelantó que Veracruz será uno de los primeros estados del país donde las organizaciones podrán tener voz y voto en el GIM y podrán vigilar los mecanismos de cumplimiento.
 
PATRÓN DE FEMINICIDIO, IGUAL QUE EN 2016
 
Estela Casados, académica de la UV y consejera del IVM, señaló que los patrones de violencia del 2016 no han cambiado para este año, a pesar de la implementación de la AVG.
 
Criticó que las carencias en los procesos de procuración de justicia continúan, no hay peritos especializados en violencia de género, ni se cumple al 100 por ciento la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ni el Protocolo de procedimientos básicos del delito de feminicidio.
 
“Los asesinatos de mujeres nos indican que no hay diferencia entre un antes y después de la alerta”, consideró.
 
Coincidió en señalar que no hay coordinación estatal para la implementación de medidas, los municipios han desarrollado acciones aisladas para la atención de la Alerta y no se informa a la población de manera constante, oportuna, veraz y suficiente sobre el estado que guardan las acciones y estrategias de la administración gubernamental.
 
ESFUERZOS AISLADOS
 
Por su parte, la académica de la UV, Rosío Córdova, cuestionó que el gobierno estatal se ha movido con oscuridad y silencio sobre las medidas implementadas, y apenas tres meses después se ha convocado al grupo de trabajo, lo cual ha retrasado una implementación efectiva de las medidas.
 
“Pareciera que no están haciendo nada, a menos que piensen que poner una luminaria es hacer cosas”.
 
LA POLÍTICA RETRASA AVG
 
Reconoció que la transición de gobierno de un partido a otro, y la situación política de Veracruz han retrasado la activación de la alerta.
 
Reiteró que se necesitan mecanismos más eficientes de evaluación de acciones importantes como la profesionalización que trabaja en garantizar una vida libre de violencia de las mujeres, entre otras.
 
“Vemos esfuerzos aislados, el banco estatal de datos e información sobre la violencia contra las mujeres siguen sin ser alimentado por la FGE y el DIF estatal que son las dependencias que fueron señaladas desde la presentación, hace más de un año. Cuando se dieron seis meses al gobierno estatal para las recomendaciones”, señaló como ejemplo de los incumplimientos.
 
17/FM/GG
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Sobreviviente de violencia actúa en legítima defensa
Procuraduría de Sonora pide juzgar con perspectiva de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 19/01/2017 El caso de Daniela N, víctima de violencia que repelió el ataque de su agresor, podría sentar precedentes jurídicos para casos similares, toda vez que se demostró que la víctima actuó en legítima defensa, explicó en entrevista con Cimacnoticias, el procurador general de justicia de Sonora, Rodolfo Montes de Oca.
 
El funcionario dijo que en este caso, la Procuraduría a su cargo aplicó la perspectiva de género al analizar los antecedentes de que Daniela N era víctima de violencia por parte de su pareja, por lo que la dependencia resolvió el no ejercicio de la acción penal, y ante la impugnación de familiares del agresor que falleció, un juez de control resolvió en el mismo sentido.
 
El funcionario estatal confirmó que tiene instrucciones precisas de la gobernadora del estado Claudia Pavlovich Arellano, de que en la operación de justicia sea aplicado el marco jurídico de protección a los derechos de las mujeres y que los casos se investiguen y resuelvan tomando en cuenta la perspectiva de género.
 
Entre las normas que se tomaron en cuenta para la resolución de este caso mencionó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (general y estatal); Ley de prevención y atención de la violencia intrafamiliar; y disposiciones en el Código Penal como lo es la tipificación del delito de violencia intrafamiliar.
 
El funcionario recordó que Daniela N ya había sido agredida con anterioridad y había avisado a la autoridad y que en esa agresión la autoridad municipal intervino y pese a que le dijeron que presentara una denuncia, ella se negó por temor.
 
En la segunda ocasión, ella es golpeada pero repele la agresión, “por lo que es ahí donde se aplica el código penal como una legítima defensa porque es una agresión inminente, presente, que ella tiene derecho a repeler”, dijo el procurador. Agregó que no había equivalencia entre los medios que ella estaba utilizando con respecto de los utilizados por quien la estaba agrediendo.
 
“Difícilmente con sus propias manos podría haber repelido la agresión, necesitaba una herramienta que la llevara a un equilibrio, y esa fue el cuchillo que tomó no con la intención de privarlo de la vida, sino de defenderse”, explicó.
 
Detalló que pese a que Daniela N lo lesionó, se quedó a auxiliarlo y esperó a que llegaran las autoridades.
 
“Se toma en cuenta la diferencia de fuerzas entre las partes intervinientes, que ya había sido agredida antes por su cónyuge, había sido sobajada moralmente por su pareja y que en ese momento no fue auxiliada por ninguna persona, a pesar de que se encontraba alguien ahí presente”.
 
Señaló que la Procuraduría consideró que se conjuntó la legítima defensa y determinó que se estaba actualizando una excluyente de delito prevista por el artículo 13 del código penal.
 
Montes de Oca dijo que en la resolución de la Procuraduría en el caso Daniela, invocaron un criterio jurisprudencial que habla de lo que es la perspectiva de género y cómo debe aplicarse por parte de las y los procuradores e impartidores de justicia.
 
El rubro de la tesis dice que en el caso de víctimas vinculadas a su agresor por relaciones filiales o de pareja que inciden en la comisión del delito, la valoración de las pruebas debe abarcar, según el caso, la perspectiva de género o de protección eficaz o de sectores vulnerables, indicó.
 
“Para nosotros la víctima es la persona que se defendió. Tenemos que tomar en cuenta todo su contexto y la situación de vulnerabilidad. Es un criterio, es un precedente, que debe servir de ejemplo a los Ministerios Públicos; y para el poder judicial también es un criterio pues al haber resuelto en el mismo sentido, los jueces de control tendrán que tomarlo en cuenta para otras resoluciones”, precisó.
 
Finalmente señaló que espera que el poder judicial federal -a donde muy probablemente llegue el caso-coincida con ese criterio.
 
“Si las tres instancias coinciden, será un criterio ejemplificativo no sólo para que nosotros lo apliquemos, sino para que los hombres sepan que no es fácil y que no será impune el que ellos agredan a las mujeres, que si las mujeres se defienden y responden, no van a poder ellos jugar el papel de víctimas”, concluyó.
 
17/SNE/LGL







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