agresiones a defensoras

NACIONAL
VIOLENCIA
   Policías no han sido removidos ni vinculados a proceso
Repudian agresión sexual a defensora de DH Yndira Sandoval
Imagen retomada del portal saeso.es.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/10/2017

Feministas, personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos de las mujeres, condenaron enérgicamente la violencia sexual ejercida contra la antropóloga social y defensora Yndira Sandoval Sánchez, quien el pasado 16 de septiembre fue detenida arbitrariamente y víctima de violación sexual por parte de policías del municipio de Tlapa de Comonfort, en Guerrero.

El sábado 16 de septiembre, la activista, líder de la iniciativa “Todas Mx” se encontraba en esa entidad para dar talleres y una conferencia sobre violencia de género en la Universidad Autónoma de Guerrero. Ese día tuvo un accidente con un clavo por lo que ella y un compañero, Amaury Navarrete Cruz, acudieron a una clínica, como lo relató al periódico La Jornada.

Cuando salió del lugar, su compañero era detenido por policías por supuestamente negarse a pagar la cuenta de la clínica, cuando ella preguntó las razones de la  agresión y dijo que era defensora, también fue detenida y posteriormente agredida sexualmente por una mujer policía. 

Después de que la denuncia se hiciera pública este 22 de octubre, organizaciones y personas defensoras emitieron un comunicado donde condenan la violación sexual, privación ilegal de la libertad, tortura y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de Tlapa, uno de los ocho municipios con Alerta de Violencia de Género.

“Yndira Sandoval logró sobrevivir, sin embargo, la violencia de género institucional en su contra no ha cesado, pues continúa siendo víctima de amenazas e intimidaciones y su casa y auto en la Ciudad de México han sido allanados”, señalan en el comunicado.

De acuerdo con las organizaciones, la casa de la activista en la Ciudad de México fue allanada, aunque no precisaron la fecha, delito que fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la carpeta de investigación CI-FAE/B/UI-3C/D/ 790/10/2017

A más de un mes de estos hechos, la Fiscalía General de Guerrero no ha vinculado a los agresores a proceso, ni ha generado a través de un juez de control ninguna orden de aprehensión contra la persona agresora directa, quien fue reconocida por la víctima, con nombre y apellido; tampoco ha removido a los policías de sus cargos a pesar de estar plenamente identificados.

Sandoval Sánchez es autora y coautora de distintas iniciativas para fortalecer el marco jurídico; también fue funcionaria pública en la Ciudad de México y coordinadora de feminismo del Comité Americano de la Internacional Socialista de Jóvenes (IUSY), según difundió el colectivo Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México. 

Esta agrupación también difundió detalles de la violencia institucional que enfrentó Ynidra Sandoval. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales con sede en Tlapa, estaba cerrada al momento que intentó denunciar, minutos después de las agresiones; el Ministerio Público se negó a tomar la denuncia y la amenazó e intimidó con llevarla a la policía si no se retiraba.

Según este colectivo, el director de Seguridad Pública (aunque el comunicado no precisa si era el director estatal Pedro Almazán Cervantes o el director municipal Neftalí León González) “casualmente” se encontraba afuera de la Fiscalía Especializada cuando Yndira Sandoval se presentó nuevamente a denunciar, ya que el día anterior no pudo hacerlo.

Sumado a estas irregularidades, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada no dictó medidas cautelares pese a la solicitud expresa de la víctima, violó en todo momento los protocolos de atención a víctimas y no ordenó la realización de dictámenes tales como el legista, psicológico, ginecológico y toxicológico tal y como lo marca la ley en tiempo y forma.

La defensora tampoco contó con disposiciones de seguridad como víctima y fue hasta al tercer día de las violencias ejercidas en su contra y bajo permanente riesgo, que fueron dictadas medidas de protección en su carácter de defensora de Derechos Humanos. 

Todos estos agravios obran en la carpeta de investigación 12080470200090170917 que se inició en la Fiscalía General del Estado de Guerrero en la Unidad de Investigación número 1 Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Región Montaña. 

La Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especializada para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (FEVIMTRA) inició  una investigación a través de la carpeta FED/SDHPDSC/FEVIMTRA-GRO/ 0000634/2017 donde están las denuncias generadas tanto en Guerrero como en la Ciudad de México.

A más de un mes de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya realizó el Protocolo de Estambul para acreditar tortura (protocolo que no se realizó en Guerrero), además de que este organismo se encuentra realizando sus propias diligencias para garantizar un debido proceso.

Actualmente Yndira cuenta con las medidas cautelares y  de protección dictadas por la PGR a través de FEVIMTRA en coadyuvancia con el Mecanismo federal y local de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, así como de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Organizaciones feministas, de Derechos Humanos y personas de la academia exigieron la detención de la policía que la agredió sexualmente, la reparación integral del daño, y sanciones, penales, administrativas y legales contra todas las personas involucradas y responsables de los hechos.

A los pronunciamientos posteriores a la denuncia pública se sumó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a través de una declaración de la secretaria general Beatriz Mojica Morga, quien este domingo exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores y al titular de la Fiscalía General de Guerrero, se castigue a los responsables de la agresión sexual.

La líder perredista pidió que la PGR atraiga el caso y se agilice la investigación para castigar a los responsables de la violencia sexual contra la activista, quien además ha sido simpatizante del PRD.

"Es inaceptable que los encargados de cuidar y velar por el bienestar de los ciudadanos, con total abuso de poder, agredan física y sexualmente a una mujer que lucha por erradicar la violencia de género en nuestro país", reclamó.

La Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (CDHEG) por su parte, informó que el jueves 28 de septiembre recibió una queja contra el presidente municipal de Tlapa, Jesús Noé Abundiz García; el director de Seguridad Pública municipal, Neftalí León González; así como del agente titular y agente del Ministerio Público en turno del Fuero Común del Distrito Judicial de Morelos, con sede la ciudad de Tlapa, por presuntos actos violatorios a sus Derechos Humanos.

La queja la presentó Amaury Navarrete Cruz, quien denunció la falta de acceso a la justicia, privación de la libertad personal, violación sexual y abuso de autoridad, por lo que la delegación regional de la CDHEG en la Montaña registró la queja bajo el número de expediente CDHEG-DRM/049/2017-I.

Según la información del organismo ya se pidió un informe a los funcionarios públicos involucrados, así como los nombres completos de los servidores públicos que estuvieron en funciones durante los días 16 y 17 de septiembre; pidió a las víctimas que presenten las pruebas que consideren pertinentes a fin de acreditar responsabilidades.

Cabe mencionar que en enero de este año, al finalizar una misión en México, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, dijo que encontró muchos casos de criminalización a personas defensoras que denunciaban violaciones por parte de las autoridades públicas.

El Relator expresó que se criminaliza a las y los defensores por denunciar violaciones por parte de las autoridades públicas, y enfrentan represalias indirectas a través de ataques o procesos penales dirigidos contra sus familias o personas cercanas a ellos, por ello llamó al gobierno mexicano a comprometerse en la lucha contra la corrupción e impunidad.

Leer el comunicado aquí

17/AGM/LGL








NACIONAL
   No han pedido declaración ni peritajes
PGJ del Edomex y Fevimtra investigarán atentado contra Malú García
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/02/2017

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), investigarán en paralelo el atentado contra la activista María Luisa (Malú) García Andrade, ocurrido la noche del pasado 26 de enero.
 
Sin embargo, aunque hay dos indagatorias, ninguna autoridad la ha buscado para declarar o para hacer un peritaje y determinar las causas y los responsables de la agresión, denunció en entrevista con Cimacnoticias la propia Malú García, defensora e integrante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una de las organizaciones pioneras en la denuncia de casos de feminicidio en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
 
La noche del pasado jueves 26 de enero, la camioneta de Malú García recibió un impacto de bala mientras se trasladaba por el Estado de México, agresión que ese mismo día hizo pública ante el temor de ser asesinada, como sucedió con la activista juarense Marisela Escobedo, quien fue muerta en diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, al manifestarse por el feminicidio de su hija Rubí Frayre.
 
DOBLE INVESTIGACIÓN
 
Sobre las investigaciones, este 30 de enero Malú García se reunió con la titular de Fevimtra, Adriana Lizárraga González, a quien solicitó que abriera una investigación como un delito federal, ya que desde 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas de seguridad porque estaba en riesgo debido a su trabajo como defensora de familiares de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición.
 
Ante la petición de la activista, la fiscal Lizárraga González le informó que, debido a que durante las primeras horas del hecho no se presentó una denuncia ante ninguna autoridad, la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la PGJEM inició de oficio una investigación por “una agresión por detonación con arma de fuego”. 
 

En conferencia de prensa,Malú García. Imagen retomada del twitter de la diputada Cristina Gaytán

Malú García llamó la atención sobre este hecho, porque el día del atentado se comunicó por teléfono con la subprocuradora de la PGJEM, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, a quien le dijo que se trasladaría a Fevimtra para presentar la denuncia, pero la funcionaria la persuadió para no fuera, porque las oficinas estarían cerradas y no sería atendida.
 
La fiscal Lizárraga González aclaró que Fevimtra atiende las 24 horas y que no recibió ninguna comunicación de la Procuraduría estatal sobre el caso. También le dijo que debido a que ya había una investigación local, no se podía abrir otra a nivel federal. Sin embargo, ante la insistencia la titular de la dependencia de la PGR accedió a realizar una indagatoria paralela.
 
“¿Usted cree que yo voy a confiar en las autoridades del Estado de México sabiendo que trataron de persuadirme de poner la denuncia en una instancia federal? ¿Por qué estaban obstruyendo que pusiera la denuncia? Desconozco cuál era su intención”, expresó la activista.
 
QUEJA ANTE LA CNDH
 
Hasta este 31 de enero, Malú García –quien radicaba en Ciudad Juárez y por amenazas de muerte se fue a vivir al Estado de México y ahora esta resguardada en la capital del país– desconoce el número de averiguación previa de ambas indagatorias ya que, dijo, no ha recibido ninguna notificación oficial ni información sobre los peritajes de balística a realizar.
 
Malú García, quien junto con su Norma Andrade se convirtió en defensora después de que en 2001 su hermana Lilia Alejandra, de 17 años, fue asesinada, informó que ayer 30 de enero presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la dilación de las autoridades en la implementación de un esquema de seguridad para protegerla.
 
Tras la reunión que ayer sostuvo con la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), en esta semana tendrá una evaluación de riesgo para determinar cuáles serán las medidas de protección, pero por lo pronto cuenta con tres escoltas y con la misma camioneta que recibió el impacto de bala.
 
Ante estos hechos, este mediodía las diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maricela Contreras Julián y Hortensia Aragón Castillo, así como la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristina Gaytán Hernández, dieron una conferencia de prensa –a la que se negó la entrada de activistas– para comprometerse a dar seguimiento a la denuncia.
 
17/AGM/GGQ
 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Red de Mujeres Activistas exige a gobierno de Oaxaca protección
Amenazan de muerte a Eva Lucero, defensora de tierra-territorio
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/01/2017

El pasado 2 de enero la defensora y vocera de la organización Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias y Comunidades (Ucidebacc), Eva Lucero Rivero Ortiz, recibió amenazas de muerte en su teléfono celular, denunciaron organizaciones civiles. 
 
Luego de conocer de estas agresiones, la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca, y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, emitieron un comunicado para exigir al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, garantías de seguridad para la activista oaxaqueña. 
 
En los mensajes que recibió Rivero Ortiz se le amenaza con ser violada si no sale del municipio de Pinotepa y si sigue apoyando a otras mujeres. Al día siguiente, en Facebook, una cuenta a nombre de Ramón Jiménez Mejía publicó una foto personal de la defensora con comentarios de desprestigio y llamando “ladrones” a los integrantes de Ucidebacc.
 
De acuerdo con las agrupaciones civiles, estos ataques a la defensora Rivero Ortiz, son consecuencia del respaldo que brinda públicamente a la síndica procuradora electa de Pinotepa, Yareli Cariño López, quien el 2 de enero, un día después de tomar posesión del cargo, fue destituida por el presidente municipal Guillermo García Cajero.
 
Al respecto, las 114 mujeres defensoras integrantes de la Red de Oaxaca, dijeron que en la entidad hay una grave situación de violencia y discriminación hacia las mujeres que quieren participar plenamente en la política. Aquellas que buscan cargos edilicios son agredidas y descalificadas.
 
Desde el 2012 esta Red ha documentado que las defensoras del derecho a la participación política y comunitaria de las mujeres se encuentran entre las más atacadas en el estado, por lo que preocupan las agresiones contra Rivero Ortiz y contra Areli Cariño López, quien también ha sido amenazada.
 
Rivero Ortiz, quien ha sido atacada al menos 53 veces, es defensora de la tierra y el territorio, de los derechos de las mujeres y acompaña a presos políticos. Ante el riesgo de su labor, desde 2013 tiene medidas de seguridad otorgadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
 
Cabe recordar que hoy inicia su visita en México, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst.
 
El relator estará en nuestro país hasta el 24 de enero, como parte de una visita oficial para evaluar el estado de los Derechos Humanos, empoderar a las personas defensoras y brindar recomendaciones a las autoridades mexicanas para, posteriormente, presentar recomendaciones y un informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en marzo de 2018.
 
17/AGM/LGL
 








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