defensoras de Derechos Humanos

ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   REMIAC y Red Péepeno’ob, 3 años de trabajo en comunidades
Apropiarse de los derechos y defenderlos, voces de mujeres indígenas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/11/2017

De 2015 a 2017 cada vez más mujeres indígenas de Chiapas y la Península de Yucatán se “han apropiado de sus derechos para defenderlos” gracias al trabajo de defensoras de los Derechos Humanos (DH) de la Red de Mujeres de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Chiapas (REMIAC), que trabajan por incrementar la presencia de mujeres indígenas en puestos políticos, y de la Red Péepeno’ob, en Yucatán, con el análisis y difusión de las leyes que las defienden.

Esto expusieron en entrevista con Cimacnoticias la defensora de DH Diana del Rocío Rodríguez, de REMIAC, y la coordinadora de la Red Péepeno’ob, Esther Noemí Tuz Canté, al hacer un balance sobre la incidencia de su trabajo en los últimos tres años, mismos en los que estuvieron acompañadas por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y el Fondo Semillas como parte de un proyecto financiado por la Unión Europea.

MUJERES INDÍGENAS EN PUESTOS POLÍTICOS

Los estereotipos de género que califican a las mujeres de “incapaces” para ocupar cargos públicos son los principales obstáculos enfrentan para ejercer sus derechos políticos, señaló antropóloga social y defensora de DH de REMIAC, Diana Rodríguez. Para hacerles frente, la red trabaja en la formación de chiapanecas indígenas de 25 a 50 años “para que conozcan sus derechos y progresivamente vayan ejerciéndolos en cargos de elección popular”, dijo.

La incidencia de la REMIAC se vio reflejada principalmente en San Miguel Mitontic, el municipio tzotzil de los altos de Chiapas que ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de población hablante de lenguas indígenas (99.6 por ciento) de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ahí, contó Diana Rodríguez, las defensoras centraron su labor los últimos tres años y las mujeres que previamente ocuparon cargos importantes en la comunidad son capacitadas para que inviten a más mujeres a participar en la toma comunitaria de decisiones.

Como resultado del trabajo actualmente ya hay mujeres laborando en el Patronato de Obras Públicas de Mitontic, “un área de la presidencia municipal tradicionalmente ocupada por hombres”, informó la defensora de DH y añadió que esto “permite naturalizar la presencia de las mujeres en los espacios públicos”.

Pese a que en México desde 2014 la paridad es un principio constitucional que obliga a los partidos políticos a postular en sus candidaturas a 50 por ciento de mujeres y hombres, en los pueblos indígenas de Chiapas no se ha visto reflejado pues siguen sin ocupar cargos políticos como las presidencias municipales y sus regidurías y, en caso de tenerlos, son menospreciadas, indicó Diana Rodríguez.

El Fondo Semillas y el ILSB han señalado que el trabajo de estas defensoras es esencial porque tan sólo en las elecciones de 2015 en Chiapas resultaron electas 779 regidoras, pero muchas de ellas renunciaron a sus cargos en el primer año de gestión para ser suplidas por hombres.

La REMIAC también busca la participación activa de más mujeres indígenas en la toma de decisiones pues aunque varias de ellas han liderado los comités de educación, salud y cocina comunitaria –en este último una mujer puede coordinar hasta a 40 mujeres más- es necesario que “dejen atrás el miedo y no sólo asistan a las asambleas municipales, sino que también hablen”, afirmó Diana Rodríguez.

En Chiapas sólo 29 por ciento de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres y tienen 33 por ciento de las diputaciones en el congreso estatal, según muestra el Atlas de Género del Inegi basado en datos actualizados hasta el 2015.

ASUMIRSE SUJETAS DE DERECHO: YUCATÁN

En los últimos tres años en Campeche y Yucatán las mujeres mayas de la Red Péepeno’ob analizaron cuatro instrumentos internacionales y siete leyes nacionales e internacionales que nombran los derechos indígenas y concluyeron que los estatutos legales vigentes en México “fueron hechas sin perspectiva de género, pues aunque existen leyes que hablan de los pueblos indígenas no asumen a la mujeres como sujetas de derechos”, denunció la defensora Esther Noemí Tuz Canté.

El estudio derivó en la Cartilla: “Derechos de las mujeres indígenas mayas”, la cual enumera 21 derechos con los que cuenta esta población con el objetivo de visibilizarlos y compartirlos con las diferentes comunidades de la Península yucateca. Posteriormente buscan que  se difunda a otros estado cercanos como Quintana Roo.

Para ello la Red Péepeno’ob presentará la cartilla en Yucatán el próximo 9 de diciembre. Ahí solicitarán que las instituciones gubernamentales “cumplan su papel” y difundan el documento en las instancias públicas como los centros de salud y las procuradurías de justicia de la entidad. “Esa es la parte que sigue, no solo debemos saber cuáles son nuestros derechos, también debemos saber quiénes nos los garantizan y a dónde dirigirnos para exigir que se ejerzan”, afirmó.

17/MMAE/LGL








INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Evalúan a país centroamericano en EPU
   
Piden a Guatemala protección para periodistas y defensoras de DH
Imagen retomada del portal de Cerigua
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Gua.- 09/11/2017

La adopción de medidas de seguridad para periodistas y la implementación de un programa de protección especializado para este gremio fueron parte de las recomendaciones que Guatemala recibió este miércoles durante su tercera evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), celebrada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Guatemala recibió en total diez recomendaciones sobre este tema; Francia exhortó al país a fortalecer la protección de las y los periodistas poniendo en funcionamiento el programa de protección, para el cual dijo se han realizado muchos esfuerzos.

El representante de Grecia ante el Consejo de Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido y recomendó que se adopte un mecanismo de protección a periodistas, mientras que la Santa Sede instó a continuar los esfuerzos de promoción de la libertad de expresión e información, protegiendo a los comunicadores.

Reino Unido manifestó su preocupación por la ausencia de una prensa realmente independiente y pidió a Guatemala salvaguardar la libertad de expresión, en tanto, Indonesia exhortó a continuar desarrollando el sistema de protección a periodistas y proteger la libertad de expresión.

Durante su intervención, el representante de Lituania enfatizó que unos medios libres e independientes son parte vital de cualquier democracia que funcione adecuadamente.

Para abordar el problema persistente de los ataques contra periodistas y violaciones del derecho de libertad de expresión y para que las medios y profesionales puedan trabajar sin miedo a represalias recomendamos a Guatemala que adopte un marco para la protección de los profesionales de los medios, basado en el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y el problema de impunidad, acotó.

Luxemburgo resaltó que existen retos en materia de protección de defensores de Derechos Humanos, especialmente los periodistas y los defensores de los derechos de los pueblos indígenas; ante esto recomendó la aprobación y aplicación del programa de protección a periodistas en consulta con ellos.

Por su parte, el Reino de los Países Bajo señaló que la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGTB), mujeres, periodistas, jueces y defensores de Derechos Humanos son víctimas de amenazas, intimidaciones, estigmatización y ataques, incluido asesinatos.

Venezuela exhortó a las autoridades guatemaltecas a poner fin al uso del sistema judicial penal para intimidar, amenazar, marginar y estigmatizar a periodistas, organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos.

La representante de Venezuela dijo que durante los últimos cuatro años 51 defensores fueron asesinados y durante el primer semestre del 2016 por lo menos cinco periodistas fallecieron de forma violenta, por lo que recomendó a Guatemala investigar exhaustivamente estos crímenes y las denuncias de violencia, intimidación, detenciones arbitrarias y difamación en contra de estos actores.

Finalmente, Chile instó a Guatemala a levantar las restricciones a la libertad de expresión y adoptar medidas legales y reglamentarias para la protección y seguridad de los periodistas contra la persecución, la intimidación y el acoso.

En las respuestas a las preguntas, el Representante del Ministerio de Gobernación, René Lam indicó: que el” acuerdo gubernativo que da vida al programa de protección de los periodistas se encuentra dentro de las consideraciones de los requisitos legales y administrativos que se deben cumplir para su emisión”, una declaración enredada que trata de justificar el incumplimiento después de 2 años que el Presidente avaló la propuesta que le presentara la alianza de entidades de prensa.

17/RED/LGL

 








VIOLENCIA
   Suman 13 asesinatos en cuatro años
   
Denuncian escalada de represión contra defensoras de Honduras
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/10/2017

Entre 2012 y 2016 la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) documentó mil 128 agresiones y 13 asesinatos de defensoras en Honduras y en los últimos meses se ha producido una progresiva escalada de violencia y represión contra las activistas.

Ante esta represión, más de 180 organizaciones internacionales de 15 países denunciaron la escalada de la criminalización y amenazas contra defensoras y sus organizaciones y movimientos y como muestran las 15 alertas urgentes que desde junio de 2017 ha emitido la IM-Defensoras.

De acuerdo con las organizaciones, entre ellas Front Line Defenders, Global Witnes, Global Fund for Women, Protection International, el Fondo de Acción Urgente, Global Exchange y la Plataforma Internacional contra la Impunidad, las alertas se emitieron por uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y/o judicialización contra activistas.

A veinte meses del asesinato de la defensora hondureña y coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, las organizaciones señalaron que es de especial preocupación el aumento de agresiones en contra de reconocidas defensoras.

Como ejemplo mencionaron la violencia contra Miriam Miranda, Berta Zúniga Cáceres (hija de Bertha Cáceres), Angélica Recinos, Hedme Castro y Tommy Morales, entre otras.

La IM-Defensoras exigió al Estado hondureño que ponga fin a la impunidad en la que siguen los asesinatos de mujeres defensoras y asegure el acceso a la justicia de las que han sido víctimas de agresiones; que se abstenga de difamar y criminalizar a las mujeres defensoras y asegure las condiciones necesarias para fortalecer la participación política de las mujeres.

La carta fue enviada a todas las Embajadas de Honduras y entregada presencialmente en las Embajadas de El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Washington DC, además de enviarse a instancias de la ONU como la Relatora Especial sobre el derecho a la Reunión Pacífica y la Asociación, Maina Kiai; y el Grupo de Trabajo sobre el Tema de la Discriminación de la Mujer en la Ley y en la Práctica.

La misiva también fue enviada a la Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujeres, Dubravika Simonovic; al Grupo CEDAW y al Relator Especial sobre la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Michael Forst, entre otros organismos internacionales.

17/AGM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Policías no han sido removidos ni vinculados a proceso
Repudian agresión sexual a defensora de DH Yndira Sandoval
Imagen retomada del portal saeso.es.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/10/2017

Feministas, personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos de las mujeres, condenaron enérgicamente la violencia sexual ejercida contra la antropóloga social y defensora Yndira Sandoval Sánchez, quien el pasado 16 de septiembre fue detenida arbitrariamente y víctima de violación sexual por parte de policías del municipio de Tlapa de Comonfort, en Guerrero.

El sábado 16 de septiembre, la activista, líder de la iniciativa “Todas Mx” se encontraba en esa entidad para dar talleres y una conferencia sobre violencia de género en la Universidad Autónoma de Guerrero. Ese día tuvo un accidente con un clavo por lo que ella y un compañero, Amaury Navarrete Cruz, acudieron a una clínica, como lo relató al periódico La Jornada.

Cuando salió del lugar, su compañero era detenido por policías por supuestamente negarse a pagar la cuenta de la clínica, cuando ella preguntó las razones de la  agresión y dijo que era defensora, también fue detenida y posteriormente agredida sexualmente por una mujer policía. 

Después de que la denuncia se hiciera pública este 22 de octubre, organizaciones y personas defensoras emitieron un comunicado donde condenan la violación sexual, privación ilegal de la libertad, tortura y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de Tlapa, uno de los ocho municipios con Alerta de Violencia de Género.

“Yndira Sandoval logró sobrevivir, sin embargo, la violencia de género institucional en su contra no ha cesado, pues continúa siendo víctima de amenazas e intimidaciones y su casa y auto en la Ciudad de México han sido allanados”, señalan en el comunicado.

De acuerdo con las organizaciones, la casa de la activista en la Ciudad de México fue allanada, aunque no precisaron la fecha, delito que fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la carpeta de investigación CI-FAE/B/UI-3C/D/ 790/10/2017

A más de un mes de estos hechos, la Fiscalía General de Guerrero no ha vinculado a los agresores a proceso, ni ha generado a través de un juez de control ninguna orden de aprehensión contra la persona agresora directa, quien fue reconocida por la víctima, con nombre y apellido; tampoco ha removido a los policías de sus cargos a pesar de estar plenamente identificados.

Sandoval Sánchez es autora y coautora de distintas iniciativas para fortalecer el marco jurídico; también fue funcionaria pública en la Ciudad de México y coordinadora de feminismo del Comité Americano de la Internacional Socialista de Jóvenes (IUSY), según difundió el colectivo Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México. 

Esta agrupación también difundió detalles de la violencia institucional que enfrentó Ynidra Sandoval. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales con sede en Tlapa, estaba cerrada al momento que intentó denunciar, minutos después de las agresiones; el Ministerio Público se negó a tomar la denuncia y la amenazó e intimidó con llevarla a la policía si no se retiraba.

Según este colectivo, el director de Seguridad Pública (aunque el comunicado no precisa si era el director estatal Pedro Almazán Cervantes o el director municipal Neftalí León González) “casualmente” se encontraba afuera de la Fiscalía Especializada cuando Yndira Sandoval se presentó nuevamente a denunciar, ya que el día anterior no pudo hacerlo.

Sumado a estas irregularidades, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada no dictó medidas cautelares pese a la solicitud expresa de la víctima, violó en todo momento los protocolos de atención a víctimas y no ordenó la realización de dictámenes tales como el legista, psicológico, ginecológico y toxicológico tal y como lo marca la ley en tiempo y forma.

La defensora tampoco contó con disposiciones de seguridad como víctima y fue hasta al tercer día de las violencias ejercidas en su contra y bajo permanente riesgo, que fueron dictadas medidas de protección en su carácter de defensora de Derechos Humanos. 

Todos estos agravios obran en la carpeta de investigación 12080470200090170917 que se inició en la Fiscalía General del Estado de Guerrero en la Unidad de Investigación número 1 Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Región Montaña. 

La Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especializada para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (FEVIMTRA) inició  una investigación a través de la carpeta FED/SDHPDSC/FEVIMTRA-GRO/ 0000634/2017 donde están las denuncias generadas tanto en Guerrero como en la Ciudad de México.

A más de un mes de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya realizó el Protocolo de Estambul para acreditar tortura (protocolo que no se realizó en Guerrero), además de que este organismo se encuentra realizando sus propias diligencias para garantizar un debido proceso.

Actualmente Yndira cuenta con las medidas cautelares y  de protección dictadas por la PGR a través de FEVIMTRA en coadyuvancia con el Mecanismo federal y local de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, así como de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Organizaciones feministas, de Derechos Humanos y personas de la academia exigieron la detención de la policía que la agredió sexualmente, la reparación integral del daño, y sanciones, penales, administrativas y legales contra todas las personas involucradas y responsables de los hechos.

A los pronunciamientos posteriores a la denuncia pública se sumó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a través de una declaración de la secretaria general Beatriz Mojica Morga, quien este domingo exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores y al titular de la Fiscalía General de Guerrero, se castigue a los responsables de la agresión sexual.

La líder perredista pidió que la PGR atraiga el caso y se agilice la investigación para castigar a los responsables de la violencia sexual contra la activista, quien además ha sido simpatizante del PRD.

"Es inaceptable que los encargados de cuidar y velar por el bienestar de los ciudadanos, con total abuso de poder, agredan física y sexualmente a una mujer que lucha por erradicar la violencia de género en nuestro país", reclamó.

La Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (CDHEG) por su parte, informó que el jueves 28 de septiembre recibió una queja contra el presidente municipal de Tlapa, Jesús Noé Abundiz García; el director de Seguridad Pública municipal, Neftalí León González; así como del agente titular y agente del Ministerio Público en turno del Fuero Común del Distrito Judicial de Morelos, con sede la ciudad de Tlapa, por presuntos actos violatorios a sus Derechos Humanos.

La queja la presentó Amaury Navarrete Cruz, quien denunció la falta de acceso a la justicia, privación de la libertad personal, violación sexual y abuso de autoridad, por lo que la delegación regional de la CDHEG en la Montaña registró la queja bajo el número de expediente CDHEG-DRM/049/2017-I.

Según la información del organismo ya se pidió un informe a los funcionarios públicos involucrados, así como los nombres completos de los servidores públicos que estuvieron en funciones durante los días 16 y 17 de septiembre; pidió a las víctimas que presenten las pruebas que consideren pertinentes a fin de acreditar responsabilidades.

Cabe mencionar que en enero de este año, al finalizar una misión en México, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, dijo que encontró muchos casos de criminalización a personas defensoras que denunciaban violaciones por parte de las autoridades públicas.

El Relator expresó que se criminaliza a las y los defensores por denunciar violaciones por parte de las autoridades públicas, y enfrentan represalias indirectas a través de ataques o procesos penales dirigidos contra sus familias o personas cercanas a ellos, por ello llamó al gobierno mexicano a comprometerse en la lucha contra la corrupción e impunidad.

Leer el comunicado aquí

17/AGM/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Violaciones a DH y violencia política se extienden en la región
   
Iniciativa de mujeres Nobel visitará Honduras y Guatemala
Imagen de Criterio Honduras
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Gua.- 19/10/2017

Las 4 mujeres Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, de Guatemala; Tawakkol Karman, de Yemen; Shirin Ebadi, de Irán, y Jody Willims, de Estados Unidos, encabezan una delegación que visitará Guatemala y Honduras, del 20 al 28 de octubre de 2017.

La delegación da continuidad a una primera visita que la Iniciativa de Mujeres Nobel llevó a cabo en 2012. En la gira también participarán expertas en Derechos Humanos de Estados Unidos, Canadá, Guatemala y Honduras, un cinematógrafo (documentalista) y periodistas.

La delegación, organizada por la Iniciativa de Mujeres Nobel, JASS-Asociadas por lo Justo y la Fundación Rigoberta Menchú, se encontrará con periodistas, co-organizaciones indígenas y rurales que defienden sus territorios y recursos naturales, defensoras y organizaciones de Derechos Humanos, funcionarios de gobierno y diplomáticos de Estados Unidos, Canadá y de otros países.

La iniciativa de las Mujeres Premio Nóbel (NWI’s por sus siglas en inglés) fue establecida en el 2006 por las laureadas del Premio Nobel de la Paz: Jody Williams, Estados Unidos, 1997; Rigoberta Menchú Tum, Guatemala, 1992; Betty Williams y Mairead Maguire, Irlanda, 1976; Shirin Ebadi, Irán, 2003; y Wangari Maathai, Kenia, 2004, – representando Norte y Sur América, Europa, el Medio Oriente y África, respectivamente –.

La misión de la NWI’s es "colaborar en nuestra capacidad de laureadas y usar la visibilidad y prestigio que nos otorga este premio para promover, resaltar y amplificar la labor tanto de las activistas y las investigadoras que trabajan por los derechos de la mujer como de las organizaciones que alrededor del mundo combaten las causas fundamentales de la violencia".

De esta manera, afirma la NWI’s, "se fortalece y expande el movimiento global que promueve la no-violencia, la paz, la justicia y la igualdad".

A pesar de que en algunos países se han logrado avances, las violaciones a los Derechos Humanos y la violencia política se han extendido en la región. Honduras y Guatemala ocupan el primer y quinto lugar en la clasificación de países con mayores tasas de homicidios.

La represión y política es una preocupación clave; muchas defensoras de los Derechos Humanos no sólo experimentan altos niveles de violencia sino que también son criminalizadas por ejercer su derecho básico a protestar y organizarse contra la corrupción y otras amenazas contra sus comunidades.

De acuerdo con un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), de 2012 a 2014, México, El Salvador, Honduras y Guatemala registraron mil 688 agresiones, 31 asesinatos y 39 intentos de homicidio contra activistas.

La delegación Mujeres Tierra y Paz: Delegación a Honduras y Guatemala, visitará algunas comunidades indígenas, para constatar in situ la situación de las mujeres en estos países.

17/RED/LGL

 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Suman 15 activistas asesinadas hasta julio de 2017
Violencia hacia defensoras caracterizó sexenio de Peña Nieto
Imagen retomada del portal redtdt.org.mx
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/09/2017

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, del primero de diciembre de 2012 a julio de 2017, organizaciones civiles de 30 entidades del país registraron 280 agresiones a mujeres defensoras de Derechos Humanos (DH), 15 ejecuciones extrajudiciales y al menos cuatro víctimas de desaparición forzada.

Las violaciones a los Derechos Humanos de las defensoras representaron 27 por ciento de mil 37 casos; sin embargo las mujeres ejercen su labor en un contexto desigual y doblemente adverso, así concluye el informe “La esperanza no se agota”, publicado este mes por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

Las defensoras lidian con estereotipos de género que condenan a las mujeres que alzan la voz, además enfrentan el contexto violento en el que viven las mexicanas. Como muestra, en este sexenio los casos de feminicidio rebasan en 60 por ciento los registrados durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), citadas en el informe.

La Red, integrada por más de 80 organizaciones, encontró que las violaciones a los DH más frecuentes hacia las defensoras fueron las detenciones arbitrarias (32 casos), hostigamientos (27 casos) y agresiones físicas (26 casos), seguidas de amenazas (23 casos) que también incluyen actos de vigilancia e intimidaciones (22 casos).

De estas violaciones, destacó la Red TD, la detención arbitraria y el hostigamiento fueron cometidas con más frecuencia por personas agresoras relacionadas con el Estado; mientras que las amenazas y vigilancia caracterizaron la actuación de victimarios particulares.

Las organizaciones también destacaron que las agresiones cometidas por autoridades en contra de las defensoras inician con formas de violencias aparentemente “inofensivas” como difamaciones, que al ser cometidas por autoridades dan pie a “castigos correctivos, que van desde agresiones físicas hasta violaciones sexuales”, algo que no sucede con los activistas varones.

CAMPOS DE LUCHA

Respecto a los derechos que las personas defendían al ser violentadas, identificados como “campos de lucha” por la Red TDT, las organizaciones destacaron que es complicado desagregarlos toda vez que los colectivos a los que pertenecen suelen abarcar más de una línea de acción.

Sin embargo, informaron que las agresiones a personas defensoras, organizaciones y colectivos que trabajan por los derechos de las mujeres y de la diversidad de género y sexual (población lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual) representaron cuatro por ciento, es decir 14 de los casos registrados en conjunto en los campos de lucha.

Las entidades con más casos fueron la Ciudad de México (3) y Chiapas (2); mientras que en Oaxaca, Puebla, el Estado de México, Chihuahua, así como en Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala se registró un caso en cada entidad.

Además, de acuerdo al informe, las agresiones individuales más frecuentes –con 346 casos, equivalentes al 33 por ciento del total de mil 37 casos– se cometen en contra de quienes trabajan en su comunidad y defienden los derechos de las mujeres, los derechos políticos y el derecho a la tierra y territorio.

EJECUCIONES Y DESAPARICIÓN FORZADA

El sexenio de Enrique Peña Nieto destaca por el asesinato de 15 defensoras. Las entidades con más casos de asesinato fueron Guerrero (5) y la Ciudad de México, Tamaulipas y Chihuahua, en estas últimas se cometieron dos.

Tan solo los primeros siete meses de este año se han caracterizado por los asesinatos de cuatro defensoras: el de la defensora y periodista periodista Miroslava Breach Velducea en Chihuahua, el de Miriam Rodríguez Martínez en Tamaulipas, el de Jennifer López en Guerrero y el de Meztli Sarabia Reyna en Puebla.

Para 2016 la Red TDT registró los homicidios de las defensoras Alessa Flores, Adela Rivas Obé y Cornelia San Juan Guevara en la Ciudad de México, Guerrero y el Estado de México respectivamente.

En 2013 fueron asesinadas por su labor como defensoras Ana Lilia Gatica Rómulo y Rocío Mesino Mesino en Guerrero; Irma Ascencio Arenas en Hidalgo y Socorro Ayala Ramos en Chihuahua.

En 2014 fueron asesinadas Sandra Luz Hernández en Sinaloa y María del Rosario Fuentes Rubio en Tamaulipas; y en 2015 se registró el homicidio de Nadia Vera Pérez en la Ciudad de México y Nelva Edilia Sánchez López en Guerrero.

A través de los registros recabados por la Red TDT se sabe de cuatro defensoras víctimas de desaparición forzada entre 2016 y 2017. Dos de los crímenes ocurrieron en Michoacán en 2017 y las mujeres fueron encontradas, mientras que en 2016 destacó la desaparición forzada y después la ejecución de Adela Rivas Obé en Guerrero y la desaparición de otra defensora en Veracruz de la que actualmente se desconoce su paradero.

En su informe la Red TDT destaca que si bien el registro evidencia el panorama violento en el que ejercen las defensoras del país este es tan sólo un acercamiento al problema ya que en todo el país los grupos criminales y el miedo a las represalias merman las denuncias. “Cuando el derecho a defender derechos está en riesgo, en realidad, todos los Derechos Humanos se ven amenazados”, destacaron.

Denunciaron que los actos contra las personas defensoras y colectivos son una práctica generalizada en el país y que hay una “inacción o falta de voluntad del Estado” para protegerlas y garantizar sus Derechos Humanos, por ello recordaron que “al atacar y al tratar de silenciar a quienes defienden un derecho, también se ataca el derecho en cuestión”.

17/MMAE








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Juana Antonia Jiménez, simpatizante de la Revolución Sandinista
“Detrás del feminismo están las grandes revoluciones que queremos”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/09/2017

“En contextos autoritarios vale la pena seguir batallando, ya no sólo por mis propios derechos, tengo una hija y una nieta. Creo que después de tanto que se ha batallado en Nicaragua, por la democracia y por la igualdad para las mujeres, vale la pena seguir dando batalla. El feminismo como apuesta política es válida. Y detrás del feminismo están las grandes revoluciones que nosotros queremos para nuestra sociedad”.

Son palabras de Juana Antonia Jiménez Martínez, una de las simpatizantes de la Revolución Sandinista de Nicaragua durante la década de los años 70 cuando se enamoró, como ella dice, de la lucha por los derechos y la justicia, dos causas que sigue defendiendo pero ahora como abogada e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres de su país.

La mujer que de joven buscaba reivindicar un modelo de justica social ahora es la adulta que representa víctimas de violencia de género. “El feminismo me encontró posterior a la revolución, reivindicando una agenda para las mujeres. Siempre he dicho que mi apuesta y mi convicción revolucionaria es de cambios sociales estructurales” afirmó en entrevista con Cimacnoticias durante su más reciente visita a México.

DERECHOS PERDIDOS

Abogada feminista y perseguida política, Juana Antonia Jiménez habló de los logros de las nicaragüenses, a quienes pareciera que cada vez les arrebatan más derechos. “Hemos perdido el proceso mismo de contribución democrática y de pacificación. Eso era la mayor ganancia. Recordar que nosotras pasamos un proceso y una revolución que en términos internacionales tuvo muchas esperanzas de cambio social o de justicia social”.

Cuando la sociedad de aquel país centroamericano optó por la paz y la democracia, por el sufragio y los procesos electorales parecía que a la par del fortalecimiento de las instituciones se garantizarían derechos pero no fue así. “Conquistamos derechos pero los perdimos”, resumió la defensora.

Por ejemplo, en Nicaragua estaba permitida la interrupción del embarazo cuando corriera peligro la vida o la salud de la mujer pero esta excepción a la ley fue eliminada en 2006, algo que afianzó las relaciones entre el gobierno y la jerarquía católica y que Jiménez considera hizo que jurídicamente las mujeres ya no sean iguales.

“Logramos avanzar mucho en la lucha contra la violencia, en términos de reformas a leyes. Logramos una ley integral contra la violencia que si bien es cierto lleva poco, de 2012, significó todo un proceso de participación muy activo desde las mujeres. En términos jurídicos era una de las leyes más avanzadas de la región que tenía toda una fuerte estrategia de cambio cultural. Logramos que el femicidio/feminicidio se reconociera no sólo en el campo privado, también que se reconociera el femicidio/feminicidio público”.

Sin embargo, el presidente Daniel Ortega emitió un reglamento de la ley que mutila la norma y recientemente, en agosto pasado, presentó un paquete de reformas urgentes en materia penal donde señala que el feminicidio sólo se va a reconocer cuando el crimen se cometa en contextos de relaciones de pareja, arbitrariedad que en opinión de la activista ya se cometía pero ahora se legaliza.

“Estamos en un contexto donde se ha adecuado el marco jurídico a los intereses de un régimen político que cada día está más alejado de los estándares democráticos, se perfila como el afianzamiento de una nueva dictadura. Aunque no tengan el componente militar que tenía las dictaduras de los 60, 70 pero en términos de seguridad jurídica y de derechos constitucionales hemos retrocedido”, sentenció.

¿DICTADURA PARA TODAS Y TODOS?

Cualquier régimen dictatorial perjudica a todas las personas, explica la abogada.

“Toda la política está impregnada no sólo de misoginia hacia las mujeres al ni siquiera haber una política pública que pueda sancionar adecuadamente la violencia y los femicidios. Hay un discurso permanente dirigido oficialmente desde el gobierno de asumir una posición alejada totalmente de un Estado laico. La manipulación religiosa se hace desde el discurso oficial”.

A principios de septiembre el movimiento de mujeres de Nicaragua se movilizó y se declaró en alerta roja ante 49 casos de feminicidio atroz, caracterizados por cuerpos descuartizados, quemados, decapitados. Fenómeno de odio que, según ha declarado la vicepresidenta, Rosario Murillo, se van a prevenir con una campaña para promover valores con los líderes religiosos.

“Hay un régimen político que promueve el autoritarismo que no reconoce derechos para la población pero que tiene un odio permanente y una descalificación a los derechos de las mujeres en general. Eso también tiene una implicancia en términos de riesgo, de ataques. Es preocupante que casi 50 por ciento de las 202 agresiones que hemos registrados hacia defensoras, los perpetradores son particularmente entes estatales donde destaca la policía nacional”.

La Iniciativa Nicaragüense de Defensoras documentó entre 2015 y 2017, 202 agresiones contra defensoras, de las cuales 45 por ciento fueron cometidas por autoridades estatales. Según datos de esta articulación, la Policía Nacional es el órgano represor y de vigilancia ilegal más frecuente en 1 de cada 4 agresiones hacia defensoras. Asimismo, personas o grupos cercanos al partido de gobierno han sido perpetradores de la agresión en 1 de cada 3 casos.

“Nosotras creemos que somos una voz que tiene autoridad ante la población, somos un movimiento que hemos defendido históricamente derechos para las mujeres y que creemos que como país merecemos un sistema democrático que garantice derechos para todos”, expone Jiménez sobre su convicción de continuar su trabajo pese a los riesgos.

PERSEGUIDA POR PEDIR LIBERTAD

La abogada tiene alrededor de 25 años trabajando por la igualdad de género en su país. “¿Esto qué ha significado? pues toda una serie de atropellos a mi integridad. Desde 2007, con la llegada de Daniel Ortega al poder, implicó actos de persecución y de criminalización al Movimiento Autónomo y a parte del liderazgo feminista. En esas listas he estado incluida permanentemente”.

Ella ha sido víctima de campañas de desprestigio y calumnias. En 2007 junto con 8 feministas fue acusada de “apología del delito de aborto” porque las agrupaciones donde trabajaban se pronunciaron en contra de la penalización total del aborto en Nicaragua. “Eso me significó a mi y a mis compañeras más de dos, casi tres, años de investigación y de defensa por nuestra parte”.

Una segunda criminalización fue en 2008 cuando se acusó al Movimiento Autónomo de Mujeres de lavado de dinero, una estrategia de descalificación al movimiento y al feminismo. “Todas hemos sido víctimas de ataques directos durante las movilizaciones, atacadas, con intentos de agresiones físicas, también he vivido actos de persecución política que han trascendido a intentos de querer involucrar o afectar a mis familiares, particularmente a mi hija”.

En el ámbito de su ejercicio profesional, Jiménez Martínez enfrentó una acusación infunda de dos personas que la acusaron de malas prácticas como abogada, el objetivo, dijo, era suspenderla de sus funciones como abogada y notaria pública y pese a ello el frente del que forma parte sigue trabajando para hacer ver las desigualdades y las arbitrariedades de un gobierno que, dice, se parece cada vez más a una dictadura.

“No queremos renunciar a la posibilidad de contar con un país donde podamos convivir sanamente hombres y mujeres y donde podamos seguir avanzado en esa agenda de igualdad por nuestros derechos”.

17/AGM








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Exigen protección a autoridades hondureñas
   
Atentan contra integrantes de Copinh, la hija de Berta Cáceres, entre ellas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/07/2017

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), exigió a las autoridades hondureñas, investigar y castigar las agresiones cometidas el pasado viernes, en contra de 3 de sus integrantes, entre quienes se encontraba Bertha Zúñiga, la hija de la defensora Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.
 
En un comunicado, la organización hondureña que defiende los recursos naturales, señaló que es responsabilidad del Estado hondureño la protección de la integridad física de quienes conforman el Copinh y por tanto, debe tomar las medidas necesarias para que la organización realice su labor de defensa de las comunidades lencas y de sus territorios.
 
De acuerdo con el boletín, la tarde del viernes, Bertha Zúñiga, quien iba acompañada por dos integrantes más de la Copinh: Sotero Chavarría y Asunción Martínez, fueron interceptados en su camino de vuelta de la comunidad de Cancire, en el municipio de Santiago Puringla ubicado en el departamento de La Paz, por 4 hombres que portaban machetes en la mano, quienes intentaron atacar el carro sin lograrlo.
 
Un segundo ataque se registró con un automóvil que pretendió sacar del camino el auto en el que se transportaban las personas defensoras de Derechos Humanos.
 
El Copinh señaló que ambos ataques tienen que ver con la defensa que han hecho en la comunidad de Lomas de San Antonio y las Delicias, ya que las fuentes de agua de dicha comunidad se han visto afectadas por la represa Hidroeléctrica Zazagua, que ha dejado secas las fuentes de agua para la comunidad.
 
Por lo anterior, hizo un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta y exija a las autoridades de Honduras, la protección de las personas que integran el Copinh, organización con más de 20 años de lucha en defensa del pueblo Lenca, de los recursos naturales y en contra de los proyectos hidroeléctricos.
 
17/LGL








ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   "El plan llegó demasiado tarde” afirman activistas
Presentan en Chihuahua Plan de Contingencia para defensoras y periodistas
Imagen retomada del portal chihuahua.gob.mx
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/06/2017

Hoy el gobierno de Chihuahua y el Federal presentaron el Plan de Contingencia para la Protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en Chihuahua.
 
El Plan, que tiene cinco ejes de acción, es resultado de las exigencias de personas defensoras, periodistas y organizaciones civiles para garantizar condiciones seguras al ejercer su labor y que derivó en una “Alerta Temprana” aprobada por el Mecanismo desde agosto de 2016.
 
El Plan, afirmó la titular de la Alianza Sierra Madre A.C Aida Estela Lozano, durante la presentación, es “inédito” porque considera no sólo las medidas de seguridad que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debe adoptar para proteger a defensores y periodistas, sino también cómo debe actuar éste ante las problemáticas de riesgo a las que se enfrentan en sus trabajos.
 
Los ejes que aborda son: el reconocimiento al ejercicio de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas al garantizarles seguridad y, en caso de ser agredidos, su acceso a la justicia; la atención a grupos en situación de vulnerabilidad (como las y los migrantes); otro punto es el medio ambiente; también el contexto adverso que enfrenta la población en la Sierra Tarahumara; así como la garantía del ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
 
El cumplimiento de los ejes se realizará a través de 53 acciones a cargo de 26 instancias a nivel estatal y 24 federales que trabajarán junto con organizaciones civiles.
 
Durante la presentación a la que asistió el gobernador de Chihuahua, Javier Corral y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se nombró y presentaron las fotos de 21 mujeres y hombres defensoras y periodistas que fueron asesinados desde 2008 hasta la fecha. “Para ellas y ellos el Plan llegó demasiado tarde, esperemos que se cumpla para que no cueste más vidas y sea suficiente para que quienes se encuentran en el exilio puedan regresar en condiciones de seguridad”, dijo la defensora Aida Estela Lozano.
 
Ejemplo de ello fue la periodista Patricia Mayorga, quien dio un mensaje a través de un video porque actualmente se encuentra exiliada por las amenazas de las que ha sido víctima.
 
Desde 2016, expuso Estela Lozano, incrementaron las campañas de desprestigio y agresiones dirigidas a personas defensoras y periodistas lo que llevó a 25 organizaciones y periodistas a solicitar al Mecanismo de Protección que emitiera una Alerta por la situación. “Para marzo de 2016 había al menos 80 personas con medidas de seguridad dictadas por organismos internacionales de Derechos Humanos”, mencionó la defensora.
 
En abril de 2016 junto con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas analizaron el contexto del estado, lo que derivó en propuestas para el Pan de Contingencia que hoy se aprobó.
 
17/MMAE/LGL








QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   QUINTO PODER
La historia de mañana
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 25/05/2017

“Quien no conoce su historia, está condenada a repetir sus errores”, Paul Preston
 
México vive hoy uno de los momentos más complejos en su historia, en la que cíclicamente se repiten eventos que parecía que ya habíamos vivido: hallazgos de fosas clandestinas, casos de feminicidio y homicidios a la alza, delitos que se cometen por esa violencia horizontal derivada de las condiciones que prevalecen en el país, además de la vertical, por omisiones o acciones de instituciones y sus representantes. Pese a ese antecedente, hoy escribimos la historia que mañana nos avergonzará.
 
Quizá cobrar conciencia de esa dimensión nos ayude a documentar, a registrar desde otros ojos lo que hoy día estamos viviendo en México, para al menos, contribuir a los hechos que se investigarán en el futuro como el período en el que la violencia se convirtió en sinónimo de nuestro país.
 
Se trata de mirar objetivamente no sólo el número de personas que son víctimas de homicidios y feminicidio, sino a quienes están buscando justicia y no la encuentran, la falta de debida diligencia por parte de algunos y algunas instancias en la investigación y en los procesos que afectan así la posibilidad de acceder a la justicia.
 
Hablamos de los miles de desaparecidos que hoy día forman la lista que según informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos han contribuido a engrosar el número hasta fluctuar entre 25 y 30 mil personas de las que no se sabe su paradero, y de los que hay poca información para determinar con precisión su condición de “desaparecida”, ausente o ubicación no determinada, que al final se convierte en la retórica que rodea a las personas desaparecidas.
 
Paralelamente hablamos de hallazgos cada vez más constantes de fosas clandestinas en las que habría que adoptar medidas de protección a los restos para garantizar su identificación a través de estudios de ADN.
 
Hablamos de las personas migrantes de otros países que en medio del grave momento de violencia que se vive en México, ingresan al territorio nacional y nunca más se vuelve a saber de ellas y que son buscadas por sus familiares en sus lugares de origen, pero en el territorio mexicano en medio de la emergencia y la crisis de violencia derivada de la presencia del crimen organizado y las violaciones a los Derechos Humanos, se convierten en un montón de huesos del que nadie quiere saber nada.
 
Es la realidad de las y los periodistas asesinados, criminalizados, investigados, amenazados, desplazados y obligados a cambiar de lugar de residencia por el hostigamiento de grupos de poder locales.
 
Es lo que están viviendo quienes defienden los Derechos Humanos que son asesinadas por defender la tierra y los recursos naturales, pero la evasión suele ser el responsabilizar al crimen organizado y nadie sabe a ciencia cierta si se puede descartar la presencia de los corporativos internacionales que luchan por apropiarse de los recursos naturales en México en medio del caos y la impunidad.
 
El homicidio de un joven y el linchamiento público de un extranjero no hace de México un lugar de “salvajes”, las turbas se mueven en todo el mundo y se desplazan de un lugar a otro y responden al sentido más primitivo de la humanidad, pero lo que sí caracteriza a nuestro país es el hartazgo y la impunidad ante la falta de actuación por parte de las autoridades que tendrían que considerar los escenarios actuales en el territorio nacional.
 
Cada uno de estos eventos que hoy ocurren, que compartimos en redes, que hablamos y que socializamos, forman la historia de mañana, y lo que nos deberíamos preguntar es cómo estamos contribuyendo a que estos eventos que sin duda serán vistos como el período de violencia social con más víctimas en México, se documenten de manera responsable, honesta y humana, y de protección a las víctimas fundamentalmente.
 
Mucho tendríamos que aprender de la historia que México ha vivido, de los eventos que nos avergüenzan y nos llenan de indignación en el pasado y que hoy día podríamos estar repitiendo, ser parte, actores y actoras de lo que mañana será la historia de un país que se nos iba de las manos mientras perdíamos el tiempo en la selfie y en las discusiones estériles sin acción e intervención a favor de la población.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/LGL








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