defensoras de Derechos Humanos

INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Feministas repudian crimen de Marielle Franco
Mitin en Nueva York por asesinato de defensora brasileña
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Por: Lucía Lagunes Huerta, enviada
Cimacnoticias | Nueva York.- 20/03/2018

En la tradicional plaza de la resistencia, como se le puede denominar a Union Square, la comunidad brasileña que radica en Nueva York, acompañada de feministas internacionales, se unieron en un grito contra el autoritarismo: “Marielle Presente”.

En punto de 18 horas del pasado viernes fueron llegando mujeres y hombres con carteles, fotografías y por supuesto la bandera brasileña. La indignación por el asesinato de la defensora feminista y lesgisladora Marielle Franco, arrancó gritos pese al frío.

¡Alto ya! 60 mil asesinatos en Brasil anuales, dice uno de los carteles hecho en alguna computadora casera donde se mira el rostro sonriente de Marielle Franco (1979-2018) y donde se remata: Brasil falla a la democracia.

Poco a poco se cerró el círculo de un centenar de personas que llegaron a Union Square para mostrar el repudio contra este asesinato político de la feminista brasileña.

La noticia le llegó a la defensora Andrea Biseo, en medio de una reunión política de la organización Abrazo Brasileño, que se conformó hace dos años y medio, para denunciar los ataques a la democracia y Derechos Humanos en Brasil. Andrea llegó hace 30 años a estudiar a Estados Unidos y se quedó.

Autodefinida como feminista, el crimen de Marielle atenta contra el futuro político de Brasil pues “ella tenía todo de un nuevo liderazgo” que unió agendas políticas nodales, racial, de mujeres, de las favelas, de las juventudes y de la diversidad.

La pregunta de Andrea también se reflejó en los carteles ¿cuántas mujeres más serán asesinadas para que se acabe la guerra?

Para esta defensora brasileña radicada en Estados Unidos, el asesinato de Marielle es el mensaje para quienes buscan la democracia en Latinoamérica.

De acuerdo con el informe presentado en enero de este año por la organización internacional Front Line Defenders, 73 por ciento de los crímenes contra personas defensoras en América ocurrió en Brasil y Colombia, quienes juntos congregan 156 víctimas latnoamericanas de las 212 registradas en el año 2017.  La región concentra  dos tercios de los crímenes contra personas defensoras del mundo (312), de acuerdo con los registros de la organización.

Laila también tomó la palabra en el mitin: “hoy yo me siento muy abatida, triste, perseguida, Marielle significa esa energía que las personas negras sentimos para salir y ocupar espacios”.

Su historia con Marielle Franco tiene dos vías, la que conoce a través del trabajo que realiza su hermana en el grupo de “Creadoras Negras” que se articulaban con Marielle y por el contacto con otras amigas que están dentro del movimiento afro en Brasil.

El mensaje que deja el asesinato de la defensora, aseguró Laila, es que la dictadura ha regresado a Brasil.

Finalmente para la feminista uruguaya, Lilián Celiberti, representante de la organización regional MarcoSur, la ejecución de la legisladora es el regreso de la violencia política que se vivió en la región con el Plan Cóndor que unió a las dictaduras en los años setentas.

Si bien Celiberti reconoce que la democracia latinoamericana esta en jaque y que por eso es necesario redoblar energía, advierte que hay instituciones autónomas como la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que hay que fortalecer porque son necesarias para la democracia.

18/LLH/LGL

 








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   OPINIÓN
Marielle, la voz de todas
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Por: Julia Lima*
Cimacnoticias | Brasil, Bras.- 21/03/2018

Un aviso a todas las mujeres que luchan de que los espacios de poder no son para nosotras y un recado sombrío a las personas que defienden los Derechos Humanos de Brasil. Esos fueron los mensajes implícitos en la noticia de que Marielle Franco había sido asesinada el pasado miércoles 13 de marzo, en Río de Janeiro.

Un crimen con señales claras de ejecución. Ella salía de una actividad con mujeres afrodescendientes cuando un coche aparcó al lado del suyo y un tirador disparó cerca de 13 balazos en la puerta donde ella estaba. Cinco disparos fueron en su cabeza y otros alcanzaron al conductor del coche, Anderson Pedro Gomes, que también falleció.

Marielle era una mujer afro, madre soltera, defensora de Derechos Humanos, nacida y criada en una favela en Río de Janeiro. Llevaba en su existencia muchos símbolos de resistencia. Contrariando a las estadísticas, en 2016 fue elegida consejera de la ciudad de Río de Janeiro. Fue la quinta más votada. Estaba poniendo en práctica un mandato participativo, construido con mujeres, favelados y gente que suele estar marginada de los espacios políticos institucionales en Brasil. Marielle hacía política para los excluidos, proponiendo iniciativas para combatir la violencia en contra de las mujeres, para ampliar los derechos de las afrodescendientes y para garantizar los derechos de la población pobre.

Hacía críticas al modelo de las fuerzas de seguridad brasileñas y constantemente denunciaba la violencia policial que victimiza sobre todo a jóvenes afro en nuestro país.

Recientemente había sido elegida presidenta de la comisión legislativa que acompañaría la intervención de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro, una medida controversial recién tomada por el gobierno golpista de Michel Temer, que está siendo cuestionada por muchos sectores de la sociedad pues solamente impactará a la población de las favelas con más violencia y militarización y no resolverá en nada el tema del narcotráfico en la ciudad más turística del país. Marielle era una voz crítica de la intervención militar.

Por tratar estos temas poniendo luz a un lado de la historia normalmente invisibilizada, Marielle era una de las voces más representativas de lucha por la igualdad de género y raza en el país y justamente por eso fue ejecutada. Su muerte no es solamente la interrupción de la vida de una mujer afrodescendiente que tendría seguramente una poderosa trayectoria de lucha por la igualdad y la justicia, es también un claro mensaje de miedo para las mujeres defensoras de Derechos Humanos que ocupan espacios de poder tradicionalmente masculinos.

El asesinato de Marielle está inserto en un cuadro crítico de violencia y exterminio de los que luchan por los derechos en Brasil, y denuncian el Estado brasileño como el principal violador de esos derechos.

Una escalada de homicidios de personas defensoras de Derechos Humanos está en curso en el país -que se ha colocado como uno de los que tiene más altos índices de asesinatos de defensores del mundo-. Mujeres y hombres de distintas partes del país que luchan por la permanencia en sus territorios en cuanto pueblos tradicionales, que denuncian los impactos socioambientales de los megaproyectos y que luchan por el fin de la violencia estatal, como era el caso de Marielle, están en constante situación de amenaza y riesgo y muchos terminan asesinados en crímenes planeados que siguen sin elucidación.

Pero el asesinato de Marielle impactó a los brasileños y al resto del mundo de manera distinta. Matar a una representante política del pueblo en medio de una de las más grandes ciudades del país hace que su caso sea emblemático y muy representativo de que los que planean frenar la lucha por derechos en el país no medirán esfuerzos para hacerlo. 

Sin embargo, nuestros esfuerzos para garantizar justicia por sus muertes debe tener la misma dimensión. Estamos frente a un asesinato político y es así que el Estado brasileño debe investigarlo.

El aumento de la intervención militar en Río de Janeiro no es una medida eficaz para elucidar ese crimen sino que intensificará las violaciones de Derechos Humanos de las comunidades periféricas, y eso es justo lo que Marielle combatía.

No es tiempo de retroceder. Miles de nosotras ocupamos las calles de distintas ciudades del país desde la última semana no solamente para exigir justicia a Marielle Franco, también para seguir resonando su voz en contra de la violencia hacia las mujeres, en contra el exterminio de la juventud afro, en contra un modelo de seguridad pública racista.

Las voces de miles de mujeres que piden justicia por Marielle Franco se unen con las que buscan el fin de la violencia de género en el país. Son ellas quienes están al frente de la defensa de los Derechos Humanos en un momento en que las desigualdades históricas y estructurales en Brasil están avanzando a pasos largos otra vez.

Marielle vive en cada una de nosotras y seguir su lucha es la mejor manera de que se haga justicia por su muerte.

*Comunicadora, feminista, coordinadora del área de Protección a la libertad de expresión de Article 19 Brasil, e integrante del Comité Brasileño de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

18/JL/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Relator Especial de la ONU presenta en Ginebra, informe sobre México
Impunidad, causa de agresiones a personas defensoras de DH
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/03/2018

Entre 2010 y 2017, fueron asesinadas más de 43 defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas mujeres en México, cinco de ellas, en el último año, y los principales agresores son las empresas privadas, en el caso de los megaproyectos; y los grupos religiosos en el caso de las personas que defienden los derechos de la comunidad LGBTTTI.

Estos son algunos de los datos que el Relator especial de la ONU sobre la situación de las defensoras y defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, presentó en su informe final sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, y que fue resultado de su visita a México del 16 al 24 de enero 2017 donde se reunió con autoridades estatales y federales, organizaciones de la sociedad civil y más de 800 personas defensoras de la Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México.

El Relator advirtió que México podría llegar a ser el país más peligroso en el mundo para quienes defienden los DH si el gobierno no actúa, pues además existe un gran número de defensoras que han sufrido intentos de asesinatos y ataques como violencia sexual o campañas de difamación.

Mencionó que en el caso de las mujeres de Atenco, quienes lucharon contra la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en 2006 y sufrieron tortura sexual por parte de policías estatales y federales durante los operativos de mayo de 2006 en el Estado de México, o en el de la defensora María Luisa García Andrade, de Ciudad Juárez, habrían sufrido numerosas amenazas y ataques contra su integridad.

El 29 de junio, 2017, la defensora de derechos laborales Meztli Omixochitl Sarabia fue asesinada en su oficina en Puebla, y una defensora en Tamaulipas fue baleada 12 veces, presuntamente por su trabajo de investigación relacionado con las desapariciones en el estado y los Zetas.

El Relator consideró que desafiar al patriarcado y la misoginia deriva en la violencia contra las mujeres que puede darse dentro de su propia familia o comunidad, y que los impactos psicológicos pueden ser graves, hasta el síndrome de estrés postraumático y aislamiento social.

El Relator se mostró muy impactado por las altas cifras de defensoras que vivieron discriminación por parte de agentes estatales y que  tuvieron dificultades al pedir protección. Lamentó que “la impunidad es a su vez causa y consecuencia de la inseguridad de defensoras y defensores en México”.

En las recomendaciones del informe al Estado mexicano, Forst aseveró que “no habrá una mejora notable de la situación de defensoras y defensores mientras continúe la impunidad abundante. El éxito en la lucha contra la impunidad depende de si se superan los retos de la corrupción, el crimen organizado y la militarización de la seguridad pública.”

Si bien aplaudió la creación del Mecanismo de Protección para personas defensoras de DH y periodistas -bajo el cual habrían sido registradas 368 personas defensoras, y 260 periodistas a la fecha de su visita- observó que éste no termina de ser una herramienta efectiva toda vez que la ayuda llega tarde, fragmentada y no toma en cuenta las necesidades de la víctima.

Consideró importante que exista personal femenino para atender por ejemplo los efectos de violencia sexual, y que el personal del Mecanismo se capacite con enfoque de género, así como que el Estado lo dote de recursos suficientes para poder cumplir con su cometido.

También recomendó que a propósito del aniversario de la Declaración sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos  que se conmemora en diciembre, sea un buen motivo para que el gobierno mexicano demuestre interés en el tema e inicie una campaña a favor de las personas defensoras, así como convocar a una Cumbre que haga de la defensa de los DH una prioridad nacional.

18/SG/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   En 1999 reprendió al gobierno mexicano por el feminicidio en Juárez
Fallece la defensora de Derechos Humanos, Asma Jahangir
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/02/2018

Abogada de profesión, Asma Jahangir comenzó a defender Derechos Humanos a los 18 años de edad, cuando luchó por la liberación de su padre, quien había sido detenido arbitrariamente por el régimen militar pakistaní. Después de una vida de lucha, reconocimientos y amenazas, este domingo, a los 66 años de edad, murió en su natal Lahore, Pakistán.

Numerosas organizaciones civiles alrededor del mundo, entre ellas la pakistaní y premio Nobel de Paz 2014, Malala Yousafzai, y el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentaron el fallecimiento de la defensora.

“El mundo pierde una giganta de los Derechos Humanos”, dijo Guterres, y ofreció sus condolencias a la familia de Jahangir, quien fuera Relatora de las Naciones Unidas en tres ocasiones: para los derechos humanos en Irán (2016-2018); para la libertad de religión (2004-2010) y de ejecuciones extrajudiciales, cargó que en 1999 le permitió visitar México.

En un pronunciamiento público Amnistía Internacional, organización asesorada por la defensora, advirtió que Jahangir dejó un “potente legado de Derechos Humanos”. Empezó a liderar protestas a sus 18 años, cuando luchó por la liberación de su padre, quien había sido detenido arbitrariamente por el régimen militar pakistaní.

Abogada de profesión, Asma Jahangir y su hermana, Hina Jilani, establecieron el primer despacho jurídico de mujeres abogadas de Pakistán en Lahore. Entre sus clientes hubo cristianas y cristianos condenados a muerte por cargos de blasfemia, trabajadora y trabajadores cautivos que habían huido del opresivo dominio de terratenientes feudales y mujeres que sufrían la violencia en el hogar.

Por su trabajo fue amenazada, detenida y sometida a arresto domiciliario; se vio obligada a mandar sus dos hijas al extranjero, por razones de seguridad. Una de las luchas más decididas de Asma Jahangir, según Amnistía Internacional, fue contra la práctica de la desaparición forzada.

Durante seis años, de 1998 a 2004, fue Relatora Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, y no tuvo inhibición de usar palabras fuertes para denunciar los delitos que le habrían sido relatados. En 1999, Asma visitó a México y el informe que derivó de esta visita, “desafortunadamente aún guarda vigencia”, así lo lamentó la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México en un mensaje de Twitter.

En esta visita la defensora obtuvo información sobre la masacre de 45 indígenas, entre ellas cuatro mujeres embarazadas, en Acteal,  Chiapas, en 1994; la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995 y los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, documentados desde 1993.

La entonces Relatora Especial sobre las Ejecuciones Sumarias Arbitrarias de la ONU, concluyó que estos crímenes eran problemas “profundamente arraigados con respecto a la impunidad de los infractores de los derechos humanos, la total ineficacia del sistema judicial y una falta de transparencia en el funcionamiento de las instituciones estatales que afectan al país y a toda su población.”

Aunque Jahangir reconoció que los asesinatos en Ciudad Juárez no encuadraron estrictamente dentro de su mandato, visitó al lugar de los hechos y llegó a una conclusión devastadora para el gobierno:

“Los sucesos de Ciudad Juárez son el típico ejemplo de delito sexista favorecido por la impunidad. La conducta

arrogante de algunos funcionarios públicos y su manifiesta indiferencia ante estos delitos permiten concluir que muchos de ellos fueron deliberadamente pasados por alto por la mera razón de que las víctimas eran ‘sólo’ muchachas corrientes y, por lo tanto, no eran consideradas una gran pérdida”, escribió en su informe para la ONU.

Asma Jahangir murió cuando ejercía el cargo de Relatora sobre los Derechos Humanos en Irán.

Cabe mencionar que su entierro desató toda una controversia entre liberales y musulmanes fundamentalistas de su país, Pakistán, porque contrario a leyes estrictas islámicas, mujeres y hombres participaron juntos en la ceremonia, algunas, como sus dos hijas, en primera fila. En redes sociales, paisanas y paisanos liberales opinaron que esto era justo la libertad religiosa y de las mujeres por la que ella había luchado Jahangir en vida.

18/SG








ESTADOS
   Aseguran que órdenes de aprehensión son para intervenir en procesos sindicales
   
Red de Defensoras condena uso de Poder Judicial contra enfermeras
Imagen retomada de Chiapas Paralelo
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/02/2018

 

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México condenó que el Gobierno de Chiapas use el Poder Judicial para fabricar delitos y criminalizar las enfermeras de Chiapas que exigen sus derechos laborales y denuncian la corrupción entorno a los servicios de salud en su entidad.

En diciembre de 2017 la Fiscalía General de Chiapas liberó cuatro órdenes de aprensión contra María de Jesús Espinosa de los Santos, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, Humberto Gutiérrez Medina y Líbano Domínguez, acusados de motín por el secretario de Salud de la entidad, Francisco Ortega Farrera.

Estas acusaciones derivaron de las huelgas de hambre que realizaron las enfermeras y los trabajadores del sector salud entre abril y mayo de 2017 con el fin de exigir condiciones dignas de empleo combatir la crisis de salud en el estado.

La movilización cesó  en abril del año pasado cuando el gobierno local se comprometió a abastecer de medicinas y equipo a los hospitales estatales, mejorar las condiciones de trabajo y no tomar represalias laborales, administrativas ni jurídicas contra el personal en huelga. Sin embargo la mayoría de las medidas no fueron cumplidas.

Ejemplo de ello, es la demanda interpuesta así como el acoso judicial constante en los domicilios y centros de trabajo de María de Jesús, quien ha jugado un papel importante como vocera del movimiento de enfermeras, y los otros tres integrantes, quienes encabezan una de las plantillas que aplicará apara el revelo sindical de los y las trabajadores de salud en Chipas, la cual será emitida en marzo de este año.

La Red de Defensoras consideró que las órdenes de aprehensión son una forma de limitar el derecho legítimo de las y los defensores de aplicar a cargos de dirección sindical. Por ello, la organización, conformada por 225 mujeres defensoras, demandó a la Secretaría de Salud y Fiscalía General del Estado, el cese definitivo de persecución y criminalización contra María de Jesús y sus compañeros.

Asimismo, pidió a la Secretaría de Gobierno y al Ejecutivo local cumplir con los acuerdos firmados en abril y mayo del año pasado y asegurar un ambiente donde las personas puedan hacer uso pleno de su derecho a proteger sus Derechos Humanos.

18/ACEG








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Advierte riesgos para defensoras de tierra y territorio
Ley de Seguridad Interior viola derechos de las mujeres: ProDESC
Imagen retomada de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/02/2018

La organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) interpuso un amparo contra la Ley de Seguridad Interior (LSI) por considerar que su aplicación afectaría a las mujeres y en particular a las defensoras de Derechos Humanos que defienden la tierra y el territorio y se oponen a la instalación de megaproyectos en sus comunidades.

Este amparo interpuesto antier en los Juzgados de Distrito de la Ciudad de México tiene el objetivo de impugnar la ley y evitar que se aplique porque a decir de las litigantes podría traer graves consecuencias a la vida y seguridad de las mujeres e impedir o limitar su derecho a defender Derechos Humanos, según informaron en un comunicado.

De acuerdo con ProDESC hay antecedentes que muestran que las fuerzas armadas amenazan o acosan a las mujeres al realizar labores de seguridad; lo que se suma a la violencia que viven las defensoras que se oponen a megaproyectos de extracción, energía e infraestructura que atenta contra sus derechos a la tierra, al agua y a un ambiente seguro.

El informe que en 2017 realizó en el Relator Especial de las Naciones  Unidas sobre la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, tras su visita a México, indica que las comunidades indígenas, frecuentemente se han enfrentado a acusaciones penales y detenciones por protestar contra esos proyectos.

Con estos antecedentes, ProDESC consideró que la Ley de Seguridad Interior es omisa porque no señala cómo garantizar los Derechos Humanos, en específico de las mujeres, en las tareas de seguridad y tampoco establece la obligación de los funcionarios, agentes e instituciones que intervengan en acciones de seguridad interior, de evitar cualquier acción o práctica de violencia o discriminación contra las mujeres.

Esta norma, publicada el 21 de diciembre de 2017, es un riesgo para el derecho al respeto de la vida de las ciudadanas, su integridad física, psíquica y moral; y su libertad y seguridad personal. Ello porque la situación de violencia en México impacta de manera diferenciada a las mujeres, y ellas son víctimas de ciertos delitos en mayor proporción que los hombres, especialmente los vinculados a la violencia sexual.

Con este amparo ProDESC buscará evidenciar que esta ley que privilegia el enfoque de militarización al de los Derechos Humanos es inconstitucional porque no cumple el principio de proporcionalidad, no resulta idónea, necesaria ni es igualmente adecuada para todas las personas; y porque contiene ambigüedades en la definición de conceptos como seguridad interior, y amenazas y riesgos a la seguridad interior.

Frente a este contexto, la organización señaló que resulta inadmisible que una medida legislativa como esta carezca de las garantías mínimas para asegurar la protección de los derechos de las personas, la prevención y sanción de conductas de este tipo, así como la erradicación de prácticas ilícitas de las fuerzas militares.

18/AGM/LGL








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   Mujer Sonora
Ombudsperson
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Por Silvia Núñez Esquer
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 31/01/2018

El defensor o defensora del pueblo debería estar comprometido a defender a capa y espada los Derechos Humanos. El ombudsperson, todavía mal llamado ombudsman, en masculino, fue creado desde el siglo XIX pero es hoy cuando tiene definidas sus funciones como defensoras o defensores de Derechos Humanos. En Sonora se encuentra abierto el proceso para elegir a la persona que habrá de sustituir al actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el periodo 2018-2022.

Son trece aspirantes, entre los cuales se encuentran dos mujeres: Alma Lydia Soto López y Lourdes Rivera Valle. Ambas han quedado invisibilizadas en los medios ante figuras masculinas de reconocida trayectoria pública. En la lista figuran un compadre de la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, un ex presidente de la CEDH, dos actuales empleados de la CEDH, uno de ellos cuestionado en años pasados por su dudosa participación en un caso de feminicidio, en el cual se le señalaba por ofrecerse como abogado defensor del agresor. Así como han quedado invisibilizadas las dos aspirantes a dirigir la CEDH, el tema de los Derechos Humanos de las mujeres ha sido ignorado.

En el discurso, a las mujeres se les ha puesto en el paquete de “grupos vulnerables”, junto con niñas y niños, migrantes e indígenas, ignorando que su condición de género que atraviesa todas las demás categorías. Un aspirante fue muy claro cuando lo cuestionaron sobre el aborto, a lo que respondió que está de acuerdo con defender las excepciones que la ley y el Código Penal contienen para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo en el estado de Sonora.

Pero otro, el que fuera en años anteriores presidente de la CEDH en forma contundente dijo que está “a favor de la vida” y que si bien se debe respetar la ley, dejó muy claro que para él las mujeres no se mandan solas. Eso de que su cuerpo es suyo, no es tal.

Así las cosas, el sector de la población, blanco de la más grave violación de los Derechos Humanos, las víctimas de feminicidio consumado, de tentativa de feminicidio y de violencia familiar extrema, no existen para las y los aspirantes a la titularidad de la CEDH. Sonora aparece en el sexto lugar nacional en incidencia de feminicidio y primer lugar en violencia familiar, según el informe del Secretariado Nacional de Seguridad Pública de enero de 2018.

Atestiguar cómo un ex presidente de esa institución que no respondió a las necesidades del momento quiere ocupar el cargo nuevamente, nos recuerda que pronto harán diez años de la reforma constitucional en Sonora que limitó los derechos reproductivos de las mujeres y que inició una cascada de reformas en varias entidades en el mismo sentido.

Jorge Sáenz Félix se negó a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada, como se lo solicitaron mujeres y organizaciones, siendo la instancia correspondiente para hacerlo. Además lo hizo atendiendo a sus creencias personales y a las organizaciones retrógradas que violando los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas hacen todo lo posible por llevar a término los embarazos, aún si éstos son producto de la violencia sexual.

Incluso, la respuesta a las mujeres la otorgó porque éstas interpusieron un amparo ya que las ignoró y no atendió voluntariamente su solicitud, violando su derecho de petición lo cual finalmente tuvo qué hacer por mandato del juzgado de distrito. Es por ello que el Congreso del estado no solo no debería tomar en cuenta la candidatura de Sáenz Félix por la enorme omisión del entonces ombudsman, sino que debería atender y resolver sobre el juicio político que también se solicitó formalmente ante el Legislativo y que nunca obtuvo respuesta.

La petición hecha en 2009 fue resultado de la negativa del entonces titular de la CEDH de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad por la reforma al Artículo primero de la Constitución sonorense. Aún así, Sáenz Félix quiere ser de nuevo ombudsperson, quiere seguir viviendo de los recursos públicos que deberían ser para impulsar la salvaguarda de los Derechos Humanos de todas las personas. El sueldo, que según sus propias palabras es similar al de un secretario del Gabinete estatal, debería ser devengado por una persona que estuviera comprometida con la defensa y promoción de los Derechos humanos, incluidas las mujeres.

No debería regalarse a personas que se erigen en jueces supremos que con la máscara del ombudsman se convierten desde ese puesto en violadores de los Derechos Humanos. A las mujeres en Sonora y en México no nos conviene ni nos sirve un ombudsperson que solo le interese pasarla bien, con un buen salario, rodeado de amigos y amigas contratadas para devengar un sueldo por cuatro años. Requerimos una persona que realmente sepa de qué se tratan los Derechos Humanos, todo lo que abarcan, y con sensibilidad para atender de inmediato todas las violaciones pero particularmente las violaciones graves, atendiendo las peticiones ciudadanas.

No es justo que sigamos sosteniendo con dinero público a personas que buscan pasarla bien, hacer relaciones para su futuro, y sin el mayor rubor revictimizar a las personas agraviadas. Las mujeres en Sonora todavía estamos sujetas a las restricciones que el Congreso avaló a propuesta de los grupos pro vida, que solo buscan aumentar la estadística de partos, sin importarles el futuro de madre e hijo, muchas veces víctimas ambos de un violador.

El próximo o la próxima titular de la CEDH está obligada a escuchar a las mujeres y si es necesario interponer la acción de inconstitucionalidad que está pendiente. No a los ombudsman omisos, sí a ombudsperson comprometidos y que demuestren su conocimiento y experiencia afín a los Derechos Humanos.

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/

Twitter: @mujersonora 18/SNE








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Pide medidas cautelares para ella y su familia
CIDH acredita riesgo contra defensora Bettina Cruz
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/01/2018

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a México proteger de forma inmediata la vida e integridad personal de la defensora de Derechos Humanos, Bettina Cruz y su núcleo familiar.

Las medidas cautelares fueron emitidas tras acreditarse la situación de riesgo que vive Bettina por el trabajo que realiza en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, informó la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Washington.

La defensora oaxaqueña Bettina Cruz, enfrentó casi 3 años de juicio acusada de los delitos de “privación ilegal de la libertad” y “contra el consumo y la riqueza nacional”, que en 2011 le imputó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El 1 de diciembre de 2014, el Juzgado Sexto de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, determinó que Bettina Cruz era inocente de los delitos que se le fincaron por participar en una protesta pacífica de diversas comunidades indígenas en abril de 2011, contra las altas tarifas de luz y el despojo de la tierra para la construcción de parques eólicos en la región del Istmo.

Aunque la también cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio –quien enfrentó el proceso en libertad– fue exonerada,  aseguró que su vida y la de otros activistas que defienden la tierra y el territorio “estaban en peligro”.

La Oficina para la Defensa de los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca le otorgó medidas de protección desde el 14 de noviembre de 2011, luego de ser atacada por la policía estatal por informar a las comunidades indígenas sobre su derecho a la propiedad de la tierra.

A decir de la defensora, por ello el gobierno trata de frenar la labor de las y los activistas que defienden la riqueza natural de los pueblos indígenas, pues son quienes denuncian que en Oaxaca la CFE apoya a las empresas eólicas para que entren a las comunidades a instalarse sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada.

En ese estado hay por lo menos otros 50 casos de procesos penales contra defensores, por lo que Bettina aseguró que aunque haya sido exonerada aún está en riesgo, y a pesar de tener medidas de seguridad, consideró que es “muy fácil que un empresario o un funcionario paguen” para asesinarla.

De acuerdo con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, la defensora representa al pueblo zapoteco que mantiene una lucha incansable contra la imposición del proyecto Eólica del Sur en Juchitán, Oaxaca, proyecto que anteriormente pretendió instalarse en el pueblo de San Dionisio del Mar por medio del consorcio “Mareña Renovables”.

Los pueblos zapotecos han llevado con éxito ante la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo los reclamos sobre la falta de respeto y garantía de Derechos Humanos por parte del gobierno de México como por las empresas involucradas.

Sobre el llamado de la CIDH, Alejandra Gonza, directora de la Clínica, expresó en un comunicado que se trata de una advertencia y una oportunidad para que el Estado y el sector privado finalmente “tomen en serio el trabajo de defensa territorial indígena y cumplan con sus obligaciones internacionales”.

Durante meses los estudiantes de la Clínica documentaron el peligro constante en el que viven las comunidades y el incremento del riesgo por activar los mecanismos legales nacionales e internacionales para defender su territorio, enfrentándose al Estado mexicano y a las empresas.

La decisión de la CIDH se suma a la resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de México emitida hace unos días, de ejercer su facultad de atracción para conocer este caso, expuso la abogada.

Los pueblos indígenas representados por Bettina Cruz, denunciaron ante la Suprema Corte la falta de una consulta libre, previa e informada en la construcción del proyecto Eólica del Sur, caso por el cual la Corte podría fijar un importante precedente para la defensa de los derechos de los indígenas frente a la implementación de mega proyectos.

El hostigamiento contra Bettina se da en un contexto donde la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos de la ONU ha señalado la falta de atención a la situación de riesgo de los defensores que se enfrentan a las empresas. En Oaxaca existen más de 21 parques eólicos en funcionamiento.

De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México el estado de Oaxaca se ubica en el primer lugar de agresiones contra defensoras al sumar 58 por ciento de los casos registrados a nivel nacional.

18/AGM/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Activista de Cherán asesinada defendía el bosque
Guadalupe Campanur rompió la lógica masculina de la participación comunal
CIMACFoto: Anaiz Zamora Márquez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/01/2018

La ambientalista e integrante fundadora de la Ronda Comunitaria del cuerpo de guardabosques de Cherán, en Morelia, Guadalupe Campanur, fue encontrada asesinada la noche del martes, por lo que integrantes de la Ronda exigieron el esclarecimiento de su muerte.

La procuraduría estatal informó en un comunicado, que María Guadalupe Campanur, fue hallada sin vida la noche del martes sobre el kilómetro 15 de la carretera Carapan-Playa Azul, en el predio denominado Irapio, en el municipio de Chilchota, y murió por asfixia por estrangulamiento, de acuerdo con los resultados de la necropsia.

También informó que Campanur fue asesinada entre las 36 y 48 horas previas a su localización y no existió ninguna denuncia por desaparición y que investiga sobre las actividades que realizaba para determinar la posible relación de éstas con el homicidio.

Guadalupe Campanur fue integrante de la Primera Ronda Comunitaria, creada en el municipio de Cherán, para hacerle frente a los abusos de los talamontes.

En entrevista con Cimacnoticias, el abogado e integrante del Primer gobierno comunal (conformado en 2011) David Romero, dijo que la organización no descarta que el asesinato de la defensora esté ligado con su trabajo de activismo, pero que serán respetuosos de las líneas de investigación que hasta ahora sigue la Procuraduría estatal.

Recordó a Guadalupe Campanur como la primera mujer que participó en la Primera Ronda Comunitaria, integrada en 2011 que rompe la lógica masculina de la participación comunal.

“Ella era muy inquieta y siempre quiso tener una participación más activa en la Ronda Comunitaria. Ella hacía rondines al interior de la comunidad y en el bosque, vigilaba que no hubiera incursión de la delincuencia organizada en el territorio”, recordó Romero.

Al ser cuestionado sobre si existían amenazas contra la defensora, el abogado respondió que siempre existieron éstas pero contra todos los integrantes, pero hasta la fecha no se habían concretado.

El activista expresó su preocupación por el asesinato de Campanur y dijo que éste ha puesto a la comunidad a “redoblar esfuerzos para estar más pendientes de lo que pueda acontecer”.

Calificó como lamentable este hecho que ocurre, agregó, en el contexto “de un Estado fallido en sus instituciones y como garante de seguridad para las personas”.

VIOLENCIA CONTRA DEFENSORAS

De julio de 2015 a junio de 2016, se cometieron 63 ataques a personas defensoras ambientales, de los cuales, 10 fueron contra mujeres, de acuerdo con un informe realizado por el Centro Mexicano de Derechos Ambientales (Cemda).

El “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DH) ambientales en México”, refiere que el tipo de agresión más frecuente es la amenaza en 24 por ciento de los casos, seguidas de intimidación (19 por ciento) y la criminalización con 18 por ciento.

Asimismo las agresiones físicas representaron 15 por ciento; en 6 por ciento de los casos hubo privación ilegal de la libertad y se registró un caso de homicidio vinculado a tala clandestina, el cual ocurrió en el 2016, en Chihuahua.

Destaca que los principales agresores son funcionarios públicos y que en estos 63 casos de ataques identificados, 43 por ciento fueron cometidos por autoridades del Estado, 7 por ciento por personal de las empresas y 2 por ciento por personas del crimen organizado.

En el caso de las mujeres defensoras del ambiente, otro informe realizado por  la asociación Asociadas por lo Justo (Jass por sus siglas en inglés) reveló que desde 2009 las agresiones contra defensoras mujeres escalaron, pues de ese año al 2012, 19 defensoras fueron asesinadas.

En tanto, la agrupación civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, en su informe “Situación de las mujeres defensoras de Derechos Humanos en México” afirmó que “la violencia contra las mujeres aumenta en su crueldad y saña y se consolida como un mecanismo de control social. En territorios militarizados o con fuertes medidas de seguridad no disminuyen los índices de violencia contra las mujeres”.

18/RED

 








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Gobierno de Alejandro Murat no garantiza su labor, denuncian
Por onceava ocasión allanan oficinas de activistas de Consorcio Oaxaca
CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/01/2018

La organización civil defensora de Derechos Humanos, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, denunció que el gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat, no ha implementado ninguna acción seria y responsable para detener la intimidación, seguimiento, vigilancia, campañas de desprestigio, allanamientos y robo a las oficinas y a casas de integrantes de esta organización.

De 2011 a la fecha esta organización feminista que lleva 15 años trabajando a favor de los derechos de las mujeres ha sido blanco de 11 allanamientos; seis de los cuales ocurrieron en lo que va de la administración del gobernador Alejandro Murat, quien ocupa el cargo desde diciembre de 2016.

En conferencia de prensa realizada ayer en la capital de Oaxaca, las integrantes de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, Ana María Hernández y Pilar Muriedas Juárez, informaron que el pasado 5 de enero la casa de Sánchez Maya fue allanada.

De acuerdo con el testimonio de la defensora los desconocidos cortaron la cerca de seguridad, desactivando alarmas y destruyendo chapas. Robaron su computadora, pantallas y material de seguridad de la casa incluyendo videograbadora y modem de internet, pero dejaron otros objetos de valor.

“Este ataque no es aislado, forma parte de una serie de agresiones que se han acumulado en nuestra contra”, señalaron al exponer que en seis ocasiones las oficinas de Consorcio y las casas de algunas de sus integrantes han sido robadas.

El 2 de diciembre 2016 allanaron la casa de una de las integrantes; el 5 de febrero 2017 alguien forzó la chapa del vehículo de otra defensora; el 15 y 17 de ese año la casa de la hija de una de las integrantes fue allanada; el 18 de del mismo mes desconocidos entraron a la casa de Ana María Hernández; y días después, el 28 de febrero intentaron forzar la chapa del vehículo de otra activista.

El 6 de abril del año pasado fue allanada a mano armada la oficina de Consorcio Oaxaca, en esa ocasión se llevaron la bolsa de una de las integrantes del equipo de administración que contenía dinero de la organización y memorias USB con información laboral.

Además de los robos, las defensoras señalaron que han sido vigiladas por hombres desconocidos, policías viales y vehículos desconocidos; que sus comunicaciones telefónicas y digitales han sido intervenidas. 

Consorcio ha interpuesto ocho denuncias penales, de las cuales cinco fueron en el sexenio anterior y tres durante esta administración. De las cinco del sexenio anterior una ha sido judicializada y cuando el actual gobierno llegó, estaban en trámite cuatro, que fueron enviadas a la reserva el 30 de marzo del 2017 por parte de la Fiscalía General del estado.

En el caso del allanamiento y robo en el domicilio de Ana María Hernández (28/FIDTS/2015) la organización está a la espera de que se resuelva la apelación del presunto responsable que esta en libertad bajo caución porque pagó una fianza de 10 mil pesos.

Denunciaron que de las tres denuncias que se han interpuesto durante este sexenio no existe resultado alguno, la primera de ellas se interpuso el 2 de diciembre del 2016, la segunda el 6 de abril del 2017 y la tercera el 5 de enero del 2017, de las cuales no han tenido ningún tipo de información, el único contacto ha sido tomar la denuncia y hacer algunas periciales.

“No hay resultados eficaces en la investigación, lo que sin duda ha dado el mensaje de anuencia y complicidad de este Gobierno para seguir atacando a Consorcio Oaxaca”, señalaron las defensoras.

Cabe destacar que pese a que desde 2012 la organización es beneficiaria de medidas de protección solicitadas a través de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, éstas no han sido cumplidas a cabalidad. Asimismo la Defensoría Especializada en Protección a Periodistas, Defensores y Defensoras ha insistido en cumplir y reforzar las medidas cautelares pero Seguridad Pública se ha negado.

En medio de los actos intimidatorios, las defensoras responsabilizaron al gobernador de los riesgos a su integridad y seguridad; exigieron a la Fiscalía General que investigue y castigue a los responsables y recordaron al Congreso del estado, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo su obligación de garantizar el derecho a defender Derechos Gumanos, así como la seguridad de las defensoras para realizar su labor.

Datos de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos ubican a Oaxaca con 58 por ciento del total de agresiones a mujeres defensoras a nivel nacional.

18/AGM/LGL








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