defensoras de Derechos Humanos

INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   En 1999 reprendió al gobierno mexicano por el feminicidio en Juárez
Fallece la defensora de Derechos Humanos, Asma Jahangir
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/02/2018

Abogada de profesión, Asma Jahangir comenzó a defender Derechos Humanos a los 18 años de edad, cuando luchó por la liberación de su padre, quien había sido detenido arbitrariamente por el régimen militar pakistaní. Después de una vida de lucha, reconocimientos y amenazas, este domingo, a los 66 años de edad, murió en su natal Lahore, Pakistán.

Numerosas organizaciones civiles alrededor del mundo, entre ellas la pakistaní y premio Nobel de Paz 2014, Malala Yousafzai, y el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentaron el fallecimiento de la defensora.

“El mundo pierde una giganta de los Derechos Humanos”, dijo Guterres, y ofreció sus condolencias a la familia de Jahangir, quien fuera Relatora de las Naciones Unidas en tres ocasiones: para los derechos humanos en Irán (2016-2018); para la libertad de religión (2004-2010) y de ejecuciones extrajudiciales, cargó que en 1999 le permitió visitar México.

En un pronunciamiento público Amnistía Internacional, organización asesorada por la defensora, advirtió que Jahangir dejó un “potente legado de Derechos Humanos”. Empezó a liderar protestas a sus 18 años, cuando luchó por la liberación de su padre, quien había sido detenido arbitrariamente por el régimen militar pakistaní.

Abogada de profesión, Asma Jahangir y su hermana, Hina Jilani, establecieron el primer despacho jurídico de mujeres abogadas de Pakistán en Lahore. Entre sus clientes hubo cristianas y cristianos condenados a muerte por cargos de blasfemia, trabajadora y trabajadores cautivos que habían huido del opresivo dominio de terratenientes feudales y mujeres que sufrían la violencia en el hogar.

Por su trabajo fue amenazada, detenida y sometida a arresto domiciliario; se vio obligada a mandar sus dos hijas al extranjero, por razones de seguridad. Una de las luchas más decididas de Asma Jahangir, según Amnistía Internacional, fue contra la práctica de la desaparición forzada.

Durante seis años, de 1998 a 2004, fue Relatora Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, y no tuvo inhibición de usar palabras fuertes para denunciar los delitos que le habrían sido relatados. En 1999, Asma visitó a México y el informe que derivó de esta visita, “desafortunadamente aún guarda vigencia”, así lo lamentó la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México en un mensaje de Twitter.

En esta visita la defensora obtuvo información sobre la masacre de 45 indígenas, entre ellas cuatro mujeres embarazadas, en Acteal,  Chiapas, en 1994; la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995 y los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, documentados desde 1993.

La entonces Relatora Especial sobre las Ejecuciones Sumarias Arbitrarias de la ONU, concluyó que estos crímenes eran problemas “profundamente arraigados con respecto a la impunidad de los infractores de los derechos humanos, la total ineficacia del sistema judicial y una falta de transparencia en el funcionamiento de las instituciones estatales que afectan al país y a toda su población.”

Aunque Jahangir reconoció que los asesinatos en Ciudad Juárez no encuadraron estrictamente dentro de su mandato, visitó al lugar de los hechos y llegó a una conclusión devastadora para el gobierno:

“Los sucesos de Ciudad Juárez son el típico ejemplo de delito sexista favorecido por la impunidad. La conducta

arrogante de algunos funcionarios públicos y su manifiesta indiferencia ante estos delitos permiten concluir que muchos de ellos fueron deliberadamente pasados por alto por la mera razón de que las víctimas eran ‘sólo’ muchachas corrientes y, por lo tanto, no eran consideradas una gran pérdida”, escribió en su informe para la ONU.

Asma Jahangir murió cuando ejercía el cargo de Relatora sobre los Derechos Humanos en Irán.

Cabe mencionar que su entierro desató toda una controversia entre liberales y musulmanes fundamentalistas de su país, Pakistán, porque contrario a leyes estrictas islámicas, mujeres y hombres participaron juntos en la ceremonia, algunas, como sus dos hijas, en primera fila. En redes sociales, paisanas y paisanos liberales opinaron que esto era justo la libertad religiosa y de las mujeres por la que ella había luchado Jahangir en vida.

18/SG








ESTADOS
   Aseguran que órdenes de aprehensión son para intervenir en procesos sindicales
   
Red de Defensoras condena uso de Poder Judicial contra enfermeras
Imagen retomada de Chiapas Paralelo
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/02/2018

 

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México condenó que el Gobierno de Chiapas use el Poder Judicial para fabricar delitos y criminalizar las enfermeras de Chiapas que exigen sus derechos laborales y denuncian la corrupción entorno a los servicios de salud en su entidad.

En diciembre de 2017 la Fiscalía General de Chiapas liberó cuatro órdenes de aprensión contra María de Jesús Espinosa de los Santos, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, Humberto Gutiérrez Medina y Líbano Domínguez, acusados de motín por el secretario de Salud de la entidad, Francisco Ortega Farrera.

Estas acusaciones derivaron de las huelgas de hambre que realizaron las enfermeras y los trabajadores del sector salud entre abril y mayo de 2017 con el fin de exigir condiciones dignas de empleo combatir la crisis de salud en el estado.

La movilización cesó  en abril del año pasado cuando el gobierno local se comprometió a abastecer de medicinas y equipo a los hospitales estatales, mejorar las condiciones de trabajo y no tomar represalias laborales, administrativas ni jurídicas contra el personal en huelga. Sin embargo la mayoría de las medidas no fueron cumplidas.

Ejemplo de ello, es la demanda interpuesta así como el acoso judicial constante en los domicilios y centros de trabajo de María de Jesús, quien ha jugado un papel importante como vocera del movimiento de enfermeras, y los otros tres integrantes, quienes encabezan una de las plantillas que aplicará apara el revelo sindical de los y las trabajadores de salud en Chipas, la cual será emitida en marzo de este año.

La Red de Defensoras consideró que las órdenes de aprehensión son una forma de limitar el derecho legítimo de las y los defensores de aplicar a cargos de dirección sindical. Por ello, la organización, conformada por 225 mujeres defensoras, demandó a la Secretaría de Salud y Fiscalía General del Estado, el cese definitivo de persecución y criminalización contra María de Jesús y sus compañeros.

Asimismo, pidió a la Secretaría de Gobierno y al Ejecutivo local cumplir con los acuerdos firmados en abril y mayo del año pasado y asegurar un ambiente donde las personas puedan hacer uso pleno de su derecho a proteger sus Derechos Humanos.

18/ACEG








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Advierte riesgos para defensoras de tierra y territorio
Ley de Seguridad Interior viola derechos de las mujeres: ProDESC
Imagen retomada de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/02/2018

La organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) interpuso un amparo contra la Ley de Seguridad Interior (LSI) por considerar que su aplicación afectaría a las mujeres y en particular a las defensoras de Derechos Humanos que defienden la tierra y el territorio y se oponen a la instalación de megaproyectos en sus comunidades.

Este amparo interpuesto antier en los Juzgados de Distrito de la Ciudad de México tiene el objetivo de impugnar la ley y evitar que se aplique porque a decir de las litigantes podría traer graves consecuencias a la vida y seguridad de las mujeres e impedir o limitar su derecho a defender Derechos Humanos, según informaron en un comunicado.

De acuerdo con ProDESC hay antecedentes que muestran que las fuerzas armadas amenazan o acosan a las mujeres al realizar labores de seguridad; lo que se suma a la violencia que viven las defensoras que se oponen a megaproyectos de extracción, energía e infraestructura que atenta contra sus derechos a la tierra, al agua y a un ambiente seguro.

El informe que en 2017 realizó en el Relator Especial de las Naciones  Unidas sobre la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, tras su visita a México, indica que las comunidades indígenas, frecuentemente se han enfrentado a acusaciones penales y detenciones por protestar contra esos proyectos.

Con estos antecedentes, ProDESC consideró que la Ley de Seguridad Interior es omisa porque no señala cómo garantizar los Derechos Humanos, en específico de las mujeres, en las tareas de seguridad y tampoco establece la obligación de los funcionarios, agentes e instituciones que intervengan en acciones de seguridad interior, de evitar cualquier acción o práctica de violencia o discriminación contra las mujeres.

Esta norma, publicada el 21 de diciembre de 2017, es un riesgo para el derecho al respeto de la vida de las ciudadanas, su integridad física, psíquica y moral; y su libertad y seguridad personal. Ello porque la situación de violencia en México impacta de manera diferenciada a las mujeres, y ellas son víctimas de ciertos delitos en mayor proporción que los hombres, especialmente los vinculados a la violencia sexual.

Con este amparo ProDESC buscará evidenciar que esta ley que privilegia el enfoque de militarización al de los Derechos Humanos es inconstitucional porque no cumple el principio de proporcionalidad, no resulta idónea, necesaria ni es igualmente adecuada para todas las personas; y porque contiene ambigüedades en la definición de conceptos como seguridad interior, y amenazas y riesgos a la seguridad interior.

Frente a este contexto, la organización señaló que resulta inadmisible que una medida legislativa como esta carezca de las garantías mínimas para asegurar la protección de los derechos de las personas, la prevención y sanción de conductas de este tipo, así como la erradicación de prácticas ilícitas de las fuerzas militares.

18/AGM/LGL








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   Mujer Sonora
Ombudsperson
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Por Silvia Núñez Esquer
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 31/01/2018

El defensor o defensora del pueblo debería estar comprometido a defender a capa y espada los Derechos Humanos. El ombudsperson, todavía mal llamado ombudsman, en masculino, fue creado desde el siglo XIX pero es hoy cuando tiene definidas sus funciones como defensoras o defensores de Derechos Humanos. En Sonora se encuentra abierto el proceso para elegir a la persona que habrá de sustituir al actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el periodo 2018-2022.

Son trece aspirantes, entre los cuales se encuentran dos mujeres: Alma Lydia Soto López y Lourdes Rivera Valle. Ambas han quedado invisibilizadas en los medios ante figuras masculinas de reconocida trayectoria pública. En la lista figuran un compadre de la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, un ex presidente de la CEDH, dos actuales empleados de la CEDH, uno de ellos cuestionado en años pasados por su dudosa participación en un caso de feminicidio, en el cual se le señalaba por ofrecerse como abogado defensor del agresor. Así como han quedado invisibilizadas las dos aspirantes a dirigir la CEDH, el tema de los Derechos Humanos de las mujeres ha sido ignorado.

En el discurso, a las mujeres se les ha puesto en el paquete de “grupos vulnerables”, junto con niñas y niños, migrantes e indígenas, ignorando que su condición de género que atraviesa todas las demás categorías. Un aspirante fue muy claro cuando lo cuestionaron sobre el aborto, a lo que respondió que está de acuerdo con defender las excepciones que la ley y el Código Penal contienen para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo en el estado de Sonora.

Pero otro, el que fuera en años anteriores presidente de la CEDH en forma contundente dijo que está “a favor de la vida” y que si bien se debe respetar la ley, dejó muy claro que para él las mujeres no se mandan solas. Eso de que su cuerpo es suyo, no es tal.

Así las cosas, el sector de la población, blanco de la más grave violación de los Derechos Humanos, las víctimas de feminicidio consumado, de tentativa de feminicidio y de violencia familiar extrema, no existen para las y los aspirantes a la titularidad de la CEDH. Sonora aparece en el sexto lugar nacional en incidencia de feminicidio y primer lugar en violencia familiar, según el informe del Secretariado Nacional de Seguridad Pública de enero de 2018.

Atestiguar cómo un ex presidente de esa institución que no respondió a las necesidades del momento quiere ocupar el cargo nuevamente, nos recuerda que pronto harán diez años de la reforma constitucional en Sonora que limitó los derechos reproductivos de las mujeres y que inició una cascada de reformas en varias entidades en el mismo sentido.

Jorge Sáenz Félix se negó a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada, como se lo solicitaron mujeres y organizaciones, siendo la instancia correspondiente para hacerlo. Además lo hizo atendiendo a sus creencias personales y a las organizaciones retrógradas que violando los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas hacen todo lo posible por llevar a término los embarazos, aún si éstos son producto de la violencia sexual.

Incluso, la respuesta a las mujeres la otorgó porque éstas interpusieron un amparo ya que las ignoró y no atendió voluntariamente su solicitud, violando su derecho de petición lo cual finalmente tuvo qué hacer por mandato del juzgado de distrito. Es por ello que el Congreso del estado no solo no debería tomar en cuenta la candidatura de Sáenz Félix por la enorme omisión del entonces ombudsman, sino que debería atender y resolver sobre el juicio político que también se solicitó formalmente ante el Legislativo y que nunca obtuvo respuesta.

La petición hecha en 2009 fue resultado de la negativa del entonces titular de la CEDH de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad por la reforma al Artículo primero de la Constitución sonorense. Aún así, Sáenz Félix quiere ser de nuevo ombudsperson, quiere seguir viviendo de los recursos públicos que deberían ser para impulsar la salvaguarda de los Derechos Humanos de todas las personas. El sueldo, que según sus propias palabras es similar al de un secretario del Gabinete estatal, debería ser devengado por una persona que estuviera comprometida con la defensa y promoción de los Derechos humanos, incluidas las mujeres.

No debería regalarse a personas que se erigen en jueces supremos que con la máscara del ombudsman se convierten desde ese puesto en violadores de los Derechos Humanos. A las mujeres en Sonora y en México no nos conviene ni nos sirve un ombudsperson que solo le interese pasarla bien, con un buen salario, rodeado de amigos y amigas contratadas para devengar un sueldo por cuatro años. Requerimos una persona que realmente sepa de qué se tratan los Derechos Humanos, todo lo que abarcan, y con sensibilidad para atender de inmediato todas las violaciones pero particularmente las violaciones graves, atendiendo las peticiones ciudadanas.

No es justo que sigamos sosteniendo con dinero público a personas que buscan pasarla bien, hacer relaciones para su futuro, y sin el mayor rubor revictimizar a las personas agraviadas. Las mujeres en Sonora todavía estamos sujetas a las restricciones que el Congreso avaló a propuesta de los grupos pro vida, que solo buscan aumentar la estadística de partos, sin importarles el futuro de madre e hijo, muchas veces víctimas ambos de un violador.

El próximo o la próxima titular de la CEDH está obligada a escuchar a las mujeres y si es necesario interponer la acción de inconstitucionalidad que está pendiente. No a los ombudsman omisos, sí a ombudsperson comprometidos y que demuestren su conocimiento y experiencia afín a los Derechos Humanos.

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/

Twitter: @mujersonora 18/SNE








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Pide medidas cautelares para ella y su familia
CIDH acredita riesgo contra defensora Bettina Cruz
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/01/2018

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a México proteger de forma inmediata la vida e integridad personal de la defensora de Derechos Humanos, Bettina Cruz y su núcleo familiar.

Las medidas cautelares fueron emitidas tras acreditarse la situación de riesgo que vive Bettina por el trabajo que realiza en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, informó la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Washington.

La defensora oaxaqueña Bettina Cruz, enfrentó casi 3 años de juicio acusada de los delitos de “privación ilegal de la libertad” y “contra el consumo y la riqueza nacional”, que en 2011 le imputó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El 1 de diciembre de 2014, el Juzgado Sexto de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, determinó que Bettina Cruz era inocente de los delitos que se le fincaron por participar en una protesta pacífica de diversas comunidades indígenas en abril de 2011, contra las altas tarifas de luz y el despojo de la tierra para la construcción de parques eólicos en la región del Istmo.

Aunque la también cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio –quien enfrentó el proceso en libertad– fue exonerada,  aseguró que su vida y la de otros activistas que defienden la tierra y el territorio “estaban en peligro”.

La Oficina para la Defensa de los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca le otorgó medidas de protección desde el 14 de noviembre de 2011, luego de ser atacada por la policía estatal por informar a las comunidades indígenas sobre su derecho a la propiedad de la tierra.

A decir de la defensora, por ello el gobierno trata de frenar la labor de las y los activistas que defienden la riqueza natural de los pueblos indígenas, pues son quienes denuncian que en Oaxaca la CFE apoya a las empresas eólicas para que entren a las comunidades a instalarse sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada.

En ese estado hay por lo menos otros 50 casos de procesos penales contra defensores, por lo que Bettina aseguró que aunque haya sido exonerada aún está en riesgo, y a pesar de tener medidas de seguridad, consideró que es “muy fácil que un empresario o un funcionario paguen” para asesinarla.

De acuerdo con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, la defensora representa al pueblo zapoteco que mantiene una lucha incansable contra la imposición del proyecto Eólica del Sur en Juchitán, Oaxaca, proyecto que anteriormente pretendió instalarse en el pueblo de San Dionisio del Mar por medio del consorcio “Mareña Renovables”.

Los pueblos zapotecos han llevado con éxito ante la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo los reclamos sobre la falta de respeto y garantía de Derechos Humanos por parte del gobierno de México como por las empresas involucradas.

Sobre el llamado de la CIDH, Alejandra Gonza, directora de la Clínica, expresó en un comunicado que se trata de una advertencia y una oportunidad para que el Estado y el sector privado finalmente “tomen en serio el trabajo de defensa territorial indígena y cumplan con sus obligaciones internacionales”.

Durante meses los estudiantes de la Clínica documentaron el peligro constante en el que viven las comunidades y el incremento del riesgo por activar los mecanismos legales nacionales e internacionales para defender su territorio, enfrentándose al Estado mexicano y a las empresas.

La decisión de la CIDH se suma a la resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de México emitida hace unos días, de ejercer su facultad de atracción para conocer este caso, expuso la abogada.

Los pueblos indígenas representados por Bettina Cruz, denunciaron ante la Suprema Corte la falta de una consulta libre, previa e informada en la construcción del proyecto Eólica del Sur, caso por el cual la Corte podría fijar un importante precedente para la defensa de los derechos de los indígenas frente a la implementación de mega proyectos.

El hostigamiento contra Bettina se da en un contexto donde la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos de la ONU ha señalado la falta de atención a la situación de riesgo de los defensores que se enfrentan a las empresas. En Oaxaca existen más de 21 parques eólicos en funcionamiento.

De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México el estado de Oaxaca se ubica en el primer lugar de agresiones contra defensoras al sumar 58 por ciento de los casos registrados a nivel nacional.

18/AGM/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Activista de Cherán asesinada defendía el bosque
Guadalupe Campanur rompió la lógica masculina de la participación comunal
CIMACFoto: Anaiz Zamora Márquez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/01/2018

La ambientalista e integrante fundadora de la Ronda Comunitaria del cuerpo de guardabosques de Cherán, en Morelia, Guadalupe Campanur, fue encontrada asesinada la noche del martes, por lo que integrantes de la Ronda exigieron el esclarecimiento de su muerte.

La procuraduría estatal informó en un comunicado, que María Guadalupe Campanur, fue hallada sin vida la noche del martes sobre el kilómetro 15 de la carretera Carapan-Playa Azul, en el predio denominado Irapio, en el municipio de Chilchota, y murió por asfixia por estrangulamiento, de acuerdo con los resultados de la necropsia.

También informó que Campanur fue asesinada entre las 36 y 48 horas previas a su localización y no existió ninguna denuncia por desaparición y que investiga sobre las actividades que realizaba para determinar la posible relación de éstas con el homicidio.

Guadalupe Campanur fue integrante de la Primera Ronda Comunitaria, creada en el municipio de Cherán, para hacerle frente a los abusos de los talamontes.

En entrevista con Cimacnoticias, el abogado e integrante del Primer gobierno comunal (conformado en 2011) David Romero, dijo que la organización no descarta que el asesinato de la defensora esté ligado con su trabajo de activismo, pero que serán respetuosos de las líneas de investigación que hasta ahora sigue la Procuraduría estatal.

Recordó a Guadalupe Campanur como la primera mujer que participó en la Primera Ronda Comunitaria, integrada en 2011 que rompe la lógica masculina de la participación comunal.

“Ella era muy inquieta y siempre quiso tener una participación más activa en la Ronda Comunitaria. Ella hacía rondines al interior de la comunidad y en el bosque, vigilaba que no hubiera incursión de la delincuencia organizada en el territorio”, recordó Romero.

Al ser cuestionado sobre si existían amenazas contra la defensora, el abogado respondió que siempre existieron éstas pero contra todos los integrantes, pero hasta la fecha no se habían concretado.

El activista expresó su preocupación por el asesinato de Campanur y dijo que éste ha puesto a la comunidad a “redoblar esfuerzos para estar más pendientes de lo que pueda acontecer”.

Calificó como lamentable este hecho que ocurre, agregó, en el contexto “de un Estado fallido en sus instituciones y como garante de seguridad para las personas”.

VIOLENCIA CONTRA DEFENSORAS

De julio de 2015 a junio de 2016, se cometieron 63 ataques a personas defensoras ambientales, de los cuales, 10 fueron contra mujeres, de acuerdo con un informe realizado por el Centro Mexicano de Derechos Ambientales (Cemda).

El “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DH) ambientales en México”, refiere que el tipo de agresión más frecuente es la amenaza en 24 por ciento de los casos, seguidas de intimidación (19 por ciento) y la criminalización con 18 por ciento.

Asimismo las agresiones físicas representaron 15 por ciento; en 6 por ciento de los casos hubo privación ilegal de la libertad y se registró un caso de homicidio vinculado a tala clandestina, el cual ocurrió en el 2016, en Chihuahua.

Destaca que los principales agresores son funcionarios públicos y que en estos 63 casos de ataques identificados, 43 por ciento fueron cometidos por autoridades del Estado, 7 por ciento por personal de las empresas y 2 por ciento por personas del crimen organizado.

En el caso de las mujeres defensoras del ambiente, otro informe realizado por  la asociación Asociadas por lo Justo (Jass por sus siglas en inglés) reveló que desde 2009 las agresiones contra defensoras mujeres escalaron, pues de ese año al 2012, 19 defensoras fueron asesinadas.

En tanto, la agrupación civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, en su informe “Situación de las mujeres defensoras de Derechos Humanos en México” afirmó que “la violencia contra las mujeres aumenta en su crueldad y saña y se consolida como un mecanismo de control social. En territorios militarizados o con fuertes medidas de seguridad no disminuyen los índices de violencia contra las mujeres”.

18/RED

 








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Gobierno de Alejandro Murat no garantiza su labor, denuncian
Por onceava ocasión allanan oficinas de activistas de Consorcio Oaxaca
CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/01/2018

La organización civil defensora de Derechos Humanos, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, denunció que el gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat, no ha implementado ninguna acción seria y responsable para detener la intimidación, seguimiento, vigilancia, campañas de desprestigio, allanamientos y robo a las oficinas y a casas de integrantes de esta organización.

De 2011 a la fecha esta organización feminista que lleva 15 años trabajando a favor de los derechos de las mujeres ha sido blanco de 11 allanamientos; seis de los cuales ocurrieron en lo que va de la administración del gobernador Alejandro Murat, quien ocupa el cargo desde diciembre de 2016.

En conferencia de prensa realizada ayer en la capital de Oaxaca, las integrantes de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, Ana María Hernández y Pilar Muriedas Juárez, informaron que el pasado 5 de enero la casa de Sánchez Maya fue allanada.

De acuerdo con el testimonio de la defensora los desconocidos cortaron la cerca de seguridad, desactivando alarmas y destruyendo chapas. Robaron su computadora, pantallas y material de seguridad de la casa incluyendo videograbadora y modem de internet, pero dejaron otros objetos de valor.

“Este ataque no es aislado, forma parte de una serie de agresiones que se han acumulado en nuestra contra”, señalaron al exponer que en seis ocasiones las oficinas de Consorcio y las casas de algunas de sus integrantes han sido robadas.

El 2 de diciembre 2016 allanaron la casa de una de las integrantes; el 5 de febrero 2017 alguien forzó la chapa del vehículo de otra defensora; el 15 y 17 de ese año la casa de la hija de una de las integrantes fue allanada; el 18 de del mismo mes desconocidos entraron a la casa de Ana María Hernández; y días después, el 28 de febrero intentaron forzar la chapa del vehículo de otra activista.

El 6 de abril del año pasado fue allanada a mano armada la oficina de Consorcio Oaxaca, en esa ocasión se llevaron la bolsa de una de las integrantes del equipo de administración que contenía dinero de la organización y memorias USB con información laboral.

Además de los robos, las defensoras señalaron que han sido vigiladas por hombres desconocidos, policías viales y vehículos desconocidos; que sus comunicaciones telefónicas y digitales han sido intervenidas. 

Consorcio ha interpuesto ocho denuncias penales, de las cuales cinco fueron en el sexenio anterior y tres durante esta administración. De las cinco del sexenio anterior una ha sido judicializada y cuando el actual gobierno llegó, estaban en trámite cuatro, que fueron enviadas a la reserva el 30 de marzo del 2017 por parte de la Fiscalía General del estado.

En el caso del allanamiento y robo en el domicilio de Ana María Hernández (28/FIDTS/2015) la organización está a la espera de que se resuelva la apelación del presunto responsable que esta en libertad bajo caución porque pagó una fianza de 10 mil pesos.

Denunciaron que de las tres denuncias que se han interpuesto durante este sexenio no existe resultado alguno, la primera de ellas se interpuso el 2 de diciembre del 2016, la segunda el 6 de abril del 2017 y la tercera el 5 de enero del 2017, de las cuales no han tenido ningún tipo de información, el único contacto ha sido tomar la denuncia y hacer algunas periciales.

“No hay resultados eficaces en la investigación, lo que sin duda ha dado el mensaje de anuencia y complicidad de este Gobierno para seguir atacando a Consorcio Oaxaca”, señalaron las defensoras.

Cabe destacar que pese a que desde 2012 la organización es beneficiaria de medidas de protección solicitadas a través de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, éstas no han sido cumplidas a cabalidad. Asimismo la Defensoría Especializada en Protección a Periodistas, Defensores y Defensoras ha insistido en cumplir y reforzar las medidas cautelares pero Seguridad Pública se ha negado.

En medio de los actos intimidatorios, las defensoras responsabilizaron al gobernador de los riesgos a su integridad y seguridad; exigieron a la Fiscalía General que investigue y castigue a los responsables y recordaron al Congreso del estado, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo su obligación de garantizar el derecho a defender Derechos Gumanos, así como la seguridad de las defensoras para realizar su labor.

Datos de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos ubican a Oaxaca con 58 por ciento del total de agresiones a mujeres defensoras a nivel nacional.

18/AGM/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Violencia contra activistas se agrava en procesos electorales: Front Line Defenders
2017 cerró con 31 personas defensoras asesinadas en México
Imagen retomada de Front Line Defenders
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 05/01/2018

Durante 2017 en México fueron asesinados 31 defensores de Derechos Humanos, 28 hombres y tres mujeres, señala el reporte anual de la organización Front Line Defenders (FLD), que se dedica a la protección de personas defensoras a nivel mundial.

El reciente informe contabilizó el asesinato de 312 defensoras y defensores en 27 países en 2017, la mayor parte de ellos, en Latinoamérica. Sin embargo, destacó que la estrategia más común para atacar a este grupo de personas es por medio de la criminalización.

El 80 por ciento de los asesinatos fueron cometidos en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas. En Brasil, fueron ultimados 25 defensores y dos defensoras. En Colombia fueron 79 hombres y doce mujeres y en México 28 hombres y tres mujeres,

En el caso de México el 23 de marzo de 2017 fue asesinada la periodista y corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach Velducea; el 10 de mayo ocurrió el crimen contra la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, que buscaba a su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, desaparecida en Tamaulipas, desde 2012.

El informe también documento el asesinato de Meztli Omixochitl Sarabia, integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, quien fue asesinada el 29 de junio en Puebla.

En México Front Line Defenders destacó un alza en los asesinatos de defensoras y defensores del medio ambiente y periodistas. En general, contabilizó cinco muertes más que en 2016. También señaló su preocupación por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en diciembre de 2017 ya que, dijo, “los términos de la ley son ambiguos y pueden provocar implementación arbitraria, teniendo efectos negativos en protestas sociales.”

Destacó además el descubrimiento de la implementación del programa de espionaje “Pegasus” que el gobierno mexicano supuestamente usó en contra de defensoras y defensores de Derechos Humanos, abogadas, abogados y periodistas.

Las amenazas contra defensoras muchas veces tienen una dimensión de género, escribió la organización en su reporte, haciendo referencia a la violencia sexual, asesinatos o ataques con ácidos hacia las mujeres, una forma de violencia que se emplea en el sureste de Asia. También se registró violencia sexual por parte de policías y amenazas contra hijos e hijas de defensoras.

En el caso de México, una mujer desconocida amenazó al hijo de la defensora de derechos laborales, Rita Amador López. En julio pasado vía telefónica le dijeron: “Dile a Rita que vamos a matar uno de sus hijos”.

Las amenazas con dimensión de género se reportaron en muchos países de Latinoamérica: En El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, México, Brasil, Colombia, Perú, y Honduras.

En general gran parte de las y los defensores asesinados el año pasado se dedicaban a la defensa del derecho a la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios. Muchas veces, la violencia contra las personas que defienden una causa se da durante la implementación de mega proyectos, aunque como un ejemplo inspirador se menciona la aprobación de una ley en El Salvador que prohíbe las empresas mineras en todo el territorio nacional.

En muchos casos, mencinó el reporte de FLD, las instituciones del Estado no respondieron a las amenazas y ataques, y en otros, las mismas fuerzas estatales fueron las responsables de estos crímenes.

Una estrategia común para acallar a las y los activistas fue interponer en su contra procesos legales infundados, en la mayoría de las ocasiones acompañadas por campañas difamatorias. Estas campañas tienen como objetivo alejar a las activistas de la población en general y del grupo de personas cuyos derechos están defendiendo, retratándoles como “enemigos del Estado” y desviando la atención de las deficiencias del estado.

Uno de los puntos preocupantes es que según los datos de FLD durante los procesos electorales se produce un incremento de ataques contra defensoras y defensores. Esta característica resaltó porque en 2018 Brasil, Colombia y México, los países con mayor número de asesinatos, estarán en la organización y ejercicio de comicios.

18/SG








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   REMIAC y Red Péepeno’ob, 3 años de trabajo en comunidades
Apropiarse de los derechos y defenderlos, voces de mujeres indígenas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/11/2017

De 2015 a 2017 cada vez más mujeres indígenas de Chiapas y la Península de Yucatán se “han apropiado de sus derechos para defenderlos” gracias al trabajo de defensoras de los Derechos Humanos (DH) de la Red de Mujeres de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Chiapas (REMIAC), que trabajan por incrementar la presencia de mujeres indígenas en puestos políticos, y de la Red Péepeno’ob, en Yucatán, con el análisis y difusión de las leyes que las defienden.

Esto expusieron en entrevista con Cimacnoticias la defensora de DH Diana del Rocío Rodríguez, de REMIAC, y la coordinadora de la Red Péepeno’ob, Esther Noemí Tuz Canté, al hacer un balance sobre la incidencia de su trabajo en los últimos tres años, mismos en los que estuvieron acompañadas por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y el Fondo Semillas como parte de un proyecto financiado por la Unión Europea.

MUJERES INDÍGENAS EN PUESTOS POLÍTICOS

Los estereotipos de género que califican a las mujeres de “incapaces” para ocupar cargos públicos son los principales obstáculos enfrentan para ejercer sus derechos políticos, señaló antropóloga social y defensora de DH de REMIAC, Diana Rodríguez. Para hacerles frente, la red trabaja en la formación de chiapanecas indígenas de 25 a 50 años “para que conozcan sus derechos y progresivamente vayan ejerciéndolos en cargos de elección popular”, dijo.

La incidencia de la REMIAC se vio reflejada principalmente en San Miguel Mitontic, el municipio tzotzil de los altos de Chiapas que ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de población hablante de lenguas indígenas (99.6 por ciento) de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ahí, contó Diana Rodríguez, las defensoras centraron su labor los últimos tres años y las mujeres que previamente ocuparon cargos importantes en la comunidad son capacitadas para que inviten a más mujeres a participar en la toma comunitaria de decisiones.

Como resultado del trabajo actualmente ya hay mujeres laborando en el Patronato de Obras Públicas de Mitontic, “un área de la presidencia municipal tradicionalmente ocupada por hombres”, informó la defensora de DH y añadió que esto “permite naturalizar la presencia de las mujeres en los espacios públicos”.

Pese a que en México desde 2014 la paridad es un principio constitucional que obliga a los partidos políticos a postular en sus candidaturas a 50 por ciento de mujeres y hombres, en los pueblos indígenas de Chiapas no se ha visto reflejado pues siguen sin ocupar cargos políticos como las presidencias municipales y sus regidurías y, en caso de tenerlos, son menospreciadas, indicó Diana Rodríguez.

El Fondo Semillas y el ILSB han señalado que el trabajo de estas defensoras es esencial porque tan sólo en las elecciones de 2015 en Chiapas resultaron electas 779 regidoras, pero muchas de ellas renunciaron a sus cargos en el primer año de gestión para ser suplidas por hombres.

La REMIAC también busca la participación activa de más mujeres indígenas en la toma de decisiones pues aunque varias de ellas han liderado los comités de educación, salud y cocina comunitaria –en este último una mujer puede coordinar hasta a 40 mujeres más- es necesario que “dejen atrás el miedo y no sólo asistan a las asambleas municipales, sino que también hablen”, afirmó Diana Rodríguez.

En Chiapas sólo 29 por ciento de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres y tienen 33 por ciento de las diputaciones en el congreso estatal, según muestra el Atlas de Género del Inegi basado en datos actualizados hasta el 2015.

ASUMIRSE SUJETAS DE DERECHO: YUCATÁN

En los últimos tres años en Campeche y Yucatán las mujeres mayas de la Red Péepeno’ob analizaron cuatro instrumentos internacionales y siete leyes nacionales e internacionales que nombran los derechos indígenas y concluyeron que los estatutos legales vigentes en México “fueron hechas sin perspectiva de género, pues aunque existen leyes que hablan de los pueblos indígenas no asumen a la mujeres como sujetas de derechos”, denunció la defensora Esther Noemí Tuz Canté.

El estudio derivó en la Cartilla: “Derechos de las mujeres indígenas mayas”, la cual enumera 21 derechos con los que cuenta esta población con el objetivo de visibilizarlos y compartirlos con las diferentes comunidades de la Península yucateca. Posteriormente buscan que  se difunda a otros estado cercanos como Quintana Roo.

Para ello la Red Péepeno’ob presentará la cartilla en Yucatán el próximo 9 de diciembre. Ahí solicitarán que las instituciones gubernamentales “cumplan su papel” y difundan el documento en las instancias públicas como los centros de salud y las procuradurías de justicia de la entidad. “Esa es la parte que sigue, no solo debemos saber cuáles son nuestros derechos, también debemos saber quiénes nos los garantizan y a dónde dirigirnos para exigir que se ejerzan”, afirmó.

17/MMAE/LGL








INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Evalúan a país centroamericano en EPU
   
Piden a Guatemala protección para periodistas y defensoras de DH
Imagen retomada del portal de Cerigua
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Gua.- 09/11/2017

La adopción de medidas de seguridad para periodistas y la implementación de un programa de protección especializado para este gremio fueron parte de las recomendaciones que Guatemala recibió este miércoles durante su tercera evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), celebrada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Guatemala recibió en total diez recomendaciones sobre este tema; Francia exhortó al país a fortalecer la protección de las y los periodistas poniendo en funcionamiento el programa de protección, para el cual dijo se han realizado muchos esfuerzos.

El representante de Grecia ante el Consejo de Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido y recomendó que se adopte un mecanismo de protección a periodistas, mientras que la Santa Sede instó a continuar los esfuerzos de promoción de la libertad de expresión e información, protegiendo a los comunicadores.

Reino Unido manifestó su preocupación por la ausencia de una prensa realmente independiente y pidió a Guatemala salvaguardar la libertad de expresión, en tanto, Indonesia exhortó a continuar desarrollando el sistema de protección a periodistas y proteger la libertad de expresión.

Durante su intervención, el representante de Lituania enfatizó que unos medios libres e independientes son parte vital de cualquier democracia que funcione adecuadamente.

Para abordar el problema persistente de los ataques contra periodistas y violaciones del derecho de libertad de expresión y para que las medios y profesionales puedan trabajar sin miedo a represalias recomendamos a Guatemala que adopte un marco para la protección de los profesionales de los medios, basado en el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y el problema de impunidad, acotó.

Luxemburgo resaltó que existen retos en materia de protección de defensores de Derechos Humanos, especialmente los periodistas y los defensores de los derechos de los pueblos indígenas; ante esto recomendó la aprobación y aplicación del programa de protección a periodistas en consulta con ellos.

Por su parte, el Reino de los Países Bajo señaló que la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGTB), mujeres, periodistas, jueces y defensores de Derechos Humanos son víctimas de amenazas, intimidaciones, estigmatización y ataques, incluido asesinatos.

Venezuela exhortó a las autoridades guatemaltecas a poner fin al uso del sistema judicial penal para intimidar, amenazar, marginar y estigmatizar a periodistas, organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos.

La representante de Venezuela dijo que durante los últimos cuatro años 51 defensores fueron asesinados y durante el primer semestre del 2016 por lo menos cinco periodistas fallecieron de forma violenta, por lo que recomendó a Guatemala investigar exhaustivamente estos crímenes y las denuncias de violencia, intimidación, detenciones arbitrarias y difamación en contra de estos actores.

Finalmente, Chile instó a Guatemala a levantar las restricciones a la libertad de expresión y adoptar medidas legales y reglamentarias para la protección y seguridad de los periodistas contra la persecución, la intimidación y el acoso.

En las respuestas a las preguntas, el Representante del Ministerio de Gobernación, René Lam indicó: que el” acuerdo gubernativo que da vida al programa de protección de los periodistas se encuentra dentro de las consideraciones de los requisitos legales y administrativos que se deben cumplir para su emisión”, una declaración enredada que trata de justificar el incumplimiento después de 2 años que el Presidente avaló la propuesta que le presentara la alianza de entidades de prensa.

17/RED/LGL

 








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