ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Abogados y familias de víctimas exigen que se busque la verdad
Javier Duarte y Arturo Bermúdez deben ser investigados por caso Narvarte
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 07/08/2017 A dos años del feminicidio de la defensora Nadia Vera y de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y Alejandra Negrete Avilés, así como el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, se debe “reencausar” la investigación hacia la actividad de defensa  y libertad de expresión, asegura la representante legal de Nadia, Mile y Yesenia, Karla Micheel Salas, quien colocó la propuesta en la mesa de trabajo que inició la semana pasada con la Procuraduría capitalina y la Secretaría de Gobierno.
 
La también presidenta del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social advierte en entrevista con Cimacnoticias que si el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quiere llegar a la Presidencia de la República le conviene no cargar con la impunidad del multihomicidio, conocido como caso Narvarte, que incluso le costó el cargo al ex procurador Rodolfo Ríos Garza.
 
Luego de la Recomendación 4/2017 emitida el 21 de junio por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), existe una ruta inicial acordada con el actual procurador, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, y con la secretaria de Gobierno de la Ciudad, Patricia Mercado, para lograr dar con la vedad de lo ocurrido el 31 de julio de 2015.
 
Dicha  ruta se enfoca, explica Micheel Salas, en agotar la investigación sobre “la línea Veracruz”, que consiste en las amenazas que obligaron a Nadia Vera y a Rubén Espinosa a salir de aquella entidad y refugiarse en la Ciudad de México; si bien esto se pidió al anterior procurador, Rodolfo Ríos Garza, nunca se profundizó en la petición pese a la insistencia de la defensa.
 
Ahora nuevamente la Procuraduría capitalina está a prueba y la buena voluntad se mostrará este martes cuando la dependencia entregue a las familias y a sus representantes legales el expediente completo del caso así como los videos de las cámaras de seguridad grabados el día del crimen ocurrido en la colonia Narvarte.
 
Karla Michel Salas asegura que la investigación de este crimen debe ser ejemplar porque toca temas sensibles como la libertad de expresión, la violencia contra personas defensoras y los Derechos Humanos de las mujeres. “No se trata solo de las personas se trata toda la sociedad en su conjunto”, afirma.
 
“El crimen de la Narvarte no se reduce a tres sujetos que llegaron a un departamento el 31 de julio de 2015, torturaron y asesinaron cruelmente a cinco personas para robarse un cochinito con 6 mil pesos”, señala irónica Micheel Salas.
 
La línea política debe agotarse, explica, por ello la línea de investigación es un punto fundamental que se habló con el procurador Edmundo Garrido y con la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, durante la reunión de trabajo entre familiares de las víctimas y sus representantes legales, el pasado martes 1 de agosto, línea que la CDHDF también pidió agotar en su recomendación.
 
Para la abogada feminista, Miguel Ángel Mancera ve en el caso Narvarte una posibilidad política para sus aspiraciones presidenciales, por ello es tajante: “Si aspira a ocupar un cargo, el cargo más importante en este país no puede llevar a cuestas la impunidad, el caso Narvarte”.
 
Ante la incapacidad técnica de la Procuraduría para desarrollar un “plan de investigación”, señala Salas, se contará con personas expertas independientes para diseñarlo.
 
En la primera mesa de trabajo realizada el martes pasado, la segunda sesión se realizara este 8 de agosto, se acordó que personas expertas realicen los peritajes necesarios para sustituir las carencias de la Procuraduría capitalina. “(Que) desde otra perspectiva fresca y con información, que desafortunadamente no tienen nuestras instituciones, propongan nuevos actos de investigación, nuevas diligencias, que puedan echar mano de la tecnología para poder acercarnos a la verdad”, explica Salas.
 
LO QUE FALTA POR INVESTIGAR
 
La abogada Karla Michel expone cuatro puntos que la Procuraduría capitalina tendría que investigar y que hasta el día de hoy no han sido investigados a profundidad:
 
1. Identificar qué personas pudieron cometer este crimen. Para ello se requiere personas perfiladoras. A decir de Salas es absurdo que tres personas con las características que la Procuraduría ha presentado sean los autores del crimen o los únicos involucrados.
 
Lo que ocurrió en el departamento de la colonia Narvarte no sólo es el asesinato de cinco personas, señala Michel Sala, lo ocurrido implicó coordinación. De acuerdo con las características de la tortura, probablemente estaban buscando obtener información de las víctimas.
 
2. Analizar el cruce de las llamadas telefónicas de los presuntos culpables. De lo que se tiene en el propio expediente los involucrados recibieron llamadas todo el tiempo. Cuando salieron, después de cometer el crimen y mientras rondaron en la ciudad. Las llamadas fueron realizadas de teléfonos desechables.
 
Para la abogada esto es un indicio de que pudieron recibir instrucciones y que estuvieron informando lo que habían hecho.
 
3. Investigar la empresa de modelaje que contrató a Mile Virgina Martín para trabajar a la Ciudad de México. La Procuraduría identificó a la empresa y a la persona a cargo pero no ha conseguido que declare. La autoridad se ha excusado diciendo “es que no quiere venir”.
 
“¿Cómo es posible que una empresa, que al principio nos habían dicho que era fantasma porque no había antecedentes, logra un permiso de trabajo para una mujer extranjera, colombiana? Se tiene que saber qué está haciendo el Instituto Nacional de Migración y la propia Secretaria de Gobernación”.
 
4. Reforzar la línea de investigación sobre Veracruz. “No sólo tiene que ver con el ex gobernador en prisión, Javier Duarte, sino con su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, quien se presume también tenía nexos con el crimen organizado”, explica Karla Michel.
 
“Sabemos que Arturo Bermúdez tiene empresas de seguridad, uno de los temas que pusimos desde las primeras semanas en la investigación del caso Narvarte: la operación de grupos al interior del estado de Veracruz, personas vestidas de civil, con un vínculo cercano con la Secretaría de Seguridad Pública o que respondía a las órdenes de la Secretaria de Seguridad Pública.
 
“Investigar estas empresas de seguridad es fundamental, sobre todo cuando una de estas empresas de seguridad tiene oficinas muy cerca de donde se cometieron los crímenes.
 
“En Narvarte el acto (multihomicidio) fue programado y planeado, las personas que acudieron al departamento usaron arma 9 milímetros, armas que usan personas que realizan labores de seguridad estatal, estas personas llevaron esas armas con silenciador.
 
“Estos son elementos que nos dicen que estas personas iban preparadas. Los disparos son limpios, es decir, la persona que disparó sabía disparar, no es un improvisado”.
 
Aunque suene obvio, y casi de sentido común, estas son las pruebas que a consideración de la abogada y representante de tres de las cinco víctimas, tendría que investigar la Procuraduría. “No realizando diligencias sin sentido o simplemente hacer un check list” porque, afirma, lo que tiene que hacer es buscar la verdad.
 
17/LLH 







INTERNACIONAL
   Gina Rojas Hoyos señaló al periódico Extra Boyocá
Periodista colombiana denunció censura de grupo editorial
Imagen retomada del portal oaxacadíaadía.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/08/2017 La periodista colombiana Gina Rojas Hoyos denunció que los directivos del periódico Extra Boyacá y el gobierno del departamento de Boyacá, ubicado al centro del país sudamericano, atentan contra la libertad de expresión porque han acordado publicar sólo información favorable a las autoridades locales.
 
Rojas Hoyos informó públicamente que luego de tres años y medio laborando como periodista y editora para el periódico Extra Boyacá, el pasado domingo 30 de julio renunció al Grupo Editorial El Periódico, que edita el diario, luego de que se le prohibiera publicar críticas o información que afectara al gobierno.
 
La periodista dijo que el 19 de julio recibió un memorando que decía: “se les había manifestado la ayuda total y directa al gobernador Carlos Andrés Amaya R. porque estamos convencidos de la capacidad, inteligencia y profesionalismo de llevar adelante el departamento para un mañana mejor de los boyacenses, por lo tanto, debe salir una noticia semanal de todo lo que está haciendo.
 
En ningún momento criticando de él o de su Gobernación”.
Rojas Hoyos decidió no firmar el documento porque eso era aceptar realizar un periodismo acomodado favoreciendo al gobernador y en contra de sus convicciones y ética.
 
Al día siguiente, 20 de julio, le solicitaron su carta de renuncia, pero también se negó a entregarla, ante lo cual decidieron consultar con el gerente nacional y le informaron que su contrato como editora general de Extra Boyacá terminaría el 30 de julio.
 
Al día siguiente, el 21 de julio, verbalmente le comunicaron que sería cambiada al puesto de periodista judicial, puesto en el que se había desempeñado desde febrero de 2014 hasta marzo de 2016 cuando su experiencia y capacidades hicieron que la nombraran editora.
 
Ante este cambio solicitó que le informaran las razones por escrito pero el 24 de julio la empresa le envió un formato en el que le preguntaron, entre otro temas, por qué publicaba artículos que criticaban acciones del gobierno departamental, contrario a exaltarlas, y si tenía autorización para hacerlo.
 
La periodista señaló que hubo presión psicológica y que le impusieron una “mordaza” con el propósito de controlar contenidos por lo que decidió no seguir con la empresa.
 
“Debo mencionar que así como esta vez la orden fue no hacer críticas a la Gobernación, en meses pasados la orden verbal fue atacarla y no dar oportunidad de defensa, lo cual también me negué a hacer con la diferencia que para esa oportunidad no hubo memorando o llamado de atención escrito”, dijo.
 
17/AGM/







NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Ante amenazas periodista vive en el exilio
Patricia Mayorga recibirá Premio Internacional de Libertad de Prensa 2017
Patricia Mayorga
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/07/2017 La periodista mexicana e integrante de la Red Nacional de Periodistas, Patricia Mayorga, fue seleccionada como una de las ganadoras del Premio Internacional de Libertad de Prensa 2017 que cada caño otorga el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
 
La corresponsal de la revista Proceso en el estado de Chihuahua fue elegida junto con el reportero de Camerún, Ahmed Abba; el columnista de Tailandia, Pravit Rojanaphruk; la bloguera de Yemen, Afrah Nasser; y la conductora de televisión estadounidenses, Judy Woodruff.
 
Actualmente Mayorga vive en el exilio. La periodista decidió salir del país luego del asesinato de Miroslava Breach Velducea, quien fuera corresponsal del diario La Jornada y colaboradora del periódico Norte, publicación que decidió cerrar su versión impresa después del crimen contra su reportera, ocurrido el 23 de marzo en la ciudad de Chihuahua.
 
Al igual que Breach, Mayorga recibió amenazas por sus reportajes donde contaba historias de desapariciones forzadas de indígenas en México y presuntos vínculos del ex gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Duarte Jáquez, con el crimen organizado. El funcionario es acusado de peculado.
 
Como integrante y fundadora del Red Libre Periodismo, la reportera promovió la capacitación ética para jóvenes periodistas en el estado de Chihuahua y las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. De acuerdo con este colectivo en la entidad han sido asesinados 22 periodistas desde el año 2000 hasta marzo de 2017.
 
Entre estos crímenes hay dos contra mujeres periodistas: Miroslava Breach e Isabel Cordero Martínez, ex conductora de Televisa-Chihuahua, asesinada en abril de 2010. De acuerdo con el Programa Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) la violencia contra periodistas no es exclusiva de una entidad toda vez que de 2014 a 2015 se registraron 147 casos de violencia contra periodistas en el país.
 
En este escenario de impunidad el CPJ otorgó el premio a Patricia Mayorga, quien comenzó a trabajar como periodista en el año 2000, cubriendo temas como salud y educación; posteriormente se enfocó en temas de Derechos Humanos y el asesinato de mujeres en Juárez.
 
Mayorga también trabajó para el diario El Heraldo, la agencia especializada en periodismo con perspectiva de género, Cimacnoticias, el Diario de Ciudad Juárez y La Jornada, lo que le valió amenazas similares a las que recibió Breach.
 
Cabe recordar que en 2011 un mexicano también ganó el Premio Internacional de Libertad de Prensa 2011: Javier Valdez Cárdenas, reportero que cubrió y escribió sobre narcotráfico y el crimen organizado. El 15 de mayo el periodista fue asesinado en Culiacán, en el estado de Sinaloa, sin que hasta ahora se haya encontrado a los culpables.
 
17/AGM/







NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Organizaciones exigen a gobernador de Chihuahua evitar impunidad
Exigen informe detallado sobre pesquisas de caso Miroslava Breach
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/06/2017 Las organizaciones, Articulo 19 Oficina para México y Centroamérica, Comunicación e Información de la Mujer, A. C. (CIMAC), el Comité para la Protección de los Periodistas, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras, exigieron justicia al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y a la Fiscalía General del estado, a 3 meses del feminicidio de la periodista Miroslava Breach.
 
Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión se pronunciaron porque se rinda un informe detallado sobre el progreso de las indagatorias, ya que pese a los discursos de las autoridades locales que aseguran tener identificados a los responsables no se ha emitido ninguna orden de aprehensión contra los autores materiales ni intelectuales del asesinato.
     
Exigieron también que se evite la impunidad en el feminicidio de Miroslava Breach y que se realice una investigación adecuada con perspectiva de género, que se castigue a los culpables y se garantice la reparación del daño para la familia.
 
Que el gobierno federal y local establezcan una coordinación eficiente para el impulso de medidas concretas de protección para quienes ejercen el periodismo en Chihuahua y evite la criminalización de las y los  periodistas en el desempeño de su trabajo.
 
Finalmente exigieron que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), informe los avances que tiene en la investigación de conformidad a su mandato constitucional.
 
Lo anterior, señala el comunicado, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA en su informe publicado en 2014 y en las que señala:
 
“Investigar, juzgar y sancionar la violencia contra periodistas, incluidas, cuando sea necesario, unidades especializadas de investigación o tribunales especializados y los procesos, eliminando así todas las barreras de género que obstaculizan o impiden a las mujeres periodistas el ejercicio de su derecho a la justicia”.
 
Al cumplirse este día 93 días del feminicidio de Miroslava Breach,  “exigimos  al gobierno federal y de Chihuahua que tomen las medidas necesarias y adecuadas que  reviertan el evidente patrón  de impunidad que presentan los casos de asesinatos de periodistas”.
 
Desde 2002 y hasta 2017 CIMAC, ha registrado y documentado 331 hechos violentos en contra de las periodistas por su labor profesional, 19 casos de feminicidio y dos desapariciones. En su informe, “El poder del Cacicazgo. Violencia contra mujeres periodistas 2014-2015”, CIMAC documentó que en los últimos dos años se registraron casi la mitad de todos los atentados.
 
17/LGL
 







NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Consejo Consultivo de Protección para Defensoras y Periodistas
Reprueba espionaje y pide a OEA y ONU sigan de cerca al país
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/06/2017 El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reprobó categóricamente las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal, “que criminalizan a las personas, medios y organizaciones que denunciaron públicamente” intentos de hackeo en sus teléfonos móviles por el programa de espionaje Pegasus, adquirido y de uso exclusivo del Gobierno mexicano.
 
La exigencia se basa en las declaraciones que hizo ayer Enrique Peña Nieto en un evento público en Jalisco, donde dijo que “aplicará la ley a quienes han acusado a su administración”, como respuesta al reportaje publicado el 19 de junio por The New York Times, que describe la intervención a equipos de comunicación de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) a través del software de la empresa NSO Group.
 
Los ataques, indica la investigación, fueron dirigidos al director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, y a su esposa; a la periodista Carmen Aristegui y su hijo entonces menor de edad; al director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, y los abogados de esta organización, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer.
 
Además, al director de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Salvador Camarena, y a los periodistas: Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y Alexandra Zapata. Ellos y ellas pidieron explicaciones a Peña Nieto y presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y solicitud de medidas de protección a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
 
Ante esto, las y los integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), denunciaron en un comunicado que rechazan estas políticas de espionaje, situación que se agrava cuando incluye adolescentes y dos de las instituciones que formar parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo: la PGR y Segob.
 
“Resulta de gran relevancia para el Consejo Consultivo del Mecanismo que la PGR y Segob hayan adquirido el malware para espionaje, atentando contra derechos que deben proteger y respetar, como la privacidad, a la libertad de expresión, a la defensa de DH, a la legalidad y la obligación de adoptar medidas especiales de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes”, expusieron.
 
En este sentido, el Consejo Consultivo del Mecanismo hizo las siguientes exigencias:
 
1) La Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de presentar al Consejo, un plan de acción para dar respuesta a las agresiones digitales que enfrentan periodistas y personas defensoras de DH.
 
2) Que la Junta de Gobierno del Mecanismo cumpla las medidas cautelares dictadas por la CNDH en relación a este caso.
 
3) Que a la brevedad la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República realice una audiencia pública sobre este caso y cite a compadecer ante el Senado a los funcionaros públicos que no evitaron este tipo de agresiones en contra de ciudadanos mexicanos.
 
A TRES MESES DEL ASESINATO DE MIROSLAVA
 
Señala también el Consejo Consultivo que este tema del espionaje contra personas defensoras de DH y periodistas se suma a los casos de agresiones, múltiples desapariciones, acoso judicial, amenazas y seguimiento a que se enfrentan. 
 
Entre estos casos de agresiones está el asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, cometido un día como hoy de hace tres meses, así como el homicidio del periodista Javier Valdez.
 
En memoria de Miroslava, y para reiterar la exigencia de justicia en su caso, hoy en Chihuahua el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza,  dijo que ese organismo “va a seguir vigilando y exigiendo justicia en todos los casos vinculados contra agresiones a periodistas”.
 
Y exigió “a la Procuraduría de Justicia de México que cumpla investigando, siguiendo la línea lógica” de que el asesinato de Miroslava “fue parte del ejercicio del periodismo”.
 
Al llamodo se unió el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Jan Jarab, quién pidió justicia para Miroslava y otros periodistas asesinados durante el año, “porque la mayoría de estos crímenes ha quedado impunes, y se debe superar esta tortura en México”, concluyó.
 
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS
 
Por otra parte, el Consejo Consultivo reconoció que el Mecanismo de Protección no ha logrado articular una política de Estado capaz de dar solución a estas agresiones, y dar garantías que no se vuelvan a repetir, por lo que quedan “como un esfuerzo aislado que a la fecha, sigue sin ser suficiente”.
 
Además, observan serias deficiencias en la protección a personas en riesgo que acuden al Mecanismo, reflejo, aseguraron, de la “cuestionable participación de algunos representantes de las instituciones que conformar la Junta de Gobierno, como es el caso de la PGR”.
 
“Nos hemos mantenido dentro del Mecanismo por la convicción de brindar adecuada y urgente protección a las personas beneficiarias, especialmente quienes están en condiciones de mayor riesgo por ser mujeres, indígenas o por desarrollar su vida profesional en entidades federativas o municipios con escasa o nula presencia del Estado”, señalaron.
 
Con ello, el Consejo reiteró la necesidad de desarrollar una política integral de prevención y protección de personas defensoras y periodistas, que vaya más allá del funcionamiento del Mecanismo, que incluya: investigaciones adecuadas y efectivas, dirigidas a identificar y sancionar a los agresores; campañas de reconocimiento de la labor de periodistas y defensores; adopción de marcos legislativos que no criminalicen o restrinjan defender DH o ejercer el periodismo.
 
Por ello instaron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Naciones Unidas “a que sigan muy de cerca lo que ocurre en nuestro país”.
 
Los integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo que firmaron son; Alberto Xicotencatl Carrasco, Alejandro Anaya Muñoz, Araceli Domínguez Medina, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Lucía Lagunes Huerta, Alejandra Nuño Ruiz-Velasco, Pilar Tavera Gómez, Stefan Zimmer y Víctor Ruiz Arrazola.
 
17/HZM/GG







INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Apoya que se investigue y enjuicie a responsables
PEN Internacional condena espionaje a periodistas, defensoras de DH y activistas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/06/2017 En respuesta a la revelación que hizo el New York Times sobre el espionaje descubierto por Citizen Lab contra periodistas, personas defensoras de Derechos Humanos y activistas de México, el PEN Internacional condenó el hecho y pidió al gobierno garantizar la libertad de expresión.

En un comunicado, la organización PEN Internacional, promotora de la literatura y la libertad de expresión, solicito la protección de las autoridades mexicanas para las víctimas del espionaje cibernético, que, según el diario estadounidense y el grupo de investigación de la Universidad de Toronto, Citizen Lab, habrían sido intervenidas en sus sistemas de comunicación con un malware altamente sofisticado exclusivamente comercializado a los gobiernos.

El malware fue concretamente utilizado para espiar usando los  teléfonos de sus objetivos, para registrar información personal y de trabajo, aunque este tipo de malware solamente debe de estar usado para investigar criminales y terroristas, dice el New York Times.

Dado que este tipo de malware no deja rastros de sus orígenes, es difícil saber con certeza quién lo utilizó, pero es probable que fue utilizado por el Gobierno mexicano porque el malware sólo se comercializa a los gobiernos.

Uno de los casos identificados en la investigación de Citizen Lab incluye a la comunicadora Carmen Aristegui, quien dijo en conferencia de prensa: “¿Qué pensaba hacer el presidente de la República con estos temas? [...], ¿dónde está esa información?, ¿qué hicieron con ella?”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que México es Estado Parte, en su Artículo 17, define que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”

Igualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos defiende la privacidad y la protección de datos en su Artículo 16, señala el comunicado de PEN Internacional.

Este caso de espionaje cibernético es importante para PEN Internacional porque la asociación, líder mundial de escritores, trabajan para defender la literatura y promover la libertad de expresión en todo el mundo.

Por tanto, PEN afirma que:
1. Todas las personas tienen derecho a expresarse libremente a través de los medios digitales sin temor a sufrir represalias o ser perseguidos.
2. Todas las personas tienen derecho a buscar y recibir información a través de los medios digitales.
3. Todas las personas tienen derecho a que los medios digitales estén libres de vigilancia por parte del gobierno.
4. El sector privado y sobre todo las empresas tecnológicas están obligados por el derecho a la libertad de expresión y los Derechos Humanos.

Es por esta razón que PEN Internacional apoya la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de abrir una investigación en comunicaciones privadas y enjuiciar a los responsables de esta violación a la libertad de expresión en México.

17/EA/GG







OPINIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   DESENREDO
Mujeres mayas y libertad de expresión
Foto: Voces Étnicas
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Guate.- 21/06/2017 Comunicadoras comunitarias mayas exigen con firmeza el respeto a difundir sus mensajes, al mismo tiempo rechazan se les criminalice o menosprecie. Entre ellas, resaltan las voces de Eva Tecún, Nita Coc Chub y Elsa Chiquito.
 
Exigir el respeto a la libertad de expresión por parte de mujeres mayas es de gran importancia, porque son ellas mismas quienes lo demandan, sin intermediarios ni desde la generalidad abstracta, ellas lo hacen como comunicadoras sociales que valoran el impacto de su trabajo en sus comunidades.
 
En Guatemala, muchas personas entienden que la libre emisión del pensamiento es una prerrogativa constitucional que sólo corresponde a medios y periodistas. Pero, la Red de Comunicadoras Comunitarias entiende perfectamente que ese derecho también es de ellas y de todas las mujeres.
 
Con esa convicción esta Red organizó un festival en el centro capitalino para que personas que viven en áreas urbanas conozcan sus experiencias y capacidades en la difusión de mensajes.
 
Las integrantes de la Red tienen experiencia en la producción comunicacional en radios comunitarias y en redes sociales, algunas superan los diez años de trabajo ininterrumpido.
 
Aunque las han tratado de callar, explican las representantes de las comunicadoras, ellas se preparan, se organizan y ganan espacios desde su identidad como mujeres indígenas, desde sus raíces mayas, desde su formación como comunicadoras que difunden realidades poco conocidas en las ciudades.
 
Ellas son quienes multiplican mensajes encaminados a cambiar “mentalidades del no puedo”, son ejemplo de que los cambios son posibles, aquellos que algunos medios niegan o menosprecian cuando los descalifican o les restan importancia.
 
Algo está sucediendo en ese país, es poco frecuente que en un espacio público urbano, mujeres indígenas de diferentes comunidades lingüísticas reivindiquen su derecho a la libertad de expresión porque saben el valor de la palabra, la trascendencia de multiplicar mensajes y la importancia de aprender a manejar nuevas tecnologías.
 
A pesar de que se les ha discriminado por cómo se visten, cómo se expresan, cómo actúan o cómo exigen sus reivindicaciones, las integrantes de la Red de Comunicadoras Comunitarias siguen uniendo esfuerzos encaminados a convertirse en sujetos de transformación, porque tienen capacidad de propuesta, pensamiento propio y disposición a mejorar su trabajo comunicacional inscrito en las enseñanzas de la cosmovisión maya.
 
Es relevante que, como mujeres indígenas, expresen en voz alta su defensa a la libre emisión de pensamiento, tomando en cuenta que han sido excluidas como protagonistas sociales y como actoras con capacidad intelectual en los medios tradicionales, los que generalmente las representan como víctimas, empobrecidas, enfermas o como folclor.
 
Sirva este espacio para felicitar a las comunicadoras comunitarias de siete departamentos guatemaltecos: Totonicapán, Quiché, Huehuetenango, Petén, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Sacatepéquez, quienes aspiran a seguir ampliando sus alianzas en áreas de trabajo que las empodere y les permita ejercer lo más ampliamente sus derechos.
 
Cabe resaltar que ellas son un referente en sus comunidades, juegan un papel muy importante por el impacto que tienen las informaciones y opiniones que transmiten a través de la radio y otros medios, así como por la fuerza que irradian.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
17/RHA/GG







NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   ¿Espiaron a periodistas asesinados?, cuestiona Aristegui
Peña, obligado a explicar espionaje contra periodistas y personas defensoras
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017 La periodista Carmen Aristegui y los defensores Mario Patrón, Juan Pardinas y Salvador Camarena denunciaron que ellos, junto con otros activistas, fueron asediados con un intento de hackeo en sus teléfonos móviles a través de Pegasus, un programa de espionaje adquirido por el Gobierno mexicano.
 
Acompañados por la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas: el director de R3D, Luis Fernando García; el director de SocialTIC Juan Manuel Casanueva; y el investigador de Citizen Lab, John Scott-Railton, el grupo de periodistas y defensores pidieron una explicación a Enrique Peña Nieto sobre este espionaje. 
 
La denuncia, que se basa en una investigación realizada por R3D, SocialTIC y Artículo 19, y apoyada por Citizen Lab y que hoy fue publicada en un reportaje en The New York Times, explica que la intervención de comunicaciones y acceso a equipos y sistemas de información de estas figuras públicas fue realizada a través del software que desarrolla la empresa NSO Group.
 
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, la periodista  Carmen Aristegui, aseguró que Enrique Peña Nieto tiene que dar explicaciones sobre este ataque porque los agentes del Estado mexicano han utilizado los recursos para cometer ilícitos graves y acotó que no es casual que en los momentos más difíciles del Gobierno, lejos de dar respuestas institucionales, surjan los casos de espionaje.
 
La periodista dijo que no hay lugar a dudas que los agentes del Estado mexicano adquirieron esta tecnología y, de manera “alevosa e ilegal”, la usaron en contra de figuras que han sido críticas del desempeño gubernamental cuando salieron a luz matanzas y hechos de corrupción, algo que hoy se puede comprar con información técnica y científica.
 
PERSONAS ESPIADAS
 
Estos ataques se dirigieron al director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas y a su esposa; a la periodista Carmen Aristegui y a su hijo Emilio (de entonces 16 años); al director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón y a los abogados de la misma organización, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer.
 
También fueron víctimas el director de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Salvador Camarena, y los periodistas Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y Alexandra Zapata.
 
Aristegui señaló que no es cortesía de Peña Nieto dar explicaciones, sino una obligación. Además afirmó que es inaceptable el espionaje como es inaceptable el asesinato de Javier Valdez y de la Miroslava Breach y los ataques a la prensa. Es por ello que alertó que no se sabe si los periodistas asesinados fueron espiados previamente, pero destacó que con estos hechos queda la sospecha. 
 
Aristegui mencionó que el Ejecito, la Procuraduría General de la República y el CISEN son quienes puedan usar esta tecnología y por ello pidió que “el jefe de todos ellos” salga a responder y decir qué hizo y qué hará con los videos, los contactos e información que “robó indebidamente” a través de este espionaje. “Explique usted, presidente Peña Nieto, de que se trata”, dijo. 
 
Durante la presentación de la denuncia, Mario Patrón destacó que el Centro Prodh fue espiado cuando trabajaba en la defensa de casos de violaciones graves a los Derechos Humanos que interesa al Gobierno federal, como la violación sexual de 11 mujeres en Atenco por parte de policías federales y estatales en 2006, caso que está en análisis en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
El Centro Prodh además litiga y acompaña casos como Tlatlaya, sobre una presunta ejecución por parte de militares y la desaparición de 43 estudiantes normalista, donde también se presume la participación del Ejército mexicano
 
Ante esto Patrón, quien dijo que ya preveía que eran víctimas de espionaje y preguntó si el Gobierno mexicano tiene la capacidad y voluntad de investigarse a sí mismo. Y por ello llamó a las instituciones a transparentar qué instancias usan este programa espía y a crear un grupo de expertos independientes que indague esta intromisión a las comunicaciones privadas.  
 
Los periodistas y defensores informaron que presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República y una solicitud de medidas de protección a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
17/AGM/GG
 







ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   "El plan llegó demasiado tarde” afirman activistas
Presentan en Chihuahua Plan de Contingencia para defensoras y periodistas
Imagen retomada del portal chihuahua.gob.mx
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/06/2017 Hoy el gobierno de Chihuahua y el Federal presentaron el Plan de Contingencia para la Protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en Chihuahua.
 
El Plan, que tiene cinco ejes de acción, es resultado de las exigencias de personas defensoras, periodistas y organizaciones civiles para garantizar condiciones seguras al ejercer su labor y que derivó en una “Alerta Temprana” aprobada por el Mecanismo desde agosto de 2016.
 
El Plan, afirmó la titular de la Alianza Sierra Madre A.C Aida Estela Lozano, durante la presentación, es “inédito” porque considera no sólo las medidas de seguridad que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debe adoptar para proteger a defensores y periodistas, sino también cómo debe actuar éste ante las problemáticas de riesgo a las que se enfrentan en sus trabajos.
 
Los ejes que aborda son: el reconocimiento al ejercicio de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas al garantizarles seguridad y, en caso de ser agredidos, su acceso a la justicia; la atención a grupos en situación de vulnerabilidad (como las y los migrantes); otro punto es el medio ambiente; también el contexto adverso que enfrenta la población en la Sierra Tarahumara; así como la garantía del ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
 
El cumplimiento de los ejes se realizará a través de 53 acciones a cargo de 26 instancias a nivel estatal y 24 federales que trabajarán junto con organizaciones civiles.
 
Durante la presentación a la que asistió el gobernador de Chihuahua, Javier Corral y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se nombró y presentaron las fotos de 21 mujeres y hombres defensoras y periodistas que fueron asesinados desde 2008 hasta la fecha. “Para ellas y ellos el Plan llegó demasiado tarde, esperemos que se cumpla para que no cueste más vidas y sea suficiente para que quienes se encuentran en el exilio puedan regresar en condiciones de seguridad”, dijo la defensora Aida Estela Lozano.
 
Ejemplo de ello fue la periodista Patricia Mayorga, quien dio un mensaje a través de un video porque actualmente se encuentra exiliada por las amenazas de las que ha sido víctima.
 
Desde 2016, expuso Estela Lozano, incrementaron las campañas de desprestigio y agresiones dirigidas a personas defensoras y periodistas lo que llevó a 25 organizaciones y periodistas a solicitar al Mecanismo de Protección que emitiera una Alerta por la situación. “Para marzo de 2016 había al menos 80 personas con medidas de seguridad dictadas por organismos internacionales de Derechos Humanos”, mencionó la defensora.
 
En abril de 2016 junto con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas analizaron el contexto del estado, lo que derivó en propuestas para el Pan de Contingencia que hoy se aprobó.
 
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NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Empresas convocan a otro foro
OSC y 58 medios construirán agendas para proteger a periodistas
CIMACFoto: Gabriela Mendoza Vázquez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/05/2017 Como respuesta a la violencia contra la prensa, un grupo de 58 medios y organizaciones civiles convocaron a la sociedad a participar en la construcción de una agenda con objetivos de corto y mediano plazo para proteger al gremio periodístico.
 
A través de la página agendadeperiodistas.mx las agrupaciones convocantes proponen organizar una discusión en torno a seis mesas para compartir experiencias y definir qué es necesario hacer, quién debe hacerlo y cómo organizarse para exigir que se haga.
 
Entre los promoventes de esta iniciativa están medios como Aristegui Noticias, Proceso, The New York Times en Español, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, LopezDoriga.com y Lado B.
 
También están organizaciones cómo Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Comunicación Social, Social TIC, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, el Observatorio Nacional Ciudadano y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.
 
También participan Artículo 19, Animal Político, SinEmbargo.MX, el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la UNAM, el Programa de Periodismo de la Universidad Iberoamericana y el Programa de Periodismo del Centro de Investigación en Docencia Económica, entre otros.
 
Las mesas de trabajo serán sobre Riesgo, atención en casos críticos y respuestas inmediatas; Alternativas para combatir la impunidad; Organizaciones sociales y vías para fortalecerlas; Solidaridad gremial y derechos laborales; Reacciones de seguridad pública; y El significado social de las agresiones contra periodistas.
 
Esta es una de las respuestas a los crímenes que ocurrieron este mes cuando asesinaron a los periodistas Javier Valdez Cárdenas (Sinaloa); el atentado a la subdirectora del Semanario El Costeño de Autlán, Sonia Córdova (Jalisco); y el secuestro de Salvador Adame Prado, director de Canal 6TV (Michoacán).

Además el 23 de marzo fue asesinada la corresponsal de La Jornada en la capital del estado de Chihuahua, Miroslava Breach, cuando salía de su casa.
 
OTRO FORO
 
Ante estos ataques a la prensa otro grupo de medios nacionales hoy publicaron en sus páginas un desplegado titulado Basta ya donde se lee: “Que la manifestación de ideas no sea objeto de ninguna inquisición es un principio irrenunciable de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico”.
 
En este desplegado firmado por medios como La Jornada, RíoDoce; TV Azteca, La Razón, Organización Editorial Mexicana, Grupo Expansión, Grupo Milenio, El País, El Sur,  Cuartoscuro, EFE y Grupo Imagen se anuncia que en breve se convocará a una serie de foros para acordar medidas para enfrentar las amenazas y ataques a la labor periodística.
 
Este pronunciamiento también fue firmado por algunos medios que convocaron a participar en agendadepeirodistas.mx y por medios internacionales como El Comercio, El Mercurio, El Nacional, La Nación, O Globo y PEN México.
 
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