Libertad de expresión

ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Mujeres periodistas de 19 estados exigen a Estado esclarecer asesinatos
Red Nacional de Periodistas repudia violencia y censura contra gremio
Cortesía de la Red Nacional de Periodistas
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | Oaxaca, Oax.- 16/10/2017

Mujeres periodistas de 19 estados de la República, demandaron al Estado mexicano esclarecer los casos de agresiones contra comunicadoras y cumplir los acuerdos internacionales que defienden la libertad de expresión.

Al finalizar el séptimo encuentro de la Red Nacional de Periodistas que se realizó este 13 y 14 de octubre en la ciudad de Oaxaca, las comunicadoras que laboran en 78 medios nacionales, exigieron el cumplimiento de la Recomendación general 25 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) referente a protección de mujeres periodistas.

En un pronunciamiento, las informadoras llamaron a las autoridades mexicanas de todos los niveles de gobierno a investigar y esclarecer los asesinatos y agresiones de mujeres periodistas, toda vez, que desde 2006 y hasta 2017, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) ha documentado 430 agresiones contra mujeres periodistas.

Las integrantes de la Red repudiaron el contexto de violencia y censura generalizada en el país en contra de quienes ejercen y defienden el derecho a la libertad de expresión y el periodismo desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), periodo en el que se han registrado 19 asesinatos y dos desapariciones de mujeres periodistas.

En este contexto, el Programa de Libertad de Expresión de CIMAC, organización que ha documentado la violencia específica contra mujeres periodistas en el país en 3 informes, señala que 56 por ciento de las agresiones cometidas contra mujeres periodistas son cometidas por parte de agentes del Estado, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal.

Las comunicadoras rechazaron las leyes que simulan la protección para periodistas y mecanismos (como la llamada ley Borge en Quintana Roo o las leyes de Hidalgo y Morelos) porque no garantizan la seguridad de las periodistas ni protegen la libertad de expresión, y pidieron que se fortalezcan las instancias de protección que funcionan y son reconocidas por periodistas.

Durante los dos días de trabajo las participantes coincidieron en que las agresiones contra mujeres periodistas tienen una evidente carga de género: amenazas a ellas y a sus familias; acoso, abuso y hostigamiento sexual; difamación y calumnia con cargas sexistas; así como un impacto en su vida profesional y personal.

La Red, una iniciativa que desde 1995 promueve la igualdad de género en y a través de los medios de comunicación, hizo evidente la necesidad de denunciar las condiciones laborales precarias, largas jornadas de trabajo, la falta de derechos laborales, brechas salariales de género y diferentes tipos de violencia al interior de las redacciones, condiciones que, dijeron, vulneran el ejercicio periodístico.

Recordaron que el Monitoreo Global de Medios 2015 (realizado cada cinco años por la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, WACC, por sus siglas en inglés) encontró que sólo 24 por ciento de los contenidos mediáticos contemplan a las mujeres como fuentes de información y cuando lo hacen, son representadas desde el sexismo, la discriminación y la revictimización.

Ante esta situación, consideraron que las acciones que ha implementado el Estado mexicano han sido una simulación, son ineficaces, indolentes, omisas e insuficientes para garantizar el Derecho Humano a la libertad de expresión, a la información, a la comunicación y a una vida libre de violencias.

Las mujeres periodistas también exigieron al Estado mexicano cumplir la Ley Federal del Trabajo en las empresas de los medios de comunicación; que el Congreso de la Unión legisle la violencia mediática en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y expida la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de la regulación de la publicidad oficial, y políticas públicas claras y efectivas para la protección del trabajo periodístico.

17/AGM/LGL








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Pidieron no descartar su labor periodística como causa del asesinato
Periodistas exigen a autoridades resultados sobre caso Miroslava Breach
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/10/2017

Reporteras y reporteros de Chihuahua exigieron a las autoridades de la entidad que informen de manera oficial los resultados de la investigación en el caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, y pidieron no descartar de la investigación el tema en el que la reportera trabajaba cuando fue asesinada y que vincula al crimen organizado con políticos de varios partidos.

Miroslava laboraba como reportera en La Jornada e investigaba temas sobre el crimen organizado y corrupción al momento de su asesinato, efectuado el 23 de marzo cuando al salir de su casa recibió cuatro disparos en la cabeza. Previamente había sido amenazada en diversas ocasiones por su labor periodística.

A través de un comunicado la Red Libre Periodismo, que agrupa a periodistas de la entidad, denunció que el caso sigue en “total impunidad”, pese a que desde el crimen familiares de Breach Velducea, el gremio periodístico, organizaciones civiles locales nacionales e internacionales han exigido a la Fiscalía General del Estado (FGE) transparentar la investigación y que señale a los responsables intelectuales y materiales.

La Red Libre Periodismo pidió a la FGE que dé a conocer oficialmente los avances del caso porque, recordaron, a días del crimen, filtró videos del rastreo a los asesinos materiales Miroslava y los ligó “con el cártel de Sinaloa que opera y controla parte de la sierra, para el cultivo, trasiego, venta de drogas y lavado de dinero”.

Los avances del caso también han sido negados a los familiares de la periodista. A su hermana, Rosa María Breach Velducea, la FGE no le dio acceso a la carpeta de investigación hasta el pasado 9 de octubre, cuando ganó un amparo que promovió junto con la organización civil Propuesta Cívica para que se le reconociera como víctima indirecta.

Por ello las y los periodistas de Chihuahua condenaron el manejo,  control y administración de la información por parte de las autoridades en el caso.

Miroslava Breach Velducea fue la tercera periodista asesinada en México en el mes de marzo. En lo que va del año la cifra asciende a 11 periodistas.

17/MMAE








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   México informó de acciones de prevención y protección
Urgente reforzar protección a mujeres periodistas: informe de ONU
CIMACFoto: Citlalli López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 05/10/2017

Cada vez más gobiernos y organizaciones abordan la seguridad de las mujeres periodistas pero aún falta reforzar las medidas de atención para aquellas que son víctimas de violencia, recopilar datos desglosados por sexo y elaborar y aplicar leyes y políticas que las protejan.

Esta es una de las conclusiones del informe “La seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad” (A/72/290) elaborado por el Secretario General de Naciones Unidas en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El informe, que se presentará en el 37 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a realizarse del 26 de febrero al 23 de marzo de 2018, recopiló datos aportados por los Estados, entre ellos México, que informó de las acciones de protección y sanción de actos contra la libertad de expresión.

El documento, concluido en agosto de 2017, indica que en 2012 México estableció el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual incluye un programa con enfoque de género respecto de la prevención y la protección y trata de reconocer los riesgos específicos a que se enfrentan las periodistas en el ejercicio de su profesión.

Según la información aportada por el Estado mexicano, todos los funcionarios han recibido capacitación sobre perspectiva de género y hay protocolos y procedimientos para que respondan con sensibilidad respecto de las cuestiones de género a las quejas y solicitudes de asistencia presentadas por mujeres periodistas.

Asimismo, el gobierno mexicano señaló que la unidad de evaluación de riesgos utiliza una metodología que incluye el género como factor de riesgo y tiene por objeto asegurar que se tengan en cuenta las circunstancias específicas de las mujeres periodistas; y una vez que se determina el nivel de riesgo, se propone un plan de protección con género.

México señaló también que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que depende de la Procuraduría General de la República (PGR) hacía un seguimiento de los crímenes contra periodistas y reunía información desglosada, entre otras cosas, por sexo.

Aunque el documento no lo menciona, el 9 de febrero apareció asesinada la reportera del periódico El Sol de Orizaba, Anabel Flores Salazar, quien fue secuestrada y asesinada. Más tarde, el pasado 23 de marzo, fue asesinada, Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora del desaparecido Norte de Ciudad Juárez.

Meses después, en mayo, fue asesinado el periodistas Javier Valdez Cárdenas (Sinaloa); hubo un atentado a la subdirectora del Semanario El Costeño de Autlán, Sonia Córdova (Jalisco); y secuestraron al director de Canal 6TV, Salvador Adame Prado (Michoacán), quien días después fue encontrado sin vida.

Además, de acuerdo con el Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), primera organización en documentar la violencia contra las periodistas; durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 a abril de 2017, se documentaban 304 de agresiones a mujeres periodistas y seis asesinatos de comunicadoras.

En el informe El poder del cacicazgo. Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015, también elaborado por CIMAC, se documentaron 147 casos de violencia contra mujeres periodistas en 24 entidades federativas, en su mayoría atentados que están impunes pese a la existencia de una Fiscalía especializada y un Mecanismo de Protección.

El informe de la ONU señala que para un enfoque con perspectiva de género en las acciones de prevención y protección es necesario comprender y tener en cuenta las diferentes experiencias, opiniones y necesidades de las mujeres y su participación en la elaboración de leyes, políticas y programas, y la aplicación, supervisión y evaluación de estos documentos.

“En todo caso, las medidas no deben llevar a reforzar los estereotipos de género, ampliar las desigualdades ya existentes ni afianzar aún más la discriminación contra la mujer. También deben equilibrar la necesidad de habilitar a las mujeres para entrar y permanecer en la profesión en igualdad de condiciones con el hombre”, señala el informe.
Otro elemento que se destacó en el informe es la necesidad de garantizar la rendición de cuentas ante los ataques cometidos contra mujeres periodistas, en particular porque es un elemento fundamental dejar en claro que los ataques contra mujeres periodistas no se tolerarán y por tanto ofrecer una vía de reparación del daño.

17/AGM/LGL








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Ante amenazas periodista vive en el exilio
   
Patricia Mayorga recibirá Premio Internacional de Libertad de Prensa 2017
Patricia Mayorga
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/07/2017

La periodista mexicana e integrante de la Red Nacional de Periodistas, Patricia Mayorga, fue seleccionada como una de las ganadoras del Premio Internacional de Libertad de Prensa 2017 que cada caño otorga el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
 
La corresponsal de la revista Proceso en el estado de Chihuahua fue elegida junto con el reportero de Camerún, Ahmed Abba; el columnista de Tailandia, Pravit Rojanaphruk; la bloguera de Yemen, Afrah Nasser; y la conductora de televisión estadounidenses, Judy Woodruff.
 
Actualmente Mayorga vive en el exilio. La periodista decidió salir del país luego del asesinato de Miroslava Breach Velducea, quien fuera corresponsal del diario La Jornada y colaboradora del periódico Norte, publicación que decidió cerrar su versión impresa después del crimen contra su reportera, ocurrido el 23 de marzo en la ciudad de Chihuahua.
 
Al igual que Breach, Mayorga recibió amenazas por sus reportajes donde contaba historias de desapariciones forzadas de indígenas en México y presuntos vínculos del ex gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Duarte Jáquez, con el crimen organizado. El funcionario es acusado de peculado.
 
Como integrante y fundadora del Red Libre Periodismo, la reportera promovió la capacitación ética para jóvenes periodistas en el estado de Chihuahua y las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. De acuerdo con este colectivo en la entidad han sido asesinados 22 periodistas desde el año 2000 hasta marzo de 2017.
 
Entre estos crímenes hay dos contra mujeres periodistas: Miroslava Breach e Isabel Cordero Martínez, ex conductora de Televisa-Chihuahua, asesinada en abril de 2010. De acuerdo con el Programa Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) la violencia contra periodistas no es exclusiva de una entidad toda vez que de 2014 a 2015 se registraron 147 casos de violencia contra periodistas en el país.
 
En este escenario de impunidad el CPJ otorgó el premio a Patricia Mayorga, quien comenzó a trabajar como periodista en el año 2000, cubriendo temas como salud y educación; posteriormente se enfocó en temas de Derechos Humanos y el asesinato de mujeres en Juárez.
 
Mayorga también trabajó para el diario El Heraldo, la agencia especializada en periodismo con perspectiva de género, Cimacnoticias, el Diario de Ciudad Juárez y La Jornada, lo que le valió amenazas similares a las que recibió Breach.
 
Cabe recordar que en 2011 un mexicano también ganó el Premio Internacional de Libertad de Prensa 2011: Javier Valdez Cárdenas, reportero que cubrió y escribió sobre narcotráfico y el crimen organizado. El 15 de mayo el periodista fue asesinado en Culiacán, en el estado de Sinaloa, sin que hasta ahora se haya encontrado a los culpables.
 
17/AGM/








ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Abogados y familias de víctimas exigen que se busque la verdad
Javier Duarte y Arturo Bermúdez deben ser investigados por caso Narvarte
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/08/2017

A dos años del feminicidio de la defensora Nadia Vera y de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y Alejandra Negrete Avilés, así como el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, se debe “reencausar” la investigación hacia la actividad de defensa  y libertad de expresión, asegura la representante legal de Nadia, Mile y Yesenia, Karla Micheel Salas, quien colocó la propuesta en la mesa de trabajo que inició la semana pasada con la Procuraduría capitalina y la Secretaría de Gobierno.
 
La también presidenta del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social advierte en entrevista con Cimacnoticias que si el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quiere llegar a la Presidencia de la República le conviene no cargar con la impunidad del multihomicidio, conocido como caso Narvarte, que incluso le costó el cargo al ex procurador Rodolfo Ríos Garza.
 
Luego de la Recomendación 4/2017 emitida el 21 de junio por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), existe una ruta inicial acordada con el actual procurador, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, y con la secretaria de Gobierno de la Ciudad, Patricia Mercado, para lograr dar con la vedad de lo ocurrido el 31 de julio de 2015.
 
Dicha  ruta se enfoca, explica Micheel Salas, en agotar la investigación sobre “la línea Veracruz”, que consiste en las amenazas que obligaron a Nadia Vera y a Rubén Espinosa a salir de aquella entidad y refugiarse en la Ciudad de México; si bien esto se pidió al anterior procurador, Rodolfo Ríos Garza, nunca se profundizó en la petición pese a la insistencia de la defensa.
 
Ahora nuevamente la Procuraduría capitalina está a prueba y la buena voluntad se mostrará este martes cuando la dependencia entregue a las familias y a sus representantes legales el expediente completo del caso así como los videos de las cámaras de seguridad grabados el día del crimen ocurrido en la colonia Narvarte.
 
Karla Michel Salas asegura que la investigación de este crimen debe ser ejemplar porque toca temas sensibles como la libertad de expresión, la violencia contra personas defensoras y los Derechos Humanos de las mujeres. “No se trata solo de las personas se trata toda la sociedad en su conjunto”, afirma.
 
“El crimen de la Narvarte no se reduce a tres sujetos que llegaron a un departamento el 31 de julio de 2015, torturaron y asesinaron cruelmente a cinco personas para robarse un cochinito con 6 mil pesos”, señala irónica Micheel Salas.
 
La línea política debe agotarse, explica, por ello la línea de investigación es un punto fundamental que se habló con el procurador Edmundo Garrido y con la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, durante la reunión de trabajo entre familiares de las víctimas y sus representantes legales, el pasado martes 1 de agosto, línea que la CDHDF también pidió agotar en su recomendación.
 
Para la abogada feminista, Miguel Ángel Mancera ve en el caso Narvarte una posibilidad política para sus aspiraciones presidenciales, por ello es tajante: “Si aspira a ocupar un cargo, el cargo más importante en este país no puede llevar a cuestas la impunidad, el caso Narvarte”.
 
Ante la incapacidad técnica de la Procuraduría para desarrollar un “plan de investigación”, señala Salas, se contará con personas expertas independientes para diseñarlo.
 
En la primera mesa de trabajo realizada el martes pasado, la segunda sesión se realizara este 8 de agosto, se acordó que personas expertas realicen los peritajes necesarios para sustituir las carencias de la Procuraduría capitalina. “(Que) desde otra perspectiva fresca y con información, que desafortunadamente no tienen nuestras instituciones, propongan nuevos actos de investigación, nuevas diligencias, que puedan echar mano de la tecnología para poder acercarnos a la verdad”, explica Salas.
 
LO QUE FALTA POR INVESTIGAR
 
La abogada Karla Michel expone cuatro puntos que la Procuraduría capitalina tendría que investigar y que hasta el día de hoy no han sido investigados a profundidad:
 
1. Identificar qué personas pudieron cometer este crimen. Para ello se requiere personas perfiladoras. A decir de Salas es absurdo que tres personas con las características que la Procuraduría ha presentado sean los autores del crimen o los únicos involucrados.
 
Lo que ocurrió en el departamento de la colonia Narvarte no sólo es el asesinato de cinco personas, señala Michel Sala, lo ocurrido implicó coordinación. De acuerdo con las características de la tortura, probablemente estaban buscando obtener información de las víctimas.
 
2. Analizar el cruce de las llamadas telefónicas de los presuntos culpables. De lo que se tiene en el propio expediente los involucrados recibieron llamadas todo el tiempo. Cuando salieron, después de cometer el crimen y mientras rondaron en la ciudad. Las llamadas fueron realizadas de teléfonos desechables.
 
Para la abogada esto es un indicio de que pudieron recibir instrucciones y que estuvieron informando lo que habían hecho.
 
3. Investigar la empresa de modelaje que contrató a Mile Virgina Martín para trabajar a la Ciudad de México. La Procuraduría identificó a la empresa y a la persona a cargo pero no ha conseguido que declare. La autoridad se ha excusado diciendo “es que no quiere venir”.
 
“¿Cómo es posible que una empresa, que al principio nos habían dicho que era fantasma porque no había antecedentes, logra un permiso de trabajo para una mujer extranjera, colombiana? Se tiene que saber qué está haciendo el Instituto Nacional de Migración y la propia Secretaria de Gobernación”.
 
4. Reforzar la línea de investigación sobre Veracruz. “No sólo tiene que ver con el ex gobernador en prisión, Javier Duarte, sino con su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, quien se presume también tenía nexos con el crimen organizado”, explica Karla Michel.
 
“Sabemos que Arturo Bermúdez tiene empresas de seguridad, uno de los temas que pusimos desde las primeras semanas en la investigación del caso Narvarte: la operación de grupos al interior del estado de Veracruz, personas vestidas de civil, con un vínculo cercano con la Secretaría de Seguridad Pública o que respondía a las órdenes de la Secretaria de Seguridad Pública.
 
“Investigar estas empresas de seguridad es fundamental, sobre todo cuando una de estas empresas de seguridad tiene oficinas muy cerca de donde se cometieron los crímenes.
 
“En Narvarte el acto (multihomicidio) fue programado y planeado, las personas que acudieron al departamento usaron arma 9 milímetros, armas que usan personas que realizan labores de seguridad estatal, estas personas llevaron esas armas con silenciador.
 
“Estos son elementos que nos dicen que estas personas iban preparadas. Los disparos son limpios, es decir, la persona que disparó sabía disparar, no es un improvisado”.
 
Aunque suene obvio, y casi de sentido común, estas son las pruebas que a consideración de la abogada y representante de tres de las cinco víctimas, tendría que investigar la Procuraduría. “No realizando diligencias sin sentido o simplemente hacer un check list” porque, afirma, lo que tiene que hacer es buscar la verdad.
 
17/LLH 








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Será una alternativa a medios con tradición sexista
Lista, la primera radio comunitaria feminista de la CDMX
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/09/2017

Las voces de las mujeres, sus demandas y sus propuestas se escucharán con más fuerza en el espectro radioeléctrico a través del 106.1 de Frecuencia Modulada (FM) ahora que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizó la operación de la primera radio comunitaria feminista de la Ciudad de México.

 

En un hecho histórico, después de casi 96 años de que se realizara la primera transmisión de un programa de radio y como resultado de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013, el 27 de agosto el IFT anunció oficialmente que otorgó la primera estación de uso social comunitario en la capital del país.

 

Este espacio, que comenzará transmisiones en próximos meses, surge en la capital del país cuando el movimiento feminista sigue pugnando por igualdad de derechos para mujeres y hombres y cuando las audiencias femeninas comienzan a ser más críticas y exigir medios de comunicación que no asocien a las mujeres exclusivamente con la maternidad, las tareas de cuidado y la reproducción. 

 

Como ha señalado la investigadora irlandesa especializada en el análisis de los medios desde una mirada de género, Margaret Gallagher, “es esencial romper las barreras conceptuales y perceptivas que separan los temas de género de los grandes temas en la arena del diseño de políticas”, por ello la nueva frecuencia también buscará garantizar el derecho de mujeres y niñas a comunicar.

 

COMUNITARIO Y FEMINISTA

 

La nueva estación de radio será comunitaria y abiertamente feminista. Con estos principios difundirá una oferta sonora que promueva los valores del feminismo: igualdad, libertad, justicia y dignidad; y los ejes que rigen a los medios de uso social: responsabilidad, participación ciudadana directa, convivencia social, equidad y pluralidad.

 

Será operada por la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, una red integrada por tres organizaciones civiles, Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), Mujeres en Frecuencia, A.C. y Salud Integral para la Mujer, A.C. así como por la académica e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Aimée Vega Montiel.

 

El espíritu de esta Alianza es promover la igualdad de género y los Derechos Humanos de mujeres y niñas en los medios de comunicación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación por lo que el nuevo espacio radiofónico promoverá la participación plena de las mujeres en todos los niveles de la estación.

 

En este medio, afirman sus creadoras, las mujeres estarán en la dirección, toma de decisión, producción de contenidos, dirección, creación, operación técnica y administración; y además ellas producirán contenidos feministas, con perspectiva de género, libres de estereotipos sexistas y sin discriminar ni violentar a mujeres y niñas.  

 

MÁS VOCES DE MUJERES

 

Con el respaldo de los mandatos y recomendaciones emanadas de la Plataforma de Acción de Beijing –documento aprobado por 186 países en 1995, que destaca el papel de los medios para impulsar los Derechos Humanos de mujeres y niñas– las integrantes de la Alianza harán frente a una  característica clave de la radio capitalina; la ausencia de voces de mujeres.

 

En 2015 el Observatorio de Medios de CIMAC registró que de 28 noticiarios radiofónicos, siete eran conducidos por mujeres  (Carmen Aristegui, Nora Patricia Jara, Patricia Betaza, Paola Rojas, Denise Maerker, Pamela Cerdeira y Lolita de la Vega); y dos eran presentados por una dupla hombre-mujer (Alejandro Cacho y Pamela Cerdeira; y Julieta Mendoza y Enrique Lazcano).

 

Para 2016, la actualización de este monitoreo agregó la presencia de Adela Micha, Karla Iberia Sánchez y Yuridia Sierra como conductoras de radio. 

 

El estudio elaborado por CIMAC puntualizó que en la oferta radiofónica los hombres destacan como analistas políticos y como protagonistas de los programas radiofónicos; mientras que las mujeres se relacionaban con la feminidad, sensibilidad, belleza y objetos de deseo por lo que su presencia era secundaria y mínima en la radio.

 

No obstante en los últimos años las mujeres se han dedicado a tomar espacios en la radio para elaborar contenidos distintos, algunos desde los derechos de las mujeres, otros desde  las nuevas masculinidades y algunos más de corte feminista, así se han transmitido programas como “Las mujeres contamos”; “A la una”: “Macho en rehabilitación”; “La liga de la igualdad o Mujeres a la Tribuna”, entre otros.

 

En este contexto el grupo de organizaciones de la sociedad civil que conforman la Alianza actualmente están trabajando en la infraestructura, imagen y carta programática del 106.1 de FM para que se erija como una alternativa a la producción de contenidos que reproducen estereotipos de género y que dan un tratamiento sexista a la información.

 

17/AGM








INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Gina Rojas Hoyos señaló al periódico Extra Boyocá
Periodista colombiana denunció censura de grupo editorial
Imagen retomada del portal oaxacadíaadía.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/08/2017

La periodista colombiana Gina Rojas Hoyos denunció que los directivos del periódico Extra Boyacá y el gobierno del departamento de Boyacá, ubicado al centro del país sudamericano, atentan contra la libertad de expresión porque han acordado publicar sólo información favorable a las autoridades locales.
 
Rojas Hoyos informó públicamente que luego de tres años y medio laborando como periodista y editora para el periódico Extra Boyacá, el pasado domingo 30 de julio renunció al Grupo Editorial El Periódico, que edita el diario, luego de que se le prohibiera publicar críticas o información que afectara al gobierno.
 
La periodista dijo que el 19 de julio recibió un memorando que decía: “se les había manifestado la ayuda total y directa al gobernador Carlos Andrés Amaya R. porque estamos convencidos de la capacidad, inteligencia y profesionalismo de llevar adelante el departamento para un mañana mejor de los boyacenses, por lo tanto, debe salir una noticia semanal de todo lo que está haciendo.
 
En ningún momento criticando de él o de su Gobernación”. Rojas Hoyos decidió no firmar el documento porque eso era aceptar realizar un periodismo acomodado favoreciendo al gobernador y en contra de sus convicciones y ética.
 
Al día siguiente, 20 de julio, le solicitaron su carta de renuncia, pero también se negó a entregarla, ante lo cual decidieron consultar con el gerente nacional y le informaron que su contrato como editora general de Extra Boyacá terminaría el 30 de julio.
 
Al día siguiente, el 21 de julio, verbalmente le comunicaron que sería cambiada al puesto de periodista judicial, puesto en el que se había desempeñado desde febrero de 2014 hasta marzo de 2016 cuando su experiencia y capacidades hicieron que la nombraran editora.
 
Ante este cambio solicitó que le informaran las razones por escrito pero el 24 de julio la empresa le envió un formato en el que le preguntaron, entre otro temas, por qué publicaba artículos que criticaban acciones del gobierno departamental, contrario a exaltarlas, y si tenía autorización para hacerlo.
 
La periodista señaló que hubo presión psicológica y que le impusieron una “mordaza” con el propósito de controlar contenidos por lo que decidió no seguir con la empresa.
 
“Debo mencionar que así como esta vez la orden fue no hacer críticas a la Gobernación, en meses pasados la orden verbal fue atacarla y no dar oportunidad de defensa, lo cual también me negué a hacer con la diferencia que para esa oportunidad no hubo memorando o llamado de atención escrito”, dijo.
 
17/AGM/








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Organizaciones exigen a gobernador de Chihuahua evitar impunidad
   
Exigen informe detallado sobre pesquisas de caso Miroslava Breach
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/06/2017

Las organizaciones, Articulo 19 Oficina para México y Centroamérica, Comunicación e Información de la Mujer, A. C. (CIMAC), el Comité para la Protección de los Periodistas, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras, exigieron justicia al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y a la Fiscalía General del estado, a 3 meses del feminicidio de la periodista Miroslava Breach.
 
Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión se pronunciaron porque se rinda un informe detallado sobre el progreso de las indagatorias, ya que pese a los discursos de las autoridades locales que aseguran tener identificados a los responsables no se ha emitido ninguna orden de aprehensión contra los autores materiales ni intelectuales del asesinato.
     
Exigieron también que se evite la impunidad en el feminicidio de Miroslava Breach y que se realice una investigación adecuada con perspectiva de género, que se castigue a los culpables y se garantice la reparación del daño para la familia.
 
Que el gobierno federal y local establezcan una coordinación eficiente para el impulso de medidas concretas de protección para quienes ejercen el periodismo en Chihuahua y evite la criminalización de las y los  periodistas en el desempeño de su trabajo.
 
Finalmente exigieron que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), informe los avances que tiene en la investigación de conformidad a su mandato constitucional.
 
Lo anterior, señala el comunicado, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA en su informe publicado en 2014 y en las que señala:
 
“Investigar, juzgar y sancionar la violencia contra periodistas, incluidas, cuando sea necesario, unidades especializadas de investigación o tribunales especializados y los procesos, eliminando así todas las barreras de género que obstaculizan o impiden a las mujeres periodistas el ejercicio de su derecho a la justicia”.
 
Al cumplirse este día 93 días del feminicidio de Miroslava Breach,  “exigimos  al gobierno federal y de Chihuahua que tomen las medidas necesarias y adecuadas que  reviertan el evidente patrón  de impunidad que presentan los casos de asesinatos de periodistas”.
 
Desde 2002 y hasta 2017 CIMAC, ha registrado y documentado 331 hechos violentos en contra de las periodistas por su labor profesional, 19 casos de feminicidio y dos desapariciones. En su informe, “El poder del Cacicazgo. Violencia contra mujeres periodistas 2014-2015”, CIMAC documentó que en los últimos dos años se registraron casi la mitad de todos los atentados.
 
17/LGL
 








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Consejo Consultivo de Protección para Defensoras y Periodistas
   
Reprueba espionaje y pide a OEA y ONU sigan de cerca al país
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/06/2017

El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reprobó categóricamente las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal, “que criminalizan a las personas, medios y organizaciones que denunciaron públicamente” intentos de hackeo en sus teléfonos móviles por el programa de espionaje Pegasus, adquirido y de uso exclusivo del Gobierno mexicano.
 
La exigencia se basa en las declaraciones que hizo ayer Enrique Peña Nieto en un evento público en Jalisco, donde dijo que “aplicará la ley a quienes han acusado a su administración”, como respuesta al reportaje publicado el 19 de junio por The New York Times, que describe la intervención a equipos de comunicación de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) a través del software de la empresa NSO Group.
 
Los ataques, indica la investigación, fueron dirigidos al director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, y a su esposa; a la periodista Carmen Aristegui y su hijo entonces menor de edad; al director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, y los abogados de esta organización, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer.
 
Además, al director de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Salvador Camarena, y a los periodistas: Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y Alexandra Zapata. Ellos y ellas pidieron explicaciones a Peña Nieto y presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y solicitud de medidas de protección a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
 
Ante esto, las y los integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), denunciaron en un comunicado que rechazan estas políticas de espionaje, situación que se agrava cuando incluye adolescentes y dos de las instituciones que formar parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo: la PGR y Segob.
 
“Resulta de gran relevancia para el Consejo Consultivo del Mecanismo que la PGR y Segob hayan adquirido el malware para espionaje, atentando contra derechos que deben proteger y respetar, como la privacidad, a la libertad de expresión, a la defensa de DH, a la legalidad y la obligación de adoptar medidas especiales de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes”, expusieron.
 
En este sentido, el Consejo Consultivo del Mecanismo hizo las siguientes exigencias:
 
1) La Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de presentar al Consejo, un plan de acción para dar respuesta a las agresiones digitales que enfrentan periodistas y personas defensoras de DH.
 
2) Que la Junta de Gobierno del Mecanismo cumpla las medidas cautelares dictadas por la CNDH en relación a este caso.
 
3) Que a la brevedad la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República realice una audiencia pública sobre este caso y cite a compadecer ante el Senado a los funcionaros públicos que no evitaron este tipo de agresiones en contra de ciudadanos mexicanos.
 
A TRES MESES DEL ASESINATO DE MIROSLAVA
 
Señala también el Consejo Consultivo que este tema del espionaje contra personas defensoras de DH y periodistas se suma a los casos de agresiones, múltiples desapariciones, acoso judicial, amenazas y seguimiento a que se enfrentan. 
 
Entre estos casos de agresiones está el asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, cometido un día como hoy de hace tres meses, así como el homicidio del periodista Javier Valdez.
 
En memoria de Miroslava, y para reiterar la exigencia de justicia en su caso, hoy en Chihuahua el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza,  dijo que ese organismo “va a seguir vigilando y exigiendo justicia en todos los casos vinculados contra agresiones a periodistas”.
 
Y exigió “a la Procuraduría de Justicia de México que cumpla investigando, siguiendo la línea lógica” de que el asesinato de Miroslava “fue parte del ejercicio del periodismo”.
 
Al llamodo se unió el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Jan Jarab, quién pidió justicia para Miroslava y otros periodistas asesinados durante el año, “porque la mayoría de estos crímenes ha quedado impunes, y se debe superar esta tortura en México”, concluyó.
 
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS
 
Por otra parte, el Consejo Consultivo reconoció que el Mecanismo de Protección no ha logrado articular una política de Estado capaz de dar solución a estas agresiones, y dar garantías que no se vuelvan a repetir, por lo que quedan “como un esfuerzo aislado que a la fecha, sigue sin ser suficiente”.
 
Además, observan serias deficiencias en la protección a personas en riesgo que acuden al Mecanismo, reflejo, aseguraron, de la “cuestionable participación de algunos representantes de las instituciones que conformar la Junta de Gobierno, como es el caso de la PGR”.
 
“Nos hemos mantenido dentro del Mecanismo por la convicción de brindar adecuada y urgente protección a las personas beneficiarias, especialmente quienes están en condiciones de mayor riesgo por ser mujeres, indígenas o por desarrollar su vida profesional en entidades federativas o municipios con escasa o nula presencia del Estado”, señalaron.
 
Con ello, el Consejo reiteró la necesidad de desarrollar una política integral de prevención y protección de personas defensoras y periodistas, que vaya más allá del funcionamiento del Mecanismo, que incluya: investigaciones adecuadas y efectivas, dirigidas a identificar y sancionar a los agresores; campañas de reconocimiento de la labor de periodistas y defensores; adopción de marcos legislativos que no criminalicen o restrinjan defender DH o ejercer el periodismo.
 
Por ello instaron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Naciones Unidas “a que sigan muy de cerca lo que ocurre en nuestro país”.
 
Los integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo que firmaron son; Alberto Xicotencatl Carrasco, Alejandro Anaya Muñoz, Araceli Domínguez Medina, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Lucía Lagunes Huerta, Alejandra Nuño Ruiz-Velasco, Pilar Tavera Gómez, Stefan Zimmer y Víctor Ruiz Arrazola.
 
17/HZM/GG








INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Apoya que se investigue y enjuicie a responsables
   
PEN Internacional condena espionaje a periodistas, defensoras de DH y activistas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/06/2017

En respuesta a la revelación que hizo el New York Times sobre el espionaje descubierto por Citizen Lab contra periodistas, personas defensoras de Derechos Humanos y activistas de México, el PEN Internacional condenó el hecho y pidió al gobierno garantizar la libertad de expresión.

En un comunicado, la organización PEN Internacional, promotora de la literatura y la libertad de expresión, solicito la protección de las autoridades mexicanas para las víctimas del espionaje cibernético, que, según el diario estadounidense y el grupo de investigación de la Universidad de Toronto, Citizen Lab, habrían sido intervenidas en sus sistemas de comunicación con un malware altamente sofisticado exclusivamente comercializado a los gobiernos.

El malware fue concretamente utilizado para espiar usando los  teléfonos de sus objetivos, para registrar información personal y de trabajo, aunque este tipo de malware solamente debe de estar usado para investigar criminales y terroristas, dice el New York Times.

Dado que este tipo de malware no deja rastros de sus orígenes, es difícil saber con certeza quién lo utilizó, pero es probable que fue utilizado por el Gobierno mexicano porque el malware sólo se comercializa a los gobiernos.

Uno de los casos identificados en la investigación de Citizen Lab incluye a la comunicadora Carmen Aristegui, quien dijo en conferencia de prensa: “¿Qué pensaba hacer el presidente de la República con estos temas? [...], ¿dónde está esa información?, ¿qué hicieron con ella?”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que México es Estado Parte, en su Artículo 17, define que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”

Igualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos defiende la privacidad y la protección de datos en su Artículo 16, señala el comunicado de PEN Internacional.

Este caso de espionaje cibernético es importante para PEN Internacional porque la asociación, líder mundial de escritores, trabajan para defender la literatura y promover la libertad de expresión en todo el mundo.

Por tanto, PEN afirma que:
1. Todas las personas tienen derecho a expresarse libremente a través de los medios digitales sin temor a sufrir represalias o ser perseguidos.
2. Todas las personas tienen derecho a buscar y recibir información a través de los medios digitales.
3. Todas las personas tienen derecho a que los medios digitales estén libres de vigilancia por parte del gobierno.
4. El sector privado y sobre todo las empresas tecnológicas están obligados por el derecho a la libertad de expresión y los Derechos Humanos.

Es por esta razón que PEN Internacional apoya la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de abrir una investigación en comunicaciones privadas y enjuiciar a los responsables de esta violación a la libertad de expresión en México.

17/EA/GG








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