derechos humanos

INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   “Con tierra propia cambiaré mi vida”, nombre de la iniciativa
   
Inician campaña en Nicaragua para comprar terrenos para mujeres rurales
Imagen Nelson Rodríguez
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua, Nic.- 23/10/2017

La integrante de la Coordinadora de Mujeres Rurales de Nicaragua, María Teresa Fernández, explicó que ante la falta de recursos para la Ley 717 que crea el fondo para la compra de terrenos para mujeres rurales, se inició una campaña de recolección de fondos que estará vigente durante año y medio.

La campaña titulada “Con tierra propia cambiaré mi vida”, la cual busca recolectar unos 250 mil dólares entre octubre de 2017 a diciembre de 2018, servirá para la compra de unas 100 manzanas de tierra para unas 50 mujeres rurales  que viven en comunidades del denominado corredor seco de Nicaragua ubicado en los occidentales departamentos de León y Chinandega.

Fernández explicó que se han escogido estos lugares porque las mujeres presentan más dificultades para el acceso de la tierra y además se ha deteriorado su calidad de vida por la falta de cosecha y de programas sociales, vinculados a los problemas de la escasez de lluvia en esa región.

Otra dificultad que enfrentan las mujeres rurales de León y Chinandega es que los grandes productores han expandido los cultivos de caña de azúcar y ajonjolí, por lo que cada vez se les hace más difícil a las mujeres poder alquilar una parcela para la siembra de granos básicos y de hortalizas.

Con la extensión de los monocultivos se han elevado los precios de la tierra, dijo la obrera agrícola Dania López, de la comunidad de Chiquimulapa, del municipio de Posoltega en el departamento de Chinandega quien asegura que cada vez es más complicado poder alquilar una manzana de tierra que pasó de costar 100 dólares hasta 300 dólares el alquiler para un período de siembra de 4 a 6 meses.

Mediante la campaña de recolección de fondos se realizaran varias actividades, las más fuertes una feria agroecológica que ya concluyó el pasado 14 de octubre, quedan pendientes otras ferias en diciembre de este año y las últimas en marzo, mayo y diciembre  del 2018.

La campaña incluye visitas a las universidades, a los centros comerciales, a las empresas, a las avenidas más transitadas en Managua, eventos culturales como bailes, ferias agroecológicas en donde las mujeres rurales comercializan sus productos como granos básicos, frutas, verduras, hortalizas y vegetales.

A la par de la campaña de recolección de fondos, las mujeres rurales organizadas en la Coordinadora, continuarán demandando al Estado que cumpla con la asignación de una partida presupuestaria como lo establece la ley 717, la cual fue aprobada por el parlamento nacional en el año 2010.

La Coordinadora de Mujeres Rurales la integran unas 112 cooperativas con más de 10 mil mujeres a nivel nacional conformada por campesinas que no tienen tierra propia para producir sus alimentos y que cada año enfrentan mayores dificultades para la subsistencia.

Por su parte la Responsable de la Secretaría de la Mujer, de la Asociación de Trabajadores del Campo ATC, (organización sindical afin al gobierno sandinista), Yolanda Areas, dijo que también ésta organización ha hecho propuesta al Estado de Nicaragua y esperan que las apoyen para el cumplimiento de la ley 717.

De acuerdo a la dirigente de la ATC, la ley 717 implica no solo la compra de la tierra para las mujeres rurales sino también la asignación de recursos para poder trabajar y en ese sentido han hecho sus propuestas a las instituciones estatales.

Se estima que solo un 23 por ciento de las mujeres en Nicaragua tiene acceso a tierra y de éstas no todas tienen títulos a su nombre, lo que dificulta aún más el acceso a créditos.

Por su parte, la productora Rosa Gutiérrez, organizada en la ATC en el céntrico departamento de Chontales, se solidarizó con el resto de mujeres que no tienen tierras, lo cual les dificulta el acceso a créditos, por lo cual señaló la importancia que el gobierno las apoye con algunos créditos a través del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y Asociativa MEFCA.

La Coordinadora de Mujeres Rurales encabeza desde hace 7 años  la demanda ante el Estado para que cumpla con la Ley 717, si bien reconocen como valiosos cualquier otro apoyo en programas sociales,  esperan que finalmente se cumpla con la ley.

La ley 717 permite que las mujeres rurales tengan equidad en el acceso a los recursos financieros y la mejora de su independencia económica.

Nicaragua tiene una población total de 6 millones de personas, de las cuales la mitad son mujeres y de esta más de un millón son mujeres rurales.

17/NR/LGL








CRISTAL DE ROCA
POLÍTICA
   CRISTAL DE ROCA
¿Nos concedieron?
Imagen de Guadalupe Cabañas
Por: Cecilia Lavalle*
Cimacnoticias | Chetumal, QR.- 20/10/2017

“…y un 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines concedió el voto a la mujer mexicana”. Dicho así pareciera que un día el señor amaneció de buen humor y dijo: “Sería buena idea que las mujeres, al igual que los hombres, puedan votar y ser electas”. Y no fue así. Le cuento: Desde 1821, un grupo de mujeres zacatecanas exigió trato de ciudadanas, tras afirmar que aportaron todo y más a la causa de la Independencia. A partir de entonces, las voces sólo se multiplicarían.

Elvira Hernández Carballido, reconocida investigadora en el tema, señala que desde mediados del siglo XIX surgieron las primeras publicaciones periodísticas fundadas y redactadas por mujeres que demandaron derechos para las mujeres.

Entre ellas, destacan el semanario Violetas del Anáhuac, dirigido por la mexicana Laureana Wright. A este semanario se unieron otras publicaciones como Vesper, fundada en 1901 por Juana Gutiérrez y Elisa Acuña.

A tal punto comenzaron a exigir derechos políticos, que el 31 de marzo de 1911, en la primera plana del importante periódico El Imparcial, se reportó: “Las mujeres solicitaban tomar parte en la lucha electoral”.

La nota precisaba que las sufragistas solicitaron que el presidente enviara una iniciativa al Congreso de la Unión para que les sean reconocidos los mismos derechos que a los hombres en lo que se refiere a votar y ser votadas.

¡Y el texto fue firmado por más de 400 mujeres!

En la historia del sufragio de las mexicanas encontramos muchos nombres y acciones: Elena Torres, Columba Rivera, Eulalia Guzmán, Cuca García, Dolores Jiménez Muro; en Yucatán a Elvia Carrillo Puerto, Francisca Ascanio, Porfiria Ávila, entre muchas otras.

Mención aparte merece la coahuilense Hermila Galindo, quien argumentó, cabildeó, escribió, público “La mujer Moderna”, dio entrevistas a los medios, organizó manifestaciones.

Ella redactó la petición de ciudadanía para las mujeres al Congreso Constituyente de 1917, y cuando los diputados nos excluyeron, se postuló para diputada federal por el 5° distrito, a fin de mostrar la injusticia que significaba dejar sin ciudadanía a la mitad de la población. Fue la primera candidata en nuestro país.

Pero es en la década de 1930 cuando la lucha por el sufragio adquiere forma de movimiento social, porque mujeres de distinta condición social e ideología se organizaron en el Frente Único Pro Derecho de la Mujer, que reunió alrededor de 800 agrupaciones y tuvo más de 50 mil integrantes.

Estas mujeres celebraron marchas, mítines, protestas públicas, conferencias. Y no fue fácil. Hernández Carballido relata que Soledad Orozco contó: “Recibimos muchas burlas, muchas humillaciones, incluso de políticos que se decían revolucionarios.

También éramos objeto de escupitajos”. Adelina Zendejas recordó: “A veces nos juntábamos 300 mujeres en el Zócalo y nos recibían con pedazos de cáscaras de sandía, huevos podridos y jitomates”.

Pero no cedieron. Elvira Hernández afirma que en 1940 más de 3 mil mujeres se manifestaron con carteles donde se leía: “La mujer organizada y consciente tiene derecho al sufragio” y “Por mi patria y por mi hogar”.

Amalia Castillo Ledón fue otra protagonista de primera línea. Como diplomática, con presencia en los altos círculos del poder a nivel nacional e internacional, cabildeó y presionó, argumentó y organizó distintas acciones para que se modificara la ley y se nos reconociera nuestro derecho a la ciudadanía.

Y también participaron activamente María Lavalle Urbina, Esther Chapa, Elvira Vargas, Margarita Robles, Margarita García entre muchas otras.

Así que ¿nos concedieron? ¡Nada de eso! ¡Nunca es una concesión!

Detrás de cada uno de nuestros derechos –desde el derecho a leer y escribir, hasta los derechos que hoy vindicamos o reivindicamos, como el derecho a una vida libre de violencia– hay mujeres irreductibles y tenaces que le hacen frente a la desigualdad, la discriminación, la injusticia y la violencia.

*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género.

Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com

17/CL/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Violaciones a DH y violencia política se extienden en la región
   
Iniciativa de mujeres Nobel visitará Honduras y Guatemala
Imagen de Criterio Honduras
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Gua.- 19/10/2017

Las 4 mujeres Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, de Guatemala; Tawakkol Karman, de Yemen; Shirin Ebadi, de Irán, y Jody Willims, de Estados Unidos, encabezan una delegación que visitará Guatemala y Honduras, del 20 al 28 de octubre de 2017.

La delegación da continuidad a una primera visita que la Iniciativa de Mujeres Nobel llevó a cabo en 2012. En la gira también participarán expertas en Derechos Humanos de Estados Unidos, Canadá, Guatemala y Honduras, un cinematógrafo (documentalista) y periodistas.

La delegación, organizada por la Iniciativa de Mujeres Nobel, JASS-Asociadas por lo Justo y la Fundación Rigoberta Menchú, se encontrará con periodistas, co-organizaciones indígenas y rurales que defienden sus territorios y recursos naturales, defensoras y organizaciones de Derechos Humanos, funcionarios de gobierno y diplomáticos de Estados Unidos, Canadá y de otros países.

La iniciativa de las Mujeres Premio Nóbel (NWI’s por sus siglas en inglés) fue establecida en el 2006 por las laureadas del Premio Nobel de la Paz: Jody Williams, Estados Unidos, 1997; Rigoberta Menchú Tum, Guatemala, 1992; Betty Williams y Mairead Maguire, Irlanda, 1976; Shirin Ebadi, Irán, 2003; y Wangari Maathai, Kenia, 2004, – representando Norte y Sur América, Europa, el Medio Oriente y África, respectivamente –.

La misión de la NWI’s es "colaborar en nuestra capacidad de laureadas y usar la visibilidad y prestigio que nos otorga este premio para promover, resaltar y amplificar la labor tanto de las activistas y las investigadoras que trabajan por los derechos de la mujer como de las organizaciones que alrededor del mundo combaten las causas fundamentales de la violencia".

De esta manera, afirma la NWI’s, "se fortalece y expande el movimiento global que promueve la no-violencia, la paz, la justicia y la igualdad".

A pesar de que en algunos países se han logrado avances, las violaciones a los Derechos Humanos y la violencia política se han extendido en la región. Honduras y Guatemala ocupan el primer y quinto lugar en la clasificación de países con mayores tasas de homicidios.

La represión y política es una preocupación clave; muchas defensoras de los Derechos Humanos no sólo experimentan altos niveles de violencia sino que también son criminalizadas por ejercer su derecho básico a protestar y organizarse contra la corrupción y otras amenazas contra sus comunidades.

De acuerdo con un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), de 2012 a 2014, México, El Salvador, Honduras y Guatemala registraron mil 688 agresiones, 31 asesinatos y 39 intentos de homicidio contra activistas.

La delegación Mujeres Tierra y Paz: Delegación a Honduras y Guatemala, visitará algunas comunidades indígenas, para constatar in situ la situación de las mujeres en estos países.

17/RED/LGL

 








MUJERES CAUTIVAS
DERECHOS HUMANOS
   MUJERES CAUTIVAS
   
La deuda del patriarcado de la Procuraduría de Justicia con las mexicanas
Especial
Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/07/2017

El pasado sábado 24 de junio, vimos con sospecha la renuncia del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, autor de la historia más oscura y machista por la que ha cursado esta institución, supuestamente una institución de buena fe, encargada de la persecución del delito.
 
REVICTIMIZACIÓN DE QUIEN ACTUÓ EN DEFENSA PROPIA
 
Sin embargo, la administración de Rodolfo Ríos Garza se caracterizó por un ejercicio profundamente patriarcal del derecho, con una profunda revictimización de las víctimas de delito, como el caso Yakiri, que por defenderse de sus violadores pasó tres meses en el Reclusorio cuando sus actos fueron en defensa propia, igual que el caso de Itzel que vivió un mes de incertidumbre hasta que gracias a la presión de los medios se logró que la Procuraduría General de Justicia determinara que sus acciones fueron en defensa propia.
 
REVICTIMIZACION DE VICTIMAS COLOMBIANAS
 
Un sábado en la colonia Nápoles, la modelo colombiana, Stephanie Magón, fue encontrada sin vida luego de caer de un cuarto piso. Sin embargo, se descubrió que sufrió múltiples golpes que le causaron diversos traumatismos y lesiones graves que le provocaron la muerte.
 
Sin embargo, ya antes, otras dos colombianas también perdieron la vida de manera similar.
 
Diana Alejandra Pulido era una joven cantante colombiana de 27 años que murió tras caer desnuda desde el séptimo piso de un edificio de la Unidad Habitacional Parques Polanco. Aunque se habló de homicidio y no de feminicidio, testigos aseguran que la oyeron gritar por ayuda antes de caer al vacío. Su caso sigue sin aclararse.
 
El caso de Mile Virginia Martin, por su parte, causó gran revuelo. La colombiana de 31 años fue una de las cinco víctimas asesinadas en la colonia Narvarte donde también perdió la vida el fotoperiodista, Rubén Espinosa. Por desgracia, Mile fue tratada con prejuicios por la Procuraduría capitalina, por el sólo hecho de ser colombiana. Edecán, modelo y colombiana, parecieron ser sinónimos de ‘narco’ para algunas autoridades que se ensañaron con la víctima más que con los demás fallecidos.
 
ASESINATO TUMULTUARIO EN LA NARVARTE
 
Como dio cuenta la Revista Expansión, la muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y cuatro mujeres en la colonia Narvarte de la capital mexicana activó una investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
 
El multiasesinato de cuatro mujeres y un hombre se registraron en un departamento ubicado en la calle Luz Saviñón de la colonia Narvarte, en el centro de la Ciudad de México.
 
"Los cuerpos de las víctimas, que fueron localizados en las recámaras y el baño del departamento, presentaban, cada uno, una herida de disparo de arma de fuego, calibre 9 milímetros, en la cabeza; así como algunas escoriaciones en diversas partes del cuerpo, presuntamente originadas por el forcejeo”.
 
Además gracias a la presión social "activó los protocolos de Homicidio y Feminicidio, así como el de Atención a periodistas".
 
Una fuente de la policía, citada por AFP, indicó antes que las personas estaban maniatadas con cinta adhesiva y con presumibles huellas de tortura.

OTRO CASOS RELEVANTES
 
El otro caso relevante es el del exdirigente del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre porque se le protegió y exoneró cuando contrataba edecanes como asistentes administrativas, pero que en realidad las prostituía; pero movió sus influencias para que el caso se mantenga en la impunidad, aunque todavía queda vivo un recurso de revisión, pero que no dudamos será un caso que llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
Otro caso paradigmático es el caso de Mireya y sus hijas e hijo que fueron abusados sexualmente por su padre y que los peritajes de la PGJCDMX ocultaron este hecho al Tribunal de Justicia de la CDMX. Este es un caso paradigmático en las barbaridades que la PGJCDMX y su sistema de auxilio a víctimas ha cometido, auténticas violaciones a los Derechos Humanos de las niñas y niños.
 
Y lo mismo sucedió con el Caso de Lesvy, quien alegaba la PGJCDMX, que se trataba de un suicidio cuando en realidad era un feminicidio.
 
Y como estos, hay miles de casos iguales, donde prevalece la revictimización, la filtración de detalles de la investigación y culpabilizar a las víctimas de su propia victimización.
 
Lo más preocupante fueron los buenos deseos del Jefe de Gobierno para Rodolfo Ríos Garza, donde le deseó el mayor de los éxitos en las nuevas responsabilidades que va a sumir, si es que se les ocurrió que sería el nuevo Jefe de Gobierno, parece que se olvidó que las mujeres somos 53 por ciento del padrón electoral de esta Ciudad.
 
Lo que nos preocupa es que se conserve intacta la estructura de la PGJCDMX y no haya cambios en la procuración de justicia a favor de las mujeres.
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
17/TUZ








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
   
No es suicidio, la “suicidaron”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 13/07/2017

Atrevernos a cuestionar un dictamen médico o un peritaje que arroja que una mujer “se suicidó” no es cosa sencilla, pero son las madres o mujeres familiares de las víctimas las primeras en señalar “ella no se suicidó”, la mataron, y así se han reconocido graves errores en las investigaciones.
 
El año pasado, la muerte de una mujer, ocurrida en Calakmul, Campeche, fue difundido como un “suicidio”, y solo unos días después, la madre de la joven salió a declarar que ella sospechaba que en realidad se trataba de un feminicidio cometido por la pareja de la víctima, quien días antes la había violentado. El cuerpo presentaba golpes, que a juicio de la familia, hacía pensar que hubo violencia momentos antes de la muerte.
 
Este caso no es aislado, es por demás parecido a lo que sucedió con Mariana Lima, hija de Irinea Buendía, una mujer que se hizo investigadora, abogada, defensora y acompañante de otras madres, como lo ha demostrado ahora al lado de la madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, quien un peritaje sin perspectiva de género, alega que se suicidó frente a su novio.
 
El tema pone en evidencia la importancia de que los Mecanismos de Acceso a la Justicia para las Mujeres, que responden a recomendaciones específicas de la CEDAW, atiendan y cumplan el artículo 2 relativo a la no discriminación garantizando procesos justos, con perspectiva de género y que reconozcan los factores de la interseccionalidad y que afectan la igualdad en el acceso a la justicia.
 
El Estado Mexicano ha contraído voluntariamente una serie de compromisos para responder y garantizar la aplicación de los peritajes con perspectiva de género, reconociendo que son los peritajes que no atienden a estos principios los que sesgan la visión desde la investigación y que afectan la integración de la carpeta de investigación y su posterior acusación ante el juez de control para la vinculación a proceso.
 
Una cadena de eventos desafortunados que a lo largo y ancho del país han quedado demostrados y de los cuales ya hizo señalamientos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que parece, no han sido leídos por muchos actores y actoras que intervienen en el proceso de acceso a la justicia para las mujeres, al no aplicar el criterio fundamental de “investigar como feminicidio toda muerte violenta de una mujer, incluyendo un presunto feminicidio”.
 
Las implicaciones de los suicidios van desde casos que a años de que fueron cerrados, las madres o padres de las víctimas afirman seguros: mi hija no se suicidó, ella me había contado de sus planes, hasta insólitos casos en los que la víctima fue a hacer compras de alimentos para la semana, compró macetas con plantas y ese mismo día por la tarde decidió “suicidarse”, borrar su teléfono y colgarse.
 
Eso ocurrió con el caso de Mariana Lima, y la insistencia de Irinea demostró que una investigación con perspectiva de género que reconociera los factores de violencia sexual, física y sicológica a los que vivía sometida la víctima, eran suficientes elementos para dudar de la versión que se dio oficialmente y que era endeble con la aplicación de criterios básicos.
 
Lo mismo sucede ahora con el caso de Lesvy, un caso mediatizado y que desde el primer momento ha sido acompañado y seguido por colectivos feministas que apoyan a la madre de Lesvy en su búsqueda de justicia.
 
Con una argumentación compleja que facilita la defensa para el imputado pero hace difícil la búsqueda de justicia -el acceso a la justicia- a la víctima, un peritaje que habla de un suicidio frente a un agresor es una afirmación bastante débil, pero que habla de alianzas patriarcales feminicidas.
 
Pactos que ayudan o buscan mejorar ante la opinión pública la percepción que se tiene de los agresores, en cambio ubican a las víctimas, las que ya no pueden defenderse como personas que propiciaron su propia muerte, la buscaron o incluso la cometieron por su propia debilidad y que incluso complicaron la vida al “pobre agresor”. No debe sorprendernos para nada esos enfoques que justo coinciden en construcciones discursivas de las que ya hemos hablado.
 
Por alguna razón una cobertura periodística hablaba de “un joven brillante que descuartizó a su novia (nini)”, sembrando en la opinión pública la simpatía por un feminicida que “echó a perder su vida por una persona que no valía lo mismo que él”.
 
Y justo de eso se trata el análisis de género, aplicar la perspectiva y el enfoque para ser capaz de identificar cuándo el valor de la vida de una mujer es tasado frente a la de su agresor y ella pierde, porque socialmente hay una desvalorización del ser-nacer mujer por costumbres y prácticas que otorgan mayor valor a un niño frente a una niña no solo por la continuidad del apellido, sino por la productividad que suponen implica la fuerza de un hombre frente a la de una mujer, y lo terrible es cuando eso se refleja en la impartición de justicia.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC








ESTADOS
VIOLENCIA
   De 628 casos en 5 años, solamente hay 8 sentencias
Prevalece impunidad en casos de feminicidio en Oaxaca
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Citlalli López Velázquez, corresponsal
Cimacnoticias | Oaxaca, Oax.- 19/10/2017

Aún contando la reciente sentencia de 78 años dictada al asesino de Dafne Carreño Bengochea, una joven oaxaqueña asesinada en abril de 2013 a manos de su novio Alejandro Olivera López, el bajo número de condenas en los casos de feminicidio hacen de la entidad sureña un gran cementerio de impunidad.

En seis años nueve meses (diciembre de 2010 a octubre de 2017) 628 mujeres fueron asesinadas, pero de acuerdo con los últimos datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia del estado, en cuatro años y cuatro meses (octubre de 2012 a enero de 2017) sólo se han logrado 8 sentencias condenatorias por feminicidio.

“Esto es algo indignante; muchas llevamos dos años, tres años, cuatro años y no hay sentencias. Tal pareciera que le apuestan al desgaste, a que nos olvidemos de los expedientes, a que no busquemos justicia, pero eso no es posible, nosotras vamos a seguir insistiendo por la memoria de nuestras hijas”, señala Elvira Camacho Bautista, madre de Ivón Jiménez, asesinada en agosto de 2013.

Elvira es presidenta de la Unión de Mujeres Víctimas de la Violencia en Oaxaca (Umuvio), asociación civil fundada en 2015 por 300 madres exigiendo justicia para sus hijas asesinadas. El caso de Elvira se encuentra inmerso en el mar de impunidad en torno al feminicidio en Oaxaca.

Durante el anterior sexenio, en cuatro ocasiones la Fiscalía intentó dar carpetazo y archivar las averiguaciones bajo el argumento de que no había un presunto sospechoso del asesinato de la joven universitaria, quien primero fue secuestrada y posteriormente asesinada por su novio Kevin Gonzalo Rojo Martínez, hoy prófugo.

CORRUPCIÓN

Para la mujer, quien no ha cesado en su búsqueda de castigo para el asesino, la corrupción que se vive en el sistema de procuración e impartición de justicia son elementos que se agregan a la violencia que viven las víctimas, aún después de asesinadas.

El feminicidio de Ivón ejemplifica lo anterior. “Mi caso presuntamente era muy especial y tenía que seguirse todo bajo mucha discreción, porque se trataba del hijo de unos funcionarios que trabajan en el Tribunal Superior, entonces las autoridades me mantenían callada. No había que comentar nada. Yo hacía lo que me pedían, pero hoy que ha pasado el tiempo, me doy cuenta que sólo le dimos tiempo para que pudieran protegerse”, explica.

La orden de aprehensión contra Kevin Gonzalo Rojo Martínez se liberó al año del asesinato de Ivón. Aun cuando ésta no había sido puesta en manos de quienes la ejecutarían, Kevin ya contaba con un amparo.

DETENCIÓN, PERO EL CALVARIO NO ACABA, CASO LESLY WILSON

El calvario no acaba con la detención, pues el proceso puede tomar varios años más en concluir. En los casos acompañados por las integrantes de Umuvio, se refleja el burocratismo en los procesos de sentencia.

Las familias afectadas se enfrentan a malos tratos en los penales a los que hay que asistir para el careo con los presuntos feminicidas, así como a distintas argucias que han logrado la libertad de presuntos responsables.

El caso de Lesly Wilson Pérez es uno de éstos. Ella fue asesinada el 21 de noviembre de 2011. Las investigaciones arrojaron la existencia de seis autores materiales e intelectuales. Tres fueron encarcelados, de éstos dos recientemente fueron absueltos y uno continúa en la cárcel con el riesgo de que pueda salir bajo libertad.

La joven de 25 años falleció tras una caída del tercer piso en el fraccionamiento Punta Vizcaya. Las investigaciones realizadas por la fiscalía con elementos aportados por los familiares, determinaron que Lesly fue sacada de su domicilio por Abraham Abdalá Ruiz Sánchez-con quien sostenía una relación sentimental- así como por Ogilvie Berenice Martínez Sánchez y Yahir Carvajal Michi conocidos de éste. Antes de ser arrojada al vacío fue torturada.

Tres de los seis presuntos responsables se encuentran prófugos, otros tres fueron detenidos. En el transcurso, Ogilvie Berenice Martínez Sánchez y Yahir Carvajal Michi quedaron libres de cargo. Sólo Cecilia R. se encuentra bajo proceso.

“Ha sido un peregrinar para mí, He tocado puertas en distintas instituciones para que se haga justicia y que no quede impune la muerte de mi hija (…) ahora existe temor de que la persona vaya a quedar libre cuando es una de las principales autoras materiales del asesinato de mi hija”, señaló la madre de Lesly.

Tras casi seis años y cientos de papeleos, la mujer, quien pide no mencionar su nombre, señala que todos estos años en busca de justicia la han cansado pero no la detendrán.

“No va a quedar impune la muerte de mi hija. Mi objetivo es ese: que se haga justicia”

¿El tiempo la hará que deje de buscar justicia para su hija?

“Jamás, voy a estar siempre insistiendo en que se haga justicia, hasta saber que los culpables hayan recibido sentencia. Hasta entonces no voy a descansar, quizá hasta entonces se salga de mi corazón todo ese odio. Probablemente llegue a perdonar siempre y cuando se haga justicia”.

EN 5 AÑOS SÓLO 8 CONDENADOS

De octubre de 2012 a enero de 2017, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) ha emitido sólo 8 sentencias condenatorias por feminicidio.

De acuerdo con información proporcionada por el tribunal, en ese lapso se siguieron 57 procesos penales por el delito de feminicidio de los cuales 34 fueron por el sistema acusatorio penal y 23 por el sistema mixto tradicional.

En tanto, 13 fueron los procesos concluidos, diez por el sistema acusatorio penal, 3 por el sistema mixto o tradicional de los cuales en tres casos resultaron absolutorios, 8 condenatorios y 3 sobreseídas.

Algunos de los asesinatos de mujeres no llegan al TSJE como feminicidio, se quedan en el camino de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca.

De 46 asesinatos de mujeres perpetrados de diciembre de 2016 al 12 de mayo de 2017, la Fiscalía General de Justicia del Estado investiga 25 como feminicidio. El restante sigue una indagatoria por homicidio calificado, homicidio doloso y suicidio.

La cifra de casos de feminicidio reconocidos por las instancias oficiales es aún más baja ya que durante el proceso, de los 25 expedientes de feminicidio, en tres casos se descartaron como tal y fueron reclasificados a homicidios culposos y suicidio.

17/CLV/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Tras 13 años de espera, “la justicia llega tarde”, dice madre de víctima
Sentencian a feminicida de Nadia Muciño por homicidio agravado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/10/2017

Es una mezcla de sentimientos los que invaden a María Antonia Márquez Hernández: rabia, alegría, impacto, cansancio… pero predomina la tristeza. Los 42 años y seis meses de prisión que dictó el 13 de octubre de 2017 el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a uno de los asesinos de su hija, Nadia Alejandra Muciño Márquez, no harán que la recupere. “La justicia llegó tarde”, dice con voz enérgica y en tono molesto.

Es lunes 16 de octubre, Antonia, acompañada de su hija Viviana Muciño, salió del Juzgado al que pacientes han acudido durante 13 años de lucha implacable para recibir oficialmente la noticia que hasta hace unos meses no esperaban escuchar: Bernardo López Gutiérrez, asesino y entonces pareja de Nadia Muciño, fue sentenciado por la Jueza Verónica Contreras Marín, por el delito de “homicidio agravado”, a 42 años 6 meses de prisión, además de la reparación del daño para sus tres hijos.

Por primera vez en mucho tiempo irrumpen las lágrimas en Antonia. Quizá porque recordó el 12 de febrero de 2004, aquél día funesto en el que abrazó el cuerpo inerte de su hija, atada con una soga al cuello, la que colocaron Bernardo y su hermano, Isidro alías “El Matute”, para simular que Nadia “se había suicidado”.

Pero el llanto contenido de Antonia es realmente por sus nietos…“no hay nada que celebrar” dice con voz firme a Cimacnoticias. Nada podrá resarcir el daño que causó a los hijos de Nadia, ver y narrar hasta el cansancio a las autoridades mexiquenses cómo su padre y su tío, asesinaron a su madre.

Los hijos de Nadia han pasado años de terapia psicológica pagada por la familia. Ahora ya son adolescentes y trabajan para pagar sus estudios y otros gastos básicos. Nunca recibieron alguna ayuda del Estado.

RECONOCER EL FEMINICIDIO

Pese a cumplir con todos las características de feminicidio la sentencia no fue por este delito sino por homicidio agravado. La razón: porque la tipificación del delito de feminicidio fue hasta 2011 y por ley, todos los casos anteriores a la tipificación, no pueden ser juzgados ni reclasificados por este delito, explicó a esta agencia la abogada Ana Yeli Pérez Garrido, quien litigó el caso de Nadia Muciño en una primera etapa.

No obstante, precisó, las pruebas de la investigación con las que contaba el poder judicial sí tuvieron que ser analizadas desde la perspectiva de género porque así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, con la sentencia del feminicidio de Mariana Lima, ocurrido también el Estado de México.

Con ello, explicó Pérez Garrido, la sentencia se da por homicidio agravado, con lo que se reconoce la alevosía del asesinato y la relación de concubinato con la víctima, lo que también permite una sentencia mayor, aunque, no se compara con la de feminicidio, que es de 40 a 70 años de prisión.

EL EDOMEX Y LA HISTORIA DE NEGLIENCIAS

El caso de Nadia Muciño es emblemático porque representa el extenso camino de impunidad, negligencias en las investigaciones, corrupción e insensibilidad de las autoridades encargadas de impartir justicia frente a los casos de feminicidio en el Estado de México, que desde 2005 a 2010 ha cobrado la vida de 992 mexiquenses, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), razón por la cual se activó en 2015, la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios.

Un año antes de ser asesinada, Nadia denunció que su entonces pareja la había golpeado y privado de su libertad durante casi una semana, pero ninguna autoridad la escuchó para prevenir el feminicidio.

El día de su asesinato, una vez que las autoridades de la Procuraduría mexiquense recogieron el cuerpo, determinaron que Nadia se había suicidado, por lo que la casa donde ocurrieron los hechos no quedó bajo resguardo y muchas pruebas “se perdieron”, pues “alguien” entró al inmueble que quedó sin vigilancia, y quemó evidencias del feminicidio: objetos, ropa y la soga con la que presuntamente Nadia “se suicidó”.

Tampoco realizaron pruebas a los restos de sangre encontrada en el lavadero de la casa, y en la blusa que portaba la hija de Nadia (de dos años de edad), por considerar que “eran muestran insuficientes”. Fue la presión y el peregrinar de Antonia Márquez en las instituciones de justicia, lo que hizo que en 2005 se ampliara la investigación para comprobar que a Nadia la había asesinado su pareja.

La sentencia que hoy obtiene el caso de Nadia, es la lucha de la familia Muciño, reconoció la abogada Ana Yeli Pérez.

IMPUNIDAD

Al no existir la figura penal del feminicidio, el Ministerio Público (MP) consignó la averiguación previa el 9 de agosto de 2005 por el delito de “homicidio” en contra de Bernardo e Isidro. El 8 octubre de 2009 el Juzgado Tercero Penal de Primera instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, dictó sentencia condenatoria por “homicidio calificado” únicamente a Isidro alias “el matute”  (cuñado de Nadia).

Pese a los 14 testigos que declararon en contra de los acusados –incluidos los hijos de Nadia- 4 meses después, el 5 de febrero de 2010, tras un recurso de apelación presentado por la defensa “del matute”, los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, revocaron la sentencia en su contra y ordenaron su inmediata libertad. Actualmente sigue libre y no volvió a ser juzgado.

EL RETO: LA CIDH

El 5 de octubre de 2010 la asociaciones que representan legalmente a la familia de Nadia: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y en litigio interno la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC (ODI), presentaron una petición de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por las omisiones e irregularidades cometidas en la investigación del caso (con el numeral caso P-1402-10).

En ella, argumentaron los derechos que les fueron violentados a Nadia Muciño y a su familia, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y la seguridad personal; por el acceso a la justicia están el derecho a las debidas garantías judiciales, el debido proceso y el derecho a la protección judicial, todos ellos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres (“Convención Belém do Pará”).

Al ser testigos del feminicidio de su madre, en la denuncia se reconocen también los derechos violentados de sus tres hijos, el interés superior de la niñez y la protección familiar.

El 27 de mayo de 2016 la CIDH comunicó a las organizaciones peticionarias que había solicitado información al gobierno mexicano respecto al caso de Nadia para analizar su responsabilidad, concediéndole un plazo de tres meses para remitir su informe.

El 31 de enero de 2017  la CIDH notificó a las organizaciones peticionarias, que el Estado mexicano ya había contestado a la denuncia, sin precisar la fecha en la que cumplió con dicha obligación.

“Mi hija no está” dice Antonia con la voz entrecortada, intentando no quebrar en llanto. El “juego perverso de la PGJEM” -como ella le llama- terminó. Y aunque obtuvo la sentencia por la cual luchó 13 años, tras un suspiro largo repite “mi hija no está”, porque sabe que nada que haga ahora la autoridad le devolverá a Nadia.

17/HZM/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Trasladan nuevamente a penal a lideresa social de Tupac Amaru
   
“Parece un mal sueño del que no puedo despertar”: Milagro Sala
Imagen retomada del portal de Prensa Latina
Por: Maylín Vidal
Cimacnoticias/PL | Buenos Aires, Arg .- 17/10/2017

La noticia ocupa desde el sábado portadas en Argentina y desde el exterior también, mientras varias organizaciones internacionales rechazan el traslado otra vez a prisión de la argentina Milagro Sala.

Parece un mal sueño del que no puedo despertar, escribió en una nota difundida en twitter por la agrupación barrial Tupac Amaru la lideresa social, cuyo caso ha repercutido dentro del país desde enero de 2016, cuando fue aprehendida.

La víspera, Sala, quien el 31 de agosto pasado había sido enviada a prisión domiciliaria rodeada de medidas de seguridad, fue llevada nuevamente a la cárcel de Alto Comedero, en la provincia de Jujuy, “por la fuerza y sin notificación previa”, denunciaron la Tupac y su defensa.

“Compañeros, una vez más me atropellaron mi dignidad, violaron mis derechos. Qué injusto es que en Jujuy no exista la justicia verdadera ni la democracia”, escribió de su puño y letra en una nota la también parlamentaria del Parlasur y agregó:

“Cómo me gustaría que alguien pudiera ponerle freno a este atropello que vivo, parece un mal sueño del que no puedo despertar, les pido que no dejen que esto se repita con ningún argentino”.

El 31 de agosto pasado el juez subrogante de Control Penal 3, Gastón Mercau, y el de Instrucción Ley 3.484 2, Pablo Pullen Llermanos, habían concedido el beneficio de la prisión domiciliaria a Sala tras la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Casi un mes después la Cámara de Apelaciones revocó esa medida para la dirigente social y en horas de la mañana de ayer fue traslada a la prisión de Alto Comedero, donde ha permanecido ahí más de un año y medio.

La líder jujeña fue detenida el 16 de enero de 2016 bajo la presunta incitación a la violencia y tumulto por encabezar una protesta en Jujuy contra los cambios impuestos por el gobernador Gerardo Morales en el sistema y programa de cooperativas.

A esa causa le añadieron durante estos meses otras como la supuesta irregularidad de administración de fondos destinados a construcción de viviendas y también se le imputa la autoría de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.

Según justificó el fiscal general de Jujuy, Sergio Lello, y el fiscal de Estado de esa provincia, Mariano Miranda, su traslado al penal otra vez se debe al incumplimiento de las condiciones impuestas para mantener la detención domiciliaria de la que gozaba.

“En principio, se trataría de incumplimiento al régimen, lo que motivó su traslado al servicio penitenciario”, sostuvo Lello, en declaraciones al medio TN, de las que se hicieron ecos varios portales, entre ellos la agencia Télam.

La respuesta de su abogada, Eli Gómez Alcorta no se hizo esperar. “Estamos profundamente preocupados por Milagro. “Hacemos responsables por su vida al presidente Maurico Macri y al gobernador Morales”, subrayó la víspera en rueda de prensa.

Gómez Alcorta agregó que “parecía que la querían acallar y de rodillas, pero además quieren a Milagro muerta”.

La defensa de Sala advirtió a los periodistas las condiciones de salud de la líder de la Tupac que, según los peritos judiciales, no posibilitan un traslado al penal.

“Nos preocupa el traslado de Milagro Sala a la prisión de Alto Comedero y las formas en las que sucedió”, señaló por su parte la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño.

En tanto Francisco Eguiguren, presidente de ese organismo, dijo que la CIDH “fue clara al dictar la medida cautelar” sobre el caso de la dirigente social y remarcó que “es un retroceso” que haya sido llevada nuevamente al penal.

Varias voces se levantan hoy para rechazar la medida. La defensora de Derechos Humanos y precandidata presidencial 2018, la colombiana Piedad Córdoba, expresó en un mensaje en twitter toda su solidaridad. “Exigimos garantías procesales y su liberación. Liberen a Milagro”, escribió.

Cinco organizaciones internacionales, entre ellas el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, han pedido al Gobierno su liberación.

17/RED/LGL








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Pidieron no descartar su labor periodística como causa del asesinato
Periodistas exigen a autoridades resultados sobre caso Miroslava Breach
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/10/2017

Reporteras y reporteros de Chihuahua exigieron a las autoridades de la entidad que informen de manera oficial los resultados de la investigación en el caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, y pidieron no descartar de la investigación el tema en el que la reportera trabajaba cuando fue asesinada y que vincula al crimen organizado con políticos de varios partidos.

Miroslava laboraba como reportera en La Jornada e investigaba temas sobre el crimen organizado y corrupción al momento de su asesinato, efectuado el 23 de marzo cuando al salir de su casa recibió cuatro disparos en la cabeza. Previamente había sido amenazada en diversas ocasiones por su labor periodística.

A través de un comunicado la Red Libre Periodismo, que agrupa a periodistas de la entidad, denunció que el caso sigue en “total impunidad”, pese a que desde el crimen familiares de Breach Velducea, el gremio periodístico, organizaciones civiles locales nacionales e internacionales han exigido a la Fiscalía General del Estado (FGE) transparentar la investigación y que señale a los responsables intelectuales y materiales.

La Red Libre Periodismo pidió a la FGE que dé a conocer oficialmente los avances del caso porque, recordaron, a días del crimen, filtró videos del rastreo a los asesinos materiales Miroslava y los ligó “con el cártel de Sinaloa que opera y controla parte de la sierra, para el cultivo, trasiego, venta de drogas y lavado de dinero”.

Los avances del caso también han sido negados a los familiares de la periodista. A su hermana, Rosa María Breach Velducea, la FGE no le dio acceso a la carpeta de investigación hasta el pasado 9 de octubre, cuando ganó un amparo que promovió junto con la organización civil Propuesta Cívica para que se le reconociera como víctima indirecta.

Por ello las y los periodistas de Chihuahua condenaron el manejo,  control y administración de la información por parte de las autoridades en el caso.

Miroslava Breach Velducea fue la tercera periodista asesinada en México en el mes de marzo. En lo que va del año la cifra asciende a 11 periodistas.

17/MMAE








ESTADOS
VIOLENCIA
   Denuncian incumplimiento de autoridades para implementarla
OSC chiapanecas se retiran de mesas de trabajo de AVG
Imagen retomada del Colectivo Tragame Luz
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/10/2017

Ante la simulación de las autoridades de Chiapas para implementar medidas de seguridad, prevención, así como las de justicia, reparación y visibilización de la violencia de género las organizaciones civiles que dan seguimiento a la Alerta de Violencia de Género (AVG) dejarán de participar en las mesas de trabajo para su ejecución.

En un comunicado, el grupo de organizaciones que forman la “Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas”, la cual da seguimiento a la AVG, informó que esta decisión obedece a que las autoridades continúan sin propuestas ni acciones concretas para cumplir las medidas que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió cuando declaró la AVG el 18 de noviembre de 2016.

Ejemplo de la “dilación injustificada” de estas medidas, expusieron las organizaciones, fue la última reunión que tuvieron con autoridades federales y estatales dónde solo se aprobó el logotipo y eslogan de la Campaña de Difusión del Programa Estatal para atender la AVG, por lo que éste sigue sin operar.

Criticaron la falta de poder de convocatoria del ejecutivo estatal, Manuel Velasco Coello, pues dijeron, a la fecha no ha logrado reunir a los alcaldes de los municipios indígenas de la región Altos de Chiapas, a quienes la Conavim mandató acciones específicas para erradicar la violencia contra mujeres y niñas indígenas; aún y cuando se instalaron 4 mesas de trabajo encargadas de implementarlas.

FÍSCALÍA ESTATAL: OTRO OBSTÁCULO

Las organizaciones urgieron a que sea la Secretaría de Gobierno chiapeneca quien coordine la implementación de la AVG y no la Fiscalía General del Estado (FGE), quien actualmente lo hace, toda vez que su participación ha constituido un obstáculo para el cumplimiento de la AVG ya que “juega un papel de juez y parte” y también porque ha sido señalada por violar los Derechos Humanos e impedir el acceso a la justicia de las mujeres.

Las integrantes de la campaña anunciaron que dejarán de participar en las mesas de trabajo pero continuarán con el seguimiento y evaluación de las acciones del gobierno chiapaneco desde el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), integrado en enero de 2017 y del que forman parte.

En tanto, desde agosto de 2014 a 2016, 104 mujeres fueron víctimas de feminicidio, de acuerdo con cifras de la Conavim, pero desde 2013 las organizaciones civiles señalaron que estos casos eran constantes, tan sólo de enero a octubre de 2013, registraron 85 asesinatos de mujeres, 61.9 por ciento de ellos (52 casos) cumplieron con las características propias de un feminicidio.

Las organizaciones que integran la campaña son el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Brigada Feminista por la Autonomía y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, entre otras.

17/MMAE/LGL








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