derechos humanos

ZONA DE REFLEXIÓN
VIOLENCIA
   Zona de Reflexión
Sacar la basura del patriarcado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/01/2018

A raíz de la denuncia masiva a través de la campaña #MeToo, han surgido opiniones que señalan que las mujeres exageran y confunden cualquier acercamiento masculino con acoso. El cuestionamiento se centra en la palabra de las víctimas, quienes como nunca antes, han tenido la posibilidad de expresarse.

Uno de los argumentos colocados es que las mujeres confundimos acoso y seducción, esto debido a la torpeza masculina para manifestar sus intenciones. Las mujeres saben y ellos también, cuando se acosa y cuando no. La supuesta confusión entre acoso y seducción torpe, es un viejo argumento usado por los acosadores, precisamente para descalificar la palabra de sus víctimas.

Frases como “yo sólo quería ser cortés” “ella mal interpreta” “no fue mi intención”, son recurrentes cuando los acosadores son evidenciados. El reto siempre ha sido que la palabra de las víctimas tenga validez.

Otra argumento para tratar de descalificar el movimiento #MeToo, es que se ha desatado una “cacería de brujos” en donde las mujeres señalan a hombres inocentes que no tienen posibilidad de defensa.

El derecho a la defensa, ha sido un largo camino que las mujeres han tenido que recorrer y no está del todo ganado.  Cuando las mujeres se defienden se les suele acusar de excederse. Recuerdo los casos de Claudia Rodríguez Ferrando (1996) o Yakiri Rubio (2013), mujeres que para defenderse de su violador, hicieron uso de la legítima defensa causando la muerte de éstos. Ambas fueron encarceladas, juzgadas, y ambas salieron bajo el cargo de “exceso de legítima defensa”.

También se ha dicho que las mujeres que se han sumado a la denuncia del acoso quieren venganza, no justicia. Históricamente las mujeres, y especialmente las víctimas de delitos sexuales, lo que han demandado ha sido justicia. Y para lograrlo, han tenido que transformar conceptos añejos que las culpabilizan, y han creado otros, para acercarse al sueño de la justicia que el sistema de justicia masculino les ha negado.

Recordemos que en el año 1994 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que cuando un marido obligaba a su esposa a tener sexo con él, no era un delito sino el “ejercicio indebido de un derecho". Echarlo atrás costó once años.

En 2005 la SCJN determinó que por supuesto dentro del matrimonio podría existir el delito de violación, el cual ocurre cuando se obliga a tener sexo, usando la violencia física o moral.

Y aclararon que al reconocer este delito, se protege “el derecho de las personas a la autodeterminación sexual, lo cual implica la libre disposición de su cuerpo, y el derecho a decidir cuándo y con quién tener relaciones sexuales”.

Se ha dicho que quienes se suman al movimiento #MeToo son moralinas o conservadoras. El derecho a decidir sobre el cuerpo ha sido una de las demandas más libertarias de las mujeres.

Por ejemplo, en México hasta hace 30 años algunos Códigos Penales mantenían la exigencia para la víctima de violación de castidad, una forma honesta de vivir, y tener buena reputación.

En México, según datos del Colegio Jurista, 1.4 millones de mujeres viven acoso dentro de su trabajo, pero sólo 40 por ciento decide denunciarlo por miedo o desconocimiento de cómo actuar en ese tipo de situaciones; 90 por ciento de las afectadas prefiere buscar otro empleo, según información del Instituto Nacional para las Mujeres.

POR QUÉ HA MOLESTADO TANTO ESTE MOVIMIENTO MASIVO

No es no, han insistido en miles de formas las mujeres al hablar de la violencia sexual en cualquiera de sus expresiones.

Antes de defender a quienes durante milenios han gozado del privilegio de la impunidad y del pacto de silencio, fortalezcamos las condiciones para que las mujeres puedan denunciar sin el temor a ser linchadas.

Tal vez lo que más molestó es que se sacó la basura que estaba bajo las alfombras del patriarcado y se dejó al descubierto que frente a la violencia machista romper el silencio y denunciar al agresor no sólo libera, sino que sana y empodera.

¿Qué es lo que más molesta? ¿Qué se señale y se nombre a los acosadores, violadores y hostigadores? ¿Qué se les ponga nombre y descubramos que lejos de ser unos sicópatas son hombres comunes, que conviven con nosotras todos los días?

La basura que sacó –del mundo privado- el movimiento #MeToo, fue la violencia machista para ponerla a plena luz, hacerla asunto público, donde el centro del escrutinio son los agresores, esos que decidieron un día usar su poder para satisfacer su deseo sin que nada les pasara porque la complicidad y la impunidad estaba de su lado.

Lo que el movimiento #MeToo cuestiona es el sistema que permite que los hombres acosen. Un sistema que ha privilegiado el deseo masculino y lo ha puesto por encima de la decisión de las mujeres.

Es decir, cuestiona las condiciones que le permiten a cualquier hombre acosar, hostigar y agredir a una mujer. Hacerlo, es una decisión personal.

Sí, existe un desprestigio hacia los hombres, pero no hacia todos. El desprestigio es sobre aquellos que acosan, que violentan a las mujeres y sobre aquellos que con su silencio aceptan la agresión, sobre aquellos que prefieren mirar para otro lado cuando otro hombre está violentando a una mujer.

Tal vez lo que más molesta al patriarcado es ver herido uno de sus pilares, la excusa para la violencia masculina basada en una supuesta incapacidad de controlar sus emociones. Ese tiempo se acabó, y hoy cada uno tendrá que rendir cuentas por el abuso cometido contra las mujeres.

*Periodista y feminista, directora general de CIMAC.

Twitter: @lagunes28

18/LLH/LGL








MUJERES CAUTIVAS
DERECHOS HUMANOS
   Mujeres Cautivas
La CEAV le sigue fallando a las víctimas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/01/2018

Se multiplican las protestas contra el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) Jaime Rochín, organismo público encargado de:

  • Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;
  • Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;
  • Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso; 
  • Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas;
  • Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.

Y son las madres, hermanas, hijas, esposas, abuelas de las personas desaparecidas, quienes luchan día a día para defender sus derechos como víctimas. Han realizado plantones fuera de las instalaciones de la CEAV, bloqueos del Eje 6 Sur y Avenida Universidad, huelgas de hambre y siguen los funcionarios de la CEAV ciegos, sordos y mudos, sin responder a sus demandas, sin respetar sus derechos, sin actuar con la debida diligencia.

No tienen guardias para fines de semana y días de descanso obligatorios, así que más nos vale no ser víctimas en esos días.

Hoy, nuevamente un grupo de madres familiares de personas desaparecidas sostienen desde hace 6 días una huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación. Familiares a quienes se les ha negado apoyos de traslado, ayudas de alojamiento y alimentación y que ya están cansadas de mentiras y negativas de la CEAV.

Se autonombran “Buscadoras de Cuerpos”, porque son ellas las que han buscado incansablemente en las fosas clandestinas donde han encontrado restos óseos en Michoacán y Guerrero. No han logrado respuesta de las autoridades para que tomen las muestras de ADN y algunas de ellas se han tenido que certificar como peritas, pero tampoco les ha servido.

Hay otras víctimas, las de delitos en materia de trata que no reciben la atención que requieren. Reciben raquíticos 9 mil pesos mensuales para sobrevivir, sin importar si están solas o tienen hijos cuando hay víctimas que reciben hasta 38 mil pesos mensuales para cada integrante de la familia, lo que representa claramente discriminación a las víctimas de delitos en materia de trata y también para las víctimas de desplazamiento forzado.

Si las víctimas tienen bebés, pues a ver cómo le hacen, porque la canasta básica no incluye pañales desechables, toallitas higiénicas, fórmula de leche o ropita para sus bebes. En la CEAV no existe y no se entiende el Interés Superior de la Niñez.

Jaime Rochín presentó un Protocolo de Atención para Víctimas de Trata que lo único que refleja es su profunda ignorancia sobre el tema y que es un ridículo catálogo que no toma en cuenta las necesidades de estas víctimas.

Si estás enferma o te lastimaron en la búsqueda de tus desaparecidos, si en el proceso de búsqueda te dio diabetes, pues a ver cómo le haces, porque esas enfermedades no tienen que ver con el hecho victimizante y por lo tanto, no recibirás atención médica.

Un caso paradigmático es el caso de “Diana Minerva”, que se encuentra en situación de desplazamiento forzado interno, quien en un solo día fue levantada y golpeada brutalmente en su lugar de origen por los que desaparecieron a su hermano y también fue agredida por su jefe de escoltas, quien le ocasionó fractura de cervicales, de vertebras lumbares y en el coxis. Después fue secuestrada en el hotel a donde la alojó la CEAV, y también acompañada de la Ministerio Público Federal y agentes de la Agencia Federal de Investigación Criminal de la PGR fueron impedidos de llegar al lugar de búsqueda por 200 Zetas fuertemente armados.

De las fracturas de Diana, el diagnóstico de la CEAV fue que sufría de una fuerte contractura muscular en el cuello y “una bolita sebácea”.  La bolita sebácea era el hueso fracturado de una cervical y lo que supuraba era líquido cefalorraquídeo. ¡Y la dejaron sin atención de un traumatólogo por tres años! lo que hoy la tiene con grave riesgo de quedarse parapléjica.

Se le dio un tratamiento para desinflamar los nervios de la columna. Solicitó que le fuera pagado al traumatólogo (por la CEAV) pero no se ha realizado el pago a pesar de que cuenta con la constancia del hospital público donde la mandaron, en la que dice que no tienen capacidad para atenderla.

Se había programado su primera intervención quirúrgica desde el 17 de enero y hasta el día de hoy no se han autorizado las operaciones, a pesar de que sufre tremendos dolores en su columna, ha perdido fuerza en sus manos y tiene prohibido cargar más de dos kilos, lo que la mantiene en situación de incapacidad.

SEIDO le negó reponerle el servicio de escoltas y hasta la semana pasada le reconoció el carácter de víctima directa.

Existen innumerables casos que están esperando la reparación integral, pero al mismo tiempo se hacen adjudicaciones directas de millones de pesos.

Y Jaime Rochín, con una capacidad nula de autocrítica y deseo de mejorar los servicios de la CEAV, busca culpabilizar a la autora de todas las protestas de las víctimas del Estado de México, de las de Tamaulipas, de las madres y padres de la Guardería ABC y de los Avispones de Iguala, del Colectivo por Amor a Ellos, de las Buscadoras de Cuerpos.

También me acusa de manejar una cuenta de Twitter donde se denuncian las quejas de las víctimas directas e indirectas, sin darse cuenta que sus verdaderos enemigos están ahí, en la propia CEAV.

De una sola cosa estoy segura, que serán las mujeres en pie de lucha, las únicas que logren recuperar la CEAV para el beneficio de las víctimas.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

18/TUZ/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Prevalecen estereotipos de género en juzgadores
Caso “Porkys” ejemplo ante ONU de mala actuación jurídica
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México23/01/2018

Mientras la semana pasada la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) desechó revisar el amparo que concedió la libertad a Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro jóvenes de los “Porkys” acusado de violar a Daphne Fernández, en Veracruz, el caso será expuesto ante el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), perteneciente a la ONU, como un ejemplo emblemático de la mala actuación del Poder Judicial mexicano que obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas.

El Comité de CEDAW evaluará en julio de este año al Estado mexicano respecto al avance y garantía de los derechos de las mujeres y por vez primera revisará el trabajo del Poder Judicial en la impartición de justicia.

Previo a la evaluación –la cual se realizará del 2 al 20 de julio- la agrupación civil Equis Justicia para las Mujeres, presentó ante el Comité su “informe sombra” en el cual demuestra cómo el personal juzgador utiliza estereotipos de género en las resoluciones y no examina con perspectiva de género las pruebas que tiene en sus manos, como le sucedió a Daphne.

En enero de 2015 en Veracruz, Daphne era menor de edad cuando fue violada por 4 jóvenes apodados como “Los Porkys”. Uno de ellos, Diego Cruz Alonso, fue extraditado de España en enero 2017 para enfrentar el cargo de pederastia, pero el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, le otorgó la libertad tres meses después por un amparo que impulsó la defensa del acusado.  

La argumentación del juez Anuar –por la cual fue severamente criticado en redes sociales y suspendido de su cargo- era que Daphne no se encontraba en indefensión y Diego Cruz cometió únicamente “tocamientos incidentales” sin que tuviera una intensión “lasciva” o de “cópula para satisfacer un apetito sexual”.

La Fiscalía veracruzana impugnó el amparo concedido a Diego Cruz  (206/2017), por lo que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito solicitaron a la SCJN que lo atrajera para revisar la sentencia.

El pasado 17 de enero, la Primera Sala del máximo tribunal desechó la atracción del caso toda vez que las y los ministros concluyeron que no cumplía con los términos de relevancia para impactar en el sistema jurídico mexicano, aunque las organizaciones civiles aseguran que abría la posibilidad de discutir los lineamientos que deben seguir los y las jueces para acreditar delitos de violencia sexual.

Así, en tanto en México se resuelve que el caso de Daphne no es trascendente jurídicamente, Equis Justicia para las Mujeres lo coloca ante CEDAW como un indicar emblemático del desconocimiento generalizado sobre los criterios interpretativos en materia de género de las personas juzgadoras.

INFORME SOMBRA SOBRE PODER JUDICIAL

La agrupación precisó que esta es la situación que enfrentan sobre todo las mujeres víctimas de violación en el sistema judicial. Se les demanda “criterios desproporcionales” para acreditar la existencia del delito, como comprobar que hayan puesto resistencia en el acto, dejando a un lado elementos fundamentales; la existencia o no de su consentimiento y el testimonio que den.  

Capacitar a las y los juzgadores tampoco ha mejorado el acceso a la justicia para ellas. La organización muestra que el Poder Judicial de Veracruz gastó en 2009 alrededor de 35 millones de pesos en cursos y talleres para “instruir a su personal en perspectiva de género”, pero el resultado son sentencias como las de Daphne.

Aunado al reporte de Equis Justicia, en 2012 en las observaciones finales que hizo CEDAW a México, exigió en las Recomendaciones 33, 35 y 14, que el Estado eliminara las prácticas discriminatorias en la labor de las personas juzgadoras, y aplicar la perspectiva de género en la resolución de casos.

Es por ello que en esta ocasión el Comité de CEDAW decidió en una sesión de trabajo que mantuvo en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza, pedir al Estado mexicano que aclare los mecanismos que utiliza el Poder Judicial para identificar las resoluciones y prácticas discriminatorias que hacen jueces en casos de violaciones a los derechos de las mujeres.

Al Comité de Expertas de la ONU no le bastó que México haya informado en su reporte de cumplimiento que entregó en diciembre de 2016 –con un retraso de siete meses- que “está capacitando al personal”.

Las expertas pidieron que demuestre con indicadores el progreso que ha tenido la inclusión de la perspectiva de género en la labor judicial y preguntó si tiene planes de reforzar las dependencias de género actualmente existentes en los tribunales federales.

En otro tema relevante, CEDAW refirió que desde la entrada en vigor en 2015 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, “se redujo considerablemente el número de condenas publicadas y ha limitado el derecho de las mujeres a acceder a la información sobre los casos”.

Por todo ello, pidieron a México que reporte antes de su evaluación, si existen mecanismos para vigilar la aplicación de esta Ley, convirtiéndose en la primera vez que el Comité pide la transparencia en la publicación de sentencias por violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.

OTROS TEMAS DE JUSTICIA

Otras cuestiones retomadas por el Comité en el tema de justicia, son las medidas que ha adoptado México para erradicar las malas prácticas en las investigaciones de asesinatos violentos de mujeres.

Las expertas precisaron que necesitan información de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo, la Ciudad de México y el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Del mismo modo solicitaron mayor información sobre las barreras que impiden el acceso a la justicia de mujeres rurales e indígenas; y de manera novedosa, el Comité otorgó un apartado específico a quienes se encuentran privadas de su libertad por delitos relacionados con drogas.

El Comité de la CEDAW es un instrumento internacional integrado por 23 expertas, el cual analiza que los Estados cumplan con las recomendaciones de la Convención a favor de los derechos femeninos. Esta es la novena evaluación de México desde que suscribió la Convención, en 1981, por lo que las recomendaciones que dan las expertas son de carácter obligatorio para los gobiernos.

18/HZM/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Activista de Cherán asesinada defendía el bosque
Guadalupe Campanur rompió la lógica masculina de la participación comunal
CIMACFoto: Anaiz Zamora Márquez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/01/2018

La ambientalista e integrante fundadora de la Ronda Comunitaria del cuerpo de guardabosques de Cherán, en Morelia, Guadalupe Campanur, fue encontrada asesinada la noche del martes, por lo que integrantes de la Ronda exigieron el esclarecimiento de su muerte.

La procuraduría estatal informó en un comunicado, que María Guadalupe Campanur, fue hallada sin vida la noche del martes sobre el kilómetro 15 de la carretera Carapan-Playa Azul, en el predio denominado Irapio, en el municipio de Chilchota, y murió por asfixia por estrangulamiento, de acuerdo con los resultados de la necropsia.

También informó que Campanur fue asesinada entre las 36 y 48 horas previas a su localización y no existió ninguna denuncia por desaparición y que investiga sobre las actividades que realizaba para determinar la posible relación de éstas con el homicidio.

Guadalupe Campanur fue integrante de la Primera Ronda Comunitaria, creada en el municipio de Cherán, para hacerle frente a los abusos de los talamontes.

En entrevista con Cimacnoticias, el abogado e integrante del Primer gobierno comunal (conformado en 2011) David Romero, dijo que la organización no descarta que el asesinato de la defensora esté ligado con su trabajo de activismo, pero que serán respetuosos de las líneas de investigación que hasta ahora sigue la Procuraduría estatal.

Recordó a Guadalupe Campanur como la primera mujer que participó en la Primera Ronda Comunitaria, integrada en 2011 que rompe la lógica masculina de la participación comunal.

“Ella era muy inquieta y siempre quiso tener una participación más activa en la Ronda Comunitaria. Ella hacía rondines al interior de la comunidad y en el bosque, vigilaba que no hubiera incursión de la delincuencia organizada en el territorio”, recordó Romero.

Al ser cuestionado sobre si existían amenazas contra la defensora, el abogado respondió que siempre existieron éstas pero contra todos los integrantes, pero hasta la fecha no se habían concretado.

El activista expresó su preocupación por el asesinato de Campanur y dijo que éste ha puesto a la comunidad a “redoblar esfuerzos para estar más pendientes de lo que pueda acontecer”.

Calificó como lamentable este hecho que ocurre, agregó, en el contexto “de un Estado fallido en sus instituciones y como garante de seguridad para las personas”.

VIOLENCIA CONTRA DEFENSORAS

De julio de 2015 a junio de 2016, se cometieron 63 ataques a personas defensoras ambientales, de los cuales, 10 fueron contra mujeres, de acuerdo con un informe realizado por el Centro Mexicano de Derechos Ambientales (Cemda).

El “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DH) ambientales en México”, refiere que el tipo de agresión más frecuente es la amenaza en 24 por ciento de los casos, seguidas de intimidación (19 por ciento) y la criminalización con 18 por ciento.

Asimismo las agresiones físicas representaron 15 por ciento; en 6 por ciento de los casos hubo privación ilegal de la libertad y se registró un caso de homicidio vinculado a tala clandestina, el cual ocurrió en el 2016, en Chihuahua.

Destaca que los principales agresores son funcionarios públicos y que en estos 63 casos de ataques identificados, 43 por ciento fueron cometidos por autoridades del Estado, 7 por ciento por personal de las empresas y 2 por ciento por personas del crimen organizado.

En el caso de las mujeres defensoras del ambiente, otro informe realizado por  la asociación Asociadas por lo Justo (Jass por sus siglas en inglés) reveló que desde 2009 las agresiones contra defensoras mujeres escalaron, pues de ese año al 2012, 19 defensoras fueron asesinadas.

En tanto, la agrupación civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, en su informe “Situación de las mujeres defensoras de Derechos Humanos en México” afirmó que “la violencia contra las mujeres aumenta en su crueldad y saña y se consolida como un mecanismo de control social. En territorios militarizados o con fuertes medidas de seguridad no disminuyen los índices de violencia contra las mujeres”.

18/RED

 








INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Visibilizó el conflicto armado en Guatemala y la violación a DH
Fallece la periodista y fundadora de la agencia Cerigua Ileana Alamilla
Imagen retomada de Cerigua
Por: Erika Cervantes Pérez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/01/2018

¿Quién apuesta por construir la paz? A veces las instituciones, otras los gobiernos, pero cotidianamente las personas, como Ileana Alamilla Bustamante, periodista guatemalteca y directora fundadora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), quien falleció este miércoles.

Ileana era periodista de profesión y abogada por origen. Nacida a mitad del siglo XX; comprometió su vida a la construcción de la paz con justicia y a la defensa de la libertad de expresión en Guatemala. En diciembre de 2011 fue reconocida con la “Rosa de la Paz”, una distinción a quienes contribuyen a la construcción de la paz en una democracia con libertad en Guatemala.

Sus años de estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, transcurrieron justo durante la vorágine de luchas sociales y respuestas represivas por parte del Estado contrainsurgente de esa época.

Su contacto con profesores universitarios comprometidos con las causas populares y con dirigentes estudiantiles, le permitió construir una visión y sensibilidad ante los problemas sociales que la llevaron a identificarse con las ideas revolucionarias.

En 1979 la represión gubernamental rodeó el entorno familiar de Ileana, por lo que ella tuvo que salir del país por 19 largos años. Vivió primero en Costa Rica, después en Nicaragua, El Salvador y México.

En 1983, durante su exilio, fundó la agencia de noticias Cerigua, la cual buscó romper el cerco informativo gubernamental de lo que acontecía en Guatemala.

Cerigua puso en el mapa informativo el conflicto armado, y la violación a los derechos ciudadanos y humanos de la población guatemalteca.

Durante ese tiempo, Ileana experimentó una de las mayores satisfacciones que una periodista puede vivir al ver que la información sobre el emplazamiento de artillería en Chimaltenango (a 54 kilómetros de la ciudad de Guatemala) para masacrar a una población, obligó a que se evitara un derramamiento de sangre.

En 2005 se convirtió en la tercera mujer en presidir la Asociación de Periodistas Guatemaltecos (APG) y en varias ocasiones fue presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la APG. Justo el pasado lunes 15 de enero había asumido nuevamente la presidencia de la APG.

Se sumó a otras causas desde el periodismo y dio voz, con su pluma, a las personas que son invisibilizadas por los grupos de poder.

Fue integrante de la Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe, y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, donde compartió el trabajo cotidiano para poner a las mujeres en el centro de la noticia.

Gran parte de su esfuerzo profesional se enfocó en mantener a Cerigua como contrapeso y como agencia informativa no marginal.

Fue columnista del Diario Prensa Libre. Aquí su última columna publicada el día de ayer.

http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/los-periodistas-y-la-polarizacion

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas

18/EC/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Por primera vez se integra temática
Poder judicial mexicano, a evaluación de CEDAW
CIMACFoto: Rosario Nieto
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/01/2018

Por primera vez el Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) analizará en julio de 2018 el trabajo del Poder Judicial mexicano y la transparencia en la publicación de sentencias por violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.

Previo a la sesión de trabajo que mantuvo en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza, el Comité de CEDAW para preparar la evaluación al Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres, la organización civil Equis Justicia para las Mujeres entregó al organismo de Naciones Unidas un “informe sombra” sobre los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia.

Derivado de este reporte, Equis Justicia informó en un comunicado que el Comité retomó el tema en la sesión y pidió al Estado mexicano explicar, ante la evaluación prevista del 2 al 20 de julio de 2018 en Ginebra, los mecanismos que utiliza el Poder Judicial para identificar las resoluciones y prácticas discriminatorias que hacen jueces en casos de violaciones a los derechos de las mujeres.

En 2012, en las observaciones finales que hizo el Comité sobre México, señaló en las Recomendaciones 33, 35 y 14, que el Estado debe eliminar las prácticas discriminatorias y estereotipos en la labor de las personas juzgadoras, así como aplicar la perspectiva de género en las resoluciones de los casos.

Sobre el cumplimiento de estas consideraciones, el gobierno mexicano entregó por novena ocasión en diciembre de 2016 su informe a CEDAW, en el que señala que creó el protocolo para juzgar con perspectiva de género y capacitó a funcionarios públicos para incorporar la perspectiva de género en el análisis de casos.

Sin embargo, en el informe alternativo de Equis Justicia que tuvo el objetivo de brindar al Comité datos certeros sobre la situación de justicia para las mexicanas, la organización indicó que por medio del observatorio de sentencias que realizan, encuentran que las y los jueces utilizan estereotipos de género en sus resoluciones, en los que revictimizan y criminalizan a las mujeres.

Equis Justicia colocó en su informe a las víctimas de violación sexual como una de las principales afectadas. Destacó que el Poder Judicial les exige “criterios desproporcionales” para acreditar la existencia del delito; como comprobar que la mujer haya puesto resistencia en el acto, dejando a un lado elementos fundamentales; la existencia o no de su consentimiento y el testimonio que den.  

La organización ejemplificó que en 2009 el Poder Judicial de Veracruz gastó alrededor de 35 millones de pesos para capacitar a su personal en perspectiva de género, pero en la entidad persiste la discriminación al momento de juzgar, como le sucedió a Daphne Fernández, víctima de violación por cuatro jóvenes en enero de 2015. Uno de ellos quedó libertad el año pasado porque un juez determinó que no había pruebas suficientes y “los tocamientos” no fueron con intención lasciva ni de satisfacción sexual.

CEDAW EXIGE TRANSPARENCIA

En materia de acceso a la justicia al Comité de CEDAW también le llamó la atención el acceso a la información sobre sentencias de casos de violaciones a los derechos de las mujeres.

CEDAW refiere que desde la entrada en vigor en 2015 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, “se han reducido considerablemente el número de condenas publicadas y ha limitado el derecho de las mujeres a acceder a las información sobre los casos”, por lo que pidió al Estado mexicano informar si existen mecanismos para para vigilar la aplicación de la Ley, convirtiéndose en la primera vez que el Comité toca este tema, destacó Equis Justicia.

Al Estado también se le pide demostrar con indicadores, el progreso que ha tenido la inclusión de la perspectiva de género en la labor judicial. Otras cuestiones retomadas por el Comité en el tema de justicia, son los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a ella y el excesivo uso de prisión preventiva para mujeres, relacionada con delitos de drogas.

TEMAS A EVALUAR

Otros de los temas que enlistó CEDAW y por los cuales será evaluado el Estado mexicano en julio son: la violencia contra las mujeres, trata de mujeres, participación en la vida política y pública de las mujeres, agresiones contra defensoras de Derechos Humanos y periodistas, estereotipos y prácticas discriminatorias en medios de comunicación.

Acceso a la educación y trabajo, ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, políticas para mujeres con discapacidad, derechos de mujeres indígenas y rurales, mujeres migrantes refugiadas y solicitantes de asilo en el país, mujeres privadas de la libertad por el delitos relacionados con las drogas y equidad en el matrimonio y relaciones familiares, son otros de los temas

Esta es la novena evaluación que enfrenta México desde 1981 que se integró a este instrumento internacional.

17/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Primera Sala de la SCJN rechaza atraer sentencia de amparo de agresor
Justicia para Daphne Fernández
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/01/2018

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó atraer para su revisión, la sentencia de amparo 2016/2017 que otorgó la libertad a Diego Alonso Cruz, uno de los cuatros jóvenes acusados de violar a la entonces menor de edad, Daphne Fernández, en enero de 2015 en Veracruz, tras argumentar que no reúne los requisitos de interés y trascendencia suficientes para impactar en el sistema jurídico mexicano.

La solicitud del caso, en manos de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, fue discutida hoy por las y los ministros de la Primera Sala, quienes votaron por la no atracción, por lo que será el Tribunal Colegiado, quien deberá resolver la apelación de la sentencia de libertad de Diego Cruz.

En entrevista con Cimacnoticias, la abogada y coordinadora del área legal de la organización Equis Justicia, Fátima Gamboa Estrella, explicó que si la Corte aceptara la revisión del caso, sería una posibilidad para que Daphne accediera a la justicia, además de marcar un precedente en los lineamientos que tienen que tomar en cuenta los jueces para acreditar delitos de violencia sexual desde la perspectiva de género.

Daphne Fernández tenía 17 años de edad cuando fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes veracruzanos; Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso, apodados como los “Porkys”.

El caso captó la atención mediática luego de que Daphne diera a conocer en redes sociales que estos cuatros jóvenes la violaron a bordo de una camioneta y después circularan un video en el que los agresores le ofrecen una disculpa pública.

Pero Daphne fue amedrentada al revelar los hechos, por lo que en compañía de su familia interpusieron en mayo de 2015 una denuncia por la violación. Enrique Capitaine fue acusado de pederastia simple, Jorge Coita y Diego Cruz de pederastia agravada (tumultuaria) y Gerardo Rodríguez quedó en libertad porque el Ministerio Público determinó que únicamente fungió como testigo de la violación.

Se les acusó por pederastia porque el delito de violación cometida contra menores de edad (conocido como violación equiparada) no está tipificado de esta manera en el Código Penal de Veracruz, precisó también la abogada e integrante de Equis Justicia, Artemisia Cabrera.

Para el momento en que se giraron las órdenes de aprehensión en contra de los tres jóvenes, ya estaban prófugos de la justicia. Diego Cruz huyó a España de donde fue extraditado para enfrentar los cargos en enero 2017, Jorge Coita sigue sin ser localizado y Enrique Capitaine, fue detenido en mayo de 2016 en Torreón, Coahuila. Actualmente está preso en un penal del estado de Veracruz, en espera de sentencia.

LIBERTAD DE DIEGO CRUZ

Tras la extradición de Diego Cruz, en febrero del año pasado su defensa legal promovió el juicio de amparo número 159/2017 para revocar el auto de formal prisión y dejarlo en libertad. Un mes más tarde, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, le otorgó el amparo debido a que la Fiscalía de Justicia veracruzana no acreditó el delito de pederastia, señaló.  

El juez argumentó que la víctima no estaba en indefensión al momento del ataque y que los tocamientos cometidos por Diego Cruz  fueron un “frotamiento incidental” sin que tuviera una intensión “lasciva” o de “cópula” para satisfacer un apetito sexual.

Las explicaciones de González Hemadi causaron la indignación de la sociedad civil. El juez fue criticado severamente en redes sociales bajo la etiqueta #JuezPorky, en denuncia a los estereotipos de género que utilizó lo que motivó al pleno del Consejo de la Judicatura Federal a suspenderlo e iniciar una investigación administrativa en su contra.

RECURREN A LA SCJN

La Fiscalía veracruzana impugnó el amparo concedido a Diego Cruz (amparo 206/2017) que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito (quienes llevan el caso) hicieran una solicitud de atracción.

La solicitud fue turnada en septiembre de 2017 a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien este día presentó su proyecto de resolución el cual señaló que el caso incumplía con la relevancia, interés y transcendencia en el sistema jurídico mexicano que permita a la SCJN atraerlo (expediente 401/2017).

JUSTICIA PARA DAPHNE

En entrevista previa a la discusión en la Corte, la abogada de Equis Justicia Fátima Gamboa previó dos escenarios: si la Corte ejerciera la facultad de atracción, podría mandatar al Segundo Tribunal Colegiado que revoque el amparo que dio la libertad a Diego Cruz y pedir que analicen las pruebas de la violación desde la perspectiva de género para poder juzgarlo pues en el proceso, el juez Anuar González no tomó en cuenta pruebas como la declaratoria de Daphne, los peritajes psicológicos que demuestran las afectaciones que le acusó la violación, y sobre todo, no hizo un análisis exhaustivo sobre el contexto en el que se perpetró ésta.

Si bien el Código Penal local tipifica como pederastia a la violación a menores de edad -lo que calificó la abogada como anticonstitucional- sí define que la violación es la introducción del pene o cualquier otro objeto, por lo que no es un problema de tipificación, sino de una interpretación sesgada del juez, basada en estereotipos de género, denostando el dicho de la víctima y alejándola del acceso a la justicia, precisó la coordinadora de Equis Justicia.

En caso de ser atraído, agregó la abogada Artemisia Cabrera, el Tribunal podría promover que la Fiscalía de Justicia estatal aporte más pruebas que permitan acreditar la violación, dando un giro completo al caso.

El otro escenario que veían, que fue el que ocurrió, es que no lo atraiga, con lo que quedaría en manos del Tribunal Colegiado, resolver la apelación de la sentencia de libertad de Diego Cruz.

IMPACTO NACIONAL

De haber aceptado la atracción, la Suprema Corte hubiera dado la discusión de la manera en que fue juzgado el caso de Daphne, y hubiera tenido una repercusión en las otras víctimas de violación del país porque hubiera definido los lineamientos que deben seguir los jueces desde los Derechos Humanos y la perspectiva de género para analizar las pruebas de este delito.

Fátima Gamboa precisó que dentro de estos lineamientos el máximo tribunal podría establecer de qué forma se tienen que valorar la declaración de la víctima, la obligatoriedad del contexto en el que las violaciones se llevan a cabo y las asimetrías de poder que puedan existir entre el presunto agresor y la víctima.

La SCJN ya ha tratado casos de delitos sexuales, en específico el de hostigamiento sexual contra una servidora pública acosada por su jefe. Esto derivó en la tesis jurisprudencia 22/16 publicada en abril de 2016, en la que estableció como criterio la responsabilidad de valorar y preponderar el testimonio de una víctima.

“Es relevante, urgente, porque no hay lineamientos sobre cómo juzgar la violación sexual. Hemos escuchado rumores de que no va a proceder, pero desde Equis Justicia consideramos que es totalmente trascendente” pues como Daphne, las víctimas de violación son revictimizadas, culpadas de los hechos y muy pocas acceden a la justicia, advirtió la abogada.

En México cada 40 minutos ocurre una violación, según estimaciones del Observatorio Ciudadano Nacional (OCN). Tan sólo de 2014 a febrero de 2017, el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación registró 39 mil 663 casos de violación; 531 de éstas ocurrieron en Veracruz.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2015 permanecían en algún centro penitenciario 3 mil 713 personas cumpliendo una sentencia por violación y por violación equiparada, mil 65.

18/HZM/LGL








MUJERES CAUTIVAS
Trata de Personas
   Mujeres Cautivas
Trata, prostitución y feminicidio
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/01/2018

Las dos recientes muertes de una modelo argentina y de una venezolana, hicieron sonar las alarmas en México como país de destino de los delitos en materia de trata de personas.

Justo, en este país, donde siete mexicanas son asesinadas cada día, solo un 25 por ciento de los casos son señalados como feminicidio, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La situación para las mujeres extranjeras sin redes sociales de apoyo es peor, sobre todo cuando son expulsadas de sus países de origen por falta de oportunidades, pobreza, pobreza extrema, conflictos armados o la presencia de la delincuencia organizada.

Los casos de feminicidio de las dos modelos extranjeras están ligados por el hecho de que ambas se anunciaban en un sitio web de "escorts" denominado “Zona Divas” en México, aunque existe en casi todo el mundo y muchas otras como “BackPagage”, “Bellas Escorts” y muchas otras, que incluyen Twitter y Facebook.

La argentina Karen Ailen Grodzinski, de 23 años, y la venezolana Génesis Uliannys Gibson, de 24 años, son las dos modelos asesinadas y que se presume fueron víctimas de trata y explotación o esclavitud sexual.

Ambas jóvenes fueron encontradas sin vida en diferentes hoteles. La primera, el pasado 27 de diciembre, en la Ciudad de México y la segunda, el 17 de noviembre, en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con medios locales, Karen fue la primera que denunció en redes sociales la desaparición de Génesis, el 16 de noviembre, y quien identificó su cuerpo para posteriormente comunicarse con la familia de su amiga. Diez días después Karen fue asesinada.

Medios locales dieron a conocer que ambas jóvenes llegaron a México por medio de una familia identificada como Santoyo Cervantes que las colocó en dicho portal de "escorts".

Como es su costumbre, la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México, invadiendo competencias, salió a medios para asegurar que los casos de feminicidio de las modelos sudamericanas Génesis y Karen Ailen no tienen relación entre sí, aunque ambas compartían una amistad, consecuencia de su trabajo en sitios de internet, dijo el procurador de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido.

Desde el 2006, Nemesio Lugo Félix, de la Policía Federal, estaba investigando a un grupo de tratantes de mujeres que operaba en Argentina, Venezuela, Colombia, Panamá, Chile, Brasil, Costa Rica y México. A principios de mayo del 2006, Lugo fue asesinado cuando iba llegando a su oficina.  Hoy "una de las líneas de investigación que también sigue la policía es una presunta red de trata de mujeres, a quienes contactan en varios países de Sudamérica bajo la promesa de convertirlas en actrices, conductoras, cantantes, bailarinas, pero al llegar a México son obligadas a servir como damas de compañía".

En la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de esos Delitos, en su Artículo 4, se define como:

…XV. Publicidad ilícita: Para los fines de esta Ley, se considerará ilícita la publicidad que, por cualquier medio, se utilice para propiciar de manera directa o indirecta la comisión de los delitos en materia de trata de personas que se prevén.

XVI. Publicidad engañosa: Para los fines de esta Ley, se considerará engañosa la publicidad que por cualquier medio induzca al error como consecuencia de la presentación del mensaje publicitario, como consecuencia de la información que transmite o como consecuencia de omisión de información en el propio mensaje, con objeto de captar o reclutar personas con el fin de someterlas a cualquier tipo de explotación o de inducir la comisión de cualquier delito en materia de trata de personas…

Y en los artículos siguientes se establece que:

…Artículo 32. Se impondrá pena de 2 a 7 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa al que, en cualquier medio impreso, electrónico o cibernético contrate, de manera directa o indirecta, espacios para la publicación de anuncios que encuadren en los supuestos de publicidad ilícita o engañosa, con el fin de facilitar, promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas objeto de la presente Ley.

Artículo 33. Se aplicará pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa a quien dirija, gestione o edite un medio impreso, electrónico o cibernético que, incumpliendo lo dispuesto con esta Ley publique contenidos a través de los cuales facilite, promueva o procure cualquiera de las conductas delictivas objeto de la misma… 

A pesar de lo anterior, el portal emitió un comunicado de prensa en el que afirmaron que las "modelos/escorts" solo pagan una cuota mensual por publicitarse en el sitio y argumentaron que las modelos o "escorts" firman un convenio ante notario "en el que declaran que lo hacen bajo voluntad propia y sin ser obligadas a prostituirse".

Sus argumentos fueron desestimados por las declaraciones de una víctima venezolana que logró escapar y pudo rendir su declaración, como lo hicieron ya las 4 víctimas rescatadas en Cuernavaca, Morelos y las 23 rescatadas recientemente en Toluca, Estado de México.

VÍCTIMAS DE TRATA, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y FEMINICIDIO

En los últimos años han asesinado a cuatro colombianas en la Ciudad de México, tres argentinas –incluso una de ellas fue localizada en el anfiteatro de la escuela de medicina del IPN, dos venezolanas y una brasileña a quién privó de la vida Beltrán Leyva en Cuautla, Morelos.

En todos los casos, las autoridades las han criminalizado, imputándoles –“en un acto irresponsable y sin concluir la investigación- que estaban relacionadas o señalándolas como copartícipes de bandas criminales dedicadas al narcotráfico”, decía la periodista colombiana Margarita Solano, en “Lo Político”.

De acuerdo con un informe del periódico El País de España, en los últimos años, la trata de mujeres con fines de explotación sexual ha pasado a ser el segundo negocio más lucrativo en México, después de las drogas. Así lo indica un informe sobre las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Pero lo que es más preocupante es que algunos militares han entrado a formar parte de la red de secuestros y explotación sexual, así como los narcotraficantes, que ven en este rentable negocio una forma muy jugosa de diversificar sus ingresos y una de las caras más amargas de la violencia de género, según concluyen varios estudios de la ONU.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

 

18/TUZ/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Dos décadas de impunidad
"Se olvidaron de nosotros": Acteal
Imagen retomada del portal Chiapas Paralelo|Familia Luna Pérez, sobrevivientes de la masacre de Acteal. Foto: Ángeles Mariscal
Por: Ángeles Mariscal
Cimacnoticias | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 22/12/2017

20 años después de la masacre de Acteal, en Chiapas, donde murieron 45 personas en manos de grupos de civiles armados, sobrevivientes y organismos humanitarios coinciden en que el crimen sigue impune, porque los autores materiales fueron liberados paulatinamente desde 2009, bajo el argumento de que hubo fallas en el proceso judicial en su contra; en tanto la autoría intelectual en la que habrían estado involucradas autoridades estatales y federales, nunca se sancionó.

Los sobrevivientes de los hechos ocurridos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, continúan afectados por las secuelas físicas, emocionales y sociales que dejó ese acontecimiento, explicó el especialista Carlos Martín Beristain, en el estudio que llevó a cabo con ayuda de varios psicólogos, y que se publicó bajo el título “Acteal: resistencia, memoria y verdad”.

A pesar de ello, las personas sobrevivientes persisten en su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2005, para que este organismo emita una recomendación al Estado mexicano, porque aseguran que los civiles armados (paramilitares) que los agredieron, actuaron con aquiescencia del gobierno.

En su argumento señalan que fueron víctimas de la guerra de baja intensidad utilizada como estrategia para anular cualquier adhesión al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En el marco de la conmemoración de los 20 años de este hecho, el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, Jan Jarab, visitó la comunidad Acteal, y escuchó los testimonios de las y los sobrevivientes.

El diplomático expresó su solidaridad y se sumó a la exigencia de justicia “para romper este círculo vicioso de la impunidad que prevalece hoy por hoy en México”.

“SE OLVIDARON DE NOSOTROS”

Fernando Luna Pérez tenía 7 años cuando ocurrió la masacre. Su madre, Juana Pérez Pérez, y su hermano Juan Carlos, de 2 años, murieron asesinados. “Fue difícil vivir sin una madre, mi padre estuvo conmigo pero hubo momentos en que no tenía ni para comer”, recuerda.

A pesar de esta situación, Fernando logró estudiar hasta la escuela Preparatoria, después no tuvo recursos para continuar. En 2009 asistió junto a la delegación de sobrevivientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ciudad de México a pedir que no fueran liberados los autores materiales de la masacre. No fueron escuchados.

“Para el gobierno es como si no hubiera pasado nada. Es una indignación porque no ha habido justicia, se olvidaron de nosotros. Murieron nuestros familiares y no les importó. Se olvidaron de nosotros”, señala.

Micaela y María Vázquez Pérez también son sobrevivientes de Acteal. En la masacre murieron sus hermanas Marcela y Antonia Vázquez Pérez

Viven en una pequeña casa de una sola pieza, en la entrada a la comunidad. Actualmente tienen 32 y 40 años de edad. Se mantienen vendiendo artesanías en las calles de San Cristóbal de Las Casas. Los recursos que obtienen son insuficientes para poder pagar atención médica que les permita recuperarse de las secuelas que les dejó la masacre.

“Mi papá, Francisco Vázquez Hernández, cuando se murieron mis familiares se puso muy triste. Todavía sobrevivió y apenas el año pasado (2016) falleció… ahora estoy sola. Ojalá tuviéramos un espacio para vender artesanías, ojalá haya justicia, ojalá nos reparen los daños y nos indemnicen”, explica María.

 Antonio Luna Santis también murió buscando justicia.  En la masacre perdió 5 familiares, su hija y tres nietos, Marcela Luna Ruiz;  Alejandro, Juan y Silvia Pérez Luna; y su yerno Miguel Pérez Jiménez.

Se quedó a cargo de sus tres nietas, entre ellas Zenaida, quien perdió parcialmente la vista a consecuencia de un disparo que recibió durante la masacre. Hoy su familia se suma a la petición para que el Estado mexicano sea sancionado por la masacre, y a los sobrevivientes se les repare el daño y sean indemnizados. Esto les permitiría recibir atención médica.

A pesar de este escenario, los sobrevivientes insisten, “nosotros no queremos venganza, lo que queremos es justicia. Ellos, los paramilitares que participaron en la masacre son nuestros primos, son nuestros vecinos… entendemos que fueron engañados, por la pobreza los engañaron, los manipularon. Pero sólo la justicia puede traer la paz, solo la justicia puede impedir otra masacre”.

17/AM/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Mujeres se unen antes de cumplir mayoría de edad
A debate, matrimonio adolescente en México
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/12/2017

Una Acción de Inconstitucionalidad en Aguascalientes para permitir el matrimonio de adolescentes de 16 a 18 años de edad abrió un debate entre dos posturas: por un lado quienes aseguran que se trata de promover la autonomía y libre desarrollo de la personalidad; y por otro quienes sostienen que es una práctica nociva que no permite realizar un proyecto de vida libre de roles de género.

Una postura asegura que negar el matrimonio a adolescentes vulnera derechos; pero, para la otra, prohibir que las y los menores de 18 años de edad se casen no es limitar su autonomía sino abrirles posibilidad para que creen un proyecto de vida sin necesidad de dejar de estudiar, de ingresar a trabajos precarios o de ser padres a edad temprana.

El debate se da en un país donde los grupos eclesiásticos y conservadores insisten en el matrimonio como una institución natural y donde hay 6.8 millones de mujeres entre los 15 y 54 años que se unieron conyugalmente antes de los 18 años de edad, según datos recabados por ONU Mujeres.

REFORMAS A DEBATE

El debate surgió en Aguascalientes, donde el Código Civil decía, en su Artículo 145, que la edad mínima para contraer matrimonio era de 18 años pero establecía una excepción: se podían otorgar dispensas de edad por “causas graves y justificadas” a adolescentes de 14 a 18 años de edad, decisión que sería tomada por un juez.

Sin embargo Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en 2014 y que considera el interés superior de la infancia y adolescencia obligó a los estados a reformar sus leyes para establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin dispensas o excepciones.

En 2016 el Congreso de Aguascalientes cumplió con su obligación de reformar el Artículo 145 para establecer que “la edad mínima para contraer matrimonio será de 18 años” y así eliminar cualquier dispensa para evitar que las y los jóvenes contrajeran nupcias.

En respuesta a esta reforma la Comisión de Derechos Humanos del estado, encabezada por Jesús Eduardo Martín Jáuregui, interpuso una Acción de Inconstitucionalidad (22/2016) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que en ciertos casos, sin mencionar cuáles, se deben permitir las uniones entre adolescentes de 16 a 18 años.

MATRIMONIO ADOLESCENTE NO INFANTIL

Un caso que abrió la discusión se dio en Nayarit: dos jóvenes, de 16 y 17 años de edad, pidieron el derecho a contraer matrimonio. La pareja estaba embarazada por lo que decidieron casarse pero un juez negó la petición debido a la edad de los contrayentes. Después de interponer un amparo los adolescentes pudieron contraer nupcias. A la fecha hay dos casos de este tipo en Nayarit.

En opinión de GIRE, organización que desde hace 25 años promueve el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, la prohibición sin excepciones al matrimonio adolescente vulnera el derecho de los jóvenes a su vida privada y a la libre personalidad.

Con el ejemplo de Nayarit y enfatizando en que no se trata de matrimonio infantil, GIRE considera que en Aguascalientes como en otros estados se deben establecer casos específicos para descender la edad del matrimonio, lo que permitirá proteger derechos como el acceso a seguridad social, el registro de las y los hijos en la escuela o en el sistema de salud.

La coordinadora de Investigación de GIRE, Isabel Fulda, destacó en entrevista que si se trata de proteger a las niñas de matrimonios forzados, situaciones de violencia y embarazo adolescente, prohibir el matrimonio es una medida al menos superficial porque en estos fenómenos influyen otros factores.

Con esta postura coincide la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) que junto con GIRE y apoyo de la International Planned Parenthood Federation y Data Cívica publicaron el informe “Prohibir sin proteger. El matrimonio adolescente en México”.

Esta investigación busca echar abajo los mitos de estas uniones. Las organizaciones señalan que el matrimonio adolescente no es un problema porque 5 de cada 100 mujeres menores de edad viven con su pareja; de ellas ocho de cada 10 viven en unión libre; y en 2010 había 269 mil mujeres menores de edad casadas y en 2015 la cifra descendió a 248 mil.

Agregan que es un mito que las mujeres se casen con hombres mayores porque 81 por ciento de las menores de edad casadas estaba con un hombre de 25 años o menos y sólo 26 por ciento estaba casada con alguien de 26 años o más. En promedio, en estas parejas hay una diferencia de tres años de edad.

ARGUMENTOS IMPRECISOS

Quienes están a favor de excepciones a los Códigos Civiles señalan que el matrimonio adolescente en ciertos casos permite la autonomía personal, es decir, que las personas menores de edad elijan su proyecto de vida; permite el acceso a derechos, en particular fiscales, patrimoniales y migratorios; y que negar las uniones formales restringe otros derechos.

Estos tres argumentos que sustentan la necesidad de permitir el matrimonio de jóvenes de 16 a 18 años de edad (en Aguascalientes se permitía desde los 14) son imprecisos, dice el coordinador de Asuntos Jurídicos de la Organización Save the Children, Saúl Sánchez Jiménez, entrevistado antes de la presentación del informe de GIRE.

El abogado explicó que el primer argumento supone que a través del matrimonio ambas personas contrayentes tendrán acceso a derechos como heredar, seguridad social o beneficios fiscales, explicación que se basa en un criterio del Poder Judicial sobre matrimonios entre personas del mismo sexo, mayores de edad.

Para el defensor, es tramposo usar este criterio porque cuando se trata de menores de edad el interés superior supone un escrutinio más estricto de derechos que podrían ser perjudicados pero sobre todo porque no hay datos oficiales que confirmen que el matrimonio en menores de edad realmente tiene beneficios directos para las personas.

A la fecha, explicó, no hay evidencia empírica de que ese acceso a derechos esté sucediendo, es decir, no hay datos de cuántos adolescentes casados accedieron a seguridad social, guarderías, derechos de herencia, créditos para vivienda, etcétera; incluso en algunos casos estar en unión libre o ser soltero no puede ser impedimento para acceder a ciertos beneficios, como registrar a una hija o hijo.

PROTECCIÓN DE ADOLESCENCIA

Hay que preguntar, dice Sánchez Jiménez, dónde está el Estado si los jóvenes se tienen que casar con personas más grandes, o entre ellos, para acceder a derechos. “Significa una verdadera omisión del Estado en términos de cumplimiento de derechos de niñas, niños y adolescencia, lo que significa a su vez la inobservancia a la Constitución, leyes secundarias y sobre todo a tratados internacionales firmados por el Estado mexicano”.

Las reformas para fijar los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio responden a observaciones y recomendaciones de organismos internacionales. Una de ellas es la recomendación general número 21 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Este organismo considera que el matrimonio implica importantes obligaciones, por lo que no debería permitirse antes de que se haya alcanzado de manera plena la madurez y la capacidad de obrar, y destaca que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando los menores de edad se casan, especialmente las niñas, y tienen hijos, su salud se puede afectar y su educación se entorpece.

En el caso de México, menciona en entrevista la oficial de Comunicación e Incidencia en México de Save The Children, Ivonne Piedras, de acuerdo con datos de Inegi, quienes se encontraban en uniones formales, no tenía mejores de condiciones de vida ni de vivienda, más del 47 por ciento de niñas y adolescentes casadas tenían al menos un hijo vivo, 80 por ciento ya no estaba en la escuela y casi 70 por ciento se dedicaba al cuidado del hogar.

Además, de lado de la teoría constitucional, un Derecho Humano no se puede restringir así como así, se tiene que llevar un proceso, incluso legislativo, para hacer una restricción que sea lo menos invasiva y por el menor tiempo posible. En este caso la restricción al matrimonio es temporal porque al momento de cumplir 18 años las personas se pueden casar sin mayor problema.

“Así como se restringe a algunos sectores, por ejemplo, en el cine, la televisión; venta de alcohol, estupefacientes, cigarros, bebidas alcohólicas; acceso al trabajo sexual, en fin, de la misma manera es necesario decirles a los chicos, no te metas aquí todavía, aguanta”, explicó.

Con esta postura coinciden Oxfam México, World Vision, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Youth Build International, Inclusión Ciudadana y la Red por la Infancia y la Adolescencia Puebla, entre otras, quienes suscribieron un amicus curiae (documentos con argumentos de expertos) que ya fue presentado ante la Suprema Corte.

¿ADOLESCENTES SE QUIEREN CASAR?

Además de sondeos a pequeños grupos de personas no hay forma de saber si las y los jóvenes se quieren casar, pero lo cierto es que el matrimonio como derecho y como institución está en declive. Inegi registró un aumento en los divorcios y un descenso de los matrimonios. En 2012 hubo 585 mil 434 casamientos y al 2014 se registraron 577 mil 713 matrimonios.

El Informe de GIRE señala que quienes defienden la prohibición absoluta del matrimonio tienden a asumir que toda unión de menores de edad es forzada o con riesgo de violencia. Sin embargo, dice, hay diversas razones por las cuales las personas menores de edad pueden considerar que casarse representa una elección adecuada para su vida y, de acuerdo con su desarrollo progresivo, se les debe escuchar y tomar en cuenta.

A su vez, el trabajo de campo y testimonios recogidos en Oaxaca y Sinaloa por Ivonne Piedras dicen que cuando se pregunta a las adolescentes si fue su voluntad casarse dicen si, “yo quería, yo decidí” pero cuando avanza la charla explican que decidieron casarse o unirse por la presión familiar que las estaba empujando o por querer independencia.

Como ejemplo, una adolescente de Sinaloa decidió casarse y tener su propio hogar pero después no estaba segura de haber tomado la mejor decisión porque ahora tenía que cuidar a su marido y a su bebé. “Se casó porque estaba cansada de vivir en su casa, en un espacio muy chiquito donde vivían 7 familiares, donde se tenía que hacer cargo de sus hermanos, donde había violencia familiar”, explicó la investigadora.

Otro factor es que en ciertos lugares contraer nupcias da un estatus porque ahora se toma en cuenta a las esposas, las escuchan, consideran sus opiniones o porque permanecer soltera “es negativo”, también porque casar a una hija representa quitar una carga económica a la familia. “Hay toda una serie de factores que los están obligando a casarse y podrían ser matrimonios forzados”, señaló Ivonne Piedras.

A ello se suma que cuando salen a la luz argumentos como que las adolescentes deben tener derecho a casarse así como tienen derecho a interrumpir un embarazo no deseado, Saúl Sánchez dice que dos fenómenos distintos se están midiendo con la misma vara porque la interrupción del embarazo es un derecho fundamental que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y con el derecho a decidir sobre el cuerpo, la maternidad y la paternidad.

MONEDA EN EL AIRE

Mientras las posiciones divididas difieren en si hay una relación entre el matrimonio, el embarazo y la maternidad temprana, ambas partes coinciden en que debe haber opciones para las y los jóvenes, acceso a la escuela, a seguridad social, centros de salud accesibles y de buena calidad, buena alimentación y vivienda, entre otras condiciones.

En tanto la moneda está en el aire y la Acción de Inconstitucionalidad que impugna las reformas aprobadas en Aguascalientes en febrero de 2016 se encuentra en análisis a cargo del ministro José Fernando Franco González Salas en espera de ser discutida por el pleno de los once ministros para ver si puede o no haber excepciones por “causas graves y justificadas” la edad legal para casarse.

De acuerdo con Save The Childrren este concepto de “causas graves y justificadas” que se establecía en el Código Civil de Aguascalientes proviene del Código de Derecho Canónico de 1985 y después de revisar la doctrina civil y familiar en la materia se entiende que las causas graves se relacionan con delitos sexuales y las justificadas con las personas que “han tenido amores con aquel con el que se va a casar”, es decir se tienen que casar si tienen una relación secreta y son descubiertos.

Entonces, en sus orígenes, explica la organización defensora de los derechos de la infancia, este concepto tienen un acentuado sesgo al tema de la sexualidad femenina, de la vida sexual de las mujeres y el bien jurídico tutelado no es si sufrieron un abuso sexual, una violación, algún delito sexual sino la sexualidad de la chica, la honra y la reputación de la familia.

En caso de que la Suprema Corte declare inválidas las reformas dejaría un precedente favorable para que haya dispensas a la edad mínima para casarse y en todo caso tendría que exponer cuándo hay o qué son las causas graves y justificadas para permitir nupcias de menores de edad.

17/AGM/LGL








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