INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Será recordada por amigos y familiares por su activismo
Organizan vigilias en memoria de Heather Heye, víctima de Charlottesville
Imagen retomada del Twitter de Women's Marcha
Por: Elizabeth Alvarado
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 15/08/2017 "Si no estás enojada, no estás prestando atención", dice el ultimo post en el Facebook de la activista por los Derechos Humanos, Heather Heyer, que fue asesinada el 12 de agosto cuando un carro conducido por un neonazi atropelló a una multitud de personas que protestaban contra el mitin "Unir la Derecha" en Charlottesville, Virginia, en los Estados Unidos.
 
Ahora, muchos grupos de activistas, incluyendo Women’s March (Marcha de Mujeres) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) hicieron un llamado a la sociedad a continuar luchando por los Derechos Humanos en la memoria de Heyer.
 
Women’s March es un movimiento dirigido por mujeres comprometido a desmantelar sistemas de opresión a través de la resistencia no violenta y construyendo estructuras inclusivas guiadas por dignidad y respeto.
 
La ACLU es una organización que promueve las libertades y derechos civiles para todas las personas en Virginia a través de la educación pública, litigios y abogacía con el objetivo de asegurar la libertad y la igualdad para todos.
 
"Hoy recordamos a Heather Heyer, la mujer de 32 años asesinada en Charlottesville. Y nos comprometemos a continuar la lucha por la que murió ", dijo en un comunicado el pasado domingo, Women’s March, en tanto que la ACLU expresó también en otro pronunciamiento que “la ACLU de Virginia está angustiada por los viles actos cometidos hoy en Charlottesville.
 
Lloramos por la vida perdida sin sentido, agonizamos por los heridos tanto física como emocionalmente. Habrá un tiempo para investigar y buscar responsabilidad, y seremos una voz en ese proceso".
 
El mitin realizado el pasado sábado incluyó a integrantes de los movimientos de supremacía blanco, nacionalista blanco, y neonazi que estaban allí para protestar por la remoción en los espacios públicos de monumentos, específicamente la estatua de Robert E. Lee, quien es un icono racista que se caracterizó por poseer esclavos durante la guerra civil.
 
Durante los hechos, 25 personas resultaron heridas. James Alex Fields, de 20 años de edad, fue acusado de asesinato en segundo grado, pues no se detuvo en el lugar del accidente, lo que provocó una muerte, dijo la policía de Charlottesville.
 
Heather Heyer, era conocida por su profundo activismo por la defensa de los Derechos Humanos y era recurrente verla en la mayoría de las manifestaciones. Es recordada por amigos y familiares por pronunciarse contra el sexismo, el racismo y las desigualdades.
 
En una entrevista para el periódico norteamericano “The Huffington Post” la madre de Heyer, Susan Bro dijo: "No quiero que su muerte sea un foco de más odio, quiero que su muerte sea un grito de alzamiento por la justicia y la igualdad y la compasión".
 
Desde su muerte, muchas personas se han expresado en redes sociales como Facebook y Twitter para dar mensajes de paz y cambiaron sus fotos de perfil por fotos de Heyer citando su último post de Facebook "Si no estás enojada, no estás prestando atención", con el hashtag #HeatherHeyer.
 
Los últimos días se han llenado de vigilias para Heyer y la comunidad de Charlottesville, la mayoría organizados por Women's March y ACLU.
 
En la Universidad de Virginia-Wise, ubicada en el estado donde ocurrió esta tragedia, la presidenta del cuerpo estudiantil, Sydney Nöel, se dirigió a su comunidad universitaria anoche durante la vigila para Heyer.
 
“Fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Tenía tanto que quería decir, tanto que podría haber dicho. Tuve que ser fuerte y dar a la gente presente un mensaje de esperanza, incluso cuando yo misma me siento desesperada acerca de la situación,” dijo Nöel en entrevista con Cimacnoticias.
 
En su mensaje Nöel dijo: "Animo a todas ustedes a combatir el odio y la ignorancia y que acepten a aquellos con diferentes etnias, religiones y formas de vida".
 
Para Nöel, es importante recordar a Heyer como alguien que siempre luchó por la justicia y no perder la esperanza.
 
"Espero que este evento pueda servir como un punto de inflexión para obligar a los líderes de América a la acción. Espero que las víctimas sepan que son amadas y están en todos nuestros corazones y oraciones” dijo Nöel. 

17/EA








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Victoria para el movimiento de mujeres
Parlamento de Jordania abolió “ley de violación”
ONU Mujeres, en colaboración con la Comisión Nacional para Asuntos de la Mujer, organizó una mesa redonda en el Parlamento jordano entre jordanos y marroquíes miembros del Parlamento para el intercambio de buenas prácticas sobre la modificación del Código Penal, con un enfoque específico en el artículo 308 el 9 de mayo el 2016 | Imagen retomada del portal Tribuna Feminista
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 15/08/2017 En una decisión histórica, el pasado 3 de agosto, el Parlamento de Jordania votó a favor de la abolición de la famosa “ley de violación” -artículo 308 del Código Penal- que permitía que un violador se casara con su víctima para evitar ser procesado, por un periodo mínimo de 5 años.
 
 “La abolición del artículo 308 es una victoria importante para el movimiento de mujeres en Jordania”, dijo la abogada y portavoz del MP, Wafa Saed Bani Mustafa, quien también preside la Coalición de Mujeres para combatir la violencia contra la mujer.
 
“Mi participación comenzó en 2013, cuando empecé a abogar por la abolición de este artículo, junto con un grupo de parlamentarios durante su servicio en Jordan 17 º Parlamento. Empecé esta acción debido a mi fuerte creencia en la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer en nuestras leyes nacionales, ya que creo que las mujeres jordanas son ciudadanas con los mismos derechos y obligaciones “.
 
Wafa Saed Bani Mustafa, jordano MP, abrió el primer taller sobre la redacción de leyes para los miembros del Parlamento, organizado por ONU Mujeres y la Comisión Nacional para Asuntos de la Mujer, en colaboración con la Secretaría General, el Comité de Asuntos mujer y la familia, y la Asamblea de Mujeres de la Cámara Baja el 3 y 4 de agosto de este año.
 
En los últimos años, la incidencia de abolir el artículo 308 creció;  tuvo un fuerte empuje por parte de organizaciones nacionales e internacionales, profesionales del sector de justicia, periodistas y activistas de los derechos de las mujeres.
 
Con toda la información y evidencia recogida en relación al miedo que les provoca a las mujeres que han sido violadas verse obligadas a casarse con sus violadores, la sociedad civil, y quienes están en el parlamento formaron grupos de trabajo desde 2015. Concluyeron la necesidad de exigir la adopción de medidas legales para proteger a las víctimas de violación sexual asalto y acoso, y para sancionar a los autores para eliminar la impunidad.
 
“Es importante introducir el concepto de que el matrimonio no es la única opción para las víctimas de violación” añadió Mustafa. “Las mujeres que han sido violadas deben saber que pueden recibir apoyo físico y psicológico adecuado, que pueden llegar a tener una vida independiente y recuperar sus vidas”.
 
Más de 200 activistas y representantes de la sociedad civil asistieron a la discusión en el Parlamento el 2 de agosto e hicieron circular una petición en línea, que reunió 5 mil firmas en un día, en apoyo de esta reforma legislativa. También, así lo consideraron todas las partes implicadas, fue muy valiosa la contribución de la Comisión Nacional para Asuntos de la Mujer, la agencia nacional de mujeres, encabezada por la princesa Basma bint Talal, que también es embajadora de buena voluntad de la ONU.
 
La Secretaria General de la Comisión Nacional para Asuntos de la Mujer, Salma Nims, lanzó una petición para recabar firmas y exigir la modificación de las leyes nacionales que discriminan a las mujeres durante la rueda de prensa conjunta organizada en la Comisión Nacional para Asuntos de la Mujer el 22 de noviembre de 2016, en el lanzamiento de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género en Jordania
 
“Los esfuerzos de apoyo incondicional de la Comisión Nacional para Asuntos de la Mujer, la acción conjunta de la sociedad civil y el compromiso continuo del movimiento de las mujeres en todos los niveles en los últimos años han allanado el camino para que esta reforma histórica haya sido posible, y continuar con el avance del empoderamiento de las mujeres en Jordania”, dijo la Representante de ONU Mujeres en Jordania, Ziad Sheikh.
 
ONU Mujeres ha sido un firme defensor de la Comisión Nacional para Asuntos de la Mujer y la sociedad civil de Jordania en sus esfuerzos de promoción. En 2016, ONU Mujeres también organizó un diálogo sobre el tema, entre parlamentarios jordanos y marroquíes, ya que Marruecos había suprimido con éxito las disposiciones discriminatorias similares de sus leyes.
 
En febrero de 2017 siguiendo las recomendaciones emitidas por el Comité Real para el desarrollo del poder judicial y la consolidación del Estado de derecho, un órgano asesor del rey de Jordania impulsó la reforma del Código Penal de Jordan y también incluyó la modificación de otras disposiciones, en particular, los artículos 98 y 99 para incrementar las penas para los autores de los llamados “crímenes de honor”.
 
Una vez ratificado por el rey Abdullah II, Jordan será el tercer condado en la región, después de Marruecos y Líbano, para abolir el uso del matrimonio para evitar juicios por violación.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED







OPINIÓN
INFANCIA
   Desenredo
No fue negligencia, fue tortura
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Gua.- 15/08/2017 Inculpar a las madres de las niñas y adolescentes, quienes estaban institucionalizadas en el gubernamental Hogar Virgen de la Asunción y fallecieron quemadas en un cuarto que estaba bajo llave, y no al Estado de Guatemala, muestra una visión deshumanizada de lo ocurrido el 8 de marzo pasado.
 
Mientras continúan las audiencias de este caso, de nuevo se escuchan voces que estigmatizan a las niñas y adolescentes que estaban bajo resguardo del Estado en ese albergue, por decisión de los jueces respectivos.
 
Hay que responder a esos comentarios porque representan una actitud discriminatoria contra quienes son pobres, viven múltiples violencias patriarcales y carecen de oportunidades, además porque reproducen prejuicios racistas, de género y de clase.
 
Conforme sigue la etapa intermedia del proceso contra tres de los ocho inculpados, se conoce de la aceptación definitiva de la organización Mujeres Transformando el Mundo como querellante, misma que presentó el 4 de agosto una querella penal por el delito de tortura contra los imputados, misma que fue aceptada.
 
Esto significa que se seguirán dos caminos en la búsqueda de la justicia. Uno conducido por el Ministerio Público que señala delitos culposos (son aquellos en los que se reconoce algún grado de acción lícita por el encierro de las y los jóvenes); otro que inicia, el cual vincula todos los hechos que dañaron a niñas, niños y adolescentes de los hogares Virgen de la Asunción y San Gabriel, en los que tuvo lugar una acción ilícita de castigo y llevó a la pérdida de 42 vidas.
 
Han pasado cinco meses, en los que se ha conocido más detalles de los hechos ocurridos en un hogar bajo responsabilidad de la Presidencia de la República, en un país cuyo contexto se distingue por las relaciones jerarquizadas, y se va evidenciando -a partir del 2015- los tentáculos de la corrupción ejercida por funcionarios del Ejecutivo, diputados, grandes empresarios y sus empleados de confianza.
 
En lugar de circunscribir el proceso judicial de manera fraccionada para demostrar si hubo o no negligencia por parte de los funcionarios públicos encargados del cuidado y protección de niñas y adolescentes; con la participación de Mujeres Transformando el Mundo se abre la posibilidad de analizar de manera integral si ocurrió una acción ilícita al encerrar en un auditorio a 43 jóvenes y en un cuarto con barrotes a 56 niñas y adolescentes con la clara intensión de reprimirlos.
 
Cabe preguntar qué persiguen quienes siguen criminalizando a las personas menores de 18 años de edad que están bajo resguardo del Estado, debido a que en sus casas familiares no cuentan con condiciones dignas para vivir o carecen de un hogar, han sufrido violación sexual o amenazas por individuos vinculados a grupos delictivos, enfrentan otros tipos de violencia o son potenciales víctimas de los delitos de trata.
 
Hay que refutar esa corriente de opinión, ya que al inculpar a las madres de niñas y adolescentes buscan descalificar que ellas merezcan una reparación digna o bien minimizar la pésima actuación de funcionarios públicos que avalaron el uso excesivo de la fuerza, desconocieron las denuncias presentadas e ignoraron las causas que originan la institucionalización de niñas, niños y adolescentes en el Hogar Virgen de la Asunción.  
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
17/RHA







ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Emitirán un diagnóstico sobre procesos legales
Comisión de DH de Coahuila investigará casos de feminicidio
CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer
Por: Sofía Noriega
Cimacnoticias | Saltillo, Coah.- 02/08/2017 La Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila inició las indagaciones sobre los asesinatos de mujeres en la entidad para determinar, entre otras cosas, si se trató de feminicidio.
 
Así lo explicó en entrevista con Cimacnoticias, el Visitador General de la Comisión estatal, Eduardo Roque Valdés, quien indicó que esta instancia sigue un proceso paralelo al de la Red de Mujeres de la Laguna, quienes presentaron la petición de Alerta por Violencia de Género ante el Instituto Nacional de las Mujeres.
 
El funcionario detalló que se iniciará una investigación de oficio de cada uno de los homicidios de toda la entidad y no sólo del municipio de Torreón, como solicitaron las activistas de la Laguna.
 
El Visitador, aclaró que se inspeccionará en todo el territorio de Coahuila con base en los expedientes recabados e información de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de otras fuentes hemerográficas de prensa.
 
Dijo que se emitirá un diagnóstico sobre los procesos legales que se siguieron a los victimarios, si hubo irregularidades y dilación y por qué se determinó que fueron homicidio o feminicidio.
 
“Estamos en el proceso de recibir los primeros datos de las autoridades, por eso se decidió ampliarla para todo el estado, no solo para Torreón”, insistió.
 
Por su parte la Secretaria de la Mujer, Luz Elena Morales, manifestó que es falso que los casos de feminicidio en la entidad se estén integrando como homicidios, ya que se ha cumplido con la tipificación según las características del crimen.
 
Anunció que se elabora un diagnóstico sobre violencia de género en Coahuila en conjunto con la ONU y otras personas expertas, para dejar un antecedente a la siguiente administración.
 
"El pasado mes de febrero tuvimos una reunión con la Red de Mujeres de la Laguna,  conocieron a grandes rasgos como estaba trabajando la Procuraduría y es falso que se estén calificando solo como homicidios”, dijo.
 
Por otro lado y luego de que la Red de Mujeres de la Laguna mencionara la cifra de 48 homicidios de mujeres en esa región de Coahuila, esto desde el 2013, la Procuraduría General de Justicia en el estado (PGJE) dio a conocer que desde esa fecha se han tipificado doce casos como feminicidio.
 
La directora general de investigaciones especiales de la PGJE, Martha Rosario Rivera Hernández, explicó  que desde que se tipificó el delito de feminicidio en el mes de noviembre del 2012,  el registro de casos ha ido en incremento.
 
En 2013 se registraron dos hechos de este tipo; en 2014 fueron 10; en el año 2015 se presentaron 16 casos de feminicidio; a 2016 fueron 15 casos, mientras que en el 2017 se han registrado seis con esta tipificación.
 
17/SN







ESTADOS
VIOLENCIA
   Piden proceso transparente y riguroso
Presentan ante Inmujeres solicitud de AVG para Torreón
CIMACFoto: Sandra Segura
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/08/2017 Las integrantes de la Red de Mujeres de la Laguna presentaron el pasado 31 de julio, ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la solicitud de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para municipio de Torreón, Coahuila.
 
En entrevista con Cimacnoticias la representante de la Red, Ariadne Lamont Martínez informó que ayer sostuvieron una reunión con el director de Seguimiento del Sistema Nacional de Violencia Contra las Mujeres, Gabriel González García, en las oficinas del Inmujeres en la Ciudad de México, a quien le presentaron la petición y exigieron que el proceso se lleve de manera transparente y con rigor.  
 
Esto, explicó Lamont Martínez, porque no existen personas académicas especializadas en perspectiva de género en Torreón para integrar el Grupo de Trabajo, y temen que se cree un grupo de investigación “a modo” que minimice la situación de violencia que viven las mujeres en la entidad.  
 
De acuerdo con la defensora, el director de seguimiento del Sistema, dijo que en otros procesos no han tenido situaciones como la que expusieron las activistas, por lo que les garantizó que el equipo de investigadores será integrado por personas profesionales y les pidió que estuvieran a pendiente de los resultados.  
 
Con ello, el próximo 10 de Agosto la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) responderá si acepta la AVG para Torreón, con lo que el paso siguiente será la conformación del Grupo de Trabajo para conocer el panorama de violencia que enfrentan las mujeres en la entidad, y en un reporte dictará las acciones que debe emprender en seis meses el Gobierno de Coahuila para atenderlo, según el reglamento.
 
Ariadne Lamont señaló que en el documento de la solicitud que presentaron, se refieren tres problemas en los que el estado debe generar políticas públicas prontas: la violencia sexual, el feminicidio y la reparación del daño a las víctimas y sus familiares.
 
Datos de la Procuraduría General de Justicia local, indican que desde 2012 a la fecha, 436 mujeres han sido asesinadas en la entidad, de estos asesinatos, únicamente 56 casos se calificaron e investigaron como feminicidio.
 
Este es uno de los principales problemas en la localidad, indica Lamont Martínez, pues han documentado que ante el asesinato violento de una mujer, no se inician los protocolos de investigación de feminicidio y se tiende a revictimizar a las mujeres. 
 
Actualmente la Red de las Mujeres de la Laguna acompaña de manera solidaria seis casos de feminicidio en el municipio, y a la petición de la Alerta se sumaron organizaciones civiles como “Las libres” de Guanajuato y las Mujeres Generando Cambio.
 
17/HZM







ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Alejandra Alegría lleva 4 días en Cereso
Detienen arbitrariamente a locutora de Caborca, Sonora
Foto: tomada de video de Facebook de radio La UK 95.3, Radio Palacios
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 01/08/2017
Ni su nombre ni sus huellas digitales coinciden con las de una mujer a la que se investiga por fraude, pero la locutora de Radio, Alejandra Alegría Alvarado, está recluida en el Centro de Readaptación Social número 1 (Cereso) de Hermosillo, Sonora, desde el viernes pasado.
 
Un supuesto fraude a una casa financiera de préstamos con domicilio en esta ciudad -que tiene alrededor de 29 denuncias en su contra- es el delito por el que investigan a dos mujeres, una llamada Alejandra López, y otra llamada Flor.
 
Alejandra Alegría Alvarado salía de su trabajo en el grupo Radio Palacios, en donde se desempeña como locutora de radio, cuando la abordaron varios hombres que le preguntaron su nombre, a lo que ella respondió indicando la parte de su uniforme en donde lo tiene bordado.
 
De ellos, solo uno traía puesta una camiseta con las insignias de la Policía Estatal Investigadora (PEI), cuyo nombre actual es Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), los otros no portaban ninguna identificación como tampoco la traía el vehículo en el que se transportaban, un pick up sin ningún tipo de insignia ni leyenda.
 
Uno de los hombres le dijo que tenía que acompañarlos pues tenía “un reporte de un asunto”. Ella respondió que si se trataba de los pagos de su auto, el cual está pagando a crédito, iría a liquidarlos de inmediato, contó en entrevista con Cimacnoticias su hermano, Armando Alegría.
 
El narró que los hombres le dijeron a Alejandra que no, que se trataba de otra cosa y que tenía que acompañarlos. Su esposo quiso ir con ella, pero no se lo permitieron por lo que tuvo que seguirlos en su propio vehículo.
 
Ya en la oficina del ministerio público, en la calle 16 de la colonia Aviación de Caborca, nunca le mostraron orden de aprehensión, pero sí le informaron del supuesto fraude del que la acusaban, le mostraron unos documentos de traslado sin explicarle a dónde, por qué, de qué se trataba; tampoco le dijeron sus derechos, simplemente le colocaron esposas en los brazos, y también le sujetaron las piernas.
 
En un proceso irregular, Alejandra Alegría Alvarado pasó al estatus de detenida. Después de informarle que sería trasladada a Hermosillo, sin más la subieron a la unidad que viajó de Caborca a Hermosillo, seguida por el vehículo de sus familiares.
 
Armando Alegría explicó que al ingresar al Cereso le hicieron revisiones médicas de rutina para corroborar el estado en que llegó.
 
Pese a que cuando la pasaron para registrar sus huellas digitales las personas encargadas de hacer el procedimiento señalaron que sus huellas no correspondían con la persona que buscan, Alejandra fue privada de su libertad, ya lleva cuatro días, lo que ha ocasionado alteraciones a su salud como insomnio por hiper alerta, ataque de ansiedad por estar encerrada, pérdida de apetito y depresión.
 
Su primera audiencia se realizó el sábado 28 de julio. El juez Octavio Castrejón preguntó al ministerio público si había tomado nota de que ni las huellas digitales ni su nombre coinciden con la persona a la que están investigando.
 
A Alejandra le preguntó que si ella era la persona a la que se señalaba como investigada; ella respondió que no y que lo había acreditado con su credencial para votar, además de que nunca le mostraron orden de aprehensión.
 
El ministerio público Jesús González Moreno, aseguró tener documentos firmados por Alejandra en donde se le da a conocer la orden de aprehensión, pero ella afirmó ante el juez que nunca firmó nada puesto que no le exhibieron ningún documento.
 
Sus familiares consideran que “tal vez alguien cometió un error”, por lo que esperan su pronta liberación y expresaron su indignación por las violaciones a los Derechos Humanos de Alejandra, quien es locutora, narradora de partidos de béisbol y voluntaria en patronatos de salud.
 
Alejandra Alegría Alvarado es muy popular en Caborca, por lo que sus radioescuchas se han manifestado en redes sociales ante lo que consideran, una detención arbitraria.
 
17/SN







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Jueza habría cometido irregularidades en guarda y custodia
Investigan violaciones a Derechos Humanos en caso Vivian Huerta
Imagen retomada del Poder Judicial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/07/2017 La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México inició una investigación de oficio por las presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de la capital en contra de Vivian Carmina Huerta Álvarez y sus dos hijos menores de edad.
 
Desde hace cuatro años, en 2013, Vivian enfrenta amenazas e intimidaciones legales por una demanda de su ex pareja, Agustín Gonzáles Guerrero, quien al parecer ha usado sus influencias en el Tribunal y en la Policía Auxiliar de la capital para quedarse con la guarda y custodia de sus dos hijos, actualmente de nueve y seis años de edad.  
 
Después de que Vivian hiciera pública su denuncia y los actos del Juzgado 40 en materia familiar, a cargo de la jueza Alejandra Sánchez Cedillo, que presuntamente han favorecido a su ex pareja, el organismo defensor inició una investigación y hace un mes, el 27 de junio, la Comisión solicitó al Tribunal capitalino consultar el expediente del caso.  
 
Desde 2014 la mujer solicitó la intervención del organismo local y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta última la remitió con la Comisión local por tratarse de autoridades capitalinas. Además Vivian interpuso quejas ante las oficinas de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría General de Justicia.
 
Si bien en 2014 personal del organismo capitalino la acompañó a las audiencias, lo que provocó que dejaran de intimidarla en el juzgado, el apoyo del organismo local cesó por lo que ahora volvió a reunirse con los defensores de los Derechos Humanos a fin de que reinicien la intervención en el caso.
 
Esta vez Vivian denunció a la Comisión que ha promovido cerca de 12 juicios de amparo contra diversos actos del Juzgado 40 familiar, quien en octubre de 2016, sin valorar las pruebas, decidió quitarle la custodia de sus hijos, ordenarle que otorgara una pensión a su ex pareja e incluso mandar catear su domicilio al incumplir el mandato judicial.
 
De acuerdo con el testimonio de la madre, la jueza Sánchez Cedillo no ha sido imparcial. Como ejemplo, dijo, en un primer momento la jueza ordenó al padre dar una pensión a sus hijos pero no especificó el monto ni la temporalidad; en cambio, cuando determinó que la pensión la debía entregar Vivian, pidió que cada mes se le descontara 40 por ciento de su sueldo.
 
Otro ejemplo del actuar de la jueza ocurrió luego de que en agosto de 2016 Agustín agredió a su hija en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Tribunal para obligarla a estar con él, aunque Vivian denunció el hecho y solicitó los videos del lugar para constatar el incidente, la petición fue negada por la funcionaria.  
 
A la fecha Vivian sigue peleando la custodia de sus hijos, quienes aún viven con ella; además parte de su salario sigue retenido por concepto de pensión alimenticia para sus hijos y su ex pareja. En tanto la Comisión de Derechos Humanos revisará el expediente judicial para analizar las presuntas omisiones e irregularidades.
 
17/RED







LA VOZ DE LA COALICIÓN
SALUD
   La Voz de la Coalición
Parteras Indígenas, Tesoros Vivos de México
CIMACFoto:YunuhenRangelMedina
Por: Patricia Lorena Yllescas Hernández*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/07/2017 Recientemente desde Kinal Antzetik Distrito Federal, A. C. hemos impulsado la campaña, que da título a este artículo. La razón fundamental para impulsarla, es detener su inminente desaparición.
 
Así, promover la partería tradicional indígena y visibilizar a las parteras indígenas de México, como poseedoras de un legado cultural que salva vidas nos parece muy importante, se trate de las parteras mayas, tzeltales, tzotziles, mijes, zapotecas, ikoots, mixtecas, amuzgas, tlapanecas, nahuas, otomíes, mazahuas, purépechas, mayos y yaquis, sólo por mencionar algunos de los grupos étnicos, al cual pertenecen parteras con las que nos coordinamos a través de redes.
 
Las parteras indígenas se han ganado un lugar de autoridad en las comunidades y son, a la par de las personas curanderas, rezadoras, hueseras y médicas tradicionales, recursos comunitarios muy valiosos en la prestación de servicios de apoyo esenciales para la salud y la vida de las mujeres y recién nacidos, sobre todo en regiones y áreas marginales rurales, que no cuentan con servicios gubernamentales de salud, o son escasos, de difícil acceso geográfico, que significan altos gastos económicos.
 
Sabemos que 7 de cada 10 parteras en México son mujeres indígenas. Ellas ostentan saberes y prácticas milenarias, saberes ancestrales acumulados que han sido transmitidos, de generación en generación, por las abuelas, o de madre a hija, o de mujer a mujer, principalmente mediante un proceso oral, reconociendo también la existencia de varones parteros, no en demasía como ocurre.
 
Este proceso de enseñanza-aprendizaje bio-cultural ha ocurrido lenta, progresiva  y permanentemente, de forma cuidadosa y personalizada. Muchas veces la elección de la nueva generación de parteras pasa por procesos de designación familiar o comunitaria, o sencillamente, es un sueño el indicador del nuevo oficio.
 
Lo cierto es que la transmisión de conocimientos significa estar dispuesta y desarrollar habilidades de observación de los procesos naturales de la corporalidad femenina, de actitudes y valores culturales e implica una gran conexión y un gran despliegue de relaciones con diversos elementos de la naturaleza, como las plantas y productos de la tierra, el cerro, el río y otros recursos naturales, dependiendo de su medio ambiente más próximo.
 
Ello representa aportes no sólo en el campo de la medicina tradicional, el cuidado de la salud y la vida, sino a la preservación de saberes sobre el manejo de recursos naturales medicinales, y a la misma conservación de estos recursos, que son indispensables en la atención que brindan. 
 
Desde la partería tradicional indígena existen muchas prácticas de atención a la embarazada. Una de ellas es la manteada, que consiste en balancear, de un lado a otro a la mujer embarazada, sobre una manta para que la cabeza del feto encaje en la pelvis y así facilitar el parto. También puede ser pasar un rebozo por debajo del cuerpo de la embarazada a la altura de la cintura con el mismo fin.
 
Otra práctica muy recurrente son los baños del temazcal, un baño de vapor de origen prehispánico que se emplea durante el embarazo y el post-parto para purificar y proteger a la mujer de enfermedades, mejorar la circulación sanguínea y prepararla para el parto o bien ayudarla a recuperarse después del parto.
 
Muchos de los cuidados de la partera traen consigo fuerza, confianza,  seguridad  y bienestar físico y psicológico en los procesos de embarazo,  parto y postparto de las mujeres indígenas.  Merece una mención especial el soporte emocional que brindan durante el trabajo de parto, a través de comunicarse en la misma lengua de la parturienta, apoyar su decisión en la posición para parir, la atención domiciliar, y respetar la presencia de familiares, conforme el deseo de la parturienta, entre otros.
 
Apoya también en el sentido antes mencionado, la gran riqueza cultural de las parteras tradicionales indígenas al realizar ritos y ceremonias, alrededor de esos procesos reproductivos, que además están cargados y dotan de energía espiritual a la parturienta, la o el recién nacido y su familia, facilitando la integración familiar y también la cohesión comunitaria, que muchas veces se moviliza ante las emergencias.
 
Los aportes de las parteras al sostenimiento de la vida en las comunidades indígenas de México son invaluables, sin embargo, sus saberes y prácticas se ven ahora amenazados de desaparecer y/o enfrentan muchos obstáculos.
 
Cada vez es más frecuente conocer que las mujeres embarazadas en las comunidades indígenas de México, que a su vez son beneficiarias del Prospera Programa de Inclusión Social, son amenazadas de ser expulsadas de dicho Programa, si no asisten al chequeo y atención prenatal y parto, en las clínicas y hospitales.
 
Ahora las parteras indígenas ven reducido su trabajo a realizar ciertas prácticas, como la sobada, limpia, manteada y otras que no son ofrecidas por los servicios gubernamentales de salud. Ello, implica una drástica reducción en el número de partos atendidos por parteras indígenas, lo que atenta directamente contra el ejercicio de su labor y razón de ser.
 
También, a que estas cambien el contenido de su rol comunitario, de atender partos, a promover y orientar sobre el uso de anticonceptivos y prevención de enfermedades femeninas y otras acciones de salud sexual y reproductiva, e incluso a asistir a enfermeras de las clínicas comunitarias. 
 
Otro fenómeno que se deriva de lo anterior y se está observando hoy, es la tendencia a la medicalización de la práctica de partería tradicional en las zonas indígenas. Quizá como una respuesta ante la imposición del Modelo Médico Hegemónico, o por la presión existente a que las parteras se subordinen al sistema de salud, o bien,  para acabar con las percepciones y prejuicios que tienden a considerar a las parteras como antihigiénicas y  atrasadas. 
 
Representa un grave obstáculo para el ejercicio de la partería, que los centros del Sistema Nacional de Salud, en algunos estados sean los únicos que puedan dar el certificado de nacimiento para el registro civil, contraviniendo lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, En materia de información en salud.
 
Lo que está sucediendo constituye una violación al marco legal existente en México, ya que la partería tradicional está fundamentada en el reconocimiento de la medicina tradicional en la Constitución Mexicana en los artículos 1 y 2 y en la Ley General de Salud en el artículo 6 y 93. También constituye una violación a los derechos colectivos establecidos en la Declaración de las Nacionales Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que señala en su artículo 24-1 que los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital.
 
Sin duda que, estas violaciones a los derechos de las parteras indígenas deben ser señaladas públicamente, mientras se identifican otros mecanismos y  procedimientos formales.
 
La campaña inicial de nuestra organización, Parteras Indígenas, Tesoros vivos de México, se complementa con dos materiales próximos a ser dados a conocer: Ser Partera Indígena Es… o Nacer Con Partera Indígena Es Nacer A..,  Estas también se suman a otras campañas que están siendo difundidas: “Vamos por la Partería en Guerrero”, impulsada por las organizaciones  del Comité Promotor por una Maternidad Segura de Guerrero y también la campaña de “Parteras de Hoy”, en diversos estados de la república mexicana.
 
Consideramos importante compartir el valioso logro que tuvo la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico (Asoparupa) para que la  Partería en el Pacífico Colombiano fuese nombrada, en octubre del año pasado,  Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI).
 
Dicha organización, después de tres años de trabajo, diseñó el Plan de Salvaguardia Especial de los Saberes Asociados a la Partería Afro del Pacífico (PES). Esta declaratoria de PCI, es la forma en que se protege un oficio ancestral que practican más de mil  600 mujeres en esa región, ya que esta manifestación cultural representa un conocimiento ancestral que se mantiene activo y vigente, necesario de salvaguardar como manifestación cultural estructural de la identidad de las comunidades del Pacífico colombiano. 
 
Y en México ¿será posible parar la inminente desaparición de las parteras indígenas y consigo la Partería Tradicional Indígena? ¿Es la declaratoria de PCI una estrategia posible para preservar los modelos de Partería Tradicional Indígena Mexicanos? Sin duda, mucho por reflexionar y actuar.
 
*Maestra en Desarrollo Humano en integrante de Kinal Antzetik A.C Ciudad de México
**Kinal Antzetik es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
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INTERNACIONAL
Aborto
   Fue acusada de homicidio agravado por sufrir un parto prematuro
Evelyn: un nuevo caso de misoginia, estigma y criminalización
Creator: Colectiva Feminista/Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. All rights reserved.
Por: Morena Herrera*
Cimacnoticias | El Salvador, San Sal.- 27/07/2017 La reciente condena de Evelyn, una joven que acaba de cumplir los 19 años, pone de nuevo en evidencia que en El Salvador, las mujeres se enfrentan a graves situaciones de misoginia, y que, en determinadas circunstancias, son sometidas a procesos de estigmatización que cierran sus proyectos de vida, debido a severas condenas y criminalización.
 
Evelyn era una adolescente que estudiaba y vivía con su familia en una comunidad rural en el centro del país. Una zona con fuerte presencia de pandillas, donde el Estado no logra garantizar la seguridad de la población en general y menos la de las mujeres, sobre todo si son adolescentes y jóvenes. En este contexto las frecuentes relaciones sexuales forzadas a las que las jóvenes son sometidas, ocurren en el silencio, debido al miedo por las amenazas a muerte y la extorsión. Evelyn nunca denunció una violación, sin embargo el miedo que manifiesta al hablar de ello, permite pensar que ese fue el contexto que vivió.
 
En abril del 2016, Evelyn sufrió una complicación obstétrica: un parto precipitado, prematuro y extrahospitalario en su vivienda, con un desgarro y una fuerte hemorragia vaginal, por lo que su madre y vecinos la llevaron al Hospital Nacional de Cojutepeque, en la Cabecera del Departamento de Cuscatlán. Allí, en la misma sala de emergencia donde recibía asistencia sanitaria, fue acusada de haberse provocado un aborto y trasladada directamente a prisión, siendo acusada semanas más tarde de homicidio agravado.
 
Pese a que Evelyn ha reiterado que no sabía que estaba embarazada y que no hizo nada para provocar la muerte de su hijo, la Fiscalía General de la República y la Jueza se niegan a aceptar su versión, le han condenado, sin pruebas directas, a una pena de 30 años de cárcel.
 
En El Salvador desde hace 20 años existe una de las leyes de mayor rigor en materia de aborto en el mundo, sin excepción alguna considera el aborto como un delito, y aunque el aborto tiene penas que van de 2 a 8 años de cárcel, la estigmatización, el ambiente punitivo y de persecución que provoca, tiene otras graves consecuencias.
 
El personal sanitario en hospitales públicos se ve presionado a denunciar cualquier sospecha de aborto y a violentar su deber de secreto profesional con sus pacientes, ya que aún sin tener suficiente evidencia y una investigación previa les denuncian para no ser acusados de complicidad de delito. Esta situación ha generado que más de la mitad de mujeres acusadas de aborto y la mayoría de mujeres condenadas por homicidio agravado en sus hijos e hijas recién nacidos, hayan sido denunciadas en las salas de emergencia de hospitales del sistema público de salud.
 
Una consecuencia todavía más grave, es la pérdida de la presunción de inocencia que las mujeres enfrentan cuando se les considera sospechosas de haberse provocado un aborto, pues de inmediato son consideradas asesinas. Son criminalizadas independientemente que no existan pruebas de su actuación, se les acusa y condena de la muerte de sus criaturas. Incluso cuando los peritajes científicos explican causas de muerte indeterminada o no provocada como en el caso de Evelyn.
 
La experiencia de defensa de “Las 17 y más” (Campaña por la Libertad de Mujeres impulsada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador) ha mostrado que son numerosas las sentencias contra mujeres que reflejan el alto grado de misoginia y el estigma que provoca la penalización absoluta del aborto. El caso de Evelyn es similar al de otras mujeres que han tenido que pasar años en la cárcel hasta que los Tribunales, después de revisar sus sentencias o mediante otros recursos como el indulto, han debido reconocer que sus condenas estuvieron basadas en errores judiciales.
 
Las luchas de organizaciones sociales y estrategias de defensa jurídica a nivel nacional e internacional, han permitido que algunas mujeres recuperen su libertad, pero a pesar de que instancias como la Corte Suprema de Justicia han reconocido el error al condenarlas, ninguna institución pública se ha comprometido hasta ahora a reparar nada del daño que les han causado.
 
Evelyn al igual que otras mujeres, ha sufrido una cadena de desprotección estatal y violación a sus Derechos Humanos. No se le protegió debidamente frente a un ambiente de amenazas y violencia sexual, no tuvo información y educación integral en sexualidad pues el sistema público de educación no la incluye, acudió a un establecimiento de salud en búsqueda de atención médica y fue denunciada y encarcelada, no se le respetó el debido proceso y la presunción de inocencia, finalmente ha sido condenada, sin pruebas directas, que demuestren el dolo o su intención de matar.
 
Lo paradójico es que El Salvador ahora se presenta en foros internacionales como un Estado que respeta los derechos de las mujeres dando a conocer la Ley Especial, Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Pero la vida cotidiana que enfrenta la mayoría de mujeres, especialmente si son jóvenes y viven en situación de pobreza, es aún muy lejana de los propósitos que se plantea esta moderna legislación.
 
Múltiples factores de marginación y discriminación marcan las distancias entre ese país seguro del que habla la ley, con las realidades concretas que enfrentan las mujeres. Uno de estos obstáculos, es la persistencia de estereotipos sexistas en el razonamiento jurídico y la argumentación de sentencias judiciales basadas en indicios que condenan a las mujeres por crímenes que no cometieron.
 
Por otro lado, desde hace unos años, El Salvador también aprobó la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia (Lepina), y las instituciones reiteran su especial preocupación por la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Evelyn cuando empezó a vivir esta cadena de violaciones aún era una adolescente, pero su vida y su integridad no han sido protegidas, pese al reconocimiento de la “obligación del Estado, a brindar la seguridad y certeza jurídica que toda niña, niño y adolescente necesita para su pleno desarrollo”.
 
Evelyn tiene ahora 19 años y enfrenta desde el 5 de julio una condena de 30 años de cárcel, pero su situación no se considera violencia estatal, pese a que el Estado de El Salvador reconoce como “Violencia Institucional: Es toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres; así como, la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en esta ley”.
 
La injusta condena de Evelyn ha impactado a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional que de nuevo señala a El Salvador como un país que no respeta plenamente los derechos de las mujeres. Por ello, Evelyn es un nombre que ahora va unido a la indignación, a la lucha por la justicia y la libertad para las mujeres.
 
* Este artículo fue retomado del boletín de la Fundación Heinrich Böll Stiftung
 
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ESTADOS
   Se incluirá en el Código Electoral
Veracruz sancionará la violencia política en razón de género
Imagen retomada del twitter del Congreso de Veracruz
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AVCNoticias | Ciudad de México.- 26/07/2017 En el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Veracruz, las mujeres contarán con mayores herramientas que hagan valer sus derechos político- electorales, como las sanciones impuestas en el Código Electoral por la violencia política en razón de género, indicó la diputada y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Teresita Zuccolotto.
 
Con 45 votos a favor el congreso del estado aprobó incluir en el Código Electoral una fracción sobre violencia política en razón de género que permitirá sanciones administrativas en contra de quien la ejerza.
 
Durante su participación en tribuna, la Presidenta de la Comisión para la Igualdad, detalló que la aprobación de la iniciativa presentada en la sesión ordinaria del 2 de mayo, coloca a Veracruz a la vanguardia en el respeto de los derechos de las mujeres en el servicio público.
 
“Hoy avanzamos con infracciones y sanciones a aspirantes, precandidatos, candidatas y autoridades, pronto seremos testigos de la aprobación de este tipo de violencia en el Congreso de la Unión y entonces también los partidos políticos tendrán responsabilidad de este tipo de violencia; además será incorporada como delito electoral desde la Ley General de delitos electorales”.
 
La reforma implica infracciones hacia los aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, o autoridades y servidores públicos que a través de la violencia busquen inhibir, impedir o entorpecer el trabajo electoral, político o que como servidoras públicas realicen las mujeres.
 
De igual forma se agregan supuestos a la violencia política de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como el de impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos.
 
Teresita Zuccolotto recordó que antes de la reforma, las mujeres violentadas en sus derechos políticos o electorales, acudían a un Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales, y ahora las sanciones serán claras y aplicadas por el Órgano Público Local Electoral (OPLE).
 
El OPLE será incorporado al Sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres de la Ley en la materia, y se le señalan atribuciones específicas para prevenir y atender este tipo de violencia.
 
La legisladora celebró que los legisladores locales apoyaran la reforma solicitada para continuar avanzando en el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y para alcanzar la paridad de género en las próximas elecciones.
 
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