ESTADOS
Aborto
   Piden respetar laicidad del Estado
AVG en Veracruz se cumplirá hasta despenalizar el aborto
Imagen retomada del portal AVCNoticias | Yerania Rolón
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/08/2017 Para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas el congreso local debe aprobar la reforma a la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, y respetar la separación que debe existir entre la Iglesia Católica y el Estado ante los esfuerzos de grupos conservadores que buscan frenar la propuesta, denunciaron organizaciones civiles. 
 
A pesar de las acciones realizadas hasta ahora por el gobierno de Veracruz para atender la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado” (leyes que transgreden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres) las organizaciones peticionaras Equifonía y el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, pidieron en un comunicado que se cumpla con la última recomendación del Grupo de Trabajo: la despenalización del aborto.
 
El pasado 27 de julio la diputada local de Morena, Tanya Carola Viveros y 13 diputados adscritos, presentaron la propuesta de reforma de los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y suprimir los 90 días que tienen las mujeres para interrumpir un embarazo producto de una violación.
 
Se prevé que la iniciativa sea discutida en un periodo extraordinario de sesiones en septiembre, cuando se terminan los seis meses del gobierno de Miguel Ángel Yunes para presentar su reporte de cumplimiento al Grupo de Trabajo que atiende la AVG.
 
Por ello, las agrupaciones pidieron que se respete el principio de laicidad del Estado, ante “la intromisión por parte de grupos conservadores” para frenar la propuesta, mismos que impulsaron en colaboración con el ex gobernador Javier Duarte, la modificación al Artículo 4 de la constitución local, que desde agosto de 2016 “protege la vida desde el momento de la concepción”.
 
Cabe mencionar que otras ocasiones, a pesar de que el reglamento de la AVG no establece dar mayor tiempo a los estados para cumplir con las recomendaciones, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha dado prórrogas de seis meses argumentando que se observan avances significativos por parte de las autoridades.
 
Por ello las agrupaciones insistieron que “es impostergable el cumplimiento de todas las recomendaciones, incluida la reforma al Código Penal, de otro modo exigiremos que se decrete la segunda alerta”, demandaron en el comunicado.
 
En caso de que el grupo de expertos determine que las acciones no fueron suficientes, la Segob podría decretar la segunda alerta en la entidad, pues está vigente desde noviembre de 2016 en 11 municipios de Veracruz la AVG por violencia feminicida.
 
AVANCES EN CUATRO MESES
 
Hace cuatro meses el estado de Veracruz aceptó las propuestas contenidas en el informe del Grupo de trabajo, con ello Equifonía y el Comité Promotor han hecho un seguimiento puntal de las acciones gubernamentales entre las que destacan la realización de campañas por parte de la Fiscalía General del estado sobre la difusión de la interrupción legal del embarazo en las causales que establece la ley, y la realización de una base de datos para conocer cuántas mujeres están en prisión por interrumpir su embarazo.
 
Hasta ahora sólo se ha conseguido liberar a una mujer indígena que por interrumpir un embarazo estuvo 11 años en prisión. Sin embargo desde 2015 al 30 de abril de 2016, la Fiscalía conformó siete carpetas de investigación por el delito de aborto y recibió 15 denuncias por la misma razón, informaron las agrupaciones peticionarias.
 
En cuanto a la Secretaría de Salud estatal, las organizaciones señalaron que se avanzó en el diseño de una primera capacitación al personal médico para la implementación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación y campañas de difusión de la norma dirigidas a la sociedad civil.
 
Sin embargo consideraron que no se cuenta con un presupuesto suficiente para la implantación y sostenimiento a largo de plazo de la medidas derivadas de la Alerta, por lo que exigieron al gobierno que destine mayor recurso público y lo aplique de forma transparente.
 
Por último las organizaciones civiles recordaron que la solicitud por AVG por agravio comparado se trata de un asunto de “justicia social” y de proteger la salud y vida de las mujeres.
 
Esta petición de la alerta por agravio comparado es la primera que se hace en el país y se presentó en abril de 2016 por tres agravios: la inadecuada prestación de servicios de salud y negativa por aplicar la NOM-046; la tipificación del aborto que en el Código Penal se castiga con un “tratamiento educativo y de salud”; y “la protección de la vida desde el momento de la concepción”.
 
17/HZM







ESTADOS
Aborto
   Responde a acciones de AVG por agravio comparado
Piden aprobar reforma para despenalizar aborto en Veracruz
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/07/2017 La directora de la organización civil Equifonía, Araceli González Saavedra, hizo un llamado a las y los integrantes del Congreso de Veracruz para que aprueben las reformas a los Artículos 149 al 154 del Código Penal local, que buscan dejar de criminalizar a las mujeres que acceden a un aborto.
 
La reforma al Código Penal de Veracruz fue presentada el 27 de julio en el congreso estatal por la diputada de Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, y responde a las acciones que debe cumplir en seis meses el Gobierno estatal por la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado”, es decir, porque hay leyes que obstaculizan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
La propuesta pide reformar los artículos 149, 150 y 154, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y derogar el plazo de 90 días que tienen las mujeres para acceder a una interrupción legal del embarazo en caso de violación; además de permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres.
 
González Saavedra dijo entrevista telefónica con Cimacnoticias que la iniciativa será discutida y votada en un periodo extraordinario del Congreso, por lo que se podrá tener una respuesta en las próximas semanas, en caso de no aprobarse, como organización peticionaria de la Alerta pedirán a la Secretaría de Gobernación (Segob) que decrete el mecanismo por incumplimiento a las recomendaciones.
 
Al llamado también se unieron en un comunicado de prensa las académicas del Grupo de Trabajo, quienes exhortaron “a todas las autoridades para que en el ejercicio de sus competencias acepten la reforma al Código Penal sobre la interrupción del embarazo”.
 
Cabe recordar que el 23 de agosto de 2016 entró en vigor en Veracruz la reforma al Artículo 4 de la Constitución local que “protege la vida desde el momento de la concepción”, una propuesta impulsada por el ex gobernador, Javier Duarte y jerarcas de la Iglesia Católica.
 
RAZONES
 
En esta nueva iniciativa de ley se argumenta que la restricción de la interrupción del embarazo en Veracruz causó la muerte de 22 mujeres por un aborto inseguro en 2014; y desde 2007, año en que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México hasta la fecha, 389 veracruzanas se han trasladado a la capital para acceder a un aborto seguro.
 
Las cifras sobre embarazos en adolescentes en la entidad también son alarmantes, la propuesta indica que de 2009 a 2013, se tiene el registro de 53 mil 630 nacimientos en los que la madre era menor de 18 años, un promedio de cerca 11 mil casos por año.
 
Del total de nacimientos registrados en esos cinco años en Veracruz, 11 mil 906 correspondieron a niñas menores de 15 años de edad, lo que genera la probabilidad de que estos embarazos estén relacionados a eventos de violencia sexual, señala el documento.
 
En caso de ser aprobada la reforma, las diputadas impulsoras aseveran que “Veracruz sería la segunda entidad federativa (con la capital del país) en contar con la una legislación acorde con el artículo primero constitucional en materia de Derechos Humanos, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema en la capital y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer hechas en 2012 al Estado mexicano”.
 
Además de obedecer a una de las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo en su informe, de las cuales tiene que rendir cuentas el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, como fecha límite el próximo mes de septiembre.
 
COMPROMISO DEL GOBIERNO DE YUNES
 
El informe del Grupo de Trabajo encargado de atender la alerta por agravio comparado en Veracruz fue emitido en noviembre de 2016, y hasta marzo de 2017 fue aceptado por el gobierno local, con lo que inició el periodo de seis meses para cumplir con las propuestas.
 
Esta petición fue hecha en abril de 2016 por la agrupación Equifonía por tres agravios que obstaculizan el acceso a las mujeres de sus derechos sexuales y reproductivos: la inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 sobre el acceso al aborto en caso de violación sexual; la tipificación del aborto que castiga el delito con tratamiento educativo y de salud; y la protección de la vida desde el momento de la concepción. 
 
Esta es la primera solicitud de la AVG por “agravio comparado” en el país, y la segunda que suma Veracruz, pues el 23 de noviembre de 2016 la Segob decretó el mecanismo en 11 municipios de la entidad por violencia feminicida.
 
GRUPO DE TRABAJO VIGILA ACCIONES
 
De acuerdo con el comunicado de las académicas del Grupo de Trabajo, Rosa Hilda Rojas, María Lilia Viveros, Mayela García Ramírez y Rebeca Antonia Ramos, el próximo 15 de agosto tendrán una reunión de seguimiento con el gobierno de Yunes Linares para conocer la ejecución de las recomendaciones del informe.
 
Las agrupaciones civiles e instancias internacionales también están al pendiente sobre el proceso, en abril se creó el Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en conjunto con el titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien acordó con las 10 organizaciones feministas vigilar el cumplimiento de las recomendaciones sobre la AVG.
 
17/HZM







QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   QUINTO PODER
La tortura y los derechos sexuales
Cimacfoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam.- 28/07/2017 Desde un enfoque feminista, la violación de los derechos sexuales bajo un contexto de violencia institucional, criminalización y actos encaminados a obtener una autoincriminación de las mujeres en supuestos delitos relacionados con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, constituyen una forma de tortura sexual.
 
Sobran ejemplos que prueban la íntima relación de las construcciones y patrones socioculturales de un sistema patriarcal inserto en quienes ejercen esta forma de violencia de género.
 
Por un lado, la tortura sexual no solo carece de un “tipo penal” en el marco normativo, razón que ha llevado a foros, diálogos y reuniones de diversos grupos y Seminarios, además en medio de la tragedia de las graves violaciones a los Derechos Humanos, este tipo de violación pasa prácticamente inadvertida y no es un enfoque muy explorado.
 
La sociedad regida por normas y estructuras determinadas por el sistema patriarcal impuso una carga adicional a la sexualidad femenina, “no solo debe y tiene que estar ligada a la reproducción”, es una extensión del bien del “padre de familia” y de sus “propiedades”, sino que es potestad pública en cuanto al derecho a la maternidad, pero es del ámbito íntimo –y ahí se queda sola, la cosa denominada mujer- en cuanto a la responsabilidad del Estado en la violencia sexual.
 
(La violación en el constructo social forma parte de la forma de hacer propia, es decir “apropiarse del cuerpo” y estos resabios están evidentes en la figura del “estupro” y el “ejercicio indebido de un derecho” como se consideraba la violación entre cónyuges).
 
Visto así, el cuerpo de la mujer no le pertenece a ella, sino es del sistema patriarcal y este es el que decide en ella, por eso las lesbianas son consideradas las mayores transgresoras del sistema patriarcal pues son “feminidades transgresoras al no disponer su cuerpo al mercado de consumo de los hombres de esa sociedad”, entonces no debe sorprendernos que en las detenciones arbitrarias o en procesos en los que son imputadas la saña de la violencia tiene connotaciones sexuales para el sometimiento.
 
No solo se trata de vulnerar, ridiculizar, humillar y quebrantar la identidad sino que cuando la detenida se encuentra frente a su compañera –como se ha documentado en casos de tortura contra mujeres lesbianas-, la violencia se agudiza contra aquella que violenta los “sagrados elementos constitutivos de la (frágil) masculinidad”, es decir la tortura sexual se comete contra la persona que tiene identidad genérica asumida como “hombre” de genitalidad asociada a la construcción social “mujer” o que a juicio de sus agresores es la “machorra”.
 
El tema de la tortura sexual contra las lesbianas imputadas en procesos no se agota ahí, es mucho más amplio pero esta razón de género que se origina en el ejercicio de una sexualidad transgresora está claramente ligada a los derechos sexuales de las mujeres, que son tan cuestionados y no aceptados bajo perspectivas machistas y misóginas.
 
Solo desde entender la violencia estructural por patrones socioculturales que se basan en la creencia de la superioridad masculina por un lado, pero también en la sujeción de un “deber ser” de las mujeres es que se criminaliza a aquellas que ejercen su sexualidad y se embarazan, y que no solo quebrantan el mandato de la “virginidad”, sino de la probidad y la feminidad ideal, con artículos en los códigos penales de todo el país en los que se penaliza el aborto.
 
Ahí está, escrito con toda la validación patriarcal de la norma, las formas del aborto como delito con agravantes como: “que la mujer fuera de dudosa reputación o mala fama”, o “que el producto fuera de una relación sin matrimonio (¿?) o cuando se le exija que pruebe mediante inspección ginecológica o con denuncia ante ministerio público que efectivamente es víctima de una violación.
 
Para una mujer denunciada ante el ministerio público por un trabajador social, médica, enfermero, o cualquier servidor público, no cabe la posibilidad de que sea vista como víctima -aun cuando de paciente pase a imputada- que obre o medie el principio de la buena fe, y al contrario recibe todo el rigor de los representantes del Estado que ejercen su autoridad para castigar una afrenta al mandato supremo de las mujeres de ser “buenas madres”.
 
Entonces tenemos casos de mujeres conducidas a procesos, autoincriminadas luego de interrogatorios feroces de “agentes del Estado”, con el claro y objetivo propósito de causarles un sufrimiento y obtener su confesión, y por supuesto la cual será difundida en medios a través de boletines, conferencias de prensa y “filtración de información” con lo que el castigo se hace ejemplar y público, y que reúne así todos los elementos de la tortura en relación con los derechos sexuales de las mujeres.
 
Entender la reticencia a aceptar y respetar los derechos sexuales de las mujeres, nos permite observar la comisión de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres que también constituyen delitos como la tortura sexual por estar imbricada en la forma y la razón de la violencia, y que sin esta perspectiva no resulta claro para su comprensión pero también para visibilizar.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Acceso a justicia para mujeres obstaculizado por prejuicios y estereotipos
Nuevo Sistema de Justicia penal, mismas prácticas sexistas y discriminatorias
Imagen retomada de cafeprensa.blogspot.com
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/07/2017 El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio representa una oportunidad para el acceso a la justicia y respeto de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, sin embargo, a más de dos años de operar, no hay infraestructura  y el personal encargado de la impartición de justicia, actúa de manera deficiente, afirmaron personas expertas en material legal.
 
Tras la reforma constitucional en junio de 2008 la entrada del nuevo sistema penal  implicó cambios normativos como la restricción de la prisión preventiva obligatoria únicamente para los delitos de violación, trata de personas, delincuencia organizada, homicidio doloso, delitos cometidos con armas y explosivos, atentados a la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y a la salud.
 
La reforma obligó a jueces y ministerios públicos a evaluar si las víctimas del resto de los delitos, en especial cuando se trata de violencia contra las mujeres, están en situaciones de riesgo ante sus agresores; por lo que deben de determinar si es necesario aplicar la medida de prisión preventiva durante el proceso judicial hasta que se dicte sentencia.
 
Entre los delitos antes denominados graves cometidos contra las mujeres donde deberá identificarse si es necesaria la prisión preventiva, se encuentran: acoso, abuso sexual, violencia familiar, y aborto, cabe recordar que el que se haga esta revisión no significa que el delito tenga una pena menor.
 
Las reformas se hicieron con los objetivos de garantizar la protección a los derechos de las víctimas y los acusados, evitar la burocracia en los procesos,  lograr la reparación del daño, así como evitar seguir con la saturación de los centros penitenciarios, “antes se podía pasar años ahí sin tener sentencia”, explicó en entrevista con Cimacnoticias el abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C, David Peña Rodríguez. 
 
Para el abogado esta situación representa una oportunidad para el acceso a la justicia de las mujeres, pues “la violencia de género es considerada en este nuevo sistema un atentado contra los Derechos Humanos” (DH) por lo que desde esa perspectiva debe interpretarse y evaluarse cada delito cometido contra las mujeres y las medidas que las protegerán.
 
“Abre el margen de la interpretación y de protección, permite un espectro de protección y cobertura de los derechos para las mujeres que se tendría que aprovechar y explotar en los próximos años”, indicó.
 
VIOLENCIA FAMILIAR Y ABORTO
 
La violencia familiar es uno los delitos que necesita del estudio eficiente del personal ministerial, indicó la directora de Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros. La abogada explicó que el personal ministerial está obligado a analizar el contexto desde una perspectiva de género: tomar en cuenta antecedentes de violencia, ubicación del domicilio y encontrar situaciones de riesgo.
 
De ser necesario la víctima puede solicitar como medida cautelar la prisión preventiva del acusado o los ministerios públicos lo pueden determinar con base en los elementos de prueba que acumulen, todo “con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres y sus familias”, explicó Sara Mendiola.
 
El abogado Peña Rodríguez, agregó que estas nuevas adecuaciones del sistema, en el caso de las mujeres acusadas de interrumpir un embarazo pueden enfrentar un proceso en libertad ya que deberá revisarse si es necesaria la prisión preventiva, aunque la pena por el delito sigue siendo la misma.
 
A decir del abogado el personal ministerial no está capacitado para realizar las evaluaciones de riesgo”, aunque las versiones oficiales hablan de una la profesionalización y especialización del personal en materia de seguridad pública.
 
FALTA DE INFRAESTRUCTURA
 
Otro elemento, es que a pesar de que ya se debería de contar a nivel nacional con la infraestructura para el funcionamiento del sistema, no se tienen los recursos mínimos para emitir y supervisar las medidas de seguridad para las víctimas.
 
“No existen aún pulseras de monitoreo para los acusados, o capacidad de vigilar las órdenes de restricción cuando se les otorga libertad condicional, y muchos de estos avisos restrictivos se dan en los casos de violencia familiar”, dijo Peña Rodríguez, quien ha litigado casos en el Sistema Interamericano de DH como “Campo Algodonero”.
 
Y da ejemplos, apenas el pasado 19 de julio, el gobierno federal creó la primera Unidad de Medidas Cautelares, área encargada de evaluar si las personas acusadas deben ser o no recluidas como medida preventiva de acuerdo a su “nivel de peligrosidad”.
 
LASTRE, PRÁCTICAS SEXISTAS
 
Ambos abogados coinciden que el funcionamiento del sistema depende de la eficacia de sus funcionarios, quienes, dijeron, actúan con las mismas prácticas sexistas y discriminatorias en las investigaciones y los juicios orales -una característica del nuevo sistema-.
 
El acceso a la  justicia para las mujeres,  asegura el abogado Peña, "lo obstaculizan los estereotipos de género y prejuicios.”, En ello concuerda, la directora de Propuesta Cívica, “el sistema no funciona por la deficiente actuación de los funcionarios”, mencionó.
 
Si se mantienen estas costumbres, concluyen los expertos, difícilmente se podrán emitir las medidas de seguridad necesarias para proteger su derecho a una vida libre de violencia.
 
17/HZM/MMAE







INTERNACIONAL
Aborto
   En 14 años, 147 mujeres han sido procesadas
Estado salvadoreño continúa encarcelando a mujeres por aborto
Dos mujeres prenden velas ante el monumento a la Constitución, en la capital de El Salvador, durante una manifestación de protesta la noche del 10 julio, contra la condena a 30 años de cárcel de la joven Evelyn Hernández, acusada de haberse practicado un aborto. Crédito: Edgardo Ayala/IPS
Por: Edgardo Ayala*
Cimacnoticias | San Salvador, El Sal .- 17/07/2017 La condena a 30 años de cárcel impuesta a Evelyn Hernández por un caso de aborto, producto de una violación, deja de nuevo al descubierto la persecución que sufren muchas mujeres en El Salvador, por parte de un Estado que en lugar de brindarles asistencia médica, las criminaliza, dijeron activistas a IPS.
 
“Lo que pasó con Evelyn es como muchísimos otros casos, y que solo demuestra la deuda que este sistema tiene en salud, educación y acceso a justicia, para y con las mujeres”, dijo a IPS la activista Irma Estrada, durante una concentración la noche del 10 de julio, convocada por colectivos feministas para apoyar a Hernández, al pie del monumento a la Constitución en San Salvador.
 
“Siento vergüenza, en pleno siglo XXI esto no debería estar pasando, esto tiene un trasfondo más nefasto, se trata de un estado sexista, machista, misógino, que lo demuestra con este tipo de acciones en contra de las mujeres”, agregó la activista, luego de corear consignas que hacían alusión a cómo la legislación en temas de aborto se ha visto influenciada por radicalismos religiosos de variados credos.
 
“Tu doctrina, sácala de mi vagina”, gritaban las mujeres congregadas.
 
El caso de Hernández ha puesto de nuevo a este país centroamericano, de 6.3 millones de habitantes, en la mira de organizaciones feministas y de Derechos Humanos que mantienen desde hace varios años una lucha por modificar la legislación que penaliza la interrupción del embarazo en todas sus formas.
 
El Salvador está entre los ocho Estados del mundo que prohíben el aborto, incluso en los casos de violación, cuando está en riesgo la vida de la madre o hay malformación fetal, desde que en 1998 la Asamblea Legislativa modificó el Código Penal para castigar con cárcel a las mujeres por la interrupción del embarazo.
 
Los otros son El Vaticano, Haití, Honduras, Malta, Nicaragua, República Dominicana y Suriname, pero ninguno  es tan draconiano como El Salvador en la aplicación de la ley contra el derecho a decidir de las mujeres, incluso cuando existen claros indicios de que el aborto fue espontáneo.
 
La reforma de hace 19 años eliminó esas tres causales que existían en la legislación para que la interrupción voluntaria del embarazo no fuera penalizada.
 
“Hay un retroceso, en 1998 se podía tener un aborto si la vida de la gestante estaba en riesgo, vamos para atrás”, añadió la activista.
 
Además, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron en 1999 la propia Constitución salvadoreña para establecer que una persona es reconocida como tal desde el mismo momento de la concepción, un objetivo anhelado por grupos religiosos y organizaciones antiaborto.
 
“En El Salvador sí hay línea muy conservadora (en el tema de aborto), incluso dentro de los partidos, aún hay diputados cuya propuesta es aumentar las penas e imponer pena de muerte”, sostuvo la integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, Sara García.
 
Esa situación no ha variado pese a que desde 2009 gobierna el país un partido de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque algunas de sus diputadas sí han planteado flexibilizar la penalización absoluta del aborto.
 
El 5 de este mes, Hernández, una joven de 19 años, fue condenada a 30 años de prisión por homicidio, figura  usada por los fiscales para inculpar a mujeres acusadas de aborto, y que luego cambian el delito a homicidio agravado, bajo la acusación de haber asesinado premeditadamente al feto.
 
Las penas por interrumpir el embarazo no sobrepasan los ocho años de cárcel, pero al culparlas del delito de homicidio agravado se ha sentenciado a mujeres hasta a 40 años.
 
“Estamos hablando de un sistema que criminaliza a las mujeres y no a cualquier mujer, sino a mujeres pobres, jóvenes, con poco acceso a educación o a servicios de salud”, aseguró a IPS la coordinadora de proyectos del Movimiento de Mujeres Jóvenes Feministas Ameyalli, Marcela López.
 
Como ha sucedido ya a muchas otras mujeres, Hernández sufrió un aborto espontaneo en su vivienda, en el municipio rural de El Carmen, en el central departamento de Cuscatlán, y fue llevada al hospital de Cojutepeque, su capital.
 
Pero allí el personal médico la denunció por sospechas de haberse inducido un aborto, un patrón que se ha repetido en casos similares en el pasado, pues los médicos y enfermeras tienen temor de que sean acusados de encubrimiento por la Fiscalía General de la República.
 
La joven había sido violada por un pandillero pero ese hecho no quedó registrado en el proceso legal porque ella teme represalias de esos grupos criminales, llamados “maras”.
 
Una actualización hecha en 2014 del informe titulado Del Hospital a la Cárcel, elaborado por Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, revela que entre el 2000 y 2014 un total de 147 mujeres fueron procesadas por el sistema judicial salvadoreño por ese tipo de casos. De ese total fueron condenadas 41 por ciento.
 
El reporte agrega que la investigación no pudo identificar otros posibles impactos, como por ejemplo las muertes de mujeres por embarazos de alto riesgo, tales como ectópicos, cardiopatías graves, cáncer, lupus, que pudieron ser evitadas con una interrupción oportuna del embarazo.
 
Las mujeres procesadas por el sistema, agrega el documento, tienen un nivel de escolaridad muy bajo: 45 por ciento son analfabetas o tienen como máximo educación primaria, y solo 29 por ciento posee estudios a nivel de bachillerato, técnico o universitario.
 
De allí que las organizaciones de Derechos Humanos y grupos feministas resalten el hecho de que la persecución del Estado en el caso de abortos se da fundamentalmente contra mujeres pobres y con poca educación.
 
El equipo de abogados que trabaja en el caso de Hernández, con el apoyo de la Agrupación Ciudadana, anunció el jueves 13 que apelarán el fallo de la jueza de Cojutepeque,  Nury Velásquez, que condenó a la joven, luego de que reciban, el 19 de julio, la resolución escrita.
 
La apelación hará hincapié en la figura legal de duda razonable, dada la cantidad de evidencia aportada por la defensa que desvirtuaría la posición de los acusadores, ya que los reportes forenses no establecen la causa de la “neumonía aspirativa” que produjo la muerte del feto.
 
Además, en el proceso quedó establecido, con reportes técnicos, que la joven condenada sufría de un embarazo asintomático y estaba menstruando, lo que confirmaría la posición de los abogados defensores de que ella no sabía que estaba embarazada.
 
En tanto, otra  mujer que sufrió el extremo rigor del sistema jurídico, María Teresa Rivera, contó a IPS que salir de El Salvador significó para el ella el fin del temor a ser perseguida por leyes injustas.
 
“Aquí me siento feliz, libre, sin persecución ni discriminación, estoy lejos de El Salvador”, dijo en un contacto telefónico desde Suecia, nación que en marzo pasado le otorgó asilo político.
 
“Me lo dieron bajo la figura de persecución jurídica”, agregó, desde la ciudad de Horndal, donde reside con su hijo de 12 años desde hace ocho meses.
 
El 24 de noviembre del 2011, cuando tenía 28 años, Rivera sufrió un aborto espontáneo, y, de nuevo, fue denunciada por el personal médico y condenada a 40 años de cárcel.
 
Tras cuatro años y medio de encierro, su caso fue revisado y finalmente fue encontrada inocente y puesta en libertad, en mayo del 2016. Pero dos semanas después los fiscales interpusieron una apelación.
 
“Yo me decía: en cualquier momento me van a llevar de nuevo a la cárcel”, narró. Y con el apoyo de organizaciones y amigos, logró huir del país.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
17/EA







INTERNACIONAL
FEMINISMO
   Temas pendientes: aborto, violencia sexual, embarazo infantil
Venezuela: lucha feminista logró agenda clara y leyes avanzadas
Imagen retomada del portal de AmecoPress.
Por: Gloria López
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 28/06/2017 Luz Patricia Mejía Guerrero es feminista, jurista y ha ocupado diversos cargos institucionales en Venezuela y en la región latinoamericana. Ayer estuvo en La Casa Encendida, invitada por la Asociación de Mujeres de Guatemala, para visibilizar los avances y retrocesos en materia de Derechos Humanos de las mujeres y las niñas en el contexto venezolano. Ponderar las contradicciones existentes y abordar miradas de futuro es un enorme desafío, tal y como ha dejado claro en una entrevista con AmecoPress.
 
Venezuela tiene una de las legislaciones más avanzadas de Latinoamérica en materia de protección y erradicación de las  violencias basadas en el género y el sistema de administración de justicia con mayor especialización de la región. ¿Cuándo surgieron esos avances? ¿Cómo funciona ahora el sistema, en el contexto de conflictividad que vive el país?
 
Luz Patricia Mejía Guerrero (LPMG): El movimiento feminista en Venezuela ha sido siempre muy combativo, con muchas perspectivas ideológicas, pero con agendas comunes muy claras. Y eso ha hecho que, si bien la polarización de la política venezolana haga mucho más difícil el encuentro, los grandes tópicos de las luchas feministas están en la agenda común, en ambas miradas.
 
Ha sido un proceso. En el 2008 se aprobó la Ley del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y el establecimiento de un sistema de administración de justicia que debe responder a esta ley y que incorpora la perspectiva de género como un eje transversal del acceso a la justicia en general y en particular una legislación específica para los casos de violencia machista.
 
Así, Venezuela logra una ley que reconoce diversos tipos de violencia y además, junto a Guatemala, el desarrollo de esta jurisdicción especial. Después se entendió la necesidad de contar con un Ministerio Público especializado, con fiscales y fiscalas convencidas de aplicar estas normas, porque hubo muchas resistencias.
 
Gloria López: Sabemos que 60 mil mujeres han solicitado medidas de protección especial y que se han concedido en un 50 por ciento de los casos. Pero hay un gran vacío estadístico que impide saber con certeza la situación que viven las mujeres y la violencia a la que se enfrentan.  Aun contando con esas infraestructuras judiciales para la protección de los derechos de las mujeres y de las niñas, ¿son estos derechos invisibilizados en el marco del conflicto político venezolano?
 
LPMG: En todos los conflictos sociales, políticos y económicos las capas más afectadas son las más vulnerables, donde, por supuesto, entran las mujeres. Y dentro de la diversidad de las mujeres, hay situaciones de mayor complejidad. Por ejemplo, las mujeres que están migrando, con más posibilidades de ser captadas por las redes de trata.
 
También el cuestionamiento de las instituciones que tienen jurisprudencia sobre estos temas, hace que el desafío de denunciar, por ejemplo, tome proporciones enormes. Hablamos de una sociedad profundamente patriarcal, en la que no es fácil reconocer y denunciar la violencia por parte de una mujer. Si además, lo que se está diciendo es que la justicia no funciona, que los tribunales no sirven para nada, la dificultad es mayor.
 
(GL): La situación de violencia, de pobreza. ¿Ha hecho crecer la trata y la explotación de las mujeres?
 
LPMG: Sí, a mayor violencia, mayor violencia contra las mujeres, a mayor pobreza, mayor feminización de la pobreza
 
EL ABORTO
 
GL: Usted ha impulsado de cerca campañas por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha sostenido que “la penalización del aborto es un problema del que no se habla y que criminaliza la pobreza de las mujeres”. ¿Se ha avanzado en la región? ¿Cómo explica que haya mujeres encarceladas en algunos países por el hecho de haber abortado, incluso de un modo natural?
 
LPMG: La situación del aborto en Venezuela y en el resto de la región sigue siendo un desafío en cuanto a los derechos de las mujeres y sobre todo, en cuanto al derecho a la vida de las mujeres y hay una marcada diferencia según el estrato socioeconómico.
 
Uruguay ha logrado reducir prácticamente a cero la mortalidad materna, mientras otros países con desarrollo medio mantienen tasas de mortalidad maternas muy altas.
 
Si a las condiciones de pobreza le sumas las normas legales que obstaculizan el aborto, y las normas sociales que, aun habiendo normas legales que lo permitan, también obstaculizan el aborto, estamos en una sociedad discriminatoria respecto a algo que solo afecta a las mujeres.
 
En la región Americana, en todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y de salud reproductiva, hay unos abismos donde muchas veces ideologías de izquierda y derecha comulgan a la hora de limitar y obstaculizar los derechos de las mujeres.
 
AGENDA COMÚN
 
GL: También desde el punto de vista internacional, la solidaridad se reduce porque queda subordinada a la conflictividad social y política de un Estado en crisis. Hay tanta violencia generalizada, que quedan invisibilizadas violencias específicas hacia las mujeres. La visión de “bandos” que se ha impuesto como análisis fácil de una realidad compleja, ¿perjudica de manera especial a las mujeres? ¿Qué propuestas ha venido a defender y a difundir?
 
LPMG: Creo que en primer lugar es necesario visibilizar cuestiones que no se saben. Invisibilizar los logros del movimiento feminista venezolano es negar una militancia feminista que ha sido muy fuerte de los últimos 40 años.
 
Visibilizar lo que existe ahorita en términos positivos es urgente. Reconocer la legislación, jurisdicción y decisiones jurídicas que se han tomado en Venezuela y que son muy avanzadas, son importantes.
 
Pero también reconocer que, a pesar de ello, existe una brecha amplia que sufren las mujeres y niñas y que el desprestigio enorme de las instituciones hace que las mujeres no acudan a ellas. Es decir, el reconocimiento de estos esfuerzos, pero también el reconocimiento de que no han tenido el impacto deseado en las mujeres que lo necesitan.
 
Necesitamos también seguir visibilizando una agenda común. A pesar de la polarización, ninguna mujer, en ninguno de los dos bandos, que yo creo que son más, va a olvidar que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Venezuela siguen siendo un desafío, que el tema de la participación política de las mujeres sigue siendo un desafío, y la necesidad de fortalecer el sistema de justicia para la protección de los derechos de las mujeres.
 
GL: Además de estos tres elementos. ¿Qué aspectos incluiría en esa agenda común?
 
LPMG: Pienso que la situación con el aborto es fundamental. Y otro tema es la violencia sexual y el embarazo infantil. Venezuela es uno de los países con más índice de embarazo infantil de la región. Está prohibido legalmente, pero según las estadísticas, la cifra es muy alta, mientras solo se han juzgado dos casos. Lo que indica que el índice de impunidad es muy alto, del 99 por ciento.
 
GL: ¿El movimiento feminista dialoga con las diferentes posturas políticas para enfatizar en las prioridades de las mujeres y la agenda común?
 
LPMG: Yo diría que hay una nueva generación de feministas. Y hay elementos compartidos por los bandos, como la ley de participación política de las mujeres. También se debate abiertamente acerca del aborto. Pero hay posiciones y temas que no se hablan tanto, como la feminización de la pobreza, la precariedad laboral de las mujeres, el acceso a la educación de las mujeres, cómo afecta el contexto conflictivo de manera específica a las mujeres; por ejemplo, cómo se ha cerrado el acceso a los medios anticonceptivos en medio de la crisis de abastecimiento.
 
Es indudable también que la división y radicalización ha llegado también al movimiento feminista. Pero tengo la esperanza de que podamos dialogar.
 
17/GL/GG







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Necesario despenalizar aborto: Regina Fonseca
Hondureñas, por un Código Penal que respete sus derechos
Imagen retomada del portal de AmecoPress.
Por: Gloria López
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 15/05/2017 El abrumador asesinato de la defensora de derechos humanos indígena Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016 ha puesto el punto de mira sobre el agravamiento de la situación de Derechos Humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 2009. Un país en el que ahora se discute un nuevo Código Penal.
 
La defensora de derechos humanos Regina Fonseca, de la Plataforma “Somos Muchas”, ha visitado recientemente Irlanda, Bruselas y el Estado español, acompañada por las organizaciones Front Line Defenders, Brigadas Internacionales de Paz-Estado Español, Calala Fondo de Mujeres, JASS–Asociadas por lo Justo, y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.
 
Fonseca tenía el objetivo, entre otras cosas, de denunciar las violaciones a Derechos Humanos del proyecto de nuevo Código Penal. El proceso de elaboración de este Código, llevado a cabo en el seno de una comisión del Congreso Nacional de Honduras, ha contado con recursos y asistencia técnica de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID).
 
En declaraciones públicas emitidas el 3 de abril de 2017 el presidente de la Comisión de Dictamen, Mario Alonso Pérez, afirmó que dicha Comisión había concluido que no modificaría el artículo del Código Penal que establece la penalización absoluta del aborto y expresó que para el Estado hondureño el aborto será considerado un “delito grave fuertemente penalizado”.
 
El 4 de abril, medios de comunicación local informaron que la policía había detenido a una mujer en Comayagua, zona central de Honduras, por haberse provocado un aborto. La foto de la mujer acusada por el “delito de aborto” fue exhibida en los medios de comunicación con las manos atadas y una policía a su lado.
 
El Congreso Nacional de Honduras aprueba de este modo mantener la penalización total del aborto en el nuevo Código Penal, con penas de 3 a 10 años de cárcel. Mientras, Regina y cientos de mujeres organizadas en las más de 23 asociaciones de la sociedad civil hondureña articuladas en la iniciativa “Somos Muchas” no cejan en el empeño de defender los derechos de las mujeres.
 
EL NUEVO CÓDIGO
 
Gloria López (GL): Estás involucrada, Regina Fonseca, en la respuesta de la sociedad civil frente a la reforma del Código Penal de Honduras. ¿Qué pretende esta reforma y en especial, qué consecuencias puede tener en la vida de las mujeres?
 
Regina Fonseca (RF): Bueno, no se trata de una reforma, sino de crear un nuevo Código Penal. El actual data de 1985. Lo que se ha vendido a la opinión pública es que este nuevo código es un instrumento moderno que nos va a dar más seguridad en el país. Las organizaciones feministas fueron las primeras que entramos en alerta cuando supimos que se estaba creando este código, queríamos conocer. Sobre todo porque cada cambio, cada avance en el reconocimiento de determinados derechos, ha venido dada por la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas hondureñas. Como ejemplos concretos está el reconocimiento de la violencia intrafamiliar, el que los delitos sexuales dejaran de ser considerados delitos contra el honor, sino delitos contra la integridad. Y que ambos fuesen considerados de persecución pública. Han sido luchas que hemos ido conquistando.
 
Nos costó mucho que nos abrieran espacio en la creación de este Código. Fue un proceso muy opaco. Hasta finales de 2016 no pudimos entrar y en ese sentido, fue muy importante la labor de la cooperación española, de los consultores que elaboraron el segundo borrador del Código Penal.
 
Participamos, había cosas que eran importantes defender. Es una oportunidad para que al menos en circunstancias excepcionales no se penalice a las mujeres y niñas que aborten: aquellas que sufren violencia sexual o incesto, o las que ponen en riesgo su salud e incluso su vida, o cuando existen malformaciones graves en el feto incompatibles con la vida.
 
Estamos pidiendo unos mínimos, que además están reconocidos en los estándares internacionales de Derechos Humanos. Nos hemos organizado para demandar que el tipo penal de Feminicidio permanezca incluido y mejore, para que los delitos sexuales tengan los suficientes candados que eviten la impunidad y garanticen la protección de las mujeres, para no perder lo ganado en materia de discriminación, por ejemplo, con la comunidad LGTBI. Y por supuesto, para defender nuestros derechos sexuales y reproductivos.
 
ABORTO CON PASTILLAS PARA CURAR FRIJOLES  
 
GL: ¿El aborto está absolutamente penalizado en Honduras?
 
RF: Absolutamente. Honduras es uno de los 9 países en el mundo que lo tienen penalizado, 7 de ellos están en América Latina.
 
GL: ¿A qué se enfrenta una mujer que quiere abortar en Honduras?
 
RF: La única manera de abortar es de manera clandestina. Si tienes dinero, puedes recurrir a un aborto seguro. Pero la mayoría de la población no tiene ese privilegio, por ejemplo, las mujeres más jóvenes, o las campesinas. Y hay mujeres en la cárcel por abortar. La pena varía, de 3 a 6 años y para quien lo realiza, de 6 a 8 años.
La mayoría de los abortos son inseguros, las mujeres ponen en riesgo su vida. Hay suicidios de niñas, sobrevivientes de violencia sexual que quedaron embarazadas. No sé si han oído hablar de pastillas para curar frijoles, que es un veneno que se utiliza para quitar los bichos a los granos básicos y que se venden en los comercios de productos agrícolas; hay quienes se han introducido esas pastillas en la vagina.
 
GL: ¿Tampoco tienen derecho a los anticonceptivos?
 
RF: La concepción moderna existe, excepto la de emergencia, que fue prohibida tras el golpe de Estado.
 
GL: ¿Cuál es el papel de la Iglesia en esta represión?
 
RF: Las cúpulas de la Iglesia católica evangélica han conducido todos los procesos de criminalización de todas aquellas mujeres y hombres que quieren defender sus derechos de salud reproductiva. Han detenido procesos de educación sexual, han obstaculizado la anticoncepción de emergencia. Los ataques que recibimos las defensoras de los derechos humanos vienen de esa jerarquía. Están demasiado cerca de los poderes políticos y jurídicos en nuestro país.
 
IMPUNIDAD
 
GL: Entre las razones de la violencia estructural que sufren las mujeres en Honduras, figura la impunidad. Tú has realizado varios estudios. ¿Las mujeres denuncian? ¿Qué pasa cuando denuncian? ¿Qué estamentos son cómplices para que exista esta impunidad?
 
RF: Hay problemas estructurales que se agudizan con los problemas de criminalización social y la militarización que se da posterior al golpe. También la zona sociopolítica donde estamos es importante: Honduras ha sido históricamente el patio trasero de Estados Unidos. La militarización se ha naturalizado. Las bandas criminales que se han organizado por esa región requieren de todo el engranaje institucional del Estado para que funcione y de eso hay evidencias.
 
Los niveles de violencia letal convirtieron a Honduras en el país más violento del mundo hace dos años. La tasa anual de asesinatos de mujeres es de 12 por 100 mil, más alta que la media. En un contexto en el que los órganos del Estado están al servicio, no de la gente, sino de las grandes empresas transnacionales, tiene sentido la impunidad. Y la violencia es ejemplarizante. En el caso de los feminicidios es del 90 por ciento, en el caso de los delitos sexuales es del 94 por ciento. Esto no incentiva la denuncia. Puedes encontrarte que la persona que te agredió está detrás del escritorio de la policía. ¿A dónde vas a denunciar?
 
GL: ¿Qué tipo de agresiones, presiones, violencia, sufren las defensoras de los derechos humanos en Honduras?
 
RF: Tiene que ver con el ámbito de la defensa de los derechos. Las defensoras de la tierra se enfrentan a la muerte y a la violencia sexual. Hay poblaciones que sufren más estas formas de violencia. Berta Cáceres fue asesinada incluso con medidas cautelares. Nos enfrentamos al poder establecido, es el Gobierno quien concede los contratos y proyectos de explotación.
 
GL: Háblanos de tu labor como responsable del Programa de Incidencia Política Internacional de la organización Centro de Derechos de la Mujer (CDM)
 
RF: La lucha contra la violencia de género es políticamente correcta. La lucha contra la expropiación de nuestros cuerpos no lo es. Somos “maleducadas” cuando hacemos exigencias sobre el uso de nuestros cuerpos y nuestra libertad. Y en eso se acompañan las instituciones Estado-Iglesia, especialmente el Opus Dei, que tiene mucha influencia política y económica. Ellos nos difaman y tienen la cobertura de los grandes medios para hacerlo.
 
Nuestra lucha es a contracorriente y sufrimos criminalización, ataques, difamación. Ha sido una estrategia pensada y ejecutada. A esto hay que sumar que una forma para callarnos tiene que ver con llevar nuestros casos a instancias penales y civiles; si te ponen multas de 50 mil dólares y a pedir perdón público por algo que hemos expresado, es una forma de ahogar la protesta y matar a las organizaciones. Y con la excusa del delito de hacer apología de terrorismo, la cosa se complica.
 
Hay que decir que los consultores españoles, al menos públicamente allá, con la discusión del nuevo Código Penal, no han dicho nada alrededor de estos retrocesos. Han guardado un silencio que para nosotras es cómplice. No es fácil hacer incidencia política.
 
FORMAS PERVERSAS DE CASTIGAR LA DISIDENCIA
 
GL: Es cierto que a partir del golpe de Estado de 2009, hay un aumento de la violencia, del uso de la fuerza como estrategia patriarcal. Pero las defensoras de los derechos humanos se enfrentan a mucho más. Las mujeres indígenas, pobladoras y campesinas que luchan por la defensa de sus territorios, su cultura y sus bienes comunes y que se oponen a los megaproyectos extractivos fomentados por los gobiernos corporativos amparados en tratados voraces internacionales y en leyes serviles que atentan contra la soberanía de los pueblos es un aspecto fundamental en Honduras. Estamos hablando de capitales internacionales, muy poderosos. ¿Cómo superar las resistencias en países europeos, cuando esos capitales son dueños de los medios de comunicación, por ejemplo?
 
RF: Es muy difícil. Son los mismos, dueños de bancos, de los medios de comunicación, los que administran las hidroeléctricas. Son intereses de corporaciones internacionales, el capital, un sistema que juega en contra de las personas.
 
GL: La sensación aquí es que hay un antes y un después tras el asesinato de Berta Cáceres en marzo 2016. ¿Hay un cambio en cuanto al conocimiento de la situación más allá de las fronteras nacionales? ¿Se sienten más respaldadas internacionalmente? ¿Se traduce en cambios y mejoras en el terreno?
 
RF: Nadie de las estructuras del poder político y económico se imaginaba la reacción. Esa respuesta internacional ha hecho que ellos se vean obligados a hacer algunas cosas. Cosas que implican riesgos y trampas. Se hacen determinadas consultas pero con una participación viciada. El gobierno promueve un asistencialismo que compra conciencias se algunos sectores en estas comunidades y, cuando no se compran, estos grupos reciben otras formas de sanción. Por ejemplo, tras el asesinato de Berta se hizo un informe acerca de los hilos que unen el poder político y económico en la región. Y supimos que algunas personas que habían colaborado, fueron sancionados, impidiendo por ejemplo, a una padre que sus hijos fueran matriculados en la escuela pública. Se les castiga de esa manera tan perversa.
 
GL: ¿El machismo está presente también en los movimientos “progresistas”, entre los compañeros con los que defiendes los derechos humanos?
 
RF: Sí, claro que tenemos que bregar con el machismo. Es muy importante producir un acercamiento entre organizaciones tradicionales de derechos humanos y las organizaciones feministas. De hecho se va produciendo. Es importante comprender que tu lucha es mi lucha y a la inversa.
 
17/GR/GG







INTERNACIONAL
Aborto
   Grupo experto apoya iniciativa en favor de mujeres
ONU emplaza a Congreso salvadoreño a despenalizar aborto
Imagen retomada del portal Tribuna Feminista.
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 11/05/2017 Un grupo de personas expertas de Naciones Unidas ha emplazado al Congreso de El Salvador a aprovechar la revisión de un artículo del Código Penal sobre la posible despenalización del aborto para mejorar la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
 
“Apoyamos firmemente la propuesta de reforma que actualmente considera el Congreso salvadoreño para permitir la interrupción del embarazo cuando implica un riesgo para la vida de las mujeres, cuando es el resultado de una violación y cuando el feto es inviable”, expresaron las expertas y expertos.
 
“Instamos a las y los legisladores a aprovechar esta oportunidad única para convertirla en un punto de inflexión en la historia de los derechos de la mujer en el país”, recalcaron.
 
Desde ONU indicaron que la prohibición total que rige en la actualidad es contraria a las normas del derecho internacional y viola las obligaciones internacionales del país.
 
El Salvador es uno de los pocos países del mundo que criminaliza a las mujeres por intervenciones realizadas en las situaciones citadas antes, señalaron los relatores.
 
También advirtieron que debido a la amenaza del castigo penal, las afectadas temen buscar atención médica cuando sufren complicaciones.
 
Destacaron que muchas mujeres han sido procesadas hasta 40 años de prisión bajo cargos de aborto, a veces caratulado (tipificado) como homicidio agravado. Las más afectadas son las que viven en pobreza y que no pueden acceder a la defensa legal.
 
“Reiteramos nuestro llamado a revisar las sentencias contra todas las mujeres que actualmente cumplen penas de prisión por cargos relacionados con el aborto con miras a su liberación”, agregó el grupo de Naciones Unidas.
 
Recordaron que la criminalización del aborto no reduce las tasas, tal como lo muestran los datos de la Organización Mundial de la Salud, sino que por el contrario, suele aumentar el número de mujeres que optan por practicárselo de forma clandestina, lo que las expone a tratamientos inseguros.
 
Los relatores que emitieron este comunicado son, Alda Facio, presidente del grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Dainius Puras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental; Dubravka Šimonovic, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
 
EL ABORTO EN EL SALVADOR
 
Desde 1988 el aborto está totalmente penalizado en El Salvador, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la mujer o la niña embarazada corran peligro. Esta medida no solo ha cobrado las vidas de mujeres y niñas, pero también ha supuesto el encarcelamiento de decenas de mujeres.
 
La ley actual obliga a mujeres y niñas a recurrir a abortos clandestinos para salvar sus vidas, y además crea una atmósfera de sospecha hacia las mujeres que sufren un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas. Como consecuencia, mujeres que han tenido complicaciones durante el embarazo han sido procesadas y condenadas tras ser acusadas de “aborto inducido,” con sentencias de hasta 40 años de prisión.
 
Los datos demuestran que la total penalización del aborto no reduce el número de abortos, sino que incrementa el riesgo de que la mujer muera a causa de abortos ilegales e inseguros.
 
La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que las leyes de aborto restrictivas ponen a las mujeres y niñas que viven en la pobreza, y a las que viven en zonas rurales y más aisladas, en un riesgo especial de sufrir abortos inseguros.
 
La penalización del aborto en todas las circunstancias disuade a las mujeres de buscar atención médica y crea un “efecto amedrentador” en el personal médico, que tiene miedo de proporcionar tratamiento que podría salvar la vida a mujeres cuya vida o salud corre peligro a causa del embarazo, o que sufren complicaciones derivadas de un aborto inseguro.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG







DESDE LA LUNA DE VALENCIA
DERECHOS HUMANOS
   DESDE LA LUNA DE VALENCIA
Maternidades no tan idílicas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa Mollá Castells*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 08/05/2017 Este domingo se conmemoró en España el Día de la Madre. Y lo conmemoramos en un momento en el que el patriarcado más feroz intenta desvirtuar su esencia primigenia en el sentido de" la madre es la que pare" y en todo caso, y también, la que cría y cuida.
 
Asistimos con espanto a la manipulación más grosera de la utilización del cuerpo de las mujeres con fines claramente mercantilistas. Junto con el de la prostitución, el alquiler de vientres de mujeres son dos negocios muy lucrativos que la alianza que suponen el capitalismo y el patriarcado no van a dejar escapar. Y hemos de recordar que en ambos casos la materia prima con la que hacer negocios son los cuerpos de las mujeres y de las niñas.
 
Cuando analizamos desde la perspectiva feminista estos hechos o, mejor dicho, estos negocios, al menos a mí se me revuelven las tripas y me entra un profundo asco. Y también una profunda tristeza.
 
Asco por comprobar la falta total de escrúpulos y del más mínimo respeto hacia los cuerpos de más de la mitad de la población mundial. Y sobre todo los de las mujeres y niñas más vulnerables económicamente hablando, que se convierten en un enorme granero de materia prima para poder explotar por parte del capitalismo patriarcal más feroz. Lo mismo que ocurrió con la esclavitud. Comercio con materia prima de carne humana a la que utilizar y explotar. Y como no podía ser de otro modo, también en aquel momento esclavista las mujeres esclavas se llevaron la peor parte.
 
Y una profunda tristeza por comprobar cómo algunos valores humanos se degradan en aras al cumplimiento de unos deseos patriarcales que no dudan en recurrir a todos los medios, incluso ilegítimos, para ser satisfechos.
 
No soy jurista. Pero sí soy feminista y como tal abogo por una sociedad libre de desigualdades entre hombres y mujeres. A las amigas juristas feministas les dejo el arduo papel de desentrañar la ilegalidad sobre la necesidad actual del patriarcado por negar la maternidad a las madres gestantes de esas criaturas que luego van a ser entregadas a otras personas. Eso sí previo pago de su importe a las agencias intermediarias.
 
Pero como feminista me parece que el patriarcado utiliza el papel de la maternidad siempre a su favor. Y me intento explicar.
 
De momento solo las mujeres podemos gestar y parir. Y, aunque el diccionario de la Real Academia de la Lengua no lo explicite, también podemos engendrar. Aprovechándose de esa característica biológica, el patriarcado ha utilizado la maternidad de muchas maneras.
 
Como forma de perpetuar su linaje, impidiéndonos a las mujeres decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestras maternidades. Llegando a convertir en pecado nuestro placer sexual y convirtiendo en "sagrado" el cuerpo, solo destinado a la procreación. Y por supuesto para el placer masculino también.
 
De esa manera también se produce una sublimación de la maternidad como única forma de realización de las mujeres que asumen el cuidado de su prole y del padre de la misma como función primordial de su vida, olvidándose de sí misma y de sus aspiraciones o necesidades. De ese modo quedan sometidas al sustentador de la familia.
 
Tampoco ha dudado el patriarcado en utilizar la maternidad como arma de guerra utilizando a las mujeres, además de para satisfacer sus deseos sexuales, para parir a sus hijos e hijas, sin importarles lo más mínimo el futuro de las madres y de las criaturas. Únicamente como forma de humillación hacia el adversario en el conflicto. Violando y embarazando a mujeres imponía su ley patriarcal a través de una descendencia, aunque esta no fuera reconocida. El papel de estas mujeres es especialmente doloroso puesto que quedan estigmatizadas por sus propias familias, al igual que las criaturas que nacen de estos actos salvajes.
 
También como arma política con un control de la natalidad para aumentar o disminuir la población en determinadas zonas.
 
La reproducción como forma de aumentar la población, sin tener en cuenta la situación en que se producen esas gestaciones y la calidad de vida que van a tener en el futuro esas criaturas es algo que está ocurriendo ahora mismo y que pretende colonizar espacios físicos y políticos. Y un ejemplo de lo que digo es la política del Estado de Israel con respecto a la natalidad. Se potencia notoriamente con el fin de colonizar espacios usurpados ilegítimamente al pueblo palestino. De nuevo la alianza entre capitalismo y patriarcado impone sus reglas políticas y económicas sobre los cuerpos de las mujeres.
 
Otra forma de control de natalidad son las políticas de hijo único y preferiblemente varón que ha estado vigente en China hasta hace unos meses. El objetivo de controlar la súper población ha tenido, entre algunas de sus consecuencias, el alto índice de abandono de niñas al nacer o de abortos de fetos cuando se conocía que era una niña, dejando de ese modo la población descompensada en favor de los hombres y aumentando de ese modo su poder sobre las mujeres sobre todo en las zonas rurales.
 
Las esterilizaciones forzadas es otra de las formas utilizadas por el patriarcado como control de natalidad y sin importar las consecuencias que estas puedan tener sobre los cuerpos de las mujeres. En Perú y solo durante la etapa del dictador Fujimori fueron más de 300 mil mujeres esterilizadas sin su consentimiento y con métodos bastante deplorables en el mejor de los casos.
 
Y estos son solo algunos ejemplos sobre el uso interesado que hace el patriarcado de la maternidad.
 
Afortunadamente hemos avanzado en derechos y en capacidad de decidir si queremos o no ser madres y cuando lo queremos ser. Pero cada cierto tiempo la ofensiva patriarcal se hace patente y nos recuerda que sus fauces siguen abiertas para devorarnos a nosotras y a nuestros avances al menor descuido.
 
La ofensiva patriarcal actual y en occidente viene de la mano de las agencias que ofrecen criaturas "a la carta" a través de los vientres de alquiler de mujeres en precarias situaciones económicas. A pesar de que ese tipo de actividades en el Estado Español son ilícitas, se están realizando ferias para exponer esos "productos" y por tanto poder seguir haciendo negocio. Y la fiscalía mirando hacia otro lado. Al parecer es más importante el negocio que la vida de las mujeres.
 
Revertir estas situaciones, todas ellas, se hace urgente y para ello se necesita la complicidad de mujeres y hombres de buena fe que seamos capaces de sensibilizar de forma feminista a la sociedad. Hemos de hacer ver que las mujeres no somos ni debemos ser bajo ningún concepto materia prima para negocios lucrativos para el capitalismo patriarcal.
 
Yo voy a seguir por ese camino de sensibilización feminista porque, entre otros motivos, ya no sé vivir de otro modo. ¿Y tú, crees que las mujeres somos materia con la que se puede negociar y lucrarse?
 
* Corresponsal, España. Comunicadora de Ontinyent.
 
tmolla@telefonica.net
 
17/TMC/GG







INTERNACIONAL
Aborto
   OSC denunciarán ante instancias internacionales
Parlamento nicaragüense archiva proyecto de ILE por causas de salud
CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua, Nic .- 27/04/2017 La Junta Directiva del Parlamento nicaragüense ordenó archivar la iniciativa de Ley especial para la interrupción del embarazo por causas de salud, la cual era una propuesta de varias organizaciones ciudadanas.
 
El diputado oficialista Wilfredo Navarro dijo que en el Parlamento estaban a favor de la vida por lo cual la posición siempre ha sido en contra del aborto, y esto en concordancia con las encuestas nacionales que reflejan que el pueblo está en contra del aborto, defendió el legislador.
 
“El legislador Navarro no lee bien las encuestas o no sé a cuáles sondeos se refiere”, dijo la integrante de IPAS Centroamérica y del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT), Martha María Blandón.
 
Una reciente encuesta dice lo contrario, refirió Blandón, quien señaló que no era extraña la posición de los legisladores y agregó que continuarán la lucha ante el Poder Judicial para que respondan a los recursos a favor del aborto terapéutico.
 
En 2006, los legisladores nicaragüenses en plena campaña política y atendiendo compromisos con grupos conservadores y con las iglesias, reformaron el Código Penal para penalizar el aborto terapéutico el cual estaba permitido por más de 100 años.
 
Esta año, en el marco de la jornada por los 10 años de lucha por la despenalización del aborto terapéutico,  el GEDAT continuará exigiendo ante la Corte Suprema de Justicia una respuesta sentenció Blandón.
 
Imagen: Nelson Rodríguez.

 
La actitud de los diputados al mandar a caducar esta iniciativa demuestra una vez más el desprecio a los derechos humanos de las mujeres y al sentir de la ciudadanía, dijo Blandón.
 
Leslie Briseño, representante legal de la iniciativa ciudadana, la cual fue presentada ante el Parlamento en octubre de 2015, respaldada por más de 6 mil firmas, lamentó esta decisión.
De esta manera los diputados están desatendiendo una demanda ciudadana y genera realmente mucho pesar ver lo ocurrido, dijo Briseño.
 
La feminista Mirna Blandón dijo sentirse muy molesta por lo actuado por los diputados que demuestran nuevamente el desprecio por la vida de las mujeres y la falta de cumplimiento con los compromisos internacionales.
 
Las y los diputados en la Asamblea Nacional están para hacer leyes a favor de la ciudadanía, no para atender asuntos religiosos, eso es personal y cada quien lo vive, dijo la dirigente feminista.
 
Con este nuevo golpe a los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses, a quienes afectan es a la gran mayoría de las mujeres empobrecidas económicamente, con esto aumenta el riesgo de muerte de las mujeres, dijo Mirna.
 
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres acudirán nuevamente a los órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comités de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y todos los foros internacionales para denunciar esta violación a los derechos de las mujeres.
 
Aunque no hay datos estadísticos oficiales sobre las verdaderas causas de las muertes maternas, es una realidad que hay mujeres que pierden la vida por razones de salud durante el embarazo, dijo Martha María Blandón.
 
Al problema se suma la violencia sexual, se estima que cada año dan a luz en los hospitales públicos un mil 600 niñas menores de 14 años, muchas de ellas exponen sus vidas en los embarazos y se desconoce cuántas pierden la vida por la misma causa, denunció Martha María Blandón.
 
17/NR/GG







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