aborto

REPORTAJE
Aborto
   Secretariado Ejecutivo inicia registro del delito de aborto
Capitalinas perseguidas por abortar
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/01/2018

Pese a que en la Ciudad de México el derecho a interrumpir un embarazo es legal en 4 causales: cuando el embarazo afecta la salud de la mujer; el producto presenta malformaciones congénitas; el embarazo es producto de inseminación artificial; si el aborto es provocado de manera imprudencial (accidente) y está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, en 3 años se abrieron 310 carpetas de investigación por del delito de aborto.

Lo anterior se desprende de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el cual mide los delitos considerados de “alto impacto” como homicidio, violación, robo, corrupción de menores, extorsión, entre otros, con lo que coloca al aborto en la misma categoría de estos delitos.

El registro de “aborto” inició en diciembre pasado y reveló que en tres años en el territorio nacional (2015-2017) se abrieron mil 524 carpetas de investigación por el delito de aborto, y la Ciudad de México se colocó a la cabeza de las entidades que criminalizan a quienes acceden o practican una interrupción del embarazo.

Cabe destacar que la nueva metodología del SESNSP no detalla si estas carpetas corresponden a mujeres que interrumpieron un embarazo o a las personas que ayudaron a practicarlo, lo que sí indica es que en 2015 en la capital del país 131 personas fueron acusadas del delito de aborto (42 por ciento del total registrado en tres años).

En años posteriores poco han disminuido las cifras; en 2016 se contabilizaron 105 y hasta noviembre de 2017 la ciudad ya sumaba otras 74 carpetas de investigación por aborto.

En la Ciudad de México el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación desde hace una década, cuando el 24 de abril de 2010, en un triunfo histórico para las mujeres y el movimiento feminista, la Asamblea Legislativa aprobó modificar la Ley de Salud y el Artículo 144 del Código Penal local para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Aunque después de estos tres meses permitidos el aborto se considera un delito que alcanza penas de tres a seis meses de prisión o una sanción de 100 a 300 días de trabajo comunitario para las mujeres -precisa el Artículo 145 del Código Penal local- existen otras razones legales por las cuales las mujeres pueden abortar.

En todo el territorio la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046) establece como un derecho la interrupción del embarazo cuando es producto de una violación sexual.

Las víctimas pueden solicitarlo en las instancias públicas de salud sin necesidad de presentar una demanda, solo en caso de que la mujer sea menor de 12 años de edad, la normativa señala que es necesario que acudan con un tutor.

OTROS ESTADOS

En el resto del país la criminalización por aborto es similar a la Ciudad. El sistema del Secretariado Ejecutivo muestra que en 2017, a nivel nacional se registraron 479 carpetas de investigación por esta razón.

Después de la capital, el estado de Baja California concentró 15 por ciento de estas denuncias (72 casos en total) y en el Estado de México 38 personas fueron señaladas de cometer este delito.

También en Tamaulipas se iniciaron 30 investigaciones, Nuevo León contó 29 casos, Guanajuato y Jalisco registraron 27 casos respectivamente, y Veracruz contó 20.

ABORTO, UN DERECHO

Organismos internacionales como el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés ha urgido al Estado mexicano a armonizar las leyes estatales relativas al aborto y permitirlo por lo menos hasta las 12 semanas de gestación.

Esta fue una de las recomendaciones que hizo CEDAW a México en 2012 (número 33), asimismo pidió eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir un embarazo y como recurso se ven  orilladas a acudir a métodos inseguros que colocan su vida en riesgo.

Por ello, el Comité insistió –además de la despenalización- en asegurar que todos los proveedores de servicios médicos apliquen debidamente la NOM 046, sean capacitados y se tenga personal no objetor de conciencia. Esta atención adecuada debe incluir la atención integral que debe revisar una víctima de violación como es la prevención de infecciones de transmisión sexual.

Para este año México será evaluado por este Comité quien determinará si el Estado cumplió con esta recomendación en materia de derechos sexuales y reproductivos, entre otras temáticas correspondientes a la violencia cometida contra las mujeres.

INTERRUPCIONES LEGALES EN CDMX

En tanto, en los servicios de interrupción legal del embarazo (ILE) de la Ciudad se han practicado 188 mil 224 abortos seguros de abril 2007 a diciembre de 2017.

De estos, 132 mil 843 corresponden a mujeres habitantes de la urbe, el otro 28 por ciento, son mujeres que se trasladan de otros estados de la república debido a las leyes restrictivas que enfrentan.

Principalmente provienen de entidades cercanas. Del Estado de México acudieron 48 mil 458 mujeres al servicio de ILE, de Puebla mil 119 mujeres, de Hidalgo 959, Morelos (685), Jalisco (486) y de Veracruz (415).

Un 46 por ciento de las mexicanas que abortaron de forma legal en la capital tenían entre 18 y 14 años de edad por lo que cursan estudios de secundaria y preparatoria. Asimismo las estadísticas del programa indican que 28 por ciento acudió en las primeras cuatro semanas de gestación, únicamente uno por ciento lo hizo en la doceava semana.

Etiquetas

Aborto, derecho a decidir, criminalización de mujeres por aborto, Derechos sexuales y reproductivos,

17/HZM/LGL

 








NACIONAL
SALUD
   Ciudad de México registró el mayor número de casos
En un año 479 mujeres criminalizadas por tener un aborto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 09/01/2018

Al cierre de 2017 en México 479 mujeres fueron investigadas por el delito de aborto, de acuerdo con el nuevo registro de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

En diciembre pasado la dependencia de la Secretaria de Gobernación (Segob) informó que en la nueva metodología para clasificar y registrar la incidencia delictiva incluiría delitos como aborto, violencia familiar, trata de personas y feminicidio, aunque de este último los datos se publicarán hasta el próximo 20 de enero.

Sobre el ilícito de aborto que por primera vez comienza a registrar el SESNSP, de enero a noviembre del año pasado, la Ciudad de México fue la entidad con el mayor número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de aborto, 74 mujeres fueron acusadas tener o practicar la interrupción del emabarzo.

La capital está seguida de Baja California donde se concentró 15 por ciento de las investigaciones iniciadas contra mujeres que interrumpieron un embarazo (72 casos en total).

En tanto, en el Estado de México 38 mujeres fueron criminalizadas por practicar un aborto. En Tamaulipas se iniciaron 30 investigaciones, Nuevo León contó 29 casos, mientras en Guanajuato y Jalisco se registraron 27 casos respectivamente, y Veracruz contó 20.

EL DERECHO AL ABORTO

Entre las cifras del Secretariado resalta el caso de la capital del país, ya que a pesar de que es la única entidad en la que se puede interrumpir un embarazo de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación; después de este periodo el aborto se considera un delito que alcanza penas de tres a seis meses de prisión o una sanción de 100 a 300 días de trabajo comunitario, de acuerdo con el Artículo 145 del Código Penal.

En todo el territorio nacional la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho para las víctimas de violación sexual ya que las mujeres pueden solicitar un aborto en las instancias públicas de salud sin necesidad de presentar una demanda.

En caso de que la víctimas sea menor de 12 años de edad es necesario que acudan con un tutor, así lo establece la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046).

Asimismo, en México el aborto es legal cuando se da por ciertas circunstancias contempladas en la ley de cada estado, por ejemplo: cuando el embarazo afecta la salud de la mujer; el producto presenta malformaciones congénitas; el embarazo es producto de inseminación artificial; si el aborto es provocado de manera imprudencial (accidente) y cuando la economía precaria de las mujer se agrava al continuar el embrazo.

Debido a que la aplicación de estas causales varían en cada estado, en 2012  el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó al Estado mexicano armonizar las leyes estatales relativas al aborto (recomendación 33).

El Comité CEDAW asegura que es necesario eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir un embarazo y se vean orilladas a acudir a métodos inseguros que colocan su vida en riesgo por lo que recomendó al gobierno mexicano asegurar que todos los proveedores de servicios médicos apliquen debidamente la NOM 046.

Este año el Estado será evaluado por el Comité para conocer el avance de estas recomendaciones en el acceso de las mujeres a derechos como la salud y otros ámbitos de sus derechos.

17/HZM








ESTADOS
SALUD
   En 2014 tuvo una tasa de 82.75 nacimientos por cada mil adolescentes
Embarazo adolescente va en aumento en el Edomex
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 02/01/2018

La tasa de fecundidad en adolescentes en el Estado de México (Edomex) se incrementó en seis años; en 2014 la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) reportó 82.75 nacimientos por cada mil mujeres entre los 15 a los 19 años de edad, cifra superior a la de 71.63 que registró en 2009.

Un informe sobre salud reproductiva en el Edomex que en 2017 realizó la organización Ipas México, muestra que en 2014 la entidad rebasó la media nacional de fecundidad adolescente que era de 77.04 nacimientos.

La organización especializada en salud sexual y reproductiva con sede en México, señala que en 2009 el Edomex se mantuvo dos puntos debajo de la media nacional (reportada en 69.20), sin embargo, en 2014 ascendió a la quinta posición entre las entidades del país con la mayor tasa de fecundidad en ese grupo de edad.

De acuerdo con Ipas presentar un embarazo en la adolescencia no sólo puede truncar los estudios, las relaciones sociales y el proyecto de vida de las mujeres, ser madres a corta edad les implica un riesgo a su salud.

En 2014 los hospitales de la Secretaría de Salud del Edomex atendieron a 40 mil 410 egresos de jóvenes por causas relacionados con un embarazo, de ellas 3 mil 841 tuvieron un parto. La segunda causa de atención se debió a los abortos con 3 mil 569 casos, seguido de las enfermedades hipertensivas en el embarazo con mil 491 casos y finalmente los casos de hemorragias con 745.

Estos datos que recolectó la agrupación a partir de la información del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) revelan que la atención a mujeres embarazadas menores de 20 años de edad representó 26 por ciento del total de egresos obstétricos de dicha entidad en 2014 (154 mil 449 casos).

Además, el informe precisa que en 13 años (2002 a 2014) han fallecido 17 adolescentes en el Edomex por someterse a un aborto inseguro, pues en este estado las mujeres sólo pueden interrumpir un embarazo en cuatro circunstancias: cuando es producto de una violación; es un aborto imprudencial o culposo; la mujer esté en peligro de muerte; o por malformaciones genéticas o congénitas graves del producto.

ADOLESCENTE EGRESAN SIN ANTICONCEPCIÓN

Es importante destacar, indica la organización civil, que después del parto de las 36 mil 841 adolescentes mexiquenses un 42 por ciento egresó sin un método anticonceptivo o sin especificar si se les brindó, hecho que resulta preocupante si se considera que a nivel nacional la Enadid (2014) indicó que 56 por ciento de las adolescentes embarazadas no planeó o deseó el embarazo.

Las mexiquenses entre los 15 a 19 años de edad que aceptaron algún método en el postparto fueron 21 mil 565; un 49 por ciento optó por el dispositivo intrauterino (DIU), seguido de algún método hormonal como pastillas (32 por ciento) y únicamente un siete por ciento escogió un implante subdérmico o la oclusión tubaria (obstrucción de las trompas uterinas). 

En tanto, al 40 por ciento de las mujeres menores de 20 años de edad que egresaron por un aborto (3 mil 569) no se le otorgó un método anticonceptivo, subraya el reporte. 

“Es necesario en particular, prevenir el embarazo no deseado y atender el significativo aumento de la fecundad entre adolescentes con políticas efectivas que garanticen una cobertura anticonceptiva universal, oportuna y adecuada a sus necesidad, así como la prevención y atención de la violencia sexual”, recomienda finalmente Ipas México.

18/HZM

 








INTERNACIONAL
SALUD
   Senado aprueba modificaciones a sistema penal
   
Obligados hospitales públicos de Bolivia a realizar abortos bajo 5 causales
Especial
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 11/12/2017

El pasado 5 de diciembre el Senado boliviano aprobó el artículo 157 del nuevo sistema penal que garantiza la realización de abortos en los hospitales públicos del país en los siguientes supuestos: para prevenir riesgos presentes o futuros para la vida y la salud integral de las mujeres embarazadas; por malformaciones incompatibles con la vida; sea consecuencia de una reproducción asistida no consentida; de una violación o incesto, y cuando se trate de niñas y adolescentes.

La inclusión del artículo sobre aborto surgió a partir de las recomendaciones que hicieron el Comité contra la Tortura y de la CEDAW (organismos de las Naciones Unidas) al Estado Plurinacional de Bolivia, más una sentencia constitucional de 2014 que exhortó a la Asamblea Legislativa a encarar y resolver el problema de los abortos inseguros.

El aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna de las bolivianas. Desde 1971, en la época de la dictadura, existían seis artículos que penalizaban distintas formas de aborto. Y había uno llamado “aborto impune” que establecía que no era punible cuando se tratara de violación, incesto o estupro o cuando pusiera en riesgo la vida de la mujer.

El artículo sobre el aborto (el 157) está en el marco de la revisión de todo el sistema penal: no es sólo un código sino un sistema nuevo que tiene 700 artículos. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, la presidenta de la comisión de Constitución en Diputados, Susana Rivero, y la presidenta de Constitución del Senado, Adriana Salvatierra, llevaron adelante el proceso legislativo.

“Armamos una articulación entre legisladoras y la sociedad civil, organizaciones sociales para armar una estrategia que nos permitiera avanzar, entendiendo que el resultado no es lo que la mujeres pretendíamos -una despenalización total- pero sí un avance en la progresividad de los derechos de las mujeres”, explicó a Cosecha, Roja Rivero.

Se distribuyeron roles, diseñaron un sólo artículo con varios párrafos donde queda claro que no se despenaliza totalmente pero define las causales. “El gran avance, más allá de las causales, es la obligatoriedad para que el sistema público de salud le otorgue a las mujeres este derecho de manera gratuita sin condición, tutelaje, sin que ningún médico evalúe. Simplemente la mujer establecerá cuál causal y podrá dirigirse a un centro de salud público donde será asistida en las mejores condiciones”, dijo la diputada.

En Bolivia hubo y sigue habiendo mucha resistencia de los grupos antiderechos y religiosos tanto evangélicos como católicos, que han utilizado a los médicos para que aleguen la libertad de conciencia.

“Esta fórmula que logramos las legisladoras bolivianas de respetar la esa libertad pero obligar al sistema público a que en cada centro de salud haya un médico no objetor. Es lo que creemos que va a viabilizar la ejecución plena de este derecho de las mujeres”, dijo Rivero.

*Este artículo fue retomado del portal de noticias Cosecha Roja.

17/RED/LGL








ESTADOS
SALUD
   Ejecutivo estatal propuso reformas al Código Penal
Rechaza congreso de Coahuila despenalizar aborto después de 12 semanas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sofía Noriega, corresponsal
Cimacnoticias | Saltillo, Coa.- 30/10/2017

El intento por despenalizar el aborto en Coahuila, fue desechado por las fracciones legislativas en el congreso del estado, debido a la presión de organizaciones sociales y actores políticos que estaban en contra de la propuesta del gobernador Rubén Moreira Valdés.

La “Asociación de Mujeres de la Laguna”, se pronunció en contra de la decisión de la legislatura saliente, que tuvo la oportunidad de cambiar la criminalización a la que se somete a las mujeres que incurren en esta práctica.

Se trata de alrededor de 10 organismos integrados en esta causa y a favor  de la despenalización del aborto en Coahuila. Aseguraron que la actual penalización es inoperante, pues desde hace 20 años que se tipificó el delito no ha habido ni una condena absolutoria o condenatoria por este delito.

El proyecto de reforma integral al Código Penal de Coahuila, buscaba despenalizar el aborto para que se pudiera practicar después de las 12 semanas de embarazo, sin límite para llevarse a cabo la interrupción, siempre y cuando el producto tuviera malformaciones graves, cuando estuviera en riesgo la vida de la madre o cuando el embarazo fuera producto de una violación.

El Ejecutivo estatal hizo llegar al Poder Legislativo un documento de más de 2 mil páginas con la propuesta del nuevo Código Penal y su exposición de motivos. El tema más polémico fue la flexibilización del aborto consentido.

Pero los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Unión Democrática de Coahuila, Partido Social Demócrata, Nueva Alianza y Primero Coahuila, acordaron que la LX Legislatura no haría ese cambio a pesar de que la propuesta estaba sustentada en brindar mejores condiciones para las mujeres que decidieran poner fin a su embarazo, en cualesquiera de las causales permitidas en la legislación.

“El mero remedio penal para el aborto ha sido inútil y además, una fuente inextinguible de innumerables abortos clandestinos: los que muchas veces realizan gente impreparada y en circunstancias de insalubridad o desatención que originan muertes, lesiones y graves peligros para la mujer”, justificaba la propuesta del Ejecutivo estatal, enviada al congreso estatal en septiembre pasado.

La integrante de la “Red de Mujeres de La Laguna”, Adriana Romo, indicó que con lo anterior se demuestra la doble moral, tanto del Ejecutivo, como de los diputados, ya que el primero manda una propuesta a favor de los derechos de las mujeres y los segundos la rechazan por cuestiones ideológicas y de partido.

Indicó que precisamente el derecho a decidir por parte de las mujeres es fundamental para protegerlas y en cambio en el legislativo, se prefiere anteponer la ideología de un partido o creencias personales.

“Por un lado, en el discurso hablan de estar a favor de los derechos de las mujeres, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero en algo que es primordial, básico e indispensable para que las mujeres, están en contra”.

Dijo que al igual que en otros casos quedó en evidencia la pobre discusión que tuvieron para decidir que debería quedarse igual el Código Penal en el tema del aborto, porque no tomaron en cuenta la opinión de asociaciones que conocen el tema y que representan a las mujeres.

En tanto, los diputados locales del PAN celebraron el acuerdo logrado entre todas las bancadas del congreso local para “defender la vida del ser humano desde la concepción”, al decidir la no despenalización del aborto en Coahuila y mantener las consideraciones sobre el tema vigentes en el Código Penal, informó la legisladora Lariza Montiel.

La legisladora del PAN resaltó que se manda un mensaje a la sociedad de Coahuila, que en el caso del congreso local están a favor de la vida, asimismo se conservan las causales bajo las cuales no se va a criminalizar a la mujer que decida interrumpir un embarazo, como el caso de violación.

EN CONCORDANCIA CON NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Ante los ataques por parte de grupos conservadores y de derecha, el gobernador aseguró que la propuesta no era la legalización del aborto, sino evitar que las mujeres sean procesadas en el sistema penal.

En la reciente reforma al sistema penal acusatorio, el aborto dejó de ser considerado un delito grave, por lo que no es necesario aplicar la pena de prisión, sino que se puede acceder a “penas alternativas”.

Apuntó que nunca buscará la legalización del aborto en la entidad y que solamente está respaldando lo que ya se encuentra en la actual legislación en la materia.

17/SN/LGL

 








ESTADOS
SALUD
   Se negó a despenalizar aborto e incumplió recomendaciones sobre AVG
Presentan amparo indirecto contra congreso de Veracruz
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/10/2017

La asociación civil Equifonía interpuso el pasado 23 de octubre, ante el Juzgado  Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de Veracruz,  un Amparo Indirecto en contra del congreso del estado por su omisión legislativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

En entrevista con Cimacnoticias la directora de Equifonía, Araceli González Saavedra, explicó que en el amparo se detalla que la decisión del congreso viola los Derechos Humanos de las veracruzanas porque restringe el ejercicio libre e informado de las mujeres sobre el número y esparcimiento de sus hijos; violenta los derechos a la salud, física y psicológica de las mujeres víctimas de violación; y las aleja de su derecho a la salud cuando está en riesgo su vida por complicaciones de un embarazo.

En el amparo también se manifiesta que las y los legisladores se rehusaron a atender las recomendaciones sobre la despenalización del aborto que dictó el Grupo de Trabajo encargado de atender la AVG por Agravio Comparado. La defensora González Saavedra agregó que la próxima semana el Poder Judicial Federal informará si acepta o no el amparo.

El pasado 28 de septiembre en medio de protestas, las y legisladores rechazaron la iniciativa de reforma a los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal veracruzano, que presentó la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, derogar el plazo de 90 días que establece para que las mujeres víctimas de violación interrumpan un embarazo e incluir la causal de salud.

La despenalización del aborto es una medida que debía cumplir en seis meses el gobierno de Veracruz como parte de las recomendaciones que el Grupo de Trabajo hizo en noviembre de 2016, tras la solicitud de las organizaciones hecha el mismo año para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado.

A pesar de esta obligación, las y los integrantes de la legislatura argumentaron que la propuesta de la diputada Carola Viveros se trataba de un “acto inconstitucional” porque desde agosto de 2016 en Veracruz se “protege la vida desde el momento de la concepción”.

EN MANOS DE SEGOB SEGUNDA AVG

En la solicitud de AVG por Agravio Comparado la organización denunció tres agravios: la inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) que garantiza el aborto cuando es producto de una violación; la protección de la vida desde el momento de la concepción, una reforma que impulsó en 2016 el entonces gobernador Javier Duarte en alianza con grupos católicos; y la tipificación del delito de aborto que se castiga con un “tratamiento educativo”.

Esta es la segunda solicitud de Alerta, pues cabe recordar que en noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó una por violencia feminicida en 11 municipios de Veracruz, la cual sigue vigente.

La defensora Araceli González Saavedra informó que el gobierno estatal ya entregó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) su reporte de cumplimiento de las recomendaciones que dio el grupo de expertas que analiza esta segunda solicitud, por lo que ahora está en manos de la dependencia de Segob,  determinar si decreta o no la segunda AVG en la entidad.

Si bien la directora de Equifonía señaló que observaron avances significativos en la mejora de los servicios de salud para las mujeres y la capacitación del personal médico con el fin que garanticen el acceso a la NOM 046, la reforma al Código Penal sobre la despenalización del aborto era una acción esencial, por lo esperan que Segob considere que las recomendaciones del Grupo de Trabajo y active la AVG por agravio comparado.

17/HZM/LGL

 








NACIONAL
SALUD
   Llaman al senado a no aprobar iniciativa
Objeción de conciencia responde a intereses de grupos religiosos
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/10/2017

La recién aprobada objeción de conciencia para los prestadores de servicios de salud (personal de apoyo y administrativo), representa un riesgo porque faculta a la Secretaría de Salud a incluir a más objetores y ampliar los servicios y prácticas o investigaciones en el mismo sentido.

Entrevistada por Cimacnoticias, la asesora en política y abogacía de Ipas México, Fernanda Díaz de León, explicó que el dictamen aprobado ayer por la Cámara de diputados, establece en su artículo segundo transitorio que será la Secretaría de Salud Federal la encargada de hacer, en un plazo de 90 días, los lineamientos para el ejercicio de la objeción de conciencia, lo que en su opinión es preocupante ya que podrá objetar los servicios o procedimientos médicos que considere.

El motivo no sólo es alarmante para los servicios de interrupción del embarazo, no se limita a eso, es devastador para todos los servicios de salud de las personas”, aseguró la abogada especialista en Derechos Sexuales y Reproductivos.

De lograrse esta propuesta, agregó, “desde la persona vigilante de la puerta podría decidir que está en contra de algún servicio como el aborto y podría negarle el registro a una usuaria, o el derecho a una ficha una persona que iba por cualquier otro servicio”, ejemplificó Díaz de León.

Con ello la Secretaría, si así lo reglamenta, podría ampliar y reconocer como objetores de conciencia al personal de vigilancia, servicio social, recepcionistas, entre otros, o regular en qué procedimientos médicos se puede aplicar, tal como lo pretendía en un inicio el proyecto de ley de la diputada del Partido Encuentro Social (PES) Norma Edith Martínez Guzmán, aseguró Díaz de León.

La objeción de conciencia para el personal sanitario no es una novedad, tras la despenalización del aborto en 2007 en la Ciudad de México se reconoció en el artículo 59 de la Ley de Salud local que el personal médico y de enfermería que lo practique puede objetar no hacerlo por convicciones éticas y morales, asimismo lo reconoce el apartado sexto de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) que garantiza en el país el aborto en casos de violación.

Lo que planteó la iniciativa original de la diputada Martínez Guzmán, era ampliar la objeción a “profesionistas, técnicos, auxiliares y prestadores de servicio social”, por lo que ayer en el pleno se discutieron los obstáculos que esto podría representar en el acceso a los servicios de salud reproductiva para las mujeres, quedándose limitado solamente al personal de enfermería y médico como objetor de conciencia (facultad que ya tienen).

“Es muy importante establecer las reglas y cómo es que el ejercicio de esta prerrogativa no afecte los derechos de terceros, que es lo que establece la Constitución”, pero falta que lo vote el Senado, quien podría aceptar el dictamen sin modificaciones, o bien, regresarlo a San Lázaro con adecuaciones.

Esperamos que no se apruebe y el llamado a las y los senadores es ése, ya que además es una reforma innecesaria, dijo.

“Es un dictamen que no es prioritario porque hay temas nacionales de urgente discusión y la objeción de conciencia no es uno de ellos, me parece que esta iniciativa responde a intereses de grupos religiosos por incluir en la ley sus creencias y eso es preocupante en el marco del Estado laico”, concluyó Fernanda Díaz de León.

La iniciativa de la diputada de Encuentro Social fue impulsada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) de la Comisión de Salud.  

Cabe mencionar que a lo largo de su carrera, la diputada Martínez Guzmán también se ha manifestado en contra de permitir a las mujeres a abortar en casos de violación, además presentó en 2016 una iniciativa para modificar el artículo 4° de la Constitución Política del país para “proteger la vida desde el momento de concepción y estado en contra de otras temáticas como el matrimonio igualitario. 

17/HZM/LGL








NACIONAL
SALUD
   Podrán excusarse de participar en tratamientos o investigaciones
Aprueban diputados “objeción de conciencia” para personal administrativo
CIMACFoto: Cristina Acuña Roeder
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/10/2017

La Cámara de Diputados aprobó adicionar el Artículo 10 BIS a la Ley General de Salud, que se extiende al personal administrativo y de apoyo (servicio social, enfermeras) de los servicios de salud, por lo que ahora podrán negar servicios de salud reproductiva a las mujeres que los soliciten.

En la sesión de este 10 de octubre, con 367 votos a favor, 34 en contra y 28 abstenciones, las y los legisladores de la Cámara de Diputados avalaron introducir el concepto de “objeción de conciencia” que antes no estaba previsto en la Ley General de Salud, con lo que cualquier integrante del Sistema Nacional de Salud podrá “excusarse de participar en cualquier programa, actividad, práctica, tratamiento, método o investigación que contravenga su libertad de conciencia”.

Esta fue una propuesta de la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Norma Edith Martínez Guzmán, por la cual las organizaciones civiles especialistas en derechos sexuales y reproductivos como Ipas México, el Grupo de Información en Reproducción (GIRE), entre otras, alertaron que atentaba en particular en el acceso de las mujeres a servicios de salud como el aborto y métodos anticonceptivos, dándole al Estado, la posibilidad de negárselos.

En la discusión de este día, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Cecilia Guadalupe Soto González, señaló que la iniciativa atenta sobre todo contra el derecho de las niñas víctimas de violación a no ser madres, y recordó el caso emblemático de la niña de 13 años de edad, Paulina, a quien en 1999 el personal sanitario de Baja California le negó su derecho al aborto legal por una violación, por lo que el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La legisladora perredista aseguró que la propuesta “no tenía un problema a resolver”, por el contrario generaba conflictos en el funcionar de la Secretaría de Salud, pues la negativa a brindar servicios de aborto en casos de violación aún se suscita en clínicas de varias entidades de la República, donde además, no se cuenta con personal médico suficientemente capaz de suplir a quienes sean objetores de conciencia.

De este contexto también habló la diputada del partido Nueva Alianza (NA), Karina Sánchez Ruiz, quien argumentó que la propuesta del PES pone en riesgo “la atención médica de millones de mexicanas” y contraviene recomendaciones que realiza la Organización Mundial de Salud (OMS) sobre la obligación de los países de preservar y promover la salud de la población, desde un enfoque de protección a los Derechos Humanos y pruebas científicas.

La introducción de este nuevo Artículo 10 BIS a la Ley, anticipa que el personal médico podrá hacer uso de esta facultad en cualquier momento, siempre y cuando no se trate de emergencias en las que está en riesgo la vida de la persona. Además de la obligación del sistema de salud de disponer de médicas y médicos no objetores de conciencia. Pero ahora será el turno del Senado de la República aprobar la iniciativa.

Por su parte la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mariana Trejo Flores, señaló que ningún tratado internacional que ha firmado el Estado mexicano reconoce como un derecho la “objeción de conciencia”, y que en los Artículos constitucionales 5°, 6° y 24° se reconoce que las personas deben ejercer una profesión a partir de sus convicciones éticas, de conciencia y religión, sin embargo, es obligación del Estado laico asegurar la salud de la población.

A ello sumó el diputado perredista David Gerson García Calderón, quien subrayó que entre las recomendaciones que ha dado a México el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas inglés) destaca la de asegurar la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Cabe recordar que las mexicanas tienen derecho, entre otras, a la causal de aborto por violación en todo el país y la “Norma Oficial Mexicana 046 Violencia Familiar, Sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención”, obliga a los prestadores de salud a realizarlo. Únicamente en la Ciudad de México, desde 2007, la Interrupción Legal del Embarazo es voluntaria dentro de las 12 primeras semanas de gestación.

17/HZM/LGL








NACIONAL
Aborto
   Diputada del PES presenta iniciativa, OSC piden no aprobarla
Buscan reformar Ley General de Salud para extender objeción de conciencia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/10/2017

Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir llamaron a las y los diputados a no aprobar el dictamen de reforma al Artículo 10 BIS de la Ley General de Salud, que busca extender la objeción de conciencia a personal de apoyo y administrativo de los servicios de salud, pues de lograrse, se justificaría la negativa a proporcionar servicios de salud reproductiva a las mujeres como la Interrupción
Legal del Embarazo (ILE).

Esta iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Encuentro
Social (PES), Norma Edith Martínez Guzmán, y fue publicada en la gaceta parlamentaria del pasado 27 de septiembre. En ella propone que personal del Sistema Nacional de Salud podrá hacer valer la objeción de conciencia y excusarse de participar en cualquier “programa, actividad, práctica, tratamiento, método o investigación que contravenga su libertad de conciencia” con base en sus valores y principios éticos.

La campaña, integrada entre otras organizaciones por Ipas México, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), alertó en un comunicado que esto representa un riesgo en el caso particular de las mujeres porque se podría obstaculizar la atención en casos de la interrupción del embarazo existentes como violación y riesgo a la salud, y otros procedimientos como el acceso a métodos anticonceptivos.

La diputada plantea en el proyecto que cuando se dio hace una década la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México, también se reconoció la objeción de conciencia del personal sanitario para practicarlo, por lo que “resulta necesario incluir expresamente este derecho” en la Ley General de Salud, para todos los servidores del sistema de salud de la República.

Lo mismo sucede, expresa Norma Martínez, con la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM 046), que señala los criterios para el acceso al aborto en casos de violación sexual, en ella se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y enfermeras a atender estos casos que son considerados emergencias médicas.

Asimismo la diputada da ejemplos de países que cuentan en sus legislaturas con estas facultades para que el personal médico decida no practicar una interrupción del embarazo, como ocurre en Estados Unidos, Francia, Alemania y Holanda, sustenta.

Situaciones que ocurren a pesar de que la Organización Mundial de Salud (OMS) alerta que los países que usan la objeción de conciencia lo hacen como una estrategia sistemática para negarse a brindar servicios de salud y evitar que las mujeres ejerzan sus derechos reproductivos, orillándolas a recurrir a prácticas de aborto inseguras que ponen en riesgo su vida.

El proyecto de ley adiciona que la objeción de conciencia puede realizarse en cualquier momento y no está limitada, es decir, si el objetor ya la solicitado en situaciones pasadas “no constituye un delito” siempre y cuando “no ponga en riesgo la salud o la vida del o la paciente”.

En caso de proceder la reforma será obligación de la Secretaría de Salud contar en todos los casos, con otras personas que estén dispuestas a brindar la atención.

OBLIGACIÓN DEL ESTADO GARANTIZAR ILE

La propuesta de reforma indicaron las activistas, tiene graves problemas pues el “derecho a la objeción” se amplía al personal técnico o administrativo (no sólo a la persona que participa de manera directa en la intervención médica) y contempla, además del aborto, una serie de procedimientos médicos en los cuales se puede hacer facultad de esta objeción, como en tratamientos anticonceptivos (reversibles e irreversibles).

“Como se observa en ese transitorio segundo -referente a la serie de procedimientos- indicar ciertas intervenciones médicas responde a criterios morales de diversas tendencias religiosas. Por tanto la propuesta atenta contra el Estado laico en México y pone en riesgo la salud de las personas”, precisó la agrupación y recordó que el
Estado está obligado a garantizar el derecho a la salud de la población.

Señalaron que es una reforma innecesaria pues recordaron a las y los legisladores que los Artículos 5º , 6º y 24º de la Constitución, reconocen los derechos a ejercer una profesión a partir de las convicciones éticas, de conciencia y de religión, siempre y cuando no perjudique a terceros.

El dictamen de la Comisión de Salud se discutirá entre otros ocho durante esta semana en el pleno de la Cámara de Diputados, por lo que las activistas que integran la Campaña hicieron un llamado a las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional a no aprobar el dictamen. En redes sociales las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos de México también se unieron bajo el hashtag #SaludSinObjeción.

Actualmente en todo el país las mujeres pueden interrumpir un embarazo cuando sea producto de una violación sexual, y únicamente en la Ciudad de México se puede realizar de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación. En estados de la
República las organizaciones como GIRE han alertado sobre las negativas del personal médico a brindar este servicio a pesar de las causales que están establecidas en la ley.

17/HZM/LGL








INTERNACIONAL
Aborto
   Sólo 2 mil 500 mujeres de 100 mil accederán a abortos seguros
   
OSC y Academia chilenas promueven campaña por despenalización del aborto
Imagen retomada del portal Mesa de Acción por el Aborto en Chile
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/09/2017

A propósito de la conmemoración del 28 de septiembre por el Día de Acción Global por un Aborto Legal y con la consigna de que la maternidad “debe ser voluntaria, libremente decidida y en un contexto social y legal de protección”, organizaciones civiles y académicas de Chile llamaron a promover la “despenalización social” del aborto en el país y reivindicarlo como un derecho de las mujeres.

La petición fue promovida por la Mesa Acción por el Aborto en Chile, integrada por académicas y más de 10 organizaciones que trabajan por los Derechos Humanos, a través de la “Campaña por la Despenalización Social y Penal del Aborto” impulsada en redes sociales.

Las demandantes exigieron no criminalizar ni juzgar a quienes deciden practicarse un aborto, es decir “despenalizar socialmente” este derecho que aseguraron, significa la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

La campaña fue promovida desde ayer 28 de septiembre, día en el que se conmemora, desde 1990 el Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, tras el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina ese año y fue creada a dos semanas de que la titular del ejecutivo chileno, Michelle Bachelet, promulgara la ley que despenaliza el aborto por tres causales.

A través de un comunicado la vocera de la Mesa Acción por el Aborto, Gloria Maira, refrendó la urgencia de legalizar el aborto por cualquier circunstancia pues aseguró que la ley de aborto por tres causales es  un  “piso mínimo para la autonomía reproductiva de las mujeres” porque solo permitirá el acceso a ese derecho a quienes estén en esas circunstancias y afirmó: “muchas más seguirán abortando en la clandestinidad, la criminalización y el estigma”

Se estima que en Chile se practican anualmente 100 mil abortos inseguros y con las causales permitidas sólo 2 mil 500 mujeres podrán acceder al servicio dentro del marco legal y en condiciones salubres y seguras, de acuerdo a la Mesa Acción por el Aborto, conformada por organizaciones como Amnistía Internacional-Chile, el Observatorio de Equidad de Género en Salud y académicas de la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales.

Hasta agosto de este año, cuando el Tribunal Constitucional chileno aprobó el proyecto de ley que Michelle Bachelet presentó desde 2015 para despenalizar el aborto por las causales mencionadas, Chile formaba parte de la lista de seis países en el mundo que no garantizaban este derecho y en la que actualmente se encuentran Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta y el Vaticano.

Aunque la ley chilena ya fue promulgada, será hasta diciembre cuando entre en vigor, una vez que el Ministerio de Salud realice el protocolo que determinará cómo se aplicará en las instancias de salud.

17/MMAE/LGL








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