INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Necesario despenalizar aborto: Regina Fonseca
Hondureñas, por un Código Penal que respete sus derechos
Imagen retomada del portal de AmecoPress.
Por: Gloria López
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 15/05/2017 El abrumador asesinato de la defensora de derechos humanos indígena Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016 ha puesto el punto de mira sobre el agravamiento de la situación de Derechos Humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 2009. Un país en el que ahora se discute un nuevo Código Penal.
 
La defensora de derechos humanos Regina Fonseca, de la Plataforma “Somos Muchas”, ha visitado recientemente Irlanda, Bruselas y el Estado español, acompañada por las organizaciones Front Line Defenders, Brigadas Internacionales de Paz-Estado Español, Calala Fondo de Mujeres, JASS–Asociadas por lo Justo, y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.
 
Fonseca tenía el objetivo, entre otras cosas, de denunciar las violaciones a Derechos Humanos del proyecto de nuevo Código Penal. El proceso de elaboración de este Código, llevado a cabo en el seno de una comisión del Congreso Nacional de Honduras, ha contado con recursos y asistencia técnica de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID).
 
En declaraciones públicas emitidas el 3 de abril de 2017 el presidente de la Comisión de Dictamen, Mario Alonso Pérez, afirmó que dicha Comisión había concluido que no modificaría el artículo del Código Penal que establece la penalización absoluta del aborto y expresó que para el Estado hondureño el aborto será considerado un “delito grave fuertemente penalizado”.
 
El 4 de abril, medios de comunicación local informaron que la policía había detenido a una mujer en Comayagua, zona central de Honduras, por haberse provocado un aborto. La foto de la mujer acusada por el “delito de aborto” fue exhibida en los medios de comunicación con las manos atadas y una policía a su lado.
 
El Congreso Nacional de Honduras aprueba de este modo mantener la penalización total del aborto en el nuevo Código Penal, con penas de 3 a 10 años de cárcel. Mientras, Regina y cientos de mujeres organizadas en las más de 23 asociaciones de la sociedad civil hondureña articuladas en la iniciativa “Somos Muchas” no cejan en el empeño de defender los derechos de las mujeres.
 
EL NUEVO CÓDIGO
 
Gloria López (GL): Estás involucrada, Regina Fonseca, en la respuesta de la sociedad civil frente a la reforma del Código Penal de Honduras. ¿Qué pretende esta reforma y en especial, qué consecuencias puede tener en la vida de las mujeres?
 
Regina Fonseca (RF): Bueno, no se trata de una reforma, sino de crear un nuevo Código Penal. El actual data de 1985. Lo que se ha vendido a la opinión pública es que este nuevo código es un instrumento moderno que nos va a dar más seguridad en el país. Las organizaciones feministas fueron las primeras que entramos en alerta cuando supimos que se estaba creando este código, queríamos conocer. Sobre todo porque cada cambio, cada avance en el reconocimiento de determinados derechos, ha venido dada por la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas hondureñas. Como ejemplos concretos está el reconocimiento de la violencia intrafamiliar, el que los delitos sexuales dejaran de ser considerados delitos contra el honor, sino delitos contra la integridad. Y que ambos fuesen considerados de persecución pública. Han sido luchas que hemos ido conquistando.
 
Nos costó mucho que nos abrieran espacio en la creación de este Código. Fue un proceso muy opaco. Hasta finales de 2016 no pudimos entrar y en ese sentido, fue muy importante la labor de la cooperación española, de los consultores que elaboraron el segundo borrador del Código Penal.
 
Participamos, había cosas que eran importantes defender. Es una oportunidad para que al menos en circunstancias excepcionales no se penalice a las mujeres y niñas que aborten: aquellas que sufren violencia sexual o incesto, o las que ponen en riesgo su salud e incluso su vida, o cuando existen malformaciones graves en el feto incompatibles con la vida.
 
Estamos pidiendo unos mínimos, que además están reconocidos en los estándares internacionales de Derechos Humanos. Nos hemos organizado para demandar que el tipo penal de Feminicidio permanezca incluido y mejore, para que los delitos sexuales tengan los suficientes candados que eviten la impunidad y garanticen la protección de las mujeres, para no perder lo ganado en materia de discriminación, por ejemplo, con la comunidad LGTBI. Y por supuesto, para defender nuestros derechos sexuales y reproductivos.
 
ABORTO CON PASTILLAS PARA CURAR FRIJOLES  
 
GL: ¿El aborto está absolutamente penalizado en Honduras?
 
RF: Absolutamente. Honduras es uno de los 9 países en el mundo que lo tienen penalizado, 7 de ellos están en América Latina.
 
GL: ¿A qué se enfrenta una mujer que quiere abortar en Honduras?
 
RF: La única manera de abortar es de manera clandestina. Si tienes dinero, puedes recurrir a un aborto seguro. Pero la mayoría de la población no tiene ese privilegio, por ejemplo, las mujeres más jóvenes, o las campesinas. Y hay mujeres en la cárcel por abortar. La pena varía, de 3 a 6 años y para quien lo realiza, de 6 a 8 años.
La mayoría de los abortos son inseguros, las mujeres ponen en riesgo su vida. Hay suicidios de niñas, sobrevivientes de violencia sexual que quedaron embarazadas. No sé si han oído hablar de pastillas para curar frijoles, que es un veneno que se utiliza para quitar los bichos a los granos básicos y que se venden en los comercios de productos agrícolas; hay quienes se han introducido esas pastillas en la vagina.
 
GL: ¿Tampoco tienen derecho a los anticonceptivos?
 
RF: La concepción moderna existe, excepto la de emergencia, que fue prohibida tras el golpe de Estado.
 
GL: ¿Cuál es el papel de la Iglesia en esta represión?
 
RF: Las cúpulas de la Iglesia católica evangélica han conducido todos los procesos de criminalización de todas aquellas mujeres y hombres que quieren defender sus derechos de salud reproductiva. Han detenido procesos de educación sexual, han obstaculizado la anticoncepción de emergencia. Los ataques que recibimos las defensoras de los derechos humanos vienen de esa jerarquía. Están demasiado cerca de los poderes políticos y jurídicos en nuestro país.
 
IMPUNIDAD
 
GL: Entre las razones de la violencia estructural que sufren las mujeres en Honduras, figura la impunidad. Tú has realizado varios estudios. ¿Las mujeres denuncian? ¿Qué pasa cuando denuncian? ¿Qué estamentos son cómplices para que exista esta impunidad?
 
RF: Hay problemas estructurales que se agudizan con los problemas de criminalización social y la militarización que se da posterior al golpe. También la zona sociopolítica donde estamos es importante: Honduras ha sido históricamente el patio trasero de Estados Unidos. La militarización se ha naturalizado. Las bandas criminales que se han organizado por esa región requieren de todo el engranaje institucional del Estado para que funcione y de eso hay evidencias.
 
Los niveles de violencia letal convirtieron a Honduras en el país más violento del mundo hace dos años. La tasa anual de asesinatos de mujeres es de 12 por 100 mil, más alta que la media. En un contexto en el que los órganos del Estado están al servicio, no de la gente, sino de las grandes empresas transnacionales, tiene sentido la impunidad. Y la violencia es ejemplarizante. En el caso de los feminicidios es del 90 por ciento, en el caso de los delitos sexuales es del 94 por ciento. Esto no incentiva la denuncia. Puedes encontrarte que la persona que te agredió está detrás del escritorio de la policía. ¿A dónde vas a denunciar?
 
GL: ¿Qué tipo de agresiones, presiones, violencia, sufren las defensoras de los derechos humanos en Honduras?
 
RF: Tiene que ver con el ámbito de la defensa de los derechos. Las defensoras de la tierra se enfrentan a la muerte y a la violencia sexual. Hay poblaciones que sufren más estas formas de violencia. Berta Cáceres fue asesinada incluso con medidas cautelares. Nos enfrentamos al poder establecido, es el Gobierno quien concede los contratos y proyectos de explotación.
 
GL: Háblanos de tu labor como responsable del Programa de Incidencia Política Internacional de la organización Centro de Derechos de la Mujer (CDM)
 
RF: La lucha contra la violencia de género es políticamente correcta. La lucha contra la expropiación de nuestros cuerpos no lo es. Somos “maleducadas” cuando hacemos exigencias sobre el uso de nuestros cuerpos y nuestra libertad. Y en eso se acompañan las instituciones Estado-Iglesia, especialmente el Opus Dei, que tiene mucha influencia política y económica. Ellos nos difaman y tienen la cobertura de los grandes medios para hacerlo.
 
Nuestra lucha es a contracorriente y sufrimos criminalización, ataques, difamación. Ha sido una estrategia pensada y ejecutada. A esto hay que sumar que una forma para callarnos tiene que ver con llevar nuestros casos a instancias penales y civiles; si te ponen multas de 50 mil dólares y a pedir perdón público por algo que hemos expresado, es una forma de ahogar la protesta y matar a las organizaciones. Y con la excusa del delito de hacer apología de terrorismo, la cosa se complica.
 
Hay que decir que los consultores españoles, al menos públicamente allá, con la discusión del nuevo Código Penal, no han dicho nada alrededor de estos retrocesos. Han guardado un silencio que para nosotras es cómplice. No es fácil hacer incidencia política.
 
FORMAS PERVERSAS DE CASTIGAR LA DISIDENCIA
 
GL: Es cierto que a partir del golpe de Estado de 2009, hay un aumento de la violencia, del uso de la fuerza como estrategia patriarcal. Pero las defensoras de los derechos humanos se enfrentan a mucho más. Las mujeres indígenas, pobladoras y campesinas que luchan por la defensa de sus territorios, su cultura y sus bienes comunes y que se oponen a los megaproyectos extractivos fomentados por los gobiernos corporativos amparados en tratados voraces internacionales y en leyes serviles que atentan contra la soberanía de los pueblos es un aspecto fundamental en Honduras. Estamos hablando de capitales internacionales, muy poderosos. ¿Cómo superar las resistencias en países europeos, cuando esos capitales son dueños de los medios de comunicación, por ejemplo?
 
RF: Es muy difícil. Son los mismos, dueños de bancos, de los medios de comunicación, los que administran las hidroeléctricas. Son intereses de corporaciones internacionales, el capital, un sistema que juega en contra de las personas.
 
GL: La sensación aquí es que hay un antes y un después tras el asesinato de Berta Cáceres en marzo 2016. ¿Hay un cambio en cuanto al conocimiento de la situación más allá de las fronteras nacionales? ¿Se sienten más respaldadas internacionalmente? ¿Se traduce en cambios y mejoras en el terreno?
 
RF: Nadie de las estructuras del poder político y económico se imaginaba la reacción. Esa respuesta internacional ha hecho que ellos se vean obligados a hacer algunas cosas. Cosas que implican riesgos y trampas. Se hacen determinadas consultas pero con una participación viciada. El gobierno promueve un asistencialismo que compra conciencias se algunos sectores en estas comunidades y, cuando no se compran, estos grupos reciben otras formas de sanción. Por ejemplo, tras el asesinato de Berta se hizo un informe acerca de los hilos que unen el poder político y económico en la región. Y supimos que algunas personas que habían colaborado, fueron sancionados, impidiendo por ejemplo, a una padre que sus hijos fueran matriculados en la escuela pública. Se les castiga de esa manera tan perversa.
 
GL: ¿El machismo está presente también en los movimientos “progresistas”, entre los compañeros con los que defiendes los derechos humanos?
 
RF: Sí, claro que tenemos que bregar con el machismo. Es muy importante producir un acercamiento entre organizaciones tradicionales de derechos humanos y las organizaciones feministas. De hecho se va produciendo. Es importante comprender que tu lucha es mi lucha y a la inversa.
 
17/GR/GG







INTERNACIONAL
Aborto
   Grupo experto apoya iniciativa en favor de mujeres
ONU emplaza a Congreso salvadoreño a despenalizar aborto
Imagen retomada del portal Tribuna Feminista.
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 11/05/2017 Un grupo de personas expertas de Naciones Unidas ha emplazado al Congreso de El Salvador a aprovechar la revisión de un artículo del Código Penal sobre la posible despenalización del aborto para mejorar la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
 
“Apoyamos firmemente la propuesta de reforma que actualmente considera el Congreso salvadoreño para permitir la interrupción del embarazo cuando implica un riesgo para la vida de las mujeres, cuando es el resultado de una violación y cuando el feto es inviable”, expresaron las expertas y expertos.
 
“Instamos a las y los legisladores a aprovechar esta oportunidad única para convertirla en un punto de inflexión en la historia de los derechos de la mujer en el país”, recalcaron.
 
Desde ONU indicaron que la prohibición total que rige en la actualidad es contraria a las normas del derecho internacional y viola las obligaciones internacionales del país.
 
El Salvador es uno de los pocos países del mundo que criminaliza a las mujeres por intervenciones realizadas en las situaciones citadas antes, señalaron los relatores.
 
También advirtieron que debido a la amenaza del castigo penal, las afectadas temen buscar atención médica cuando sufren complicaciones.
 
Destacaron que muchas mujeres han sido procesadas hasta 40 años de prisión bajo cargos de aborto, a veces caratulado (tipificado) como homicidio agravado. Las más afectadas son las que viven en pobreza y que no pueden acceder a la defensa legal.
 
“Reiteramos nuestro llamado a revisar las sentencias contra todas las mujeres que actualmente cumplen penas de prisión por cargos relacionados con el aborto con miras a su liberación”, agregó el grupo de Naciones Unidas.
 
Recordaron que la criminalización del aborto no reduce las tasas, tal como lo muestran los datos de la Organización Mundial de la Salud, sino que por el contrario, suele aumentar el número de mujeres que optan por practicárselo de forma clandestina, lo que las expone a tratamientos inseguros.
 
Los relatores que emitieron este comunicado son, Alda Facio, presidente del grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Dainius Puras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental; Dubravka Šimonovic, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
 
EL ABORTO EN EL SALVADOR
 
Desde 1988 el aborto está totalmente penalizado en El Salvador, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la mujer o la niña embarazada corran peligro. Esta medida no solo ha cobrado las vidas de mujeres y niñas, pero también ha supuesto el encarcelamiento de decenas de mujeres.
 
La ley actual obliga a mujeres y niñas a recurrir a abortos clandestinos para salvar sus vidas, y además crea una atmósfera de sospecha hacia las mujeres que sufren un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas. Como consecuencia, mujeres que han tenido complicaciones durante el embarazo han sido procesadas y condenadas tras ser acusadas de “aborto inducido,” con sentencias de hasta 40 años de prisión.
 
Los datos demuestran que la total penalización del aborto no reduce el número de abortos, sino que incrementa el riesgo de que la mujer muera a causa de abortos ilegales e inseguros.
 
La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que las leyes de aborto restrictivas ponen a las mujeres y niñas que viven en la pobreza, y a las que viven en zonas rurales y más aisladas, en un riesgo especial de sufrir abortos inseguros.
 
La penalización del aborto en todas las circunstancias disuade a las mujeres de buscar atención médica y crea un “efecto amedrentador” en el personal médico, que tiene miedo de proporcionar tratamiento que podría salvar la vida a mujeres cuya vida o salud corre peligro a causa del embarazo, o que sufren complicaciones derivadas de un aborto inseguro.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG







DESDE LA LUNA DE VALENCIA
DERECHOS HUMANOS
   DESDE LA LUNA DE VALENCIA
Maternidades no tan idílicas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa Mollá Castells*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 08/05/2017 Este domingo se conmemoró en España el Día de la Madre. Y lo conmemoramos en un momento en el que el patriarcado más feroz intenta desvirtuar su esencia primigenia en el sentido de" la madre es la que pare" y en todo caso, y también, la que cría y cuida.
 
Asistimos con espanto a la manipulación más grosera de la utilización del cuerpo de las mujeres con fines claramente mercantilistas. Junto con el de la prostitución, el alquiler de vientres de mujeres son dos negocios muy lucrativos que la alianza que suponen el capitalismo y el patriarcado no van a dejar escapar. Y hemos de recordar que en ambos casos la materia prima con la que hacer negocios son los cuerpos de las mujeres y de las niñas.
 
Cuando analizamos desde la perspectiva feminista estos hechos o, mejor dicho, estos negocios, al menos a mí se me revuelven las tripas y me entra un profundo asco. Y también una profunda tristeza.
 
Asco por comprobar la falta total de escrúpulos y del más mínimo respeto hacia los cuerpos de más de la mitad de la población mundial. Y sobre todo los de las mujeres y niñas más vulnerables económicamente hablando, que se convierten en un enorme granero de materia prima para poder explotar por parte del capitalismo patriarcal más feroz. Lo mismo que ocurrió con la esclavitud. Comercio con materia prima de carne humana a la que utilizar y explotar. Y como no podía ser de otro modo, también en aquel momento esclavista las mujeres esclavas se llevaron la peor parte.
 
Y una profunda tristeza por comprobar cómo algunos valores humanos se degradan en aras al cumplimiento de unos deseos patriarcales que no dudan en recurrir a todos los medios, incluso ilegítimos, para ser satisfechos.
 
No soy jurista. Pero sí soy feminista y como tal abogo por una sociedad libre de desigualdades entre hombres y mujeres. A las amigas juristas feministas les dejo el arduo papel de desentrañar la ilegalidad sobre la necesidad actual del patriarcado por negar la maternidad a las madres gestantes de esas criaturas que luego van a ser entregadas a otras personas. Eso sí previo pago de su importe a las agencias intermediarias.
 
Pero como feminista me parece que el patriarcado utiliza el papel de la maternidad siempre a su favor. Y me intento explicar.
 
De momento solo las mujeres podemos gestar y parir. Y, aunque el diccionario de la Real Academia de la Lengua no lo explicite, también podemos engendrar. Aprovechándose de esa característica biológica, el patriarcado ha utilizado la maternidad de muchas maneras.
 
Como forma de perpetuar su linaje, impidiéndonos a las mujeres decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestras maternidades. Llegando a convertir en pecado nuestro placer sexual y convirtiendo en "sagrado" el cuerpo, solo destinado a la procreación. Y por supuesto para el placer masculino también.
 
De esa manera también se produce una sublimación de la maternidad como única forma de realización de las mujeres que asumen el cuidado de su prole y del padre de la misma como función primordial de su vida, olvidándose de sí misma y de sus aspiraciones o necesidades. De ese modo quedan sometidas al sustentador de la familia.
 
Tampoco ha dudado el patriarcado en utilizar la maternidad como arma de guerra utilizando a las mujeres, además de para satisfacer sus deseos sexuales, para parir a sus hijos e hijas, sin importarles lo más mínimo el futuro de las madres y de las criaturas. Únicamente como forma de humillación hacia el adversario en el conflicto. Violando y embarazando a mujeres imponía su ley patriarcal a través de una descendencia, aunque esta no fuera reconocida. El papel de estas mujeres es especialmente doloroso puesto que quedan estigmatizadas por sus propias familias, al igual que las criaturas que nacen de estos actos salvajes.
 
También como arma política con un control de la natalidad para aumentar o disminuir la población en determinadas zonas.
 
La reproducción como forma de aumentar la población, sin tener en cuenta la situación en que se producen esas gestaciones y la calidad de vida que van a tener en el futuro esas criaturas es algo que está ocurriendo ahora mismo y que pretende colonizar espacios físicos y políticos. Y un ejemplo de lo que digo es la política del Estado de Israel con respecto a la natalidad. Se potencia notoriamente con el fin de colonizar espacios usurpados ilegítimamente al pueblo palestino. De nuevo la alianza entre capitalismo y patriarcado impone sus reglas políticas y económicas sobre los cuerpos de las mujeres.
 
Otra forma de control de natalidad son las políticas de hijo único y preferiblemente varón que ha estado vigente en China hasta hace unos meses. El objetivo de controlar la súper población ha tenido, entre algunas de sus consecuencias, el alto índice de abandono de niñas al nacer o de abortos de fetos cuando se conocía que era una niña, dejando de ese modo la población descompensada en favor de los hombres y aumentando de ese modo su poder sobre las mujeres sobre todo en las zonas rurales.
 
Las esterilizaciones forzadas es otra de las formas utilizadas por el patriarcado como control de natalidad y sin importar las consecuencias que estas puedan tener sobre los cuerpos de las mujeres. En Perú y solo durante la etapa del dictador Fujimori fueron más de 300 mil mujeres esterilizadas sin su consentimiento y con métodos bastante deplorables en el mejor de los casos.
 
Y estos son solo algunos ejemplos sobre el uso interesado que hace el patriarcado de la maternidad.
 
Afortunadamente hemos avanzado en derechos y en capacidad de decidir si queremos o no ser madres y cuando lo queremos ser. Pero cada cierto tiempo la ofensiva patriarcal se hace patente y nos recuerda que sus fauces siguen abiertas para devorarnos a nosotras y a nuestros avances al menor descuido.
 
La ofensiva patriarcal actual y en occidente viene de la mano de las agencias que ofrecen criaturas "a la carta" a través de los vientres de alquiler de mujeres en precarias situaciones económicas. A pesar de que ese tipo de actividades en el Estado Español son ilícitas, se están realizando ferias para exponer esos "productos" y por tanto poder seguir haciendo negocio. Y la fiscalía mirando hacia otro lado. Al parecer es más importante el negocio que la vida de las mujeres.
 
Revertir estas situaciones, todas ellas, se hace urgente y para ello se necesita la complicidad de mujeres y hombres de buena fe que seamos capaces de sensibilizar de forma feminista a la sociedad. Hemos de hacer ver que las mujeres no somos ni debemos ser bajo ningún concepto materia prima para negocios lucrativos para el capitalismo patriarcal.
 
Yo voy a seguir por ese camino de sensibilización feminista porque, entre otros motivos, ya no sé vivir de otro modo. ¿Y tú, crees que las mujeres somos materia con la que se puede negociar y lucrarse?
 
* Corresponsal, España. Comunicadora de Ontinyent.
 
tmolla@telefonica.net
 
17/TMC/GG







INTERNACIONAL
Aborto
   OSC denunciarán ante instancias internacionales
Parlamento nicaragüense archiva proyecto de ILE por causas de salud
CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua, Nic .- 27/04/2017 La Junta Directiva del Parlamento nicaragüense ordenó archivar la iniciativa de Ley especial para la interrupción del embarazo por causas de salud, la cual era una propuesta de varias organizaciones ciudadanas.
 
El diputado oficialista Wilfredo Navarro dijo que en el Parlamento estaban a favor de la vida por lo cual la posición siempre ha sido en contra del aborto, y esto en concordancia con las encuestas nacionales que reflejan que el pueblo está en contra del aborto, defendió el legislador.
 
“El legislador Navarro no lee bien las encuestas o no sé a cuáles sondeos se refiere”, dijo la integrante de IPAS Centroamérica y del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT), Martha María Blandón.
 
Una reciente encuesta dice lo contrario, refirió Blandón, quien señaló que no era extraña la posición de los legisladores y agregó que continuarán la lucha ante el Poder Judicial para que respondan a los recursos a favor del aborto terapéutico.
 
En 2006, los legisladores nicaragüenses en plena campaña política y atendiendo compromisos con grupos conservadores y con las iglesias, reformaron el Código Penal para penalizar el aborto terapéutico el cual estaba permitido por más de 100 años.
 
Esta año, en el marco de la jornada por los 10 años de lucha por la despenalización del aborto terapéutico,  el GEDAT continuará exigiendo ante la Corte Suprema de Justicia una respuesta sentenció Blandón.
 
Imagen: Nelson Rodríguez.

 
La actitud de los diputados al mandar a caducar esta iniciativa demuestra una vez más el desprecio a los derechos humanos de las mujeres y al sentir de la ciudadanía, dijo Blandón.
 
Leslie Briseño, representante legal de la iniciativa ciudadana, la cual fue presentada ante el Parlamento en octubre de 2015, respaldada por más de 6 mil firmas, lamentó esta decisión.
De esta manera los diputados están desatendiendo una demanda ciudadana y genera realmente mucho pesar ver lo ocurrido, dijo Briseño.
 
La feminista Mirna Blandón dijo sentirse muy molesta por lo actuado por los diputados que demuestran nuevamente el desprecio por la vida de las mujeres y la falta de cumplimiento con los compromisos internacionales.
 
Las y los diputados en la Asamblea Nacional están para hacer leyes a favor de la ciudadanía, no para atender asuntos religiosos, eso es personal y cada quien lo vive, dijo la dirigente feminista.
 
Con este nuevo golpe a los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses, a quienes afectan es a la gran mayoría de las mujeres empobrecidas económicamente, con esto aumenta el riesgo de muerte de las mujeres, dijo Mirna.
 
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres acudirán nuevamente a los órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comités de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y todos los foros internacionales para denunciar esta violación a los derechos de las mujeres.
 
Aunque no hay datos estadísticos oficiales sobre las verdaderas causas de las muertes maternas, es una realidad que hay mujeres que pierden la vida por razones de salud durante el embarazo, dijo Martha María Blandón.
 
Al problema se suma la violencia sexual, se estima que cada año dan a luz en los hospitales públicos un mil 600 niñas menores de 14 años, muchas de ellas exponen sus vidas en los embarazos y se desconoce cuántas pierden la vida por la misma causa, denunció Martha María Blandón.
 
17/NR/GG







ZONA DE REFLEXIÓN
Aborto
   ZONA DE REFLEXIÓN
Aborto legal para no morir
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/04/2017 En 1989 una amiga, a quien llamaré “Luz”, necesitaba interrumpir su embarazo. Ninguna sabía qué hacer, ni a dónde ir, ni a quién recurrir. El camino para poder llegar a un lugar seguro fue terrorífico y dos miedos nos acompañaron todo el tiempo: la muerte y la cárcel.
 
Estudiantes de Sociología, ambas con no más de 22 años de edad, nos adentramos al mundo “clandestino” del aborto. Estudiantes y maestras conocían de lugares, todos secretos, resguardados con temor. Uno de los lugares a los que llegamos estaba por el metro Villa de Cortés. Un departamento mal adaptado como “clínica”, con un presunto médico, lo pongo en duda porque aun cuando estaban sus diplomas enmarcados, algo nos decía que no lo era.
 
Al recibirnos, lo primero que nos dijo fueron sus honorarios, lo segundo que nos preguntó fue si podíamos pagarlo. Tras la respuesta afirmativa de que contábamos con el recurso, pasó a mi amiga a la “sala de exploración-quirófano-bodega”.
 
La revisión fue violenta. Sin ningún cuidado, metió sus dedos en la vagina de mi amiga, lastimándola; le preguntó la fecha de su  última menstruación y nos dio una fecha para el legrado, siempre y cuando tuviéramos el dinero completo que tendríamos que pagar antes de la intervención quirúrgica.
 
Al salir de ahí nos soltamos a llorar, el lugar era sucio y el supuesto médico nos daba muchísima desconfianza. En el metro mi amiga me dijo: “ahí me voy a morir”. Intenté darle confianza, pero yo también creía que ahí la muerte era segura: o por una mala práctica o por una infección.
 
La suerte y el movimiento feminista salvaron la vida de mi amiga. Digo suerte, porque encontramos a la persona precisa con la información necesaria. Luz está viva, es una brillante investigadora y ayer estuvo en la ceremonia de los 10 años de aborto legal en la Ciudad de México.
 
Felices, celebramos junto a muchas feministas que picaron piedra en esta Ciudad de México, y otras más, que aun cuando no estuvieron presentes, son parte de la lucha por la legalización del aborto.
 
Por ejemplo, la Red por la Salud de las Mujeres del Distrito Federal que aglutinó a varias organizaciones, que realizó investigaciones para mostrar por qué era urgente despenalizar el aborto, que reveló las prácticas cotidianas que usaban las mujeres más pobres, aquellas que se provocaban los abortos con las cosas más inverosímiles, aquellas que llegaron a pseudo-clínicas, con pseudo-médicos que las ponían en la calle cuando la hemorragia no paraba para que se fueran a morir en sus casas o en cualquier otro lugar.
 
Decía Marta Lamas en su intervención durante la ceremonia oficial de una década de la Interrupción Legal del Embarazo, que hace diez años la legalización del aborto hasta las 12 semanas fue una decisión política donde intervinieron seis partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa.
 
Claro que sí, fue una decisión política alimentada durante años por las feministas, que contó con un gobierno que asumió la despenalización del aborto, que contó con voces inteligentes y certeras como la de la entonces Consejera Jurídica, Leticia Bonifaz; con una Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que asumió su deber de defender el derecho de las mujeres a decidir si quieren o no ser madres; con ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que certificaron la constitucionalidad de la medida.
 
Mujeres de a pie, que salieron a las calles a defender lo que por derecho les corresponde: decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
 
Por eso celebramos, porque ninguna mujer que ha acudido a alguna de las 13 clínicas de la Ciudad de México ha perdido la vida por practicarse un aborto legal, porque hoy, al igual que Luz, están vivas 176 mil 355 mujeres, quienes no tuvieron que enfrentar el miedo de la muerte o la cárcel.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GG







ESTADOS
Aborto
   Lupita logró ejercer su derecho a no ser madre
ILE en CDMX influyó la primera aprobación en Chihuahua en 2007
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/04/2017
En 2007, una niña de Chihuahua, de 13 años de edad, quien fue violada  y a quien autoridades del estado le negaron interrumpir la gestación, pudo finalmente ejercer allá su derecho a no ser madre, gracias a la presión de organizaciones civiles, quienes advirtieron que la acompañarían a la capital del país, en donde desde hacía cuatro meses estaba vigente la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas.  
 
Lupita, como se conoció a la niña para proteger su identidad, debió luchar junto con su familia, feministas y  organizaciones civiles para que las autoridades locales actuaran de acuerdo con la NOM-190 y autorizaran por primera vez una ILE en Chihuahua, en respeto a la ley estatal. 
 
Lupita fue agredida el 5 de agosto de 2007, por  un sujeto llamado Óscar, alias El Pato, originario de Morelos. La madre de la niña contó a Cimacnoticias que su hija no le reveló de inmediato lo sucedido, sino hasta el 18 de agosto de 2007, al verla deprimida. Ella le dijo que temía que su agresor cumpliera las amenazas de matarla junto con su familia.  
 
Ante la Subagencia del Ministerio Público (MP) en Meoqui, la niña contó que mientras cuidaba a sus hermanos más pequeños, llegó un hombre a su casa, la llevó por la fuerza, arrastrando de los cabellos, hacia  una bodega cercana y la violó.    
 
La niña y su madre fueron amenazadas por el agente del MP que las atendió, les cuestionó la veracidad de su denuncia y les advirtió que pensaran bien si era conveniente denunciar, ya que se era falso lo que declaraban la niña podría ir a la cárcel. El tío de Lupita argumentó al MP que el caso era grave, pues se trataba de una niña, pero le respondió que "con el nuevo sistema de Justicia Penal, la edad de la víctima ya no es importante". Pese a la denuncia, no se giró orden de aprehensión. 
 
NEGATIVAS
 
El médico legista se negó a practicar el examen a la niña, pero  ante la insistencia realizó un certificado con graves inconsistencias, como asentar el nombre de otra persona e informar que la víctima tenía 21 años. 
 
Según la versión de la entonces regidora Chayito Ruiz, el médico no quería trasladarse de Delicias a Meoqui a revisar a la niña, hasta que sus superiores lo obligaron.   
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm)  insistió en la urgencia de resolver el caso, conforme a derecho, pero, dijo entonces la directora del organismo, Rosa Isela Castro (Lucha Castro),  “el Presidente del Supremo Tribunal de Chihuahua se negó a autorizar la ILE porque "los jueces no pueden dar la orden", aunque el Código Penal contemplara el aborto legal en caso de violación. No existe reglamento que indique a qué instancia corresponde el trámite y, por tanto, nadie se atreve a autorizarlo, le dijo el magistrado. 
  
La Procuraduría estatal tampoco asumió tomar medidas en el caso y el  director del Hospital Regional de Delicias, Carlos Herrera Azcona aseguró hoy que "ni con orden judicial" aceptaría que se practicara la intervención, argumentando motivos éticos.
 
Herrera Azcona dijo a la prensa local que no llevarían a cabo un aborto en ese hospital, porque "estaría en la conciencia de todos los que ahí laboran, desde el director hasta el ginecólogo y la enfermería que actuaran en ese caso". 
 
Lucha Castro respondió entonces que en la NOM-190,  la objeción de conciencia es una excepción de la debida obediencia de la ley, más no un derecho reconocido como tal. El respeto a la objeción de conciencia es una concesión democrática y una actitud de tolerancia, no una licencia para obstruir un derecho consagrado a favor de otro, señala la norma.
 
El médico que objete está obligado a asumir proceso de canalización responsable y desistir de cualquier maniobra disuasiva frente a la usuaria, puntualiza. La falsedad en la información médica, incluida la exageración sin base científica de las consecuencias del procedimiento, implica responsabilidad para quien o quienes presten la atención, aclara el texto. 
 
Castro acusó al médico de Chihuahua de no informar debidamente al Sector Salud, como lo indica la NOM 190, para casos de violación y que obliga a remitir los casos de violación al Sector Salud para detectar embarazo, VIH e Infecciones de Transmisión Sexual. De haber ocurrido así, Lupita hubiera sido medicada con la píldora del día después y se hubiera evitado el embarazo, explicó Castro a Cimacnoticias.
 
Grupos de mujeres y feministas enviaron cartas a las autoridades de Chihuahua para exigir que se garantizaran los derechos a la víctima, de acuerdo con el marco jurídico. Así lo confirmaron la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Luisa Camberos; la coordinadora del grupo feminista Ocho de Marzo, Irma Campos, y la magistrada Rosa Isela Jurado  
 
Camberos  insistió en que el Artículo 146 del Código Penal del estado de Chihuahua consideraba como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto: cuando el embarazo fuera resultado de una violación, siempre que se practicara dentro de los primeros noventa días de gestación, o de una inseminación artificial. 
 
También, cuando, de no realizarse la ILE, la mujer corriera peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. Y, cuando el aborto fuera resultado “de una conducta imprudencial de la mujer embarazada”. 
 
Rosa Isela Castro recordó además que también la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Estatal de Atención a Víctimas protegía a las víctimas de violencia sexual.  
 
Advirtió  que si el Sector Salud no acataba la NOM-190, acudirán a los órganos nacionales e internacionales correspondientes a denunciar la negligencia. 
 
Ante las reiteradas negativas y con el tiempo en contra, el   Cedehm solicitó al subprocurador de Atención a Víctimas del estado, Arturo Licón Baeza, dos pasajes de avión para llevar a la niña a la Ciudad de México,  pero negó el apoyo porque “si pagaban los boletos estarían consintiendo el aborto”. 
 
Finalmente, ante la presión de las organizaciones y el anuncio de que la niña iría con su madre a la Ciudad de México para acceder a la ILE, el 2 de septiembre de 2007 en el Hospital General de la ciudad de Chihuahua Lupita pudo ejercer su derecho a no ser madre.  
 
Lucha Castro calificó de “histórica” la decisión gubernamental de autorizar la ILE en este caso, ya que el embarazo representaba un  alto riesgo físico y emocional para la niña, por su edad.  
 
El Observatorio Ciudadano del Feminicidio dijo sobre el caso que, aunque el agresor estaba aún impune, se cumplió con el Código Penal. Reconoció la determinación  y valentía de Lupita y su familia, quienes no retrocedieron en su reclamo por justicia,  la seriedad y el compromiso de las integrantes del Cedehm, quienes lograron, por primera vez en el estado, se realice una ILE", expresó el Observatorio. 
 
El Observatorio reconoció también que el gobierno haya ponderado el derecho a la vida de la niña, ante el prejuicio moral expresado por médicos y ministerios públicos. Llamó a las autoridades para reglamentar en casos de ILE establecidos por la ley.  
 
Y recordó que el derecho internacional establece que la violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual, constituye una forma de discriminación, como indica el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), ratificada por México el 23 de marzo de 1981, y la Convención de Belém do Pará, adoptada el 9 de junio de 1994 y ratificada por México el 12 de noviembre de 1998.  
 
17/RED







NACIONAL
Aborto
   Con performance conmemoran décimo aniversario
ILE: reconocimiento pleno a ciudadanía de las mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/04/2017 La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) significa el pleno ejercicio de la libertad, la autonomía y la garantía del respeto a la salud de las mujeres, por ello urge que todas las entidades legislen en favor de este derecho.
 
Así lo afirmó la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, AC, María Consuelo Mejía, en entrevista con Cimacnoticias durante un acto político realizado hoy en el Hemiciclo a Juárez organizado por la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR) en conmemoración del décimo aniversario de la aprobación de la ILE en la capital.
 
ANDAR está conformada por las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir,  Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), IPAS México y Population Council.
 
Desde el 24 de abril de 2007 en la Ciudad de México las mujeres tienen el derecho de abortar de manera gratuita y por decisión propia dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Desde entonces a la fecha, la ILE ha significado​ “el reconocimiento pleno de su ciudadanía y la posibilidad de no poner en riesgo su vida en el momento que eligen sus planes de vida, todo ello bajo la protección de la ley y los servicios de salud”, aseguró la directora de  Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC, María Eugenia Romero Contreras.
 
CIMACFoto: César Martínez López.

 
Datos de la Secretaría de Salud de la capital revelan que 71 por ciento de las mujeres que han requerido del ILE residen en la Ciudad de México. “La medida es también un paso importante para las mujeres de todos los estados, pero requiere replicarse en todo el país”, afirmó Romero Contreras para Cimacnoticias.
 
La feminista expuso la exigencia de ANDAR y de quienes trabajan en favor de los derechos sexuales: “Hacemos un llamado a todas las legislaturas del país y a los servicios de salud para que no ignoren que el ILE es un derecho de salud que debe garantizarse”. 
 
Romero Contreras precisó que debe existir compromiso por parte de las instancias que brindan servicios de salud públicos para atender sin prejuicios las verdaderas necesidades reproductivas de las mujeres. De no cumplirse, añadió, las organizaciones de la sociedad civil estarán pendientes para señalar negligencias que limiten el acceso a la ILE.
 
CIMACFoto: César Martínez López.

 
Durante el acto político la “Colectiva Arte Consiente” presentó el performance “10 años de libertad para las mujeres en la Ciudad de México”, en que diversas mujeres  se manifestaron a través de consignas como “aborto e ILE seguro para que no muera la mujer”.
 
17/MMAE/LGL







REPORTAJE
Aborto
   Logro del movimiento feminista
El derecho a no ser madres, una década de ILE
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/04/2017 Hace una década, el aborto se convirtió en tema de importancia nacional, reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras años de insistencia del movimiento feminista y amplio de mujeres por lograr la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, hoy vigente en nuestra ciudad.
 
Pese a los embates de grupos conservadores representados por la Iglesia Católica, legisladores y grupos Provida para impedir la Interrupción Legal del Embarazo, el aborto se colocó como un tema de salud pública, justicia social, y de Derechos Humanos de las mujeres, al reconocerles el derecho a decidir sobre su cuerpo y su maternidad.
 
El triunfo de las organizaciones de mujeres y feministas que hoy cumple 10 años, se inició en la década de los 70, cuando pugnaban por el aborto libre y gratuito, educación sexual desde la primaria y acceso a anticonceptivos.
 
Pero fue hasta el año 2000 que los primeros frutos de este trabajo feminista lograron que la Asamblea Legislativa del DF, bajo el gobierno de Rosario Robles, despenalizara el aborto por motivos eugenésicos o malformaciones congénitas.
 
En esa ocasión también se enfrentó una acción de  inconstitucionalidad promovida por los partidos Verde
Ecologista y Acción Nacional.
 
La SCJN declaró en el 2000 la reforma al Código Penal del entonces DF, como constitucional. El proyecto fue presentado por la ex ministra Olga Sánchez Cordero, quien desde un principio dejó en claro que lo que se discutía nada tenía que ver “con principios éticos, morales, religiosos o políticos sino que era un tema eminentemente jurídico".
 
7 AÑOS DESPUÉS LA MISMA HISTORIA
 
El 24 de abril de 2007, la ALDF aprobó modificar la Ley del Salud del Distrito Federal y, entre otros, el Artículo 144 del Código Penal del DF, con lo que estableció que la interrupción del embarazo es legal hasta las doce semanas de gestación y que los 14 hospitales de la Secretaría de Salud capitalina brindarían el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), así como consejería.
 
La norma entró en vigor el 27 de abril, un día después de su publicación en la Gaceta Oficial del DF.
 
Sin embargo, el 24 de mayo de 2007, un mes después de la aprobación en la ALDF, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encabezada por José Luis Soberanes y la Procuraduría General de la República (PGR) encabezada por Eduardo Medina Mora (ahora ministro de la SCJN) presentaron ante la Corte dos acciones de inconstitucionalidad por considerar que la Asamblea Legislativa no tenía facultades para legislar en la materia y por la definición de embarazo y de aborto.
 
La Corte escuchó a partir del 2008, a lo largo de 6 audiencias públicas, a personas de la academia, organizaciones a favor y en contra del aborto, feministas, juristas, a la Consejera Jurídica del DF responsable de defender la norma, Leticia Bonifaz, y a la ciudadanía, que manifestaron sus posturas en torno al tema.
 
Cabe resaltar que sólo en dos ocasiones la Corte ha convocado a estas audiencias, la primera con la Ley Federal de Telecomunicaciones (también conocida como "ley Televisa").
 
Pese a que el proyecto de sentencia estuvo a cargo de uno de los ministros más conservadores, Salvador Aguirre Anguiano, quien en todo momento defendió “la vida desde el momento de la concepción”, lo que se colocó en el centro de la discusión de las y los ministros fueron los Derechos Humanos de las Mujeres y los tratados internacionales signados por México para proteger los Derechos Sexuales y Reproductivos.
 
El trabajo impulsado por las organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Ipas México, Population Council, Elige y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y de agrupaciones como el Centro de Estudios Ecuménicos, el Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos”, entre otros, tuvo eco en las y los ministros.
 
LAS MUJERES EN EL CENTRO DEL DISCURSO
 
Hace 10 años, la SCJN determinó que las mujeres son sujetas de derechos, que las leyes las amparan y que tienen derecho a decidir sobre continuar un embarazo o no.
 
Lo que reconoció la Corte es que el aborto es un tema de justicia social pues las leyes deben beneficiar a las mujeres, sobre todo a las más pobres para asegurarles servicios de salud seguros, máxime, cuando el Estado Mexicano incumple con su obligación constitucional “de educar en materia sexual y reproductiva y de no hacer los esfuerzos suficientes para garantizar un acceso pleno a métodos anticonceptivos”.
 
Y aún más, señaló que la penalización del aborto ha resultado ineficaz, y lejos de impedir que las mujeres recurran a la ILE de manera segura, se les obliga a someterse a procedimientos insalubres que ponen en riesgo sus vidas.
 
Por lo que aseguraron las y los ministros que la despenalización del aborto en sus primeras 12 semanas salvaguarda los derechos de las mujeres tutelados por la Constitución.
 
Reconocieron que obligar a las mujeres y niñas a continuar con embarazos que no desean, es equiparable a formas de esclavitud, pues se les condena a “embarazos forzados” por lo que penalizar la ILE, “discrimina por razones de género” ya que se justifica que una mujer embarazada culmine su embarazo bajo amenazas penales.
 
Argumentos reiterados durante más de 30 años por el movimiento feminista y amplio de mujeres.
 
Por vez primera también reconoció la Corte “el derecho de las niñas a no ser madres”.
 
“Cuando el Estado impone condiciones de embarazo por la vía penal, coloca a las mujeres en desigualdad social”, sostuvo en su argumentación el máximo tribunal de justicia del país.
 
Las y los ministros sostuvieron que la ILE es un derecho a la salud y ha contribuido a educar e informar a las mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
 
A 10 años de este triunfo del movimiento feminista y pese a los intentos de los grupos conservadores para echarlo atrás, lo cierto es que 176 mil 355 mujeres de 18 entidades federativas, han ejercido su derecho a no ser madres.
 
17/LGL
 
 
 







NACIONAL
SALUD
   Que comparezca Narro, piden legisladoras
Ss debe informar cuántos embarazos por violación e ILE atiende
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/03/2017 El secretario de Salud, José Narro Robles, debe informar cuántos embarazos producto de una violación sexual se atienden en las instituciones públicas y cuántas víctimas acceden a la interrupción legal del embarazo (ILE), dijo la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Irma Rebeca López López.
 
La legisladora señaló en entrevista con Cimacnoticias que apoya la propuesta de las diputadas de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC) de llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Salud (Ss), porque aseguró que es importante contar con información para que las legisladoras formulen propuestas para proteger los derechos de mujeres, jóvenes y niñas.
 
Esta propuesta surgió luego de que el 21 de enero pasado, la Comisión de Igualdad decidió retirar el dictamen para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e incorporar la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención (NOM 46).
 
López López dijo que aún no hay un documento para solicitar la presencia de Narro Robles en la Comisión de Igualdad y en la Comisión de Salud, pero espera que en próximos días se concrete una reunión para que dé a conocer cómo se implementa la NOM 046, la cual obliga a los prestadores de salud a ofertar la anticoncepción del emergencia y el aborto en casos de violación sexual.
 
FALTA DE DATOS
 
En el dictamen para modificar la Ley General, la Comisión de Igualdad señaló la falta de datos y que solo la extinta Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados haya calculado que aproximadamente 112 mil mujeres son víctimas de violación sexual cada año, dato que equivale a una cada 4.6 minutos, mientras que, según especialistas, la mayoría de los agresores quedan impunes.
 
Asimismo, el documento destacó que, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional presentado en 2012 en Naciones Unidas, de las 14 mil 829 denuncias por violación sexual presentadas en 2009 en el país, sólo hubo 3 mil 462 enjuiciamientos y 2 mil 795 sentencias condenatorias por ese delito.  
 
Por otra parte, López López dijo que la Comisión de Igualdad no tomó en cuenta la opinión de todas las diputadas que integran este órgano y que ella no fue invitada a la reunión donde se decidió retirar el dictamen para reforma la Ley General de Acceso, por lo que consideró que había intereses políticos en este tema.
 
17/AGM/RED
 
 







NACIONAL
SALUD
   Para no verse afectados en Edomex
Por cálculo electoral, PAN y PRI abandonan debate sobre NOM 046
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/03/2017 Los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) desistieron el debate sobre la inclusión de la norma que establece los criterios para la interrupción legal del embarazo en casos de violación (NOM 046), en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque preocupó el impacto de esta decisión en el proceso electoral del Estado de México, afirmó la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón Castillo.
 
Este 21 de marzo, la Comisión de Igualdad de Género informó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que retiraba el dictamen para incluir en la Ley General de Acceso una referencia a la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención (NOM 46), que permite el aborto en casos de violación sexual.
 
La diputada por el PRD dijo en entrevista que esta decisión pudo ser de tinte electoral. “Creo que hay una preocupación estrictamente de carácter electoral, por la percepción social, equivocada, del PRI por el proceso electoral en el Estado de México”.
 
De acuerdo con Aragón –quien ha destacado por su interés legislativo en los derechos de las mujeres-, las diputadas del PAN y el PRI fueron las que firmaron el dictamen e hicieron mayoría para retirarlo del pleno, porque no querían salir dividas. Pero además hubo una injerencia de las diputadas del Partido Encuentro Social (PES) quienes, aunque tenían derecho de expresar sus opiniones, mintieron sobre el tema y “calentaron los ánimos”, diciendo que se votaría el aborto.
 
DEBATE MANIPULADOR, FALSO
 
“¿Cuál fue el debate? Fue un debate falso, manipulador, oportunista, que hizo la derecha, encabezada por las diputadas del PES en los medios de comunicación, en el que presionaron a las diputadas y diputados de todas las fracciones con correos de todas las iglesias y grupos de derecha. Se contaminó indebidamente el tema que no estaba a discusión: el derecho a abortar de quienes son víctimas de violación”, dijo.  
 
Por si fuera poco, agregó, el debate se enrareció porque hay diputados a quienes no les gusta leer y a quienes les asusta el clero, ya que sólo se miran en las encuestas. “Con ese cálculo electoral resolvieron que lo mejor era retirar la iniciativa. Nosotros lo dijimos, es una decisión de la mayoría del PRI y del PAN en esta Cámara”. 
 
NOM 046, VIGENTE
 
La legisladora señaló que la NOM 046 es vigente y no se modificó pero destacó que a propuesta de las diputadas del PRI, Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, la Comisión de Igualdad pretendía presionar a la Secretaría de Salud para que aplicara la Norma porque el número de embarazos por violación es alto y al parecer las acciones son omisas.
 
“Es una iniciativa del PRI que no tenía mucho sentido. A mí me lo preguntas y francamente te digo, ¿para qué metes algo que ya esta ley y una norma que no está en discusión?”.
 
Ahora, señaló,  se debe llamar al secretario de Salud, José Narro Robles, a comparecer y presentar información sobre el tema, que diga en qué entidades se dan casos de embarazo por violación y qué está haciendo la dependencia de acuerdo con la NOM 046, para que las diputadas conozcan si el delito de violación sexual es sancionado y si las víctimas pueden acceder al aborto.
 
Aseguró que las diputadas del PRD y de Movimiento Ciudadano van juntas en esta petición para que Narro Robles comparezca ante la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Salud.
 
17/AGM/GG
 







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