leyes

INTERNACIONAL
Aborto
   Se impidió que menores accedieran a procedimiento sin consentimiento de sus padres
Disminuye interrupción del embarazo en España
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp.- 05/01/2017

El número total de interrupciones voluntarias de embarazo en 2015 fue de 94 mil 188, lo que supone 608 menos que el año anterior y el cuarto descenso consecutivo desde que entró en vigor la ley de 2010, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 
El informe precisó que un total de 200 centros notificaron que hubo 94 mil188 abortos, una tasa del 10.40 por ciento por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años.
 
Se trata de la primera estadística que se da a conocer, después de la entrada en vigor de la Reforma de la Ley del Aborto en septiembre de 2015, que impide a las menores de 18 años interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno.
 
Hasta junio de 2010 estaba en vigor en España la Ley de supuestos –que restringía el aborto a tres casos: violación, malformación del feto o riesgo para la madre– de 1985. Después entró en vigor la normativa de plazos, que permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación.
 
El balance final hasta el cambio legislativo de 2010 fueron 113 mil interrupciones voluntarias del embarazo. Cinco años después el número de abortos se redujo hasta las 94 mil, después de varios años consecutivos de descensos, también bajó la tasa de abortos realizados por cada mil mujeres.
 
LAS MÁS JÓVENES
 
Una de las mayores críticas a esta ley de plazos es que las menores  pueden abortar sin el consentimiento de los padres y las madres.
 
El Gobierno de Rajoy, tras retirar su propuesta conocida como Ley Gallardón –por presión de la ciudadanía y en especial por las asociaciones de mujeres-, finalmente la reformó en septiembre de 2015 y eliminó la posibilidad de abortar sin consentimiento en el caso de las menores.
 
A pesar de eso, las estadísticas del Ministerio indicaron que este colectivo es el que más redujo su tasa de interrupciones desde la entrada en vigor de la normativa de plazos. Entre 2010 y 2015, las mujeres con 19 años o menos son el grupo de edad que más bajaron su índice de abortos por cada mil mujeres: un 26 por ciento.
 
En 2015, el número de abortos entre las menores de 19 años de edad se redujo en 318 con respecto al año 2014 y entre las menores de 15 años disminuyó en 69 (pasó de 9.92 a 9.38).
 
Ahora bien, la interpretación de estos datos es compleja. Por ejemplo, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE, (ACAI) aseguró que le inquieta el descenso en la tasa de aborto entre el grupo de mujeres menores de 19 años, sospecha que no sea real y que se esté encubriendo un número importante de menores que podrían estar recurriendo a la clandestinidad para interrumpir su gestación.
 
Por todo ello, desde la organización piden a la ministra de sanidad que revise la autorización expresa de los tutores para casos como los mencionados y se deje de restringir el acceso de estas mujeres jóvenes a la IVE voluntaria, que en algunas comunidades como en Madrid, y de manera completamente arbitraria, se agrava al pedir la autorización de ambos tutores en algunos casos.
 
PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN
 
La baja en el número de abortos conduce a sostener que cualquier modificación restrictiva de la actual Ley aproximaría a las mujeres españolas y a las personas profesionales a una inseguridad jurídica, sanitaria y personal del todo indeseable en un país europeo que consiguió consolidar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo por voluntad propia, dejó al margen el recurso a un aborto clandestino e inseguro que sin duda alguna volvería a ser una posibilidad de producirse, esto sería un retroceso.
 
En esta línea, “resultaría del todo un contrasentido que pudieran llegar a producirse retrocesos legislativos si las posiciones conservadoras del Tribunal Constitucional se imponen en la sentencia sobre la actual Ley, pendiente de resolución”, recordó ACAI.
 
Pero además de garantizar el derecho al aborto, solo las políticas preventivas en materia de educación sexual y un acceso real a la contracepción -todo ello previsto en la norma- son las que evitan los embarazos no deseados.
 
ESPECIALISTAS
 
Los datos indicaron que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo en España se siguen practicando en centros privados. En 2015, casi nueve de cada 10 abortos se realizaron fuera del sistema público. Por otra parte, este porcentaje cayó casi ocho puntos desde la introducción de la ley de plazos. En 2010, solo representó el 1.8 por ciento de los abortos que se practicaron. En 2015, la cifra llegó hasta el 11.7 por ciento.
 
Desde ese punto de vista, ACAI advirtió que “a las Administraciones Públicas autonómicas, que la incorporación paulatina del aborto en la sanidad Pública, tal y como evidencia el informe, “puede ser un paso en la defensa de los derechos de las mujeres, pero puede retroceder si la atención se deja en manos de personal sin experiencia, capacitación o voluntad”.
 
La práctica sanitaria de aborto provocado debe realizarse por personas profesionales integradas en unidades específicas especializadas. Son estas profesionales quienes tienen que respaldar la intervención. Es imprescindible su formación en todas las técnicas de IVE (farmacológico e instrumental); Este aspecto fue contemplado en la Ley gracias a la presión de ACAI durante el proceso de elaboración de la norma.
 
La caída en el número de abortos se registró en la mayoría de las comunidades autónomas, si bien en siete se incrementaron como en Aragón, Baleares, Navarra, País Vasco, Cataluña, Cantabria y Castilla y León, además de en Ceuta y Melilla.
 
17/RED/ KVR
 








ESTADOS
VIOLENCIA
   En esa entidad se cometieron alrededor de 5 mil 163 crímenes, en 15 años
Edomex sigue en primer lugar en feminicidio
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/01/2017

Las mujeres y niñas que viven en el Estado de México tienen más probabilidades de morir asesinadas toda vez que en 15 años (2000-2015) esta entidad concentró el mayor número de víctimas de homicidio femenino al sumar 5 mil 163 crímenes.
 
En el mismo periodo Chihuahua fue la segunda entidad de mayor riesgo para niñas y mujeres al concentrar 2 mil 654 víctimas; le siguió la Ciudad de México con 2 mil 24; luego Guerrero con mil 973, Oaxaca con mil 283 y Jalisco con mil 279 asesinatos.
 
Así lo indica la investigación “Asesinatos de Mujeres en México” elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que muestra que en 15 años el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) registró 28 mil 175 asesinatos de mujeres.
 
El estudio publicado en noviembre 2016 y elaborado por la investigadora Irma del Rosario Kánter Coronel indica que el 56 por ciento de estos crímenes (15 mil 790) fueron contra mujeres jóvenes y de edad mediana, entre 15 y 39 años de edad.
 
Es decir, la investigación apunta a que las víctimas de homicidio son adolescentes y mujeres jóvenes que se encontraban en etapas esenciales de la vida productiva y reproductiva.
 
En el documento se destaca que estos casos de feminicidio se cometen en México a pesar de que el país asumió diversos compromisos sobre el respeto de los derechos de las mujeres con la comunidad internacional y con la región de América Latina y El Caribe.
 
Entre los instrumentos internacionales más importantes está la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles).
 
A estos se suma la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, emitida el 16 de noviembre de 2009 por no investigar y garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de tres de ocho mujeres asesinadas en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, en noviembre de 2001.
 
En el periodo analizado se observó que de 2000 a 2006 el número de homicidios y, en particular, las tasas se mantuvieron prácticamente constantes entre 2.2 y 2.5 homicidios por cada 100 mil mujeres
 
En 2007, las muertes por violencia homicida disminuyeron notablemente, puesto que de un promedio anual de mil 280 asesinatos que se registraron entre 2000 y 2006, la cifra bajó a mil 83 defunciones, lo que se traduce en un descenso de alrededor de 15.4 por ciento.
 
La investigación no encontró argumentos sólidos para explicar la disminución de las muertes femeninas por homicidio, pero supone que fue producto de distintos factores como la adopción de un nuevo marco legal porque en 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
De acuerdo con la estadísticas de homicidios también se detectó que de 2007 a 2012 se incrementó la violencia homicida contra las mujeres porque los asesinatos pasaron de mil 83 víctimas en 2007 a 2 mil 764 en 2012.
 
Estos crímenes se produjeron en el periodo de mayor violencia e inseguridad en el país, producto de los enfrentamientos entre las organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad. Además las cifras indican que en 2015 fueron asesinadas 564 mujeres más que en el año 2000. Es decir, en el país se asesinaron alrededor de 5 niñas y mujeres al día.
 
Desde 2012 el Código Penal Federal incluye el feminicidio como delito autónomo y menciona en su artículo 325 que comete el delito de feminicidio, quien prive de la vida a una mujer por razones de género cuando se dan en ciertas circunstancias como violencia sexual, lesiones, mutilación, amenazas, incomunicación o exhibición del cuerpo de la víctima.
 
A nivel de estatal, Guerrero fue la primera en tipificar el feminicidio como un delito en 2008; posteriormente, el 7 de septiembre de 2010, reformó su Código Penal para incluir el tipo penal feminicidio.
 
Al día de hoy, las 32 entidades del país han tipificado en sus respectivos Códigos Penales el delito de feminicidio. Sin embargo, el Comité de Expertas que da seguimiento a la CEDAW ha manifestado su preocupación por las deficiencias y diferencias en los términos que existen en las leyes estatales.
 
Es por ello que en julio de 2016, la Cámara de Diputados exhortó a las entidades federativas homologar los tipos de violencia contra las mujeres y estandarizar los protocolos de actuación para investigar las muertes violentas de mujeres.
 
17/AGM/KVR
 








OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA
2016, año feminicida
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 03/01/2017

El 2016 fue un año estándar en la incidencia de feminicidio en Sonora. En el estado el promedio anual de asesinatos de mujeres fluctúa entre 45 y 55 casos. Sólo en los años electorales se supera la cifra. Este año fue igual de feminicida que los demás, con 46 casos documentados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en el estado (OCNF-Sonora).
 
Siempre decimos que el número no importa pues con una mujer que pierda la vida, castigada por ser mujer, es suficiente para protestar, para manifestar nuestra indignación, para exigir un alto al feminicidio. Nadie debería ser víctima de una muerte violenta y mucho menos debería dejar de existir por el hecho de ser mujer u hombre.
 
Pero no todas las áreas fueron lamentables para las mujeres en 2016. Sin duda el paso grande que se dio fue formalizar la paridad (igualdad) en candidaturas y con ella finalmente permitir a las mujeres la participación política en total equidad e igualdad con los hombres.
 
Con algunos varones militantes de partidos políticos como principales detractores, las mujeres podrán ir como candidatas al tener como universo, ya no lo que decidan internamente los partidos, sino exactamente la mitad de todos los puestos de elección en juego.
 
Fue la propia gobernadora, Claudia Pavlovich, quien cumplió una petición de las mujeres políticas, presentó la iniciativa para que legisladoras y legisladores demostraran que sus partidos están unánimemente de acuerdo en que el 50-50 se haga realidad. Todos votaron a favor.
 
Aunque los municipios no se opusieron, tardaron mucho en dar a conocer la votación del cabildo, refrendaron la reforma constitucional, la cual se promulgó con la mayoría de los municipios, más no con la totalidad.
 
El 2016 reveló las deficiencias en el sistema de justicia, pues las reglamentaciones complementarias a las leyes, no se conocen, mucho menos se dominan. Caso vergonzoso fue la no aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 en julio pasado cuando la niña Citlali de 13 años presentó un embarazo resultado de una violación sexual.
 
Nadie le informó que podía evitar el embarazo, a pesar de que denunció de inmediato el delito. Tampoco le dieron a conocer su derecho a interrumpir el embarazo cuando éste se dio como producto de la agresión sexual y de la negligencia de las autoridades omisas a su obligación de dar a conocer sus derechos a la víctima.
 
Este caso puso a Sonora en el ojo nacional e internacional como una de las injusticias mayúsculas contra la niñez, pues la triple victimización fue perpetrada por el delincuente, por operadores de justicia y por trabajadores de salud.
 
La nueva administración priista enfrentó en 2016 el cumplimiento de las doce recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG) derivadas de la solicitud que hizo la Red feminista sonorense a través de las organizaciones Alternativa Cultural A.C. y Manitas por la equidad A.C.
 
Tal como ha sucedido en otros estados de la República, las recomendaciones van encaminadas sólo a actualizar las omisiones y deficiencias que presentaron las anteriores administraciones, mismas que acusaban incumplimiento extremo a los mandatos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y otras.
 
A pesar de que se hicieron esfuerzos para que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres funcionara de manera colegiada, esto sucedió sólo durante el periodo de intento de cumplimiento.
 
Finalmente las acciones no fueron suficientes ni para cumplir las doce recomendaciones, ni para cesar la violencia contra las mujeres, ni parar el feminicidio. Tanto se evidenció que el feminicidio se presentó cada vez con más crueldad y cinismo y las personas feminicida son cada vez más proclives a asesinar en público, no tiene piedad por sus víctimas ni por quienes las ayuden.
 
Sonora sigue ocupando el primer lugar en tasa de mortalidad por cáncer de mama, son las mujeres quienes constituyen el 97 por ciento.
 
Este año tuvo algo especial, pues la condena popular estuvo a la orden del día hacia las y los funcionarios que tomaron a la ligera su responsabilidad o que no supieron estar a la altura de las circunstancias, fueron exhibidos públicamente exigiendo su rectificación.
 
Fue el caso del procurador, Rodolfo Montes de Oca cuando en una entrevista radiofónica expresó que Citlali, no era una niña indígena sino una “mujercita” que nació en Sonora. Después, en otra entrevista, sonrió ante una pregunta. La razón para sonreír era que no estaba en su oficina y no tenía los datos que le solicitaban sobre un tema tan delicado como el feminicidio. También tuvo críticas.
 
También fue exhibido el secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, pues entre más explicaciones daba sobre el caso Citlali y la ineficiencia de la institución a su cargo para proporcionar los servicios a los que tenía derecho la niña como víctima de violación, cada vez se hundía más con sus declaraciones que exhibían desconocimiento de la NOM 046 y de otras normativas.
 
Más adelante, se presentó un caso tan dramático como todos, tan doloroso para sus familiares como los anteriores, pero por alguna razón fue más conocido y muy sentido por los diversos contextos en los que se desenvolvía la víctima de feminicidio, la maestra de danza folclórica, Aracely Fuentes.
 
Sin duda esa fue la agresión que las mujeres de Sonora sintieron como si fueran ellas mismas. El enojo por la pérdida de una vida, de una persona joven, productiva, de igual valor que todas. Este caso generó movilización ciudadana que no había logrado otros.
 
Fue “Shely”, como se le conoció a Aracely, la que provocó una declaración de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, el llamado a la denuncia y una serie de acciones de emergencia por parte de la gobernadora.
 
Por extraño que parezca, fue este caso el que tuvo como consecuencia que a una mujer se le juzgara con perspectiva de género por que mató a su esposo en defensa propia: Daniela evitó que éste la asesinara primero.
 
La Procuraduría acreditó la legítima defensa, con el lente de la perspectiva de género, pues una de las motivaciones es tomar en cuenta el contexto, siempre se relacionó el caso con la violencia que recibió por parte de él, más en esta ocasión se defendió, con ese desenlace. Ella evitó que la asesinaran, pero la Procuraduría evitó que castigaran a una víctima.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/KVR
 








OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA
Pocas universidades con protocolo para atender la violencia de género
Especial
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Sonora.- 20/12/2016

Cada día más universidades expresan su preocupación por contar con un mecanismo para atender y sancionar la violencia de género contra las mujeres, ya sea dentro o fuera de sus instalaciones, pero protagonizada por integrantes de la comunidad universitaria.
 
En México solo cuatro universidades cuentan con algún documento que organice las acciones, responsabilidades, y rutas críticas que deben seguir las víctimas, así como quienes deban atender los incidentes de violencia.
 
Algunas de ellas cuentan con protocolos acabados, otras con guías de actuación, otras más con códigos de conducta y ética. Los grupos colegiados internos  escogen los casos que serán analizados y resueltos por las personas integrantes de esos consejos o colectivos que arrojan dictámenes que pueden llegar a sanciones leves o severas.
 
Los protocolos -se construyen voluntariamente por las instituciones que son las responsables de implementarlos cuando sea necesario- son documentos internos que plasman claramente las acciones necesarias para atender y/o prevenir la violencia contra las mujeres.
 
El sustento jurídico y los plazos en que deba ocurrir cada acción queda escritos en esos protocolos. No obstante, hay resistencias a elaborarlos y publicarlos en ciertos sectores, pues se piensa que es una normativa  innecesaria al existir leyes, códigos, reglamentos internos, Ley federal del trabajo, así como los contratos colectivos, que de alguna manera prevén esa situación.
 
En el caso del protocolo de Actuación para Casos de Violencia de Género en la UNAM, que podría considerarse el más completo y acabado, además de que fue publicado en seguimiento a un acuerdo del rector de la misma, lo define como un conjunto de lineamientos y criterios.
 
“Lineamiento claro sobre los pasos y criterios que deberán seguir las instancias dependientes de la Oficina de la Abogada General y busca establecer las pautas relevantes para otras autoridades de la Universidad que participan en la atención de casos de violencia de género”.
 
Es un protocolo que sustenta su contenido en la armonización con los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano, en la Constitución mexicana, enfatizando el enfoque de Derechos Humanos y el principio pro persona, pero analizando el contenido de los procedimientos, donde se exhiben grandes incongruencias.
 
Ejemplo de esto es que en su declaración introductoria, se compromete con todo lineamiento emanado de las convenciones internacionales en materia de no discriminación, ni violencia contra las mujeres, en lo correspondiente a los procedimientos de actuación privilegia la mediación como mecanismo de resolución de conflictos.
 
Y eso es un problema, ya que la legislación mexicana así como las recomendaciones internacionales expresan claramente la prohibición y la necesidad de evitar la mediación en casos de violencia de género.
 
El propio protocolo dice que: “La violencia de género implica una violación a los Derechos Humanos que perpetúa los estereotipos de género y que niega la dignidad, la autodeterminación y el derecho al desarrollo de las personas”. Los principios que seguirán son: Debida diligencia, Confidencialidad, Transparencia y Accesibilidad.
 
Desarrolla ampliamente el mecanismo alternativo de resolución, equivalente a la mediación, al definir como procedimientos de resolución el Alternativo y formal. (Alternativo se refiere a un procedimiento de mediación; Formal se refiere a un procedimiento de investigación y dictamen).
 
“El procedimiento alternativo consistirá en una mediación. Por mediación se entiende el mecanismo voluntario mediante el cual las partes, en libre ejercicio de su voluntad, buscan, construyen y proponen opciones con el fin de alcanzar la solución a la controversia. La persona mediadora propiciará la comunicación y el entendimiento mutuo entre las partes”.
 
Y amplía la incongruencia al dividir entre los eventos que sí permiten mediación y los que no. Además considera la violencia de género no como un delito, sino como un “conflicto” entre dos partes en igualdad de circunstancias.
 
Esto contraviene la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 8, especifica expresamente: “evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima”.
 
En Sonora las instituciones educativas pretenden atender los casos de violencia de género pero deberán tomar en cuenta que no pueden ignorar la legislación vigente. La Universidad de Sonora con mayor antigüedad, entró ya en ese proceso; mientras que a la UNAM le falta definir la violencia de género así como la descripción de los tipos y modalidades de Violencia de Género de acuerdo a la legislación vigente en México.
 
Le faltan mecanismos de sanción para funcionarios que no cumplan su deber. Y le falta desechar la mediación como un mecanismo para resolver casos de Violencia de Género.
 
Para la Universidad de Sonora no será fácil desprenderse de la cultura de la mediación, siendo ésta la universidad más reconocida en México y Latinoamérica.
 
Pero toda innovación, tendrá que privilegiar lo que sea mejor para las personas, en este caso para las mujeres que asisten a la universidad y garantizar su derecho a una vida libre de violencia.
 
Eso no nos puede faltar.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora

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