Chiapas

DERECHOS HUMANOS
   Algunas se encuentran a días de parir y hay recién nacidos
   
En riesgo, mujeres embarazadas desplazadas de Chenalhó y Chalchihuitán
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/12/2017

A 10 días de que miles de personas de las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó se esconden de los grupos paramilitares en los montes de los Altos de Chiapas, la ayuda del gobierno comenzó a llegar a cuenta gotas pero para las más de 100 mujeres embarazadas aún es difícil acceder a la atención médica.

La coordinadora del área de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Azalia Hernández, informó a Cimacnoticias que ayer llegaron las brigadas de salud del gobierno de Chiapas pero únicamente a la cabecera municipal de Chalchihuitán, “de entrada por salida”.

Debido a la disputa territorial entre ambos municipios (Chalchihuitán y Chenalhó) es imposible que las mujeres y niñez que se refugian en los montes, regresen a sus localidades, ya que los caminos se encuentran obstaculizados por personas armadas, “es absurdo que se les pida trasladarse a los municipios”, señaló la activista.

La situación se agrava día a día, la información que ha recibido el Frayba es que hay mujeres a pocos días de parir, en total tienen el registro de 114 mujeres embarazadas, hay bebés recién nacidos, por ejemplo, la asociación conoció un caso de un bebé de 20 días de vida.

“Médicos están  dispuestos a dar trabajo humanitario, pero es imposible ingresar. En la mañana nos informaron que las personas que bloquean las entradas comenzaron a quemar llantas. Tienen el territorio controlado”.

Según la información que publicó el gobierno estatal en su página web oficial, Protección Civil y paramédicos están atendiendo en Chalchihuitán a las mujeres embarazadas para llevarlas en helicóptero al municipio de Simojovel, pero la mayoría, como indicó la integrante del Frayba, están refugiadas en las montañas.

Lo mismo sucede para la niñez y adultos mayores que presentan enfermedades respiratorias y gastrointestinales por vivir en la intemperie. No hay registro de que las brigadas estén atiendo de forma directa a estos pueblos tzotzil, precisó Azalia Hernández.

“Las familias desplazadas huyeron de sus casas sin nada. Especialmente las mujeres se encuentran en extrema vulnerabilidad, en campamentos hechos con plásticos a temperaturas muy frías, sin alimentos. No pueden regresar a sus casas, les fueron quemadas, robaron sus animales y destruidas sus pocas pertenencias”, comentó.

La vulnerabilidad no sólo es en su salud física sino también mental. Azalia mencionó que en los campamentos las mujeres, niñas y niños están viviendo con un profundo temor de ser perseguidos y encontrados por los grupos paramilitares.

EL CONFLICTO

El conflicto territorial entre Chalchihuitán y Chenalhó comenzó en los años setenta cuando San Pablo Chalchihuitán obtuvo el Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC). El municipio recibió hectáreas que eran parte de la localidad colindante.

Desde entonces se desató la problemática que aún sigue sin resolverse. Actualmente continúa en juicio en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez la denuncia de la población de Chenalhó por la distribución del territorio.

Asimismo el conflicto de grupos paramilitares en esta zona es añejo. Hace 20 se suscitó la masacre de Acteal en localidad de Chenalhó. Un grupo paramilitar conocido como “Máscara Roja” asesinó el 22 de diciembre de 1997, a 18 mujeres adultas, 7 hombres, 16 menores de 17 años y 4 niños entre los 15 y 2 años de edad.

Fue una masacre planeada en contra de los miembros de la Sociedad Civil “Las Abejas” mientras hacían una jornada de paz para Chiapas. El caso llegó hasta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La integrante del Frayba –asociación que acompañó el caso Acteal- afirmó que el conflicto armado continúa en estos municipios por la incapacidad del gobierno para desarmar a los grupos paramilitares y la impunidad de castigo a quienes participaron en ellos.

DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO

Por ello las organizaciones y comunidades temen no sólo de otra masacre como la de Acteal, sino también del futuro de estos cientos de familias. Azalia Hernández explicó que en casos de desplazamiento forzado por grupos paramilitares que ha documentado el Frayba, a muchas poblaciones les es imposible retornar a sus comunidades.

El asentamiento de grupos armados en sus localidades los orilla a comenzar su vida en lugares aledaños. Las familias pierden sus propiedades y terrenos de siembra. También hay una pérdida cultural (tradiciones, lengua) como parte del desplazamiento forzado.

Por ello, dijo, la acción del gobierno debe estar enfocada en cuatro ámbitos: la atención urgente a la población desplazada, el desarme de los grupos armados y la atención del problema estructural en la comunidad, y la reparación del daño integral para los habitantes.

De acuerdo con los registros del Frayba, en Chalchihuitán son 5 mil 23 personas desplazadas, y de la comunidad de influencia zapatista, Chenalhó, la cifra aumentó a 900 personas.

NACIONES UNIDAS PIDE ATENCIÓN URGENTE

En tanto, en un comunicado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por el desplazamiento forzado de estas comunidades.

Indicó que “es necesario lograr una solución integral y duradera que ponga en el centro los problemas estructurales que han dado origen al desplazamiento interno forzado y la solución de los conflictos que enfrentan estas comunidades”. Pidió que se cumplan las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó al Centro de Derechos Humanos Ku’untik que ya integra la solicitud de medidas cautelares para las personas desplazadas que la organización solicitó. 

De acuerdo con el Centro, estas serán una extensión de las medidas cautelares (MC-361-17) que dictó la CIDH en octubre por el desplazamiento forzado de 248 personas del Ejido de Puebla localidad de Chenalhó, de la misma forma por parte de grupos paramilitares.

17/HZM/LGL

 








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Huyen de balaceras y se refugian en las montañas, la situación se agrava
Urge atención médica para 114 mujeres embarazadas desplazadas de Chenalhó
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/11/2017

En la montañas de los Altos de Chiapas al suroeste de México, en condiciones inhumanas y sobreviviendo a temperaturas extremas de frío, se calcula que más de 5 mil personas entre mujeres embarazadas, niñez y adultos mayores se escoden de los grupos paramilitares por el conflicto territorial entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.

El pasado 21 de noviembre, organizaciones de la sociedad civil en Chiapas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos Ku’untik, fueron alertadas sobre el desplazamiento forzado de los pueblos tzotzil de Chalchihuitán y Chenalhó.

La disputa por el territorio entre ambos municipios comenzó hace más de 40 años, recordó el Centro de Derechos Fray: en 1975 el municipio de San Pablo Chalchihuitán obtuvo el reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) y fue beneficiado con 17 mil 948 hectáreas de terreno, y como complemento, en 1981 se entregaron 252 hectáreas más.

La población del municipio colindante, San Pedro Chenalhó se inconformó por el reparto de tierras porque no se respetaron los limites naturales del río Mashilhó y los antiguos documentos de los pueblos indígenas e interpuso una demanda en 2005, actualmente sigue en juicio en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez (expediente 181/2005).

Hasta ayer el Frayba informó en un comunicado que únicamente de la localidad de Chalchihuitán son 5 mil 23 personas desplazadas, y  de Chenalhó –comunidad de influencia zapatista- se estima son al menos 300 personas.

De acuerdo con los registros de la asociación civil, el conflicto se agravó el 13 de noviembre tras el ingreso de grupos armados a la región de Chalchihuitán. Las familias huyeron de las balaceras y se reguardaron en los montes de los Altos de Chiapas, donde permanecen incomunicadas y con miedo de ser localizadas.

Al sobrevivir bajo temperaturas frías y condiciones inhumanas, hay personas enfermas, principalmente recién nacidos, niñez y personas adultas, además urge la atención médica para 114 mujeres embarazadas, según los registros del Frayba.

En las imágenes y entrevistas que han difundido las organizaciones que ingresaron a los montes, se observan a niñas y niños durmiendo en el pasto, a mujeres calentando la escaza comida en campamentos construidos con ramas y lonas, personas adultas y niñez reposando por alguna enfermedad. Los únicos médicos que hay son los chamanes de las comunidades.

La situación empeora porque el municipio de Chalchihuitán está sitiado y la única carretera que conecta con San Cristóbal de las Casas está bloqueada, por lo que es imposible proveer de ayuda, alimentos y medicinas sobre todo para las mujeres, niñas, niños y adultos mayores, reportaron las asociaciones.

El Frayba documentó las comunidades y personas que fueron desplazadas de Chalchihuitán: de Ch’en Mut 700 personas (8 mujeres embarazas); de Pom más de 2 mil personas y 100 mujeres embarazadas; Tzomolton son 800 personas y 6 mujeres embarazadas; C’analumtic 600 personas; Bejelton 150 personas; Tulantic 350 personas; Vololch’ojon 150 personas; Cruz c’ac’al nam 200 personas; y Cruz ton 73 personas desplazadas.

El Centro de Derechos Humanos informó que ha recurrido a las instancias internacionales, envío una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz y el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazamientos Internos, Chaloka Beyani, ambos de Naciones Unidas.

Hasta el momento el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello no se ha pronunciado al respecto y tampoco se conoce sobre la intervención del gobierno, por el contrario, las organizaciones civiles alertaron que las personas de la comunidad refieren que ha habido cortes de energía eléctrica e intervenciones de otros grupos armados.

A 20 AÑOS DE MASACRE EN ACTEAL

El miedo de la población y de las organizaciones civiles es que el enfrentamiento culmine en otra matanza como la ocurrió casi 20 años atrás en la comunidad de Acteal del municipio de Chenalhó.

El 22 de diciembre de 1997 –en la presidencia del priista Ernesto Zedillo- un grupo paramilitar asesinó a 45 personas, entre mujeres, hombres, niñas y niños, miembros de la Sociedad Civil Las Abejas, cuando hacían una jornada de ayuno y oración por la paz de Chiapas.

El caso fue acompañado por el Centro Frayba y lo presentó en 2005 ante la CIDH. Cinco años después la Comisión Interamericana lo admitió (Informe 146/10 “Manuel Santiz Culebra y otros Masacre de Acteal”).

El director del Frayba, Pedro Faro Navarro, relató en una audiencia pública de la CIDH –un mes antes de ser aceptado- que en 1996 inició una nueva etapa del conflicto armado interno en Chiapas como respuesta a la creación del Municipio Autónoma Rebelde Zapatista de San Pedo Polhó.

Para minar el apoyo de la población civil a la guerrilla en las zonas de los Altos, el gobierno actuó a través de acciones paramilitares.

Según la información que dio la organización, la masacre fue planeada varios días antes por el Ejército mexicano y su Fuerza de Tarea Arcoíris comandada por el General Mario Renán Castillo, la estrategia fue revelada en un documento conocido como “Plan Campaña Chiapas 94”.

El 22 de diciembre a las 11 horas en Acteal, en el campamento de desplazados “Los Naranjos”, los paramilitares del grupo "Máscara Roja" asesinaron a 18 mujeres adultas, cuatro de ellas embarazadas, 7 hombres, 16 mujeres menores de 17 años de edad, y 4 niños entre los 15 y 2 años.

Sin embargo, el Estado mexicano sostiene que el conflicto se trató de una riña intercomunitaria e incluso interfamiliar. Hasta ahora no se ha sancionado o investigado a los autores materiales e intelectuales de los hechos.

ACUSAN INTERESES POLÍTICOS

Por su parte la asociación Centro de Derechos Humanos Ku’untik,  acusó en un pronunciamiento que los grupos paramilitares actúan por los intereses de la alcaldesa del municipio de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, quien dijeron, “disputa las tierras colindantes con Chalchihuitan y persigue a sus opositores”.

La parroquia de Chenalhó también se pronunció en un comunicado y dijo que el conflicto es parte de las acciones de los gobiernos estatales, por lo que pidió a las comunidades dialogar y permanecer en paz, e hicieron un recordatorio de la matanza de Acteal.

El Centro Frayba coincidió, “es clara la responsabilidad de los distintos niveles del gobierno que han permitido que esta situación se torne de emergencia humanitaria. Además se ha evidenciado la incapacidad de las autoridades en atender las causas y los efectos de la violencia”, concluyó.

17/HZM/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Autoridades no acatan recomendaciones, solo hay simulación: OSC
Cumple un año sin resultados, AVG para Chiapas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/11/2017

A un año de declararse la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas las acciones omisas, dilaciones y el desdén por cumplir con el mecanismo es la actuación ha caracterizado al gobierno estatal, denunció la “Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas”.

En un comunicado emitido a propósito del aniversario, la agrupación civil informó que desde el 18 de noviembre de 2016, cuando la Secretaría de Gobernación (Segob) activó la AVG en siete municipios de Chiapas, a lo que va del año, documentó 46 casos de feminicidio y 119 homicidios de mujeres, algunos de estos cumplían con las razones de género para ser investigados como un feminicidio, señalaron.

En comparación, los datos oficiales son menores: la Fiscalía General de Justicia de Chiapas sólo reportó hasta octubre de este año 27 casos de feminicidio y 35 homicidios de mujeres, reportó la Campaña.

Durante este año la organización observó que la Fiscalía es la principal instancia que no cumplió con los acuerdos derivados de la AVG, pues siguen sin erradicar las negligencias en las investigaciones de asesinatos violentos de mujeres, no aplican los protocolos de protección para las víctimas sobrevivientes de violencia y tampoco existe una articulación institucional que permita garantizarles una atención integral.

Parte de los nulos resultados obtenidos tras un año de vigencia de la AVG es por la falta de interés del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, denunciaron las integrantes de la Campaña; ejemplo de ello es que en este tiempo no se logró ninguna reunión del gobernador con los alcaldes de los municipios en los que se activó la Alerta para conocer el plan de seguimiento.

“Incluso algunos alcaldes hicieron llamados al gobierno estatal evidenciando el olvido y desprecio del Poder Ejecutivo para atender los alarmantes índices de violencia”, precisó la organización.

Por el contrario la agrupación civil señaló que la AVG fue utilizada por Manuel Velasco “para promocionarse y simular la atención a la pobreza y las injusticias contras las mujeres con fines electorales”, incluso utilizó los recursos económicos destinados a la AVG, dijeron.

Asimismo indicaron que la Segob dejó en el olvido la AVG en Chiapas, pues no dio seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a través de la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), como le correspondía.

La simulación de las autoridades de Chiapas orilló a la organización civil a anunciar el mes pasado su retiro en la participación de las mesas de trabajo para atender las acciones de la Alerta, de las cuales acudieron puntualmente a cuatro durante el año.

LA VIOLENCIA EN CHIAPAS

En específico la Campaña Popular expresó su preocupación por el acceso a la justicia y a la salud de mujeres víctimas de violencia sexual, el reflejo de este problema es que Chiapas es una de las entidades con los mayores índices de violencia sexual infantil, embarazo infantil y adolescente, subrayaron.

También recordaron las situaciones de violencia por las que atraviesan las mujeres migrantes y refugiadas en la frontera sur del estado, quienes se ven expuestas a ser víctimas trata de personas o ataques de violencia sexual.

Todo un contexto de violencia por el cual es necesario la eficacia en la aplicación de la AVG indicó la organización, e hizo un urgente llamado a las autoridades del estado por darle cumplimiento.

LA LUCHA POR LA ALERTA

La solicitud de Alerta para Chiapas la hizo el 25 de noviembre de 2013 la asociación civil Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), sin embargo el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres –quien entonces votaba su procedencia- se opuso a su declaratoria.

Las agrupaciones, entre las que se encuentran el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas: Brigada Feminista por la Autonomía; el Centro de Atención a la violencia intrafamiliar y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; tuvieron que ampararse ante esta decisión. Como resultado, un año después se creó el Grupo de Trabajo para valorar la declaratoria de Alerta y determinó en un informe que existía una violencia sistemática contras las chiapanecas.

Así, después de tres años de proceso, Segob declaró la AVG en los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores; y aunque no los incluyo en la declaratoria a los municipios de los Altos de Chiapas. dio recomendaciones específicas para atender la violencia contra las mujeres indígenas en este lugar.

17/HZM/LGL








ESTADOS
POLÍTICA
   Inicia segunda etapa de gira para recabar firmas
Construir autonomías más allá del 2018: Marichuy-CIG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Ángeles Mariscal
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 10/11/2017

En la segunda etapa de su gira para recabar firmas que le permitan obtener la candidatura independiente al gobierno de México, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, e integrantes del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) al que representa, plantearon que su objetivo es construir y articular a lo largo del país comunidades autónomas, proyecto que está más allá de las elecciones de julio de 2018.

La vocera indígena nahua, quien apenas en octubre pasado recorrió la zona de influencia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en donde ya se llevan a la práctica procesos autónomos de gobierno, desarrollo y educación, visitó esta ocasión la costa del estado y la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

En este último lugar, frente a la Catedral de la paz, explicó que en el recorrido que emprende por México, llevarán “la palabra que nos han encomendado las comunidades (…) y si están de acuerdo, haremos una fuerte organización, no para aquí al 2018, sino más allá del 2018”.

Ante unas 4 mil personas que se reunieron, indígenas y no indígenas, reiteró la propuesta de organizarse entre grupos, comunidades y pueblos que deseen construir un sistema económico, de gobierno y sociedad anticapitalista. Consideran al sistema capitalista el causante de la desigualdad social, pobreza, violencia y corrupción que se vive actualmente en México.

“Sí podemos lograrlo, sí podemos hacerlo, si todos logramos poner algo de nuestra parte desde el lugar donde estamos”, dijo.

Uno de los integrantes del CIG, Nereo González López, indígena de Chiapas, al tomar la palabra puntualizó que “lo que se está buscando es formar una autonomía”, cuya construcción no dependa de la vocera Marichuy,  sino de cada una de las personas y comunidades que la integren.

“Cómo nos vamos a organizar, pues de manera así, autónoma. La invitación es que no esperemos que la compañera Marichuy nos va a solucionar el problema. Ella es nuestra vocera que llevará la voz del pueblo, más ella no es la solución. La solución somos todos.

Ella nunca nos va a dar la solución y arreglar nuestros problemas. No, nuestros problemas se van a solucionar solamente organizándonos”, reiteró el concejal.

Marichuy fue electa vocera del CIG, organismo del que hasta ahora forman parte más de 150 representantes de 63 pueblos indígenas del país. Este consejo fue formado a iniciativa del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN, y busca en este momento articular los movimientos de personas, grupos y comunidades rurales y urbanos.

Eligieron a Marichuy como su vocera y candidata para las elecciones de 2018, en las que desean participar de manera independiente a los partidos políticos, aún cuando su meta no es la elección en sí misma, sino la articulación y construcción de autonomías.

A fin de conseguir del Instituto Nacional Electoral (INE) el registro formal como candidata independiente a la presidencia de México, deben recabar 866 mil firmas de apoyo antes del mes de febrero.

17/AM/LGL

 








ESTADOS
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   “Las plantas vibran, dan energía, nos mantienen vivos”
Evelia, la bióloga que construyó un jardín para Tuxtla
Imagen retomada del portal revistaenheduanna.com.mx
Por: Sandra De Los Santos
Cimacnoticias/Enheduanna | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 30/10/2017

El espacio dedicado al “Jardín Zoque” en el Museo de la Ciudad de Tuxtla parece demasiado pequeño para el tamaño del edificio emblemático de la capital de Chiapas, pero no es por casualidad, la intención es demostrar a quienes visitan el lugar que en un reducido espacio se pueden mantener diferentes especies de plantas  que se dan en la región.

En el jardín hay plantas medicinales, comestibles y de ornamento: flor de mayo, pitaya, coralillo, guanábana, sanalotodo, té limón, orégano, bugambilia, flor de cuchunuc, entre otras. Todo en un espacio de dos por seis metros.

El nombre del jardín es para hacer referencia a la región de Tuxtla, pero no es que solo haya plantas endémicas, están las que les gusta vivir en esta ciudad, las que se han adaptado bien, lo que pasa con las personas, a veces, sucede también con las plantas. Habitantes del mundo son.

La persona que hizo posible este jardín y lo sostiene es una mujer de 73 años: Evelia Chávez Quiñones. La primera vez que la vi fue con una camisa de manta manga larga, pantalones de mezclilla, botas y un sombrero, en medio del jardín quitando la maleza, componiendo las plantas y dando indicaciones a dos personas más que le ayudaban en el trabajo.

Evelia es toda energía. Esa imagen clichosa de una mujer de la tercera edad en una mecedora en ella no rifa. Se mueve de un lugar a otro, conversa con unas personas que se detienen a preguntarle de los efectos medicinales de unas plantas y las convence de poner su propio jardín en su casa.

“Si las personas tienen su propio huerto en su casa, aunque sea chiquito, en un espacio reducido, en la azotea o la ventana, eso les va a ayudar mucho, porque las plantas vibran, dan energía, nos mantienen vivos, ese es el mensaje que les queremos dar a quienes vienen al Museo y ven el jardín, que aquí en la ciudad también se puede hacer, que convivir con la naturaleza es lo que nos mantiene” dice Evelia y su propia filosofía de vida parece funcionar muy bien en ella.

Evelia es bióloga y trabajadora social de profesión, el trabajo que realiza en el Museo de la Ciudad manteniendo el Jardín es voluntario.

Desde que la Fundación Fernando Castañón Gamboa inició el proyecto del Museo de la Ciudad hace unos 25 años  –en una casa rentada y no en las instalaciones que ahora tienen- Evelia se sumó haciendo un huerto de plantas medicinales zoques. Hace unos años, después de la remodelación del museo, decidieron retomar el proyecto, pero ahora con la perspectiva de hacer un jardín que sirviera de ejemplo para las y los visitantes del lugar.

El Jardín Zoque se puede visitar en el Museo de la Ciudad de Tuxtla ubicado en la segunda poniente y avenida central.

17/SDLS/LGL

 








ESTADOS
POLÍTICA
   En noviembre inicia gira para recabar 866 mil firmas para su registro
Marichuy y CIG buscan “sacudir al país”, no ganar las elecciones
Marichuy, candidata y vocera del Concejo Indígena de Gobierno. Foto: Isaín Mandujano
Por: Ángeles Mariscal
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 20/10/2017

Al cierre de la gira que la candidata a la presidencia de México, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, emprendió a lo largo del territorio donde tienen presencia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los pueblos indígenas que la recibieron dejaron claro que lo que se busca no es el cargo, sino “sacudir al país”.

Marichuy y las y los integrantes del Consejo Indígena de Gobierno al que representa, cerraron la gira de seis días en la comunidad Oventic, ubicada en la zona tsotsil de Chiapas, y sede de los zapatistas en la región. Ahí, ante las miles de personas que se reunieron, la comandante Hortencia, del EZLN, planteó nuevamente el objetivo de la participación en el proceso electoral de 2018.

“No importa que los ricos y poderosos no reconozcan nuestro Concejo Indígena de Gobierno y a nuestra vocera. Para nosotros los y las zapatistas y muchos otros pueblos, la palabra y el oído y la mirada que valen son las del Concejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez, porque ella, y ellas y ellos no buscan el cargo. Lo que buscan es llamar al pueblo de abajo a organizarse”.

Dijo que “no importa que gane o no gane la candidatura, o en las elecciones, lo que importa es que todas y todos nos organicemos, cada quien según su modo, su tiempo y su lugar donde vive, trabaja, lucha, resiste.

Antes, Marichuy había señalado: Es la hora de sacudir este país y agitar en cada rincón de él, de organizarnos en cada espacio, en cada barrio, nación y tribu, en cada ciudad, en el campo y en las ciudades”.

La candidata y vocera del Concejo Indígena de Gobierno dijo que el objetivo es organizarse y “de gobernarnos de acuerdo a nuestras formas propias, ejerciendo y tomando el destino en nuestras manos sin esperar a que otros lo hagan por nosotros”.

Ello a semejanza del EZLN, quien a los pocos meses de 1994, empezó la construcción de sus gobiernos autónomos, que ahora, 23 años después, están constituidos formalmente y funcionan de manera paralela a las instituciones oficiales.

Durante los encuentros que tuvo con personas mestizas e indígenas tojolabales, choles, tseltales, tsotsiles, tuvo predominio la participación de mujeres de la región, zapatistas y no zapatistas, quienes plantearon su situación particular y las acciones que han emprendido para lograr mejores condiciones de vida.

Marichuy hizo énfasis en el peso que tienen las mujeres tanto en la candidatura para la presidencia, como en los procesos organizativos que busca fomentar.

“Es la hora de las mujeres que luchan y se organizan por nacer su libertad, por nacer su patria nueva con justicia, por nacer un mundo nuevo de paz y diferente sobre las ruinas que el sistema capitalista y patriarcal van dejando por todos lados. Es el momento de que las mujeres nos organicemos sí, por el respeto de nuestros derechos, pero también por todos y por todas porque en nosotras está la fuerza para empujar esta enorme lucha”.

La candidata explicó que a partir del mes de noviembre continuará el recorrido por el país para recabar las 866 mil firmas que de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), se requieren para suscribir su candidatura en el proceso electoral de 2018.

Antes, denunció que hasta el momento han tenido dificultades y trabas para este proceso, porque no ha funcionado la aplicación electrónica a través de la que deben suscribirse las adhesiones, y porque en las zonas indígenas la señal de internet es prácticamente nula.

Dijo que los detalles sobre su gira por el país los dará a conocer en los próximos días.

17/AM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Falta capacitación e interés de servidores públicos
   
Fiscalía de Chiapas no actúa conforme al decreto de AVG: CDMCH
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/06/2017

Aunque la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas se decretó hace más de medio año, el 18 de noviembre de 2016, la Fiscalía General Estatal (FGE) continúa con las faltas al debido proceso y al acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres, denunció la agrupación civil, Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas (CDMCH).
 
La AVG fue solicitada por dicho Centro hace tres años y se otorgó para los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. 
 
Esta situación, señala el CDMCH en un comunicado, se debe a la falta de capacitación, voluntad e interés de fiscales, peritos, policías, traductores y secretarios de la Fiscalía para actuar de acuerdo al mandato que dio la Secretaría de Gobernación (Segob), por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al gobierno encabezado por Manuel Velasco Coello.
 
De esta forma, las medidas urgentes de seguridad, prevención y justicia que implica la AVG no se aplican, ya que no existe en la Fiscalía la claridad de cómo actuar, por ejemplo cuando una mujer se presenta a denunciar una agresión o algún tipo de violencia de género.
 
Otras irregularidades que detectó el CDMCH respecto a la AVG, solicitada hace tres años por esta organización civil, son que no existen espacios privados y adecuados para escuchar a las víctimas de violencia cuando presentan una denuncia, “generalmente este tipo de procedimiento se realiza en áreas de atención inmediata, un espacio abierto que revictimiza a las personas”, describió la organización.
 
Además, no se llevan a cabo los procedimientos de actuación inmediata de atención a víctimas. “Esto implica canalizar de inmediato a los servicios de salud cuando existen lesiones físicas o bien la sospecha de daños no visibles que puedan generar riesgo para su vida y requieran atención médica”, dice el Centro.
 
Por el contrario, observó el CDMCH, las autoridades se tardan en los trámites, no se le da a conocer a la víctima el procedimiento a seguir ni copias o revisión de su declaración, y los tiempos y recursos en la intervención que existen. Todo esto, bajo un trato que no es digno ni sensible por parte de los servidores públicos, lo que reproduce “los perjuicios que tienden a revictimizar y culpar a las mujeres”.
 
MALOS TRATOS A MUJERES INDÍGENAS
 
La organización peticionara de la AVG destacó en particular los malos tratos que enfrentan las mujeres indígenas, quienes viajan por varias horas para acudir a denunciar ante un Ministerio Público, donde se encuentran con la falta de traductores, personal médico, psicológico y trabajadoras sociales capacitadas.
 
Cabe recordar que la declaratoria del Mecanismo incluye recomendaciones específicas para la población indígena y para las 16 localidades de la zona de los Altos de Chiapas, no obstante, el Centro indicó que en su mayoría no se cumplen con las órdenes de protección a favor de mujeres indígenas.
 
SIN APLICAR PROTOCOLO POR FEMINICIDIO
 
La organización civil insistió que se mantienen las omisiones por parte del Estado para atender los casos de feminicidio ya que no se aplica el “Protocolo de Actuación Operativa y Técnica en la Investigación de los Delitos de Homicidio y Feminicidio”.
 
Tampoco se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía estatal de cuántos casos de feminicidio (número, lugar, y fecha) se han cometido de noviembre de 2016 hasta la fecha, argumentó la agrupación. Desde agosto de 2014 hasta ese momento, la FGE había documentado 104 casos de feminicidio en Chiapas.
 
De acuerdo con el Centro, estas irregularidades ya han sido discutidas en tres sesiones ordinarias con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) sobre el seguimiento de la Alerta, por lo que, como parte de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, continuará vigilando al gobierno de Manuel Velasco en su obligación de “salvaguardar la vida e integridad de las mujeres”.
 
17/HZM/GG








NACIONAL
SALUD
   Convertida en grado académico podría privatizarse
   
OMIECH denuncia propuesta que amenaza la Partería Indígena
Foto: Yunuhen Rangel Medina
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/06/2017

La Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas, A.C. (OMIECH) alertó que la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) pretende abrir una licenciatura de Obstetricia y Partería que podría terminar con la práctica de la partería indígena, generaría desempleo y privatización de este servicio.
 
En un comunicado, la OMIECH denunció que quienes promueven esta iniciativa son las autoridades de la Unich, el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán A.C. (CISC) y la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), instituciones que no están considerando que la institucionalización en el sistema educativo de las juventudes indígenas podría desplazar los elementos teórico/prácticos de la partería indígena.
 
LAS CONSECUENCIAS
 
De acuerdo con las y los médicos indígenas, cuya asociación se fundó desde hace 33 años con el objetivo de rescatar, defender, promover, sistematizar e impulsar la medicina indígena tradicional en el estado de Chiapas, la advertencia que hacen se basa también en la experiencia de años atrás médicos tradicionales, ante una propuesta semejante: “esto ya sucedió en la licenciatura de Medicina Intercultural de la Unich (hoy licenciatura de Médico Cirujano), dice la organización.
 
Sucedió también, dice la organización “con parteras iloles tsotsiles del municipio de Chenalhó”, por lo que saben que este intento de convertir la partería en una  licenciatura, al que califican como “mecanismo ideológico de poder”, se ha presentado también en otros estados de la República Mexicana, con la consecuencia de que la partería indígena y comunitaria desparece, con implicaciones como la elevación del número de cesáreas.
 
Señala la OMIECH que, aunque el objetivo de la Unich es que se inscriban jóvenes indígenas en la carrera, de preferencia hijas de parteras, al egresar podrían entrar en conflicto con las parteras que ya trabajan en sus comunidades. “Aún con las “buenas intenciones” de las investigadoras del CISC, las condiciones de implantación para la carrera de Obstetricia y Partería, en la División de Procesos Naturales de la Unich son las mismas, o más deterioradas, que cuando se implantó la licenciatura de Medicina Intercultural”, afirma. 
 
Esto, a su vez, podría generar un obligado desplazamiento hacia otros sitios, un fenómeno que no es nuevo y se ha presentado en otras partes de México, lo que “ha llevado a la desaparición de la partería indígena y comunitaria”. 
 
Peor aún, este mismo escenario puede derivar en la privatización de la partería, porque “ante la quiebra financiera y estructural del sector salud en el estado, dice el comunicado, las egresadas de esta licenciatura se sumarán a las desempleadas, lo que provocará que privaticen su práctica”.
 
Detalla la organización que las egresadas no podrán ser absorbidas por las instancias estatales ni federales de salud, ni por las agencias financieras internacionales y “entrarán directamente a la bolsa del desempleo”. Y esto, “provocará que las jóvenes egresadas se inclinen por la privatización de su práctica, perdiéndose ciertos valores que se pretende conservar en el personal sanitario egresado de esta escuela de Obstetricia y Partería”.
 
Y todo esto acabaría con el sentido comunitario del oficio, que permite a muchas mujeres no solo atender su embarazo y parto, sino salvarlas de la muerte materna, ocasionada por padecimientos como hipertensión, edema y proteinuria, hemorragia obstétrica, complicaciones del embarazo, parto y puerperio. 
 
En Chiapas, de acuerdo con cifras oficiales, hay casi 3 mil parteras que trabajan sobre todo en comunidades rurales e indígenas, que atienden 9 por ciento de los casi 90 mil partos al año (Sinais, 2014).
 
La necesidad de las parteras queda evidente, porque en Chiapas hay apenas 2 mil 240 camas de hospital (Dirección General de Información en Salud, 2014), lo que explica por qué en 2014 hubo 68.1 muertes de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, según el Observatorio de Mortalidad Materna. 
 
OTRAS ESTRATEGIAS
 
OMIECH propone otras estrategias que no necesariamente tienen que acabar con la partería indígena, como por ejemplo, impulsar la reproducción de la partería indígena a través del desarrollo de Inteligencias Múltiples (teoría de Howard Gardner.)
 
Esta metodología, agregó, la realiza OMIECH desde hace 25 años en su Área de Mujeres y Parteras, y además “ya de por sí la poseen bioculturalmente las niñas y jóvenes en las propias comunidades indígenas”.
 
Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, en su informe “El estado de las parteras en el mundo, 2014”, en México su número es muy alto, sobre todo en Chiapas, seguido de Veracruz, Puebla, Oaxaca e Hidalgo. 
 
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OPINIÓN
VIOLENCIA
   OPINIÓN
La violación en Tuxtla Gutiérrez
Imagen retomada del portal ChiapasParalelo. Colectivo TragameLuz
Por: Sandra De Los Santos*
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 13/06/2017

La indiferencia de las personas que observaban la misma imagen que nosotras –un sujeto encima de una joven con los pantalones desabrochados y la joven desnuda de la cintura para abajo- nos hizo pensar que “solo” se trataba de dos personas teniendo relaciones sexuales en la vía pública. Cuando nos acercamos, los gritos de la joven y sus intentos por quitarse de encima al sujeto nos advirtió que se trataba de una violación sexual, a la vista de quien quisiera ser testigo de la escena.
 
Nuestros gritos hicieron que el sujeto se fuera y dejara a la joven. Pedimos una patrulla que jamás llegó. La señora de la casa más próxima donde se estaba dando la violación sólo se asomó para cerrar sus ventanas. Dos señores que salieron a tomar el fresco a la banqueta ni se inmutaron, no movieron ni un dedo, se limitaron a ver. Todo esto sucedió en una colonia muy popular de Tuxtla Gutiérrez. No doy más datos del caso por la seguridad de la víctima, pero las autoridades ya tienen la información.
 
Aún no logro determinar con exactitud qué me preocupa y ofende más: la indiferencia  y miedo de la sociedad ante un acto semejante;  la indolencia de las autoridades incapaces de enviar una patrulla ante la denuncia de una violación sexual en plena vía pública; la vulnerabilidad en la que nos encontramos las mujeres o todas esas circunstancias juntas.
 
No fue por su forma de vestir, tampoco por caminar sola por la calle, ni por andar con malas compañías, no fue nada de eso, ni nada que a las autoridades o la sociedad quiera creer para sentirse a salvo y con la conciencia tranquila y así evadir su responsabilidad.
 
El caso que les narro no es un asunto aislado. Eduardo Flores, del Observatorio Ciudadano de Chiapas publicó en fechas recientes en Chiapas Paralelo un artículo llamado “La alerta previa al desastre” en el que señala la situación en la que está Chiapas y en particular Tuxtla en cuanto a las denuncias por violaciones sexuales.
 
Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la solicitud de información 186117 hecha por el Observatorio Ciudadano Chiapas, a la entonces Procuraduría General del Estado de Chiapas, en 2016 se denunciaron 748 casos de violación sexual en Chiapas, de los cuales 94.92 por ciento fueron cometidos hacia mujeres, más de la mitad de ellos a niñas menores de edad. Chiapas ocupó en 2016, el onceavo lugar a nivel nacional con la tasa más alta de denuncias por este delito por cada 100 mil habitantes.
 
​Si 2016 no fue un buen año para las mujeres y las niñas en Chiapas, 2017 parece ser peor. La tasa de denuncias por violación sexual de enero a marzo de 2017 es 3.98 por ciento mayor a la cifra del mismo periodo de 2016, y al menos en los últimos 15 meses, esta cifra ha permanecido superior a la tasa nacional; 181 casos se tienen registrados, de ellos 37 se han cometido en Tuxtla Gutiérrez. Además, el porcentaje de menores de edad en tales denuncias ha incrementado de 48.81 por ciento en el primer trimestre de 2016, a 52.94 por ciento en el mismo periodo de 2017.
 
​Si revisamos la cifras a nivel municipal, encontramos también que 6 de los 7 municipios incluidos en la Alerta de Violencia de Género, que aún no tiene acciones definidas en el estado, presentan ya durante el primer trimestre de este año tasas de denuncias por violación sexual por cada 100 mil habitantes superiores a la tasa nacional que es de 2.49.
 
Las violaciones sexuales no son un hecho aislado, este delito responde a la dinámica patriarcal en la que vivimos, a la impunidad en la que están los perpetradores de estos actos, a la indiferencia de la sociedad que no denuncia estos hechos y no exige a las autoridades aun cuando esos delitos están ocurriendo en muchas ocasiones en su propia casa o muy cerca de ella.
 
SIN ACCIONES MÍNIMAS QUE EXIGE AVG
 
Es urgente que el Gobierno del estado de Chiapas y los municipios como Tuxtla Gutiérrez implementen políticas públicas contundentes para eliminar la violencia en contra de las mujeres.
 
Estamos a poco más de seis meses de haberse dado la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 7 municipios de la entidad y hasta ahora no se han implementado las acciones mínimas que exige la alerta para frenar la violencia estructural  que existe en el estado en contra de las mujeres.
 
Cada uno y cada una que estamos indignadas con la situación podemos hacer algo desde donde estamos y con las posibilidades que tenemos, de entrada podemos no ser indiferentes ante la violencia en contra de las mujeres, no ser parte del problema, no ser la señora que solo se asoma a cerrar las ventanas para sentirse a salvo dentro de cuatro paredes; ni los señores que se limitan a ver desde la banqueta de su casa.
 
Cada vez que hay una violación sexual o cualquier acción de violencia e injusticia hay tres actores: la persona que violenta, la violentada y las y los observadores, son estos últimos quienes pueden hacer la diferencia permitiendo que sigan esos actos con su silencio cómplice o deteniéndolos con sus acciones.
 
¿Qué podemos hacer? 1. Denuncie cualquier acción de violencia contra las mujeres. 2. Actúe cuando sea testigo o testiga de esa violencia llamando a las autoridades, gritando, pidiendo ayuda a otras personas y trate de poner a buen resguardo a la víctima. 3. No juzgue jamás a la víctima. Nunca, bajo ninguna circunstancia, son ellas las responsables. 4. Exija a las autoridades acciones reales y efectivas en contra de la violencia hacia las mujeres. Hágalo en sus redes sociales, con pancartas, en playeras, por los medios que tenga, lo que su imaginación le diga.
 
Estás propuestas no son limitantes a lo que usted considere que puede hacer a favor de detener la violencia en contra de las mujeres, algo tenemos que hacer, no podemos dejarles este estado, esta ciudad a los malos. Que el miedo que sentimos todas no nos paralice ni nos encierre, por el contrario, que nos movilice y nos obligue a salir a las calles, a apropiarnos del espacio público. La lucha es nuestra.
 
* Periodista chiapaneca, forma parte de la Red de Periodistas e integrante fundadora del portal de noticias Chiapas Paralelo y Revista Enheduanna.
 
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ESTADOS
POLÍTICA
   Nuestra lucha será por la vida: Concejo Indígena
María de Jesús Patricio Martínez, vocera y candidata presidencial indígena
Marichuy, vocera del CIG y candidata independiente elegida para el 2018 a la presidencia de la república. Imagen de Chiapasparalelo.com
Por: Isaín Mandujano
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 29/05/2017

“Aún con todas nuestras contradicciones, este movimiento va, pues a los pueblos a los que no debemos, pues si bien queremos estar en las boletas electorales en el 2018, nuestra lucha será por la vida, por la organización, para seguir existiendo”, dijeron miembros del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) al presentar y respaldar a María de Jesús Patricio Martínez, como la vocera y candidata independiente a la presidencia de la República.
 
Nahua de Tuxpan, el sur de Jalisco, donde nació el 23 de diciembre de 1963, la mujer indígena que cursó el bachillerato para dedicarse a la preservación de la medicina tradicional y la herbolaria, fue la elegida como la vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) por el Congreso Nacional Indígena y por la Comandancia General del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CG-CCRI) del EZLN.
 
“Pensamos que la compañera Marichuy, no se vende, no claudica y no se rinde, como ella se formó dentro del CNI, eso creemos”, dijo una de las mujeres del CIG al leer el pronunciamiento de la Asamblea Constitutiva.
 
Marichuy, como la conocen todos en el CNI y los zapatistas recibió el apoyo unánime de todo los presentes en ese gran salón en el que entraron más de mil 400 delegados de unos 58 pueblos indígenas, más unos 250 más representantes del EZLN.
 
En mayo del 2015, por preservar la medicina tradicional y la herbolaria, así como por su vinculación con las comunidades indígenas del país, el cabildo del Ayuntamiento de Tuxpan le entregó a Marichuy el Galardón al Mérito Tuxpanense, adscrita a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara.
 
El galardón se le entregó en el área de Ciencia y Cultura, por su trabajo en la Casa de Salud con la medicina tradicional y la herbolaria.
 
Hoy Marichuy dirige la Casa de Salud Calli tecolhuacateca tochan, lugar para el ejercicio y desarrollo de la medicina indígena tradicional de la comunidad nahua de Tuxpan. La Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) desde hace 22 años apoya este proyecto, con el fin de atender a los enfermos con un esquema de salud comunitaria integral y que sirva como un espacio para la capacitación de promotores de salud indígenas de la región.
 
Actualmente la Casa de Salud Calli tecolhuacateca tochan se ubica en la calle Abasolo, número 57-A, en el barrio de El Cóbano, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas; y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. Donde hasta hoy, ella personalmente atiende.
 
Pero su vida ha dado un giro radical al ser nombrada ahora la vocera del CIG y candidata independiente a la presidencia de la república por parte de los pueblos indígenas.
 
Aunque ella ni Carlos González, su esposo, quien también figura y destaca dentro del CNI, lo han dicho, sus hijos quedarán bajo resguardo de las bases de apoyo y mandos del EZLN en Chiapas, quienes lo cuidarán y le darán protección, pero sobre todo educación.
 
Previo a que se conociera su nombre, algunas ya vaticinaban que sería ella la elegida, pues pocas mujeres como Marichuy se han destacado dentro del CNI. Ella, desde el levantamiento armado del EZLN en 1994, ya estaba apoyando la causa zapatista. Participó en todos y cada uno de sus eventos la que ha convocado el grupo armado.
 
Fue ella la elegida para que, junto con los comandantes y subcomandantes zapatistas, tomaran el micrófono en la tribuna, tras su primera salida de los zapatistas de la Selva Lacandona y su gran marcha rumbo a la Ciudad de México. Fue en esa ocasión en la que destacó la comandanta Esther del EZLN.
 
Reconocida como una de las fundadoras del CNI, en su discurso el 29 de marzo de 2001 ante el Congreso de la Unión, Marichuy habló  en nombre de las mujeres indígenas de México.
 
Esa pequeña mujer menudita que siempre iba de un lado a otro en todos y cada uno de los encuentros y foros que el EZLN celebraba en el CIDECI-Unitierras de San Cristóbal de Las Casas, en Oventic, o en cualquier otro territorio o caracol zapatista.
 
Para los conocedores del zapatismo, no fue difícil saber que Marichuy será la ungida por el EZLN y el CNI, el domingo 28, cuando alrededor de las tres de as tarde salió humo blanco de ese gran auditorio.
 
Ausentes en ese auditorio pero presentes en otra cabaña cerca, dando seguimiento a cada detalle de la Asamblea Constitutiva, estaban el Subcomandante Galeano y otros mandos como Tacho, y otras personas de las que siempre se apoya en la vía civil, Jorge Javier Elorriaga y Sergio Rodríguez Lazcano.
 
El subcomandante insurgente Moisés encabezaba la plenaria de la Asamblea Constitutiva junto con Bettina Cruz Velazquez,  del pueblo indígena zapoteco e integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Santa María Xadani, Oaxaca.
 
Los miembros del CIG presentaron a Marichuy y señalan que más que una campaña electoral hará una campaña por la organización, por la vida, por la defensa del territorio. Que su misión será la articulación de los todos los pueblos y movimientos indígenas de todo el país.
 
Aunque no lo dijeron, sería algo similar a la “Otra campaña” que hizo el entonces Subcomandante Marcos o Comandante 0 por todo el país, pero la diferencia es que esta vez buscan aparecer en las boletas electorales en el 2018.
 
Marichuy dijo que llevará esta “gran responsabilidad” que le han encomendado el CNI y el EZLN, pero que para ello no está solo sino que cuenta con todo el respaldo de los miembros del CIG que son alrededor de 50 hombres y mujeres, todos de diferentes estados del país y de diferentes pueblos indígenas.
 
La próxima reunión para encontrarse todos será el 12 de octubre en territorio zapatista. Al igual que Marichuy, los nuevos concejales hicieron un llamado a todos los pueblos indígenas de México a sumarse a esta lucha antes que el capitalismo arrase y desaparezca a todos los pueblos originarios.
 
17/IM/GG








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