ESTADOS
VIOLENCIA
   Falta capacitación e interés de servidores públicos
Fiscalía de Chiapas no actúa conforme al decreto de AVG: CDMCH
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/06/2017 Aunque la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas se decretó hace más de medio año, el 18 de noviembre de 2016, la Fiscalía General Estatal (FGE) continúa con las faltas al debido proceso y al acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres, denunció la agrupación civil, Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas (CDMCH).
 
La AVG fue solicitada por dicho Centro hace tres años y se otorgó para los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. 
 
Esta situación, señala el CDMCH en un comunicado, se debe a la falta de capacitación, voluntad e interés de fiscales, peritos, policías, traductores y secretarios de la Fiscalía para actuar de acuerdo al mandato que dio la Secretaría de Gobernación (Segob), por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al gobierno encabezado por Manuel Velasco Coello.
 
De esta forma, las medidas urgentes de seguridad, prevención y justicia que implica la AVG no se aplican, ya que no existe en la Fiscalía la claridad de cómo actuar, por ejemplo cuando una mujer se presenta a denunciar una agresión o algún tipo de violencia de género.
 
Otras irregularidades que detectó el CDMCH respecto a la AVG, solicitada hace tres años por esta organización civil, son que no existen espacios privados y adecuados para escuchar a las víctimas de violencia cuando presentan una denuncia, “generalmente este tipo de procedimiento se realiza en áreas de atención inmediata, un espacio abierto que revictimiza a las personas”, describió la organización.
 
Además, no se llevan a cabo los procedimientos de actuación inmediata de atención a víctimas. “Esto implica canalizar de inmediato a los servicios de salud cuando existen lesiones físicas o bien la sospecha de daños no visibles que puedan generar riesgo para su vida y requieran atención médica”, dice el Centro.
 
Por el contrario, observó el CDMCH, las autoridades se tardan en los trámites, no se le da a conocer a la víctima el procedimiento a seguir ni copias o revisión de su declaración, y los tiempos y recursos en la intervención que existen. Todo esto, bajo un trato que no es digno ni sensible por parte de los servidores públicos, lo que reproduce “los perjuicios que tienden a revictimizar y culpar a las mujeres”.
 
MALOS TRATOS A MUJERES INDÍGENAS
 
La organización peticionara de la AVG destacó en particular los malos tratos que enfrentan las mujeres indígenas, quienes viajan por varias horas para acudir a denunciar ante un Ministerio Público, donde se encuentran con la falta de traductores, personal médico, psicológico y trabajadoras sociales capacitadas.
 
Cabe recordar que la declaratoria del Mecanismo incluye recomendaciones específicas para la población indígena y para las 16 localidades de la zona de los Altos de Chiapas, no obstante, el Centro indicó que en su mayoría no se cumplen con las órdenes de protección a favor de mujeres indígenas.
 
SIN APLICAR PROTOCOLO POR FEMINICIDIO
 
La organización civil insistió que se mantienen las omisiones por parte del Estado para atender los casos de feminicidio ya que no se aplica el “Protocolo de Actuación Operativa y Técnica en la Investigación de los Delitos de Homicidio y Feminicidio”.
 
Tampoco se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía estatal de cuántos casos de feminicidio (número, lugar, y fecha) se han cometido de noviembre de 2016 hasta la fecha, argumentó la agrupación. Desde agosto de 2014 hasta ese momento, la FGE había documentado 104 casos de feminicidio en Chiapas.
 
De acuerdo con el Centro, estas irregularidades ya han sido discutidas en tres sesiones ordinarias con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) sobre el seguimiento de la Alerta, por lo que, como parte de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, continuará vigilando al gobierno de Manuel Velasco en su obligación de “salvaguardar la vida e integridad de las mujeres”.
 
17/HZM/GG







NACIONAL
SALUD
   Convertida en grado académico podría privatizarse
OMIECH denuncia propuesta que amenaza la Partería Indígena
Foto: Yunuhen Rangel Medina
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/06/2017 La Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas, A.C. (OMIECH) alertó que la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) pretende abrir una licenciatura de Obstetricia y Partería que podría terminar con la práctica de la partería indígena, generaría desempleo y privatización de este servicio.
 
En un comunicado, la OMIECH denunció que quienes promueven esta iniciativa son las autoridades de la Unich, el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán A.C. (CISC) y la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), instituciones que no están considerando que la institucionalización en el sistema educativo de las juventudes indígenas podría desplazar los elementos teórico/prácticos de la partería indígena.
 
LAS CONSECUENCIAS
 
De acuerdo con las y los médicos indígenas, cuya asociación se fundó desde hace 33 años con el objetivo de rescatar, defender, promover, sistematizar e impulsar la medicina indígena tradicional en el estado de Chiapas, la advertencia que hacen se basa también en la experiencia de años atrás médicos tradicionales, ante una propuesta semejante: “esto ya sucedió en la licenciatura de Medicina Intercultural de la Unich (hoy licenciatura de Médico Cirujano), dice la organización.
 
Sucedió también, dice la organización “con parteras iloles tsotsiles del municipio de Chenalhó”, por lo que saben que este intento de convertir la partería en una  licenciatura, al que califican como “mecanismo ideológico de poder”, se ha presentado también en otros estados de la República Mexicana, con la consecuencia de que la partería indígena y comunitaria desparece, con implicaciones como la elevación del número de cesáreas.
 
Señala la OMIECH que, aunque el objetivo de la Unich es que se inscriban jóvenes indígenas en la carrera, de preferencia hijas de parteras, al egresar podrían entrar en conflicto con las parteras que ya trabajan en sus comunidades. “Aún con las “buenas intenciones” de las investigadoras del CISC, las condiciones de implantación para la carrera de Obstetricia y Partería, en la División de Procesos Naturales de la Unich son las mismas, o más deterioradas, que cuando se implantó la licenciatura de Medicina Intercultural”, afirma. 
 
Esto, a su vez, podría generar un obligado desplazamiento hacia otros sitios, un fenómeno que no es nuevo y se ha presentado en otras partes de México, lo que “ha llevado a la desaparición de la partería indígena y comunitaria”. 
 
Peor aún, este mismo escenario puede derivar en la privatización de la partería, porque “ante la quiebra financiera y estructural del sector salud en el estado, dice el comunicado, las egresadas de esta licenciatura se sumarán a las desempleadas, lo que provocará que privaticen su práctica”.
 
Detalla la organización que las egresadas no podrán ser absorbidas por las instancias estatales ni federales de salud, ni por las agencias financieras internacionales y “entrarán directamente a la bolsa del desempleo”. Y esto, “provocará que las jóvenes egresadas se inclinen por la privatización de su práctica, perdiéndose ciertos valores que se pretende conservar en el personal sanitario egresado de esta escuela de Obstetricia y Partería”.
 
Y todo esto acabaría con el sentido comunitario del oficio, que permite a muchas mujeres no solo atender su embarazo y parto, sino salvarlas de la muerte materna, ocasionada por padecimientos como hipertensión, edema y proteinuria, hemorragia obstétrica, complicaciones del embarazo, parto y puerperio. 
 
En Chiapas, de acuerdo con cifras oficiales, hay casi 3 mil parteras que trabajan sobre todo en comunidades rurales e indígenas, que atienden 9 por ciento de los casi 90 mil partos al año (Sinais, 2014).
 
La necesidad de las parteras queda evidente, porque en Chiapas hay apenas 2 mil 240 camas de hospital (Dirección General de Información en Salud, 2014), lo que explica por qué en 2014 hubo 68.1 muertes de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, según el Observatorio de Mortalidad Materna. 
 
OTRAS ESTRATEGIAS
 
OMIECH propone otras estrategias que no necesariamente tienen que acabar con la partería indígena, como por ejemplo, impulsar la reproducción de la partería indígena a través del desarrollo de Inteligencias Múltiples (teoría de Howard Gardner.)
 
Esta metodología, agregó, la realiza OMIECH desde hace 25 años en su Área de Mujeres y Parteras, y además “ya de por sí la poseen bioculturalmente las niñas y jóvenes en las propias comunidades indígenas”.
 
Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, en su informe “El estado de las parteras en el mundo, 2014”, en México su número es muy alto, sobre todo en Chiapas, seguido de Veracruz, Puebla, Oaxaca e Hidalgo. 
 
17/EA/GG







OPINIÓN
VIOLENCIA
   OPINIÓN
La violación en Tuxtla Gutiérrez
Imagen retomada del portal ChiapasParalelo. Colectivo TragameLuz
Por: Sandra De Los Santos*
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 13/06/2017 La indiferencia de las personas que observaban la misma imagen que nosotras –un sujeto encima de una joven con los pantalones desabrochados y la joven desnuda de la cintura para abajo- nos hizo pensar que “solo” se trataba de dos personas teniendo relaciones sexuales en la vía pública. Cuando nos acercamos, los gritos de la joven y sus intentos por quitarse de encima al sujeto nos advirtió que se trataba de una violación sexual, a la vista de quien quisiera ser testigo de la escena.
 
Nuestros gritos hicieron que el sujeto se fuera y dejara a la joven. Pedimos una patrulla que jamás llegó. La señora de la casa más próxima donde se estaba dando la violación sólo se asomó para cerrar sus ventanas. Dos señores que salieron a tomar el fresco a la banqueta ni se inmutaron, no movieron ni un dedo, se limitaron a ver. Todo esto sucedió en una colonia muy popular de Tuxtla Gutiérrez. No doy más datos del caso por la seguridad de la víctima, pero las autoridades ya tienen la información.
 
Aún no logro determinar con exactitud qué me preocupa y ofende más: la indiferencia  y miedo de la sociedad ante un acto semejante;  la indolencia de las autoridades incapaces de enviar una patrulla ante la denuncia de una violación sexual en plena vía pública; la vulnerabilidad en la que nos encontramos las mujeres o todas esas circunstancias juntas.
 
No fue por su forma de vestir, tampoco por caminar sola por la calle, ni por andar con malas compañías, no fue nada de eso, ni nada que a las autoridades o la sociedad quiera creer para sentirse a salvo y con la conciencia tranquila y así evadir su responsabilidad.
 
El caso que les narro no es un asunto aislado. Eduardo Flores, del Observatorio Ciudadano de Chiapas publicó en fechas recientes en Chiapas Paralelo un artículo llamado “La alerta previa al desastre” en el que señala la situación en la que está Chiapas y en particular Tuxtla en cuanto a las denuncias por violaciones sexuales.
 
Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la solicitud de información 186117 hecha por el Observatorio Ciudadano Chiapas, a la entonces Procuraduría General del Estado de Chiapas, en 2016 se denunciaron 748 casos de violación sexual en Chiapas, de los cuales 94.92 por ciento fueron cometidos hacia mujeres, más de la mitad de ellos a niñas menores de edad. Chiapas ocupó en 2016, el onceavo lugar a nivel nacional con la tasa más alta de denuncias por este delito por cada 100 mil habitantes.
 
​Si 2016 no fue un buen año para las mujeres y las niñas en Chiapas, 2017 parece ser peor. La tasa de denuncias por violación sexual de enero a marzo de 2017 es 3.98 por ciento mayor a la cifra del mismo periodo de 2016, y al menos en los últimos 15 meses, esta cifra ha permanecido superior a la tasa nacional; 181 casos se tienen registrados, de ellos 37 se han cometido en Tuxtla Gutiérrez. Además, el porcentaje de menores de edad en tales denuncias ha incrementado de 48.81 por ciento en el primer trimestre de 2016, a 52.94 por ciento en el mismo periodo de 2017.
 
​Si revisamos la cifras a nivel municipal, encontramos también que 6 de los 7 municipios incluidos en la Alerta de Violencia de Género, que aún no tiene acciones definidas en el estado, presentan ya durante el primer trimestre de este año tasas de denuncias por violación sexual por cada 100 mil habitantes superiores a la tasa nacional que es de 2.49.
 
Las violaciones sexuales no son un hecho aislado, este delito responde a la dinámica patriarcal en la que vivimos, a la impunidad en la que están los perpetradores de estos actos, a la indiferencia de la sociedad que no denuncia estos hechos y no exige a las autoridades aun cuando esos delitos están ocurriendo en muchas ocasiones en su propia casa o muy cerca de ella.
 
SIN ACCIONES MÍNIMAS QUE EXIGE AVG
 
Es urgente que el Gobierno del estado de Chiapas y los municipios como Tuxtla Gutiérrez implementen políticas públicas contundentes para eliminar la violencia en contra de las mujeres.
 
Estamos a poco más de seis meses de haberse dado la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 7 municipios de la entidad y hasta ahora no se han implementado las acciones mínimas que exige la alerta para frenar la violencia estructural  que existe en el estado en contra de las mujeres.
 
Cada uno y cada una que estamos indignadas con la situación podemos hacer algo desde donde estamos y con las posibilidades que tenemos, de entrada podemos no ser indiferentes ante la violencia en contra de las mujeres, no ser parte del problema, no ser la señora que solo se asoma a cerrar las ventanas para sentirse a salvo dentro de cuatro paredes; ni los señores que se limitan a ver desde la banqueta de su casa.
 
Cada vez que hay una violación sexual o cualquier acción de violencia e injusticia hay tres actores: la persona que violenta, la violentada y las y los observadores, son estos últimos quienes pueden hacer la diferencia permitiendo que sigan esos actos con su silencio cómplice o deteniéndolos con sus acciones.
 
¿Qué podemos hacer? 1. Denuncie cualquier acción de violencia contra las mujeres. 2. Actúe cuando sea testigo o testiga de esa violencia llamando a las autoridades, gritando, pidiendo ayuda a otras personas y trate de poner a buen resguardo a la víctima. 3. No juzgue jamás a la víctima. Nunca, bajo ninguna circunstancia, son ellas las responsables. 4. Exija a las autoridades acciones reales y efectivas en contra de la violencia hacia las mujeres. Hágalo en sus redes sociales, con pancartas, en playeras, por los medios que tenga, lo que su imaginación le diga.
 
Estás propuestas no son limitantes a lo que usted considere que puede hacer a favor de detener la violencia en contra de las mujeres, algo tenemos que hacer, no podemos dejarles este estado, esta ciudad a los malos. Que el miedo que sentimos todas no nos paralice ni nos encierre, por el contrario, que nos movilice y nos obligue a salir a las calles, a apropiarnos del espacio público. La lucha es nuestra.
 
* Periodista chiapaneca, forma parte de la Red de Periodistas e integrante fundadora del portal de noticias Chiapas Paralelo y Revista Enheduanna.
 
17/SS/GG







ESTADOS
POLÍTICA
   Nuestra lucha será por la vida: Concejo Indígena
María de Jesús Patricio Martínez, vocera y candidata presidencial indígena
Marichuy, vocera del CIG y candidata independiente elegida para el 2018 a la presidencia de la república. Imagen de Chiapasparalelo.com
Por: Isaín Mandujano
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 29/05/2017 “Aún con todas nuestras contradicciones, este movimiento va, pues a los pueblos a los que no debemos, pues si bien queremos estar en las boletas electorales en el 2018, nuestra lucha será por la vida, por la organización, para seguir existiendo”, dijeron miembros del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) al presentar y respaldar a María de Jesús Patricio Martínez, como la vocera y candidata independiente a la presidencia de la República.
 
Nahua de Tuxpan, el sur de Jalisco, donde nació el 23 de diciembre de 1963, la mujer indígena que cursó el bachillerato para dedicarse a la preservación de la medicina tradicional y la herbolaria, fue la elegida como la vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) por el Congreso Nacional Indígena y por la Comandancia General del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CG-CCRI) del EZLN.
 
“Pensamos que la compañera Marichuy, no se vende, no claudica y no se rinde, como ella se formó dentro del CNI, eso creemos”, dijo una de las mujeres del CIG al leer el pronunciamiento de la Asamblea Constitutiva.
 
Marichuy, como la conocen todos en el CNI y los zapatistas recibió el apoyo unánime de todo los presentes en ese gran salón en el que entraron más de mil 400 delegados de unos 58 pueblos indígenas, más unos 250 más representantes del EZLN.
 
En mayo del 2015, por preservar la medicina tradicional y la herbolaria, así como por su vinculación con las comunidades indígenas del país, el cabildo del Ayuntamiento de Tuxpan le entregó a Marichuy el Galardón al Mérito Tuxpanense, adscrita a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara.
 
El galardón se le entregó en el área de Ciencia y Cultura, por su trabajo en la Casa de Salud con la medicina tradicional y la herbolaria.
 
Hoy Marichuy dirige la Casa de Salud Calli tecolhuacateca tochan, lugar para el ejercicio y desarrollo de la medicina indígena tradicional de la comunidad nahua de Tuxpan. La Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) desde hace 22 años apoya este proyecto, con el fin de atender a los enfermos con un esquema de salud comunitaria integral y que sirva como un espacio para la capacitación de promotores de salud indígenas de la región.
 
Actualmente la Casa de Salud Calli tecolhuacateca tochan se ubica en la calle Abasolo, número 57-A, en el barrio de El Cóbano, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas; y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. Donde hasta hoy, ella personalmente atiende.
 
Pero su vida ha dado un giro radical al ser nombrada ahora la vocera del CIG y candidata independiente a la presidencia de la república por parte de los pueblos indígenas.
 
Aunque ella ni Carlos González, su esposo, quien también figura y destaca dentro del CNI, lo han dicho, sus hijos quedarán bajo resguardo de las bases de apoyo y mandos del EZLN en Chiapas, quienes lo cuidarán y le darán protección, pero sobre todo educación.
 
Previo a que se conociera su nombre, algunas ya vaticinaban que sería ella la elegida, pues pocas mujeres como Marichuy se han destacado dentro del CNI. Ella, desde el levantamiento armado del EZLN en 1994, ya estaba apoyando la causa zapatista. Participó en todos y cada uno de sus eventos la que ha convocado el grupo armado.
 
Fue ella la elegida para que, junto con los comandantes y subcomandantes zapatistas, tomaran el micrófono en la tribuna, tras su primera salida de los zapatistas de la Selva Lacandona y su gran marcha rumbo a la Ciudad de México. Fue en esa ocasión en la que destacó la comandanta Esther del EZLN.
 
Reconocida como una de las fundadoras del CNI, en su discurso el 29 de marzo de 2001 ante el Congreso de la Unión, Marichuy habló  en nombre de las mujeres indígenas de México.
 
Esa pequeña mujer menudita que siempre iba de un lado a otro en todos y cada uno de los encuentros y foros que el EZLN celebraba en el CIDECI-Unitierras de San Cristóbal de Las Casas, en Oventic, o en cualquier otro territorio o caracol zapatista.
 
Para los conocedores del zapatismo, no fue difícil saber que Marichuy será la ungida por el EZLN y el CNI, el domingo 28, cuando alrededor de las tres de as tarde salió humo blanco de ese gran auditorio.
 
Ausentes en ese auditorio pero presentes en otra cabaña cerca, dando seguimiento a cada detalle de la Asamblea Constitutiva, estaban el Subcomandante Galeano y otros mandos como Tacho, y otras personas de las que siempre se apoya en la vía civil, Jorge Javier Elorriaga y Sergio Rodríguez Lazcano.
 
El subcomandante insurgente Moisés encabezaba la plenaria de la Asamblea Constitutiva junto con Bettina Cruz Velazquez,  del pueblo indígena zapoteco e integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Santa María Xadani, Oaxaca.
 
Los miembros del CIG presentaron a Marichuy y señalan que más que una campaña electoral hará una campaña por la organización, por la vida, por la defensa del territorio. Que su misión será la articulación de los todos los pueblos y movimientos indígenas de todo el país.
 
Aunque no lo dijeron, sería algo similar a la “Otra campaña” que hizo el entonces Subcomandante Marcos o Comandante 0 por todo el país, pero la diferencia es que esta vez buscan aparecer en las boletas electorales en el 2018.
 
Marichuy dijo que llevará esta “gran responsabilidad” que le han encomendado el CNI y el EZLN, pero que para ello no está solo sino que cuenta con todo el respaldo de los miembros del CIG que son alrededor de 50 hombres y mujeres, todos de diferentes estados del país y de diferentes pueblos indígenas.
 
La próxima reunión para encontrarse todos será el 12 de octubre en territorio zapatista. Al igual que Marichuy, los nuevos concejales hicieron un llamado a todos los pueblos indígenas de México a sumarse a esta lucha antes que el capitalismo arrase y desaparezca a todos los pueblos originarios.
 
17/IM/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   Estancado, opaco, sin protocolo para indígenas y migrantes
Gobierno de Chiapas, incapaz para cumplir y atender AVG
Imagen retomada de contrafeminicidiochiapas.wordpress.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/05/2017 Tras una reunión con funcionarios estatales y municipales, la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas concluyó que falta capacidad del estado para reaccionar y atender de manera urgente la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
A seis meses de que se emitió la AVG en siete municipios de Chiapas, la agrupación -conformada por diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres-  denunció que el mecanismo está estacando en las capacitaciones del personal público, no hay transparencia en los recursos asignados, se siguen sin generan métodos y protocolos de atención para la población indígena, no hay coordinación entre las autoridades y existe un desconocimiento dentro del gobierno sobre la declaratoria. 
 
Así lo  constató la Campaña en la reunión que sostuvo el 18 y 19 de mayo con representantes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim) y con el Subsecretario de Operación Política de la Secretaría General de Gobierno. Los rubros que se abordaron fue la coordinación e implementación de la AVG en las localidades declaradas, temas de salud con funcionarios de la Secretaría de Salud estatal, y acceso a las justicia para las chiapanecas.
 
A la reunión, asistieron sólo 12 de los 23 alcaldes municipales, lo que refleja la “falta de interés y voluntad política” para el seguimiento de la AVG, indicó en un comunicado la Campaña. Entre ellos, también destacó la ausencia del secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, de la Fiscal General estatal, Raciel López Salazar y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, autoridades claves para el funcionamiento de la Alerta.
 
SIN RECURSOS NI TRANSPARENCIA
 
De acuerdo con la Campaña Popular, los presentes en la junta expresaron que necesitan contar con criterios claros, bases comunes y presupuesto para la aplicación del mecanismo, de lo contrario, tienen “que recortar o redireccionar recursos asignados a otros rubros de la política pública”, dijeron.
 
Sin embargo la organización aseguró que de la primera asignación de recursos que hizo la Federación al Gobierno estatal para la AVG no hay transparencia. Se desconoce el monto otorgado y los rubros que se establecieron. Hasta ahora sólo saben que se ha invertido en diagnósticos y creación de protocolos de atención, de los cuales no se observan “resultados tangibles”, señaló la agrupación.
 
Faltan sobre todo, apuntó la Campaña, protocolos de atención a la población indígena, niñas y mujeres migrantes. “Según el testimonio de varios alcaldes, la complejidad del contexto local y regional en Chiapas indica la necesidad de acciones integrales de carácter regional”, informaron. Estas observaciones ya habían sido estipuladas por el grupo de trabajo, quien precisó en su informe, que se deben crear programas de atención únicos para la región de los Altos de Chiapas.
 
DESCONOCEN AVG
 
Otra de las problemáticas que detectó la Campaña como obstáculo al funcionamiento de la AVG es que las autoridades municipales revelaron que “desconocen la situación de violencia hacia las mujeres y niñas” e indicaron apenas tienen conocimiento sobre la AVG, por lo que comenzaron “a buscar información para conocer los ordenamientos de la declaratoria”. 
 
Esta situación podría derivar de que el gobierno local no cuenta con un “Programa Único de Capacitación”, advirtió la organización, para que las distintas dependencias del estado puedan implementar talleres y cursos desde la perspectiva de género, para dar herramientas a funcionarios públicos y  “puedan resolver de manera urgente y eficiente las medidas dadas por el grupo de trabajo”.
 
PREOCUPA QUE FGE ATIENDA AVG
 
Ante el desconocimiento, la Campaña expresó su preocupación de que el gobierno local delegue la responsabilidad del funcionamiento de la AVG a la Fiscalía General del Estado (FGE), pues asegura que cuenta con servidores públicos “sin la capacidad de toma de decisiones”.
 
“No está en marcha ni siquiera la primera etapa informativa para conocer qué es la AVG como parte de las acciones de difusión ordenadas”, aseguró la agrupación.
 
Cabe recordar que con un retraso de tres años de pedir la AVG y ser negada al inicio por el gobierno, la declaratoria en Chiapas se dio el 18 de noviembre de 2016 para las localidades de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Esta se solicitó no sólo por los casos de feminicidio, sino por la “violencia estructural que enfrentan las chiapanecas”.
 
OCS EXIGEN
 
Por ello, en el comunicado la Campaña exigió:
 1) que se cumpla con cabalidad y formalidad el mandato de la AVG.
2) restructurar el grupo de trabajo y designar personal que tenga capacidad de coordinación, operación, gestión y convocatoria para el seguimiento y vigilancia de la Alerta.  
3) Dar un informe de transparencia de los recursos.
4) Que el gobierno local trabaje de manera coordinada con las organizaciones peticionarias. De lo contrario, si se incurre en el incumplimiento con lo establecido por el mecanismo, las organizaciones tendrán que recurrir a instancias internacionales, concluyeron.
 
17/HZM/GG







ESTADOS
LABORAL
   Gabriela Mayanin, posible afectación hepática
Gobierno de Chiapas, responsable por salud de enfermeras en ayuno
Imagen retomada del portal diariocontrapoderenchiapas.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias/DiarioContrapoderdeChiapas | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 19/05/2017 Aunque recupera su hidratación, Gabriela Mayanin López, quien fue retirada el miércoles del ayuno que realizan enfermeras afuera del hospital “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, podría tener problemas en su función hepática, por lo que se mantienen en terapia intensiva y se valora una dieta líquida, informó la vocera del grupo María de Jesús Espinosa de los Santos, en conferencia de prensa.
 
Gabriela --hospitalizada el miércoles por la noche, luego de estar más de 400 horas sin probar alimentos- se sumó a la huelga de hambre de sus compañeras enfermeras para exigir insumos y medicamentos en los servicios de salud, para reclamar el fin de las irregularidades administrativas y la restitución de sus compañeros despedidos por sumarse a la protesta. El ayuno puso en riesgo su vida cuando presentó un cuadro con deshidratación, taquicardia, desnutrición de segundo nivel y náuseas. 
 
Informó también la vocera del movimiento que sus otras tres compañeras en huelga de hambre se mantienen en observación porque también han presentado un desgaste físico importante, pero están bajo control de una doctora que se sumó a la causa.
 
Aclaró que responsabilizan al Gobierno de Chiapas de cualquier daño físico que sufran las personas que se encuentran en protesta y que están conscientes de los daños que genera esta protesta, pero no claudicarán hasta que todas sus demandas sean cumplidas, porque  su petición es justa y persiguen el bien del pueblo.
 
DEJEN DE MENTIR, PIDEN
 
En respuesta a un comunicado del Gobierno del estado, emitido ayer, en donde se dice preocupado por la salud de las enfermeras, Espinoza de los Santos, pidió que deje de mentir y simular dolor por la parte afectada, porque los trabajadores siguen en espera del depósito para que ya no sean deudores con terceros.
 
Señaló que aunque el Gobierno del estado, como informó ayer en un comunicado, depositó 51 millones de pesos, la deuda total es de 700 millones de pesos, señaló Espinoza de los Santos.
  
Mencionó que esperarán la respuesta de los “arrogantes”, “la solución a nuestra queja; le decimos al pueblo en general que seguimos buscando el medicamento, material e insumos que necesitan para su atención”.
 
Detalló que en la segunda ronda de la huelga de hambre llevan dos reuniones de manera formal con las autoridades; no obstante, seguirán en su misma dinámica hasta que se cubra la deuda total.
 
Por su parte, el gobierno de Manuel Velasco asegura que, al 12 de mayo, habían sostenido 15 reuniones con el movimiento, y que seis puntos de su pliego petitorio se atendieron con precisión, entre ellos: reinstalación de trabajadores cesados, regularización de cuotas al Fovissste, pago a terceros, regularización ante el SAR, abasto de medicamentos y pago de pasivos a trabajadores eventuales.
  
Lamentó Espinosa de los Santos que las autoridades sigan protegiendo al secretario de Salud (SS) de Chiapas, Francisco Ortega Farrera, y que, aquellos que tiene el “poder”, no se preocupen por la población más vulnerable.
 
 
17/RED/GG







ESTADOS
LABORAL
   No dejarán ayuno hasta que Velasco cumpla acuerdos
Chiapas: se estabiliza enfermera hospitalizada por huelga de hambre
Imagen Sandra de los Santos
Por: Sandra de los Santos, corresponsal
Cimacnoticias | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 18/05/2017 El estado de salud de Gabriela Mayanin López, enfermera que inició una  huelga de hambre desde hace 18 días, se encuentra estable después de que tuvo que ser internada de emergencia porque se complicó su estado de salud.
 
Gabriela Mayanin López, de 40 años de edad y 22 de servicio en el sector salud, fue sacada anoche del campamento que mantiene un grupo de enfermeras frente al Hospital de la Mujer “Doctor Rafael Pascacio Gamboa”, para ser hospitalizada, tras presentar disminución de frecuencia cardiaca, presión baja y deshidratación severa.
 
La huelga de hambre inició el 2 de abril pasado, como medida extrema ante la falta de respuesta de las autoridades al paro laboral que iniciaron en  enero, en demanda de que haya abasto de medicamentos e insumos en los hospitales, para que la atención de las y los derechohabientes no siga deteriorándose, y para denunciar irregularidades administrativas y  desvío de recursos de  sus fondos de jubilación.
 
En el campamento permanecen en huelga de hambre siete enfermeras y una activista que se sumó en forma solidaria. 
 
Las enfermeras reclaman la restitución de pagos de prestaciones descontados y no aplicados, ya que a las y los trabajadores del sector salud se les descuentan diversas prestaciones, pero el gobierno no está pagando su parte con las instituciones de crédito.
 
El monto en total por los 30 mil trabajadores asciende a los 780 millones de pesos.
 
La demanda de medicinas e insumos para hospitales, clínicas y casas de salud del estado impide, por otro lado, que las instituciones cumplan la obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud de las y los chiapanecos, a lo que se suma la falta de personal. 
 
Gabriela López declaró que esa situación la llevó a sumarse a la movilización. Y contó que el año pasado tuvo que sobrellevar tres enfrentamientos con familiares enojados por la falta de insumos en el hospital. “Una es la que tiene que salir a dar la cara con el familiar, a la que le reclaman. La que entrega a los niños muertos a sus madres, o la que tiene que decir que la madre falleció”, dijo Gabriela.
 
Chiapas ocupa de los primeros lugares tanto en muerte materna como infantil y son las enfermeras que están en huelga las que ven los rostros de esas cifras, las que ven morir a las mujeres y los niños, las que saben que muchos de esos casos se pudieran evitar si hubiera el equipo e insumos suficientes.
 
RESPUESTAS DEL GOBIERNO
 
Al inicio de la huelga de hambre, el gobierno estatal hizo entregas públicas de algunos insumos y medicamentos, que alcanzaron para abastecer una semana, lo que generó el enojo del propio personal de salud. Peor aún, el 23 de febrero, dos trabajadores administrativos que participan en el movimiento, César Cruz y Rubén Castillejos, fueron despedidos, acusados de  “faltas administrativas”, por apoyar la huelga. Hubo luego 14 despidos más.
 
Las enfermeras recrudecieron la protesta y  sumaron a una compañera más al ayuno, cada 48 horas, ante la falta de  respuesta del gobierno local. Agregaron también la exigencia de la restitución del empleo a sus compañeros.
 
En una aparente solución, el 12 de abril las enfermeras concluyeron la huelga de hambre al  lograr que el gobierno estatal firmara una minuta de acuerdos en donde se comprometió a reinstalar a los despedidos, el pago del prestaciones al Fovissste  y la regularización administrativa de los adeudos con entidades financieras y aseguradoras, por 200 millones de pesos para el 20 de abril; a respetar a sus derechos laborales y proporcionar,  “el abastecimiento permanente de medicamentos y materiales de curación al hospital”. 
 
Sin embargo, el primero de mayo, cinco enfermeras, entre ellas Gabriela, reiniciaron la huelga de hambre, ante el incumplimiento del gobierno, por lo que la Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales-Movimiento Magisterial y Popular, de la que forma parte el grupo de enfermeras, dijo que el gobierno continúa engañando a la opinión pública distorsionando la verdad. 
 
Esta mañana, horas después de que fue hospitalizada la enfermera Gabriela López,  el gobierno de  Javier Velasco Coello reiteró, en un comunicado, “su ofrecimiento de brindar atención médica especializada al grupo de enfermeras que se encuentra en huelga de hambre”,  “a fin de que puedan ser atendidas en caso de requerirlo –en Chiapas o en la Ciudad de México-, pues lo más importante para sus familias y para todos, es su salud”.
 
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez, afirmó, dice el comunicado, que “se están cumpliendo sus peticiones, como la reinstalación inmediata de 15 de sus compañeros,  el pago a Fovissste  y la regularización administrativa de los adeudos con entidades financieras y aseguradoras, con la realización del último pago pendiente y un convenio con la Secretaría de Hacienda”, “por lo que en el mes de julio podrán cobrar sus dividendos”.
 
Señala también que “los representantes de las enfermeras aceptaron en la minuta del 12 de abril que se realizarán los pagos correspondientes en un plazo no mayor a 18 meses”.
 
Y, sobre el abasto de medicamentos e insumos médicos, “quedó establecido en la minuta del 12 de abril que es un proceso paulatino y así se está cumpliendo”. Pidió también a las enfermeras que no expongan su salud y retornen a sus actividades, porque ellas “son importantes para sus familias”.
  
En respuesta, las enfermeras anunciaron al los medios que continuarán con la huelga hasta que el gobierno de Manuel Velasco cumpla a cabalidad las demandas que le han expuesto y que no constituyen cuestiones personales, sino reclamos de cientos de trabajadores del sector salud de Chiapas, en favor de la población.
 
La Asamblea, por su parte, exigió al gobierno del estado que cumpla con las demandas de las enfermeras y lo responsabilizaron de las complicaciones en su salud por la manifestación.  
 
17/SDS/GG







NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Exigen protección y cese de impunidad
Alto al asesinato de periodistas, reclaman en Sonora, Chiapas y CDMX
Imagen de Claudia Pérez R.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/05/2017 Periodistas de Ciudad Obregón, Sonora, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de la Ciudad de México, se manifestaron ayer en las calles para exigir el cese a la impunidad y para que las autoridades competentes protejan con acciones concretas a las y los integrantes del gremio periodístico en todo el país.
 
Esto, en respuesta a las recientes agresiones contra periodistas, como el asesinato de Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Río Doce y corresponsal del diario La Jornada, cometido la mañana del pasado lunes 15 de mayo, en Culiacán, Sinaloa.
 
A continuación les presentamos el trabajo de Claudia Pérez R. en Ciudad Obregón, Sonora, de Sandra de los Santos, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de Lucía Lagunes Huerta en la Ciudad de México, integrantes de la Red Nacional de Periodistas.
 
Ciudad obregón, Sonora
 
Imagen Claudia Pérez R.

 
Imagen Claudia Pérez R.

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
 
Imagen Sandra de los Santos

 
Imagen Sandra de los Santos

 
Imagen Sandra de los Santos

 
Ciudad de México
 
Periodistas protestan en Secretaría de Gobernación (Segob). CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta

 
Imagen Lucía Lagunes Huerta

 
17/RED







ESTADOS
LABORAL
   Dudan de supuesto pago a Fovissste
Sin medicinas en hospitales, enfermeras de Chiapas siguen en ayuno
Imagen del portal diariocontrapoderenchiapas.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias/ diariocontrapoderenchiapas.com | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 04/05/2017 La enfermera Rosy Eroyda Pérez Lázaro se unió ayer al movimiento de huelga que reiniciaron este lunes primero de mayo las trabajadoras de salud, afuera del Hospital de la Mujer “Rafael Pascasio Gamboa”,  de esta ciudad capital, debido al incumplimiento del gobierno de Chiapas, que encabeza Manuel Velasco Coello, de los acuerdos como reinstalación laboral, pagos de prestaciones y descuentos, así como el abasto de medicamentos.
 
Una de las voceras del movimiento, María de Jesús Espinosa de los Santos, señaló que de acuerdo con su plan  cada 48 horas se sumarán al ayuno dos personas más para reforzar la protesta.
 
La huelga de hambre inició el pasado mes de abril, cuando nueve enfermeras estuvieron en ayuno durante 10 días para exigir la reinstalación laboral de un grupo de trabajadores, pago a proveedores y descuentos diversos, además del abasto de medicamentos a todas las clínicas y hospitales del estado. Esta fue levantada cuando el Gobierno del estado aseguró que cumpliría las demandas.
 
No fue así. El movimiento asegura que el gobierno de Manuel Velasco Coello les ha mentido, engañó como es su costumbre, por lo que están en ayuno las enfermeras: Rosy Pérez Lozano, Nelly Ivonne Castillo Escobar, María Cielo Gramajo Cundapí, Emma Escobar López, Gabriela Mayanín López Cruz y Elizabeth Hernández Pereira, de la sociedad civil organizada que se integró en solidaridad con las y los trabajadores de la Secretaría de Salud.
 
El  Gobierno del estado aseguró haber liquidado una suma de 51.7 millones de pesos al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste), con lo que habría cumplido una de las principales demandas. 
 
Espinosa de los Santos indicó que tras el anuncio de pago, las y los trabajadores de salud investigan si es real el pago o una mentira más del gobierno insensible de Manuel Velasco, pero lamentó que el desabasto de medicamentos e insumos aún persiste.
 
Hasta anoche, dijo, el único centro médico que registraba un 65 por ciento de abasto es el Hospital Rafael Pascasio Gamboa, mientras que el resto de clínicas y hospitales del estado, no cuentan con lo básico.
 
17/RED/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   No hay coordinación con municipios ni mesas de trabajo
Gobierno de Chiapas incumple obligaciones de AVG: OSC
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/04/2017 A más de cinco meses de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas, no se vislumbra compromiso del Gobierno estatal por implementar acciones claras y contundentes para atender los casos de feminicidio y las múltiples denuncias presentadas por hechos violencia contra las mujeres, denunció la Campaña Popular Contra la Violencia Hacía las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas.
 
Y así lo expresaron el pasado 21 de abril integrantes de esta agrupación, conformada por diversas organizaciones que impulsaron la AVG, en una reunión ordinaria con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), para conocer el seguimiento de la AVG en el estado. Expusieron que desde la declaratoria no se atienden las obligaciones que adquirió el Gobierno de Chiapas, como la instalación de meses de trabajo para atender casos de violencia de género.
 
A la par, indica la organización en un comunicado, observan la falta de coordinación entre los siete municipios en alerta y el Gobierno estatal, para construir estrategias que permitan atender el problema de fondo, esto, “pese a la urgente necesidad de atender los eventos de violencia contra las mujeres”, indican.  
 
La AVG para Chiapas fue emitida el 18 de noviembre pasado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), tres años después de que fue solicitada. La declaratoria se hizo para los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, de los 122 que hay en la entidad. En dicha AVG se establecen recomendaciones específicas para la zona de los Altos de Chiapas.
 
La reunión del 21 de abril, señala el comunicado, estuvo marcada por la ausencia del Gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, y sin representantes de las 16 localidades de los Altos de Chiapas, situación que preocupa por “el desinterés y discriminación de integrar a estas localidades con presencia de pueblos indígenas”, además de “la importancia de atender el tema en el estado ordenado por la Secretaria de Gobernación”.
 
Tampoco estuvo presente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), institución clave, apunta la Campaña Popular, ya que es la encargada de asignar los recursos que “garanticen la implementación de acciones para el funcionamiento de la AVG a corto, mediano y largo plazo en Chiapas”.
 
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del estado, de agosto de 2014 al año 2016, se registraron 104 casos de feminicidio en Chiapas.
 
Asimismo, la organización denunció la falta de capacitación de los funcionarios públicos que atienden a estas reuniones, lo que “entorpece el avance sustancial de acuerdos mínimos”, debido a su desconocimiento sobre el tema. Pide también una participación más activa en el seguimiento y vigilancia de la declaratoria por parte del Conavim, no sólo que trabaje como órgano moderador en las reuniones.
 
Por otra parte, la Campaña Popular expresó su preocupación por la falta de transparencia y el gasto de recursos para la construcción de diagnósticos y protocolos institucionales dedicados a la atención de la violencia contra las mujeres, pues es información que ya está establecida en el Informe de la AVG.
 
Finalmente, la agrupación reprobó el uso de programas públicos dirigidos a las mujeres, porque al final tienen fines políticos y electorales, como sucede con el Programa de Inclusión Social (Prospera), señala el texto.
 
VIOLENCIA ESTRUCTURAL
 
La AVG solicitada el 25 de noviembre del 2013, por organizaciones civiles como el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), se hizo por la violencia estructural que enfrentan las chiapanecas, no por el número de casos de feminicidio, como sucedió en otras entidades.
 
Sin embargo, las autoridades negaron a aceptarla, aunque el estado se caracteriza por diversidad étnica y multiculturalidad, ubicado en una región fronteriza en conflicto y donde es casi nulo el acceso de la justicia para las mujeres. 
 
El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres votó en contra de la declaratoria de AVG para Chiapas, al argumentar que no eran suficientes los casos de feminicidio registrados.
 
La directora del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Martha Figueroa Mier, interpuso un amparo ante la negativa, la justicia falló a favor de las activistas y organizaciones, y a finales de 2014 se creó un grupo de investigación para valorar que declaratoria en la entidad.
 
El grupo de investigación dio la razón al Colectivo y determinó que existe una violencia sistemática contra las mujeres, situación que atenta contra sus vidas. Segob declaró entonces la AVG el 18 de noviembre de 2016, mismo día que se interpuso para el estado de Nuevo León.
 
Otras de las entidades que se mantienen bajo la AVG son: Estado de México, Veracruz, Michoacán, Morelos y Sinaloa, esta último declarada el pasado 31 de marzo.
 
17/HZM/GG







Syndicate content

Todos los materiales realizados por Cimacnoticias (Texto, audio, video y fotografía) son realizados sin fines de lucro, se permite su uso y reproducción siempre y cuando se cite la fuente. No se permiten modificaciones o cambios en los materiales.

Para mayor información escríbenos a: agencia.cimacnoticias@gmail.com