Campeche

ESTADOS
VIOLENCIA
   Solicitud de AVG sí las incluye
Campeche: recomendaciones contra violencia de género olvidan a mujeres indígenas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/05/2017

Sólo una de las once recomendaciones que hizo el Grupo de Trabajo al Gobierno de Campeche para erradicar la violencia de género se refiere a la situación de las mujeres indígenas, aunque una de las razones para solicitar Alerta de Violencia de Género (AVG) partió de lo que ocurre con esa población.
 
La AVG para el estado de Campeche, en donde viven 458 mil 655 mujeres indígenas (51 por ciento de la población), según la Encuestar Intercensal Inegi 2015, fue presentada por la agrupación Todos para Todos AC, el 7 de febrero de 2017. 

Fue solicitada para los municipios de Champotón, Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Escárcega, Hecelchakán y Holpechén, los cuales, a excepción del  último, están reconocidos como indígenas por la Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos Indígenas del Estado de Campeche.
 
En la solicitud se afirma que en estas localidades “se concentra un porcentaje importante de población de mujeres indígenas”, víctimas con mayor frecuencia de violencia dentro del ámbito familiar, y definen que 43 por ciento de las mujeres indígenas en Campeche son o fueron agredidas (física o psicológicamente) por sus esposos, novios o exparejas, además, enfrentan situaciones adversas para acceder a la justica.  
 
De acuerdo con el “Informe del Grupo de Trabajo conformado para tender la solicitud de AVG en el estado de Campeche”, las mujeres indígenas que sufrieron violencia únicamente el 16 por ciento denunció el hecho mientras que el 62 por ciento decidió dejarlo pasar como un hecho “común” del hogar.
 
El Gobierno local reportó 34 casos de feminicidio de enero de 2010 a julio de 2016, de los cuales 38 por ciento de los cuales ocurrieron en Carmen (13), Campeche y Champotón (5 cada municipio), Escárcega (3), Candelaria (4), Hopelchén (3) y Hecelchakán (1). 
 
Entre otros delitos contra mujeres, también destaca la violencia familiar: 2 mil 268 denuncias en el mismo periodo; mil 883 por delitos sexuales como abuso y violación; 42 homicidios de mujeres; y 773 denuncias de mujeres desaparecidas, de las que localizo al 96 por ciento.
 
Sin embargo, aunque la solicitud fue aceptada y recibida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) el 10 de febrero, en las 11 las recomendaciones que hizo el Grupo de Trabajo al Gobierno de Campeche no se hace más que la recomendación de hacer campañas  para prevenir y erradicar la violencia en esta población.
 
El grupo de especialistas hizo público su reporte el 26 de mayo pasado, a través de la página oficial del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Y el gobierno de Campeche, encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas, deberá de determinar si acepta o no dichas recomendaciones como siguiente paso.
 
RECOMENDACIONES
 
Las recomendaciones fueron:    
 
1) Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación con perspectiva de género para la administración pública estatal y municipal, para diseñar y aplicar programas de “sensibilización, capacitación y profesionalización permanente para el personal del operativo”, sobre todo en los municipios donde se pidió la AVG.
 
2) Por “el vacío de información y contradicciones en los datos sobre violencia contra las mujeres en Campeche”, el gobierno estatal debe crear el Banco Estatal de datos e información de casos de violencia contras mujeres en Campeche, y ser sustentado por instancias orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres, con información de las víctimas y el victimario (tipo y modalidad de violencia, órdenes de protección e información del delito).
 
3 y 4) Diseñar procedimientos y rutas de actuación para facilitar la atención adecuada y diligente de las víctimas de violencia de género y sus familiares, en servicios de salud, DIF estatal y municipales, instancias de las mujeres, Ministerios Públicos, policías ministeriales, seguridad pública y tribunales. Además de protocolos para atender órdenes de protección a víctimas.
 
5) Capacitar a servidores de salud para la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, que permite la interrupción del embarazo producto de una violación sexual, asimismo generar un Programa Estatal de Interrupción del Embarazos para cumplir con las causales contenidas en el Código Penal local.
 
6) Generar desde el estado, campañas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en Campeche, con un enfoque de género dirigida a hombres y mujeres y población indígena, para hacer visibles las modalidades de violencia y se fomente la denuncia.
 
7) Expedir los reglamentos de la normativa en materia de igualdad y no violencia contra las mujeres; armonizar la definición de violencia familiar respecto de la ley general; tipificar el acoso y hostigamiento sexual; derogar la tipificación de estupro; y aumentar la penalidad en delitos sexual.
 
8) Fortalecer las Instancias Municipales de las Mujeres bajo la guía de un protocolo de atención municipal de “Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia”.
 
9) A través de capacitaciones, la Fiscalía General de Justicia y los MP, deben de mantener el registro de las víctimas, las medidas de asistencia, atención y reparación de daños a las víctimas.
 
10 y 11) En materia de acompañamiento y atención a mujeres que vivieron violencia, se deben ejecutar un Programa de Salud Mental, asimismo las recomendaciones indican que este programa debe incluir la reeducación de los agresores. Y diseñar un cronograma de cumplimiento de contención emocional para personal de instancias que brindan dicha atención.
 
El grupo de trabajo estuvo conformado por la académica de la Universidad Autónoma de Yucatán, Roció Ivonne Quintal López; de la Universidad Anáhuac, Natalia Stengel Peña; Eulalia Hernández García y Magnolia del Rosario López Méndez representaron a la Universidad Autónoma de Campeche. Del Instituto para la Mujer local participó su directora, Dulce María Cervera Cetina.
 
Cabe recordar las otras entidades del país que están en este mismo proceso de aceptación de la AVG: Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
 
La AVG ha sido  declarada en el Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, y Sinaloa.
 
17/HZM/GG








QUINTO PODER
   QUINTO PODER
La violencia detrás del embarazo adolescente
Cimacfoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam.- 21/03/2017

Cuando se habla de la prevención del embarazo adolescente se habla también de la prevención de la violencia familiar contra las mujeres, la violencia económica por el empobrecimiento y la criminalización que lleva a muchas mujeres a ser imputadas por delitos de “hambre” o acusadas de ser malasmadres, expulsadas de los hogares familiares y abandonadas a su suerte potenciales víctimas de trata.
 
En muchas áreas geográficas de México, si es que sobreviven al abuso sexual y el hambre, y a la sobrecarga de trabajo, las niñas al llegar a la edad de los 12 años son “sexualizadas”, no solo por el entorno comunitario que empieza a ejercer acoso y hostigamiento, en algunos casos hasta violación por parte de hombres cercanos a su vivienda o escuela, o en algunos casos por familiares que las “toman” considerándolas propiedad del patriarca de la familia.
 
En municipios rurales de México la realidad de las niñas es tan terrible que narrarla supone un esfuerzo anímico. Escucharla, saberla y contarla se vuelve necesario para que nos quitemos la venda de los ojos y aceptemos que los horrores se ensañan en su contra. Si el mundo es injusto para las mujeres, imaginen cómo lo es para ellas.
 
En Campeche un juez no reconoció el testimonio de una niña de 9 años víctima de abuso sexual de un profesor, que tiene 20 años cometiendo estos delitos contra sus alumnas con la total complicidad de la Secretaría de Educación, que ha callado este y muchos otros casos.
 
Tras 4 años en busca de justicia, el juzgado Segundo de Distrito en el estado concedió un amparo que reconoce que los derechos de una mujer y su niña fueron gravemente violentados, entre otras razones porque “el juez local y magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado no otorgaron valor preponderante a la información testimonial de la víctima –en este caso la niña-, “haciendo no solo excesiva sino ilegal su exigencia de requerimientos de otros medios de prueba” y que “no atendió a la naturaleza del delito sexual”.
 
Esto nos da una idea de que si en la sociedad en la que vivimos la voz de las mujeres no existe ni tiene valor, la de las niñas mucho  menos, por esa razón se cometen a diario abusos y violaciones a lo largo y ancho del país, y cuando las niñas tienen el valor de denunciar no les creerán.
 
El embarazo adolescente es, por donde se le quiera ver, un síntoma de la violencia contra las niñas. A las “adolescentes”, con su minoría de edad, nos lleva a mirarlas desde una perspectiva de género y de derechos humanos como niñas a las que el contexto social las conduce a un escenario de violencia derivada del abandono, el desinterés, la violencia económica o la desatención que viven frente al interés sobre los hijos varones.
 
En muchos de los casos, el embarazo adolescente entraña hechos de violencia sexual, abuso, violación, sometimiento de hombres adultos que, valiéndose de la asimetría emocional, el control y  la subyugación, abusan de ellas y estas presentan embarazo, niñas cuyos parámetros afectivos son del abandono y el desinterés familiar lo que las hace proclives a ser víctimas de esos abusos.
 
Este “caldo de cultivo” de violencias se traduce en la trata, enganchadores, abusadores que las ven como objetos disponibles para su uso y explotación, pero también como cosas que pueden usar porque a nadie le importan, porque ni siquiera hay estadísticas que nos hablen del empobrecimiento al que son sometidas las niñas en el área rural y su pobreza alimentaria.
 
El embarazo adolescente tiene muchas más aristas y todas son caminos distintos hacia un mismo lugar: la violencia.
 
Hablamos de casos en los que las niñas-madres son casadas (matrimonio infantil) con hombres mayores que las maltratan y explotan en condiciones de matrimonio servil, a las que abandonarán apenas lleguen a los 25 años de edad con dos o tres hijos e hijas, sin educación formal para valerse por sí mismas y proclives a los abusos.
 
Se trata de historias de adolescentes embarazadas por sus padres-abuelos que, con total y absoluta impunidad, continúan historias de abusos de los que sus propias madres no han logrado escapar.
 
Se trata de las mujeres que están encarceladas y cuyas vidas tienen en común el embarazo temprano, obligadas a ser madres por las circunstancias, sin acceso a la educación y al empleo, empobrecidas y con dependencia emocional de parejas que las conducen a la comisión de delitos bajo ese esquema de subyugación y control.
 
Cuando se habla de embarazo adolescente hay que hablar no solo de métodos anticonceptivos o de las jóvenes que se embarazan y serán “mamás luchonas”. Detrás hay miles de historias de abuso y violencia sexual que se pretende caricaturizar incluso con una lona institucional que habla de las “mujeres que se embarazan antes de los 18 años”, así, solas, sin que veamos la violencia sobre las niñas porque si no lo vemos, nadie tiene que hacer nada para cambiar esa realidad.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG
 








NACIONAL
VIOLENCIA
   La señalan como uno de los “enemigos del estado”
Activista Argentina Casanova denuncia ante la PGR campaña en redes para violentarla
Imagen retomada de Producciones y milagros
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/02/2017

La defensora y coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, Argentina Casanova, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) una campaña en redes sociales para desprestigiarla y violentarla.
 
Desde la semana pasada, en Facebook circularon imágenes de políticos, periodistas y activistas de Campeche, entre ellos Argentina Casanova --quien es consultora y acompaña familiares de víctimas de feminicidio--, a quienes se les llama "enemigos" del Estado y donde se hace un llamado a asesinarlos.
 
Al respecto, la también periodista e integrante de la Red Nacional de Periodistas con Visión de Género dijo a Cimacnoticias que desde noviembre ha sido atacada en redes sociales en donde circulan fotografías, con textos donde afirman que se le relaciona sentimentalmente con un político y donde critican sus artículos de opinión relacionados con los Derechos Humanos porque son para “desprestigiar al Gobierno del estado”.
 
Apenas el 2 de febrero, comentó la autora de la columna Quinto Poder, apareció una cuenta en la red social para difundir la lista de nombres de personas con posturas críticas. En un principio, la activista no le dio importancia, pero al ver que esa información fue viralizada tomó conciencia de la agresión.
 
El 3 de febrero, Casanova presentó una denuncia ante la delegación de la PGR en Campeche, con el fin de dejar antecedente de lo que sucede y solicitar se investiguen las cuentas desde donde se hace apología de la violencia para matar a quienes señalan como personas incómodas para el Gobierno estatal.
 
La denuncia se presentó “contra quien resulte responsable” y quedó asentada en la carpeta de investigación FED/CAMP/CAMP/0000029/27.
 
La campaña de desprestigio también tocó a quienes opinaron críticamente sobre la marcha organizada por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el 1 de febrero pasado, cuando llamó a la unidad de México y sobre la cual fuentes periodísticas dijeron que los asistentes fueron obligados a participar.
 
17/AGM/GG
 








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Centros de Justicia para las Mujeres ¿para qué? (Primera de dos partes)
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.- 15/11/2016

Después de la efervescencia que representó en 2011 la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres, el tema pasó a segundo plano y dejó de considerarse en gran medida como lo que suponía sería: una respuesta del Estado para atender de manera efectiva, integral y con perspectiva de género, la violencia contra las mujeres. Pero la intención afronta inercias y algunas veces hasta pérdida de objetivo.

A la fecha hay 26 centros distribuidos en todo el país, pero muchos de los operadores de justicia que laboran en ellos desconocen el abanico de leyes que garantizan y protegen los Derechos Humanos de las mujeres, y por el contrario, se aferran a “rajatabla” a lo que dice el Código de Procedimientos Penales, incluso para llevar a conciliación o  mediación casos que esconden violencia de género.

A partir del ejercicio diario de trabajo y de las acciones de atención directa hacia las mujeres, a la fecha además de los optimistas procesos de evaluación realizados desde afuera por instancias que pocas veces permanecen o acompañan a las mujeres usuarias de los servicios, no se cuenta con una evaluación que permita corregir y enmendar el camino para aquellos que lo han perdido, tienen dificultades para mantenerlo, o simplemente desde que iniciaron están buscándolo.

Las recomendaciones generales emanadas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), reconocen que “la situación de las mujeres no mejorará mientras las causas subyacentes de la discriminación contra ellas y de su desigualdad no se aborden de manera efectiva”. De ahí se desprende entender para qué y por qué fue necesario crear espacios amables, confortables, distintos, pero sobre todo que dieran una certeza de atención a las mujeres víctimas de violencia.

Hoy día lo que se tiene es un panorama complejo en el que en cada entidad se hacen esfuerzos para que se brinde esta atención; pero en cada Centro, las inercias van arrastrando o creando escenarios de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.

Tal es el caso de aquellos Centros que califican la violencia familiar como “lesiones en grado de parentesco”, no por falta de pericia, sino al contrario, porque los operadores de justicia evitan así la acumulación de carpetas y pueden enviarlos a mediación, utilizando elementos del Sistema Penal Acusatorio en contra de los derechos de las mujeres y de paso, invisibilizando la violencia.

Por si esto no fuera grave, en la práctica, los procesos no se apegan a los principios de los Derechos Humanos de las mujeres; sobran los operadores que desconocen las normas básicas, pero también que carecen de perspectiva de género para entender la importancia de incorporar los contextos de violencia a los procedimientos de divorcio y custodia.

A eso se suma que a algunos Centros de Justicia les ha dado por recibir denuncias presentadas por hombres contra mujeres. ¡Sí, como lo leen! aunque parezca increíble hay servidoras y servidores públicos que desconocen el principio de los Centros de Justicia y atienden a los hombres que emprenden quejas contra las mujeres por “violencia”.

El problema alcanza niveles inauditos cuando la institución no sólo las recibe (las quejas) sino que promueve y lleva más allá los casos dentro de estos propios espacios.
 
Se olvida que los criterios que fundan la protección del derecho de las mujeres están amparados en el artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además del amplio abanico de leyes y la propia Constitución que habla de dar justicia con perspectiva de género y sin discriminación, incorporando los tratados internacionales.

Los Centros de Justicia para las Mujeres se crearon precisamente para disponer de una atención con perspectiva de género especializada sin que esto represente menoscabo a los derechos del hombre, y sí, por el contrario, representan una acción dirigida a revertir la desigualdad y disminuir las brechas de género.

Los Centros deben garantizar la atención prioritaria para las mujeres y no emprender acciones en su contra, lo cual constituye una grave violación a sus derechos y contraviene los compromisos del Estado mexicano para garantizarles una vida libre de violencia, no hacerlo ya es violencia institucional.

Si bien de no existir estos Centros el panorama para las mujeres sería mucho peor, lo que hay que hacer es garantizar y vigilar que no se pierda de vista el objetivo por el cual fueron creados.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche
 
16/AC/LGL








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