El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) es una oportunidad de la ciudadanía para defender uno de sus derechos humanos más importantes: el agua. Una instancia de carácter internacional y autónomo que hace contrapeso ético y moral a las empresas, los gobiernos y los Estados.

Luego de seis días de audiencias públicas, la exposición de 13 casos que han generado conflictos por la explotación del recurso, contaminación y negación del servicio a las comunidades, la sociedad organizada recuerda a los gobiernos sus deberes.

En ello coinciden el jurado Philippe Texier y los representantes de organismos no gubernamentales Derechos Humanos de la Organización Internacional de Derechos Humanos por el Derecho a Alimentarse (FIAN) y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Rolf Kûnnemann y David Velasco Yañez, respectivamente.

Texier, integrante del jurado del TLA, adelantó el papel que a largo plazo tendrá este organismo, al monitorear las violaciones que se han presentando, en un espacio de conciliación con las autoridades y que busca contribuir a respetar el derecho al agua, como un derecho humano.

Lamentó la actitud de ciertos gobiernos que insisten en vender las riquezas de su país a las trasnacionales, como sucede con Guatemala con las minerías al aire libre o, como el mexicano, que no se tomó la molestia de enviar una carta para atender el caso de las mujeres mazahuas.

Eso “muestra desprecio a las comunidades, a esa gente que ha venido desde sus pueblos porque están defendiendo su derecho a la vida, su derecho a salvaguardar sus usos y costumbres, sus modos de vida, de subsistencia, es una muestra de desprecio a la base de las naciones latinoamericanas, sus comunidades indígenas”.

Ante lo que llamó neoliberalismo execrable, el abogado de origen francés y magistrado de la Corte Suprema de Justicia de su país, recordó que el agua como derecho está en riesgo, existe ya una mala distribución del recurso entre pobres y ricos, ante gobiernos y empresas multinacionales que tendrían que tomar conciencia del problema.

En ese contexto, opinó que el TLA tiene el mayor peso, asegura Texier, quien es integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, al hablar de la privatización del agua, que aunque todavía no esta generalizada, tiene un costo cada día más elevado, “el bien público está así en riesgo y aunque es temprano saber las consecuencias del TLA, podemos decir que tendrá resonancia”.

Para Rolf Kunnemann, el TLA tiene un papel importante en la solución de los problemas que se han presentado y coincidió con Texier en que todavía falta un verdadero diálogo con las autoridades.

Ellos (los gobiernos, el Estado) dicen que no pueden participar en el TLA por razones legales o administrativas, pero creo que el impacto más trascendente es que empiezan a aceptar que las leyes ambientales no sólo son papeles sino que tienen una importancia política para la gente.

El director de Derechos Humanos de FIAN, sin embargo, confió en que las contrapartes demandadas en el TLA perciban que “ya estamos en el tren de fortalecer derechos tan importantes con legislaciones nacionales e internacionales”.

Es aquí, apunta Kunnemann, donde el peso del Tribunal es vital, donde se dará un paso trascendente al favorecer que las legislaciones locales o domésticas se hagan cumplir, “es decir, (el TLA) entrará en un proceso más íntimo de trabajo para dar seguimiento a esas violaciones a los derechos de las comunidades y las víctimas”.

Rolf Kûnnemann apunta que el paso lógico será la existencia de un tribunal mundial del agua y vencer la resistencia de las autoridades y empresas que piensan que los tribunales deben ser solamente del Estado.

En tanto, Velasco Yáñez consideró que el TLA es “un ejercicio excelente” que conjunta el conocimiento de expertos en un espacio alternativo no jurídico, pero sí con carácter ético que surge ante las crisis de legislación ambiental existentes, generando conflictos, muchas veces, graves y la violación a los derechos humanos de las personas.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organismo que acompañó ante el TLA el caso de contaminación y vulneración costera en la playa de Zihuatanejo, en Guerrero, valoró la importancia de la respuesta dada por las autoridades locales del municipio.

06/SJ/LR