El segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito del Distrito Federal, instruyó el pasado 12 de julio al juez de distrito, para que acepte la aportación de pruebas de parte de los familiares de la defensora de Derechos Humanos Digna Ochoa, quienes sostienen que su muerte se trató de un homicidio.

En conferencia de prensa, el hermano de Digna, Jesús Ochoa, presentó dictámenes forenses, pruebas de criminalística, química forense y otras obtenidas tras la exhumación del cuerpo, mismas que demuestran que la muerte de Digna obedeció a un homicidio y no a un suicidio como ha sostenido la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

También presentó fotografías del cadáver de su hermana, donde constan los rastros de tortura que sufrió antes de recibir los balazos que le privaron la vida, son específicamente 11 lesiones en diversas partes del cuerpo así como 25 puntos de sangre hallados en el lugar de los hechos, los cuales no fueron considerados por las autoridades judiciales correspondientes.

Recordó igualmente, que Digna Ochoa había denunciado al director de servicios periciales en el Distrito Federal, José Ramón Fernández Cazares, quien incurrió en abusos de autoridad en contra de veracruzanos simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Planteó la posibilidad de que Fernández Cazares haya alterado las pruebas periciales que ahora mantienen estancado el caso del claro homicidio.

Jesús Ochoa destacó el apoyo que ha recibido de organismos de Derechos Humanos Internacionales y en contraparte, la PGJDF se ha empeñado en manejar de forma malintencionada las pruebas periciales hechas por las propias autoridades argumentando que la muerte de Digna fue un suicidio.

La activista defensora de los Derechos Humanos falleció el 19 de octubre de 2001 a causa de dos balazos en la cabeza y las piernas. Al momento de su muerte trabajaba en la defensa de dos campesinos ecologistas falsamente acusados por los delitos de posesión de mariguana y armas de fuego, así como en el caso de los hermanos Cerezo Contreras, acusados por un ataque con petardos a sucursales de Banamex en la ciudad de México.

Bernardo Bátiz, procurador general de Justicia, afirmó el 5 de julio de 2005 que tras la exhumación, realizada el 28 de junio de ese año, los peritajes realizados “no arrojaban ninguna novedad” en el caso de la activista veracruzana. Las autoridades capitalinas encargadas se negaron a reabrirlo por considerar que no había nuevas pistas que contradijeran su conclusión.

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