En el estado de Puebla se “cocina” el estado de impunidad que ha llevado a México una y otra vez a ser criticado en instancias internacionales, de acuerdo con el análisis de las mayores organizaciones de derechos humanos en el país por el caso de la periodista Lydia Cacho y el activista Martín Barrios.

Cacho y Barrios son defensores de derechos humanos. La primera, de mujeres y menores y, el segundo, de trabajadoras y trabajadores en las maquiladoras. Cacho fue detenida el 16 de diciembre por la acusación de difamación contra el empresario Kamel Nacif. Barrios fue detenido el pasado jueves 29 de diciembre acusado de chantaje por otro empresario textil.

Ambos casos se juzgan en la capital de Puebla “y muestran cómo todo el aparato político y de justicia se organiza en contra de los defensores de derechos humanos”, declaró la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que engloba a 60 grupos.

Ambas detenciones son arbitrarias porque, aun siendo legales, “se ha incurrido en una desviación de las facultades de detención, es decir, cuando se practica con fines distintos a los previstos y requeridos por la ley.”

“En los casos referidos, las detenciones no están animadas por hacer justicia, sino por hostigar a Lydia y Martín, así como para satisfacer los intereses económicos relacionados con ambos casos,” dictamina la Red, cuyas organizaciones han llevado decenas de casos a las instancias internacionales de justicia.

En ambos casos quedó de manifiesto la falta de independencia del poder judicial, la parcialidad de la Procuraduría de Justicia del Estado y la del Ministerio Público, que ejerció “acción penal con pruebas cuestionables e insuficientes, favoreciendo los intereses de los denunciantes”, juzgando a los activistas culpables de inicio.

Lo anterior, pese a que las Directrices sobre la Función de los Fiscales de Naciones Unidas -adoptadas por México- prevén la interrupción de un proceso “cuando una investigación imparcial demuestre que la acusación es infundada.”

Estos defectos de la justicia mexicana son los que se han criticado en arenas internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) por las actuaciones de gobiernos locales como el de Chihuahua, en el caso Juárez.

“La perversión del sistema de justicia es aún mayor en el caso de Martín, pues a él se le fabrica un delito que no alcanza fianza y deberá enfrentar el proceso desde la cárcel”, acusaron las organizaciones al recordar los compromisos de México con las y los defensores de derechos humanos.

Por su parte, David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) advirtió que “resulta alarmante el clima de hostilidad hacia los defensores y las defensoras de derechos humanos en el estado de Puebla, pues la proximidad de las detenciones de Lydia Cacho y Martín Barrios sugiere una práctica gubernamental de persecución.”

El Prodh reitera que Martín Barrios obtuvo el premio Tata Vasco a defensores destacados otorgado por la Universidad Iberoamericana y el ITESO, y recordó que en diciembre del 2003 Barrios “fue objeto de represalias luego de que asumiera la defensa de 25 trabajadores despedidos injustificadamente por una maquiladora textil” propiedad de Kamel Nacif.

Por otro lado, en misiva al gobernador poblano Mario Marín, la Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero, con presencia en 110 países, advirtió que en el clima de competencia internacional intensa que existe hoy en la industria del vestido, México no puede permitirse ser visto como un país que viola las normas laborales internacionales y manda injustamente a la cárcel a un defensor de estas normas.

*Periodista mexicana

06/MR/YT