“Yo no quería que muriera aunque estuviera enfermo de Sida. Mi hijo sólo tenía 27 años. Yo lo hubiera cuidado. Dicen que ya hay muchos adelantos de la ciencia y que él podía vivir muchos años todavía, pero nos tocó la de malas: le dio apendicitis. Los médicos no quisieron operarlo por miedo al VIH. ¿Y cómo le hace uno? Si lo que él tenía era muy malo, ¿cómo, pues, les exige uno a los doctores?”

La historia de vida de Juan “N” puede ser la de cualquier mortal. Nadie está a salvo de morir por negligencia médica. Sin embargo, en su caso, no se trató de una falla humana, sino de un homicidio doloso. Falleció en uno de los hospitales del sector público en Zacatecas donde, por estar infectado de VIH, prácticamente se le aplicó la eutanasia fast track.

La madre de Juan relató que su hijo ingresó al nosocomio cuatro días antes de su muerte. Le diagnosticaron apendicitis. Las instrucciones anotadas en su ficha clínica indicaban que debería ser canalizado al quirófano inmediatamente. No obstante, ningún médico quiso operarlo. Agonizó 96 horas.

Sin duda, el problema no es sencillo. Bien podríamos desatar un linchamiento verbal contra la institución, la delegación X, los directivos responsables o los médicos. Incluso contra la misma familia que cayó en una inocente, por más que dolorosa, complicidad.

Los padres y hermanos de Juan se rindieron, por vergüenza o ignorancia, sin invocar la no discriminación elevada a rango constitucional en nuestro país; sin exigir el derecho de su hijo a vivir y a recibir, independientemente de su condición, los servicios de salud que requería.

El problema no sólo es casero. Desde que apareció este virus mortal en el mundo se han escrito varios capítulos que han puesto las cosas en su lugar. Como humanidad, hemos evolucionado al grado de determinar que nada, ni el Sida, puede ser causa de discriminación para procurar una vida digna a la persona; vida digna que implica, particularmente en estos casos, servicios médicos acordes a sus necesidades.

Salta la interrogante: ¿el médico que opera a un paciente con Sida corre peligro de infectarse? Nadie justificaría que una vida sana se destruyera; mucho menos unas manos que saben curar y que son esperanza para los enfermos. Sin embargo, tampoco es el meollo del asunto. En hospitales de todo el mundo son atendidos pacientes que viven con VIH tomando las precauciones necesarias, aunque el riesgo siempre queda abierto.

Más bien, el problema en Zacatecas, y no dudo que en todo el país, pone en el centro el cuestionamiento al modelo económico que ha propiciado el caos, la caída, la quiebra de los servicios médicos de carácter público y la renuncia del Estado mexicano a cumplir con la carta magna y los derechos humanos de carácter social, entre los que se encuentra el de la salud.

No ha de ser fácil atender a pacientes con Sida con la saturación de hospitales públicos que están en fase de deterioro integral. Si el cuadro básico de medicamentos escasea, no se diga los caros fármacos para tratar el VIH; lo más seguro es que el quirófano, el equipo y el instrumental no den garantía o inmunidad ni para el médico ni para los demás pacientes.

Hay una realidad todavía más violatoria del derecho a la salud hacia los enfermos de Sida: desde el silencio y la perversidad se está dejando morir a estos pacientes. El derecho a la vida se les cancela antes de que su enfermedad lo cobre.

Es muy probable que los delegados, directivos y médicos del IMSS y el ISSSTE se callen ante el problema: ¿quién quiere ser despedido en estos momentos en que el desempleo gana más y más terreno? Parece que la solución es hacerse de la vista gorda: nadie vio nada, nadie supo nada, y mejor que se mueran estos enfermos. ¿Hasta dónde hemos caído?

El vaticinio de la quiebra de los servicios médicos del sector público no es nuevo. Tiene décadas cocinándose en esta economía cada vez más entregada al neoliberalismo o al sistema de mercado.

Lo que falla es la administración del país. Se desvían los fondos públicos de las prioridades, como la vida y la salud de los mexicanos, y por ende, de los servicios que requieren ser más eficientes y decorosos. Da impotencia, enojo y tristeza ver cómo está siendo atendida la familia del trabajador en las clínicas de consulta y hospitalización del IMSS y del ISSSTE. Y la situación es todavía peor para los enfermos de Sida.

Una no puede dejar de indignarse. Eso que le pasó a Juan “N” no es un caso aislado. Los médicos se niegan sistemáticamente a operar a los infectados por el VIH que así lo requieren.

De ninguna manera se justifica que los médicos del sector público se laven las manos y se eximan de responsabilidad. Sabemos que tienen sobrecarga de trabajo y que a la larga esto insensibiliza totalmente, pero incurren incluso en responsabilidad penal. ¿Dónde quedan la ética profesional y los ideales del juramento de Hipócrates?

En principio, no podemos cerrar los ojos. El Sida se ha vuelto un grave problema en Zacatecas, como en otros estados. Es necesario trabajar de manera multidisciplinaria para que vayan corrigiéndose las actitudes discriminatorias en la atención médica, y pugnar porque se destine mayor gasto para la salud pública y porque haya un cambio radical en los servicios del ramo.

Alguien podría decir, con mucha insensibilidad por cierto, que hay que esforzarse por acceder a los hospitales privados. La respuesta obligada sería que por supuesto, sobre todo en esta sociedad de economía boyante, oportunidades para todas y todos, suficiencia de empleo y de salarios dignos. Y es que, si a cinismos vamos…

Se trata, precisamente, de no caer en la indiferencia, en el individualismo, en la apatía y el escepticismo mientras estas cosas ocurren. No podemos ser cómplices por obra o por omisión. Debemos de recuperarnos como humanos, como profesionistas con ética y como una sociedad civil que exige ser tomada en cuenta para que los recursos de la nación estén al servicio realmente de las necesidades de los mexicanos.

*Consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas

05/TM/YT