El miércoles pasado se presentó un esfuerzo plural de las distintas fracciones parlamentarias ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una Iniciativa que tiene el firme propósito de contribuir a ponerle un alto a la violencia hacia las mujeres en el país.

Después de varios intentos fallidos para entrevistarnos con el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, con el objeto de buscar acuerdos para actuar en una misma dirección, tomamos la decisión de presentar una Iniciativa para crear una Fiscalía Especializada (Subprocuraduría) para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres.

Fiscalía especializada con las atribuciones necesarias para que el Ministerio Público Federal ejerza la facultad de atracción en la indagatoria y en el ejercicio de la acción penal correspondiente, en aquellos casos en que se observe la persistencia de una situación de violaciones graves y sistemáticas al derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, como es el caso de Ciudad Juárez, Chih., y otros en el país.

Fiscalía que dependa directamente del procurador general de la República; que actúe con plena autonomía técnica y tenga la responsabilidad de conocer de los delitos violentos en contra de las mujeres que afecten de manera grave y sistemática los derechos humanos, o bien afecten a varias entidades, sean de alto impacto social; exista concurso de delitos federales y locales; esté involucrada la delincuencia organizada; que tenga facultades para recabar información, analizar, evaluar y elaborar los diagnósticos que se necesitan para el diseño de políticas públicas federales y locales tendientes a prevenir, atender y erradicar todas las formas de violencia en contra de las mujeres; que tenga facultades para realizar los convenios de cooperación pertinentes para el cumplimiento de sus objetivos y funciones tanto con las entidades federativas como con los órganos y mecanismos internacionales de justicia y derechos humanos.

La fiscalía especializada que se propone no solamente deberá circunscribirse a la labor formal de investigación o consignación, sino que además deberá participar activamente como una instancia de coordinación, conjugando esfuerzos ministeriales, periciales, policiales, criminológicos, criminalísticos y de política criminal, de la Federación y las entidades federativas, en la prevención y combate de todas las formas de violencia en contra de las mujeres que tengan connotación delictiva; que actúe con la debida diligencia para prevenir e investigar la violencia contra las mujeres. El personal que labore en dicha instancia deberá contar con la formación y capacitación profesional constante que garantice la aplicación de la perspectiva de género en la administración de justicia y conocimientos en derechos humanos; garantizar que la labor de procuración de justicia desempeñada en esta fiscalía especializada tenga, cuando ello sea necesario, el espacio receptor en el sistema de administración de justicia federal.

Se trata de cerrarle el paso a la impunidad que ha sido el sello distintivo del caso Juárez, así como dejar en claro que los poderes de la nación procuran estar a la altura para enfrentar el fenómeno de la violencia hacia las mujeres, en sus múltiples manifestaciones y su causalidad y que, en su caso, el Congreso de la Unión busca hacer su parte creando normas y leyes que coadyuven en la tarea para enfrentar la violencia y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en nuestra nación.

La Iniciativa comprende también una adición al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal a fin de facultar a los jueces de distrito en materia penal, para conocer de los delitos violentos en contra de mujeres que hubiere atraído la Fiscalía que se cree; delitos que configuran una situación de violaciones graves y sistemáticas al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia aun tratándose de delitos del fuero común, cuando perturben de manera grave y sistemática los derechos humanos o bien afecten a varias entidades de la Federación y sean de alto impacto social.

Asimismo, tomando en consideración los estándares internacionales en materia de procuración y administración de justicia desde la perspectiva de género y de los derechos humanos, la fiscalía especializada podrá investigar y en su caso atraer los hechos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando éstos se identifiquen como una situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y tengan un impacto social.

Es preciso insistir que ni un solo poder, ni un solo orden de gobierno podrán parar la violencia en general y la violencia manifiesta en contra de las mujeres y las niñas en nuestro país, si no es con el concurso de todas las instituciones del Estado. Es la voluntad política que puede mover montañas y arribar a acuerdos para cerrarle el paso a la impunidad y lograr recuperar la confianza ciudadana en sus instituciones, hacer valer el Estado de derecho y abrir los causes políticos y jurídicos para abatir la impunidad, prevenir, atender y sancionar ejemplarmente la violencia hacia las mujeres. Voluntad que se expresa en el Congreso de la Unión.

Por eso el paso que da el Legislativo es singular y habremos de pugnar porque en el periodo extraordinario de sesiones que inicia el 21 de junio, se aborde la iniciativa presentada en la Comisión Permanente y a su vez se apruebe por el bien de la Nación.

*Senadora Leticia Burgos Ochoa. lburgos@senado.gob.mx

2005/LBO/GM