Mientras la Procuraduría General de la República (PGR) crea un fondo de auxilio a familiares de las víctimas de feminicidio en Chihuahua, el cual no resuelve el tema de la reparación del daño, la violencia contra las mujeres sigue imparable en esa entidad fronteriza que la semana pasada cobró una nueva víctima.

La adolescente Adriana Iveth González Zavala, vecina de la comunidad indígena de Sisoguichi, perteneciente al municipio serrano de Bocoyna, de apenas 15 años, estaba desaparecida desde el 7 de agosto.

Una semana después, su cuerpo fue localizado. Presentaba golpes contusos y tenía las manos sujetas hacia atrás con alambre. Las autoridades determinaron que la causa de la muerte fue fractura de cráneo provocada por un objeto pesado. Lo más doloroso es que se trata de la segunda víctima en una misma familia.

La joven era sobrina de Guadalupe Zavala, integrante de la organización Justicia para Nuestras Hijas, cuya hija Erika Ivonne Ruiz Zavala fue asesinada en la ciudad de Chihuahua, en el 2001, también a los 15 años.

Erika desapareció el 23 de marzo del 2001 y su cuerpo fue encontrado tres meses después, el 29 de junio, desnudo y semienterrado en una tumba del panteón municipal; dos de sus dedos habían sido mutilados.

El asesinato de Adriana Iveth ocurrió en medio de la polémica desatada por los criterios de la PGR para asignar los recursos del fondo de auxilio, cuestionados por las comisiones especiales de seguimiento a los feminicidios del Senado y la Cámara de Diputados, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

El crimen también ocurrió a unos días de que la comisionada especial para Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín, presentara su segundo informe de gestión, en el cual reconoce el fracaso de las estrategias para detener la violencia contra las mujeres y plantea de manera detallada las medidas necesarias para prevenir y reducir el fenómeno.

La actuación de la PGR y el informe de la comisionada, de distintas maneras, suman agravios a los familiares de las víctimas, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil como Justicia para Nuestras Hijas.

La primera, porque promueve la inequidad y la discriminación al poner en competencia a los familiares para demostrar quién sufrió más y, por tanto, merece una mayor cantidad de dinero; además de que omite la consideración integral de reparación del daño, que conlleva la identificación de los responsables y su sanción, es decir, la impartición de justicia, señala Alma Gómez.

La activista de Justicia para Nuestras Hijas sostiene que, ante su incapacidad para realizar una investigación eficaz , la PGR y la fiscal especial, Mireille Roccatti, recurrieron a este mecanismo como una estrategia para evadir el problema y, al mismo tiempo, desactivar el movimiento y las demandas de justicia de los familiares.

Sobre el informe de Morfín, Alma Gómez aseguró que los familiares de las víctimas saben, desde hace mucho tiempo, “que el gobierno federal es sólo voluntad, pero nada concreto”, y cuestiona el que las acciones que se plantean en las altas esferas para enfrentar la violencia de género sigan trabándose en los niveles de mando medios y bajos.

Mientras tanto, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que preside la diputada Marcela Lagarde sigue avanzando en la firma de convenios y cartas-compromiso para investigar el feminicidio en las 11 entidades del país que, según cifras preliminares, registran los más altos índices de violencia de género.

La semana pasada, el Estado de México se sumó a Chiapas, Oaxaca y Morelos en la decisión de colaborar con la comisión especial para investigar los casos de feminicidio y promover medidas para prevenirlo y erradicarlo.

En proceso de diálogo se encuentran todavía el Distrito Federal, Guerrero y Veracruz. Los cuatro restantes son Baja California, Chihuahua, Quintana Roo y Sonora.

La investigación, de acuerdo con la diputada Lagarde, busca obtener un panorama político nacional del fenómeno y promover la coordinación entre los distintos poderes y los diferentes niveles de gobierno para detectar, prevenir y eliminar la violencia feminicida.

El estudio abarcará cuatro aspectos básicos: homicidios dolosos contra mujeres, de acuerdo con información proporcionada por autoridades; estadísticas vitales; denuncias por organismos no gubernamentales, partidos políticos y asociaciones civiles, y situación geográfica, socioeconómica y étnica.

*Periodista