El papel de las mujeres guatemaltecas se encuentra en un periodo de constante desafío, en el que tienen que mantener derechos ya ganados y alcanzar mejores condiciones para la población indígena.

A lo largo de la historia se ha comprobado que un país puede alejarse de los parámetros mínimos deseables de desarrollo y de respeto a los derechos humanos, si aumenta sus niveles de pobreza, violencia e impunidad de género; y disminuye los cargos de representación pública femenina.

Asimismo, el desarrollo jamás se alcanzará si se tolera la discriminación a las mujeres indígenas; y no se elaboran legislaciones y políticas que normen los derechos para favorecer a las mujeres.

Todo lo anterior de acuerdo con el reporte "Los desafíos para la participación de las mujeres guatemaltecas", de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua).

La discriminación y violencia que afecta tanto a mujeres, menores, y pueblos indígenas, se remonta a los 36 años de conflicto armado que padeció Guatemala. Un proceso que finalizó con la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, el 29 de diciembre de 1996 entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

En dicho acuerdo, se estableció la necesaria evaluación de la participación y los aportes de las mujeres en la construcción democrática de su país, así como el ejercicio pleno de sus derechos cívicos y políticos, estableciendo medidas para garantizar el derecho de organización y participación en igualdad de condiciones con los hombres, dentro del proceso de fortalecimiento de la sociedad civil.

Sin embargo, el retorno de políticas de seguridad nacional y de representantes del Estado autoritario al espacio de los poderes ejecutivo y legislativo, cierran las posibilidades y los espacios reales construidos por las mujeres y el movimiento social, en sus esfuerzos por crear democracias respetuosas de la dignidad humana.

Aunque las guatemaltecas obtuvieron el derecho al voto en 1945, predomina la falta de documentación oficial primaria, especialmente en las mujeres indígenas; la discriminación que obstaculiza su obtención y que impiden el reconocimiento de la existencia jurídica de las mujeres, y la cultura excluyente (patriarcal) debido a una visión limitada de la ciudadanía.

Según datos del Informe de Desarrollo Humano 2000 de la ONU, del total de los seis millones de mujeres, 59 por ciento habita en zonas rurales y 48 por ciento es indígena. De igual manera, 20 por ciento de los hogares del país está a cargo de mujeres.

De esta manera, el Indice de Potenciación de Género presentado en dicho informe muestra que el avance de la posición de las mujeres en la sociedad en comparación con los hombres es de 0.46 por ciento, colocando a Guatemala en el puesto 49 de un total de 70 países, y en el último lugar (al igual que Honduras) a nivel centroamericano.

Un aspecto interesante de las pasadas elecciones en 1999, es la todavía escasa presencia de candidatas para cargos de elección: sólo existieron dos candidatas a la presidencia del país (9 por ciento), que compitieron con 20 candidatos hombres.

De los 960 candidatos para diputados, sólo 133 (menos del 14 por ciento) eran mujeres, que corresponde al 16 por ciento de la lista nacional y el 14 por ciento en las distritales.

Paralelamente, hay una subrepresentación de las mujeres en el ejercicio del poder civil. Las mujeres sólo ocupan un ministerio, dos secretarías de la Presidencia, 13 de las 113 curules del Congreso de la República, 3 de las 331 alcaldías y 7 de los 22 cargos para la Gobernación Departamental.

Es precisamente en la política formal donde se registra la menor participación en cargos representativos en el ámbito local. Según la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas, del total de 3 mil 300 cargos en las Corporaciones Municipales de todo el país, sólo 140 (4.2 por ciento) están ocupados por mujeres, de las cuales 43 (30.7 por ciento) son indígenas.

Como consecuencia de la ardua labor de los grupos y redes de mujeres, destacan logros como la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena, el proceso del Foro Nacional de la Mujer, y la creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer.

Asimismo se consiguió la instalación de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer, y la formulación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas, y el Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006.