Al menos 52 mujeres indígenas fueron violadas por militares en los estados mexicanos de Guerrero y Veracruz, lo que muestra la persistente represión en México, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) en un informe anual.
El informe «La represión en México 2002», difundido hoy, señala que las prácticas tradicionales de represión directa o indirecta subsisten en el país, pese a que el presidente mexicano, Vicente Fox, anunció en agosto pasado que los derechos humanos son para él una política de Estado.
«El ejército mexicano y las diversas corporaciones policíacas son responsables de continuas violaciones de los derechos humanos», señala el Prodh al describir la violaciones tumultuarias a las indígenas tlapanecas Valentina Rosendo e Inés Fernández, agresiones aún impunes que se dieron en el marco de la contrainsurgencia en Guerrero.
También se refiere a 50 denuncias por violaciones a mujeres indígenas realizadas por militares, ocurridas en la sierra de Zongolica, Veracruz y registradas por este centro de derechos humanos en su informe 2002.
El Prodh destaca que las mujeres y los indígenas son los grupos más discriminados y precisa que en el 2002 se negó la justicia tanto a las mujeres indígenas violadas por el ejército como a las asesinadas en la norteña localidad de Ciudad Juárez y sus familias.
El análisis detalla que la organización de Chihuahua, Mujeres de Negro, enumera 290 asesinatos en Ciudad Juárez y dos en el resto del estado, así como más de 500 desaparecidas, sin que la justicia estatal o federal hayan resuelto nada porque, entre otras cosas «hay contubernio con el poder judicial».
«A las víctimas se les dan identidades falsas; se entregan cuerpos a las supuestas familias y meses después descubren que no eran ellas. Siembran evidencias y los pocos procesados tienen hasta seis años sin sentencia por falta de elementos para condenarlos», explica el más influyente centro de derechos humanos en México.
El documento asegura que el clima de violencia impune en la ciudad fronteriza favorece el uso de las agresiones como salida fácil a los conflictos domésticos, por lo que también aumentaron los casos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas.
En el sureste de México, en Tapachula, Chiapas, la policía local detuvo, amarró y colocó una bolsa de plástico en la cabeza a las adolescentes guatemaltecas Wendy Yumana Hernández Santos, María Cristina González Estrada y María Elena García Vázquez, tras acusarlas de robo, añadió el documento.
Las tres mujeres, luego de permanecer cinco meses en el penal, obtuvieron su libertad tras haber sido obligadas a retirar la denuncia de tortura en contra de sus victimarios.
El análisis, elaborado por Alejandra Aquino Moreschi, Ariadna Estévez López, Carmen Pedrazzini Nessi y Mireya Del Pino Pacheco, reitera que en agosto pasado el comité de expertas sobre la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Eliminación (CEDAW) llamó la atención al gobierno mexicano por la falta de justicia a las mexicanas.
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