Al menos 100 casos de violaciones a los derechos sexuales de mujeres oaxaqueñas ocurridos el año pasado fueron documentados por la organización civil Red en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (RedDeSER), informó su directora, Angélica Ayala Ortiz.
En la mesa de trabajo Violencia de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos que se realizó en la capital oaxaqueña, (330 kilómetros al sur de la Ciudad de México), Ayala indicó que las mujeres enfrentan esas violaciones durante el embarazo, parto, puerperio y aborto. Los casos documentados representan 209 violaciones.
Del total de los casos, 74 violaciones a los derechos sexuales y reproductivos se ubicaron en el condicionamiento para utilizar métodos de control natal, aplicación sin consentimiento del DIU o en el peor de los casos la operación definitiva denominada OTB.
Ayala Ortiz añadió que en Oaxaca las muertes de mujeres por cáncer cérvico uterino, que durante 2001 causó la muerte a 160 mujeres y cuya cifra fue superior en el año 2002, pudieron evitarse.
En 73 de los casos hubo demora y/o falta de entrega de resultados, de confidencialidad, de atención, de tratamiento e información; en 42 más hubo violencia verbal y emocional; en 28 carencia de recursos, personal, infraestructura y medicamentos, y en otros 19 hubo presión para el uso de métodos anticonceptivos.
CONTRA ELLAS, TODO TIPO DE VIOLENCIA
Los otros casos se refieren a presión y condicionamiento de servicios, violencia física, falta de consentimiento informado, discriminación, acoso y violencia, falta de acceso a la justicia.
Estos aspectos más las condiciones derivadas de la inequidad de género, la marginación y la pobreza, dibujan un panorama difícil para hacer realidad la saud sexual y reproductiva de las mujeres y aumentan el riesgo de enfermedad o muerte entre las mujeres oaxaqueñas, señaló la especialista.
Por otro lado, la también integrante de la Casa de la Mujer Rosario Castellanos señaló que el bajo presupuesto para atender la salud sexual y reproductiva de las mujeres es un problema muy complejo, agravado por la incongruencia entre el discurso político y la asignación de recursos.
Ayala Ortiz coincidió con la representante de Afluentes, Alicia Mesa, quien se refirió a la evidente reducción de los presupuestos para la atención de las mujeres en la entidad. Tal es el caso de los programas de anticoncepción, que operan sin recursos debido a la reducción presupuestal ejercida por el gobierno federal.
Acusó al gobierno federal de violar los derechos sexuales y reproductivos de las personas, por lo que se debe recurrir a la Convención para la Eliminación de Cualquier forma de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW en inglés), o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta, puntualizó, es una violación a los derechos fundamentales de las mujeres, con una grave repercusión a las más pobres.
En la mesa de trabajo que se efectuó durante toda la mañana y que organizó el Grupo de Trabajo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (Desyr) participaron también Pedro Morales, director general de Medilex; Isaber Vericat, de Epikeia y Gabriela Gutiérrez Kleman, de la Casa de la Mujer Rosario Castellanos.
2003/SJ/MEL
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