La voluntad del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, de vetar cualquier ley que despenalice el aborto, dificulta avanzar en el camino del reconocimiento integral de los derechos sexuales y reproductivos.
No obstante, un amplio espectro de actores sociales continúa comprometido con la búsqueda de respuestas preferentemente integrales pero, en su caso, también progresivas, a este grave problema de salud y justicia social que se expresa en una tasa de morbimortalidad materna superior a la prevista, según revelan los últimos registros del Ministerio de Salud Pública.
Una muestra de este consenso resultó del debate convocado por la Comisión de Salud y el Area de la Mujer y los Jóvenes de la Vertiente Artiguista
A partir de mayo de 2004, cuando el Senado rechazó el proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva que contaba con la aprobación de los diputados, el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos, que incluía la despenalización del aborto, salió de la agenda parlamentaria. Y, aunque socialmente se mantuvo, perdió perfil público.
Cuando el presidente Tabaré Vázquez anunció su voluntad de vetar cualquier decisión legislativa que habilitara la interrupción voluntaria del embarazo no hubo sorpresa, porque la postura personal del mandatario era conocida; en cambio, sí hubo mucha preocupación por las implicaciones en términos de la prometida profundización de la democracia.
PROCESO CRECIENTE DE RECONOCIMIENTO
Desde hace 20 años, la ciudadanía uruguaya ha expresado respecto al aborto una pluraridad de opiniones que sus representantes actuales no pueden ignorar.
En efecto, a partir de la recuperación de la institucionalidad democrática en l985, el proceso de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos muestra en Uruguay una tendencia siempre creciente.
Durante el debate promovido por la Vertiente Artiguista, la psicóloga Alejandra López, coordinadora de la Cátedra Libre de Salud Sexual y Reproductiva de la Facultad de Psicología de la Udelar y co-coordinadora de Mujer y Salud en Uruguay (Mysu), recordó que el porcentaje de adhesión al aborto de la ciudadanía, que durante la década de 1985 a 1995 fue de 25 por ciento, se incrementó en 2004 a un 63 por ciento de apoyo al proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva.
En torno a los principales ejes del debate, 98 por ciento de personas se manifestó entonces en favor de la educación sexual; 95 por ciento, por el acceso universal a la anticoncepción, y 45 por ciento, por la despenalización del aborto en los términos de esa iniciativa.
Datos más recientes provenientes del Proyecto Reproducción Biológica, Género y Generaciones, en el que coinciden dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil e internacionales, muestran que la liberalización del aborto cuenta con 54 por ciento de adhesiones, y el proyecto de ley, con 66% por ciento.
Este proceso está sustentado en un debate social que se caracteriza por una madurez y complejidad argumentativa contrastante con la pobreza de las intervenciones legislativas que fundamentaron los votos en contra de la ley y, en general, con la de los discursos políticos y religiosos de los sectores más conservadores de la sociedad.
UN VETO A CONTRAMANO
La postura del presidente Vázquez también está confrontada con la de propia
estructura político-partidaria que lo llevó al poder. El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa explicitó el compromiso de reimpulsar la ley rechazada en la legislatura anterior, al igual que el presidente del Frente Amplio, hoy ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto.
El Partido Socialista, en cuyas filas milita el mandatario, fue el primero en expresar esa voluntad a través de Reinaldo Gargano, ahora canciller de la República. La reelecta senadora socialista Mónica Xavier no se cansa de reiterar su compromiso en el mismo sentido, ni ceja su esperanza de convencer a Vázquez de que desista del anunciado veto para habilitar la aprobación de una ley que, en su caso, luego pueda ser plebiscitada para que se expida la ciudadanía.
Algo bien distinto es lo que propone el diputado forista Washington Abdala, autor de un proyecto de ley que opta por convocar al cuerpo electoral «para que manifieste su opinión sobre si el aborto voluntario debe ser castigado penalmente».
Esta iniciativa, que López no dudó en calificar de «tomada de pelo a la madurez y profundidad del debate social» en la materia, no sólo parece olvidar que el aborto practicado en condiciones de riesgo es en Uruguay la primera causa independiente de morbimortalidad materna, sino que deja la respuesta al problema a una decisión ciudadana no vinculante que, a diferencia de un resultado plebiscitario, puede ser desconocida posteriormente sin consecuencias.
¿DE QUE DERECHOS HUMANOS ESTAMOS HABLANDO?
La senadora Percovich advierte los fallos de construir una agenda política que no incluya como temas los factores culturales que afectan el desarrollo social, pues las políticas públicas así concebidas «no serán eficientes ni eficaces».
Para contextualizar el tema, la legisladora llama la atención sobre la extensión de los derechos humanos que la izquierda se comprometió a transversalizar en su gestión: «¿Quiénes son sus titulares? ¿Las niñas y niños lo son o no? ¿Las mujeres no son personas a la hora de decidir sobre su capacidad reproductiva, pero sí lo son para asumir después toda la responsabilidad de su prole? Nadie discute que el embrión es vida, pero, ¿es una persona social?
Sin perjuicio de instar a seguir trabajando por la salud sexual y reproductiva, incluso explorando pasos aproximativos, Percovich prefiere «no arriesgar proyectos legales que fracasen de entrada y queden archivados por toda una legislatura`», inclinándose por asegurar al menos los votos en una de las cámaras antes de reactivar la iniciativa rechazada por el Senado el año pasado.
El doctor Leonel Briozzo, médico ginecólogo, coordinador de las iniciativas sanitarias para la prevención del aborto practicado en condiciones de riesgo y de la clínica que para tal efecto funciona en el Hospital Pereira Rossell, es enfático: «Ante los derechos avasallados, hay que dejar de contemplar y pasar a la práctica».
Tras identificar la morbimortalidad materna por aborto inseguro como el emergente sanitario principal, y sin perjuicio de reconocer la coherencia del actual Ministerio de Salud Pública en la concepción e instrumentación de servicios para ampliar la aplicabilidad de los derechos sexuales y reproductivos, advierte sobre el surgimiento de lo que llama neohipocresìa, sintetizable en el silogismo: «Sin ley no se puede hacer nada; la ley no va a salir, entonces no se puede hacer nada».
UN ESTADO AL SERVICIO DE LA GENTE
Briozzo propone explorar también caminos alternativos, como el de intentar liberalizar el aborto por causales, y prioriza la meta de disminuir el número de abortos. Lilián Abracinscas, co-coordinadora de Mysu y reconocida militante por los derechos sexuales y reproductivos, contrapone «disminuir el número de embarazos no deseados, promoviendo la maternidad y paternidad responsables», que es ni más ni menos el objetivo integral del proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva.
«Queremos que al actual gobierno le vaya bien, pero no a costa de decir amén a las decisiones de Tabaré Vázquez», aclara Abracinscas, abundando sobre la pretensión del mandatario de imponer su voluntad y sus creencias personales al conjunto de la ciudadanía, lo cual choca con los desafíos de la fuerza política de izquierda en materia de libertad, autonomía de poderes, justicia social y solidaridad.
A su juicio, más allá del aborto, la postura de Tabaré Vázquez supone iguales riesgos para cualquier otra expresión de profundización de la democracia.
05/IV/YT
