Las organizaciones civiles que realizaron una auditoría a Provida por el gasto de los 30 millones de pesos que recibió de la Secretaría de Salud (SS) en 2003, calificaron hoy como un "triunfo ciudadano" que el Congreso de haya aprobado la próxima comparecencia del titular del ramo, Julio Frenk, para explicar por qué recibió apoyo federal un grupo que atenta contra los derechos femeninos.
Daphtne Cuevas, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad -una de las seis agrupaciones que realizaron la auditoría a Provida-, celebró la próxima creación de una comisión bicameral del Congreso para que investigue y deslinde responsabilidades por el llamado Providagate.
Tal investigación se remontará al desvío de recursos orquestado por el ex diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Pazos, quien -según denuncian grupos de mujeres y legisladoras de oposición-, recortó de manera unilateral 30 millones de pesos del presupuesto del 2003 para atención del VIH y los asignó a Provida, para la construcción de 10 clínicas antiaborto, los llamados Centros de Ayuda para la Mujer (CAM).
Asimismo, la comisión investigadora tendrá que analizar la auditoría realizada por las ONG en la que se documenta el fraude y evasión fiscal cometido por la organización de Jorge Serrano Limón en el gasto de los 30 millones.
Consultada por Cimacnoticias, Daphtne Cuevas explicó que las organizaciones ciudadanas -entre ellas Fundar, Equidad de Género y Salud Integral Para la Mujer (SIPAM)- mantendrán un estrecho contacto con legisladoras y legisladores para preparar los cuestionamientos al secretario Frenk.
La fecha de la comparecencia del funcionario ante la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión para que informe acerca de las presuntas responsabilidades ocurridas en la asignación de recursos a Provida está por definirse.
Entre los cuestionamientos que se le harán al titular de Salud -continuó Cuevas-, se encuentra la "incongruencia" de la dependencia a su cargo al apoyar con recursos públicos a una organización que se opone de manera radical al uso del condón, los anticonceptivos y al aborto legal por violación, principios estipulados en la ley y en la política sanitaria.
Es "gravísimo" el apoyo que la institución ha brindado a Pro vida, pues impidió que 135 mujeres víctimas de violación ejercieran su derecho al aborto legal en 2003.
Igualmente, apuntó que Julio Frenk tendrá que explicar por qué la Secretaría de Salud violentó su propia normatividad para permitir la entrega de los 30 millones al grupo antiabortista.
La integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad expuso que al Poder Legislativo y a la Secretaría de la Función Pública les corresponde determinar las posibles sanciones al secretario Frenk, en caso de comprobarse que cometió algún ilícito al respaldar de manera preferencial a Provida.
Cuevas desestimó las recientes declaraciones de Serrano Limón y del actual director del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), Luis Pazos, para justificar sus acciones y rechazar que hayan cometido algún delito.
La activista sostuvo que las denuncias de los malos manejos financieros de Provida y el desvío de recursos orquestado por Pazos "están bien documentados", por lo que convocó a la organización ultraconservadora y al ex diputado panista a presentar las pruebas que demuestren lo contrario.
2004/RM/GV/SM
