El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), señaló que a un año de gobierno de Pablo Salazar, en Chiapas aún persisten las constantes violaciones de los derechos humanos con detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de personas.
En víspera del primer informe de gobierno que Pablo Salazar rendirá este sábado, para exponer los avances a un año de su administración, la CDHFBC presidido por el obispo emérito Samuel Ruiz García, denunció que en las zonas indígenas de Chiapas, las autoridades continúan violando los derechos humanos y que poco se ha hecho por evitarlo.
La directora del CDHFBC, ubicado en la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Marina Patricia Jiménez sentenció que «no es suficiente lo que se ha estado haciendo, los retos y las acciones del gobierno del estado tendrían que ser más contundentes para que se castiguen a los funcionarios que tuvieron que ver con casos de tortura, de desapariciones y de violaciones».
La ombudsman –quien ha recibido constantes amenazas de muerte y han atentado contra su vida– informó que a un año de gobierno de Pablo Salazar, el CDHFBC ha iniciado 45 quejas por violaciones a los derechos humanos, con casos como desapariciones, torturas y detenciones ilegales.
Precisó que es preocupante que el gobierno de Chiapas no actúe para contrarrestar las violaciones a los derechos humanos, porque genera una condición para que las autoridades sigan actuando arbitrariamente y que tiene que haber una política de atención a los derechos humanos.
Jiménez, quien se ha destacado por defender a los indígenas y milicianos del EZLN, dijo que las principales denuncias son contra policías judiciales del estado por detener y torturar el pasado 18 de mayo a los indígenas José Luis de la Torre Vázquez, Manuel Hernández, José Luis Castellanos, originarios del municipio de Venustiano Carranza.
De igual forma el 7 de junio, se violaron los derechos humanos a los indígenas del municipio de Comitán, Abenamar Meza Román y Rolando Reyes García. Asimismo, a Uriel Ochoa y Berti Pérez, ambos del municipio Benemérito de Las Américas, registrada el pasado 23 de abril.
En esos casos, la defensora de derechos humanos, aclaró que las torturas «no solamente consistió en golpes y lesiones, sino que los policías judiciales les pusieron a los indígenas bolsas para intentar asfixiarlas y toques eléctricos, lo cual es una clara situación de tortura».
Por otra parte, señaló que uno de los casos más graves es del indígena Jerónimo Gómez López, quien desapareció en el municipio de Simojovel el 20 de diciembre del 2000, a 12 días en que Pablo Salazar asumió la gubernatura de Chiapas, caso que aún no ha sido esclarecido.
Marina Patricia, denunció que en los operativos policiacos en el municipio de Venustiano Carranza y Marques de Comillás, la policía judicial y seguridad pública del estado se excedieron en el uso la fuerza pública, causando con ello abuso de autoridad, golpes y detenciones ilegales.
La ombusdman chiapaneca especificó que las violaciones a los derechos humanos que señaló son bastante graves, «cualquier cuestión que ponga en riesgo la integridad física, psíquica, moral de cualquier persona, es un factor de gravedad, sobre todo cuando se presentan las denuncias de estas situaciones y no hay respuesta hasta el momento».
«Me parece que tanto el gobierno federal como estatal no han dado una respuesta contundente para combatir las situaciones de impunidad que prevalece», señaló.
De igual forma, dijo que cualquier gobierno que se diga democrático debe respetar los derechos humanos, porque cualquier acción que se cometa por parte de los funcionarios y que tengan repercusión en la violación de las garantías de las personas, lo cual consideró bastante grave.
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