El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, denunció hoy 15 casos de tortura a indígenas en Chiapas, entre ellos tres mujeres guatemaltecas, y la ejecución extrajudicial de uno más por policías municipales.
Blanca Estela Martínez, directora del centro que preside el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, presentó un informe sobre los casos de tortura a los que han sido sometidos indígenas simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por las autoridades judiciales del estado.
Según Martínez, el Centro Fray Bartolomé documentó 15 casos en un año cometidos por las autoridades judiciales en ocho municipios. De ellos ocho corresponden a indígenas simpatizantes del EZLN, cuatro campesinos y tres inmigrantes indocumentadas de Guatemala.
Por su parte Ana Isabel Soto, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, dijo que en tres de los 15 casos se trata de mujeres inmigrantes indocumentadas de Guatemala acusadas de robo, a quienes la policía torturó, amenazó de muerte e intentó abusar sexualmente de ellas.
El organismo consideró que pese al cambio de gobierno en el país, la tortura sigue siendo una practica recurrente de las autoridades judiciales mexicanas y chiapanecas cada vez más alarmante.
Explicó que de los quince casos de tortura documentados el año pasado, el indígena miembro de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Enrique García Chavarría, murió en las instalaciones de la policía del municipio de Jiquipilas, por lo que el organismo considera su muerte como ejecución extrajudicial.
Cuatro de las demás víctimas necesitaron atención médica urgente, a uno de ellos le fue destrozado el hígado a golpes y ahora requiere un trasplante, agregó el reporte.
En el informe los organismos indican que los principales patrones de tortura son el intento de asfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, golpes y amenazas de muerte para obtener testimonios de culpabilidad que son aceptados por los jueces mexicanos.
Por ello exigieron al gobierno federal mexicano y al chiapaneco que realicen investigaciones serias y comprometidas con pleno respeto a los derechos humanos de los detenidos.
2003/CA/MEL
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