El temor de los políticos para homologar las causales del aborto legal en todo el país, tiene nombre y apellido: la iglesia católica, afirma la directora de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Marta Lamas.
La antropóloga señala que ningún partido desea desatar una campaña en su contra desde los púlpitos de la iglesia católica ni las y los legisladores católicos desean ser excomulgados, menos aún, en los estados de la República.
La activista advierte que aunque existen propuestas moderadas para homologar las causales del aborto legal, hay resistencia o simplemente desinterés de los partidos políticos para modificar la ley en la materia.
Sin embargo, afirma que ni las iglesias ni el Estado pueden intervenir en la decisión de un aborto, tras advertir que al respecto, existe en las democracias occidentales un consenso en el sentido de no regirse por leyes divinas sino por acuerdos sociales.
En el texto «Los derechos reproductivos de las y los adolescentes y un necesario servicio de salud sexual y reproductiva», la promotora de la despenalización del aborto, señala que el papel del Estado debe limitarse a garantizar a todas las mujeres el acceso a buenos servicios de aborto en los hospitales públicos.
Respecto al aborto legal considera necesario reconocer el derecho de la población a beneficiarse del progreso científico y tecnológico, así como el derecho a utilizar la gama de métodos abortivos, siendo obligación del Estado suministrar todos aquellos cuya eficacia y seguridad estén acreditados así como proporcionar a las usuarias las mejores alternativas terapéuticas.
En su análisis, menciona que hasta ahora el Distrito Federal es la entidad federativa con las leyes más avanzadas en la materia, donde el aborto dejó de ser un delito bajo ciertas causales en el año 2000, gracias a la llamada «Ley Robles».
A partir de entonces tanto la Procuraduría General Justicia como la Secretaría de Salud del Distrito Federal emitieron diversas normas que regulan los procedimientos, servicios y obligaciones de los servidores públicos respecto a la realización del aborto legal.
De esta forma, la Ciudad de México se convirtió en la entidad con la ley más progresista y los procedimientos más claros en materia de interrupción legal del embarazo, comenta la antropóloga.
INDIGNACIÓN PARA COLAPSAR PREJUICIOS
Asegura que sólo una sociedad en verdad indignada ante una ley anticuada y discriminatoria hará posible que se colapsen los prejuicios contra el aborto y se instaure un tratamiento jurídico respetuoso y socialmente igualitario.
Cabe señalar que hasta ahora únicamente el Partido de la Revolución Democrática, ha asumido el tema de la maternidad voluntaria.
«El debate sobre la penalización-despenalización del aborto plantea el reto de decidir sobre un conflicto en el que están implicados principios democráticos fundamentales: la libertad de conciencia, el laicismo, el derecho a la no intervención del estado en cuestiones de la intimidad y privacía», asevera Lamas.
El fundamento de los derechos reproductivos –prosigue- es que la maternidad gozosa y compartida debe contar con la posibilidad de interrumpir un embarazo no elegido.
Y destaca que aunque los derechos reproductivos contradicen a la ideología católica, es creciente su reconocimiento en la Constitución y en los tratados internacionales.
A pesar de ello, dice, resulta insuficiente el reconocimiento de los derechos reproductivos como derechos humanos, cuando se carece de mecanismos que permitan la protección real de la normatividad en la materia.
Para la defensora de los derechos de las mujeres, «cuando la sociedad cambia y las leyes no reflejan esas transformaciones, el orden social entra en conflicto» y, si bien en México, es cierto, que en la legislación subsisten restricciones contra el aborto, la securalización se ha ido extendiendo poco a poco y los valores morales en la ciudadanía han cambiado, de tal forma que el aborto no es mal visto por la sociedad.
Ello explica que ningún partido político, ninguna decisión parlamentaria, ninguna consigna gubernamental persiga o de un tratamiento criminal ante los tribunales de justicia a las mujeres que interrumpen sus embarazos.
«En México como en otros países latinoamericanos el peso simbólico de la iglesia católica esconde las muertes y tragedias de las mujeres que recurren a la práctica clandestina del aborto, ante el tibio y lento reconocimiento jurídico del derecho de las personas a decidir en cuestiones relacionadas con sus cuerpos», finaliza la directora de GIRE.
2005/SM/SJ
