El pasado viernes 13 de enero, un grupo de mujeres asistió a una entrevista con el gobernador del estado de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, para abordar varios asuntos relacionados con la violencia ejercida contra la población femenina en la entidad.
En comunicado de prensa se informó que en primer lugar se demandó a Aguilar Padilla que continúe, hasta su total esclarecimiento, la denuncia por violencia intrafamiliar interpuesta ante la agencia Novena del Ministerio Público sinaloense contra el periodista Humberto Millán Salazar por su esposa, la señora Eva Obdulia Beltrán Quintero.
De conformidad con el documento, la señora Beltrán Quintero «en estos momentos se encuentra huyendo por la impunidad que prevalece en la procuración de justicia en nuestra entidad», ya que a pesar de que fue debidamente demostrado el daño físico y psicológico tanto para ella como para sus dos niñas, la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) resolvió el no ejercicio de la acción penal y el Juzgado Tercero de lo Familiar otorgó la custodia de una de las hijas al agresor.
Las mujeres exigieron, asimismo, que «por resultar notoriamente improcedente» se dé por concluida la averiguación previa que se inició en la agencia Segunda del Ministerio Público en contra de la señora Eva Obdulia Beltrán, sus hermanas Manuela y Lucila Guadalupe, y Beatriz Rodríguez Pérez, ex Secretaria General del Consejo Estatal para Prevenir y Atender de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI) acusadas por el citado periodista por los delitos contra la filiación, sustracción de menores y los que resulten.
También solicitaron se investigue y sancione a los servidores públicos de la PGJE responsables de la filtración de documentos oficiales de carácter confidencial «que están siendo difundidos por la red y otros canales para difamar y desprestigiar dolosamente a Beatriz Rodríguez Pérez y su familia».
También pidieron cesar el desmantelamiento de los programas del CEPAVI; reinstalar la línea telefónica de emergencia, el apoyo al refugio para las víctimas y sus hijas e hijos, y una evaluación del Instituto Sinaloense de las Mujeres para fortalecer estos órganos y las políticas públicas con equidad de género e igualdad de oportunidades.
Finalmente, demandaron al gobernador mayor compromiso público para impulsar reformas legales y políticas públicas no asistencialistas que beneficien a las mujeres de Sinaloa sin corporativismos partidistas.
En todos los casos, el gobernador accedió a la revisión de sus propuestas. Queda por ver el cumplimiento de su palabra.
06/YT
