En 1998, como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la recién nombrada Fiscal Especial para Ciudad Juárez, Mireille Roccatti, señaló deficiencias e irregularidades en las investigaciones de los feminicidios que prevalecen hasta hoy, cuando el número de víctimas es 10 veces mayor.
Las deficiencias en seguridad pública y procuración de justicia, que desde entonces denunciaban familiares de las víctimas, legisladores y organizaciones de la sociedad civil no han sido corregidas, como lo evidencian siete años después, el creciente número de víctimas y el clima de inseguridad que vive Ciudad Juárez.
La recomendación fue la 44/98 sobre el Caso de la Mujeres Asesinadas en Ciudad Juárez, en la que el organismo presentó sus conclusiones sobre los asesinatos de 36 mujeres cometidos entre 1996 y 1997, que hasta entonces la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua no había aclarado y tampoco sancionado a los responsables.
En su pronunciamiento, la CNDH concluyó que había una omisión culposa de los servidores públicos encargados de la procuración de justicia y emitió ocho recomendaciones al gobernador de Chihuahua y al Ayuntamiento de Ciudad Juárez.
El documento evidenció una serie de deficiencias en la integración de las averiguaciones previas, dilación en la procuración de justicia, falta de voluntad de la Procuraduría de Justicia estatal de colaborar con el organismo y citó nombres de funcionarios responsables de las irregularidades.
Emitida el 15 de mayo de 1998, la recomendación fue resultado de la queja presentada por la diputada federal Alma Angélica Vucovich Seele , el 1 de diciembre de 1997 ante la CNDH que atrajo la investigación que realizaba la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, «en virtud de que los hechos trascienden el interés de dicha entidad Federativa».
Sobre las 24 averiguaciones previas que entonces estaban en curso, la CNDH señaló que sólo 14 se certificaron y en seis casos en los que las indagatorias afirman que no fue posible determinar si hubo o no ataque sexual, el organismo atribuye esa imposibilidad a la ausencia de las diligencias necesarias.
Sobre las consignaciones, el organismo precisa que en diez casos se ejerció acción penal, pero sólo había cuatro detenidos de 20 probables responsables y en 14 casos se desconocía el estado de quienes cometieron los ilícitos.
La CNDH destacó que en algunas de las investigaciones faltaba el resultado de los dictámenes periciales y no se había realizado diligencias para integrar adecuadamente las indagatorias, como exhortos, declaraciones, investigaciones de los indicios donde se presume la existencia de abuso sexual y colaboración con otras Procuradurías.
Como un ejemplo de la conducta de omisión de los funcionarios, la Comisión citó la respuesta que recibió su personal de María Antonieta Esparza Cortés, entonces Coordinadora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales contra la Familia y Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría General de Justicia de Chihuahua.
La funcionaria dijo entonces que «no considera excepcional lo que está ocurriendo», es decir, que las muertes de todas aquellas mujeres no eran excepcionales, declaración similar a la que hizo recientemente la procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González, quien, en referencia a los feminicidios dijo «así es el mundo».
La CNDH recomendó entonces de manera urgente capacitar en derechos humanos a los servidores públicos de las áreas de procuración de justicia y de seguridad pública de Chihuahua.
Recomendó igualmente abrir una investigación para determinar las responsabilidades administrativas y/o penales donde pudieron haber incurrido el entonces Procurador General de Justicia de Chihuahua, Arturo Chávez Chávez.
La lista incluyó también a funcionarios de la Subprocuraduría General de Justicia de la Zona Norte, Ciudad Juárez, a cargo de Jorge López Molinar; Felipe Terrazas Morales, Jorge Ramírez Pulido y María Antonieta Esparza Cortés, Coordinador Regional, Jefe de Averiguaciones Previas y entonces Coordinadora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales contra la Familia y Personas Desaparecidas, respectivamente.
El gobierno estatal descalificó entonces la investigación de la CNDH, la que señaló de ser parcial y errónea, y sólo aceptó en parte la recomendación.
2005/LG/SJ
