Aunque reconoce que hay pocos avances, los conseguidos en los últimos cinco años en materia de aborto en México pueden considerarse importantes, sostuvo aquí la abogada Elsa Ancona Sánchez, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
En entrevista con Cimacnoticias, la abogada explicó que el ritmo de las legislaturas en esta materia no ha sido el que demanda la sociedad organizada, pero ha existido la capacidad para intervenir en acciones de capacitación, sensibilización e información a las instancias públicas que atienden esta problemática en México.
Por ello, enfatizó la necesidad de sensibilizar a las autoridades gubernamentales, hacer la reglamentación para evitar que evadan su responsabilidad y, finalmente, sostuvo que lo más importante es que las mujeres conozcan sus derechos y los hagan valer.
De esta manera, se busca que las mujeres que han sido víctimas de una violación tengan un mejor trato, para empezar, en las agencias del Ministerio Público, donde siempre existe el estigma de que las mujeres que denuncian un acto de violación mienten.
Entre los aspectos más destacados que permiten materializar esos avances, la abogada refirió la inclusión de la píldora de anticoncepción de emergencia en el cuadro básico de medicamentos, un hecho que hasta hace poco era simplemente imposible de pensar.
Ancona Sánchez sostuvo que, sobre todo en el Distrito Federal, los avances en materia de aborto son más tangibles, pues existen leyes y políticas públicas que favorecen a las mujeres víctimas de violación.
Añadió: «ahora contamos con leyes que regulan el consentimiento informado y un proceso médico para la interrupción legal del embarazo con calidad, calidez y gratuito; se puede regular la objeción de conciencia de los médicos, pues se reconoce esa limitación, pero al mismo tiempo se obliga a la canalización de la paciente a otro médico que no tenga ese problema moral.
Además, si existe alguna urgencia, el médico está obligado a salvar la vida de la mujer: «en este caso no puede aplicarse la objeción de conciencia de parte del médico, pues es responsabilidad del sector salud garantizar el servicio de aborto a las mujeres que han sido agredidas sexualmente».
La activista dijo: «Quisiéramos que el modelo jurídico del Distrito Federal se pudiera aplicar en todo el país. Por ello, tenemos que contar con los instrumentos legales para ejercer el derecho al aborto en caso de violación, evitando que los funcionarios evadan su responsabilidad».
Ancona destacó el papel de las organizaciones no gubernamentales que intervinieron en el caso de María, una joven sordomuda a quien se le había prácticamente negado el derecho al aborto luego de una violación en Oaxaca.
Por otra parte, dijo que en el caso de Paulina, una niña violada y obligada a tener a su hijo en el año 2000, en Baja California, podría tener una «solución amistosa» con las autoridades estatales, de parte de las cuales habrá una reparación integral del daño que favorezca a la menor y a su hijo.
Finalmente, indicó que aun cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no admitió la denuncia por la actuación de las autoridades, ha fungido como mediadora y que en breve ambas partes llegarán a un acuerdo.
05/SJ/YT
