Minutos antes de que la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) revocara hoy la libertad al presunto pederasta Ramón Salvador Gámez, el subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Renato Sales Heredia, citó el caso como un ejemplo «terrible» de la mala actuación de juezas y jueces.
Y es que para el funcionario, resulta inadmisible que el pasado 22 de diciembre el secretario de acuerdos del juzgado 15, Miguel Ángel Pérez Camacho, otorgara la absolución a Gómez Martínez por los delitos de corrupción y abuso, aduciendo que las víctimas consintieron los hechos y por tanto, «no hubo delito».
Cómo va a ser que un juez argumente que como la menor ya esta corrompida ya no puede ser corrupta porque existieron dudas sobre su comportamiento y, por lo tanto el pederasta es inocente del abuso de menores, anotó Sales Heredia.
Durante la presentación del libro La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Una aproximación sociológica, del autor Erick Gómez Tagle, el funcionario dijo indignado que de ese tamaño son los argumentos de los jueces.
Llegaron al grado de afirmar que como la menor tuvo relaciones sexuales con su novio, ya no había delito, puesto que fueron «vulneradas» las buenas costumbres y en todo caso «el sujeto pudo haber actuado con el consentimiento de la menor agraviada».
Revocan libertad
De esta manera, por decisión unánime, hoy los tres magistrados que integran la sala del TSJDF , resolvieron en contra de la sentencia absolutoria dictada al pederasta, a quien también se le sentenció a 16 años y nueve meses de prisión.
Con dicha resolución, se espera la reaprehensión del ex líder sindical, quien fue encontrado culpable de los delitos de corrupción de dos menores de edad y que se presume que a su salida del Reclusorio Oriente, el pasado 21 de diciembre, había huido a España.
A Gámez Martínez, También, se le condenó a pagar una sanción pecuniaria de 950 días de salario mínimo de multa, esto es, 43 mil 719 pesos.
Cabe destacar que el pasado 5 de enero, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, solicitó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF y del Consejo de la Judicatura local hacer una revisión exhaustiva del caso del pederasta.
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