Amnistía Internacional (AI) puso hoy otro tache al gobierno de México por negar justicia a las mujeres indígenas violadas por elementos del Ejército Mexicano en el estado de Guerrero, uno de los más pobres y con mayor presencia militar.
Al presentar hoy aquí el informe México: Mujeres indígenas e injusticia militar, en la víspera del Día Internacional por la No Violencia hacia las Mujeres, (28 de noviembre) AI llamó por segunda ocasión al gobierno foxista a velar por la seguridad de las mexicanas, esta vez con un llamado a poner fin al fuero militar.
Es la tercera ocasión que una instancia internacional pone el dedo contra el gobierno de Vicente Fox por agresiones de militares a mujeres indígenas.
La primera fue en marzo del 2001 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a México investigar y castigar a los soldados responsables de la violación multitudinaria tres hermanas tzeltales en 1994. La segunda fue en mayo pasado, durante la Sesión Especial sobre Mujeres Indígenas en la sede neoyorkina de la ONU.
Hoy, AI responsabilizó al Estado mexicano «en virtud del derecho internacional de derechos humanos, de las violaciones cometidas por sus agentes, así como de las cometidas por particulares si no ejerce la diligencia debida para prevenir y castigar tales delitos y ofrecer resarcimiento por ellos.»
Sólo si se abordan las causas fundamentales de tal violencia y se toman medidas específicas y efectivas para poner fin a la impunidad y combatir la discriminación se podrá reducir la magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas contra las mujeres en México, añadió.
Durante la presentación, Mónica Costa, investigadora de los casos de víctimas de violación a manos de soldados en ese estado de 1997 a 2002 hizo hincapié en que son muchas más que nueve las mujeres agredidas por militares. Sin embargo, los hechos no se denuncian por vergüenza y, además, por falta de confianza en el sistema.
Las que denuncian como en los casos más recientes de marzo del 2002 de dos tlapanecas, Valentina Rosendo e Inés Fernández, no solamente no obtienen justicia, porque los casos se dirimen en la secrecía del fuero militar, sino que requieren protección ante amenazas de las fuerzas castrenses.
El 16 de febrero del 2002, Valentina lavaba ropa en un arroyo afuera de su hogar en el caserío Barranca Bejuco, en la zona de la montaña. Ocho militares la cuestionaron sobre presuntos guerrilleros que ella conocía y la agresión culminó con la violación a la casi adolescente indígena. Un mes después, en un lugar cercano, Inés Fernández vivió una experiencia similar.
El informe pone de relieve la lucha constante de las víctimas contra las intimidaciones, la discriminación, la incompetencia y los impedimentos que encuentran en su búsqueda de justicia.
«Las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual a manos de militares y que se atreven a enfrentarse a los innegables obstáculos culturales, económicos y sociales que es preciso superar para pedir justicia tienen que lidiar con una mala atención medida, con exámenes periciales que no reúnen los requisitos mínimos y con un sistema judicial militar incapaz de ofrecer garantías mínimas de procesamiento de los responsables.»
«A pesar de los decididos esfuerzos de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos por lograr que se ofrezca resarcimiento por tan graves delitos, el muro infranqueable de la jurisdicción militar ha puesto estos casos fuera del alcance de la justicia,» lamentó AI al dar a conocer su informe simultáneamente en México y el resto del mundo.
Tampoco hay justicia pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CND) emitió la recomendación 48/2003 el 29 de noviembre del año pasado para que la Secretaría de la Defensa Nacional Investigue el caso de la indígena tlapaneca Inés Fernández.
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